El 23 de octubre de 2012 los editores de la revista CAFÈAMBLLET fueron condenados a pagar una multa de 10.000€ por haber «dañado el honor» de Josep María Via, un asesor del presidente Artur Mas. La sentencia concluía que el vídeo sobre la opacidad en el sistema sanitario hecho por CAFÈAMBLLET —titulado «El mayor robo de la historia de Cataluña»— lesionaba el «derecho al honor» del asesor de Mas.

La condena puso a la revista y a sus editores —Marta y Albano— al borde del cierre y la ruina económica. Cuando el veredicto se hizo público miles de personas de todo el mundo reaccionaron y se ofrecieron a ayudar a pagar la multa para evitar el cierre de la revista. Pero Marta y Albano tenían otros planes: «Hacer una colecta para pagar la multa es un acto de defensa cuando lo que hay que hacer es pasar al ataque». Así, propusieron hacer una colecta, no para pagar la multa, sino para tener el dinero necesario para editar un libro dónde se explicase con todo detalle el escandaloso y opaco funcionamiento del sistema sanitario. En sólo 12 horas centenares de personas financiaron el libro.

Seis meses más tarde de la condena, el libro está acabado. Lo tenéis en las manos. Seis meses más tarde, la mayor parte de las personas que se citaban en el vídeo están imputadas y siendo investigadas por la justicia. A la salida del juicio lo dejaron claro: «Nos pueden poner las multas que quieran, pero no callaremos. Por cada vídeo de 20 minutos que nos hagan retirar, colgaremos diez. Explicaremos a todos y con todos los medios a nuestro alcance todo lo que hemos descubierto». Este libro responde a esta convicción. Si el vídeo de 20 minutos que Marta y Albano colgaron en YouTube no gustó a los responsables sanitarios, les 352 páginas de este libro los harán sufrir. Y lo mejor de todo: los lectores disfrutaran muchísimo.

Marta Sibina i Camps & Albano Dante Fachin

Artur Mas: ¿dónde está mi dinero?

Crónica de una batalla por la sanidad pública

ePub r1.2

marianico_elcorto 03.04.14

Título original: Artur Mas: on són els meus diners?

Marta Sibina i Camps & Albano Dante Fachin, 2013

Maquetación: El Tinter, SAL

Editor digital: marianico_elcorto

ePub base r1.0

A Eloi y Pau, por mantenerse alegres, firmes y comprensivos a nuestro lado. Por su paciencia y por cuidar de nuestros espíritus regalándonos cada día sonrisas y conversaciones entrañables.

A nuestros padres, por ocuparse de toda la logística cotidiana y hacerlo todo más fácil: María, comisión de comedor y de lavandería; Antoni, comisión social y de entretenimientos; Juan Manuel, comisión de información y de transporte; Viqui, comisión de salud del alma y de bienestar.

¡Muchas gracias!

La historia del libro

El 23 de octubre de 2012 los editores de la revista CAFÈAMBLLET fueron condenados a pagar una multa de 10.000€ por haber «dañado el honor» de Josep María Via, un asesor del presidente Artur Mas. La sentencia concluía que el vídeo sobre la opacidad en el sistema sanitario hecho por CAFÈAMBLLET —titulado «El mayor robo de la historia de Cataluña»— lesionaba el «derecho al honor» del asesor de Mas. La condena puso a la revista y a sus editores —Marta y Albano— al borde del cierre y la ruina económica. Cuando el veredicto se hizo público miles de personas de todo el mundo reaccionaron y se ofrecieron a ayudar a pagar la multa para evitar el cierre de la revista.

Pero Marta y Albano tenían otros planes: «Hacer una colecta para pagar la multa es un acto de defensa cuando lo que hay que hacer es pasar al ataque».

Así, propusieron hacer una colecta, no para pagar la multa, sino para tener el dinero necesario para editar un libro dónde se explicase con todo detalle el escandaloso y opaco funcionamiento del sistema sanitario. En sólo 12 horas centenares de personas financiaron el libro. Seis meses más tarde de la condena, el libro está acabado. Lo tenéis en las manos. Seis meses más tarde, la mayor parte de las personas que se citaban en el vídeo están imputadas y siendo investigadas por la justicia. A la salida del juicio lo dejaron claro:

«Nos pueden poner las multas que quieran, pero no callaremos. Por cada vídeo de 20 minutos que nos hagan retirar, colgaremos diez. Explicaremos a todos y con todos los medios a nuestro alcance todo lo que hemos descubierto».

Este libro responde a esta convicción. Si el vídeo de 20 minutos que Marta y Albano colgaron en YouTube no gustó a los responsables sanitarios, les 352 páginas de este libro los harán sufrir. Y lo mejor de todo: los lectores disfrutaran muchísimo.

El precio del libro: la voluntad

La edición impresa de este libro fue posible gracias a la colaboración de las 977 personas que aportaron dinero para pagar el diseño, la corrección, la impresión y la distribución de este libro de 352 páginas.

Pero queríamos que el libro estuviera a disposición de cualquier persona de manera gratuita porque el objetivo principal del libro es difundir aquello que el Gobierno no quiere que se sepa. Aquí está el libro. Esperamos que lo disfruten.

Pero para poder seguir haciendo este trabajo necesitamos dinero. Por eso, si el libro os ha gustado, podéis pagar por él lo que creáis conveniente.

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Palabras preliminares

Por Teresa Forcades Vila

Vi el primer vídeo-denuncia de la revista CAFÈAMBLLET poco tiempo después de que lo colgaran en la red. Lo vi por casualidad y quedé impresionada por el interés de los datos que proporcionaban, por la seriedad de su investigación y por la valentía y la pedagogía de la presentación. En septiembre de 2012, cuando supe que los responsables de CAFÈAMBLLET habían sido demandados, me ofrecí a participar conjuntamente con ellos en un acto en Reus. La breve conversación que tuvimos antes del acto me confirmó que Marta Sibina y Albano Dante son dos personas entrañables y honestas. Los subsiguientes encuentros que he tenido con ellos no han hecho sino confirmar esta primera impresión, y me han hecho descubrir y apreciar la poesía apasionada de Albano y el no menos apasionado pragmatismo de Marta.

Los datos que encontrarás en este libro demuestran un grado de corrupción en el sistema sanitario catalán que seguramente superará tus expectativas. En este caso se puede aplicar el dicho de que la excepción confirma la regla: no se trata solamente de identificar a las personas corruptas y de pedirles responsabilidades, sino de poner en evidencia un sistema que es, en él mismo, corrupto, porque no es transparente y no permite el control democrático del gasto público. El verdadero problema de la gestión sanitaria en Cataluña no es que «es demasiado pública», sino que lo es demasiado poco. La solución no es privatizar todavía más la gestión sanitaria, sino hacer que el sistema público haga honor a su nombre y lo sea de verdad, no solo en cuanto al acceso universal y a la financiación en base a los presupuestos del Estado —que es la situación que hemos tenido desde la reforma sanitaria promovida por el ministro Ernest Lluch en 1984—, sino también en cuanto al control del gasto. Clara y llanamente se trata de evitar que los servicios que se pueden gestionar directamente se encarguen a empresas intermediarias con ánimo de lucro, que resultan ser de la propiedad de amigos y conocidos de quienes tienen la responsabilidad política de gestionar el dinero público. Estos servicios que se pueden gestionar directamente y que se encargan a empresas privadas con ánimo de lucro van desde el servicio de cocina y comedor de los hospitales, al servicio de diagnóstico por la imagen y al servicio de ambulancias. Es muy diferente que el motivo, que hace que hoy en día los enfermos en Cataluña sean trasladados en «transportes sanitarios colectivos» que pueden tardar más de una hora para hacer el mismo trayecto que antes un taxi hacía en diez minutos, sea ahorrar dinero al sistema público de salud y conseguir que todo el mundo pueda ser atendido en los casos graves, que hacer lo mismo con el objetivo de aumentar las ganancias económicas de unos accionistas privados.

¿Qué modelo de sanidad y qué modelo de país queremos? Esta es la pregunta subyacente en la lectura del libro que tienes en las manos. El ejemplo de Albano y Marta demuestra que la respuesta no nos vendrá desde arriba.

Por Àngels Martínez Castells

El texto que tenéis en las manos es una pequeña joya y un pequeño milagro. No solo porque representa una oportunidad muy especial de conocer mejor a Marta Sibina y Albano Dante Fachin, editores de CAFÈAMBLLET, sino porque nos da la posibilidad de seguir con todo detalle una lucha muy desigual y tomar partido con lucidez por estos dos pequeños davids de un periodismo de proximidad, tan tenaz, como sano y necesario, frente los goliats de la prepotencia. Este libro es la clave para sumarnos —desde la indignación compartida y la complicidad comprometida— a su dignidad y valentía. Y, sobre todo, incorporarnos, con la fuerza que gana un puño que se cierra, a la voluntad de mucha gente de Cataluña —y más allá— de defender a la gente honesta y el periodismo al servicio de la ciudadanía y la sanidad pública.

Es un texto que no se agota en sus páginas, porque invita —al estilo de Albano y Marta— a actuar y dejar huella en el mundo de aquella manera que no soportan los aprovechados de la política que, hundidos en su mediocridad, quieren ganar algunos centímetros de altura, no por méritos propios, sino subiéndose sobre las espaldas de la gente; los que están condenados a mantener en la opacidad su comportamiento y su gestión, y a quienes conviene una sociedad estancada, poco participativa y con claras insuficiencias democráticas, porque solo así pueden seguir prosperando en el mal gobierno de los mediocres… Nuestra ignorancia de sus entuertos es su garantía para que les sigan llegando, cada cuatro años, nuestros votos: por eso no solo no responden de su conducta ante la sociedad, sino que ni siquiera contestan a las preguntas de los periodistas que hacen su trabajo (y así empieza la broma de Albano y Marta), y cuando se informa de sus martingalas se hacen los indignados e intentan matar al mensajero. En el caso de CAFÈAMBLLET parecía demasiado fácil hacerlo, pero no ahorran metralla: les retiran publicidad para privarlos de medios de supervivencia, de poder dar lecciones sobre el verdadero sentido de la palabra.

Pero ¿por qué tanto encarnizamiento contra una pequeña revista mensual como CAFÈAMBLLET? ¿Hacía falta realmente hacer el triste espectáculo de intentar matar al que podía parecer un mosquito a cañonazos? Seguramente cuesta entenderlo si no se levanta la mirada para descubrir toda la trama de un proyecto contra la sanidad pública, que Albano y Marta empiezan a descubrir y a extender gracias a sus publicaciones «virales» que llegan a muchísima gente, mucha más de la que querrían. Y todo esto pasa cuando el sistema mixto público-privado de la sanidad en Cataluña está en un equilibrio inestable que puede decantar de manera decisiva el proyecto de Boi Ruiz de descuartizamiento del Instituto Catalán de la Salud, llevando al límite que la sanidad privada parasite a la pública y se quede con los servicios más rentables. La excusa: que el sector privado administra mejor. La realidad: encarecimiento de los servicios y expulsión de las personas enfermas con rentas más bajas, y peor atención para la mayoría de personas. Pero lo que es fundamental para que este proceso pueda seguir haciendo su tarea de topo es que pase inadvertido: que tanta y tanta gente afectada por la pérdida de lo que es de todas y todos no se entere hasta que ya sea demasiado tarde. Y que finalmente se trague —nos traguemos— las excusas que crean la desigualdad, aliñadas por la retórica de una eficiencia que siempre excluye las clases subalternas. Se trata de que no se discuta el mensaje publicitario de «nuestra» televisión, que lo que realmente funciona es un servicio privado de asistencia sanitaria (gente con poco recursos, abstenerse)… Por eso Albano y Marta, que reaccionan al anuncio, no pueden convencer de su buena fe cuando intentan convencer a un gestor de hospital de comarcas que vale la pena prestigiar la sanidad pública. Habían confundido el lobo por el pastor… y empieza su lucha.

Ahora lo sabemos, pero, de manera similar a cómo se guardan los secretos donde dominan las mafias de todo tipo, no se podía decir. La corrupción estaba allí, a la vista de mucha gente. Marta y Albano han contribuido, de manera decisiva, a desenmascararlo. El hecho es que NO se podía permitir que se hablara abiertamente en las redes sociales de la aristocracia sanitaria de Cataluña.

Cuando Albano y Marta hacen el famoso vídeo que llega a centenares de miles de personas en el que explican solo una pequeña parte de la gran estafa, del gran robo de la sanidad en Cataluña, rompen la norma no escrita de la omertà. La verdad ofende a los que ofenden gravemente los derechos de la población. Y es un asesor directo del presidente Mas, posteriormente recompensado con un cargo que es todo un sarcasmo, quien presenta una demanda en los tribunales para acallarlos, para retirar los vídeos y para que se los obligue a retractarse.

En manos del mal gobierno nos jugamos la salud: son los recortes de salarios y la precariedad laboral de los trabajadores de la sanidad y de tantos servicios públicos, el crecimiento de las listas de espera (aunque Boi Ruiz mienta al respeto), la reducción de las plantillas, el cierre de servicios nocturnos de urgencias, de quirófanos y plantas enteras de hospitales, y dejar sin ayudas a las personas dependientes. Es el enfrentamiento de los derechos laborales con los de ciudadanía en una estrategia destructora de la convivencia y la salud democrática. Y es, finalmente, la broma de mal gusto del euro por receta que se intenta reivindicar como derecho «propio» de Cataluña para ahogar a las personas enfermas de nuestra casa. No se podía burlar de peor manera del derecho a decidir ni de la soberanía del pueblo catalán.

Y mientras se reducen las prestaciones, el consejero de Salud enseña la patita de su rasgo de clase, queriendo legalizar el fraude de un sistema con doble lista de espera (una lenta y precaria para las clases populares y otra acelerada y diligente para los que se paguen también un seguro privado). Toda esta apuesta decisiva por los intereses privados se tiene que llevar a cabo en la oscuridad, y es más amiga de las cloacas que de los tragaluces.

De aquí el mérito de CAFÈAMBLLET. Porque hacen falta periodistas e investigadores sin miedo, que nos expliquen cómo penetra la corrupción en este sistema mixto adornado de informes inexistentes y muy muy pagados, fundaciones y agencias y asesorías que confunden sus perfiles, enturbian su transparencia y acaban por conseguir que quien investiga —con pleno derecho— las cuentas públicas de la sanidad catalana reciba todo tipo de presiones para que calle. Como han pretendido hacer con Agustí Colom, el síndico de Cuentas, o como siguen haciendo con Marta y Albano. Y porque la corrupción y la privatización en la sanidad van cogidas de la mano. Lo explicaba así Luis García Montero:

La corrupción actual se arraiga en la carencia de crédito de lo que es público. (…) Quien no respeta la enseñanza pública, la sanidad pública, las compañías públicas de transportes, electricidad o correos, es difícil que respete el dinero público. (…) Los neoliberales no pretenden acabar del todo con el Estado, porque conocen y experimentan la utilidad que tiene el poder público a la hora de favorecer sus intereses. La manipulación privada de los bienes públicos está en la base de nuestra convivencia con la corrupción. La democracia española se acostumbró desde los ochenta a confundir modernidad con privatización. Siendo el país de Europa que menos invierte en servicios sociales, nuestros políticos parecen siempre muy preocupados en recortar gastos y regalar beneficios…

García Montero habla de la teoría y de España. Marta y Albano supieron traducir y difundir la teoría con un ejemplo catalán —que nadie hasta ahora ha refutado— de mala gestión de los pequeños barones de la sanidad catalana. Y no se lo perdonan.

El maltrato a CAFÈAMBLLET, a las personas enfermas (y el comportamiento de los caníbales).

A pesar de que en Cataluña y España se destina un porcentaje de fondos públicos por persona a la sanidad de los más bajos de Europa, las diferentes autoridades sanitarias españolas insisten en la falacia de que el «sistema es insostenible» y es necesario administrar los recursos de una manera más eficiente. Es decir, «recortar», que quiere decir, de hecho, privar a las personas de derechos humanos fundamentales. Pero mirad si es fácil desenmascarar sus mentiras: si el sistema de salud se financia con los presupuestos, dependerá del valor que como sociedad demos al mantenimiento de la sanidad pública para hacer suficiente la dotación que el gobierno dedique (al margen de corruptelas y atenciones muy muy retribuidas a empresas del conglomerado químico y farmacéutico). No se puede hablar de déficit «estructural» en un sector financiado por los impuestos, porque lo que desgraciadamente parece estructural —pero se puede erradicar si se sirve al pueblo como único señor— es la corrupción y las privatizaciones que encarecen los servicios, sumando al coste social un beneficio privado. Y, encima, se deja un sector fundamental para el bienestar en manos de los que menos interés tienen (ni profesional ni humano) en la salud de la población. Lo que hemos aprendido con toda la lucha de solidaridad con la gente de CAFÈAMBLLET, si no lo sabíamos de antes, es que hay que defender la libertad de prensa y expresión tanto como democratizar la salud pública y la atención sanitaria, que una prensa independiente es también un determinante social de salud… y que hay que hacerlo valer con la participación consciente, libre e insurgente de la población, con voz propia, para crear un contra-poder fuerte, real, sólido y argumentado, con propuestas alternativas. Solo así tiene sentido hablar de sociedad civil que en las calles, en los centros de trabajo y en los hospitales, farmacias y centros de atención primaria, dice no a las injusticias y a las leyes injustas.

Todas y todos somos CAFÈAMBLLET

No siempre ha sido lineal ni llano el desarrollo de los derechos civiles, políticos y económicos, pero, fundamentalmente, cumplían una función mínimamente compensadora de los desequilibrios sociales. Y lo podían hacer, de manera especial, si una prensa libre, de investigación, podía servir de información veraz a la población y de control de los políticos. Ahora ya empieza a estar claro para mucha gente que no solo hay que defender los derechos laborales, que no solo se tiene que hacer frente por los derechos de ciudadanía, sino que la enseñanza libre de supersticiones, la ciencia que investiga para curar y mejorar las condiciones de vida y el periodismo independiente son valores que hay que defender con fuerza porque la complejidad de la embestida de los poderosos nos obliga a saber, a poder pensar con lucidez, y para eso, primero, hay que estar muy informados.

Y aquí vuelve a entrar el ejemplo de los editores de CAFÈAMBLLET, y la importancia de que, como sociedad, entendamos que, si los vencen a ellos, nos privan a todos nosotros de una herramienta potente para ver claro. Si acallan a Marta y Albano, ganarán una batalla que no se merecen los que fomentan la insolidaridad y las desigualdades. Por eso este texto es también una invitación a que, desde nuestra propia experiencia profesional y ciudadana, recuperemos el concepto de VALOR de lo que es público, de la verdad y de la lucha contra la corrupción y las prepotencias, en defensa propia (que es también la defensa de CAFÈAMBLLET: una manera de entender el periodismo que nos ayuda a vivir buscando la verdad con valentía). Entre otros motivos, porque con todos los golpes que estamos recibiendo día a día no tenemos demasiado tiempo para reflexionar y darnos cuenta de que quizás estamos repitiendo, de forma bastante torpe, la experiencia de la Argentina de los noventa, y la privatización del NHS de Inglaterra, que ha costado tantas vidas, y el drama-fraude de Grecia más reciente, y la voladura (espero que incontrolada, como lo fue de Islandia) de Portugal. Que nos hace falta prensa libre y valiente para decirnos, cada día, por dónde maniobran los políticos corruptos y descubrirnos las últimas estupideces de esta crisis-estafa que tiene su propia versión en las ciencias sociales y de la salud, y lo desmoronamiento moral y ético de la sociedad… si nos dejamos.

Hace falta que en la escuela, en las calles, en los centros de trabajo, y fuera de ellos, las personas, solas o en grupo, aprendamos a decir que no a las leyes injustas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo proclama que el pueblo tiene el «recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión». Y podríamos añadir que también por su supervivencia, y por la posibilidad de recuperar el ejercicio de la solidaridad que nos dignifica como seres humanos. Y todo esto, hoy, ahora y aquí, con este libro entre las manos, pasa por decir, una vez más, que no callaremos, que Marta y Albano somos todas y todos, y que todas y todos somos CAFÈAMBLLET.

¿Por qué hemos escrito este libro?

El pasado 23 de octubre de 2012 un juzgado nos condenó a pagar una multa de 10.000 euros por haber «dañado el honor» del señor Josep María Via, uno de los asesores de Artur Mas en materia sanitaria. Según el señor Via, uno de los vídeos que publicamos para denunciar los escándalos de la sanidad catalana hería su honor. Además de la multa, la condena nos obligaba a borrar el vídeo en cuestión.

La condena causó un rechazo generalizado y miles de ciudadanos nos quisieron ayudar a pagar la multa. Estuvimos muy agradecidos por estas muestras de apoyo, pero pensamos que hacer una colecta corriendo y deprisa para pagar la multa hubiera sido un acto de defensa, cuando lo que hace falta es pasar al ataque.

Por eso, el día 23 de enero de 2013 propusimos a toda la gente que nos quería ayudar un plan: en vez de recaudar dinero para pagar la multa, recaudaríamos dinero para editar un libro y explicar con todo detalle lo que la denuncia (y la condena) querían silenciar. Una vez escrito, los beneficios obtenidos con la venta del libro servirían para pagar la multa y poder continuar investigando lo que está pasando en la sanidad catalana. En solo doce horas conseguimos el dinero necesario para hacerlo realidad gracias a las aportaciones que 975 personas hicieron a través del web Verkami. Así fue como este libro nació, con la idea de convertirse en un tipo de bumerán comunicativo. ¿No quieren CAFÈAMBLLET? ¡Pues, dos tazas!

Pero, más allá de este espíritu de contestación, hemos escrito este libro con dos objetivos más. Por un lado, ofrecer una aproximación histórica al sistema sanitario público, poniendo sobre la mesa los problemas sistémicos del modelo. Por otro, ofrecer una herramienta de lucha para revertir la preocupante situación actual.

Es innegable que el sistema sanitario público tiene un problema de financiación, pero sería un error pensar que el único problema es que no hay dinero, tal como nos quieren hacer creer los responsables de los recortes. Aunque mañana se descubriera que la península Ibérica flota en petróleo y los petrodólares empezaran a manar sobre nuestro sistema público, seguiríamos teniendo un gravísimo problema de gestión. Es cierto que cuando hay dinero los problemas de gestión se notan menos, pero esto no quiere decir que no existan. Y cuando nos referimos a problemas de gestión, no solo hablamos de los aspectos técnicos de la gestión, sino de un grave problema democrático. Desde hace treinta años, en Cataluña, la partida de sanidad (la más grande de todo el presupuesto) se gestiona con una opacidad escandalosa. Una gestión que ni siquiera puede ser controlada por el Parlamento. Una situación que, como no podía ser de otro modo, ha provocado, en todo el sistema, situaciones escandalosas que han permitido que mucha gente se haya enriquecido gracias al dinero público —y no siempre de manera ejemplar.

Pero este libro no quiere ser una compilación de escándalos, entre otras cosas porque haría falta un número enorme de páginas. En vez de esto, este libro quiere ser una guía útil de investigación. En una sociedad donde la mayoría de los medios de comunicación están controlados por los poderes financieros y políticos que se han beneficiado durante años del sistema sanitario, la única posibilidad real de desenmascarar al sistema pasa por la movilización ciudadana. Más allá de las manifestaciones y las pancartas, la investigación y la fiscalización ciudadana tienen que formar parte de la lucha por la sanidad. Por eso, el libro explica con detalle los dos años de investigación hechos por la revista CAFÈAMBLLET. Los escándalos que se explican en este libro pretenden demostrar que detrás de los comportamientos poco ejemplares, lo que hay es un sistema que los ampara. La intención, pues, es que el libro sirva de guía para cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos que quiera empezar a investigar, ya sea sobre el sistema sanitario o sobre cualquier otro aspecto de la gestión del dinero público. Un manual que ayude a encontrar respuestas en la pregunta: ¿Dónde está mi dinero?

Hoy, sesenta y un días después de haber pedido ayuda para hacer este libro que tenéis en las manos, tenemos que poner punto y final a su redacción. Uno de los compromisos que adquirimos con nuestros mecenas fue el de tener el libro acabado antes del 23 de abril, fiesta de Sant Jordi y Día Internacional del Libro. Sin intentar excusarnos en esta urgencia, hay que advertir que este libro podría ser mejor. Seguramente podría estar mejor escrito, podría haber tratado más extensamente temas importantes que solo se han tocado un poco de refilón, podría haber sido más entretenido o más gracioso. Hemos hecho lo que hemos podido y esperamos que el lector de este libro sepa disculpar sus carencias.

Por último, hay que remarcar que nuestro trabajo no parte de la nada. Cuando empezamos a preguntarnos cómo funcionaba todo, tuvimos la enorme suerte de descubrir que, durante décadas, muchas personas en nuestro país trabajaron para dejar en evidencia la magnitud del escándalo sanitario. Sobre estos cimientos hemos podido dar nuestro paso, añadir nuestro grano de arena. En CAFÈAMBLLET no hemos descubierto nada excepcional ni hemos abierto una puerta que nunca se había abierto, sino que nos hemos limitado a intentar continuar un trabajo que ya se había empezado y que, además, había sido silenciado. Nos gustaría que este libro sirviera para que, igual que hemos hecho nosotros con nuestros predecesores, se convirtiera en una fuente de información e inspiración para otras personas que quieran luchar por una sanidad pública de calidad y para todo el mundo.

El apartado de agradecimientos de este libro sería interminable. Han sido 975 los mecenas que han permitido con sus aportaciones hacer realidad este libro. Pero han sido muchas más las personas que con sus palabras de ánimo, con sus consejos y con su afecto, han hecho posible este libro y esta historia. Son tantas las personas con las que estamos en deuda que resumiremos nuestro agradecimiento en una sola palabra:

¡Gracias!

Marta y Albano

24 de marzo de 2013

Parte I

El pueblo aprendió que estaba solo. El pueblo aprendió que estaba solo y que tenía que luchar por sí mismo y que de sus propias entrañas sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza.

RODOLFO WALSH, periodista argentino (1927-1977)

Ver lo que tenemos delante de las narices requiere una lucha constante.

GEORGE ORWELL, escritor y periodista británico (1903-1950)

Capítulo 1
Sentados delante de la tele

Donde se explica cómo tuvimos que cerrar la oficina del CAFÈAMBLLET, ir a vivir a casa de los padres y cómo un anuncio que vimos en la tele nos dio una idea.

A finales de 2008 la facturación de nuestra revista, CAFÈAMBLLET, se hundió. En octubre de 2008 vendimos anuncios por valor de 18.000 euros. En enero de 2009 los ingresos por este concepto fueron de 3.500 euros. Un revés enorme para una revista gratuita que se financia exclusivamente gracias a la publicidad. En solo sesenta días tuvimos que prescindir de la redactora y de la comercial, cerramos la oficina donde teníamos la redacción y abandonamos la casa donde vivíamos de alquiler Marta, los niños y yo. Lo desmontamos todo y nos fuimos a vivir a Breda, a casa de los padres de Marta.

El 20 de enero de 2009 cargamos en la furgoneta los últimos trastos (un somier y una lámpara de pie) y los transportines de Astor y Greta, nuestros gatos. De Blanes a Breda hay unos treinta kilómetros. Marta y yo hicimos el viaje en silencio. Astor y Greta maullaban angustiados.

Una revista con nombre de bar

La historia de la revista CAFÈAMBLLET comenzó en diciembre de 2004. A mis veintiocho ocho años, todavía me quedaban unas cuantas asignaturas para terminar la carrera de Filología Inglesa y miraba preocupado mi futuro laboral. Marta, con quien vivía desde hacía un año, era enfermera y su trabajo le gustaba; pero mi caso era diferente. Yo había elegido estudiar Filología Inglesa porque me daba la posibilidad de dedicar cuatro años a lo que más me gustaba: leer. Pero el tiempo iba pasando y tenía que ir pensando en cómo ganarme la vida. Una de las principales salidas para un filólogo es la docencia, pero a mí me daba pánico imaginarme delante de treinta adolescentes intentando que aprendieran los verbos irregulares en inglés. Una noche, cenando con una botella de vino de Rioja, Marta me dijo: «Albano, ¿y si hacemos una revista en Blanes?».

En nuestra zona había una revista gratuita desde hacía años, pero nosotros pensamos que podíamos ofrecer algo nuevo. Nos pusimos a trabajar en seguida para montar nuestra empresa de comunicación sin saber nada ni de empresas ni de comunicación. Decidimos bautizar la revista con el nombre de CAFÈAMBLLET. Le podríamos haber puesto El Semanario de Blanes, La Voz de Blanes, El Correo de la Selva, pero le pusimos CAFÈAMBLLET. En sus inicios la revista solo era una hoja escrita por las dos caras que se repartía por bares y restaurantes. Con solo un DIN A3 a dos caras, el CAFÈAMBLLET era una pequeña recopilación de información, frases célebres y curiosidades, que no requería mucho más tiempo para leerlo que lo que se tarda en tomar un café con leche. Nos pareció un nombre perfecto. A día de hoy, el único inconveniente que ha supuesto este extraño nombre para una revista es que cada primavera nos llegan unos cuantos currículos para trabajar de camarero en la supuesta cafetería que tenemos. De vez en cuando, también recibimos buenas ofertas de café.

Mirando la tele en casa de los padres

Enseguida supimos encontrar el placer de vivir juntos en casa de los padres de Marta, Antoni Sibina y María Camps. A sus sesenta y tantos, Toni (el retratista de Breda) y María de can Sibina veían como la casa se les volvía a llenar de gente. Hacía más de diez años que Marta y su hermano, Jordi, habían abandonado el nido. Ahora el nido volvía a estar lleno. Marta volvía a casa, pero acompañada. Lejos de todos los tópicos sobre yernos y suegros, todo fue como una seda.

Marta, que había dejado la enfermería para dedicarse de lleno al CAFÈAMBLLET, volvía a ejercer su profesión. Esto nos volvía a proporcionar una fuente de ingresos. Mientras tanto, yo pasaba los días delante del ordenador que habíamos instalado en la habitación de la entrada de la casa, intentando encontrar la manera de reavivar el CAFÈAMBLLET; y los niños, dos gemelos de ocho años, se adaptaban al cambio de escuela y gozaban de todas las atenciones de los abuelos. Por la noche, cuando Marta volvía del trabajo, María cocinaba para todos nosotros y luego nos sentamos juntos a ver la tele.

De vez en cuando nos preocupaba aquello de «volver a casa de los padres», pero conseguimos evitar que eso pesara más de lo que debía pesar. Marta y yo intentamos darle la vuelta con argumentos de todo tipo. De sostenibilidad: «¡Es más ecológico vivir juntos! En vez de poner dos lavadoras, ponemos una». Sentimentales: «Qué gran oportunidad poder vivir juntos, compartir más cosas, que los niños compartan más momentos con los abuelos…». Sociológicos: «¡El capitalismo necesita núcleos familiares pequeños, gente aislada para borrar la solidaridad intergeneracional!». ¿Realidad? ¿Mecanismo de defensa? ¿Adaptación al medio? Quizá todo a la vez. Sea como sea, hoy recordamos aquellos meses como un gran momento en nuestras vidas.

Una de esas noches en que los seis nos sentábamos frente al televisor pasó algo que, en cierto modo, es la semilla de este libro que tenéis entre las manos. Estábamos mirando un programa en TV3 que se llamaba Casal rock, donde un joven músico (Marc Parrot) intentaba que un grupo de jubilados cantara canciones de los Rolling Stones, Pink Floyd o Els Pets. Nos gustaba mucho mirar aquel programa, ya que, de alguna forma, describía muy bien la situación que estábamos viviendo.

Vendedores de agua en el desierto

En una de las pausas publicitarias de aquel programa pusieron un anuncio de la compañía de seguros sanitarios Asistencia Sanitaria Colegial (ASC). En el anuncio se veía una pareja de unos cuarenta años en su casa en plena noche. De repente, la joven sufre un ataque de dolor de estómago. «No sé qué me pasa», dice mirando a su marido. Él intenta pedir ayuda por teléfono, pero al otro lado del teléfono se escucha un contestador automático: «Nuestro horario de visitas es de nueve a dos». Desesperado, el hombre lanza el teléfono contra la pared a la vez que se pregunta angustiado: «¿Adónde la llevo?». Acto seguido da un puñetazo contra la pared y grita: «¿¡Dónde encuentro un médico a estas horas!?». Finalmente el hombre se sienta en el suelo, mientras su mujer se retuerce de dolor, y dice: «Esto no puede estar pasando». Luego el marido le dice a su dolorida mujer: «Cariño, buscaremos ayuda». En la siguiente secuencia se ve como el hombre sale en plena noche y coge el coche, dejando a su mujer sola. Fundido en negro. Una voz en off dice: «Un seguro de bajo coste le puede costar muy caro a tu salud. Asistencia Sanitaria, la mejor asistencia de tu vida».

Nos miramos incrédulos. No dábamos crédito a lo que acabábamos de ver. Según el anuncio, si en Cataluña sufres un ataque de dolor en medio de la noche, solo tienes dos opciones: tener Asistencia Sanitaria Colegial o «un seguro médico de bajo coste». ¿Por qué a aquel señor del anuncio no se le ocurrió llamar a los servicios públicos de emergencias? ¿No sabía que existen? En ese momento aún no habían empezado los recortes en la sanidad, pero se estaba preparando el terreno, y aquel anuncio de Asistencia Sanitaria era un aviso.

Marta y yo nos habíamos conocido seis años antes en el hospital de Blanes, donde ella era enfermera de quirófano y yo trabajaba de camillero para pagarme los estudios. Ambos sabíamos que había muchas cosas mejorables en la sanidad pública, pero lo que quería transmitir el anuncio que acabábamos de ver era sencillamente una mentira. Por eso, en ese mismo instante tuvimos claro que había que responder con contundencia al anuncio de ASC. Al día siguiente publicamos en el web del CAFÈAMBLLET un artículo sobre el anuncio donde decíamos, entre otras cosas:

Es totalmente lícito que una empresa intente mostrar las ventajas que ofrece su producto, pero lo que no es tan lícito es que lo intente hacer con engaños y mentiras. (…) Este discurso de que la sanidad pública nos deja indefensos a las dos de la mañana es falso e interesado y es alimentado con este tipo de anuncios por aquellos que sí nos ayudarán a las dos de la madrugada… siempre y cuando tengamos con que pagar.

Como era de esperar, el día siguiente recibimos una llamada de ASC. Su jefe de prensa, muy amablemente, nos explicaba que la idea del anuncio no era menospreciar el servicio público, sino hacer una comparativa con otras mutuas de pago:

—A veces —me decía el jefe de prensa— nos quedamos con la primera parte del spot y no vemos o sentimos las aclaraciones que, incluso, lleva de forma explícita. ¿Quizá solo vemos lo que queremos ver?

—Hombre, yo veo lo que hay… —le contesté—. En su anuncio lo que se ve es que en nuestro país, si no tienes ASC, nadie vendrá a socorrerte…

—No, lo que decimos es que, si tienes otra mutua, no atenderán el teléfono tan rápido como nosotros…

—Muy bien, pero ¿la pareja que protagoniza el anuncio no sabe que existe el Servicio de Emergencias Médicas (SEM)?

—Pero eso es el sistema público, nosotros hacemos una comparativa con otras privadas…

—Sí, pero su anuncio tiene como base una mentira, ya que omite la existencia de un sistema público. En Cataluña hay un servicio de emergencias público. Hay ambulancias, profesionales de guardia, telefonistas… Según el anuncio, eso no existe…

—Sí, pero nosotros no hablamos de la pública, porque es algo totalmente diferente…

No hubo manera de salir de ese bucle. Es el trabajo de muchos jefes de prensa: disfrazar, distraer e intentar ganar la partida. Si no lo pueden hacer con argumentos, lo intentan por aburrimiento. El anuncio de ASC dejaba en evidencia que la empresa tenía un problema: tenía que vender un servicio que ya existía y por el que los clientes potenciales ya habían pagado. Un ejemplo interesante del concepto económico de utilidad marginal: el precio de una botella de agua en el desierto no es el mismo que el de una botella de agua al lado de un río limpio y cristalino. ASC tenía que vender agua a una gente que vivía al lado de un río y, para ello, hacía un anuncio donde el río estaba seco.

Antes de los recortes en la sanidad pública, perpetrados primero por el PSC y luego por CiU, los vendedores de seguros privados tenían un problema: el sistema sanitario público funcionaba. El anuncio de ASC era un ejemplo de la impotencia de los vendedores de salud. Después de ver su anuncio creímos que una manera de responder al ataque era explicar, dentro de nuestras posibilidades, que sí teníamos un sistema público, que este sistema público funcionaba, que era uno los más admirados del mundo y que el miedo que nos querían inculcar los vendedores de salud era infundado.

Si el último viaje en furgoneta hacia Breda con nuestras pertenencias marcaba el final de una etapa, se podría decir que el anuncio de ASC que vimos pocas semanas después fue el comienzo de una aventura que en aquel momento, sentados en el sofá delante de la tele, nunca hubiéramos podido imaginar. No podíamos imaginar que, casi sin quererlo, acabaríamos destapando los negocios irregulares de uno de los hombres más ricos de Cataluña, ni que descubriríamos un documento que contaba como un diputado de CiU había participado en una trama que hizo desaparecer millones de euros de dos hospitales públicos, ni que acabaríamos poniendo en cuestión gran parte del sistema sanitario catalán. Tampoco podíamos imaginar que destapar todo esto nos llevaría al banquillo de los acusados, a ser juzgados y condenados, a recibir el apoyo de miles de periodistas y ciudadanos de todo el mundo, ni que nuestra revista, hecha en una habitación en Breda y a un paso de la quiebra, acabaría saliendo en las páginas de The Washington Post.

Aquella noche no sabíamos nada de esto. Solo sabíamos que el anuncio de Asistencia Sanitaria Colegial no podía quedar sin respuesta. Así fue como empezó esta historia: sentados en el sofá delante de la tele.

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“Decidimos que había que hacer algo cuando vimos aquel anuncio en TV3”

Capítulo 2
Hospitales para un niño, hospitales para todos los niños

Donde se explica cómo hicimos una entrevista bastante ridícula y cómo nunca podremos olvidar nuestro paso por el Hospital Sant Joan de Déu.

El CAFÈAMBLLET ya no tenía oficina, ni empleados. Los ingresos por publicidad ya no nos permitían ni pagar el alquiler de una oficina, ni contratar redactores, ni comerciales, ni pagar una impresión semanal. Por ello, una de las primeras decisiones que tomamos después de irnos de Blanes fue pasar de ser una revista semanal a salir una vez al mes. Hacer una edición mensual permitía que una sola persona pudiera encargarse de todo el trabajo de redacción, y rebajaba considerablemente los costes de impresión. El gasto de oficina también lo eliminamos, ya que una pequeña habitación de la casa de los padres de Marta se había convertido en la nueva redacción del CAFÈAMBLLET.

Pero el CAFÈAMBLLET no daba ni siquiera para un sueldo, de modo que tuvimos que tomar aun dos decisiones más. La primera tenía que ver con seguir o no adelante con la revista. El sentido común aconsejaba bajar las persianas y buscarse un trabajo para poder ingresar un sueldo a final de mes. Pero nos pareció que cerrar el CAFÈAMBLLET era una jugada desleal con la revista que tantas satisfacciones nos había dado durante los cuatro años anteriores. Nos daba la impresión de que cerrarla al primer contratiempo era hacer como quien abandona su perro en las primeras vacaciones. Decidimos darle otra oportunidad. Esto nos obligaba a tomar la segunda decisión: alguien tenía que salir a trabajar fuera para traer dinero a casa. Mis conocimientos de filología no eran garantía para encontrar un trabajo medianamente bien pagado, y menos teniendo en cuenta que no había terminado la carrera. En cambio, Marta tenía una profesión con mejores perspectivas laborales: enfermera especialista de quirófano. Así, la siguiente decisión fue que Marta volviera a ejercer de enfermera para ingresar un sueldo a final de mes.

CAFÈAMBLLET: periodismo despistado

Estos cambios permitieron que el CAFÈAMBLLET siguiera vivo. Aunque no daba dinero, creíamos que aún podía ser útil, y el anuncio de ASC nos marcó un camino. Pensamos que una buena contribución que podía hacer nuestra revista era explicar el excelente servicio que se daba en la sanidad pública de nuestra zona, las comarcas de la Selva y el Alt Maresme. Marta y yo, que habíamos sido trabajadores del Hospital Comarcal de Blanes, sabíamos que los profesionales hacían un trabajo magnífico. Dijera lo que dijera el anuncio de ASC, esto era una realidad que había que explicar.

Llamamos a la Corporación de Salud del Maresme y la Selva (CSMS), la entidad gestora de los hospitales de Blanes y Calella, para pedir una entrevista y explicarles nuestro plan. A los pocos días nos reuníamos con Xavier Conill, el director de planificación de los hospitales. Le explicamos que queríamos hacer una serie de reportajes explicando el funcionamiento de los hospitales, las características del servicio y, en general, las bondades del sistema sanitario público de nuestra zona.

Hoy, casi cuatro años más tarde y visto con perspectiva, aquella fue una reunión surrealista. Nosotros estábamos allí, con una propuesta para hacer equipo en defensa de la sanidad pública, de manera totalmente desinteresada, sin saber que las preocupaciones de nuestro interlocutor poco tenían que ver con este objetivo. En ese momento no lo sabíamos, pero estábamos hablando con un directivo de una entidad que ocultaba, desde hacía años, una trama que hizo desaparecer 2,4 millones de euros de aquellos hospitales públicos. Muchos meses más tarde sabríamos que en ese asunto estaban implicados un alcalde de la zona, varios concejales e, incluso, Nuria Constans, gerente de los hospitales de Blanes y Calella y jefa del señor Conill. Muchas veces Marta y yo hemos reído imaginándonos qué pensaría en ese momento el señor Conill. Tenemos dos hipótesis: o bien pensó que estábamos tirando del hilo, porque nos olíamos algo, y habíamos inventado todo aquello de explicar la sanidad pública para ver qué sacábamos; o bien que no teníamos ni idea de nada, que éramos unos despistados, y solo quería terminar la reunión lo más rápido posible para poder ir a tomar el café.

Pues hacemos saber al señor Conill, por si acaso lee estas líneas, que la opción correcta es la segunda. ¡No sabíamos nada de nada! No sabíamos nada de los 2,4 millones de euros desaparecidos, no sabíamos nada de la trama, ni los alcaldes, ni los concejales. Éramos así de inocentes, de mal informados, de incompetentes.

Hoy, cuando pensamos en aquella entrevista, no podemos evitar sentir un poco de vergüenza. ¿Cómo podía ser que, ni como profesionales de la comunicación ni como ciudadanos, no conociéramos un poco mejor el funcionamiento de nuestro sistema sanitario? Durante los meses siguientes descubrimos que la ignorancia sobre el sistema sanitario catalán estaba muy extendida. Todo indicaba que una gran parte de la población habíamos dejado de ser ciudadanos y nos habíamos convertido en unos simples clientes que utilizan un servicio. Sin preguntar, sin pedir explicaciones y sin importar cómo se gastaba nuestro dinero. Como no podía ser de otra manera, esta ignorancia colectiva fue aprovechada por unos cuantos para convertir la sanidad pública en un lugar perfecto para hacer negocios particulares.

El proyecto de explicar el buen funcionamiento de los hospitales de Blanes y Calella no llegó muy lejos y todo quedó en un par de artículos donde se describían algunos de los servicios de los hospitales con la información que encontramos en su web corporativa.

Una casa nueva y un milagro

Gracias al nuevo trabajo de Marta, en el verano de 2009, después de siete meses viviendo en casa de sus padres, pudimos alquilar una casa en las afueras de Breda. Era una casa antigua, pero tenía un patio con árboles y un garaje bastante grande, que se convirtió en la nueva redacción del CAFÈAMBLLET. La situación de la revista no era para tirar cohetes, pero los cambios que habíamos hecho nos permitían seguir saliendo puntualmente cada mes. Ese mismo verano contratamos a Manoli, una vecina de los padres de Marta, para que se ocupara de vender anuncios para la revista. Parecía que el CAFÈAMBLLET volvía a estabilizarse, y ahora solo hacía falta que yo pudiera cobrar un sueldo.

El verano pasó, llegó el otoño y con el invierno llegó uno de los momentos más duros de nuestras vidas. En noviembre de 2009 uno de los niños cogió una meningitis bacteriana. El 30 de noviembre fue operado en el Hospital Sant Joan de Déu. Fue una de esas operaciones que salen en las películas, donde los médicos te dicen que es a vida o muerte. Nos dijeron también que, si sobrevivía, podría sufrir graves secuelas.

Pasamos el mes siguiente en los pasillos del hospital. Un hospital de niños es uno de esos lugares que hay que ver. Hay que ver las caras de los niños enfermos, las caras de las familias que durante cinco semanas esperan a las puertas de la UCI a que un niño de seis años dé señales de mejora, los padres recibiendo la noticia de que el niño se está poniendo mejor, la noticia de que el niño se muere… Marta y yo vimos en una pequeña sala de espera cómo unos padres se derrumbaban, literalmente, solo con ver la cara del médico entrando por la puerta. Nunca lo podremos olvidar. Nunca podremos olvidar tampoco que, en ningún momento, a lo largo de ese mes en que el niño luchó por su vida, nadie nos pidió un estado de cuentas, una tarjeta de crédito o un recibo pagado. Ni a nosotros, ni a ninguna familia a la que se le estuviera muriendo el hijo.

El 28 de diciembre de 2009 el niño salió por su propio pie y sin secuelas. Quien haya vivido una situación similar, quien haya salvado la vida gracias a la atención recibida en un hospital, sabe que a partir de ese día estará agradecido a aquel hospital, a aquellos profesionales, a aquellas personas hasta el último día de tu vida.

Como os podéis imaginar, Marta, yo y toda la familia estábamos muy, muy felices, y poder esperar juntos los reyes magos de aquel año, con el niño sano y salvo, era el mejor regalo que podíamos pedir. Aparte de eso, era emocionante saber que vivíamos en un país donde cualquier niño, independientemente de la situación económica de su familia, recibiría la atención médica necesaria. Éramos muy conscientes de que la atención que recibimos no la hubiéramos podido pagar nunca en un sistema sanitario privado. Ni nosotros, ni ninguna familia de clase media o media alta.

Ayúdanos a difundir un resumen de este capítulo:

“Un hospital de niños es uno de esos lugares que hay que ver”

Capítulo 3
Fiesta con el dinero del ciudadano

Donde se ve con detalle cómo en un hospital municipal en crisis se hace una cafetería de 2 millones de euros y cómo unos cuantos alcaldes de CiU y del PSC miran hacia otro lado.

A finales de 2010, un año más tarde de nuestro paso por el Hospital Sant Joan de Déu, empezaba a sonar la palabra recortes en ámbito de la sanidad pública. En marzo de 2011, dos años más tarde de la primera y absurda entrevista que tuvimos con Xavier Conill, los trabajadores y los usuarios de los hospitales de Blanes y Calella sufrieron la primera ola de recortes. El CAFÈAMBLLET quería explicar el impacto que había tenido. Por segunda vez pedimos una entrevista con Xavier Conill. Nos volvíamos a ver las caras, pero esta vez íbamos un poco mejor informados.

Antes de esta segunda entrevista habíamos investigado sobre la CSMS y sabíamos que, aunque se financiaba con dinero de la Generalitat, su gestión era autónoma. Esto quería decir que los gestores de los hospitales de Blanes y Calella recibían dinero de la Generalitat a cambio de dar el servicio sanitario en la zona, pero eran ellos, los gestores, los que administraban el dinero y no la Generalitat. La Generalitat era la que reducía el presupuesto, pero eran los gestores los que decidían por dónde se tenían que pasar las tijeras. Esta autonomía a la hora de gestionar el dinero (y de decidir dónde recortar) se conoce en la sanidad catalana como autonomía de gestión.

Si quien decidía por dónde pasar la tijera eran los gestores de la CSMS, la pregunta obligada era: ¿qué criterio utilizaban estos gestores a la hora de recortar? Hacía pocos días se había sabido que los trabajadores sufrirían un recorte del 5% en sus sueldos y ya se hablaba abiertamente de cerrar el servicio de ginecología del Hospital Comarcal de Blanes.

Una cafetería de lujo antes de los recortes

El señor Conill —de unos cincuenta años, delgado, con barba corta y canosa— me recibió en su despacho del hospital de Blanes. El despacho era sencillo, pero tenía una ventana magnífica por donde entraba el sol de la mañana y se veía el jardín y el bosque que rodea al hospital y las personas que entraban y salían del edificio.

—¿Qué criterio se utiliza a la hora de aplicar las tijeras? ¿Quién decide si el ahorro se consigue echando enfermeras o reduciendo, por ejemplo, el gasto de jardinería? —dije, señalando hacia el exterior.

Conill respondió como si la pregunta se la hicieran cada día. Quizá se la hacían o quizá la esperaba. Sea como sea, el hombre tenía una respuesta muy bien estructurada. Conill me dijo que, para entender lo que estaba pasando, primero había que entender el funcionamiento del sistema de decisión. Cogió una hoja de una pequeña impresora, sacó un bolígrafo del bolsillo interior de su americana de pana y me hizo un dibujito que, más o menos, explicaba esto:

—El día a día de la gestión —explicaba Conill— lo lleva el Equipo Gestor, que es el que tiene los conocimientos técnicos para hacer funcionar el hospital.

—De acuerdo —insistí—, pero ¿quién elige si la mejor opción para reducir el gasto es echar médicos o, en vez de eso, lo mejor es prescindir del servicio de jardinería?

—El Equipo Gestor propone las medidas que deben tomarse al Consejo Rector, formado por los alcaldes… y son ellos los que dan el visto bueno.

—Es decir, ¿que ellos toman la decisión final?

—Sí.

—¿Y siempre hacen caso de las recomendaciones del Equipo Gestor?

—Casi siempre.

Meses después sabríamos que, tras este «casi siempre» pronunciado por Conill, se escondía un punto crucial de lo que sería nuestra investigación.

—Pero la Generalitat, que es la que pone el dinero, debe de tener algún control, ¿no?

—Sí. Para empezar, dentro del Consejo Rector, además de los alcaldes, hay un representante de la Generalitat. Aparte de eso, tenemos la obligación de enviar nuestras cuentas cada año a la Intervención General de la Generalitat…

—Volviendo al tema de los recortes…

—La cosa es muy sencilla —me interrumpió Conill—: en 2010 teníamos un presupuesto de 107 millones de euros para atender a los ciudadanos. Este año, en cambio, hemos recibido 94. Esto significa que tenemos 13 millones menos para gastar… y eso nos obliga a recortar.

No hay que ser muy inteligente para entender un argumento tan contundente. De hecho, es el argumento que los que aplican los recortes repiten como un mantra incontestable desde que comenzaron a aplicarlos. 94 es menos que 107, y esto no es discutible. Ante este argumento, quien se queja de los recortes corre el riesgo de parecer un niño caprichoso que no entiende que los caramelos se han terminado. Después de tres años de recortes en la sanidad, este sigue siendo el argumento principal de quien los impone: «No hay dinero, tenemos que recortar». Como siempre, sin embargo, la realidad es mucho más compleja de lo que se repite mil y una vez en los telediarios, en las páginas de la prensa dócil y en las tertulias radiofónicas.

Había algo que no nos acababa de cuadrar en lo que nos contaba Conill. Hacía días que entre los trabajadores corría un runrún que se podía resumir más o menos así: «¡Para pagarnos el sueldo no hay dinero, pero para hacer una cafetería nueva en el hospital de Calella sí que hay!». La queja era comprensible. Mientras los trabajadores comenzaban a sufrir los tijeretazos en sus nóminas, en el hospital de Calella se estaba construyendo una cafetería más propia de un crucero de lujo que de un hospital en época de recortes. Le trasladamos la inquietud a Conill:

—Vale, lo entiendo, pero, entonces, si el presupuesto se ha reducido tanto, ¿cómo es que en el hospital de Calella se está construyendo una cafetería totalmente nueva mientras se les están recortando 50 euros del sueldo a los administrativos? Lo que pregunto es: ¿quién decide si se han de bajar los sueldos o no hacer la cafetería?

—Lo que pasa con la cafetería es que el contrato para construirla ya estaba firmado y no lo podemos romper, tenemos una obligación con la empresa contratista…

—Pero ¿cuándo se firmó ese contrato?

—En 2009.

—Pero en 2009 la crisis ya estaba aquí, ya se estaban sufriendo restricciones presupuestarias, ¿no? ¿Nadie previó que la cosa se podía complicar? Si hemos estado treinta años con la misma cafetería, ¿había que hacer una cafetería tan lujosa como la que se está haciendo? ¿No se podía esperar?

—Bueno esto es una opinión… En su momento se decidió que había que hacer este gasto… Además es un contrato que ya está firmado y no se puede romper …

—¿Y quién decidió construir la nueva cafetería? ¿El Equipo Gestor? ¿O fue el Consejo Rector? ¿Esto está recogido en las actas de trabajo? ¿Son públicas estas actas?

—Bueno, eso son detalles que…

—Detalles importantes, ¿no?

—Bueno, ya te he dicho que las decisiones las toma el Consejo Rector, ellos son los responsables últimos… Se lo deberías preguntar a ellos…

Gestores sanitarios que vivían en otro planeta

Conill no quería hablar de la cafetería. Cuando llegué a casa busqué en Google «cafetería + hospital + Calella». Al cabo de un rato lo encontré en el BOE del 5 de noviembre de 2009 (página 137.036):

Tipo: Servicios.

Descripción: Servicio de restauración integral, obras de remodelación y equipamiento de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva.

Presupuesto: 2.116.107,97 euros. Sin IVA.

Contratista: Serhs Food Area S.L.

Analicemos los datos. La adjudicación se produjo en noviembre de 2009. Pocos días más tarde se conocía el presupuesto para el 2010, según el cual los hospitales de Blanes y Calella recibirían un millón de euros menos. ¿No sabían los miembros del Equipo Gestor ni del Consejo Rector, formado por los alcaldes, que los recortes ya habían llegado? ¿En qué mundo vivían los que habían decidido gastarse más de dos millones de euros en una cafetería en el 2009? ¿No leían los periódicos? ¿No sabían nada de todo lo que estaba pasando?

Cafetería del Hospital de Calella, construida y gestionada por el Grupo Serhs. CSMS

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“Cafeterías de lujo en hospitales públicos quebrados”

Ya había habido indicios en 2008: el 15 de septiembre, la empresa Lehmann Brothers quebraba; el 22 de octubre, la bolsa española caía un 8,16%, la segunda caída de su historia; el 3 de diciembre, se aprobaba el Plan E para intentar paliar los efectos del paro en el sector de la construcción; la economía, tras crecer un 3,5% el año anterior, en 2008 caía un 0,7%. En España ya nadie podía negar la llegada de la crisis.

Y si esto no fuera suficiente, en 2009, el 16 de enero, el Gobierno de España aprobaba una revisión del Programa de Estabilidad, que contemplaba más paro, más déficit y más recesión para ese año; el 19 del mismo mes, Standard & Poor’s rebajaba la calificación de la deuda española; el 29 de marzo, el Banco de España intervenía la Caja de Castilla-La Mancha…

¿No habían llegado estas noticias a las oficinas de Conill, a los despachos de los alcaldes? Parece que no. Decidieron gastar 2 millones en una cafetería nueva que, curiosamente, tenía que construir una empresa del Grupo Serhs, propiedad del ex alcalde de Calella, Ramón Bagó, y antiguo miembro de este Consejo Rector, ¡que ahora le otorgaba este jugoso contrato!

Pocos días después de la entrevista con Conill, Marta y yo fuimos a Calella a cenar a casa de Iván Gabriel. Conocí a Iván en el instituto y desde entonces hemos mantenido el contacto. Durante los dos años que dedicamos a estudiar el sistema sanitario lo llamé muchas veces para explicarle todo lo que iba aprendiendo. Este ejercicio de explicarle a alguien ajeno al sistema todos los detalles me ayudaba a encontrar mejores maneras de ordenar la información e, incluso, me ayudaba a entender conceptos y conexiones que hasta ese momento me pasaban desapercibidas. Al cabo de muchas horas al teléfono, mi amigo Iván había ido atando cabos y ese día, mientras cenábamos, expuso su parecer:

—Grupo Serhs. Es la clave de todo, todo el mundo lo sabe…

—¿Qué quieres decir? —preguntó Marta.

—El Grupo Serhs, su dueño, Ramón Bagó… lo tienen bien montado… Mira: él es el dueño del Grupo Serhs, el Grupo Serhs recibe contratos de muchos hospitales, entre ellos, los de Blanes y Calella …

—…

—Justamente los hospitales que él ayudó a fundar como alcalde de Calella, él impulsó la CSMS, el Consejo Rector, el Equipo Gestor (que estuvo durante años bajo su control)… todo. Es la clave.

—Ya, pero…

—Está en todas partes: da de comer en hospitales, escuelas, universidades, en el campo del Barça, en el del Español, en Port Aventura… incluso en las cárceles, así que, si no queréis terminar degustando el menú Serhs, ¡no os metáis en líos!

Señor alcalde: tengo un mail para usted

Dos días después de haber hablado con Xavier Conill enviamos un mail a Josep María Juhé, alcalde de Calella por el PSC. Según nos había explicado Conill, Calella era la población que tenía más asientos en el Consejo Rector de los hospitales, y eso convertía a Juhé en el alcalde con más poder y la persona más relevante en la gestión de los 94 millones de euros que la Generalitat dio a la CSMS el año 2011.

De: CAFÈAMBLLET

Para: Josep María Juhé

Fecha: 17 de marzo de 2011, 18:14

Estimado Josep María:

Estamos haciendo un trabajo sobre la Corporación que tiene como objetivo intentar entender su funcionamiento. (…) El señor Conill nos dijo que muchas de las preguntas que le hacíamos a él, se las deberíamos hacer a usted. A continuación le traslado las preguntas:

¿Cuánto cobra la gerente de la CSMS?

¿Hay actas de las reuniones del Equipo Gestor? ¿Son públicas estas actas? Si es que sí, ¿dónde se pueden consultar? Si es que no, ¿por qué motivo?

El señor Conill nos dijo que uno de los controles a los que está sometida la CSMS es una auditoría realizada por una empresa externa. ¿Me podría decir qué empresa hace esta auditoría?

¿Las adjudicaciones que hace la CSMS son públicas? ¿Son públicas las adjudicaciones de contratos menores? ¿El Consejo Rector, del que usted forma parte, controla las adjudicaciones? ¿Hay alguna incompatibilidad a la hora de hacer adjudicaciones a empresas privadas vinculadas con los miembros del Equipo Gestor o del Consejo Rector? (…)

Si alguno de los datos que pido no son accesibles o no son competencia de dicho consejo, le agradecería que me indicara a quién dirigirme para aclarar estas dudas.

Atentamente, Albano.

Como se puede ver, las preguntas no son nada del otro mundo y se refieren a aspectos fundamentales del funcionamiento de la CSMS. Aun así, Juhé no contestaba. Cuatro días más tarde volvimos a escribirle un mail repitiendo las preguntas y añadiendo algunas más. Durante esa semana habíamos continuado mirando documentación sobre la CSMS y habíamos descubierto algo que se llamaba Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC)[1]. Es importante recordar bien estas siglas. En ese momento no lo sabíamos, pero detrás de este nombre se escondía una organización que ha controlado, durante décadas, miles de millones de euros públicos a espaldas de los ciudadanos. El segundo correo que enviamos a Juhé decía:

De: CAFÈAMBLLET

Para: Josep María Juhé

Fecha: 21 de marzo de 2011, 12:41

Estimado Josep María:

No sé si ha recibido correctamente las preguntas que le dirigí a finales de 1. Al final de este correo las volveré a reproducir por si acaso. Independientemente, quisiera añadir alguna pregunta más.

Hemos visto que la CSMS y los diferentes ayuntamientos de la zona están asociados a un ente denominado Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC). ¿Qué servicios ofrece el CHC a la Corporación? ¿Qué cuota se paga?

Siguiendo el rastro en internet

Otra cosa que «descubrimos» esa semana fueron los presupuestos de la Corporación, en los cuales se hacía referencia, sin mucho detalle, al destino de los 94 millones de euros que la CSMS recibió de la Generalitat en 2011. Uso el verbo «descubrir» entre comillas porque la verdad es que no supone una gran proeza encontrar unos presupuestos que están colgados en la web de la Generalitat, a disposición de cualquier persona que los quiera ver. Pero también es verdad que, después de semanas explorando la web de la Corporación, no ha-bíamos visto estos presupuestos en ninguna parte. Además, durante nuestra entrevista, el señor Xavier Conill no nos habló en ningún momento de este presupuesto. Hablo también de «descubrimiento», porque normalmente nos imaginamos que tras una revelación periodística suele haber una garganta profunda, el acceso a una documentación reservada o el testimonio excepcional de alguna persona que decide contarlo todo. Muchos casos son así, pero no todos.

Después de dos años navegando por la red buscando información, consultando los BOE, mirando memorias de entidades públicas, semipúblicas y privadas, nombres de personas, cargos, informes de registros mercantiles y cosas por el estilo, he aprendido algo muy importante: los rastros de las operaciones más infames suelen estar colgados en todas partes y los documentos que prueban las actitudes más reprobables suelen estar a la vista de todos. Solo hace falta que alguien relacione los datos y los interprete. Y los presupuestos de la Corporación que «descubrimos» guardaban información muy interesante.

Una vez revisados varios contratos que recibió la empresa de Bagó por parte de la Corporación (construcción de la cafetería, servicio de comida de personal, pacientes, etc.) y recordando las palabras que mi amigo Iván dijo durante aquella cena («Bagó es la clave de todo»), unimos tres hechos que hasta ese momento no estaban relacionados para nosotros: en primer lugar que, según Conill, «el máximo órgano de decisión sobre cómo se gestiona el dinero es el Consejo Rector, con los alcaldes como máximas autoridades»; en segundo lugar, que entre los años 1979 y 1991 Ramón Bagó, el hombre que recibía contratos de la Corporación, fue alcalde de Calella y, como tal, impulsó la creación de la Corporación; y por último, que la Corporación estaba asociada al CHC, una entidad de la que no sabíamos casi nada, excepto que había gestionado la CSMS y que fue dirigida durante décadas por el mismo Ramón Bagó.

Si entre estos tres hechos aún no veis una relación potente, si aún no veis motivos para saltar de la silla, no os preocupéis. En aquel momento, nosotros tampoco. Por ahora es suficiente tener claro que hay una cosa que se llama CHC, que uno de sus principales impulsores fue Ramón Bagó y que, durante años, esta cosa (el CHC) gestionó la Corporación.

En resumen, a pesar de no tener una visión totalmente clara de lo que estaba pasando, las datos que conocíamos nos llevaban a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, veíamos que, para «ahorrar», la dirección había decidido recortar los sueldos a los trabajadores, pero mantenía el contrato con la empresa de Bagó. Xavier Conill afirmaba que este contrato millonario para hacer una cafetería «no se puede romper» porque ya estaba firmado. Esto se entiende, pero la bajada de sueldos que los directivos impusieron a los trabajadores también implicaba romper un contrato: el convenio colectivo de los trabajadores. Y para hacerlo no hubo muchos problemas. La supresión de servicios como el de ginecología, lo que hizo que los habitantes de Tossa de Mar se tuvieran que desplazar hasta 30 kilómetros para recibir atención, también suponía romper un contrato con los ciudadanos, que ven como se quedan sin un servicio por el que ya habían pagado. En definitiva, lo que se veía era que se podían romper todos los contratos excepto el de un empresario que, curiosamente, tiene un profundo vínculo histórico con la Corporación.

El caso de las tijeras selectivas

Que los recortes no afectaran a los contratos que recibía Bagó nos llevó a analizar otros gastos de la Corporación para ver si la «austeridad» que se aplicaba a los trabajadores y a los usuarios también se aplicaba en otros ámbitos. Miramos, por ejemplo, la evolución del gasto en estudios y dictámenes:

De la misma manera que los recortes no llegaban a los contratos de Ramón Bagó en los hospitales (la cafetería seguía en marcha), la austeridad tampoco llegaba al presupuesto dedicado a estudios e informes. Por ello, quisimos saber cuáles eran las empresas que hacían estos «estudios e informes». Entonces, entre las preguntas añadidas en el segundo mail enviado al alcalde Juhé había estas:

—Hemos visto que, aunque en 2011 la aportación de la Generalitat cae un 12%, el gasto en informes y estudios no solo no cae, sino que sube un 15%. Ante esto queríamos saber:

¿Qué tipo de informes son?

¿Qué empresas los hacen?

¿Se ha convocado concurso público para hacer estos informes?

¿Dónde se pueden consultar estos informes?

Lamentablemente, lo que hemos conseguido averiguar hasta ahora es que nos encontramos en un terreno donde la transparencia no es toda la que sería conveniente, tratándose de un tema tan delicado como es el de la salud pública. Esperamos contar con su ayuda para aclarar estos temas que son del máximo interés ciudadano.

Atentamente, Albano.

Este segundo correo sí recibió una rápida respuesta. No habían pasado ni dos horas cuando pudimos leer:

Estimado:

Me ha llegado la información y sus preguntas. Aunque soy miembro del Consejo Rector, muchas de las cuestiones que me plantea escapan a lo que es mi conocimiento. Sin embargo intentaré encontrar la respuesta a todo lo que me sea posible contestar, le pido unos días.

Gracias, Josep M. Juhé.

La buena noticia era que, en esta ocasión, el señor Juhé contestaba. La mala noticia era que parecía no tener ni idea de qué le preguntábamos. Teniendo en cuenta que el señor Juhé era la máxima autoridad de la Corporación, era difícil entender cómo estas cuestiones básicas «escapaban» a su conocimiento. «Intentaré encontrar respuesta a todo lo que me sea posible», dice Juhé.

¿«Intentaré»? ¿Pero no es él la máxima autoridad? Como comprobaríamos más tarde, la «ignorancia» de Juhé era una constante que nos avanzaba un hecho de una importancia enorme: el control municipal de los equipos gestores de decenas de hospitales en Cataluña es una simple pantalla que permite que una enorme cantidad de dinero se gaste y se adjudique sin ningún control efectivo, totalmente a espaldas del ciudadano y, muchas veces, infringiendo las leyes.

Los zorros municipales cuidando las gallinas sanitarias

El mismo correo, con las mismas preguntas, lo enviamos al alcalde de Blanes, Josep Trias, ya que él también formaba parte del Consejo Rector que debía controlar el Equipo Gestor. Pero antes de conocer su respuesta debemos detenernos en un hecho que hasta ese momento nos había pasado desapercibido, una especie de captura del regulador en el ámbito local que nos sorprendió muchísimo. Se conoce como captura del regulador el mecanismo por el cual una institución pública pasa a ser controlada por aquellos a los que esta institución debería controlar. Hablando llanamente: la captura del regulador es poner al zorro a cuidar las gallinas. Mirando los currículos de los alcaldes de la zona descubrimos esto:

¿Casualidad? Josep Trias, antes de ser alcalde de Blanes, era miembro del Equipo Gestor, al que, como alcalde, debía controlar. Es decir: Trias vigilaba, en nombre de los ciudadanos de Blanes, que los miembros del Equipo Gestor (sus ex compañeros, entre los que se encontraba su mujer —también directiva—) hicieran bien el trabajo. Con el alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, pasaba lo mismo. Xavier Crespo, antes de ser alcalde, formó parte del Equipo Gestor de la CSMS. Un paso por la sanidad pública que, meses después, ocuparía las portadas de los periódicos.

Como hemos visto anteriormente, en el Consejo Rector también hay un asiento para que la Generalitat controle el Equipo Gestor. Pues bien, este asiento estaba ocupado por Joaquim Casanovas, que, antes de representar los intereses de los ciudadanos en nombre de la Generalitat, era miembro del Equipo Gestor que ahora él debía controlar. Teniendo en cuenta estas estrechas relaciones entre controladores y controlados se entiende mucho mejor porque «casi siempre» las decisiones del Equipo Gestor se apoyan unánimemente, como nos había explicado Conill.

Los gestores se ponen nerviosos

En este punto, en la edición impresa del CAFÈAMBLLET del mes de marzo publicamos el primer artículo sobre el tema: «CSMS: Contratos millonarios en época de recortes»:

Desde hace semanas el CAFÈAMBLLET está intentando conocer los detalles organizativos de la Corporación con unos resultados más bien pobres. La opacidad en aspectos tan fundamentales como los salarios de los directivos, las auditorías contables o los procesos de decisión de inversiones es absoluta. (…) Nos hemos puesto en contacto con el alcalde de Calella, Josep María Juhé, que también es miembro del Consejo Rector de la Corporación, sin obtener ninguna respuesta.

Dos días más tarde publicábamos en nuestra web la segunda parte del reportaje, «¿Quién controla la Corporación de Salud del Maresme y la Selva?», donde explicábamos el funcionamiento del Consejo Rector y su papel en la gestión de los hospitales que ya estaban aplicando los recortes. Este segundo artículo iba acompañado por un editorial que decía:

(…) Por la importancia del servicio sanitario público y por la magnitud de las reformas que se están imponiendo, nuestros representantes deberían hacer un esfuerzo comunicativo para que la ciudadanía evalúe estas reformas. (…) Teniendo en cuenta la inminencia de la aplicación de los recortes no es de recibo que el representante del ayuntamiento con más peso en el Consejo Rector no sea capaz de explicar claramente conceptos básicos sobre la organización del servicio sanitario que controla.

Los dos artículos hicieron su efecto. Si hasta ahora recibíamos silencio y dilaciones por respuesta, después de la publicación de los dos artículos, los directivos de la CSMS comenzaron a moverse. El día 21 de marzo, veinticuatro horas después de la publicación del primer artículo, los directivos difundieron entre los trabajadores de los hospitales un comunicado interno en el que decían que «la Dirección ha iniciado el procedimiento para realizar una demanda judicial por difamación y atentado al honor de las personas».

En ese momento esta amenaza nos pareció el típico despropósito de quien se ve obligado a decir algo, aunque sea una tontería. Meses después veríamos que aquel era el primer aviso. Los que nos ocultaban información estaban dispuestos a cualquier cosa para hacernos callar. El 24 de marzo, al día siguiente de la publicación del segundo artículo, la CSMS hacía público otro comunicado, esta vez público, que decía:

La gestión y organización de cómo se da respuesta a este contrato [el de la Generalitat con la CSMS] corresponde a cada una de las entidades y sus órganos de gobierno. Al final de cada ejercicio, el CatSalut evalúa los resultados obtenidos mediante los instrumentos de que dispone. (…) Esta evaluación permite indicar las correcciones y ajustes que se crean oportunos. (…) Así, el equipo directivo recibe las directrices del Consejo Rector y le rinde cuentas de sus actuaciones y resultados, trabajando de manera conjunta, lo que podríamos llamar la propiedad con los profesionales de la gestión. El Consejo Rector, en este caso, aporta la visión de la población (mediante los representantes municipales electos).

Los gestores, pues, decían que «reciben las directrices del Consejo Rector» «mediante los representantes municipales electos». Pero ¿qué directrices puede dar un Consejo Rector donde su autoridad principal (el señor Juhé) admite que cosas tan básicas como el destino de decenas de miles de euros en informes «escapan a lo que es su conocimiento»? ¿Cómo puede aportar el Consejo Rector «la visión de la población» si los «representantes municipales electos» no tienen ni idea de cómo funciona todo? Y lo que es peor: parecía que estos «cargos electos» que tenían que controlar al Equipo Gestor estaban mucho más cerca del Equipo Gestor (donde habían trabajado y donde volverían a trabajar cuando perdieran las elecciones) que de los ciudadanos, a los que, en teoría, debían representar. El siguiente fragmento del comunicado es para enmarcar. Leer con atención:

La Corporación, como entidad de carácter público y participada por las diferentes administraciones, está sometida, a parte de sus propios estatutos, a toda la normativa, directrices, instrucciones y legislación aplicable a las administraciones públicas y, específicamente, a aquellas que se dictan desde la administración de la Generalitat en referencia a las empresas públicas y consorcios participados. El cumplimiento de estas normas, supervisado por el propio Departamento de Salud, la Central de Resultados, la Central de Balances y los organismos competentes de la Generalitat, como la Intervención General o la Intervención Delegada para la Seguridad Social y la Sindicatura de Cuentas… garantiza un estilo de actuación.

Meses más tarde sabríamos que estos controles fallaron (que los hicieron fallar) y quedaría totalmente claro que este «estilo de actuación» de la que hablaba el comunicado era en realidad un «estilo de hacer desaparecer dinero». El texto terminaba así:

Estamos seguros, sin embargo, de que la falta de confianza que usted ha querido sembrar entre los ciudadanos y entre los profesionales hacia la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, los miembros de su Consejo Rector, los miembros de su equipo directivo y entre los técnicos y profesionales que hoy ocupan cargos en la administración local o de salud, esta desconfianza tendrá un pobre eco.

Comiéndose los comunicados con patatas

El señor Conill, firmante de este comunicado, todavía debe estar masticando este párrafo. El «pobre eco» se tradujo, a lo largo de los siguientes meses, en dos comisiones de investigación parlamentarias, la apertura de una investigación por parte del Tribunal de Cuentas, otra de la Sindicatura de Cuentas, dos investigaciones sobre los negocios de Ramón Bagó (una de la Oficina Antifraude y otra de la Fiscalía), portadas en 3 diarios (uno de tirada nacional) y la mención de nuestra revista en las páginas de The Washington Post. Para ser un «pobre eco» no está nada mal. Todo un visionario, el señor Conill. Una situación que un amigo de Reus, @BartomeuC, resumió magistralmente en Twitter:

La contundencia con la que se hacen los comunicados es directamente proporcional a la cantidad de patatas con la que se los deberán comer.

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“Directivo de hospital se come un comunicado con patatas”

Dejamos pasar una semana, pero las respuestas de Juhé y Trias no llegaban. El 28 enviamos otro correo electrónico al señor Juhé donde le decimos: «Me dirijo a usted para preguntarle cuándo prevé contestar nuestras preguntas». El 29 tuvimos respuesta de Juhé:

Leí un artículo suyo en el que salía mi nombre haciendo referencia a un correo personal entre usted y yo. Pienso que debería haberme preguntado previamente si se podía hacer público. Le confirmo que tengo mucho trabajo en «todos los frentes» y precisamente el de la sanidad pública me tiene preocupado. Respecto a las preguntas que me hizo, le remito al comunicado que le ha hecho llegar el doctor Conill. Él es hoy nuestro portavoz.

O sea, el día 15 de marzo me entrevisto con Xavier Conill, que me dice que le pregunte a Juhé. Perseguimos a Juhé durante tres semanas para que finalmente nos diga: «Pregúntele a Conill». Todavía nos quedaba Trias. El día 30 respondió que «de común acuerdo con los diferentes cuestionados, decidimos que toda la información y respuestas serían coordinadas de manera única mediante la CSMS y su director de Planificación y Desarrollo», el señor Xavier Conill.

Estas dos respuestas generaban un poco de desánimo, pero, por otra parte, confirmaban algo que ya sospechábamos y que más tarde podríamos confirmar de manera escandalosa: los representantes de los ciudadanos eran marionetas que no controlaban nada, que estaban en manos de aquellos a los que tenían que controlar y que eran incapaces de dar respuesta a preguntas tan sencillas como: «¿Me podría decir dónde están los informes que cuestan a los ciudadanos cerca de 300.000 euros cada año?». Un ejemplo de ello es que, a día de hoy, todavía no sabemos ni qué empresas han hecho estos informes, ni de qué tema tratan, ni dónde están.

1,5 millones de euros en informes fantasma

Esto de los informes podría parecer un detalle pequeño, pero hoy sabemos que nuestra «obsesión» no iba desencaminada. Actualmente, Carles Manté, que fue presidente de la Corporación hasta mediados de 2012, está imputado porque su empresa privada CCM Estrategias y Salud S.L. hizo unos «informes» para la empresa Innova de Reus —gestora entre otros del Hospital Sant Joan de Reus— que nunca han aparecido. Unos informes que costaron más de 800.000 euros y de los que ni el Ayuntamiento de aquella ciudad, ni los auditores que contrató, han encontrado el rastro. Hoy, seguimos obsesionados y nos preguntamos: ¿De los informes de la Corporación, que en cinco años han costado 1,5 millones de euros, cuántos existen? ¿Alguno de estos informes lo ha hecho la empresa de Carles Manté? De momento, todos los alcaldes del Consejo Rector y los miembros del Equipo Gestor continúan escondiendo el destino de estos 1,5 millones de euros. Y nosotros seguimos preguntando.

La estrategia de los gestores y de los alcaldes era, por un lado, callar y, por otro, desprestigiar a quien preguntaba. Contra el desprestigio, lo único que podíamos hacer era ser extremadamente cuidadosos con la información que publicábamos. Contra el silencio, la única herramienta era la insistencia. En la edición de abril de CAFÈAMBLLET volvemos a la carga:

Resumiendo: a estas alturas, la Generalitat transfiere dinero público a empresas que lo gestionan con total libertad y sin ningún tipo de control efectivo y sin que el ciudadano pueda ejercer ningún tipo de control.

Estas empresas privadas, no solo se hacen con los contratos, sino que son ellas mismas las encargadas de controlarse. Mientras todo esto pasa, los trabajadores y usuarios de la sanidad en la zona de la CSMS se enfrentan a todo tipo de recortes. Un ejemplo: los trabajadores de la CSMS afectados por los recortes hace tiempo que preguntan sin obtener respuesta:

¿Cuáles son los gastos de representación de la empresa?

¿Cuáles son los sueldos de los directivos y mandos de la CSMS?

¿Cuál es el gasto asociado a la gestión?

¿Cuáles son los contratos con los principales proveedores de la CSMS y los sacrificios que se les ha impuesto?

¿Qué obras se han realizado y dónde están los presupuestos?

¿Cuál es el gasto y las inversiones previstos en equipos informáticos?

¿Cuál es el gasto en marketing y comunicación? ¿Cuáles son las relaciones económicas con la multinacional Consorcio Hospitalario de Cataluña S.A.?

No contestan.

Mes tras mes presionamos y formulamos las mismas preguntas una y otra vez. El 9 de julio de 2011 los representantes sindicales de CCOO, que se encontraban en plena negociación ante el ERE propuesto por los gestores, hacían el siguiente comunicado:

Cualquier oferta seria de negociación implica demostrar a los trabajadores que la patronal, sus directivos y las entidades empresariales dependientes de la patronal también han hecho su parte del sacrificio pedido a trabajadores. (…) Pedimos transparencia, seriedad y equidad en la gestión de la crisis económica. Pedimos que la dirección entregue a los representantes de los trabajadores información relevante.

Cuatro días más tarde, el 13 de julio, enviamos un mail al nuevo alcalde de Blanes, Josep Marigó (PSC), elegido en las elecciones municipales de mayo. Unas elecciones donde cambiaron todos los alcaldes relacionados con la CSMS, quedando el mapa de alcaldías de la siguiente manera:

Las preguntas que dirigimos a Marigó eran las de siempre. Y las respuestas fueron las de siempre: «No sé, deberíamos mirar, ya veremos…».

¿Y si vamos al pleno municipal?

Ante el silencio, el 21 de julio, Marta y yo decidimos ir al pleno municipal de Blanes. Según el reglamento de este ayuntamiento, al final del pleno los ciudadanos pueden formular preguntas al alcalde o los concejales, siempre que el tema haya sido tratado durante el debate. Sabíamos que dos de los concejales de ICV, Víctor Catalán y Amparo Ardanuy, sacarían el tema de la CSMS, lo que nos abría las puertas a poder intervenir en el turno de ruegos y preguntas.

No es mi intención aburrir al lector con las miserias de la política local de Blanes, sobre todo teniendo en cuenta que, en nuestro país, los comportamientos miserables forman parte del día a día de cientos de municipios. De todos modos, permitidme explicar con un poco de detalle la reacción del alcalde de Blanes, Josep Marigó, ante nuestras preguntas en el pleno.

Lo primero que hicimos en aquel pleno fue dirigir unas cuantas preguntas al ex alcalde, Josep Trias, que ahora estaba en la oposición, compatibilizando el cargo con el de gerente de la región sanitaria de Girona gracias a un nombramiento de Boi Ruiz cuando Trias perdió las elecciones:

Señor Trias: quisiera saber por qué cuando era alcalde se negó a contestar las preguntas que, como periodista, le hice sobre el Hospital Comarcal de Blanes y la CSMS. Quisiera saber, señor Trias, por qué se negó a contestar, por ejemplo, cuánto habían costado los diversos informes encargados por la CSMS a empresas externas.

El alcalde Marigó intentó interrumpirnos. El público presente en la Sala de Plenos protestó por la interrupción y le exigió al alcalde que nos dejara terminar de formular las preguntas.

Señor Trias —continuamos—, ¿por qué cuando le pedí información sobre los sueldos de los altos cargos, una información que el Equipo Gestor oculta a los trabajadores del hospital, usted se negó a contestar? En definitiva, señor Trias, ¿cómo es que en vez de facilitar dichos datos, a los que como alcalde usted tenía acceso, me dirigió a un directivo de la CSMS? ¿No es esto como si a un ministro de Economía le preguntan cómo va la cosa y él responde «pregúntale a Botín»?

En este punto Marigó volvió a intentar interrumpirnos, pero los cerca de veinte ciudadanos que seguían el pleno, muchos de los cuales eran activistas de la PAH que también tenían preguntas para Marigó, se rebelaron y volvieron a pedir que nos dejaran continuar.

Para terminar, quisiera saber, señor Trias, si ahora, que usted es el jefe de la sanidad de la Región Sanitaria de Girona, ¿representará los intereses sanitarios de los ciudadanos? Quisiera saber si controlará, como es su deber, lo que hacen sus antiguos compañeros del Equipo Gestor o se limitará a decir que sí a todo lo que ellos le propongan. ¿Cómo podemos estar seguros, señor Trias, de que usted defenderá los intereses de los ciudadanos ante un equipo gestor que se niega sistemáticamente a facilitar información de lo que hacen? ¿Investigará y hará público cuánto gasta el Equipo Gestor en gastos de representación?

Voy terminando, señor alcalde. Para usted, señor Marigó, solo tengo una pregunta: ¿usará la fuerza que le da ser alcalde de Blanes en el Consejo Rector de la CSMS? ¿Representará a los blandenses e investigará los gastos en informática y los gastos en marketing que esconden los directivos de la CSMS, que se niegan incluso a responder a los trabajadores del hospital? ¿Utilizará su fuerza para pedir explicaciones sobre los sacrificios que se piden a las grandes empresas proveedoras de nuestro hospital, que se benefician de unos contratos millonarios pagados con dinero público? ¿Hará esto, señor Marigó, o hará como el señor Trias, que nunca se atrevió a pedir explicaciones a sus ex compañeros de trabajo?

A esas alturas las caras de los concejales de los partidos interpelados (PSC y CiU) eran un poema. El alcalde negaba todo lo que decíamos con la cabeza y el ex alcalde, el señor Trias, se había puesto rojo como un tomate y temblaba. Después de nuestra intervención Marigó, visiblemente contrariado, tomó la palabra y dejó algunas perlas que, si no estuviesen grabadas, cualquier político decente las negaría. A continuación reproducimos estas palabras y la respuesta que le dimos en la siguiente edición del CAFÈAMBLLET:

«Este no es el lugar para hacer estas preguntas», dijo el alcalde Blanes. Como periodistas, pero sobre todo como ciudadanos, nos preguntamos, entonces, ¿cuál es el lugar para hacer las preguntas, sino el pleno municipal?

«Detrás de tus preguntas hay un dardo envenenado», dijo Marigó. Como profesionales de la comunicación creemos que, aunque involuntario, esto es un elogio enorme. Justamente, solo si hacemos bien nuestro trabajo, nuestras preguntas son envenenadas. Si no lo fueran, valdríamos menos que el papel en el que imprimimos nuestro periódico.

«Estas intervenciones no me gustan. La libertad de expresión tiene unos autolímites. Tú deberías ponerte un autolímite». Cuando el señor Marigó dice «autolímites», ¿se refiere al término autocensura? ¿Cuáles son los límites? El señor Marigó no lo ha querido aclarar.

Solo dijo que no le gustaban aquellas preguntas. Como profesionales de la comunicación nos preguntamos: ¿cuáles son las preguntas que sí le gustan a Josep Marigó? ¿Es él quien debe decir qué se pregunta y qué no? Estos hechos son preocupantes. Mientras miles de personas se enfrentan a unos recortes sanitarios sin precedentes y mientras cientos de trabajadores ven cómo pierden derechos laborales, los políticos se ofenden si se les pregunta sobre su gestión, interrumpen y silencian. Nos reafirmamos en nuestras preguntas. No es nuestro problema que políticos como el señor Marigó solo estén acostumbrados a que se les pregunte sobre cosas amables. No nos pondremos autolímites. Seguiremos preguntando. Hasta que contesten.

Era el último pleno antes de las vacaciones de verano. Fue el verano de los disturbios en el barrio de Tottenham de Londres, de la visita de Benedicto XVI a España, del dedo en el ojo de Mourinho a Tito Vilanova, de la muerte de Gadafi, de la vergonzosa reforma de la Constitución perpetrada por un PSOE todavía en la Moncloa con la ayuda de un PP que se preparaba para relevar a Zapatero. En la calle el 15M vivía su primer verano.

Tras esta intervención en el pleno municipal llegaron las vacaciones de verano. Y como no teníamos nada mejor que hacer, continuamos dado vueltas al tema que nos había tenido ocupados todo el invierno.

Capítulo 4
Entendiendo el Matrix sanitario

Pesado pero importante capítulo donde se explica el origen del desastre que caería sobre la sanidad catalana y donde se ve el mecanismo que lo ha hundido todo.

En verano el trabajo en la revista baja mucho. Los anunciantes están de vacaciones o aprovechando la temporada turística, y hacer publicidad en el CAFÈAMBLLET no es una prioridad ni para unos ni para otros. Marta estuvo todo aquel verano de 2011 trabajando cada día en el Hospital de Granollers. Los niños iban a bañarse en la piscina de unos vecinos y yo dedicaba largos ratos a la lectura del BOE, leyes y artículos sobre el funcionamiento del sistema sanitario. En la oficina-garaje de nuestra nueva casa hacía un calor insoportable y, a falta de aire acondicionado y de un ordenador portátil, monté una mesa en el patio, bajo un árbol, para poder trabajar cómodamente. Cada mañana montaba mi oficina y por la noche desconectaba los aparatos y los volvía a guardar. Cuando levantaba la vista de la pantalla podía ver las faldas del monte del Morou y los picos del Montseny. En medio de aquella tranquilidad, de aquella soledad y de aquel calor, empecé a entender muchas cosas.

Tras meses peleando con los alcaldes y los gestores de los hospitales, una idea se iba haciendo cada vez más fuerte: tras los silencios de los alcaldes y gestores se escondía algo mucho más grande que unos informes o unos gastos de protocolo. Cuantas más vueltas le dábamos al tema, más claramente veíamos que el problema era general, de toda la sanidad catalana. No se trataba solo de un alcalde a quien no le gustaba contestar preguntas, ni de un empresario que hubiera obtenido algún contrato non sancto. Estábamos hablando de que lo que descubrimos en los hospitales de Blanes y Calella era la manera normal de funcionar de todo el sistema sanitario.

Nos costó mucho entender cómo funcionaba el sistema sanitario, cuál era su estructura. Su complejidad era parte de la trampa. Todo el lenguaje técnico, las múltiples empresas, las palabras ampulosas de los comunicados de prensa… Todo tiene un objetivo claro: que nadie entienda nada. Una confusión muy positiva para los que se benefician de este sistema opaco. Si los ciudadanos y los periodistas no entienden nada, los políticos y los gestores sanitarios tienen vía libre para hacer y deshacer. Nadie puede controlar algo que no entiende.

Por eso, en este capítulo haremos una pequeña pausa en la narración para hacer una descripción esquemática de cómo se creó el sistema sanitario catalán y cómo funciona. Saber esto nos permitirá captar la profunda perversión de los hechos que explicaremos en los próximos capítulos.

El nacimiento de un modelo sanitario

La historia comienza en 1981, cuando la Generalitat de Cataluña recibe las competencias en materia sanitaria. Si hasta entonces quien se hacía cargo de la sanidad de los catalanes eran el Insalud (servicios sanitarios) y el Imserso (servicios sociales), a partir de entonces será la Generalitat la encargada de estos asuntos. Para poder hacerlo el Estado traspasa a la Generalitat las competencias sanitarias. Pero hay un problema: estos dispositivos que entrega el Insalud nunca han sido suficientes para atender la salud de todos los catalanes. Los equipamientos sanitarios que la Generalitat recibe del Estado solo representan el 30% de las camas hospitalarias. El sistema netamente público que hereda la Generalitat es un sistema raquítico, desarrollado durante el Franquismo, que no llega a todos los ciudadanos.

Para tapar este agujero sin cubrir que dejaba el sistema estatal en Cataluña, se desarrolla, a lo largo de décadas, una red sanitaria heterogénea diseminada por todo el territorio: hospitales municipales, de diputaciones, centros de beneficencia, centros mutuales y centros privados, muchos de los cuales funcionan en régimen concertado y dan servicio en nombre del Insalud. Un sistema descentralizado que recoge el esfuerzo del territorio por dotarse de unos mínimos servicios sanitarios. Así pues, como decíamos, cuando la Generalitat recibió el traspaso, en realidad solo recibe un 30% de los dispositivos y un presupuesto que no es nada del otro mundo. Ante este escenario, la Generalitat tenía que elegir entre dos opciones: o bien empezar a construir nuevos hospitales en todo el territorio, para que este sistema público pasara de ser del 30% al 100%, o bien continuar aprovechando la red de hospitales municipales, de beneficencia y mutuales creada durante décadas e integrarla dentro del sistema público que, a partir de ahora, gestionará la Generalitat.

Se escogió esta segunda opción y así nació lo que hoy se conoce como el modelo catalán. En ese momento la Generalitat estaba en manos de CiU, pero la decisión de integrar todos estos hospitales dentro del sistema público contó con un amplísimo apoyo político.

A favor de este modelo había dos ventajas. La primera era de tipo económico, ya que permitía disponer de una red que ya estaba montada sin tener que construir hospitales nuevos en todo el territorio. La segunda ventaja era de carácter político. Por un lado, el sector empresarial (tradicionalmente cercano a CiU) vio razones para apoyar este sistema, ya que muchos hospitales que prestaban servicios eran privados, y un sistema público completamente desarrollado habría provocado la ruina de estos hospitales. Por el otro, muchos de estos hospitales municipales estaban en municipios en manos de fuerzas políticas diferentes de CiU y muchos alcaldes (la mayoría del PSC) no querían renunciar a controlar un presupuesto tan importante como el sanitario.

El proceso de integración de los antiguos hospitales a la red pública se hizo mediante la creación de consorcios. Un proceso que Ramón Serna, cofundador del sindicato CATAC-CTS/iac, explica en su trabajo El proceso de privatización de la sanidad en Cataluña:

A partir de 1986 el gobierno de Jordi Pujol comenzó a constituir consorcios y a cederles la gestión de los hospitales para integrar fundaciones de carácter religioso, mutuas, cajas de ahorro y gobiernos locales en manos de otras fuerzas políticas, lo que significaba «repartir el pastel de la gestión».

Hoy, en Cataluña tenemos un sistema mixto formado por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y el sector concertado. El ICS es básicamente la parte que la Generalitat recibió del Estado. Se podría decir que es lo más parecido a lo que entendemos como sistema sanitario público: trabajadores estatutarios, gestión dependiente directamente de los poderes públicos y, esto es muy importante, sistemas de control dependientes directamente del Parlamento. El sector concertado es, como hemos dicho, un sistema heterogéneo, donde podemos encontrar consorcios que rigen hospitales que pertenecen a un municipio u hospitales formados por la unión de varios municipios, participaciones de consejos comarcales y/o diputaciones. Para complicar aún más la cosa, la Generalitat creó empresas públicas que se sumaban a las municipales existentes y favoreció la creación de más fundaciones, con las que llegó a conciertos, incluso con la participación de cajas de ahorros (muy ligadas a diputaciones y consejos). Por otra parte, la Generalitat siguió contratando, en régimen de concierto, empresas semiprivadas, organizaciones de beneficencia herederas de varias órdenes religiosas y, por último, empresas 100% privadas. Así pues, una de las principales características del sector concertado es la heterogeneidad y la gran variedad de proveedores sanitarios.

CiU y PSC: La sociovergencia sanitaria

Este sistema dual (ICS y concertado) es la columna vertebral del sistema sanitario catalán, el modelo catalán que desde hace treinta años defienden encarnizadamente tanto CiU como PSC. Los dos grandes partidos de la escena política catalana de los últimos años han peleado por casi todos los temas, pero la sanidad, la organización del sistema sanitario, siempre ha sido un punto de encuentro. Aún hoy, en plena turbulencia nacional, los dos partidos cierran filas en torno al sistema. ¿A qué se debe este acuerdo, esta sociovergencia en torno al modelo catalán? Una posible explicación sobre la predilección por los consorcios de los dos grandes partidos catalanes nos la ofrece Serna:

Los políticos se aseguraban así puestos de trabajo ante los previsibles cambios en el poder, jubilaciones doradas en fundaciones o su paso a empresas privadas con más posibilidad de negociar con el dinero público.

Tiene mucho sentido, ¿no? Colocar gente en el funcionarial ICS es mucho más difícil que hacerlo en fundaciones, hospitales de comarca o consorcios público-privados. Lamentablemente, la hipótesis de Ramón Serna no solo era acertada, sino que, incluso, se quedó corta. Continuamos.

Pero ¿qué impacto tiene este sistema dual en la atención sanitaria que recibe el ciudadano? Los privatizadores (en Barcelona, en Valencia, en Madrid y Londres) repiten una y otra vez: «Al ciudadano no le importa quién gestione, lo que le importa es recibir un servicio de calidad». Traducido a un lenguaje más comprensible, esto quiere decir: «El ciudadano es tonto, incapaz de detectar las trampas, y mientras lo vayan atendiendo, se preocupará poco de los robos y los abusos que hacemos con su dinero».

¿Ciudadanos o clientes?

En parte tienen razón. El sistema sanitario catalán se ha movido en una opacidad sistemática durante treinta años y, salvo en contadas ocasiones, los ciudadanos hemos mirado hacia otro lado, ya que el servicio que recibíamos era muy bueno. Desde el punto de vista del usuario, el hecho de recibir el servicio sanitario a través del ICS o a través del sistema concertado no suponía prácticamente ninguna diferencia, ya que los niveles de calidad eran muy similares. Incluso se puede decir que la mayoría de los ciudadanos no hemos sido conscientes de acceder a los servicios sanitarios a través de una rama u otra del sistema. Los dos sistemas trabajan de manera coordinada, de forma que un paciente que, por ejemplo, se dirige a una consulta en un centro concertado puede acabar siendo derivado a una del ICS y viceversa. Todo con la misma tarjeta sanitaria con el logo de la Generalitat. Como dicen los privatizadores, pues, parece ser que es verdad que, mientras el ciudadano recibe la atención, poco le importa el funcionamiento del sistema. Pero ahora las cosas han cambiado. Quizá los ciudadanos no nos preocupamos mucho de cómo se gestionaba nuestro dinero si recibimos una atención adecuada, pero ahora, cuando empezamos a no recibir esta atención de manera adecuada, nos empezamos a preguntar qué ha pasado con nuestro sistema sanitario, a preguntar dónde está nuestro dinero. Y cuando se hace esta pregunta, comienzan los problemas.

Saber cómo se gasta el dinero que el ICS recibe de la Generalitat es muy difícil, pero saber cómo se gasta ese dinero en el sector concertado es imposible. Durante los últimos treinta años, el sector concertado ha permitido a un grupo de políticos y empresarios gestionar miles de millones de euros cada año sin control y a espaldas de los ciudadanos.

Mientras que todo lo que pasa en el sector público (ICS) está bajo el control directo de la Generalitat, el sector de los hospitales concertados ha desarrollado una enorme telaraña de consorcios, fundaciones, empresas públicas, semipúblicas y privadas donde, como veremos, los ciudadanos y sus representantes tienen una nula capacidad de fiscalización y los dueños y señores de este dinero dejan de ser los ciudadanos para pasar a manos de una aristocracia sanitaria completamente endogámica.

Es verdad que estos hospitales del sector concertado deben rendir una serie de cuentas ante la Generalitat, pero, como hemos visto en el caso de los hospitales de Blanes y Calella, este control es puramente testimonial. ¿Recordáis al alcalde de Calella diciendo que «estas cosas escapan a lo que es mi conocimiento»? Pues eso. En los próximos capítulos veremos como «esas cosas que escapan al conocimiento» de tantas personas fueron la raíz de unos escándalos que en un país serio llevarían a decenas de políticos y empresarios ante un juez.

Aquel verano empezamos a comprender que lo que habíamos encontrado en los hospitales de Blanes y Calella no era un hecho aislado. Empezamos a ver que detrás del silencio de los alcaldes y de la prepotencia de los gestores no solo había oscuridad, sino el intento de tapar algo grave. En aquel momento no podíamos imaginar que nos encontrábamos ante una trama que había hecho desaparecer millones de euros de la sanidad pública. Lo que sí empezábamos a tener claro era el papel que jugaba el empresario Ramón Bagó dentro de la organización del sistema sanitario catalán. El 16 de agosto, después de semanas de investigación, publicábamos un cómic titulado «Sociovergencia sanitaria, o cómo dos partidos han hundido nuestra sanidad». Era el resultado de haber seguido el consejo de mi amigo Raúl y su advertencia: «La clave es Ramón Bagó». Efectivamente, lo era. Y había que explicarlo.

En la página siguiente, detalle del cómic Sociovergencia sanitaria, publicado el 16 de agosto de 2011.

Capítulo 5
El hombre que se contrataba a sí mismo

Donde se explica cómo Ramón Bagó gestionaba dinero público que iba a sus empresas privadas y cómo unos cuantos políticos le daban medallas. También se explica cómo un grupo de ciudadanos preparó una emboscada al presidente Mas y le cantaron la canción de Vuelve Serrallonga.

Con la publicación del cómic Sociovergencia, o cómo dos partidos han hundido la sanidad pública, resumíamos la historia de la creación y el funcionamiento de una institución fundamental para entender el sistema sanitario: el Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC). El hombre al que apuntábamos no era cualquiera: Ramón Bagó había sido alcalde de Calella por CiU entre 1979 y 1991, director general de Turismo durante el gobierno de Jordi Pujol, Cruz de Sant Jordi, Medalla Francesc Macià al Mérito al Trabajo y fundador de un imperio empresarial que factura 472 millones al año. No parecía buena idea meterse, desde una revista como la nuestra, con un personaje que, cuando celebra la cena anual de su empresa, el presidente de la Generalitat de turno va a hacerle la pelota acompañado de dos o tres consejeros. Pero lo hicimos.

Ramón Bagó recibiendo la Creu de Sant Jordi en 2001 de manos del presidente Jordi Pujol. GENCAT

Ramón Bagó con el presidente José Montilla en el acto de entrega de la Medalla al Trabajo President Macià en 2008. GENCAT

El presidente Artur Mas, invitado de honor en los actos del 35 aniversario del Grupo Sehrs de Ramón Bagó. GENCAT

¿Nos ayudas a difundir un resumen?

“Tres fotos comprometedoras de Jordi Pujol, José Montilla y Artur Mas”

Ramón Bagó y la aristocracia sanitaria

Como hemos visto en el capítulo anterior, el traspaso de las competencias sanitarias había hecho que una gran cantidad de hospitales en Cataluña empezaran a estar financiados regular y directamente por la Generalitat. Pero como habíamos visto en Blanes y Calella, una vez el dinero de la Generalitat llega a los diferentes hospitales, los directivos de los centros lo gestionan sin dar muchas explicaciones sobre su destino. Estaba claro que podíamos extrapolar este comportamiento al resto del sector concertado. Los gestores de estos hospitales gastan ese dinero amparados en un concepto fundamental y defendido a capa y espada tanto por CiU como por el PSC: la autonomía de gestión.

Según sus defensores, esta autonomía permite que los diversos hospitales que integran la red concertada sean suficientemente «flexibles» para poder hacer una gestión «eficaz y eficiente bajo los criterios del benchmarking». Al mismo tiempo, desde el poder político se defiende la autonomía de gestión como una manera de mantener —en el caso de los hospitales municipales— un «arraigo al territorio» y estar «cercanos a la ciudadanía».

Pero detrás de este brillante discurso que repiten los diplomados de las escuelas de negocios barcelonesas (las que acogen en sus aulas personajes como Diego Torres o Urdangarin) se esconde una realidad bastante menos idílica. Detrás de «la eficacia» y los «benchmarkings» lo que nos encontramos es un montón de organizaciones y personas defendiendo su parte del pastel. Vemos que los que hablan de «flexibilidad» son los mismos que predican contra «los controles burocráticos» y todo lo que signifique gestión pública de los recursos públicos. Así, los defensores de esta autonomía de gestión repudian cualquier instrumento de control público, calificándolo de «burocracia» en oposición a la «eficacia», que ellos supuestamente representan. Todo ello acompañado por los tópicos sobre la ineficiencia de lo público.

El discurso se podría resumir de esta manera: «Que la Generalitat me dé dinero, pero que no me haga preguntas». En cuanto al pretendido municipalismo y la proximidad al ciudadano que se alega en el caso de los hospitales municipales, después de haber visto en Blanes, Lloret y Calella el vergonzoso papel que juegan los alcaldes, vemos que el municipalismo, en realidad, es una tapadera discursiva. La historia del CHC y los escándalos que ha protagonizado durante los últimos años lo confirman.

El consorcio[2]: el nacimiento de un chiringuito

El traspaso de las competencias sanitarias coincidió con la llegada de la democracia al ámbito municipal. Así, cuando la Generalitat empieza a regar con millones de euros públicos decenas de hospitales municipales, el movimiento para gestionar estos recursos «cerca del ciudadano» era muy fuerte. Este movimiento municipalista es la semilla del CHC, un ente que empezó siendo una especie de asociación de alcaldes y acabó con los alcaldes como figuritas decorativas. Josep Abelló, ex alcalde de Reus y pieza fundamental en el desarrollo del CHC, lo explicaba así en el librito que editó la institución en motivo de su 25 aniversario:

Fruto de la recuperación de la democracia, el CHC nació como punto de encuentro de un grupo de jóvenes políticos y profesionales cargados de ilusión y de proyectos que creían en las personas y en los servicios de proximidad.

Uno de estos alcaldes cargados de ilusión y proyectos era Ramón Bagó. Pero antes de entrar en materia, antes de ver el grado de perversión que alcanzó el CHC, hay que decir que la idea inicial era buena y, hasta cierto punto, brillante. Tenemos un montón de hospitales dispersos por el territorio, unos alcaldes que deben luchar por mantenerlos, para hacerlos funcionar y representarlos ante la Generalitat. ¿Qué mejor que unirse y trabajar juntos? Hace treinta años la idea era buena. Igual de buena que la idea que hace treinta años dio lugar a los partidos políticos de listas cerradas, por ejemplo.

El CHC se presentó públicamente en 1983, con Joan Cornet, alcalde del PSC de Manresa, como presidente. En 1984 se aprobaron sus estatutos y en 1987 Ramón Bagó —entonces alcalde de Calella— fue nombrado nuevo presidente. A partir de entonces, y durante las décadas siguientes, Bagó ha presidido y dirigido multitud de empresas creadas por el CHC. ¿Empresas? Sí. En 1986 el CHC crea los primeros servicios para los asociados (los hospitales municipales): asesoría, informática, consultoría, etc. Así nacen empresas como CHC S.A., Iasist, LRC S.A., Consultoría y Gestión S.A., C Gesto S.L., BC Gesto S.L., el SEPPS, el SACAC, CHC Vitae S.A. (inicialmente participada por Caja Madrid), Proyectos Sanitarios y Sociales S.A., Personalia S.A. o Tecnalia Salud S.L.. La nomenclatura (con una enorme proliferación de S.L. y S.A.) indica que algo pasa y el espíritu municipalista parece dejar paso a un espíritu mucho más cercano al registro mercantil que a los plenos municipales.

Como decíamos, durante años encontraremos a Bagó al frente de muchas de estas empresas. En 1991 otro alcalde se une a Bagó, en este caso socialista: Josep Abelló, de Reus. El CHC ya navega a toda vela.

El objetivo del CHC es ofrecer a los hospitales municipales (la mayoría controlados por miembros de CiU y PSC) diversos servicios de gestión. Básicamente se trata de decir a los alcaldes: «Tú no te preocupes de nada, nosotros te hacemos todo: gestión financiera, gestión de contratación pública, gestión de personal, gestión integral…». La idea tuvo éxito y el CHC se hizo, de esta manera, con la gestión de miles de millones de euros públicos a lo largo de los siguientes 25 años. Pero, como veremos, parte de este éxito se logró gracias a prácticas muy cuestionables y, en algunas ocasiones, directamente irregulares. Esto sirvió para que varios empresarios, entre ellos Ramón Bagó, hicieran grandes negocios gracias al dinero de la sanidad pública.

Después de la aparición en el mes de agosto del cómic Sociovergencia sanitaria… hicimos una pausa en el ritmo de publicaciones. Durante la segunda mitad de 2011 no publicamos casi nada sobre los hospitales de Blanes y Calella. Habíamos descubierto el mecanismo que relacionaba la CSMS con el poder local y la relación de Ramón Bagó con el CHC, una relación que nos ponía sobre la pista de un problema sistémico. Todo ello nos obligaba a abrir nuevas vías de investigación que iban mucho más allá de los hospitales de la CSMS y los alcaldes de nuestros pueblos. Nos vimos obligados a salir del ámbito local en el que habíamos trabajado siempre. La sensación era de un cierto vértigo, y durante los siguientes cinco meses permanecimos en silencio. Dedicamos esos cinco meses a estudiar más a fondo la figura de Bagó, el CHC y las decenas de personas e instituciones relacionadas. Si hasta ahora habíamos trabajado para comprender la arquitectura del modelo, a partir de ahora había que trabajar para entender cómo sus arquitectos se beneficiaban de esta estructura.

En tierra de bandoleros: una emboscada al presidente Mas

Durante estos meses de silencio pasaron dos cosas muy importantes para Marta y para mí. La primera fue entre septiembre y diciembre de 2011, cuando Marta, yo y una veintena de vecinos de Breda dormimos 120 noches en el suelo del CAP, que los recortes habían cerrado en horario nocturno, dejando a los habitantes de Breda a 30 minutos del médico más cercano. Ocupamos el CAP, cortamos carreteras, nos encadenamos a la Delegación del Gobierno en Girona para hablar con el delegado de Salud e, incluso, hicimos una «emboscada» al presidente Mas durante una visita a Sant Hilari. El presidente Mas tenía que pasar esa mañana por un camino en medio del bosque para asistir a un encuentro con altos cargos de Convergencia. Allí nos reunimos unos 200 activistas de toda la comarca de la Selva (donde se habían cerrado durante las noches 7 CAP de golpe). El objetivo era bloquear el camino por donde debía pasar el presidente. Mientras esperábamos a que llegara, un grupo de Mossos d’Esquadra tomó posición. Pasamos las dos horas siguientes como dos ejércitos en sus trincheras, en espera del presidente.

Los Mossos d’Esquadra escuchando la canción de Serrallonga cantada por los manifestantes. UNITSPELCAP.wordpress.com

“Mas escucha pero no cede en los CAP”. Explicándole a Artur Mas los peligros de cerrar los CAP de la Selva durante las noches. CAFÈAMBLLET.

Se notaba que estábamos en tierra de bandoleros: a un lado, los Mossos que venían a abrir paso al presidente; al otro, 200 personas, en medio del bosque, esperando a Artur Mas y cantando una y otra vez la canción del bandolero Serrallonga. Estoy seguro de que bajo su uniforme muchos Mossos tenían la piel de gallina:

Del corazón de las Guillerías

saldrá un gran estallido

que hará ecos de guerra

en las paredes de Tavertet.

Desde Sau a la Cellera,

desde el Far al Matagalls,

el trabuco de Serrallonga

volverá a los escondrijos.

Vuelve, vuelve, Serrallonga,

que la encina nos quemarán,

que nos arrancarán las piedras,

que la tierra nos robarán.

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“Ciudanos hacen una emboscada a Artur Mas”

El presidente llegó a la hora de comer. Aparcó a un lado del camino y bajó del coche a hablar con nosotros. Le expusimos nuestras demandas. Le dijimos que el millón de euros que se ahorraban cerrando los 7 CAP eran el mismo millón de euros que se gastaba la Diputación en cargos de confianza. Nos respondió cuatro tonterías mientras sus acompañantes iban diciendo que sí con la cabeza. Entre estos acompañantes estaban Xavier Trias, el alcalde de Barcelona, y Robert Fauria, alcalde de Sant Hilari y actualmente imputado por presunto soborno en la Operación Pokemon. Después de unas cuantas respuestas vacías, el presidente y su comitiva subieron a sus coches y desfilaron hacia el lugar de la reunión de CDC, el lujoso hotel Vilars Rurals, propiedad de Ramón Bagó.

David de Reus

La otra cosa importante que nos sucedió en esos cuatro meses de silencio fue conocer a David Vidal, concejal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en Reus. Alguien nos dijo que «en Reus hay un chico que trabaja en algo parecido a lo vuestro». En las elecciones municipales del 22 de mayo (aquellas que se celebraron con cientos de miles de personas en las plazas de toda España), David Vidal fue el único representante de la CUP que obtuvo representación en el Ayuntamiento de Reus. Como concejal, David se convertía automáticamente en miembro de los diferentes consejos de administración de las empresas municipales de la ciudad. Esto le permitía tener acceso a mucha documentación. Una de estas empresas municipales era Innova, gestora del Hospital Sant Joan de Reus. La historia de lo que hizo David con esta información merece un libro entero (véase el capítulo «La increíble historia de un jardinero de Reus»).

Para Marta y para mí, contactar con David tuvo una importancia vital. Durante los meses en los que nos enfrentamos al silencio municipal en Blanes, Calella o Lloret, la sensación era de aislamiento. Es verdad que durante aquellos meses tuvimos contacto con gente que nos alentaba y nos ayudaba a continuar con nuestro trabajo. Una de estas personas era Àngels Martínez Castells, economista, profesora de la UB y miembro de Dempeus per la Salut Pública. Durante meses Àngels nos explicó en largas conversaciones telefónicas todo lo que sabía sobre el sistema sanitario catalán. Más allá del aspecto técnico, la experiencia de décadas de lucha de Àngels nos ayudó mucho desde un punto de vista emocional. Recuerdo que un día, especialmente pesado, Marta le preguntó por teléfono a Àngels: «Pero, Àngels, ¿qué haces cuando ves que trabajas y esta gente hace ver que no existes? ¿Qué haces cuando ves que mienten descaradamente, y sabes que están mintiendo descaradamente, y no puedes hacer nada para evitarlo? ¿Qué haces con tanta impotencia?». Al otro lado de la línea Àngels le dijo: «Seguir, lo único que tienes que hacer es seguir adelante».

En el ámbito local tuvimos el apoyo de las secciones locales de ICV de Blanes y Calella, del grupo independiente MILLOR de Lloret de Mar o de la incipiente sección comarcal de la CUP. Pero, teniendo en cuenta que lo que estábamos viendo se estaba produciendo en toda Cataluña, aún encontrábamos demasiado silencio a nuestro alrededor. Si nos encontrábamos con un problema sistémico en todo el país, nos preguntábamos por qué no había movimientos en otros puntos del sistema.

Encontrar a David Vidal en Reus fue muy importante, una especie de bálsamo. El hecho de saber que se estaban moviendo cosas en otros puntos de Cataluña era personal y mentalmente liberador. Saber que no éramos los únicos que se quedaban ante el ordenador mirando documentos y buscando informes del registro mercantil para entender el lío sanitario nos hacía sentir acompañados.

David llevaba meses trabajando con sus dos compañeros de partido —Bartomeu Castellano y Xavier Milian— descubriendo las perversiones de la gestión municipal de la sanidad, la enorme opacidad del sistema y las profundas conexiones políticas de CiU y PSC con todo el entramado. Las primeras conversaciones telefónicas que mantuvimos a finales de diciembre de 2011 fueron, incluso, emocionantes. Él en Reus y nosotros en la Selva y el Maresme confirmábamos todo lo que, por separado, habíamos descubierto. Encontramos los mismos patrones de gestión, los mismos conflictos de intereses, la misma connivencia sociovergente e, incluso, los mismos nombres implicados. El encuentro con David confirmaba que estábamos ante de una trama que operaba en Cataluña. Una trama que empezaba a mostrar su cara más oscura.

De espaldas al Parlamento, de espaldas a los ciudadanos

Trabajamos todas las vacaciones de Navidad y el 8 de enero de 2012 rompimos el silencio de los últimos cinco meses. Publicamos el artículo «Ramón Bagó: el hombre que se contrataba a sí mismo con dinero público». Lo abríamos así:

La enorme red de empresas públicas, semipúblicas, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles y otras creaciones destinadas a gestionar dinero público hace que se den situaciones difícilmente compatibles. (…) En nuestra zona el caso de Ramón Bagó ilustra esta situación a la perfección: por un lado Bagó ha gestionado durante treinta años dinero de la sanidad pública y, por otra, se encarga de que decenas de millones de euros de ese dinero vayan a parar directamente a sus empresas privadas.

(…) A pesar del carácter «público» del CHC, las personas que lo dirigen no son elegidas democráticamente, sino que forman parte de un exclusivo círculo que muchos llaman la aristocracia de la sanidad. Un círculo de personas y miembros de partidos —casi todos del PSC y CiU— que se reparten cargos desde donde se gestionan cientos de millones de euros públicos.

Una aristocracia que había accedido a los puestos de poder del CHC gracias a elecciones democráticas municipales, pero que, poco después, se deshace de la molestia que supone la democracia:

Tanto Bagó como Abelló accedieron a la cúpula del CHC gracias a su cargo político en poblaciones con hospitales locales de cierta importancia. Cuando ambos perdieron sus puestos como alcaldes, un oportuno cambio en los estatutos les ha permitido aferrarse a la silla y continuar durante años dirigiendo el CHC. El Triangle (20/09/04).

Así pues, el CHC consiguió sus objetivos y se convirtió en una pieza clave de un sistema de gestión de miles de millones de euros destinados a los hospitales municipales. Una gestión de dinero que, a pesar de ser de todos los ciudadanos, se hace a espaldas del Parlamento. El día 10 de diciembre de 1998 el diputado de ERC, Joan Ridao, puso el dedo en la llaga sobre la falta de transparencia y control del sistema:

Las reformas puestas en marcha por el Govern son una aplicación a ultranza de las técnicas de gestión empresarial. La creación de empresas públicas y entes instrumentales escapan del necesario control político y democrático. Aunque se nutren en buena parte de los recursos públicos no están sujetos al control y la fiscalización democrática de este Parlamento.

Ridao no iba desencaminado. Dos años antes la diputada Imma Mayol (ICV-EUiA) preguntó en el Parlamento sobre los contratos que recibía el Grupo Serhs de Ramón Bagó por parte de varios hospitales (algunos controlados por CHC del mismo Bagó). La respuesta del entonces consejero de Sanidad y Seguridad Social, Eduard Rius Pey, confirmó la falta de control del Parlamento sobre una gran parte del dinero público destinado a la sanidad con una respuesta que resume la magnitud de la opacidad:

Los centros hospitalarios del Instituto Catalán de la Salud que son financiados directamente por la Generalitat de Cataluña no tienen ningún servicio contratado con ninguna empresa del Grupo Serhs. En cuanto al resto [el sector concertado] no disponemos de la información requerida, dado que estos centros no son financiados directamente por la Generalitat de Cataluña, sino mediante la contraprestación económica de los servicios sanitarios contratados por el Servicio Catalán de la Salud. 20 de febrero de 1996

Se ponía de manifiesto que el Parlamento se había convertido en una estructura vacía, casi decorativa, cuando se trataba de saber cómo se gastaba el dinero de los ciudadanos. Como no podía ser de otra manera, cuando hay mucho dinero fuera de control, mucha gente se hace rica de forma «poco ejemplar». Unos mecanismos que, años más tarde, se confirmarían plenamente. El 21 de marzo de 2012 el diario El País hizo un esclarecedor perfil de Bagó:

Ramón Bagó puede muy bien catalogarse como el prototipo de empresario emprendedor. Por ello recibió la Cruz de Sant Jordi en 2001. (…) De lo que conocemos hasta ahora se deduce que lo que se ha considerado un modelo de iniciativa se basa en algunos casos en una muy provechosa relación de promiscuidad entre la política y los negocios. (…) Bagó fue alcalde de Calella por CiU durante tres mandatos y director general de Turismo entre 1980 y 1984 en el gobierno de Jordi Pujol. Después pasó a ocupar diversos cargos como el de presidente del CHC, una entidad que se dedica a gestionar centros sociosanitarios concertados por la Generalitat y que se financian con fondos públicos. Este organismo de gestión concedió a las empresas de Bagó importantes contratos. (…) De todo ello se deduce que la mejor forma de ser emprendedor no es arriesgar un capital en nuevos e inciertos proyectos, sino asegurarse un lugar en las mesas públicas de contratación.

El Bagogate

El reportaje sobre Bagó tiene un fuerte impacto y los días siguientes son muy tensos. El 12 de enero, cuatro días después de su publicación, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) informa de que ha abierto una investigación para examinar los negocios de Ramón Bagó. El 16 de enero nos reunimos con el investigador de la OAC y le explicamos lo que habíamos averiguado sobre Bagó. Nada de lo que les explicamos los sorprendió demasiado. Daba la impresión de que la OAC llevaba tiempo tras la pista de Bagó. Después de un año de investigaciones, el pasado 29 de enero de 2013, el diario El País informaba de que la OAC había enviado a la Fiscalía el resultado de sus investigaciones. Un «informe demoledor de 8.000 páginas» donde la OAC «ve delito». Parecía que, poco a poco, se empezaba a romper el muro de silencio. Ya no éramos los únicos que poníamos en cuestión el sistema y a uno de sus arquitectos, Ramón Bagó. Ahora también se nos unía la OAC.

Pero a pesar de este primer y pequeño triunfo para romper el silencio que rodeaba a Ramón Bagó y sus negocios, estaba claro que meterse con el gran prohombre no podía salir gratis. A lo largo de los siguientes meses sabríamos lo caro que puede salir sacar la máscara a uno de los hombres más poderosos de Cataluña.

La primera amenaza llegó solo 8 días después de la publicación del artículo, el 16 de enero, en forma de un nuevo (y patético) comunicado de los directivos de los hospitales de Blanes y Calella:

Esta dirección no entiende cuál es el objetivo de estas desinformaciones y el motivo que hace que medios serios se hagan eco sin que haya ni un intento de contrastar las opiniones y los hechos.

La cosa se ponía difícil para el señor Conill y sus compañeros directivos. Hasta ahora el enemigo era una pequeña revista de pueblo con un nombre tan ridículo como CAFÈAMBLLET. Pero la mancha iba creciendo. El comunicado de la CSMS decía que todo se hace «sin que haya ni un intento de contrastar las opiniones y los hechos», olvidando que nuestra revista llevaba meses pidiendo información sin ningún éxito.

Aparte de eso, parecía que los diarios no llegaban a las oficinas de la dirección y que todavía no se habían enterado de que la propia Oficina Antifraude también estaba tras la pista que señalaba el artículo del CAFÈAMBLLET y que tanto los ofendía. El comunicado continuaba con un intento clásico de los directivos, esconderse detrás de la institución:

Entendemos que dañar la imagen de la Corporación va más allá de su Consejo Rector o su equipo directivo. A la corta o a la larga perjudica la imagen de la entidad y de la organización.

El equipo directivo en ningún momento piensa que lo que «daña la imagen» de la Corporación es la tenacidad con la que llevaban meses ocultando información sobre el destino de millones de euros públicos. Lejos de cualquier autocrítica el comunicado de los directivos continúa:

La postura que en este tipo de casos toma la dirección es no contestar a los medios que reiteradamente falsean las informaciones o desfiguran las declaraciones. Solo se da respuesta a aquellos medios dispuestos a rectificar.

Parece que quieran decir, «solo estaremos contentos con los medios que se traguen nuestra versión». El comunicado dejaba para el final la parte que mejor retrata su talante:

En todo caso, si en algún momento la imagen de la profesionalidad tanto asistencial como de servicios de apoyo o de calidad de la organización se pusiera en entredicho, la dirección actuaría con todas sus posibilidades.

Es decir: «perseguir a quien se atreva a cuestionar cómo nos gastamos el dinero del pueblo».

Desde que en el CAFÈAMBLLET empezamos a investigar el sistema sanitario, Marta y yo pudimos escuchar muchas mentiras por parte de los gestores sanitarios, pero rara vez sentimos una sensación tan profunda de impotencia como cuando leímos este comunicado. Meses más tarde, cuando mi madre me regaló la biografía de Ben Bradlee, vimos que esta manera de reaccionar del poder cuando sus trapos sucios quedan al descubierto es muy normal.

Ben Bradlee era el director de The Washington Post cuando el diario descubrió el caso Watergate, que acabó con la única dimisión de un presidente estadounidense, Richard Nixon. Por supuesto no nos atreveríamos nunca a comparar aquel hito del periodismo con nuestra humilde investigación, pero lo que sí se puede comparar son las patéticas reacciones de los que tienen muchos cadáveres en los armarios por ocultar. Cuando The Washington Post comenzó a informar sobre el verdadero alcance del Watergate, la primera reacción del equipo de Nixon fue muy similar a la de los directivos de la Corporación. Bob Dole, del partido Republicano, intentó desacreditar el trabajo de los periodistas:

La reputación de objetividad y credibilidad del Post ha caído tan bajo que casi ha desaparecido del todo.

Otro hombre del presidente Nixon, Ron Ziegler, dijo que los artículos del Post:

Están basados en rumores e indirectas e intentan, por asociación, encontrar culpables.

Un tercer hombre de Nixon llegó a decir:

Utilizando indirectas, rumores de terceras personas, acusaciones infundadas, fuentes anónimas y grandes titulares, el Post ha buscado premeditadamente dar la sensación de que existía una conexión directa entre la Casa Blanca y el Watergate, una acusación que media docena de investigaciones han encontrado falsa, y el Post lo sabe.

Desde que The Washington Post publicó la primera noticia sobre el Watergate hasta la dimisión del presidente Nixon pasaron 25 meses. Desde que empezamos a preguntar qué está pasando en los hospitales de Blanes y Calella han pasado 23 meses. ¿Quién dimitirá? ¿Dimitirá el diputado de CiU, Xavier Crespo, a quien meses más tarde descubrimos participando en una trama que hizo desaparecer 2,4 millones de euros de estos dos hospitales? ¿Dimitirá el actual gerente de los hospitales, Nuria Constans, que avaló con su firma estas irregularidades? De momento ya están en la fase de lo-negamos-todo-hasta-que-se-olviden. A Nixon no le sirvió. A ellos tampoco les servirá.

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“A Nixon no le sirvió. A CiU tampoco les servirá”

Operación Limpieza

Aparte del comunicado de los directivos de la CSMS, se pusieron en marcha mecanismos de defensa más profundos. Por ejemplo, el 8 de agosto de 2011 publicamos el cómic Sociovergencia Sanitaria, donde explicamos los negocios de Ramón Bagó. Unos meses más tarde, el 6 de octubre, el alcalde de Calella, Josep María Juhé, inicia los trámites para conceder la Medalla de Oro de Calella y el título de Hijo Predilecto a Ramón Bagó. El 3 de noviembre el plenario municipal aprueba por unanimidad la concesión de estos galardones. Cuando el 8 de enero del 2012 publicamos «Ramón Bagó: la increíble historia del hombre que se contrata a sí mismo con dinero público», la reacción es similar: el 11 de febrero se realiza el acto público de concesión de los títulos. ¿Casualidades? En ese acto la alcaldesa Montserrat Candini dijo:

Su empuje, su impresionante empuje, su capacidad de liderazgo, hicieron posible el hospital de nuestra ciudad, de la manera que lo conocemos hoy. Y quiero trasladar, en este punto, como así me lo pidieron, la adhesión por parte de todos los miembros del Consejo Rector de la CSMS al acto de reconocimiento que estamos celebrando hoy.

La operación de limpieza de la imagen de Bagó incluía también la esfera mediática. El 3 de febrero, veinte días después de que hubiéramos publicado «Ramón Bagó, la increíble historia…», el periodista de Calella Saúl Gordillo (actual jefe de Contenidos Digitales en El Periódico de Cataluña) publica un artículo titulado «Bagó y el liderazgo bien entendido»:

El liderazgo, en cambio, es una de las cualidades que ha demostrado a lo largo de su larga trayectoria el empresario Ramón Bagó, primer alcalde de la democracia en Calella. Político local y empresario, ha construido el principal grupo turístico del país y la empresa más importante de la comarca. El Maresme ha perdido entidades financieras, y un montón de empresas con la crisis. Pero tenemos el Grupo Serhs. (…) Bagó es una personalidad de una energía y firmeza incomparables. Ha levantado Serhs, ha hecho de alcalde cuando Calella era capital del Alt Maresme y ha jugado un papel clave en el turismo catalán. El 11 de febrero recibirá la Medalla de Oro y será nombrado Hijo Predilecto de Calella. (…) Cuando pienso en Bagó me vienen a la cabeza palabras como liderazgo, fuerza, ambición y progreso. Sí, sí, el progreso entendido como la capacidad que tienen las empresas de generar riqueza y repartirla capilarmente en el territorio. (…) Ya quisieran los alcaldes de ahora tener una parte de la valentía y generosidad de Bagó. Generosidad e inteligencia. (…) Bagó afronta ahora una investigación tras la que yo veo la sombra del PP. El tiempo dirá si hay irregularidades en la duplicidad de cargos. De momento, el tiempo nos dice que la multiplicidad de éxitos es merecedora de un justo reconocimiento en su ciudad natal.

Cinco días más tarde de la publicación del artículo de Gordillo (y conscientes de que ahora éramos, según Gordillo, «la sombra del PP») publicamos una segunda parte de nuestro reportaje: «Ramón Bagó se sigue contratando a sí mismo», donde explicamos el escandaloso caso del Centro Integral Sanitario Cocheras de Nou Barris. El mecanismo ya lo conocíamos: el CIS Cocheras estaba gestionado por CHC, dirigido por Ramón Bagó. Cuando llega el momento de comprar varios utensilios, el CHC adjudica los contratos a la empresa del mismo Bagó. En total 1,2 millones de euros en adjudicaciones en solo 4 días.

En los meses siguientes esta limpieza de cara mediática de Bagó llegaría a niveles surrealistas en medios de tirada nacional. Un importante diario, incluso, llegó a presentarlo como una especie de Robin Hood del siglo XXI. Pero la campaña de defensa de Bagó fue más allá del ámbito mediático. Hacía falta acallar a los que estaban dañando su imagen. El entorno de Ramón Bagó se preparaba para acallar al CAFÈAMBLLET sin reparar en gastos. En cierto modo, sin embargo, el libro que tenéis en vuestras manos es la prueba de que el tiro les salió por la culata.

Capítulo 6
YouTube como punto final

Donde se cuenta cómo un pequeño e influyente grupo de empresarios se convierten en «proveedores privilegiados» del sistema sanitario y de cómo, cansados, decidimos colgar un vídeo YouTube.

La publicación detallada de la trama creada por Ramón Bagó fue un punto de inflexión. Publicar esto era poner la firma a una de esas cosas que todo el mundo sabe, que se dicen desde hace años, pero que muy poca gente se atreve a decir en voz alta. Una de esas pocas voces que se atrevieron a poner luz sobre la figura de Ramón Bagó fue el semanario El Triangle.

En los años noventa el semanario siguió la trayectoria de Bagó y describió las tramas y las puertas giratorias que relacionaban la sanidad pública con un entramado de empresas muy cercanas al poder. Y lo más importante: había puesto nombres y apellidos a las personas que se estaban beneficiando de esta situación. El 20 de septiembre de 2004 El Triangle publicó este titular:

«El déficit de la sanidad pública ha enriquecido la empresa privada»

Un reducido grupo de empresarios, estrechamente vinculados a la transversal sociovergente, se ha hecho de oro en los últimos años gracias a haberse convertido en proveedores privilegiados de la red hospitalaria concertada, la cual se lleva el 50% del gasto.

El artículo ponía la lupa sobre el entramado de empresas privadas que se habían hecho ricas gracias a los presupuestos sanitarios y la relación de estas empresas con el poder político, sobre todo sociovergente:

Aunque, como se ha visto, el modelo sanitario catalán es financieramente insostenible para el erario público, también es, paradójicamente, altamente rentable para un puñado de empresas privadas que se han convertido en proveedoras casi en exclusiva del sistema, y que en los últimos quince años han vivido un crecimiento exponencial.

El artículo cita, como principales beneficiarios del modelo sanitario catalán, al empresario Carles Sumarroca (cofundador de Convergencia y amigo personal de Pujol), Albert Núñez Pérez (ex decano del Colegio de Fisioterapeutas y propietario de Fisiogestió, que recibe el 90% del dinero público destinado a fisioterapia), Josep María Via (fundador, con el citado Albert Núñez, de la empresa Gesaworld), y Ramón Bagó:

Muchas de las empresas de Bagó son hoy proveedoras de un gran número de hospitales concertados. Pero además de empresario, Bagó tiene otra cara: la de factótum del CHC. Durante años, pues, el Bagó concesionario negociaba con el Bagó adjudicatario.

Otra voz que intentó romper el silencio fue la del sindicato CATAC-CTS. Durante años señaló las maniobras de Bagó, el CHC y sus empresas. En Mataró, incluso se enfrentaron a él y le ganaron una importante partida gracias a la lucha y el boicot.

En mayo de 1996, el entonces diputado de ERC Joan Puigcercós hizo una serie de declaraciones en el Parlamento en relación a la época en la que Bagó fue presidente del Salón Internacional de Turismo:

El 26 de enero de 1996, un medio de comunicación escrito de Barcelona denunciaba el hecho de que la Generalitat y concretamente el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo había pagado los gastos del Salón Internacional de Turismo a una empresa a nombre del presidente de este Salón, el Sr. Ramón Bagó.

Esta era la introducción a una batería de 21 preguntas sobre contratos y subvenciones varias. Una de las respuestas a estas preguntas ilustra una táctica habitual en el Parlamento en temas relacionados con Bagó:

La selección de empresas que dan servicio a la Feria Oficial e Internacional de Muestras de Barcelona corresponde a aquel organismo y, por tanto, la información solicitada no se encuentra en los archivos de este Departamento.

Una respuesta que se podría resumir como «no sabe, no contesta». Una respuesta calcada a la que recibió, ese mismo año, una diputada que preguntó sobre los contratos que Bagó recibía, esta vez, en el sector sanitario:

No disponemos de la información requerida, dado que estos centros no son financiados directamente por la Generalitat de Cataluña.

Unas respuestas que se parecen muchísimo también a la que recibió, en 2012, el diputado Josep Vendrell (ICV) cuando preguntó, otra vez, por los contratos que recibía Bagó también del sector sanitario:

En el caso de los servicios no sanitarios, como es el caso de los servicios que ofrece el Grupo Serhs, no hay ningún requerimiento informativo. Barcelona, 7 de marzo de 2012. Boi Ruiz i García, consejero de Salud.

Vacas gordas sin internet

En definitiva, dinero público fuera del control parlamentario. Pero ni los artículos de El Triangle, ni las denuncias y luchas de CATAC-CTS, ni las preguntas parlamentarias de los años noventa tuvieron el eco que la situación merecía y la fiesta en la que algunos habían convertido la sanidad catalana continuó. Creo que la falta de repercusión de este trabajo tan valioso se debe a dos motivos principales.

El primero, que estas denuncias fueron hechas en época de vacas gordas. Es posible que mucha gente viera con reprobación lo que estaba pasando, pero, a pesar del amiguismo, las influencias y el descontrol, el sistema funcionaba razonablemente bien, todo el mundo cobraba lo que tenía que cobrar y los ciudadanos tenían garantizado el acceso a una sanidad que cada vez era de mejor calidad.

La segunda circunstancia era de carácter tecnológico: en los años noventa internet no estaba, ni mucho menos, tan extendido como hoy y la capacidad de hacer llegar información desde fuera de los canales masivos era prácticamente nula. El Triangle, a pesar de ser una institución de referencia en cuanto al periodismo de investigación, nunca fue un medio de masas. Por su parte, las denuncias y los hallazgos hechos por CATAC-CTS tenían como único canal de difusión: los boletines sindicales que, con más voluntad que recursos, hacían llegar a los trabajadores más concienciados.

Por eso, cuando la gente dice que CAFÈAMBLLET «destapó» el escándalo de la sanidad, hay que decir que CAFÈAMBLLET solo es heredero de un trabajo que hacía años que se estaba llevando a cabo. Si nuestra revista tiene un mérito, este es buscar nuevas maneras de explicar el escándalo y usar internet para que esta información llegara a cientos de miles de personas que, ahora sí, estaban muy, muy preocupadas con el destino de la sanidad pública.

Un mal olor que se extiende por toda Cataluña

La figura de Ramón Bagó fue clave para entender, finalmente, que en ningún caso estábamos hablando de un problema local. Estábamos muy contentos de, por fin, empezar a ver la fotografía completa de la situación, pero, por otra parte, veíamos que era un proyecto demasiado grande para una revista hecha en un garaje. Después de publicar los dos reportajes sobre Bagó en nuestra revista, ¿qué más podíamos hacer? Obviamente publicamos la noticia en nuestra web, pero no dejaba de ser la web de un medio de comarcas.

Estábamos satisfechos porque durante aquellos días en nuestra zona todo el mundo hablaba de los reportajes de Bagó. Pero era un rumor sottovoce. El Grupo Serhs tiene una gran cantidad de clientes dentro del mundo de la restauración y la hostelería en toda la zona donde se reparte el CAFÈAMBLLET, sobre todo en la franja costera entre Calella y Lloret de Mar. A la vez, la enorme red de empresas de Bagó emplea a mucha gente de la zona de manera directa y muchos empresarios son proveedores de alguna de las 65 empresas del Grupo Serhs. Todos estos eran motivos de mucho peso que explicaban el silencio histórico alrededor de Bagó. Un silencio que solo se rompía para alabar al ex alcalde. Nadie sabía nada, ningún medio local no había publicado nada al respecto y muy pocos grupos políticos habían hablado del tema en los plenarios. Parecía que Bagó no existía. Tras la publicación de los dos reportajes, durante semanas oímos la cantinela de «esto hace años que se sabía». Pero las reacciones acababan aquí y, a excepción de algunas preguntas en los plenos municipales de Blanes y Lloret, el silencio continuaba bien sólido. A pesar de nuestros reportajes y de la investigación iniciada por la Oficina Antifraude de Cataluña, el poder local miraba hacia otro lado o directamente atacaba a quien osaba hablar del «gran hombre».

Un peso demasiado grande

En el ámbito personal, Marta y yo empezábamos a sufrir un desgaste muy grande. La impotencia ante los comunicados de la CSMS, la rabia ante la connivencia de los que se presentaban como representantes del pueblo, todo esto empezaba a pasarnos factura. No éramos una gran redacción, no éramos un grupo de activistas, ni teníamos ningún apoyo más allá del de los amigos y conocidos.

El peso de la investigación también se notaba desde un punto de vista económico. Es verdad que, desde que empezamos a publicar lo que estaba pasando en los hospitales, mucha gente hablaba del CAFÈAMBLLET y su notoriedad iba creciendo. Pero esto no se convertía en dinero. Al contrario. Por un lado, las horas dedicadas al tema sanitario eran las robadas al resto de tareas que implica hacer funcionar una revista, y cada vez dedicábamos menos tiempo al resto de temas que se supone que debe cubrir una revista local: los deportes de la zona, las actividades de las asociaciones; en definitiva, el día a día de nuestras comarcas.

Por otra parte, el CAFÈAMBLLET es una revista que se financia exclusivamente gracias a la publicidad que contratan las empresas de la zona. Marta y yo nos habíamos desentendido casi completamente de la gestión comercial y llevábamos meses centrándonos en el tema que nos tenía absorbidos. A pesar del buen trabajo de Manoli, nuestra comercial, la facturación empezaba a resentirse. Para acabar de redondear la situación, empezábamos a detectar que ciertos anunciantes recelaban de poner su anuncio en una revista tan guerrillera. En definitiva, estábamos llevando una doble vida. Por un lado teníamos una revista local que había que mantener viva y, por otro, estábamos dedicando enormes cantidades de tiempo y energía en hacer una investigación que sobrepasaba nuestras posibilidades.

Todo ello nos obligaba a Marta y a mí a hacernos una pregunta: ¿Podemos continuar haciendo este trabajo solos? ¿Podemos continuar indefinidamente robando horas al sueño, a la vida familiar, a la empresa que nos da de comer? La respuesta era clara: no.

Una noche, ante una copa de vino, tomamos una decisión: había que detener todo esto. El coste emocional era muy grande y no podíamos vivir siempre con esta tensión. Al fin y al cabo, nosotros ya habíamos hecho nuestro trabajo, incluso más de lo que se puede pedir a un medio tan pequeño como el nuestro. Había que ser realistas y aceptar que habíamos llegado a nuestro límite. Pero antes de dejarlo definitivamente, decidimos que haríamos una última cosa: haríamos un vídeo explicando todo lo que habíamos aprendido hasta ese momento y lo colgaríamos en YouTube. El título del vídeo sería El mayor robo de la historia de Cataluña. Con ello cerraríamos este capítulo de nuestra vida. Nosotros creíamos que este era el final de camino, pero, de nuevo, sería el principio de una gran aventura.

Parte II

El periodismo consiste, esencialmente, en decir.

GILBERT KEITH CHESTERTON, escritor británico (1874-1936)

Todas las cosas ya han sido dichas, pero como nadie escucha, hay que volver a empezar siempre.

ANDRÉ GIDE, escritor francés (1869-1951)

Capítulo 7
CAFÈAMBLLET productions

Donde se detallan los pasos a seguir para hacer un vídeo en casa para exigir respuestas a los que se gastan nuestro dinero.

Hoy, a finales de marzo de 2013, mientras Marta y yo escribimos el libro que tenéis en vuestras manos, se cumple un año de la publicación en YouTube de El mayor robo de la historia de Cataluña. Hoy, un año después de pulsar el botón publicar no podemos evitar preguntarnos si éramos conscientes de lo que estábamos a punto de hacer, de las consecuencias que comportaba publicar este vídeo. La respuesta es no. Lo único que teníamos absolutamente claro es que había cosas que era necesario que quedaran dichas en público. Vimos que YouTube podía ser una especie de Speaker ‘s Corner de nuestra sociedad conectada donde poder tomar la palabra y decir lo que muchos no querían que fuera dicho. Un lugar desde donde poder gritar bien alto: «¡El rey está desnudo! ¡Y se contrata a sí mismo con dinero público!». ;-)

Un vídeo casero

Trabajamos el guión del vídeo durante cerca de diez días, buscando la mejor manera de ordenar todos los datos, todo lo que habíamos aprendido en los últimos meses sobre el funcionamiento de la sanidad pública. La idea era hacer un vídeo de no más de siete u ocho minutos, pero, después de hacer varias versiones, vimos que no había manera de bajar de los veinte. Finalmente dijimos: «Como si no lo mira nadie. Esto es lo que queremos decir y esto diremos. Y quien no tenga tiempo, que no lo mire».

Con el guión terminado, solo quedaba solucionar la parte técnica. No teníamos ni cámara ni micro ni focos. Hablamos con un amigo que se dedica a temas audiovisuales y nos dijo que en un par de semanas estaría libre y podría traer el material a casa. Pero teníamos prisa. Queríamos hacer el vídeo lo antes posible, con esa sensación de querer sacarte un peso de encima. Entonces se nos ocurrió que lo podíamos hacer directamente con la cámara y el micro integrados del ordenador. Para la iluminación pensamos que con la luz del escritorio tendríamos suficiente. Hicimos algunas pruebas. La calidad de la imagen no era la mejor y la del sonido tampoco, pero se veía bien y se entendía lo que se decía. Con esto nos bastaba.

La otra cosa que teníamos que resolver era cómo decir el texto. Enseguida descartamos la opción de aprenderlo de memoria. Eran 18 minutos, 9 folios completos, y por más buena memoria que tuviéramos, no funcionaría. También descartamos la opción de leer el texto en un papel, al estilo Rajoy.

Hubiera estado muy bien tener un teleapuntador, una de esas pantallas que usan los presentadores de telediarios donde va apareciendo el texto. Pero esto estaba fuera de nuestras posibilidades. Intenté fabricar un teleapuntador con una caja de cartón y el cristal de un marco de fotos, pero no funcionó. Después de darle unas cuantas vueltas vimos que, si poníamos el documento de Word en pantalla completa, la primera línea de texto quedaba justo debajo de la cámara integrada del ordenador. Así, si nos poníamos a una cierta distancia, parecía que quien leía el texto estaba mirando a la cámara. La idea era hacer correr el texto para que la línea que había que leer quedara siempre arriba del todo. Las primeras pruebas de lectura las hice yo y Marta, sentada a mi lado, iba haciendo correr el texto con la rueda del ratón. Nos encontramos con dos problemas más. El primero era que la rueda del ratón hacia un ruidito mecánico, una especie de cric-cric, que luego se oía en el vídeo. En Breda no había ninguna tienda para comprar un ratón más bueno y, como teníamos prisa, solucionamos el cric-cric envolviendo el ratón (y la mano de quien manejaba la rueda) con una toalla gruesa. El segundo problema era más complicado. Tanto en castellano como en catalán (queríamos hacer una versión en cada idioma) mi acento era, por decirlo de alguna manera, «un foco de distracción». Nacido en Argentina, de padre italiano y, a pesar de llevar veinte años viviendo en Cataluña, mi acento estaba allí. Ni argentino, ni italiano, ni catalán.

Después de las primeras pruebas vimos que, además de no tener buen equipo, no teníamos un buen locutor. Marta no sabía muy bien cómo decírmelo, y yo no sabía muy bien cómo decirle que quien tenía que poner la cara y la voz a aquel texto era ella. Después del segundo intento, Marta dijo:

—A ver, coge tú el ratón y déjame probar a mí.

Parecía que lo hubiera hecho toda la vida. Miró a la cámara y arrancó con total naturalidad: «Llevamos dos años estudiando el sistema sanitario catalán y puedo demostrar que es un nido de corrupción y opacidad. Un agujero negro por donde desaparecen, cada año, cientos de millones de euros». Sería su cara y su voz las que pondrían nombres y apellidos al escándalo sanitario. Sería ella la que daría la cara y se dirigiría a alcaldes, gestores y empresarios poderosos. Ella les haría las preguntas que hacía meses se negaban a contestar.

Marta pidiendo explicaciones en el vídeo El mayor robo de la historia de Cataluña.

El último problema que había que resolver era el eco que tenía la habitación. Todavía no habíamos colgado cortinas ni habíamos montado la biblioteca con los libros, que todavía estaban en las cajas donde los metimos cuando nos fuimos de Blanes. Para solucionarlo bajamos los colchones, el nuestro y los de los niños, y los pusimos en las paredes. Cogimos todos los cojines de la casa y los pusimos sobre el escritorio, alrededor del ordenador. Para asegurar el tiro incluso cogimos todos los abrigos y los colgamos en sillas. La calidad del sonido mejoraba un poco. Silenciamos los móviles, descolgamos el teléfono fijo, cerramos la puerta de la habitación y empezamos a grabar. Marta mirando a la cámara y soltando la artillería. Yo, con la mano envuelta con una toalla, iba haciendo correr la rueda del ratón. Los gatos, mientras tanto, rascaban la puerta. Ellos también querían salir. En tres horas habíamos grabado el vídeo que unos meses después saldría en las páginas de The Washington Post.

¿Nos ayudas a difundir un resumen?

“Paso a paso: Así se hace un vídeo casero para denunciar un sistema corrupto”

Incendio en la red

Hacía varios meses que tenía la costumbre de enviar cada viernes un mail a algunos de mis contactos con dos o tres líneas comentando la actualidad y algún enlace a una noticia que me hubiera llamado la atención. A veces añadía un enlace con una canción para empezar el fin de semana con una nota alegre. Marta ya había subido a dormir cuando, a las 02:24 h del sábado 19 de febrero, envié mi mail de esa semana:

19 de febrero de 2012

Hola a todos: Esta semana voy un poco tarde. Nos hemos entretenido mucho con la preparación de un vídeo: El mayor robo de la historia de Cataluña. Después de dos años investigando la sanidad catalana hemos descubierto cosas que parecen sacadas de una película de los hermanos Marx… Sería gracioso si no fuera porque nos están robando dinero. Dedicadle uno minutos. Os aseguro que descubriréis cosas sobre nuestro país que no sabíais.

Un abrazo, Albano

Es muy probable que, si estáis leyendo este libro, ya hayáis visto el vídeo. De todos modos, hemos creído interesante reproducir algunos párrafos y comentarlos. En el vídeo hablábamos de los negocios de Ramón Bagó, que hoy está siendo investigado por la Fiscalía. En el vídeo hablábamos de Josep Prat y Carles Manté, que hoy están imputados por seis delitos graves. Hablábamos de los hospitales de Blanes y Calella; hoy estos hospitales están siendo investigados por la Comisión de Investigación de la Sanidad Catalana del Parlamento de Cataluña.

El mayor robo de la historia de Cataluña (extracto).

Llevamos dos años estudiando el sistema sanitario catalán y puedo demostrar que es un nido de corrupción y opacidad. Un agujero negro por donde desaparecen, cada año, cientos de millones de euros. Dice el Gobierno de CiU que no hay dinero para la sanidad y que hay que recortar servicios, pero eso es mentira. El problema es que el dinero de la sanidad catalana está siendo robado sistemáticamente. Estamos ante el mayor robo de la historia de Cataluña. Una élite formada por políticos y empresarios se gasta el dinero de nuestra sanidad alegremente, sin ningún límite y sin que nadie los controle.

(…)

Grabamos este vídeo para que todos los ciudadanos en Cataluña sepan el enorme grado de corrupción que corroe el sistema sanitario. Porque lo que hemos descubierto en Blanes y Calella está pasando en toda Cataluña. Para entender el fraude, primero hay que hacer un poco de historia.

En este punto hacíamos un repaso de la historia del modelo sanitario catalán y formulamos las preguntas que durante meses se habían negado a contestar los alcaldes y gestores de la CSMS. Y continuábamos:

Entonces, ¿cómo podemos saber si los 459.000 euros de «gastos varios» del año 2010 no van directamente a la empresa de un hermano del alcalde de Blanes?

¿Cómo sabemos que los 82.000 euros de «gastos de representación» no han servido para pagar noches en hoteles de lujo en Mallorca a los directivos? ¿Cómo sabemos si los estudios y dictámenes que costaron 232.000 euros en 2010 existen? No podemos.

(…)

¿Recordáis que, hace unos años, Inglaterra entera se escandalizó porque un diputado se había gastado 2.000 euros para arreglar su jardín? Pues bien, en la Cataluña de los recortes, un grupo de personas coge 450.000 euros, pone «gastos varios» y aquí no pasa nada. Si miramos algunos de los personajes que mueven los hilos de nuestra sanidad, la cosa es aún peor.

A continuación describíamos todo lo que sabemos de Ramón Bagó y el mecanismo que le permite contratarse a sí mismo. Después presentamos a nuestros YouTube-espectadores dos personajes que darían mucho de qué hablar los meses siguientes.

Carles Manté, compañero de Bagó en el CHC y, hasta hace poco, presidente de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, dimitió de manera sorprendente el mismo día que la CUP de Reus denunció un presunto desvío de fondos europeos ante la Unión Europea. Este supuesto desvío tuvo lugar en la empresa semipública Innova, donde encontramos la empresa Shirota Foods, que había sido propiedad de Manté.

Encontramos a Josep Prat, que cobraba hasta hace dos semanas 300.000 euros al año y actualmente preside el Instituto Catalán de la Salud (ICS), a pesar de estar siendo investigado por la Oficina Antifraude.

La historia que rodea a Prat y Manté es maravillosa. Es la historia de cómo David Vidal, jardinero municipal, se convierte en concejal del Ayuntamiento de Reus y desde su nuevo cargo empieza a preguntar, a pedir documentación y termina poniendo contra las cuerdas a algunos de los hombres más poderosos de Cataluña. Si en vez de pasar en Reus, esta historia hubiera tenido lugar en Houston, en San Francisco o en Milwaukee, los estudios de Hollywood ya estarían poniéndose manos a la obra. A falta de ello, en la página 285 os contamos, detalladamente, la historia de David, Prat, Manté y los millones que se perdieron por el camino. Una historia que alguien en Twitter definió como «lo que podría ser la chispa que encendiera una revolución».

Nuestro vídeo se publicó el 19 de febrero de 2012. Un año y una semana más tarde, el 27 de febrero de 2013 a las 9 de la mañana, tres coches de la Guardia Civil aparcaban frente al bloque de pisos del centro de Mataró donde vive Carles Manté. Desde los balcones los vecinos hacían fotos y, desde la puerta del bar de enfrente, un grupo de vecinos miraban cómo los policías, algunos con chalecos reflectantes, otros con pasamontañas, entraban en el edificio. La mayoría de los vecinos no sabía que allí vivía un aristócrata de la sanidad catalana —según la definición de un diario al día siguiente—, pero un señor que lo miraba todo desde un balcón cercano sí lo sabía. Y también sabía que un año antes una revista de Blanes había publicado un vídeo donde se hablaba de Carles Manté. A las 9:14 me llegó este correo electrónico:

Buenos días:

Desde las 9 de esta mañana hay coches de la Guardia Civil y muchos agentes han entrado en casa de Manté y se han llevado cajas. Supongo que deben buscar los informes. He hecho una foto desde el bar de enfrente mientras tomaba un cortado. No se ven muy bien. Algunos agentes también estaban haciendo el cafecito. Trabajo cerca de la casa de Manté y ya hace mucho tiempo que os leo. Estáis haciendo un gran trabajo. ¡Adelante!

A la misma hora, en Reus, se repetía la misma escena en casa de Josep Prat. El diario El País describía la escena así:

En el caso de Prat, que vive en un chalet rodeado de fuertes medidas de seguridad, el registro se prolongó durante más de 12 horas, en medio de un trajín continuo de efectivos policiales, expectación mediática y vecinos atónitos que contemplaban desde sus vehículos de gama alta la presencia de la Guardia Civil.

El registro de la Guardia Civil en las casas de Manté y de Prat duró 12 horas. Después ambos fueron detenidos y pasaron la noche en el cuartelillo. A las treinta y seis horas del inicio de los registros los pusieron en libertad acusados de seis cargos: malversación de caudales públicos, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo y delitos contra Hacienda. También se les retiró el pasaporte y se les prohibió salir del país.

Y en este punto, cuando sabemos que Manté parece tener una forma muy «especial» de hacer informes, nos volvemos a preguntar: ¿por qué todo el mundo esconde los informes que se hicieron en la CSMS cuando, curiosamente, Carles Manté era su presidente? Estos informes que esconden todos en Blanes y Calella son del mismo estilo que los informes que Manté hizo en Reus? Pero, volvamos al vídeo El mayor robo de la historia de Cataluña, que continuaba así:

La cuestión es que las mujeres embarazadas de Tossa de Mar deben recorrer 35 kilómetros para que las atienda un médico, porque no hay dinero para tener servicio de ginecología en el hospital de Blanes. Un hospital donde se han gastado en 5 años 422.000 euros en gastos protocolarios sin ningún tipo de control. La terrible cuestión es que, por un lado, tenemos un hospital como el de Calella donde los familiares deben llevar mantas para tapar a los enfermos, mientras que sus directivos cobran 459.000 euros para gastos diversos que nadie conoce. ¡Queremos ver las facturas, es nuestro dinero! Mientras no contestéis a estas preguntas, sois cómplices de este escándalo que está provocando sufrimiento, dolor y pobreza en nuestro país. Señor Codina, señor Marigó, señora Candini: ¡si seguís escondiendo estas facturas, estaréis traicionando al pueblo que os está pagando el sueldo!

Lo peor de todo es que esta gente nunca tiene suficiente. Son como los mercados. El último y vergonzoso ejemplo es el del señor Josep María Via, un alto cargo convergente de sanidad, que tiene una empresa privada que se dedica a hacer estudios para hospitales y donde la mayoría de sus cargos son antiguos gestores de la sanidad pública. «Los Gobiernos —escribía este señor en el diario El País— deberían ceder la gestión de los servicios sanitarios a las empresas, ya que la gestión pública está asfixiada por los controles».

Señor Via: ¿Acaso no le sería más cómodo que le ingresáramos directamente el dinero de nuestra sanidad en una cuenta en Liechtenstein? ¡Venga! ¡Y fuera burocracia!

Eso que usted llama burocracia se llama democracia y es la capacidad del pueblo para controlar en qué se gasta el dinero gente como usted, como Bagó, como Manté y como tantos otros que se han enriquecido a costa de hundir nuestra sanidad[3].

El vídeo terminaba con un llamamiento a la ciudadanía:

Nos están robando el dinero. Y encima nos quieren cobrar un euro por receta. Nos quieren hacer esperar en los pasillos. Bajan los sueldos a los profesionales. ¿Qué más nos dejaremos hacer? Ante esta situación, quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos de Cataluña a rebelarse contra este robo.

Hago un llamamiento a los profesionales sanitarios de la Corporación, que no acepten ni una rebaja más ni un despido más hasta que no salgan a la luz todas las facturas. Hago un llamamiento a aquellos trabajadores que desde hace años miran impotentes cómo en su empresa pública, en su fundación, se gastan el dinero público en lujos, privilegios y contratos con la empresa de su primo. ¡Informad sobre ello! ¡Haced públicas las facturas! Hago un llamamiento a la ciudadanía a preguntar, a ir a los plenos a preguntar por los gastos de las empresas municipales de su pueblo. Hago un llamamiento a hacer vigilancia para ver a qué hora entran y salen del trabajo todos estos directivos que cobran miles de euros al mes y que no dan explicaciones a nadie. Hay que seguir el ejemplo de los tres chicos de la CUP de Reus que, con solo un concejal en el municipio, están poniendo contra las cuerdas a los peces gordos de la sanidad catalana. Unos chicos que, pidiendo facturas, han conseguido que sea admitida a trámite en la Audiencia Nacional una denuncia por desvío de fondos públicos y que la Unión Europea también esté investigando. Hay que seguir el ejemplo de CATAC Sanidad, donde se leen cada día el BOE para encontrar las trampas que nos tienden los que nos están robando. Hay que seguir el ejemplo de la Iniciativa Penal Popular, donde un grupo de ciudadanos trabaja para llevar ante los tribunales a los responsables de esta sanidad corrupta. Hay que seguir estos ejemplos y es necesario que cada día seamos más. Nos jugamos mucho y no podemos esperar nada de nadie. Solo el pueblo defenderá al pueblo. Mi última petición es que, si este vídeo os ha parecido interesante, lo difundáis tanto como podáis, por cualquier medio, haciendo charlas en los barrios, colgando carteles, compartiéndolo en Facebook, en Twitter, hablando de él en la comida del domingo con la familia, con los amigos…

Está en juego nuestro futuro.

En el vídeo se puede ver cómo, a medida que pasan los minutos, Marta se indigna y su tono se hace cada vez más airado. Hicimos alguna prueba antes y decidimos que el tono debía ser suave, tranquilo, casi expositivo. Pero por más que lo intentábamos, a medida que Marta iba relatando los abusos que describía el texto, su tono subía de forma natural; no había manera de disimular la impotencia y el enojo que sentíamos ante todo lo que habíamos descubierto. Finalmente pensamos que no era necesario ocultar lo que sentíamos. No podíamos hacer ver que esto es normal. Eso que contábamos era indignante y punto.

Incendio en YouTube

El sábado nos levantamos tarde, alrededor de las 10. Lo primero que hice fue mirar el número de visitas que tenía el vídeo. Hasta ese momento solo habíamos colgado un par de vídeos sobre el pleno municipal de Blanes o algo relacionado con el cierre de los CAP de la Selva, pero ninguno de ellos superaba las 450 visualizaciones. Me desperté de golpe: a las 10, ¡el vídeo ya lo habían visto 2.235 personas! Grité a Marta:

—¡Mira, Marta! ¡Más de 2.000 visitas!

Al día siguiente, el vídeo ya lo habían visto 8.000 personas. Durante los treinta días siguientes, El mayor robo de la historia de Cataluña tuvo 188.000 visualizaciones. Actualmente tiene más de medio millón y cada mes se suman 15.000 más. El 26 de febrero recibí un mensaje directo en Twitter de una chica, Antía Castedo:

—¡Marta! ¡Mira! ¡La corresponsal de El País en Girona quiere hablar con nosotros!

Para nosotros ese mensaje era una victoria. Habíamos hecho el vídeo justamente con la intención de que lo que denunciábamos traspasara el ámbito de nuestra revista. Hicimos el vídeo para romper el silencio que rodeaba, no solo los hospitales de Blanes y Calella, sino todo el sistema sanitario.

Meses antes, en una de nuestras conversaciones telefónicas, yo le había dicho a Àngels Castells que lo que estaba pasando en el sistema sanitario catalán era muy grande, demasiado grande para una revista como la nuestra.

—Àngels, aquí tenemos una historia enorme. Durante treinta años el principal presupuesto público de la Generalitat ha sido gestionado opacamente… y todo se ha hecho con el visto bueno de los partidos más importantes del país… ¿Te imaginas si este tema lo trabajara un buen equipo de periodistas, con tiempo y recursos?

Antes de la llegada del mensaje de Antía, solo podíamos compartir todo lo que estábamos aprendiendo con Àngels, su compañero en Dempeus, Toni Barbarà y Ramón Serna, del sindicato CATAC-CTS. Hacíamos mucho trabajo, pero era un ejército muy pequeño para el enorme campo de batalla que teníamos delante.

Cada viernes Marta y yo jugábamos dos apuestas al Euromillones. Aparte de las típicas fantasías (hacer viajes, ayudar a familiares y amigos), nos imaginamos que con un par de millones de euros podríamos montar un gran equipo de investigación periodística. Todavía no hemos ganado al Euromillones, pero el mensaje de Antía era el primer paso para cumplir el sueño de formar un equipo para investigar la sanidad catalana.

Lo primero que le pregunté a Antía cuando vino a casa fue: «¿Y por qué ahora El País se interesa en esto?». La pregunta era obligada. Durante todo el tiempo que llevábamos investigando la sanidad, una de las cosas que aprendimos es que el reparto del pastel sanitario contaba desde hacía décadas con un aliado imprescindible: un silencio mediático enorme. Siempre que encontrábamos datos, siempre que aparecía algún personaje o institución «sospechosos», lo primero que hacíamos era comprobar lo que se había publicado en los medios de comunicación sobre ese tema, y casi siempre encontrábamos que los medios grandes habían callado o, como mínimo, hablado muy flojito. Un ejemplo: cuando descubrimos los informes sobre sanidad hechos por la Sindicatura de Cuentas entre los años 2006 y 2012 nos escandalizamos (todos los detalles en la página 241). Aquellos informes realizados por una institución oficial contaban, con todo detalle, hechos increíblemente escandalosos que habían pasado en los hospitales de toda Cataluña. Estos informes, que están a disposición de cualquiera que los quiera ver en la web de la institución, describían irregularidades de una gravedad pasmosa. Curiosamente, sin embargo, cuando hacíamos una búsqueda sobre la repercusión que estas informaciones habían tenido en los medios de comunicación, comprobábamos con incredulidad el desinterés de los medios sobre el tema.

Antía entendió enseguida la pregunta. «Mira, hemos visto el vídeo y nos parece un tema muy interesante. Yo no sé qué quiere El País, pero si sé que yo y Oriol Güell, mi jefe en Barcelona, creemos que este es un tema muy importante y lo queremos tratar».

A día de hoy yo tampoco sé qué quiere El País, a qué se debe su interés y el esfuerzo que ha dedicado estos últimos meses a la investigación de la trama sanitaria. Pero lo que sí sé es que el trabajo que Antía y Oriol hicieron durante los meses posteriores a esta primera reunión tiene un nombre: periodismo. Un periodismo que parece haber desaparecido de los grandes medios y que, por ello, se ha convertido en sospechoso. Lamentablemente, es una sospecha fundada. El Grupo Prisa, al igual que todos los grandes grupos de comunicación, lleva años ganándose la desconfianza de sus lectores. Para mí, por ejemplo, esta desconfianza crece cada vez que leo los vergonzosos artículos que El País publica sobre América Latina.

Los meses siguientes, cuando Antía y Oriol empezaron a destapar los escándalos de la sanidad catalana, se escucharon voces sobre el presunto movimiento anticatalán que se escondía detrás de aquellas revelaciones.

Son opiniones sobre las que solo puedo decir dos cosas. La primera es que, a lo largo de los meses en que trabajé con Oriol y Antía, nunca percibí ningún movimiento destinado a proteger ninguna formación política o a persona alguna. Una lectura detenida de todo lo que han publicado demuestra que ningún partido con responsabilidad en temas sanitarios durante los últimos años sale muy bien parado: ni convergentes, ni tripartitos, ni PP. Por otra parte, y en relación a la presunta anticatalanidad que para algunos supone poner en cuestión el modelo sanitario catalán, hay que decir que fue El País el que el 23 de diciembre publicó un artículo titulado «Conjura policial contra el soberanismo», después de que estallara la campaña mediática en relación a los informes policiales donde la familia Pujol salía malparada. Dicho todo esto, lo que sé es que esa primera reunión en mi casa era el principio de una relación que daría muy buenos frutos.

Diez minutos después de que Antía entrara en casa aquel primer día, sonó el teléfono. Era Toni Garrido, del programa Asuntos Propios de Radio Nacional. Durante 7 minutos tuve la oportunidad de hablar en directo en uno de los programas de radio más escuchados en toda España. Hablé de lo que habíamos descubierto, hablé del CHC y de Ramón Bagó.

Me imagino que cualquier persona puede entender la emoción que sentíamos Marta y yo en ese momento. Después de meses de silencio, de denunciar sin obtener ningún eco en los medios «importantes», teníamos sentada ante nosotros a la corresponsal de El País, que nos miraba mientras hablábamos por teléfono con Radio Nacional.

Le explicamos a Antía todo lo que sabíamos, todos los detalles de lo que habíamos publicado, le enseñé todos los documentos y le expliqué nuestra visión de todo el sistema. Escuchó con atención e hizo preguntas que dejaban claro que había estudiado el tema con mucho detenimiento. Poder compartir con alguien más todo esto fue un alivio, una liberación. Era como si, de golpe, el peso se repartiera.

Esa misma tarde todavía tenía que recibir otra llamada que resultaría ser muy importante. Ramón Serna quería que lo acompañara a Mataró:

—Eso que tú explicas de Bagó también pasó en Mataró a mediados de los noventa. Un amigo mío estaba en el Comité de Empresa del Hospital de Mataró en aquella época y me parece que podemos encontrar información muy interesante. ¿Qué te parece si vamos mañana a ver qué encontramos?

Pensé que tenía mucho trabajo, que perder toda la mañana yendo a Mataró a revisar documentos de los años noventa no tenía mucho sentido. Aun así acepté la propuesta, y al día siguiente Ramón y yo fuimos a Mataró a buscar no sabía qué. No sabía que allí no solo encontraríamos información valiosísima, sino que viviría uno de los momentos más emocionantes y bonitos de los últimos meses.

Capítulo 8
Los papeles de Mataró

De cómo encontramos unos papeles recopilados durante años en un archivo y cómo acabaron siendo una noticia bomba.

Se puede decir que Ramón Serna tiene en su cabeza todo el sistema sanitario catalán. Durante muchos años, desde su oficina del sindicato CATAC-CTS/iac en el Hospital Josep Trueta de Girona, Ramón ha recopilado noticias, BOE, relaciones societarias, actos, estudios, conferencias… Mientras la élite sanitaria montaba y desmontaba negocios, mientras los gestores públicos pasaban a empresas privadas y los empresarios se convertían en gestores públicos amparados en el silencio mediático y el desinterés ciudadano, Ramón recopilaba información. Ahora, cuando la batalla por la sanidad pública comenzaba a ser más intensa, esta información era todo un tesoro.

Ramón Serna nació hace sesenta y dos años en Valencia. A finales de los años sesenta Ramón inició los estudios de Enfermería y Medicina en Barcelona. Fue también en esa época cuando el joven estudiante comenzó a desarrollar su conciencia política. «Un domingo —me explicó en una de nuestras muchas conversaciones telefónicas—, cuando trabajaba en el Hospital Clínic, conocí a una paciente que me marcó. Nieves me introdujo conceptos como la autogestión o la democracia directa».

Ya con el título de enfermero, y en plena eclosión del Mayo del 68, Ramón inició su carrera profesional como enfermero en el Hospital de Sant Pau y el de Bellvitge. Eran días de mucho movimiento político y la carrera de medicina quedó aparcada. Después de años luchando en la clandestinidad, como tantos otros, Ramón vivió como un desengaño «la falsa transición». El 1979 pidió una excedencia y se marchó a la Terra Alta, a montar una comuna y una granja de conejos. Lo de los conejos no acabó de funcionar y dos años más tarde se reincorporó al trabajo, esta vez en el Hospital Álvarez de Castro, hoy conocido como Hospital Josep Trueta. Él volvía en son de paz, pero lo que se encontró fueron los primeros traspasos de la sanidad a la Generalitat y las intenciones escondidas que había detrás. Ramón se implicó en la lucha sindical. En 1986 todos los trabajadores del Trueta hicieron una larga huelga, inicialmente salvaje, para luchar contra la rescisión de 110 contratos, el 10% de la plantilla. «La ganamos de calle, imponiendo las condiciones para volver al trabajo». Según Ramón, hoy el Trueta es el hospital de referencia que conocemos gracias a que «los trabajadores se plantaron». «Después fundamos el sindicato, porque no había más remedio, por imperativo legal… Me gustan más los comités de empresa unitarios…».

Para Marta y para mí, la larga experiencia de Ramón y su conocimiento de la historia del sistema sanitario y sus protagonistas eran una valiosa fuente de información.

—Hola, Ramón, mira, he encontrado que el asesor jurídico del CHC es un tal Francesc José María, ¿sabes algo?

Al otro lado de la línea se hizo un silencio de unos 2 segundos, como si estuviera buscando la información en un archivo enorme dentro de su cabeza. A continuación Ramón se convertía en una Wikipedia de la sanidad:

—¡Ah! ¡Francesc José María! Comenzó militando en partidos de izquierda como el Partido del Trabajo, de tipo maoísta…, pero se ha pasado al otro bando… Ha tocado todos los palos de la sanidad: ha sido gerente del ICS, el CHC y CHC Consultoría y Gestión de Ramón Bagó…

Durante los meses anteriores a estas conversaciones, estos intercambios de información habrían sido para nosotros una guía muy valiosa. Los documentos que Ramón había recopilado durante años ilustraban y confirmaban todas nuestras sospechas y ampliaban constantemente el campo de búsqueda. Los documentos de Ramón transformaban las sospechas en hechos contrastados y documentados. Pero él no era el único que había recopilado información. Íbamos a Mataró porque allí trabajó un compañero de Ramón: Miquel Torner.

El legado de Miquel Torner

Miquel Torner Roca era presidente del Comité de Empresa del antiguo Hospital de Mataró en los años ochenta, cuando se estaba gestando el modelo catalán y cuando el CHC estaba en plena expansión en Cataluña. En el momento en que el CHC puso el ojo sobre su hospital, Miquel Torner formaba parte de su Consejo Rector. Contrariamente a lo que hemos visto en Blanes, donde solo había dos representantes políticos, en este Consejo Rector también había representantes de los trabajadores. Uno de estos representantes era Miquel Torner, y eso le permitió ser testigo de primera fila de las maniobras escandalosas del CHC en Mataró. Por este motivo Ramón y yo estábamos allí, para ver toda la documentación que durante aquellos años fue recogiendo Miquel. El problema, sin embargo, era que Miquel ya no estaba. Hacía poco que una enfermedad lo había apartado del trabajo y no nos podía ayudar.

Después de tantos meses trabajando frente a un ordenador, leyendo documentos electrónicos, revisando enlaces y PDF, el hecho de coger un coche y recorrer sesenta kilómetros para llegar al Hospital de Mataró se me hacía extraño. Es verdad que todos los grandes periodistas hablan de la importancia de «pisar la calle», de escapar de la rutina del ordenador y tener contacto con el mundo real. Siempre he estado de acuerdo con esto, pero, sin haber estudiado periodismo, me atreveré a añadir algún matiz a este discurso.

Por un lado, las tramas urdidas por el poder no se tejen en los bares de los barrios obreros ni en las puertas de los mercados municipales. Ni siquiera en el Parlamento ni en los plenos municipales. Durante los meses que llevábamos investigando habíamos aprendido que el destino de la sanidad pública se construía (y se destruía) en lujosos despachos de abogados de la parte alta de Barcelona, en el palacio neoclásico que sirve de sede al CHC y en las oficinas de consultoras estrechamente ligadas a miembros de los partidos políticos. Para entender el entramado, para entender lo que había pasado y lo que estaba pasando, no bastaba con ir a la puerta de los hospitales a escuchar las quejas de los ciudadanos. Había que mirar la hemeroteca, bucear entre informes mercantiles y consultar BOE y DOGC hasta altas horas de la noche.

De camino hacia los papeles de Mataró. CAFÈAMBLLET.

La segunda matización al mantra de «hay que salir a la calle» es que sí, hay que salir a la calle, pero hay que salir preparado, hay que conocer el tema a fondo, hay que saber cuáles son los hilos que mueven lo que pasa en la calle. Cada día vemos periodistas que salen a la calle desarmados y llenos de desconocimiento sobre lo que deben contar.

Esto hace aumentar la posibilidad de que te tragues la primera mentira que te cuente el experto o político de turno. Dicho esto, la experiencia de visitar el Hospital de Mataró me fascinó. Era una mañana fría, pero soleada. Recorrimos con Ramón un montón de pasillos llenos de gente. Íbamos al local sindical de CATAC-CTS. Pasamos por el enorme y moderno vestíbulo en la zona de consultas y, de allí, a unos pasillos más de uso interno: médicos leyendo informes, personal de limpieza, unos operarios que hacían obras. La oficina estaba al final de uno de estos pasillos. Era grande y muy luminosa. Había dos delegados sindicales con batas blancas, de unos cincuenta o cincuenta y cinco años. Ramón entró primero. El día antes ya había avisado: «Chicos, vendré mañana con un periodista a revisar los archivos de Miquel».

Para entender lo que pasó en el Hospital de Mataró a mediados de los noventa hay que tener presente lo explicado en el capítulo 3. El Hospital de Mataró encaja perfectamente en el tipo de hospital municipal que hemos descrito. Un hospital municipal financiado por la Generalitat, pero gestionado por un Consejo Rector formado por personas relacionadas con el poder municipal y representantes de los antiguos hospitales que había en Mataró y que se unieron al consorcio. En el Consejo Rector había, entre otros, el alcalde de Mataró, Manel Mas (PSC), y Miquel Torner, como representante de los trabajadores. Este Consejo Rector se encarga de dirigir y gestionar el dinero que llega de la Generalitat. Para ello se reúnen una vez al mes para tratar los temas más importantes relacionados con la gestión. Hasta aquí, todo normal, uno más de los hospitales municipales financiados por la Generalitat. Pero en este Consejo Rector, como digo, había una diferencia fundamental: había un representante de los trabajadores, Miquel Torner.

El palacio que sirve de sede al CHC en el exclusivo barrio de Sant Gervasi de Barcelona.

Después de los saludos y las presentaciones a los dos hombres que nos recibieron en la oficina del sindicato, nos hicieron sitio en una mesa que estaba al lado de un gran ventanal. «Podéis trabajar aquí. Si necesitáis hacer fotocopias, podéis utilizar la fotocopiadora grande. Los documentos de Miquel están guardados aquí», dijeron, abriendo una puerta que daba a una habitación de poco más de seis metros cuadrados. Del suelo hasta el techo, las paredes estaban llenas de carpetas y archivadores. En medio, varias pilas más de archivadores y un armario metálico lleno de papeles.

—¿Qué estáis buscando exactamente? —nos preguntaron los dos hombres.

Yo callé, y Ramón dijo algo vago sobre unos documentos. Ramón sabía que Miquel había hecho mucho trabajo y que, como miembro del Consejo Rector, había guardado mucha documentación, pero en realidad no sabíamos con exactitud qué habíamos ido a buscar. Y Miquel no estaba allí para orientarnos.

Butifarras rosas

Los dos hombres se pusieron a hacer sus cosas y Ramón y yo nos quedamos en la habitación. Readmisiones, Huelga 89, ASIMILADOS. Allí debía de haber entre 400 y 500 archivadores, cada uno con un escrito en el lomo. Estuvimos un rato mirando en silencio. Aquella habitación guardaba años de trabajo. Ramón eligió tres o cuatro archivadores y los llevó a la mesa. Yo me quedé sin saber qué coger. Al poco rato vi un archivador donde se podía leer con letras rojas escritas con rotulador: Cocinas Serhs. Me dio un vuelco el corazón. Cogí el archivador y fui a la mesa. Ramón estaba absorto con los demás documentos, así que no le dije nada. Estaba emocionado. Hacía meses que intentaba romper el enorme muro de silencio que todo el mundo había construido alrededor de Bagó, y ahora tenía tres kilos de información en papel, ordenada y comentada sobre el Grupo Serhs. La siguiente hora me pasó volando, con el sol entrando por la ventana de aquella oficina del sindicato del Hospital de Mataró. Era el 29 de febrero 2012.

La carpeta Cocinas Serhs era una mina. Había documentos de todo tipo: recortes de carteles, cartas con sello de entrada en el registro, papeles volantes… Una de las empresas de Bagó, Cocinas Serhs, se había hecho cargo de la cocina del Hospital de Mataró. Hasta entonces el servicio estaba gestionado directamente por personal del hospital, pero por algún motivo, que entonces yo no conocía, la cocina pasó de ser un servicio interno del hospital a caer en manos de Cocinas Serhs. Según los papeles que tenía delante de mí, el cambio fue muy polémico.

El 1 de mayo de 1994 Cocinas Serhs, propiedad de Ramón Bagó, se hizo con el servicio de cocinas del Consorcio Sanitario de Mataró (CSM). El cambio, sin embargo, no gustó a los trabajadores. En agosto del mismo año la situación era insostenible. En un documento del Comité Conjunto de Trabajadores del CSM dirigido al delegado territorial de Barcelona de Promoción Sanitaria quedaba muy clara cuál era la opinión de los trabajadores sobre los servicios de Cocinas Serhs:

Las deficiencias y la degradación en el servicio y la comida se manifiestan en:

Alimentos y condimentación: mala coloración del pescado y de la carne, gusto a comida pasada, comida enmohecida, verdura agria, tomate y lechuga marchitos (la lechuga a veces poco limpia), pan duro o reblandecido, fruta o muy verde o excesivamente madura. La pasta al dente parece plástico y la de la sopa está demasiado cocida. La comida lleva demasiado aditivos y colorantes —por ejemplo, las butifarras son de color rosa— y pensamos que la excesiva condimentación de la comida enmascara la mala conservación y el reaprovechamiento de los alimentos. En estos últimos meses se ha observado un incremento importante de las indisposiciones del personal que habitualmente baja al comedor: diarreas, ardores, vómitos y urticarias.

Variedad en los menús. Hay una reiteración excesiva de los menús.

Presentación y conservación de la comida. La presentación deja mucho que desear y la conservación de algunas ensaladas «veraniegas» fuera de la nevera es un hecho habitual.

Instalaciones: Se observa una deficiente limpieza en las instalaciones que se ha ido agravando últimamente, tanto en el comedor como en la cocina, con un ambiente cargado y a menudo con malos olores, lo que conlleva un medio ciertamente desagradable para su uso.

Utensilios. La vajilla y los cubiertos presentan a menudo restos de alimentos. En las salas hay una falta de utensilios como cuchillos, cucharas, tazas, etc. o biberones limpios en Pediatría.

A menudo nos encontramos con que nos suben bandejas con la sopa derramada, tazas y lecheras con restos de contenidos anteriores, cubiertos sucios.

Reaprovechamiento de los alimentos. Se está llevando a límites insospechados el reaprovechamiento de los alimentos que han sobrado de una comida para el día siguiente, o para días posteriores, sin tener en cuenta ningún tipo de normativa de conservación.

Se me ponían los ojos como platos. Yo llevaba meses leyendo BOE e informes mercantiles, pero esto era la vida real. El documento estaba firmado por 8 representantes de los trabajadores con nombre, dirección y número de documento. El texto finalizaba:

Pedimos la correspondiente inspección sanitaria y la investigación de todos los hechos que aquí se denuncian (…) y que cuando se produzca esta inspección puedan haber también presentes miembros del Comité Conjunto de Trabajadores del Consorcio Sanitario de Mataró.

Pero aparte de escribir, los trabajadores pasaron a la acción y pusieron en marcha una campaña de boicot al servicio. Durante semanas los trabajadores se llevaron la comida de casa. Al cabo de unos días el personal del CSM recibió una carta del director de Recursos Humanos, Ricard Quintana, donde prometía «mejoras y reformas en el comedor, equipo de trabajo mixto de seguimiento, un profesional con dedicación especial, fichas técnicas, elaboración de los menús, higiene». La respuesta reafirmó a los trabajadores en su propósito. Si el señor Quintana propone introducir estas mejoras, quiere decir que todo lo que ofrecía no existía. Los trabajadores lo tenían claro: «¡Todo esto que ahora ofrece Quintana es lo que se tenía que haber hecho desde el principio!». Al final del pliego dedicado al conflicto de la cocina estaba el número 28 de El Comité informa, la publicación del Comité Conjunto de Trabajadores. Es octubre del 96 y el titular principal es: «Adiós a la Serhs». Los trabajadores lo explicaban así:

Versión oficial del adiós:

El pasado mes de agosto, la dirección del Consorcio informó que Cocinas Serhs SL había decidido rescindir el contrato de explotación del servicio de cocina del CSM. El motivo, decían, era la pérdida de dinero debida al bajo precio del menú y otros factores ajenos a la explotación.

Versión real del adiós:

Cocina Serhs se va del consorcio porque, aparte de posiblemente haber perdido algunos dineritos, no han sabido hacer las cosas bien. (…) La experiencia de un año y medio ha demostrado, a quien entiende de explicaciones, que la cocina no ha funcionado ni de lejos como antes y que los resultados económicos tan espectaculares de ahorro que se alegaban no se han demostrado ni enseñado en ningún momento. Incluso sigue siendo un secreto el contrato con Cocina Serhs S.L. a pesar de las reiteradas peticiones efectuadas en el Consejo de Gobierno. ¿Es mejor que los servicios de cocina se gestionen directamente o por medio de empresas de catering? La experiencia nos demuestra que, si se quiere un servicio de restauración como mínimo aceptable, que si se quiere controlar el servicio, (…) es necesario que el servicio de cocina se gestione directamente.

Nos lo demuestra también la encuesta de Salud del Departamento de Sanidad, donde se demuestra cómo ha caído el grado de satisfacción en el ámbito de la hostelería de los usuarios de la sanidad pública desde que muchos hospitales han subrogado este servicio.

Y es que también hay otro hecho evidente. No se puede conciliar el intento de ahorro de la gerencia con el afán de lucro de estas empresas. Cualquier empresa de catering se plantea un mínimo de un 10% de beneficios en relación a la facturación. Si añadimos el 7% de IVA, solo con estos dos conceptos se encarece el servicio en un 17%. En estas condiciones, un ahorro de un 5% en el gasto del centro que ha subrogado el servicio está condicionado a reducir el gasto real en un 22%, que se recorta bien en alimentos, bien en sueldos, o en número de trabajadores, con los efectos de sobra conocidos en la calidad, fiabilidad y satisfacción (en la enumeración de antes, poner esto del personal no cualificado). Pero el señor Colomer, a pesar de ser el principal responsable del fiasco Serhs, quizá por principios, quiere volver a subrogar la cocina a otra empresa.

¡Mirad qué he encontrado!

Estuvimos toda la mañana revisando documentos. Examinábamos una carpeta, fotocopiábamos las páginas que nos interesaban y cuando terminábamos, la íbamos a dejar en su sitio y cogíamos otra. Pocos minutos antes de las dos Ramón encontró cuatro archivadores que ponían ACTAS. Tomó las cuatro carpetas, las llevó a la mesa y las empezamos a mirar en silencio. Desde el primer momento supimos que habíamos encontrado un tesoro. Abrimos los cuatro archivadores.

Teníamos ante nosotros las actas de las reuniones mensuales del Consejo Rector, donde se recogía todo lo que había pasado en el Hospital de Mataró entre los años 1992 y 1999. Perdón si insisto, pero quiero que quede clara la importancia de estos papeles. Como ya hemos visto, el modelo de consorcios hace que sus consejos rectores sean la máxima autoridad en la gestión del dinero de la Generalitat, incluso por encima de la propia Generalitat. Hemos visto también que en Blanes y Calella el acceso a las actas había sido imposible. Es, en aquellas actas, donde quedan reflejadas todas las decisiones, todas las deliberaciones de los miembros de consejo rector. Por poner un ejemplo, las actas de Blanes nos permitirían conocer los detalles de la concesión del contrato a Bagó para hacer la cafetería o el destino real de los 427.000 euros que la CSMS había gastado en cinco años en «gastos de protocolo». Mientras que las actas de Blanes y Calella deben recoger, sobre todo, silencios y miradas hacia otro lado («unanimidad casi siempre», había dicho Conill), las de Mataró prometían ser más movidas, ya que allí teníamos la voz de Miquel Torner. Todavía no habíamos sacado todos los folios de los archivadores cuando los dos hombres al cargo de la oficina nos dijeron que nos teníamos que marchar. Ramón les pidió permiso para llevarnos las actas, pero los responsables de la delegación sindical se negaron y no tuvimos tiempo para hacer fotocopias. Ramón insistió, pero no.

—Si queréis, podéis venir mañana, las fotocopiáis y os las lleváis —dijo uno de ellos sin hacer caso de la súplicas de Ramón.

—Venga, Ramón —dije—, volvemos mañana otra vez y listo.

Cuando llegué a casa llamé a Antía:

—Antía, mañana tienes que venir al Hospital de Mataró. ¡Alucinarás!

A las 9 en punto de la mañana siguiente, Antía y Ramón, que venían de Gerona, pasaron a buscarme por Breda y los tres fuimos a Mataró. Allí nos teníamos que encontrar con Oriol, el jefe del Antía, que venía de la redacción de Barcelona. A las 11 de la mañana ya habíamos tomado la oficina del sindicato. Durante cuatro horas diseccionamos el archivo de Miquel. Lo primero que hicimos fue hojear el tesoro del archivo, los cerca de 1.200 folios que recogían las actas del Consorcio.

Repartimos los archivos por años: del 91 al 92 para Antía, del 93 al 95 para Ramón, del 96 al 97 para mí, y del 98 al 99 para Oriol. Montamos una especie de cadena de producción. Cada uno de nosotros iba eligiendo lo que parecía interesante para luego hacer fotocopias para los demás. En un momento dado uno de nosotros —no recuerdo quién— encontró una carpeta que ponía: Estructura Serhs. Dentro había informes mercantiles, mapas de relaciones entre las empresas del grupo y una lista de nombres de cuatro páginas, a cuatro columnas, que nos llamó la atención: Socios Grupo Serhs S.A. Había un centenar de nombres en cada página. Cogimos uno cada uno de nosotros y empezamos a buscar nombres que nos sonaran. Diez segundos después de haber comenzado la búsqueda dije:

—Chicos, ¡mirad lo que he encontrado!

Me miraron sorprendidos, ya que apenas habíamos tenido tiempo de empezar a ver nada. En mi lista de socios había un nombre: Manté Fors, Carles. Este socio del Grupo Serhs era conocido por todos nosotros; lo conocíamos porque era el presidente de los hospitales de Blanes y Calella. Lo conocíamos porque salía en repetidas ocasiones en los papeles de David Vidal de Reus y lo conocíamos —sobre todo Ramón— porque llevaba años compaginando cargos en la sanidad pública con sus negocios privados. Marta y yo lo conocíamos porque era uno de los protagonistas de El mayor robo de la historia de Cataluña. Ahora nos enterábamos que Manté también había sido socio del Grupo Serhs de Ramón Bagó.

Más adelante hablaremos de las implicaciones de esta información, pero me gustaría explicaros un pequeño detalle que me emocionó. Un detalle de aquellos que no tienen cabida en un artículo periodístico, que no se pueden explicar en una charla en defensa de la sanidad, pero que son, de alguna manera, fundamentales. Incluso podría decir que es una de las cosas que nos llevó a escribir este libro que tenéis en vuestras manos. Yo encontré el nombre de Manté en seguida porque, entre los cientos de nombres de esa lista, ¡el suyo era el único que tenía una flecha señalándolo!

La flecha estaba hecha con lápiz. No había ninguna otra anotación hecha a mano en la lista, solo la flecha señalando el nombre de Manté. Hacía más de una década que aquellos papeles estaban allí. Los archivos recogían años de lucha, años, como veremos, de levantar la voz allí donde todo el mundo decía que sí y miraba hacia otro lado. Ahora, como si recogiéramos un testigo, estábamos nosotros removiendo aquellos archivos y atando cabos. Me emocioné en aquel momento y me emociono cada vez que lo pienso. Aquella flecha era el legado de un hombre que había luchado y que había ido a contracorriente durante los años «dulces» de los consorcios y la privatización.

Se podría decir que perdió. Se podría decir que no fue capaz de detener lo que denunciaba. Pero nos había dejado un legado enorme, el archivo y un mensaje. La flecha hecha con lápiz señalando el nombre de Manté era para mí el símbolo de este testigo que recibíamos.

Salimos del Hospital de Mataró a las tres de la tarde, cada uno de nosotros con cientos de papeles para estudiar. Dedicamos 3 días enteros a estudiar toda aquella información. Sabíamos que encontraríamos cosas interesantes en aquellos papeles, pero nunca nos llegamos a imaginar lo detallado estaba todo.

Las actas

Los papeles confirmaban, con creces, todas nuestras sospechas y nos abrían la puerta, definitivamente, a poner contra las cuerdas el sistema sanitario catalán.

Como ya vimos, los consorcios creados por la Generalitat unían en su seno instituciones sanitarias de tipo diverso bajo un paraguas (el consorcio) que permitía unificar estos dispositivos y ponerlos al servicio de la Generalitat. En Mataró los centros sanitarios que se integraron en el nuevo consorcio eran dos: la Aliança Mataronina, de carácter privado, y el Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena, de titularidad municipal. Por ello, en el Consejo de Gobierno del CSM encontramos representantes de ambas instituciones. Miquel Torner representaba a los trabajadores del antiguo hospital municipal.

La flecha de Miquel Torner.

Portada de la edición de octubre de El comité informa del CSM. CAFÈAMBLLET.

Durante esos tres días en los que estudiamos las actas, Antía, Oriol, Ramón y yo nos enviábamos WathsApps con «los mejores momentos» de las sesiones del Consejo Rector. El lenguaje de las actas era bastante aséptico a primera vista, pero después de un rato leyendo, cuando ya empezabas a distinguir a sus personajes, a entender quién era cada uno de los miembros del Consejo Rector, la cosa se animaba.

Quizás, a esas alturas, Ramón, Oriol, Antía, Marta y yo, nos habíamos vuelto unos frikis del tema, pero nos lo pasamos en grande leyendo esos papeles. Hacemos un resumen confiando en que el lector, si ha llegado a este capítulo, comparta ya nuestro grado de frikismo.

Grandes momentos de los papeles de Mataró

En octubre de 1992 los trabajadores del Hospital de Mataró luchan por obtener mejoras a su convenio. El tema se debate en el Consejo Rector.

El señor Torner pide que se incluya la aprobación del convenio colectivo. (…) El presidente, ante el callejón sin salida en el que se encuentran las negociaciones(…) propone que el asunto quede sobre la mesa hasta la próxima sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad.

Al más puro estilo Rajoy. En junio, después de un largo debate, en el turno de ruegos y preguntas encontramos que:

El señor Josep María Teniente comunica que, siguiendo la costumbre, el día 25 de julio se celebrará un oficio religioso en memoria del fundador del hospital.

La siguiente intervención es de Manel Corredó, que pregunta «si se han pagado los atrasos al personal». A Dios rogando…

En julio de 1992 se discute sobre el retraso que sufre el proceso de construcción del nuevo hospital. El presidente del Consejo Rector, el alcalde Manel Mas, intenta calmar los ánimos de los quejosos y explica que:

El consejero de Sanidad le ha convocado para reunirse con él para enseñarle una maqueta del nuevo hospital y, si existe una maqueta, quiere decir que también existe un proyecto y, por tanto, un calendario de ejecución.

Aún estaban por llegar los años en que Santiago Calatrava cobraría 15 millones de euros a la Generalitat por las maquetas de unos edificios que nunca se llegarían a construir. El Hospital de Mataró sí se acabó de construir y se inauguró en 1998. Una inauguración, sin embargo, que se vio enturbiada por la muerte de dos pacientes a causa de una instalación errónea de unos tubos de gas medicinal. El juez imputó al director del hospital por haber autorizado el uso del servicio de Radiología, aunque no estaba garantizado su correcto funcionamiento. Las investigaciones posteriores demostraron que, por error, se habían cruzado las tomas de oxígeno y de gas de anestesia. El Comité de Trabajadores llevaba meses denunciando defectos de construcción en el nuevo hospital que, a pesar de no tener ni un año de vida, ya sufría inundaciones debido a goteras.

En junio del 1993 los más de un centenar de trabajadores se dirigen al Consejo Rector para discutir la dimisión de la jefa de Enfermería. Uno de los miembros del Consejo, el empresario y presidente del Patronato Sagrada Familia de Mataró, Joaquim Llorens, lo tiene claro. Las actas lo recogen:

El señor Llorens manifiesta que esta situación para él no es nueva, porque en su empresa la ha experimentado más de una vez. En tono enérgico (sic) dice que el personal debe obedecer y trabajar, (…) que los acuerdos del Consejo se deben cumplir (…) y, si hay quien fomenta el malestar, se lo despide y pronto se restablece la normalidad.

Un hombre duro, Llorens. Meses más tarde, cuando el CHC se hace con la gestión del CSM, los problemas entre los gestores y los trabajadores se intensifican. El gerente designado por CHC, el señor Raimon Belenes afirma sobre estos problemas laborales:

Dirigiéndose al señor Torner y haciendo alusión a la manifestación que está en la puerta de la Casa Consistorial, repartiendo papeles volantes, tocando silbatos y haciendo alboroto. Le dice que el Comité de Empresa en lugar de incitar al personal a repartir panfletos y tocar silbatos, más valdría que colaborara, ya que en caso contrario se deberá hacer regulación de empleo.

Actualmente el señor Belenes, que también fue gerente del ICS y luego presidente del Hospital Clínic, trabaja como director general de Innovación en la multinacional Capio Sanidad, una de las principales beneficiarias de la privatización del servicio sanitario en Madrid. Viendo la intervención del señor Belenes, a pesar de ser director de Innovación, ¡sus métodos en Mataró eran más bien medievales!

En enero de 1994 hay que reducir la plantilla y eso conlleva una serie de negociaciones que no todo el mundo ve con buenos ojos.

El señor Llorens pregunta qué criterio se ha seguido con los facultativos y el señor gerente le responde que mayoritariamente el de la eficiencia y, excepcionalmente, otros criterios, como el caso de un médico que hacía dos años que no ejercía. El señor Llorens dice que le sulfura y lo hace saltar de la silla que un médico que no ejercía cobrara, y pide que se le diga el nombre.

Curiosamente ese día excusó su presencia en el Consejo un compañero de Llorens, el señor Joaquim Esperalba, miembro de CiU en Mataró. Esperalba está actualmente imputado, con media docena de gestores sanitarios más, por un caso de malversación de fondos públicos en el Hospital de Sant Pau. El juez investiga la existencia de supuestos contratos ficticios e irregulares que habrían beneficiado a gestores bien relacionados con el PSC y CiU, como que habría cobrado 140.000 euros anuales durante siete años sin ir a trabajar en el hospital, José Ignacio Cuervo y Mercè Cruells. El juez también investiga la legalidad de varios contratos millonarios adjudicados a dedo y los sobrecostes de 77 millones en la construcción del nuevo hospital. Actualmente, por cierto, además de imputado, ¡Esperalba es el gerente del CSM!

Un caballo de Troya en acción

Las actas que encontramos comienzan justamente cuando los representantes de estos dos hospitales mataroneses constituyen el Consorcio Sanitario de Mataró. Como la mayoría de los consorcios municipales hechos en aquella época, el cargo de presidente le correspondía al alcalde de la ciudad, en este caso, el socialista Manel Mas Estela.

La voz crítica de Miquel Torner se empieza a hacer sentir bien. En la sesión del 21 de abril de 1992 Torner se queja de que el Consejo de Gobierno «no conoce los sueldos de los nuevos directivos», nombrados por el mismo consejo. Cuando leí esto no pude evitar hacer el paralelismo con el caso de los hospitales de Blanes y Calella, donde llevábamos 15 meses preguntando por el sueldo de su gerente, la señora Nuria Constans, sin que nadie respondiera. Parecía que el problema venía de lejos.

A lo largo de los años siguientes Torner participa en las sesiones y trabaja, sobre todo, en la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores durante el proceso de unificación de las dos partes que forman el CSM. En la sesión del 31 de agosto de 1993 ocurre algo inesperado. El alcalde Manel Mas, como presidente del CSM, pone en conocimiento de los miembros del Consejo de Gobierno la propuesta de contratación de la gestión del CSM hecha por la empresa C Gest S.L. Esta propuesta había sido recibida por el alcalde de Mataró veintiséis días antes, el 5 de agosto.

Estábamos a punto de ver confirmadas todas nuestras sospechas sobre la manera de trabajar de Bagó i del CHC. Hablamos de unos hechos ocurridos en Mataró en 1993, pero sirven para describir, perfectamente, el funcionamiento de una parte enorme de la sanidad catalana durante décadas. Prestad atención.

El 5 de agosto la empresa C Gest S.L. le presenta al alcalde de Mataró una oferta para gestionar el CSM. El presidente de esta empresa es Ramón Bagó. En la presentación que hace Bagó de C Gest S.L. se lee:

C Gest es una compañía filial al 100% del CHC S.A., (…) base para la creación de sociedades filiales especializadas en diferentes ámbitos de la organización y gestión sanitarias. (…) En estos contextos se ha creado BC Gest S.L., compañía para la gestión conjunta de los hospitales de Blanes y Calella.

Esta era la clave. Ahora ya podíamos ver claramente que Bagó puso en marcha, desde el CHC, una empresa, BC Gest, con el objetivo de hacerse con la gestión de los hospitales de Blanes y Calella, unos hospitales donde sus empresas obtendrían enormes contratos pagados con dinero público. La creación de C Gest S.L. tenía como finalidad hacer lo mismo en el Hospital de Mataró. En la propuesta se enumeraban las ventajas de contratar la empresa de Bagó:

Liderar el proceso de desarrollo del CSM con autoridad profesional, técnica y moral, mantener y mejorar la calidad del servicio al usuario e ilusionar a los trabajadores con el proyecto.

Aparte de eso, la propuesta iba acompañada de palabras y conceptos que harían fortuna los años siguientes en las escuelas de negocios: matriz DAFO, case-mix, eficiencia en las operaciones, ajustes de plantilla, misión y diseño global….

Cuando el alcalde Manel Mas presentó la propuesta, las reacciones de los miembros del Consejo de Gobierno fueron dispares. Joaquim Esperalba, compañero de partido de Ramón Bagó, dijo que «está totalmente de acuerdo en que el CSM sea gestionado por la empresa C Gest S.L. dado que los conoce». Un argumento de peso, sin duda, el de Esperalba.

Por su parte, otro miembro del Consejo, Ramón Pla, diputado de CiU en el primer gobierno de Jordi Pujol, tampoco pone especial oposición al proyecto. Miquel Torner no se opone, en principio, pero pregunta «¿qué quiere decir que la empresa tendrá plena autonomía?». Torner ve también que la retribución que pide C Gest S.L. en concepto de gastos de gestión es muy alta y dice que, en todo caso, en vez de firmar un contrato de cuatro años, habría que hacerlo por dos, a modo de prueba. Ante las reticencias, Manel Mas dice algo que aclara muchas dudas sobre qué fuerzas estaban en juego en ese momento: «El consejero de Sanidad (Xavier Trias, actual alcalde de Barcelona) solo ayudará al CSM en una línea de reestructuración». Como la que proponía C Gest S.L. De sus palabras se entiende que la propuesta de la empresa presidida por Ramón Bagó no llega de la nada. El alcalde Mas viene a decir que «o aceptamos o desde la Consejería no se ayudará al CSM». Así es como el poder, que hasta ahora estaba en manos de un Consejo de Gobierno, donde participaban representantes electos por los ciudadanos y representantes de los trabajadores, pasa a manos del CHC de Ramón Bagó. En la votación final Miquel Torner votó en contra. Otro miembro del Consejo Rector que votó en contra fue Paquitona Floriach, concejala de Sanidad y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Mataró por el PSC. En las elecciones de 1999 el PSC de Mataró prescindió de ella. Vilaweb publicaba en abril de ese año: «El relevo de Paquitona Floriach ha sido una sorpresa».

En la sesión del 6 de septiembre, un mes después de que se hubiera presentado la propuesta, C Gest se hace con el control total del CSM. Impresiona leer el enorme control que consigue la empresa de Bagó sobre un hospital público:

La sociedad gestora, a modo enunciativo y no limitativo, realizará las funciones siguientes:

Representar administrativamente a los hospitales

Proponer los programas, las estrategias de los hospitales gestionados

Elaborar la propuesta de presupuesto anual

Ejecutar el plan de inversiones anual y ejercer las facultades de contratación

Proponer el nombramiento y cese de los cargos de los dos hospitales

Dirigir la política de personal y, por ello, contratar, sancionar, separar o rescindir las relaciones de trabajo con el personal fijo, eventual, interino, suplencias, de carácter laboral

Dirigir la negociación colectiva

Contratar los servicios de asesoramiento jurídico, contable, fiscal y laboral

Ejercer todo tipo de acciones, excepciones, recursos y reclamaciones judiciales y administrativas, en defensa de los derechos y de los intereses que afecten a los hospitales.

El contrato lo firman Bagó y el alcalde de Mataró, Manel Mas Estela. Si en los hospitales de Blanes y Calella teníamos la sospecha de que el Consejo Rector formado por los alcaldes era un decorado para hacer ver que la gestión estaba en manos públicas, ahora, viendo los papeles de Mataró, tenemos claro quién tenía el poder en realidad. Ahora veremos cómo la empresa de carácter público presidida por Bagó (C Gest) utiliza estos plenos poderes para beneficiar, entre otras, a las empresas del propio Bagó (Grupo Serhs).

Operación Caballo de Troya en Mataró

Paso 1: La oferta

El 5 de agosto de 1993 Ramón Bagó presenta una oferta para gestionar el CSM. En ese momento Bagó ocupa importantes cargos en la empresa pública Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC) y es presidente de su filial C Gest. Asimismo, Bagó continúa con su trabajo en el Grupo Serhs, fundado por él mismo.

Paso 2: El pacto

En menos de un mes, el 2 de septiembre de 1993, el alcalde de Mataró, Manel Mas Estela, y Ramón Bagó firman un contrato que otorga plenos poderes de gestión a C Gest, presidida por Bagó. Así fue como la gestión del Consorcio de Mataró fue adjudicada sin concurso. En ese momento el consejero de Sanidad era el actual alcalde de Barcelona, Xavier Trias, compañero de partido de Bagó.

Paso 3: Últimos preparativos

A partir de aquí, Ramón Bagó ya no aparece en las reuniones del Consejo de Gobierno. Quien lo hace es Raimon Belenes, en representación de C Gest. Usando los poderes otorgados, el mes de octubre C Gest nombra a Jordi Colomer gerente del Consorcio Sanitario.

Paso 4: El contrato

El día 1 de mayo de 1994, Día del Trabajador, se cierra el círculo y la nueva dirección cierra también el servicio de cocina, que hasta entonces había tenido el hospital. El gerente designado por la empresa pública que presidía Bagó, C Gest, adjudica sin concurso público el servicio de cocina, el bar-cafetería y la venta automática del Hospital de Mataró a la empresa Serhs de Ramón Bagó.

Desde su asiento en el Consejo de Gobierno, Miquel Torner intentó detener el proceso:

Aunque no sea partidario de parcelar la actividad hospitalaria y dar la gestión de servicios a empresas externas, no se puede descartar, a priori, que en algún caso fuera conveniente, siempre que este tipo de gestión signifique una mejora del servicio en cuestión… Este no es el caso que nos atañe, pues los servicios dados a gestionar a empresas externas gozan de estándares de optimización y calidad. Observo que en estas subcontrataciones no se ha contemplado la concurrencia de ofertas ni de concurso público y no tenemos ningún estudio que nos aconseje que hay subcontratar estos servicios.

La maniobra no nos sorprendió nada, porque hacía meses que teníamos indicios de que las cosas estaban funcionando de esta manera. Pero la emoción de, por fin, tenerlo con documentos, totalmente probado, era muy grande.

Esto solo fue el principio. Durante los meses siguientes el CHC continuó haciéndose con el control del hospital público de Mataró. En noviembre de 1995 el CSM se adhiere al «sistema centralizado para la contratación administrativa del CHC». Uno de los servicios que ofrece el CHC es el de «ayudar» a los hospitales a llevar las gestiones de contratación de servicios.

Hoy sabemos que el servicio de gestión y el servicio de contratación sirvieron a Ramón Bagó para facturar decenas de millones para sus empresas privadas. Según publicó El País pocos días más tarde, Ramón Bagó captó mediante el CHC 50 millones de euros públicos entre 2002 y 2012. Muchos de ellos, de manera irregular. Hoy estas relaciones tan estrechas entre el Bagó que gestiona dinero público y el Bagó que se enriquece gracias a este dinero están siendo investigadas por la Fiscalía después de que la Oficina Antifraude viera delito.

Los papeles de Mataró eran una ventana abierta al funcionamiento del sistema y dejaban todo el mecanismo al descubierto. Miquel Torner nos lo había dejado todo preparado para que continuáramos su trabajo. Casi veinte años después, Antía, Ramón, Oriol y yo trabajábamos para aprovechar al máximo ese legado.

Ayúdanos a difundir un resumen de este capítulo:

“Así enganchamos al alcalde de Barcelona: manos en la masa”

Capítulo 9
La censura vista con cámara oculta

De cómo unos gestores sanitarios y unos políticos muertos de miedo deciden qué pueden y no pueden leer los ciudadanos y de cómo los pillamos con la cámara de un iPhone violando el artículo 20 de la Constitución.

Estábamos realmente entretenidos con los papeles de Mataró, pero el frente de Blanes no daba tregua. Nuestro vídeo estaba arrasando en YouTube y esto estaba sacando de quicio a nuestro amigo Conill y al resto de directivos. Tan nerviosos estaban que seguían insistiendo en quedar retratados como unos auténticos sinvergüenzas. El día que volvíamos de nuestra segunda visita a Mataró nos encontrábamos un nuevo comunicado de la CSMS:

Desde hace meses, desde una publicación de ámbito local, se está llevando a cabo una campaña de insinuaciones que afectan a la reputación y el buen nombre de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva e, indirectamente, a los 1.500 profesionales que trabajan día a día.

Aunque es un truco muy viejo, aún hay «poderosos» que lo utilizan: presentar cualquier cuestionamiento a su figura como un cuestionamiento a los que están bajo su yugo. ¿Quién estaba afectando a los «1.500 profesionales que trabajan día a día»? ¿Nosotros, destapando la opacidad con la que trabajaban los gestores, o los autores del comunicado, que estaban ocultando —como estábamos a punto de saber— cómo el dinero de los sueldos se habían gastado en viajes y restaurantes?

Esta campaña se ha intensificado recientemente con la divulgación de un vídeo en las redes sociales en el que dichas insinuaciones se extienden a todo el sistema sanitario público catalán y se mezclan con una crítica a los ajustes presupuestarios que se han hecho en el ámbito sanitario. Ante esta campaña de insinuaciones, el Consejo Rector de la CSMS debe informar que, como entidad del sector público, su actividad y sus estados contables son absolutamente transparentes, ya que, aparte de estar auditados anualmente…

Y ahora viene un gran momento que pasará (si algún día se escribe entera) en la historia de las tonterías de la CSMS. Leedlo y recordadlo, porque un par de capítulos más adelante nos lo pasaremos muy bien con este párrafo:

Los estados contables están también fiscalizados por la Intervención General de la Generalitat de Cataluña y por la Sindicatura de Cuentas, sin que, en ningún momento, se haya constatado ninguna irregularidad por parte de los órganos interventores y fiscalizadores como se indica en las citadas insinuaciones publicadas.

Unos auténticos maestros. Por último, el comunicado entonaba aquella canción tan utilizada de «si tienes algún problema, denúncialo». Aquella canción que tantas veces entonan aquellos que pagan los abogados con el dinero del pueblo de quien se burlan:

Debemos instar a aquellas personas que consideren que hay cualquier irregularidad administrativa y/o económica a que lo denuncien a las autoridades administrativas o, en su caso, a las judiciales, a los efectos que la Corporación, sus representantes y quien lo crea oportuno, pueda ejercer una defensa legítima, adecuada y justa de la honorabilidad y de cualquier acusación.

¿Gestores sanitarios o censores preconstitucionales?

Ahora, cuando ya han pasado meses de todo esto, cuando toda esa gente que hacía estos comunicados tan patéticos ha quedado totalmente retratada, hasta dan un poco de pena con el intento desesperado de mantener en pie su castillo de mentiras. Pero en ese momento la sensación era de rabia. Una rabia que Marta y yo muchas veces no sabíamos controlar. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Llamarlos y soltarles unas cuantas? Yo me subía por las paredes y soltaba todo tipo de juramentos y maldiciones. Cuando yo me lo tomaba un poco mejor, la de los juramentos y las maldiciones era Marta. Nos alternábamos. Teníamos muchas oportunidades para maldecir los huesos de todos. Sin ir más lejos, diez días más tarde, la dirección de la CSMS seguía intentando batir sus propios récords. Esta vez hacían un comunicado interno dirigido a los trabajadores (¡68 de los cuales nos lo reenviaron a nuestro correo, todo sea dicho!). El título de la circular «interna» era: «Normativa sobre la presencia de revistas gratuitas en los centros de la Corporación». A continuación los mejores momentos:

Justificación: diferentes revistas y publicaciones gratuitas consideran los centros sanitarios como un punto ideal de difusión entre la población. Sin embargo, la CSMS tiene el derecho y el deber de velar para que los contenidos y las informaciones que se distribuyen en sus centros (…) respeten unos criterios éticos de acuerdo con la Organización.

Controlar la distribución de revistas gratuitas en los diferentes centros de la Corporación con el fin de evitar la difusión de determinados contenidos ofensivos, sectarios, que hagan proselitismo, sean difamatorios o no respondan a los principios éticos de la Corporación.

El CAFÈAMBLLET, al igual que muchas otras revistas de la zona, llevaba años dejando ejemplares en las salas de espera, en las recepciones y en los bares de los centros sanitarios de la CSMS. A partir de ahora, solo las podíamos repartir si nuestros contenidos «respondían a los criterios éticos de la Corporación». Y el comunicado continuaba así:

Las revistas gratuitas que se quieran difundir en los diferentes espacios de los edificios se deberán recepcionar en los mostradores de información de cada centro. En el momento de la recepción de estas revistas, se informará al depositario que, en principio, y de acuerdo con el código ético de la Corporación, será necesaria la aprobación de la dirección para que puedan ser dispuestas en los diferentes espacios.

Las directoras de centros y/o un miembro del equipo de dirección harán una revisión de los contenidos de la revista en cuestión y darán o no el visto bueno para su exposición. En caso de que la valoración sea negativa, se procederá a su destrucción directamente. Si se detecta la presencia de revistas gratuitas que no hayan seguido este circuito, se pedirá al servicio de control y vigilancia o al servicio de limpieza que las retire. Para esta acción tienen potestad los mandos de servicios generales.

Otra vez, Marta y yo caímos en la espiral de la rabia, la indignación, las maldiciones. Volvimos a subirnos por las paredes. Cuando bajamos, escribimos este comunicado:

Los directivos de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva comienzan a traspasar líneas muy peligrosas. Hace meses que denunciamos su negativa a responder preguntas de los periodistas, hace meses que sabemos que no les gusta responder sobre el destino del dinero público que gestionan, hace meses que sabemos que su gestión es poco transparente. A todas estas conductas poco democráticas ahora hay que sumar una de las más típicamente dictatoriales: coartar la libertad de información de los ciudadanos. La normativa sobre publicaciones impulsada desde la dirección es un atentado intolerable a la libertad de información.

En primer lugar, la normativa entrará en vigor antes de que las empresas y publicaciones afectadas sean informadas, lo que impide absolutamente su cumplimiento y, por tanto, el desarrollo normal de la distribución de nuestra publicación.

En segundo lugar, resulta enormemente preocupante que el equipo directivo se otorgue unilateralmente la potestad para decidir sobre qué es lo que los ciudadanos que frecuentan los centros pueden leer.

¿Bajo qué criterios se hará la selección?

¿Cuáles son exactamente los «criterios éticos» a los que hace referencia la Corporación?

¿Con qué criterio determinarán si los contenidos son «ofensivos» o «sectarios»?

¿Cómo es que el equipo directivo se atribuye la capacidad de decir qué objetivos son «difamatorios»?

¿Quizá consideran difamatorios los contenidos que dejan en evidencia la profunda opacidad de su gestión? ¿Tal vez es ofensivo denunciar que las listas de espera en el centro no paran de crecer? ¿Tal vez es ofensivo desvelar que el antiguo director de la Corporación presidía una empresa en Reus que ha dejado un agujero de 3 millones de euros en las arcas municipales? ¿Es difamatorio decir a los ciudadanos que, aunque son ellos los que le pagan el sueldo a la gerente de la Corporación, Nuria Constans, este sueldo es totalmente secreto? ¿Es sectario avisar a los ciudadanos de que la Corporación se niega a decir en qué se han gastado cerca de medio millón de euros en «gastos de protocolo» los directivos?

Con la aparición de esta normativa queda absolutamente claro que el equipo directivo, no solo quiere ocultar a los ciudadanos el destino de su dinero, sino que quiere impedir, sea como sea, que nadie pregunte nada, ni los ciudadanos pongan en cuestión su trabajo.

Cualquier impedimento en la distribución basado en criterios ideológicos solo tiene un nombre: censura.

Por suerte, no todo el mundo cree que nuestro trabajo es sectario y difamatorio. Nuestros reportajes han hecho que la Oficina Antifraude de Cataluña abra una investigación sobre uno de los fundadores de la Corporación, Ramón Bagó. Esperamos que la censura nos permita explicar cómo evolucionan las investigaciones.

Para terminar, una pequeña reflexión: ¿y si en vez de aprobar normativas, ejercer la censura y perseguir periodistas, no informan de lo que hacen con el dinero de los ciudadanos? ¿Por qué en vez de perder el tiempo con estas rabietas no se dedican a resolver los problemas de las personas que padecen su opaca gestión? Mientras el equipo gestor se dedica a «velar» por los contenidos «ofensivos» y «sectarios», las urgencias de los hospitales que ellos gestionan se encuentran en condiciones lamentables. ¿Y si hacen su trabajo y se dejan de perseguir publicaciones al más puro estilo franquista?

Finalmente, solo nos queda pedir a nuestros lectores y a cualquier persona que crea en la libertad de expresión y en el periodismo independiente, que haga la máxima difusión posible de estos hechos. Como la propia censura demuestra, lo que más miedo da al poder es la información.

Bienvenido, Mr. Fernández Terricabras

Por lo que hemos podido saber, la excusa que amparó esta decisión fue la «bienvenida» que dimos al nuevo presidente de la CSMS. El 23 de febrero de 2012, acosado por las noticias de su implicación en los escándalos de Reus, Carles Manté renunció. Después de cinco años como presidente de la CSMS la cosa se estaba poniendo muy negra para Manté. La cuestión es que la CSMS tenía un nuevo presidente. Lo describimos así:

El nombre del relevo de Manté llegó el 1 de marzo. La persona elegida para ejercer la máxima representatividad de la CSMS es Alberto Fernández Terricabras. Según la CSMS Fernández Terricabras fue elegido por unanimidad por los miembros del Consejo Rector de la institución, donde participan varias entidades y ayuntamientos de la zona. Desde el punto de vista político, el nombramiento de Fernández Terricabras es una apuesta para reforzar el poder de CiU en la gestión de la CSMS. El nuevo presidente de la CSMS fue, junto con Duran, uno de los avalistas de Montserrat Candini en la campaña electoral que llevó a la senadora a la alcaldía de la ciudad. Fernández Terricabras es profesor de la escuela de negocios IESE y participa en fondos de inversión de capital de riesgo. El nuevo presidente de la CSMS es lo que últimamente se denomina un neoliberal. Desde su habitual columna en el diario ABC, Alberto Fernández Terricabras se pronuncia abiertamente a favor del copago, de las políticas de austeridad, de la privatización de servicios públicos o de la reforma laboral: «Al trabajador eficiente y comprometido le preocupa poco la indemnización por despido, a quien le preocupa es al trabajador vago, perezoso, que se aprovecha de la situación para trabajar menos y peor». Su carrera profesional en IESE, la escuela de negocios vinculada al Opus Dei, lo ha puesto al frente de la compañía de inversión de capital de riesgo Finaves. Esta compañía gestiona e invierte dinero de cajas como Unnim o La Caixa en empresas de diversos ámbitos, entre los que destaca el de la medicina. El grupo inversor dirigido por Fernández Terricabras tiene intereses en:

Advance Medical, una compañía con base en Boston que aporta «segundas opiniones» a pacientes con enfermedades graves;

Aqueduct Medical, empresa de material quirúrgico con base en San Francisco;

Alby Medical, empresa de desarrollo y comercialización de productos y equipos para urología, ginecología y gastroenterología;

Gerium Biomedical Engineering, empresa israelí comercializadora de aparatos de diagnóstico médico.

Empresas farmacéuticas

Alberto Fernández Terricabras también es presidente de la empresa de consultoría Strategy Focus, que ha trabajado para empresas como Endesa, las farmacéuticas Esteve, Novartis, la asociación de empresas farmacéuticas Farmaindustria, o la compañía de diagnóstico oftalmológico Indo, entre otras.

Compañeros de trabajo

Una mirada al entorno empresarial y laboral de Alberto Fernández nos ayuda a conocer un poco más el contexto de donde proviene el nuevo presidente. Los colaboradores más estrechos del nuevo presidente del CSMS en IESE y Finaves son:

Anna Birulés, ex ministra del Partido Popular en el gobierno de José María Aznar. Actualmente Birulés es consejera de Pelayo Mutua de Seguros y, hasta hace poco, de Renta Corporación Inmobiliaria;

Pedro Nueno, profesor de IESE y participante también en las empresas donde encontramos Fernández Terricabras: Aqueduct Medical, Smart Medical Group y Advance Medical Health Care. Nueno es autor del artículo «Liderando» publicado en La Vanguardia en 2011. (Resumen: «Hay que privatizar todo lo que todavía es propiedad pública, pero de verdad y en un mes: aeropuertos, loterías, cárceles, hospitales. (…) Hay que poner a los jóvenes a trabajar obligatoriamente hasta dos años gratis si tienen carrera, y más, si no la tienen. Si a quien los emplea le encantan y los quiere retener tendrá que empezar a pagarlo mucho antes. Y si no valen para nada, a algunas instituciones que los rehabiliten con dureza. (…) Nos enfrentaríamos a una protesta masiva. (…) Habría que aguantar gritos unos días y meter en la cárcel a algunos».)

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“Pedro Nueno: probablemente uno de los articulistas más asquerosos del país”

Este era el perfil que ofrecíamos a nuestros lectores sobre la figura del nuevo presidente y su entorno. Lamentablemente, sin embargo, cometimos un error. Una de las informaciones que incluíamos sobre Terricabras era esta:

El actual presidente del CSMS fue presidente del Airbus Military Company y fue jefe de transporte militar de la División Europea Aeronáutica, y participa en la empresa Sogeclair, con importantes intereses en la industria armamentística, o la aeronáutica Aviall Inc.

La fuente de esta información era la agencia Bloomberg Businessweek. En su apartado de Profesionales, Bloomberg, una agencia estadounidense propiedad del actual alcalde de Nueva York, ofrece perfiles de profesionales de todo el mundo. Entre estos perfiles se encontraba el de Fernández Terricabras. En el perfil hablaba de Finaves, de su carrera en IESE… y de su participación en el Airbus Military Company. Pero este último no era él, resulta que hay otro señor que se llama Alberto Fernández Terricabras que ha trabajado en Airbus.

Por supuesto, en el número siguiente de CAFÈAMBLLET advertimos a nuestros lectores del error, explicamos su origen y pusimos con letras bien grandes que el Fernández Terricabras de la CSMS no era el mismo que el de Airbus y que todo ello era un error de Bloomberg. Pero parecía que los directivos de la CSMS habían encontrado en este error la excusa perfecta para poner en duda todo lo que durante meses habíamos denunciado. Estaba claro que este tema era menor, pero los gestores de la CSMS querían magnificarlo. De todas formas esto no invalidaba, en absoluto, todo lo que habíamos descubierto, pero, aun así, daba mucha rabia cometer un error de este tipo. Llevábamos meses leyendo BOE, contrastando la información una y otra vez; llevábamos meses asegurando cada paso, vigilando cada dato y cada frase… Y ahora caíamos en este error. Les expliqué a Antía y Oriol lo que nos había pasado. «No estás obligado a no fiarte de Bloomberg —me tranquilizó Antía—. Es un error de Bloomberg. Lo único que tienes que hacer es rectificarlo en la siguiente edición y basta».

¡Pero si solo son 300.000 euros!

Pocos días después nos llamó Joan Ortiz, del programa de Radio Estel «Punto ORG». Nos proponía ir a su programa para hacer un debate con el señor Fernández Terricabras. Dijimos que sí en seguida. Marta, yo y el señor Fernández Terricabras nos encontramos en los estudios de Radio Estel en Barcelona. Después de los saludos de rigor entramos a grabar el programa. Joan, con el señor Terricabras a la derecha y yo a la izquierda (Marta lo miraba desde la cabina de controles) introducía así el cara a cara:

La revista gerundense CAFÈAMBLLET ha publicado un vídeo titulado El mayor robo de la historia de Cataluña, donde se acusa a los miembros de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva de no ser transparentes en la gestión de los presupuestos públicos. El revuelo levantado en internet es considerable y hoy lo que intentaremos hacer es poner un poco de luz en esta situación.

Joan le preguntó a Fernández Terricabras:

—Entrando en materia, ¿qué nos puede decir de estas partidas de gastos de protocolo o estudios e informes?

En vez de contestar a la pregunta, el señor Fernández Terricabras comenzó a hacer una larga disquisición sobre la bajada de ingresos que había sufrido la CSMS y sobre los muchos esfuerzos que estaba haciendo el equipo directivo para equilibrar las cuentas. Viendo que se intentaba escapar, Joan volvió a la carga:

—Volviendo al tema, ¿qué nos puede decir de estos informes y gastos de protocolo, señor Fernández?

—Bueno, en 2010 se gastaron menos de 300.000€ en informes… en concreto, un 0,23% del presupuesto… Claro, cuando uno dice que se han gastado 250.000 o 300.000 en estudios, la cifra impacta…

En ese punto intervine yo:

—¿Sabe que impacta de verdad, señor Terricabras? —interrumpí—. Yo soy consciente de que, para llevar una actividad tan compleja como gestionar un hospital, hace falta asesoramiento, hace falta gente que sepa. Entiendo que en algunos casos se deben reclamar los conocimientos de ciertas personas que han de cobrar por ello. Pero lo que impacta de verdad, lo que es un escándalo absoluto es que nadie de la CSMS, ninguno de los tres alcaldes presentes en el Consejo Rector hayan querido decir cuáles son esos informes, cuántos informes son, de qué temática tratan, qué empresas los han hecho…

—Aquí —dijo Terricabras— se está hablando en un vídeo de que se gastan 250.000€, pero no podemos olvidar que se trata de una organización que en 2010 gestionó cerca de 100 millones de euros…

De aquí no salíamos. A partir de ahí, la misma letanía de siempre: pasamos muchos controles, el de la auditoría externa, la Intervención General, la Sindicatura de Cuentas… Por suerte, faltaba cada vez menos para que el señor Terricabras tuviera que tragarse sus palabras. Faltaba cada vez menos para que saliera a la luz el escandaloso Informe Crespo.

—Nosotros —continuó Terricabras— podemos dar información a la ciudadanía, a los periodistas y, sin duda, una de las cosas que intentaremos es dar más información, pero no podemos explicar todo el detalle de nuestros estudios… ¡Ninguna empresa explica a todo el mundo todo los detalles de las cosas que hace!

—Pero esta es una empresa pública, ¿no? —apuntó Joan.

—Sí, es publica —dijo Fernández Terricabras— y entonces nosotros tenemos que cumplir con lo que nos obliga la ley en cuanto a la información que tenemos que dar, y siempre podemos hacer esfuerzos en dar más, pero volvemos a lo mismo… saber que se gastan 230.000€ en estudios ya es una información… que uno puede interpretar como quiera… Ustedes en la revista podrían decir que solo se gastan en informes un 0,23% del presupuesto. Muchas veces es cómo quieres que la gente interprete lo que dices…

He de confesar que cuando Joan Ortiz me dijo que había conseguido que el señor Fernández Terricabras viniera al cara a cara sentí cierto nerviosismo. Si aceptaba dar la cara en un medio de comunicación, conmigo delante, alguna cosa tendrían preparada, alguna nueva respuesta, alguna manera de neutralizar nuestra denuncia. Pero no. Lo único que hizo el señor Fernández Terricabras fue confirmar que en la CSMS se gasta el dinero de espaldas a los ciudadanos y que esto de la transparencia no va con ellos.

Cazados con una cámara oculta

En cuanto a la censura, el CAFÈAMBLLET aún hoy está prohibido en los hospitales de Blanes y Calella. Y también en el Ayuntamiento de Calella. Unos meses después del comunicado donde se prohibía la entrada del CAFÈAMBLLET en los hospitales, Manoli (nuestra comercial), la activista de la PAH de Girona, Marta Afuera, y yo fuimos a los hospitales para ver cómo estaba funcionando el sistema de censura. Manoli entró primero en las urgencias del hospital de Blanes y dejó un paquete de CAFÈAMBLLET donde estaban las otras publicaciones de la zona. En la sala de espera estaba Marta con un teléfono móvil con cámara. Pocos minutos después de que Manoli dejara las revistas, apareció un empleado de seguridad y se las llevó. Sin dejar de grabar, Marta fue a preguntarle a la recepcionista dónde estaban los CAFÈAMBLLET:

—Se los han llevado, la dirección los ha prohibido (ver vídeo).

Repetimos la operación en el hospital de Calella, con el mismo resultado. En el mismo hospital intentamos dejar ejemplares en la cafetería construida (y gestionada) por el Grupo Serhs de Ramón Bagó. Según los empleados vestidos con el logo de la empresa «la revista estaba prohibida» (ver vídeo).

Aprovechando que estábamos en Calella, fuimos a ver qué pasaba si dejábamos nuestras revistas en el Ayuntamiento. Manoli entró en el vestíbulo del consistorio y dejó los ejemplares del CAFÈAMBLLET donde estaban todas las revistas locales, allí donde los habíamos dejado durante los últimos 9 años.

—¡Buenos días! Dejo el CAFÈAMBLLET, ¿de acuerdo? —dice Manoli al recepcionista del Ayuntamiento.

—Bueno, no lo quieren… Alcaldía no lo quiere… —contesta el joven.

—Pero ¡si hay otras publicaciones aquí! —protesta Manoli.

—Si quieres —dice el chico un poco incómodo sabiendo que le están haciendo hacer un disparate— déjalos, pero los tengo que esconder hasta que los autoricen…

—Bueno —contesta Manoli—, yo tengo órdenes de dejar los ejemplares aquí… Yo los dejo y vosotros hacéis lo que tengáis que hacer…

Cuando Manoli se hubo marchado, Marta Afuera se acerca al chico y, sin dejar de grabar, le pregunta:

—¿No quieren el CAFÈAMBLLET?

—No.

—¿Por qué? —pregunta Marta sorprendida.

—Porque rajan de aquí —contesta el chico medio riendo.

—¿Porque «rajan» de aquí? ¿Qué fuerte, no?

—No sé, eso lo decide Alcaldía —dice el chico mientras vuelve al trabajo.

Vídeo grabado con cámara oculta en el Ayuntamiento de Calella, CAFÈAMBLLET

La Alcaldía de Calella está en manos de la alcaldesa y senadora convergente Montserrat Candini, que durante años fue la mano derecha de Felip Puig. Es la misma Montserrat Candini que le otorgó la Medalla de Oro a Ramón Bagó.

Montserrat Candini (CiU) y Josep M.ª Juhé (PSC) durante la entrega del título de Hijo Predilecto de Calella a Ramón Bagó en 2012.

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“Hugo Chavez? Fidel Castro? No, una alcaldesa de CiU”

Capítulo 10
Caso Bagó: un escándalo en tres actos

Donde se explica cómo los negocios de Bagó quedan definitivamente al descubierto aun con los intentos mediáticos de lavar su imagen.

A pesar de los patéticos comunicados de la CSMS, Marta y yo estábamos muy contentos. Habían sido demasiados meses de trabajo solitario, y de repente teníamos ayuda y apoyo. El pequeño equipo que nació alrededor de los papeles de Mataró nos hacía felices. Es verdad que todavía había que ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar El País. Había que ver de qué margen disponían Antía y Oriol para continuar investigando. Aunque confié desde el primer momento en estos dos periodistas, todavía no tenía claro hasta qué punto se mojaría un medio como El País. Lo que sí empezaba a estar claro es que una parte importante de los medios haría el camino opuesto.

Los días posteriores al descubrimiento de los papeles de Mataró, todos trabajamos duro, pero sobre todo Oriol y Antía. Querían publicar un gran reportaje sobre Bagó, sus negocios y las cada vez más evidentes irregularidades. A principios de marzo Oriol me dijo:

—El 19 de marzo lo de Bagó en la portada. Será un reportaje en tres partes. Cada día publicaremos una. He descubierto cosas muy fuertes.

Defensa siciliana

Pero mientras trabajábamos sobre los papeles de Mataró y Antía y Oriol ultimaban la serie de tres reportajes, el diario Ara hizo un movimiento que nos sorprendió. El domingo 11 de marzo el Ara publicaba una extensa entrevista a Bagó, a doble página, hecha por el mismo director del diario, Carles Capdevila.

El titular destacaba una frase de Bagó: «Es una vergüenza que no haya más impuestos para los ricos». Me llamó Ramón Serna. «Estos huelen algo», me dijo. Era como jugar una partida de ajedrez. El asunto de los papeles de Mataró había sido un buen movimiento que nos daba la posibilidad de poder hacer un buen ataque. Pero esta entrevista era, claramente, una maniobra de defensa. En la entrevista Bagó parecía casi un anticapitalista antisistema: despotricaba de los bancos («La gente se queja de que los bancos no dan créditos, pero los necesitan ellos, pobrecitos»), alababa a Lula («Él incorporó a la clase media mucha gente»), y se indignaba («Esta crisis, ¿por qué crees que existe? Porque hay una mala distribución de la riqueza. No puede ser que un tío no llegue a mil euros y a otro le den cuarenta millones»).

Hacia el final de la entrevista, llegaba la pregunta:

—Hablando de problemas, se le ha acusado de tráfico de influencias por haber sido presidente del Consorcio Hospitalario y tener una empresa que tiene concesiones en hospitales —comentaba el director del Ara.

—No he hecho nada que no sea legal —respondió Bagó—. El Consorcio hacía un concurso, pero quien lo decidía era cada hospital.

Lo que no decía Bagó es que muchos de estos hospitales que «deciden por sí mismos» estaban bajo su control, con plenos poderes de maniobra, como habíamos visto en Mataró.

—Me enfada —continuaba Bagó— que se digan falsedades por lo que puede llegar a pensar la gente que no sabe nada, pero yo lo único que tengo es la honestidad. Hay gente que me la tiene jurada.

El resto de las preguntas son del estilo:

—¿Habla demasiado claro por haber sido político?

—¿Tiene sentido del humor?

—¿Cómo es que trabaja tanto?

—Cuénteme su horario, a los 78 años…

Una semana más tarde, el día 18 de marzo, El Periódico de Catalunya dedicaba una de sus codiciadas flechas verdes a Ramón Bagó, porque el Grupo Serhs era «un ejemplo del éxito de apertura al exterior». Al igual que los semáforos de La Vanguardia, las flechas de El Periódico dan pistas sobre los posicionamientos y los intereses de estos diarios. En septiembre, El Periódico, como si fuera un césar que baja el pulso, dedicaba una flecha a Ada Colau, portavoz de la PAH. Pero esta era de color rojo.

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“Según El Periódico los empresarios con dinero en paraísos fiscales (Bagó) molan más Ada Colau”

Tres días duros para Bagó

El lunes 19 de marzo Oriol y Antía publicaban la primera parte de la trilogía sobre Ramón Bagó. Seguramente muchos de los que estáis leyendo este libro habéis ido siguiendo las noticias publicadas sobre Ramón Bagó. Aun así, creemos que hay que volver a reproducir el trabajo realizado por Antía y Oriol. Además, creemos que hacer una relectura de sus artículos, a la luz de las investigaciones que los precedieron, puede aportar nuevos matices. Volver a transcribir esta trilogía es una manera de luchar contra la vorágine informativa que todo lo traga y que tapa un escándalo con el siguiente. Tras la publicación de estos tres reportajes se destaparon muchos nuevos escándalos, tanto en el ámbito de la sanidad como en muchos otros. Pero esto nunca debería permitir que los hechos que explican Antía y Oriol caigan en el olvido o se transformen en algo normal, admisible, parte del paisaje. Reproducimos estos tres artículos con la intención de que lo que se describe a continuación no se olvide, al menos hasta que todo se esclarezca.

«Bagó ha captado 50 millones de fondos públicos desde 2002 mediante el CSC» Hospitales y Centros sociosanitarios gestionados por el Consorcio de Salud y Social de Cataluña contratan el servicio de cocina a empresas del Grupo Serhs

Oriol Güell, Antía Castedo / 19 de marzo de 2012 / El País

De las múltiples facetas de Ramón Bagó —alcalde de Calella por CiU entre 1979 y 1991, empresario de éxito, uno de los arquitectos del sistema sanitario catalán y Cruz de Sant Jordi en 2001— hay dos que se encuentran en la cocina de los hospitales catalanes. Una es la del gestor sanitario, la del hombre que durante 20 años ha podido intervenir en la dirección de decenas de centros a través del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), un organismo público donde ha ocupado todos los cargos de responsabilidad —actualmente es vicepresidente y consejero de sus empresas filiales— y que agrupa a más de 60 hospitales financiados por la Generalitat, pero cuya gestión depende de fundaciones, consorcios y otras entidades públicas y privadas sin afán de lucro. La otra cara de Bagó que se mezcla entre los fogones es la del empresario dueño de un conglomerado, el Grupo Serhs, con 74 empresas, 2.600 empleados y 473 millones de euros de facturación en 2011. Tres de ellas han obtenido, desde 2002, contratos de centros mediante el CSC. El País ha rastreado los contratos la última década entre hospitales y centros gestionados por el CSC y las empresas de Bagó, y ha descubierto que estas han conseguida contratos por 50,8 millones de euros. De ellos, casi una tercera parte (15,3) han acabado en sus cuentas sin mediar concurso.

Hay tres circunstancias en las que es posible el conflicto de intereses. La primera se da en los centros de los que el CSC es el responsable directo, aunque sean financiados por la Generalitat. Es el caso de Cotxeres de Borbó, en Barcelona, una concesión administrativa obtenida por el CSC de la Generalitat en 2008 para la construcción y gestión durante 30 años de un equipamiento con 255 plazas sociosanitarias. Circunstancias parecidas concurren en la residencia Frederica Montseny de Viladecans (Barcelona), con 233 plazas. El centro está gestionado por un consorcio formado por el Ayuntamiento de Viladecans y el propio CSC. Las otras dos situaciones en las que el conflicto de intereses puede emerger están vinculadas a dos servicios que ofrece el CSC: el de contrato de gestión y el servicio de licitaciones. En el primero el CSC nombra, a través de una filial, al gerente que se encargará de fijar objetivos, presupuestos y líneas estratégicas. En aquellos centros, como algunas residencias, no obligados a sacar a concurso los servicios, el gerente tiene autonomía para contratarlos.

Badalona es otra de las plazas fuertes de Serhs. El hospital municipal, gestionado por el CSC desde hace 14 años, ha concedido a la empresa de Bagó en la última década el contrato de cocina sin concurso público por 4,8 millones de euros, a pesar de las advertencias de la Sindicatura de Cuentas.

La mesa de contratación de Viladecans ilustra la confusión de intereses que puede producirse en las licitaciones del CSC. El presidente es un representante del Consorcio Sociosanitario de Viladecans (CSSV). La secretaria es la del CSC, al igual que tres de los vocales, y el cuarto representa al CSSV.

Es decir, la mayoría de los presentes forman parte de una entidad, el CSC, cuyo vicepresidente es el dueño de la empresa adjudicataria. Ramón Bagó ha asegurado a este periódico que ha «cumplido siempre la ley», aunque no quiso entrar en detalles sobre las adjudicaciones a sus empresas.

El martes día 20 llegaba la segunda entrega. Los papeles de Mataró nos habían dejado claro cómo funcionaba el mecanismo que relacionaba al Ramón Bagó gestor del CHC con el Ramón Bagó empresario. Con esta información, Oriol revisó decenas de contratos en hospitales de toda Cataluña y en Badalona se encontró con esto:

«Badalona, la gran cocina de Ramón Bagó»

Oriol Güell / 20 de marzo de 2012 / El País

Serhs ha acaparado desde 1994 contratos públicos por 23,5 millones en los hospitales y residencias de la ciudad, más de la mitad sin concurso.

Los fogones de Ramón Bagó, el hombre fuerte de la sanidad catalana, cuyas empresas de restauración han obtenido desde 2002 un total de 50,8 euros de fondos públicos, empezaron a trabajar con especial intensidad en Badalona mucho antes. El Grupo Serhs ha logrado en la ciudad un total de 23,5 millones de euros en contratos de cocina para todo tipo de equipamientos sociales y sanitarios desde 1994, primer año del que este diario ha conseguido datos representativos. Menos de la mitad de los fondos públicos, el 46%, captados por las empresas de Bagó en Badalona lo han sido mediante concurso público. El Grupo Serhs ha logrado en estos 18 años de trabajo en el hospital municipal, financiado por el Departamento de Salud, 7,8 millones de euros, según datos ofrecidos por el Ayuntamiento. El hospital de Badalona es uno de los centros cuya gestión ha sido subcontratada por el Ayuntamiento al CSC desde 1998, un servicio común en los hospitales comarcales catalanes. Tras su aterrizaje en el hospital, Serhs fue haciéndose con las cocinas de toda la ciudad relacionadas con la asistencia sanitaria y los servicios sociales. Entre 1994 y 2003, año de su demolición, la empresa de Bagó asumió la cocina del centro sociosanitario local, lo que le reportó (sin concurso) 2,1 millones de euros en 10 años, según datos municipales. La gestación y ejecución del centro ilustra los riesgos del conflicto de intereses en el que incurre Bagó en su doble faceta de gestor sanitario y proveedor de servicios a hospitales y residencias. Cuando Badalona decidió arrancar el proyecto, se asoció con el CSC para sacarlo adelante. En mayo de 2000, ambas partes crearon una sociedad en la que posteriormente el consorcio fue perdiendo peso a través de sucesivas ampliaciones de capital hasta que, cuatro años más tarde, el Ayuntamiento acabó comprando al CSC su parte. La presencia del CSC en la sociedad que desarrolló el proyecto, sin embargo, permitió a Bagó estar presente en su Consejo de Administración. Cuando llegó la hora de sacar a concurso el servicio de cocina —algo legalmente obligado, por el tamaño de un proyecto que superaba los 10 millones de euros de presupuesto—, la sociedad Centro Sociosanitario El Carme recurrió a la mesa de contratación del CSC, otro servicio que ofrece a sus asociados. Así, el CSC se encargó de redactar las bases, evaluar ofertas y presentarlas al Consejo de Administración.

El Consejo estaba presidido por la alcaldesa de Badalona, la socialista Maite Arqué, tres representantes municipales y dos del CSC, entre ellos el propio Bagó. El secretario, Francesc José María, también lo era del CSC. Según las actas a las que ha tenido acceso El País, el gerente del hospital municipal (también del CSC) presentó las ofertas de Serhs y de una segunda empresa. Explicó que, aunque eran muy parecidas técnicamente, la de Serhs era «ligeramente más económica». La votación del consejo, de la que Bagó se ausentó para evitar tener que votar a su propia empresa, fue rápida. El resultado fue un gigantesco contrato de 14 años de duración, vigente hasta 2017, que por el momento ha reportado a Serhs 7,8 millones de negocio.

La tercera y última entrega tenía como protagonistas los papeles de Mataró y explicaba cómo Bagó se había hecho con el servicio de catering: «Un caballo de Troya en Mataró».

Los tres artículos provocaron un gran revuelo, aunque el resto de medios (incluido TV3) hicieron ver que no existían. En Badalona, sin embargo, los artículos tuvieron importantes consecuencias. Al día siguiente de su publicación, el alcalde Xavier García Albiol (PP), que gobierna con el apoyo de CiU, anunció que «revisaría a fondo» los contratos de Serhs en el municipio. Albiol consideró «extraordinariamente grave el hecho de que el hospital municipal haya dado a una empresa el contrato de cocina durante 19 años sin concurso público». Unos hechos que fueron detectados en 2006 por la Sindicatura de Cuentas, que advirtió a los responsables de que «se estaba incumpliendo la normativa». Pero el anterior alcalde de Badalona, Jordi Serra (PSC), no hizo caso. El grupo municipal de ICV pidió que se abriera una comisión de investigación. Ante el escándalo, los compañeros de partido de Bagó en el Parlamento volvieron a mirar hacia otro lado.

El consejero de Presidencia del Gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, restó importancia al tema diciendo que «es fácil llegar a esta cantidad de dinero por el largo período de tiempo que comprenden los contratos». Por su parte, el diputado Jordi Turull (de quien hablaremos en seguida) se refirió a «la importancia del Grupo Serhs en el sector del catering para justificar los numerosos contratos de los que ha disfrutado Bagó». A lo largo de las semanas siguientes el Consejo de Administración de los hospitales de Badalona (formado por representantes de todos los partidos municipales) se reunió para estudiar la situación. Descubrieron, entre otras cosas, que la oferta que presentó Serhs era un 24% superior al precio de licitación. Se descubrió también que el máximo responsable de servicios del hospital de Badalona (y por tanto el de cocina) era la pareja de un miembro del Grupo Serhs. Poco después esta persona abandonó Badalona para ocupar el mismo cargo en el centro sanitario Cotxeres de Borbó, donde también intervino en la adjudicación del contrato de restauración a la empresa de Bagó. Citando fuentes de la comisión de investigación, el diario El País explicó que «era tanta la confianza y la confabulación entre el hospital, el CHC y Serhs que no se molestaban ni en disimular. Los contratos entre el hospital de Badalona y el Grupo Serhs se firmaban en la sede de Serhs, ¡en Pineda de Mar!».

Meses más tarde, la CUP de Calella organizó una charla sobre la sanidad pública a la que nos invitaron. Allí, en el feudo de Bagó explicamos, entre otras cosas, los diversos escándalos protagonizados por el «hijo predilecto» de la ciudad. Entre los asistentes había un directivo del Grupo Serhs. En el turno de preguntas este señor intentó defender la empresa. Sobre Badalona dijo que «estaban perdiendo dinero» y que «nadie más se había presentado para ofrecer el servicio». Un hombre mayor que estaba entre el público le respondió haciendo una interesante reflexión: «Está claro que no se presentó ninguna otra empresa… ¿quién debería perder el tiempo en competir en un concurso tan escandaloso como el de Badalona?».

Un mes más tarde el Ayuntamiento de Badalona echó al Grupo Serhs del Hospital Municipal y envió toda la información a la Oficina Antifraude. Casualidades de la vida, uno de los miembros del Consejo de Badalona, nombrado por ICV-EUiA, era el compañero de Àngels Castells en Dempeus, Toni Barbarà. «Se ha hecho todo lo posible para aportar luz a un episodio muy oscuro», nos dijo. En enero de 2013 la Oficina Antifraude emitió un informe donde veía delito en estos contratos. Actualmente Ramón Bagó y el Grupo Serhs están siendo investigados por la Fiscalía y el Caso Bagó es uno de los casos que investigará la Comisión de Investigación sobre la sanidad en el Parlamento de Cataluña.

Capítulo 11
Artur Mas, ¿dónde está mi dinero?

Donde se explica el esperpéntico caso de las «sillas de copago», que nos lleva a hacer una videocarta al presidente Artur Mas.

El día 21 de marzo, cuando El País publicó la última parte de la trilogía sobre Bagó, nuestro vídeo El mayor robo en la historia de Cataluña ya había llegado a las 220.000 visitas. En solo un mes habíamos conseguido una cierta fama, que nos tenía muy sorprendidos. Pero, a pesar del impacto que empezaba a tener nuestro vídeo, ninguna de las personas a quienes dirigíamos nuestras preguntas se dignó en contestar. ¿No tendrían YouTube? ¿No tendrían los números a mano? El hecho de que las preguntas estuvieran en la pantalla de miles de ordenadores ya era un triunfo. Pero queríamos respuestas.

Mientras pensábamos qué podíamos hacer para conseguir estas respuestas, un usuario del hospital de Blanes nos envió por WhatsApp una foto que nos indignó. Era la foto de una nueva máquina que se había instalado en el hospital de Blanes. No era un nuevo monitor para la tensión, ni un moderno aparato de rayos X. Era la máquina expendedora de tickets para poder reclinar la silla de los acompañantes de los enfermos. «Mirad lo que han puesto en Blanes. ¡No tienen vergüenza!», decía el mensaje que acompañaba a la foto. Al principio nos costó creerlo, pero al cabo de un par de horas pudimos confirmar que la dirección del centro había retirado las antiguas sillas que había al lado de las camas de los enfermos y había puesto unas mucho más cómodas y con un sistema que permite que por la noche se puedan reclinar, previo pago de 5 euros por noche (20 si se compra un ticket para 5 días).

Sillas de copago

Una vez hechas las comprobaciones, publicamos las fotos en nuestra web y explicamos el caso de las «sillas de copago». La red volvió a incendiarse y al día siguiente el señor Xavier Conill tenía en la puerta de su hospital dos equipos de televisión (uno de La Sexta y otro de TVE) preguntando por las sillas y, además, decenas de noticias en los medios de comunicación haciéndose eco de la situación. Era curioso. Llevábamos meses advirtiendo a todo el mundo de que los directivos de la CSMS se gastaban millones de euros sin dar explicaciones y nadie nos hacía caso. Publicábamos que se cobraban 5 euros por reclinar la silla y se convertía en noticia inmediatamente. La noticia en nuestra web recibió 25.000 visitas en las primeras 12 horas. El caso de las «sillas de copago» dio muchas vueltas por la red y por los medios de comunicación. Pocas horas después algunos medios se hacían eco de un hecho curioso: la empresa proveedora de las «sillas de copago» era DECAM Reclining Chairs, propiedad de Miquel Lobato, ex alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Según el semanario L’Independent de Gràcia, en la empresa también trabajaba un primo de Concepció Veray, ex líder del PP en Girona.

Máquina dispensadora de tiquets para pagar el uso de las butacas del hospital de Blanes. CAFÉAMBLLET

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“Usar una silla en un hospital público: 5 euros”

Pero lo que más nos indignó es que el equipo gestor que había decidido poner estas sillas era el mismo que se negaba a decir, por ejemplo, cuánto ganaba su gerente o dónde iban a parar los 300.000€ anuales en informes o los 90.000€ en gastos de protocolo. Los mismos que no contestaban nuestras preguntas.

¿Qué podíamos hacer? El éxito de nuestro primer vídeo nos había enseñado que teníamos a nuestra disposición una herramienta, YouTube, que tenía mucho poder. ¿Por qué no usarla otra vez?

El 22 de marzo publicamos un vídeo con el mismo título que este libro: Artur Mas, ¿dónde está mi dinero? Si los gestores y los alcaldes no nos querían responder, había que hacer las preguntas directamente al jefe, al presidente Mas.

Señor Artur Mas: Mi nombre es Marta Sibina Camps, soy enfermera y editora de la revista gerundense CAFÈAMBLLET. Hace unos días colgué en YouTube un vídeo donde denuncio, entre otras cosas, cómo el dinero de nuestra sanidad «desaparece» en manos de unos cuantos altos cargos y empresarios cercanos al poder. En el vídeo hago preguntas muy concretas. Como nadie contesta, señor presidente, no me queda más remedio que hacerle estas preguntas a usted, responsable último de lo que está pasando. Le pido que esté muy atento, que escuche con atención las preguntas. Porque quiero respuestas.

A partir de este punto, volvíamos a formular las preguntas de siempre. Y continuábamos:

Señor Mas, como le he dicho al principio, yo soy enfermera y trabajo en un centro público. Esta es mi nómina: 900 euros. (Marta enseñaba a la cámara su última nómina de media jornada).

Ahora me pregunto: si la gerente de la corporación, Nuria Constans, recibe su sueldo del dinero de los ciudadanos, ¿por qué su sueldo es un secreto tan bien guardado? ¿Qué problema hay? Hemos pedido cuánto cobra la gerente muchas veces, hemos preguntado si tiene cláusula de rescisión, pero nadie contesta. Hay gente de dentro de la Corporación que dice que cobra 30.000€ al mes y que tiene una cláusula de rescisión de un millón de euros. Yo normalmente no creo todo lo que la gente va diciendo, pero usted entenderá que, cuando nuestros representantes políticos se niegan durante meses a dar esta información, empiece a desconfiar.

Incluso el diario El Punt ha intentado sin éxito obtener esta información. Entenderá mi desconfianza, señor presidente, ya que en nuestro país ya conocemos algunos escándalos muy muy gordos respecto a los sueldos pagados con dinero público.

Hace pocos días dimitía Josep Prat de sus cargos en el Ayuntamiento de Reus. Un señor que, como la gerente Nuria Constans, tenía un sueldo pagado con dinero público totalmente secreto… Gracias al trabajo de la CUP de Reus, que no ha dejado de preguntar, finalmente nos enteramos de que este señor cobraba 300.000 euros al año de la empresa municipal Innova. ¡300.000 euros al año de dinero público!

Mientras una familia normal de este país tarda 45 años en pagarse un piso, ¡este señor lo puede comprar con el sueldo de 6 meses!

Este señor es, ahora mismo, el presidente del Instituto Catalán de Salud, la empresa pública más grande de Cataluña… Es el encargado de «reformar y hacer más efectivo el servicio».

Usted entenderá, señor presidente, que tengo la obligación de preguntar estos «detalles» cuando, al mismo tiempo que esto ocurre, está haciendo pagar un euro por receta a pensionistas que cobran 500 euros al mes. Para ir terminando, señor presidente, lo que le he explicado de los hospitales de Blanes y Calella está pasando en todos los hospitales de Cataluña, los CAP, los centros sociosanitarios y también en otros ámbitos de la gestión pública —que tanto gusta a algunos.

¿A usted le parece justo que cada año millones de euros de los ciudadanos que pagamos impuestos, que nos esforzamos en seguir adelante, desaparezcan sin que nadie dé una explicación?

¿A usted le parece justo que, mientras que una pequeña empresa o un autónomo debe tener mil ojos para tener todos los papeles en regla, nuestros gobernantes gastan sin control?

Mire, señor Mas:

Yo ya he enseñado mi nómina. Ahora le toca a usted; puede esconderse y mirar hacia otro lado o dar la cara y contestarme. Mientras no conteste, mientras los ciudadanos no podamos saber dónde va cada uno de nuestros euros, usted es un presidente sin legitimidad democrática.

Porque la democracia no solo es ir a votar cada cuatro años. Democracia es que los ciudadanos puedan saber en qué se gastan el dinero los políticos que los representan. ¿Cuánto duraría en su cargo un gerente que no diera explicaciones al dueño de la empresa? Pues eso.

Este fue el primero de una serie de 3 vídeos que le dirigimos a Artur Mas. El segundo lo hicimos poco antes de las elecciones del 25 de noviembre de 2012 y se titulaba Cataluña: ¿Finlandia o Guinea Ecuatorial? Artur Mas y los bananos. El tercer vídeo dirigido al presidente lo hicimos al día siguiente de aquellas elecciones, después de que Mas perdiera 12 escaños. Se titulaba Señor Mas, tengo muy malas noticias para usted. Actualmente los tres vídeos suman 897.289 visualizaciones en YouTube.

El silencio de los presidentes

Mas aún no ha contestado ninguna de las preguntas que le hemos hecho, pero eso es lo de menos. Lo que sí es importante es que las preguntas han sido formuladas en público, delante de todos. Una pregunta, respetuosa, concreta, importante para el funcionamiento de la sociedad, formulada ante todo el mundo tiene un peso político enorme. Que el presidente interpelado la conteste o no, también. Cada pregunta de la ciudadanía que queda sin respuesta es una grieta en el poder, una grieta en el trono donde se sienta el presidente. Marta y yo, después de agotar todos los caminos posibles para saber dónde se gastaban nuestro dinero en los hospitales de Blanes y Calella, vimos la figura del presidente como la última oportunidad, como un último refugio. Lo que hemos podido comprobar, sin embargo, es que el presidente y todo su gobierno solo son un refugio para los que se gastan el dinero de los ciudadanos sin dar explicaciones. Los presidentes —el de ahora, el de antes, el de Cataluña, el de España, el de la UE, el del Parlamento, el del Congreso—, parece que todos han elegido presidir un país donde el ciudadano es el último de la cola.

El dramaturgo Arthur Miller dijo que «un buen periódico es una nación que habla consigo misma». Hoy en nuestro país, sin embargo, hay un problema: cada vez se nota más que los periódicos no hablan con la nación, sino que hablan con los consejos de administración de los bancos a los que deben dinero o con el partido político que les ha dado la subvención para sobrevivir. En este contexto de medios de comunicación (públicos y privados) controlados por el poder, YouTube y la red en general se convierten en una oportunidad para alzar la voz, para hacer sentir la propia voz, la voz del pueblo.

No se trata de que Marta y yo hagamos muchos vídeos al presidente. Se trata de que lo hagamos todos, que lo hagamos entre todos. Quizá la gracia de YouTube, de internet, es que por fin se han acabado los intermediarios. Ahora solo hay que aprender a utilizar la herramienta. YouTube, internet, una gran asamblea ciudadana donde todos podemos tomar la palabra, donde todos podemos preguntarle al presidente: «¿Dónde está mi dinero?».

Capítulo 12
La demanda de Via

Donde se explica la demanda que nos puso un asesor de Artur Mas y sus relaciones con unas cuantas personas y donde se explica la manera más curiosa de obtener una licencia de pesca.

Muchos de los comentarios que la gente escribía a los vídeos que habíamos colgado en YouTube hacían referencia a lo valientes que éramos para denunciar lo que estábamos denunciando. Sin duda todos aquellos comentarios nos halagaban, pero a la vez nos obligaban a hacernos una pregunta: ¿En qué clase de país vivimos, si el hecho de pedir en qué se gasta el dinero público es considerado un acto de valentía? ¿Qué había pasado en nuestro país para que tanta gente creyera que algo tan sencillo como lo que habíamos hecho era un acto de valentía? ¿Tan extraordinario es preguntar dónde está nuestro dinero? ¿Tanto tiempo habíamos pasado los periodistas y los ciudadanos en general sin hacer estas preguntas vitales y normales en una sociedad democrática para que se considerara que esto era una acto de valentía? Sea como sea, la carta que llegó a casa el 3 de abril confirmaba que, efectivamente, dejar al descubierto las vergüenzas de los poderosos podía ser peligroso.

El sobre lo trajo María, la madre de Marta. Todavía no habíamos hecho el cambio de domicilio y las cartas seguían llegando a su casa. Aquella carta había llegado certificada y llevaba la cabecera del juzgado n. 37 de Barcelona. La madre de Marta vio que era algo importante y nos la trajo a casa inmediatamente. Marta estaba preparando la comida y yo estaba en el patio con los niños, ayudándoles a pintar un monopatín. Marta me llamó y cuando entré en la cocina la encontré con el sobre aún cerrado en las manos. Lo abrimos bajo la mirada preocupada de María. Dentro, unos 15 folios nos explicaban que un señor de nombre Josep María Via nos había denunciado por «daños al honor».

Intenté disimular para no preocupar a la madre de Marta. Miré los papeles por encima y los dejé sobre la mesa de la cocina. «Bah, tonterías… Ya lo leeré después», dije mientras volvía al patio con los niños. Cuando María se hubo marchado volví a entrar en la cocina. Marta intentaba entender lo que ponía en la carta. Resumiendo: el señor Via quería 20.000€ para restablecer su honor dañado.

Los días posteriores a la llegada de la carta fueron muy estresantes. Era imposible dejar de pensar en lo que teníamos que hacer, qué pasaría si éramos condenados, cómo haríamos frente a la denuncia. No teníamos ningún abogado, no teníamos dinero para pagar uno, no teníamos propiedades para hacer frente a la multa. En ese momento se nos cayó todo encima. La tranquilidad fingida para no preocupar a la madre de Marta terminó cuando salió por la puerta. ¿Cómo nos podía estar pasando esto? ¿Cómo podía ser que fuéramos nosotros los denunciados? Nos colapsamos. Combinábamos constantemente momentos de tristeza y abatimiento con momentos de rabia y de ira. Sabíamos que eran ellos los que se habían hecho ricos gracias a la sanidad. Sabíamos que eran los directivos de los hospitales de Blanes y Calella los que se estaban gastando nuestro dinero sin dar explicaciones. Sabíamos que era Bagó quien estaba recibiendo millones para sus empresas de manera irregular. Pero nosotros éramos los que nos sentaríamos el banquillo.

Via: un apóstol del descontrol

Tras meses apuntando a los alcaldes de Blanes, Lloret y Calella, Bagó, Prat, Manté, nos denunciaba un señor que se llamaba Josep María Via. Qué raro, pensamos. El señor Via apenas sale 2 minutos en el vídeo. La inclusión del señor Josep María Via en el vídeo se debía a un artículo publicado en el diario El País el 16 de febrero. En este artículo el señor Via decía:

Los gobiernos deberían ceder la gestión de servicios sanitarios a las empresas, ya que la gestión pública está asfixiada por los controles. (…) La administración burocrática, ahogada por las intervenciones previas y el control posterior, no consigue mejores resultados que la gestión empresarial.

Después de haber descubierto cómo los gestores de los hospitales y los responsables políticos ocultaban sistemáticamente información sobre el destino de millones de euros públicos; después de haber comprobado cómo el sistema sanitario había sido diseñado para hacer imposible el control efectivo por parte de los ciudadanos, el señor Via decía que hay «demasiados controles».

En otro artículo de Via, escrito junto con el alto cargo convergente Xavier Pomés, se podía leer:

Los concursos llevados a cabo por las administraciones, con el argumento de concurrencia y transparencia no aportan valor añadido ni son garantía de nada.

Cada vez que Via tiene la oportunidad dispara contra todo lo que sea público: gestión de recursos, fiscalización, trabajadores públicos…

El pasado 11 de marzo de 2013, durante un acto con la vicepresidenta Joana Ortega, Via se sacaba totalmente la máscara y afirmaba que «los controles aplicados para evitar la corrupción crean una administración pesada, sin eficacia».

El señor Via lleva años siendo la voz de aquellos que ven el sistema sanitario como un lugar magnífico para hacer negocios, como un río de dinero público fluyendo hacia sus empresas. Pero aunque esto es así, aunque hace años que él y gente como él viven de estos presupuestos públicos, opinan que todavía «hay demasiados controles», demasiada «burocracia». Es decir, que quieren el dinero del pueblo, pero encuentran incómodo que el pueblo fiscalice cómo se gasta su dinero. En el vídeo le decíamos al señor Via que eso que él llama burocracia se llama democracia y es la capacidad del pueblo de controlar quién y cómo se gasta nuestro dinero.

Según Via la iniciativa privada es la gran solución a los problemas sanitarios y señala la intervención pública como un problema, como una rémora que ha caído con el muro de Berlín. Ya no es el momento de que los poderes públicos vigilen o decidan nada. Según Via es el tiempo de palabras como eficiencia, eficacia, benchmarking y otros inventos de las escuelas de negocios que han formado a los gestores sanitarios de nuestro país durante los últimos veinte años.

Capitalistas con el dinero de todos

En cierto modo podríamos estar de acuerdo con el señor Via: la iniciativa privada es un puntal importante de nuestra sociedad y nuestra economía. El CAFÈAMBLLET mismo es una S.L., una empresa. Pero el amor por la iniciativa privada de Josep María Via es curioso. El espíritu empresarial del señor Via, curiosamente, siempre ha estado estrechamente ligado a los presupuestos públicos. El 22 de septiembre de 2003 El Triangle publicó la siguiente noticia:

«La empresa del ex secretario del Gobierno vive de facturar al Gobierno»

Los principales clientes de Gesaworld, presidida por Josep María Via, son el Servicio Catalán de la Salud, el Departamento de Economía, la mutua La Alianza y el Hospital de Sant Pau.

(…) Via Redons creó Gesaworld en 1999 poco después de dejar la Administración catalana, donde durante los años ochenta ocupó diversos cargos en el Departamento de Sanidad y, posteriormente, con Xavier Trias de consejero de Presidencia, fue secretario del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento. Además de Via, la mayor parte de los actuales directivos de Gesaworld, como Josep Lázaro o Joan Castillejo, han sido altos cargos en el Departamento de Sanidad. En cuatro años, el crecimiento de Gesaworld ha sido imparable. Según datos del Registro Mercantil, la sociedad facturó 800.000€ en 2000, prácticamente 1 millón en 2001 y 1,8 millones de euros en 2002. Por tanto, entre el año 2001 y 2002 (…) el volumen de negocio se incrementó en un 88,8%. (…) Pero lo que más sorprende es que solo con un vistazo a su web se puede comprobar que el principal cliente de Gesaworld es la Administración catalana y su área de influencia. Así, esta consultoría ha trabajado para el Servicio Catalán de la Salud, el Departamento de Economía y Finanzas, el Consorcio Sanitario Parc Taulí y el Hospital de Sant Pau.

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“La empresa del ex-secretario del Govern de Pujol vive de facturar al Govern”

Este es solo un ejemplo de un hecho totalmente corriente en el sistema sanitario catalán: empresarios muy bien relacionados con el poder político que crean empresas que reciben contratos millonarios provenientes de las administraciones de las que, muchas veces, estos mismos empresarios han sido miembros. Casi una década más tarde el periodista Josep Callol publicaba en el Diari de Girona un reportaje titulado «Negocios opacos de la sanidad catalana», donde explicaba un hecho que ya nadie niega:

Poco a poco se iba tejiendo una red empresarial en torno a todos estos nuevos servicios tan cercanos al ciudadano que en buena parte estaba formada por amigos de Pujol, fundadores de Convergencia o antiguos altos cargos del partido. Personajes que con sus empresas se iban convirtiendo en proveedores de centros sanitarios, gestores de hospitales o directivos de organizaciones asociativas del sector.

Portada del Diari de Girona del 22 de enero de 2012. “Un reducido grupo se intercambia desde hace años los cargos públicos y privados de la sanidad catalana”.

El periodista Alfons Quintà describe el sector sanitario concertado en Cataluña como:

El mundo donde han hecho mucho dinero el Consorcio Hospitalario de Cataluña y la Unión Catalana de Hospitales, así como Josep Prat, Feliu Sucarrats, el clan familiar Sumarroca, Josep Agulló, Ramón Bagó i Boi Ruiz, entre otros.

Es así, pues, como muchos grandes «emprendedores» de nuestro país, en realidad, lo que hacen es vivir de los contratos pagados con dinero de los ciudadanos. Unos contratos que los hacen ricos y que, en no pocas ocasiones, los consiguen, no por la calidad y los buenos servicios de sus empresas, sino por la estrecha relación con políticos que gestionan el dinero de los ciudadanos. Pero algunos no tienen suficiente con gestionar el dinero de todos y, como Via, reclaman «libertad» para hacerlo.

¿Qué quiere este señor?

Cuando empezamos a denunciar lo que estaba pasando en la sanidad catalana, mucha gente nos advirtió del peligro que comportaba meterse con gente tan poderosa económica y políticamente. Marta y yo siempre hemos escuchado estas advertencias y las hemos tenido en cuenta. Nos obligaron a ser absolutamente rigurosos con la información, contrastar todo con meticulosidad y a cometer la mínima cantidad de errores posibles. Pero lo que no podíamos permitir era que el miedo nos hiciera callar. Había que continuar y, sobre todo, había que asumir el riesgo que ello conllevaba.

Aun así, la denuncia de Josep María Via nos sorprendió. No nos hubiera sorprendido tanto una denuncia de Bagó, a quien llevábamos meses dedicándole portadas y artículos. No nos hubiera extrañado tampoco que los gestores de los hospitales de Blanes y Calella hicieran efectiva su amenaza de demandarnos. Josep Prat y Carles Manté tampoco salían muy bien parados en nuestro vídeo, lo que también hubiera explicado cierta presión para que calláramos.

Pero ¿Via? ¿Por qué nos denunciaba un señor al que solo habíamos mencionado unos pocos minutos en un vídeo a raíz de un artículo publicado por él mismo en el diario El País y al que no acusábamos de nada más que de hacerse rico gracias a la sanidad pública?

El día que vimos el nombre de Via en la demanda no lo entendimos, pero cuando hicimos un repaso a la trayectoria de Josep María Via, descubrimos lo estrechas que son sus relaciones con los protagonistas de nuestro vídeo, los señores Ramón Bagó, Josep Prat y Carles Manté.

También descubrimos que el bufete de abogados que había elegido Josep María Via para denunciarnos era el de Francesc José María, también muy estrechamente relacionado a Bagó, Prat y Manté.

Josep María Via y Ramón Bagó

Como hemos visto en el capítulo 4, Ramón Bagó ha sido durante décadas una de las principales figuras en el CHC. A lo largo de cerca de 25 años Bagó ha ocupado casi todos los cargos de poder dentro de la institución: presidente del CHC, del CHC S.A., de CiG S.A., directivo de C Gesto y BC Gesto (empresas con las que controló los hospitales de Blanes, Calella y Mataró durante años). Un ejemplo: cuando tuvieron lugar los escandalosos hechos descritos en el Informe Crespo (capítulo 13 y 14) la empresa que gestionaba los hospitales de Blanes y Calella era CiG S.A., dirigida por Bagó. Mirando el CV de nuestro denunciante, el señor Via, descubrimos que gran parte de su vida profesional ha transcurrido bajo el paraguas del CHC de Ramón Bagó. Via ha participado en los consejos de administración de CHC Proyectos Sanitarios y Sociales S.A., CHC Tecnalia Salud S.L. y CHC Vitae S.A. Aparte de esto, tanto Via como Bagó han ocupado importantes cargos en el Laboratorio de Referencia de Cataluña S.A. (LRC), creado a instancias del CHC y el Parque Salud Mar. Actualmente Via es presidente de ambas instituciones.

Josep María Via y Carles Manté

Una mirada rápida en el organigrama del LRC S.A. nos permite ver que, mientras que Via es el presidente de la institución, Carles Manté es consejero. Al igual que Via, la trayectoria de Manté incluye importantes cargos en el seno del CHC de Ramón Bagó. Carles Manté ha dirigido empresas emblemáticas del holding, como CHC S.A.

Josep María Via y Josep Prat

Al igual que Via, Josep Prat ha ocupado importantes cargos de dirección en el CHC y en sus empresas. Encontramos a Prat en el CHC S.A. y en CiG S.A. Al igual que Via, Prat ha estado presente en el organigrama del LRC S.A. En 2011 encontramos a Via y a Prat en el Consejo de Administración de la empresa privada de análisis clínicos Centro Inmunológico de Cataluña (CIC S.A.).

Francesc José María i Bagó

En el CHC de Ramón Bagó, el señor Francesc José María ha desarrollado importantes cargos, entre ellos el de secretario del Consejo de Administración de CiG S.A. y de todas las sociedades del grupo del CHC. Aparte de eso, el diario El País publicó un dato que, cuando nos llegó la demanda de Via, no conocíamos: «El mayor bocado de la restauración en Badalona, un negocio de casi un millón de euros al año, es el Centro Sociosanitario El Carme, un gigante de 200 plazas. (…) Cuando Badalona decidió arrancar el proyecto, se asoció con el CSC (CHC) para sacarlo adelante. La presencia del CSC (…) permitió a Bagó estar presente en su Consejo de Administración. Cuando llegó la hora de sacar a concurso el servicio de cocina (…) la sociedad Centro Sociosanitario El Carme recurrió a la mesa de contratación del CSC (CHC), otro servicio que ofrece a sus asociados. Así, el CSC se encargó de redactar las bases, evaluar ofertas y presentarlas al Consejo de Administración. (…) El consejo estaba presidido por la alcaldesa de Badalona, la socialista Maite Arqué, tres representantes municipales y dos del CSC, entre ellos el propio Bagó. El secretario, Francesc José María, también lo era del CSC».

Así encontramos que Francesc José María —fundador del despacho al que recurrió Via para demandarnos— era el secretario del CHC en los consejos de administración que adjudicaron contratos millonarios a Bagó en Badalona. Unos contratos ahora investigados por la Oficina Antifraude (que ve delito) y la Fiscalía. ¡Qué casualidad todo! Aparte de eso, el CV de Francesc José María recoge su paso como secretario de la polémica empresa Innova de Reus, dirigida por Josep Prat, entre los años 2002 y 2006.

Después de ver estas estrechas relaciones no podemos evitar hacernos una pregunta: ¿Via estaba defendiendo su honor? ¿O estaba intentando acallar a la revista que había puesto en evidencia a sus compañeros Bagó, Prat y Manté?

Diario El País, 27 de febrero de 2013.

Aparte de las relaciones apuntadas, los tres protagonistas de nuestro vídeo —Bagó, Manté y Prat— están estrechamente relacionados con el escándalo de la empresa municipal Innova de Reus (véase «La increíble historia de un jardinero de Reus»).

La CSMS ya había amenazado en dos ocasiones con emprender acciones legales contra nosotros, pero las graves irregularidades en estos centros que estábamos a punto de conocer explicarían por qué nunca dieron el paso de poner una denuncia. Ramón Bagó tampoco estaba en muy buena posición para denunciarnos. Teniendo en cuenta los 12 millones de euros que, según la Oficina Antifraude, su empresa había recibido irregularmente en Badalona, no parecía buena idea ir a un juzgado a denunciar a la revista que te había descubierto. Por su parte, es posible que Carles Manté y Josep Prat ya preveían su futura imputación (y tal vez su detención) a raíz del escándalo de Reus, lo que no les debía dejar mucho tiempo para perseguir revistas. En este contexto, Via y el bufete de Francesc José María intentaron hacernos callar.

La última página de la demanda de Via era el «documento número 11», una carta dirigida a Núria Constans, gerente de los hospitales de Blanes y Calella:

Estimada señora:

La publicación de cierto artículo en la prensa gratuita del Maresme, en el que se vierten graves acusaciones a mi honorabilidad, relacionadas con la gestión de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, me han llevado a interponer una demanda contra sus responsables en la que, además de pedir que el artículo se declare constitutivo de una intromisión ilegítima en mis derechos personales, reclamo una compensación económica.

He decidido ofrecer a la Corporación que dirige el importe íntegro de la compensación que obtenga en la referida intervención judicial.

El lenguaje de una demanda, los nervios, el temblor de la indignación. Alguno de estos factores hicieron que Marta y yo tuviéramos que leer dos veces esta carta para entender su significado. No solo nos habían demandado por 20.000€. Si perdíamos, los 20.000€ irían a manos de la CSMS, los hospitales de Blanes y Calella. Como digo, nos costó unos minutos entender el significado de la carta, pero lo que aún hoy no podemos entender es el fino sentido del humor del señor Via.

Pero si el objetivo del señor Via era hacernos callar, que se dejara de hablar de la opacidad y defender el muro de silencio que había alrededor de la sanidad, hay que decir que el intento fracasó estrepitosamente. La denuncia del señor Via consiguió justamente lo contrario y amplificó enormemente nuestra voz y, sobre todo, dio muchísima visibilidad a lo que estábamos denunciando.

Aparte de eso, la denuncia levantó multitud de muestras de solidaridad en Cataluña, España y en todo el mundo. Una de las primeras muestras de esta solidaridad nos llegó de manos de un abogado: José Aznar, a quien habíamos conocido meses antes en circunstancias muy diferentes.

Operación Pebrots

Durante la época en que Marta y yo participamos en las acciones en defensa de los CAP de la Selva, tuvieron lugar multitud de acciones de protesta y denuncia. Una de estas acciones fue la Operació Pebrots (Operación Pimientos). En noviembre de 2011 un grupo de ciudadanos de la comarca de la Selva ya llevábamos 4 meses ocupando los CAP por la noche para impedir que se cerraran. A la vez trabajábamos para presionar en el ámbito institucional: pedíamos datos, los comparábamos, entrábamos preguntas en el Parlamento, pedíamos entrevistas. Incluso en Arbúcies se llegó a organizar una ambulancia comunitaria para intentar paliar los efectos del cierre de los CAP durante la noche. En Breda, Sant Hilari, Vidreres, Anglès, Amer, Hostalric, cada noche, por turnos y durante 6 meses, dormimos, grandes y pequeños, en el suelo de nuestros CAP. Ante el silencio y la sistemática resistencia a facilitar datos sobre el uso de los centros por parte de la Consejería, un grupo de ciudadanos decidimos ocupar la Delegación del Gobierno en Girona, donde tenía su despacho el delegado del CatSalut por Girona, Josep Trias, nuestro viejo conocido, el ex alcalde de Blanes que tanto se negó a facilitar los datos sobre los hospitales de Blanes y Calella. Ahora, gracias a un nombramiento de Boi Ruiz, se había convertido en delegado del CatSalut de la Región Sanitaria de Girona. Después de habernos encontrado en varios plenos municipales, ahora nos veríamos las caras en Girona.

El día 2 de noviembre, a las 9 de la mañana, se puso en marcha la Operación Pimientos. Éramos unas treinta personas, venidas de todos los pueblos de la comarca de la Selva. Quedamos en el bar que hay frente a la Delegación del Gobierno. Allí nos repartimos las cadenas y los candados con que nos ataríamos a las sillas de la sala de espera hasta que nos dieran los datos que hacía meses que nos ocultaban. A las 8:45 empezamos a entrar en la Delegación en grupos de dos para no levantar sospechas. Hacía semanas que ante el edificio había protestas casi diarias y los guardias de seguridad tenían órdenes de cerrar las puertas al mínimo indicio de acción reivindicativa. El problema que planteaba la entrada escalonada era que desde que entraban los primeros dos hasta que entraba la última pareja podía pasar más de un cuarto de hora. Durante este cuarto de hora los primeros en entrar debían hacer algo para pasar desapercibidos. La primera pareja que entró (Eusebio y Cesc) cogió un número para hacer una consulta sobre una factura del IBI. Otra (Nani y Núria) preguntó por los lavabos. Otro grupo de tres (Rosa, Nick e Isabel) harían ver que esperaban a alguien, y otra pareja (Joanjo y Guti) cogieron un número para sacarse la licencia de pesca.

Mientras todo esto ocurría, a las 9:15 de la mañana se publicó automáticamente en la web de Unidos por el CAP el siguiente comunicado:

Los ciudadanos de la Selva interior estamos decepcionados, engañados, cabreados y hartos. ¡Estamos hasta las narices! Y por eso, después de 50 días ocupando los 7 CAP que el Departamento de Salud ha cerrado por las noches,

Hemos decidido:

Encerrarnos en la sede del Departamento de Salud. No nos moveremos hasta que sean satisfechas nuestras demandas.

Hemos decidido que no nos iremos de aquí hasta que Josep Trias y Boi Ruiz no nos den los siguientes datos sobre los CAP que ellos han ordenado cerrar por las noches. Queremos saber cuántas veces en los últimos dos años estos CAP han atendido en horario nocturno casos de: ataque al corazón, embolia cerebral, hemorragias, subidas agudas de azúcar, procesos alérgicos agudos… Estos datos son imprescindibles para poder evaluar lo que significa el cierre de nuestros CAP, ya que las descritas son patologías en las que una intervención rápida puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hemos pedido estos datos al presidente Artur Mas y nos dijo que Josep Trias nos las facilitaría. Exigimos que se cumpla la palabra del presidente de la Generalitat. Recordemos que hemos pedido estos datos al gerente del IAS, gestor de algunos de estos CAP, el señor Lluís Franc, pero este se ha negado a darlas.

Corte de carretera en Riells y Viabrea en protesta por cierre de los CAP de la Selva. CAFÈAMBLLET

Silvia Martínez en una reunión de Units Pel CAP de Breda, CAFÈAMBLLET

La acción duró poco más de dos horas. Una vez todos dentro de la Delegación, sacamos las cadenas, nos atamos a las sillas y pedimos que viniera Trias. En vez de Trias, quien nos recibió fue un nutrido grupo de guardias de seguridad a los que, después, se unió un todavía más nutrido grupo de Mossos d’esquadra. Los ayudantes de Trias nos dieron unos datos que no eran los que nosotros pedíamos y que no aceptamos. Todo quedó en la lectura de un manifiesto, en un grupo de ciudadanos de la comarca de la Selva identificados por los Mossos y un par de fotos en las portadas de El Punt y el Diari de Girona. Y una licencia de pesca. Mientras los Mossos los identificaban, una de las funcionarias de la Delegación se abrió paso entre manifestantes y policías buscando a Joanjo: el carné de pesca ya estaba listo.

Además de la Operación Pimientos, Silvia ideó Cortes Contra Recortes, la emboscada al presidente en Sant Hilari y dinamizó las reuniones semanales en toda la comarca. Pero su salud no le permitió continuar y murió en enero de 2012. La tristeza por su muerte llegó a toda la comarca y nos dejó huérfanos a todos los que luchamos para mantener nuestros CAP abiertos. Muchos de nosotros nos prometimos que el día que finalmente consiguiéramos volver a abrir nuestros centros, su nombre estaría muy presente.

Antes de llevar a cabo la acción de ocupar la Delegación del Gobierno quisimos tener asesoramiento legal. Contactamos con varios grupos del 15M para ver si tenían información sobre este tema. Nos pasaron el número de José Aznar, un abogado que participaba en las asambleas de Nou Barris de Barcelona. Hablamos con él por teléfono y nos informó con todo detalle sobre las implicaciones de la acción en la Delegación del Gobierno.

Medio año después de estos hechos, cuando nos llegó la demanda de Via, el único teléfono de un abogado que Marta y yo teníamos en la agenda era el suyo.

José Aznar nació en 1949 en Lecera, un pequeño pueblo cerca de Belchite (Zaragoza). De joven se implicó en política y a los dieciocho años ya militaba en CCOO Juveniles, involucrándose en actividades sindicales en la fábrica donde trabajaba como ajustador matricero. También en aquellos años José formó parte del Frente Obrero de Cataluña y militó en el clandestino Partido Comunista de España Internacional hasta que, en 1969, él y unos cuantos compañeros fueron detenidos, juzgados y condenados a 10 años de prisión por «asociación ilícita y propaganda ilegal». Cumplió 3 años, 9 meses y 21 días de condena en cárceles de Zaragoza, Madrid, Jaén y Palencia. Toda esta etapa de su vida ahora está recogida en una carpeta llena de recortes de periódicos, panfletos y viejos carnés de militancia; una carpeta que su mujer, Lola Puyalto, ha archivado con el nombre de Rojerío Pepe.

La Operación Pimientos fue, en gran parte, idea de Silvia Martínez, a quien Marta y yo habíamos conocido en una reunión de la plataforma que coordinaba las acciones, Unidos por el CAP. Silvia había sido una pieza clave en varias iniciativas de carácter independentista, como la manifestación de los 10.000 en Bruselas o las consultas sobre la independencia. Cuando empezaron los recortes en la sanidad Silvia se volcó en la lucha en defensa de la sanidad pública en cuerpo y alma. Su condición de afectada por la fibromialgia la hacía muy consciente de lo que significa disponer de un servicio sanitario de calidad.

Cuando se produjo el cierre masivo de CAP en la comarca de la Selva, Silvia decidió plantar cara. Pocas veces he visto a alguien trabajar con tanta energía. Ni el cansancio ni los dolores que le provocaba su enfermedad parecían entorpecer su capacidad de trabajo. Escribía comunicados, iba a reuniones, mantenía al día el blog de la plataforma, ideaba campañas y redactaba comunicados casi sin parar. Era extraño encender el ordenador y no encontrarla conectada. Trabajando. La Operación Pimientos fue idea de ella.

Tras su paso por la cárcel, José fue a Barcelona, donde habían emigrado sus padres, y decidió que la lucha proletaria también debía darse en los juzgados. Durante los cinco años posteriores José estudió derecho y en 1980 abrió su «despacho de batalla», su «despacho de pobres», como le gusta definirlo, en Nou Barris. Durante los años siguientes se especializó en la defensa de víctimas de negligencias médicas y accidentes de tráfico. Paralelamente, su despacho sirvió para impulsar actividades políticas como la Asociación de Brigadistas de Nicaragua (país que José visitó varias veces en los años ochenta), participó activamente en varios comités de huelga y en la defensa de huelguistas.

—Pepe, soy Albano, de Breda. ¿Recuerdas que te llamé por un tema de una ocupación? Nos llegó una denuncia … ¿Nos puedes ayudar?

No podría cuantificarlo en dinero, pero sí os puedo decir que tanto José como todo el equipo de su despacho (Lola, Matilde, Lluïsa) dedicaron decenas de horas a preparar nuestra defensa. Un trabajo que hicieron sin siquiera aceptar que los invitásemos a un menú. «Si estáis en esta situación es porque estáis defendiendo lo que es de todos… No nos debéis nada».

No me deja de emocionar y sorprender este tipo de generosidad que se dirige a gente que no se conoce de nada y que solo se explica gracias a una conciencia de grupo, de lucha, de piña alrededor de unas ideas. Una generosidad, una conciencia de comunidad (de clase que dirían algunos) que cada día es más fácil de percibir: ciudadanos haciendo filas en torno a Esther Quintana, la chica que perdió un ojo en una manifestación después de que los Mossos disparasen balas de goma; ciudadanos haciendo filas ante las multas a los vecinos de Ciutat Badia que cortaron una calle para intentar impedir el cierre de su CAP, o la Iniciativa Penal Popular (IPP) haciendo piña alrededor de Natalia Fuertes, la chica que perdió a su madre después de que esta diera vueltas por varios hospitales sin recibir un tratamiento adecuado.

Dentro del sistema judicial

Según los papeles de la demanda de Via, teníamos que presentar un escrito antes de finales de abril y nos informaban de que la vista previa tendría lugar el 12 de junio. La noticia tuvo un importante impacto mediático y mucha gente nos conoció cuando empezó a correr la voz de que un asesor de Artur Mas había demandado a una revista. Era solo el comienzo. El proceso hizo que nuestra historia se convirtiera en un escándalo. Un escándalo que no gustó a todo el mundo. Fuentes muy cercanas a la Consejería de Sanidad nos confirmaron de que no han sido pocos los altos y medios cargos de sanidad que maldijeron a Via por su idea de denunciarnos. Lo último que necesitaban los recortadores de la sanidad pública era una polémica como esta.

Otro efecto positivo de la demanda del señor Via llegó en forma de información. Alguien había visto la prepotencia de Via, alguien se había indignado mucho como para seguir callando y decidió darnos una mano. Diez días después de que llegara la demanda cayó en nuestras manos un documento muy muy interesante.

¿Nos ayudas a difundir un resumen?

“A Nixon no le sirvió. A CiU tampoco les servirá”

Capítulo 13
Informe Crespo: una burla a los ciudadanos. Parte I

Donde se detalla cómo conseguimos unos documentos escondidos durante años y que comprometían, y mucho, a un diputado de CiU de nombre Xavier Crespo.

Quizá nunca podamos saber quién fue la persona que nos hizo llegar la información. O quizá ya lo sabemos, pero nunca lo podremos decir. Las autoridades aún buscan la fuente de la filtración. Pero lo que sí está claro es que quien nos envió los tres folios que recogían lo que pasó en la Sindicatura de Cuentas en 2005 nos hizo un gran favor. Llevábamos meses recibiendo ataques por parte de alcaldes y gestores, y ahora teníamos una demanda sobre la mesa. Gracias a la información que nos había llegado, ahora podríamos demostrar que en la sanidad catalana no solo teníamos un problema de opacidad, sino que esta opacidad había sido usada por un grupo de personas para enriquecerse.

En los próximos dos capítulos explicamos con detalle todo lo que ha rodeado al documento que hoy se conoce como Informe Crespo. La sanidad catalana está llena de escándalos y ni diez libros como este serían suficientes para albergarlos a todos. El objeto de este libro, por otra parte, no es ser una recopilación de estos escándalos, pero creemos que el proceso que nos llevó a descubrir la existencia del Informe Crespo merece ser explicado con todo detalle. Un informe que sirve, entre otras cosas, para desmontar el mito de la «gestión profesional, eficaz y eficiente» que tanto pregona el CHC. El Informe Crespo sirve también para desmontar el mito de esta «autonomía de gestión» que tanto defiende Via y que, como veremos, no es más que eso: un mito. Cuando tuvieron lugar los gravísimos hechos que explicaremos a continuación, quien se encargaba de la gestión de los hospitales de Blanes y Calella era el CHC de Bagó, que, a pesar de la evidencia, insiste en presentarse como gran alternativa de gestión ante la «burocracia» estatal. El Informe Crespo demuestra que detrás de esta eficacia, eficiencia y otras palabras de los ESADE-boys, lo que se esconde es una enorme opacidad que beneficia a los mismos de siempre.

La segunda razón por la que creemos que el Informe Crespo merece ser narrado (y leído) con todo detalle es de carácter institucional. A lo largo de la historia de este informe se puede ver con claridad cómo gestores sanitarios y políticos interfieren en los sistemas de control y cómo, incluso, trabajan para ocultar los trapos más sucios de la sanidad catalana. Veremos, por ejemplo, como el diputado Jordi Turull está mucho más preocupado por salvar la piel de sus compañeros de partido que para velar por los ciudadanos que pagan impuestos.

Explicamos el caso del Informe Crespo con detalle porque no queremos que quede enterrado en el olvido. Es verdad que en nuestro país cada día se destapa un nuevo escándalo y parece que la marea del tiempo y la actualidad van haciendo que los casos se pierdan en la memoria. Está claro que desde el CAFÈAMBLLET no podremos nunca con toda la corrupción, pero nunca aceptaremos como normal lo que pasó en la CSMS entre los años 2000 y 2005. No lo olvidaremos nunca, no dejaremos nunca de pedir explicaciones a los implicados y no dejaremos que esto pase como si nada. Mantendremos el caso del Informe Crespo abierto hasta que sus responsables pidan perdón a la ciudadanía. No sabemos si será dentro de un año, cinco, diez o veinte, pero los responsables de este desastre, tarde o temprano, tendrán que enfrentarse a sus escandalosos actos.

Por eso os pedimos que leáis con atención los detalles del caso del Informe Crespo. Que os los guardéis en la memoria y que se lo expliquéis a todos. Escribirlo en este libro es nuestra manera de mantenerlo vivo. Que lo leáis, también. Y cuando hayamos terminado de escribir el libro, continuaremos buscando la manera de acabar con la impunidad de las personas que protagonizan el Informe Crespo.

Cronología de un boicot

Antes de explicar la historia del Informe Crespo, recordemos unas palabras del directivo de la CSMS, nuestro amigo Xavier Conill:

La Corporación, como entidad de carácter público y participada por las diferentes administraciones, está sometida, aparte de sus propios estatutos, a toda la normativa, directrices, instrucciones y legislación aplicable a las administraciones públicas y específicamente a aquellas que se dictan desde la administración de la Generalitat en referencia a las empresas públicas y consorcios participados. El cumplimiento de estas normas, supervisado por el propio Departamento de Salud, la Central de Resultados, la Central de Balances y los organismos competentes de la Generalitat como la Intervención General o la Intervención Delegada para la Seguridad Social y la Sindicatura de Cuentas… garantiza un estilo de actuación.

Ahora veremos cuál es ese «estilo de actuación». Tal y como dice el señor Conill, es verdad que cada año la Intervención General de la Generalitat recibe las cuentas de la CSMS. Lo que no nos dijo el señor Conill es que en el año 2005 tanto la Intervención General como la Sindicatura de Cuentas descubrieron gravísimas irregularidades en sus hospitales.

Principios de 2005

La Intervención General de la Generalitat (IG) vio que algo no acaba de cuadrar las cuentas de la CSMS. Entre los años 2000 y 2005 ha habido transacciones sospechosas entre la CSMS y tres personas: Xavier Crespo (en ese momento directivo de Centros Médicos Selva Maresme, empresa creada por la Corporación de Salud del Maresme y la Selva), Guadalupe Oliva (mujer de Crespo) y Carme Aragonés (entonces directora de marketing de la CSMS y actualmente concejala de Bienestar Social en Pineda de Mar). Pero cuando la IG intenta investigar qué estaba pasando, los mismos directivos de la CSMS le ponen impedimentos para hacerlo.

«La IG —argumentaron los directivos de la CSMS— tiene como competencia las entidades directamente relacionadas con la Generalitat. El caso de la CSMS es diferente, ya que pertenece al sector concertado y, por tanto, no hemos de rendir cuentas ante la IG más allá de las obligaciones que tenemos». Hubo un estira y afloja para determinar si la IG podía o no pedirles explicaciones, ya que no quedaba del todo claro. Como hemos visto, en el sistema sanitario catalán es difícil encontrar la línea divisoria entre lo público y lo privado. La CSMS es pública, pero parece que no tanto como para ser fiscalizada por la IG. Este primer intento funcionó. Ya lo había advertido Joan Ridao diez años antes en el Parlamento:

La creación de empresas públicas y entes instrumentales escapan del necesario control político y democrático. Aunque se nutren en buena parte de los recursos públicos no están sujetos al control y la fiscalización democrática de este Parlamento.

Parece, sin embargo, que este intento de escapar del control no gustó mucho a la IG. Estaban convencidos de que allí estaba pasando algo y veían como los presuntos responsables estaban escapando. Pero no lo tendrían tan fácil. Los responsables de la IG redactaron un informe con todo lo que habían descubierto y lo enviaron a la Sindicatura de Cuentas. Un informe con un título largo, pero esclarecedor: Informe especial derivado del control financiero efectuado a la Corporación de Salud del Maresme y la Selva: Análisis de la legalidad de determinadas operaciones realizadas por la sociedad filial de la Corporación, Centros Médicos Selva Maresme S.L. Esta vez los directivos de la CSMS lo tendrían más difícil para desembarazarse de los investigadores.

2 de agosto de 2005

El informe realizado por la IG llega a la Sindicatura de Cuentas. En la página 2 se dice: «Dada la existencia de evidencias suficientes en relación a determinadas operaciones efectuadas por la empresa filial de la Corporación (…), denominada Centros Médicos Selva Maresme S.L., que pueden dar lugar a la exigencia, por parte de los órganos competentes, de responsabilidades de naturaleza diversa de las previstas en la legislación vigente». En la página 37 del mismo informe se dice con total claridad: «Se puede concluir que se han producido, como mínimo, varias irregularidades de naturaleza administrativa y contable».

Así es como las irregularidades detectadas por la Intervención General llegan a la Sindicatura de Cuentas. Este organismo depende directamente del Parlamento de Cataluña, que es quien nombra a los síndicos en función de su representación parlamentaria. Cuando el caso de los hospitales de Blanes y Calella llega a la Sindicatura su composición es la siguiente:

Joan Colom Naval. Síndico Mayor (PSC)

Montserrat de Vehí Torra

Jacint Ros Hombravella

Alexandre Pedrós Abelló

Enric Genescà Garrigosa

Ernest Sena Calabuig

Agustí Colom Cabau

A cada uno de estos síndicos se le encarga la fiscalización de un área concreta del sector público. A Agustí Colom se le asigna el área de sanidad.

4 de octubre de 2005

El 4 de octubre se reunieron todos los síndicos y, después de leer lo que explicaba la IG en su informe, se decide que hay que investigar. El encargado de esta investigación será el síndico Agustí Colom Cabau con el apoyo del cuerpo de auditores de la Sindicatura. El mandato que recibe Colom es para «la realización de un informe de fiscalización puntual en relación a las transacciones efectuadas por Centros Médicos Selva Maresme S.L. con el señor Xavier Crespo, Guadalupe Oliva» y «las transacciones efectuadas con Asesoría Croal S.L.». Con este mandato el síndico Agustí Colom y su equipo investigan durante nueve meses qué está pasando en la CSMS.

28 de diciembre de 2005

De alguna manera la noticia del inicio de la investigación llega a oídos de CiU y se ponen muy nerviosos. ¿Por qué? El Xavier Crespo que investiga la Sindicatura de Cuentas es el que entre los años 2000 y 2005 fue directivo de los hospitales de Blanes y Calella. Pero a finales de 2005 Crespo ya no es un simple directivo de un hospital comarcal y se ha convertido en alcalde de Lloret por CiU. Era la época del tripartito, cuando CiU hacía una «travesía por el desierto» alejada del poder. Por ello, cada alcalde era importante y había que defenderlo. ¿Podría explicar esto la reacción de Jordi Turull cuando se enteró de que la Sindicatura de Cuentas investigaba a Crespo?

El día 28 de diciembre de 2005 a las 12:11 de la mañana, Jordi Turull entra un escrito dirigido al síndico mayor. Turull empieza fuerte y parece que quiera asustar al síndico. En el escrito Turull le dice al síndico mayor que él:

Compareció junto a los otros dos diputados en la Intervención General para conocer con detalle el informe sobre la CSMS. De la entrevista con el interventor hemos constatado:

Que según el interventor general, ni este ni el departamento han formulado denuncia en la Sindicatura de Cuentas.

Que la remisión del informe a la Sindicatura ha sido a los únicos efectos formales y de acuerdo con lo previsto en la ley.

Basado en estos dos puntos Turull hace las siguientes preguntas al síndico mayor:

1. ¿Por qué motivo se está procediendo a una inspección de dicho consorcio?

2. ¿Alguna institución o particular ha presentado denuncia?

3. ¿La comisión de denuncias de la Sindicatura ha encargado la inspección?

4. ¿Con qué fecha y qué síndicos votaron favorablemente en el pleno de la Sindicatura dicha fiscalización?

En vez de estar satisfecho porque se investiguen las irregularidades detectadas por la Intervención General, el señor Turull parecía muy preocupado. Las preguntas 2 y 4 intimidan. ¿Por qué el señor Turull tiene tanto interés en saber quién ha denunciado? ¿Por qué el señor Turull tiene tanto interés en saber qué miembros de la Sindicatura han votado a favor de investigar? ¿No debería estar más preocupado por que se esclarezca si hay irregularidades? El señor Turull tiene más preguntas para el síndico mayor:

5. ¿Qué alcance tiene dicha fiscalización?

6. ¿Se está cumpliendo el mandato del pleno de la Sindicatura de Cuentas a criterio del síndico mayor?

7. En caso de haberse extralimitado en el mandato del plenario de la Sindicatura, ¿de quién es la responsabilidad?

El señor Turull busca desesperadamente presionar a la Sindicatura. La pregunta número 7 se podría leer como: «Que el responsable se prepare».

12 de enero de 2006

Dos semanas más tarde, el síndico mayor contesta las preguntas y pone firme a Turull; le explica que la decisión de abrir una investigación responde a un hecho muy sencillo: en el informe de la IG se hacía constar expresamente que el informe se enviaba «para el conocimiento y efectos pertinentes» de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, «expresión que no consta habitualmente en los múltiples escritos de acompañamiento de envío de documentación de la IG». Aparte de esto el síndico mayor le detalla toda la información que aportó la IG y le explica a Turull que por todos estos motivos la Sindicatura ha decidido investigar. Para terminar, el síndico intenta parar los pies al diputado convergente y le deja claro que no piensa permitir ninguna presión:

Finalmente, (…) de acuerdo con la normativa vigente, es necesario garantizar la independencia de la Sindicatura de Cuentas y evitar todo tipo de interferencias de terceros en su trabajo de fiscalización.

27 de junio de 2006

Tras nueve meses de investigaciones, el síndico Agustí Colom presenta un informe de 70 páginas al pleno de la Sindicatura. La cosa era realmente grave. Si las primeras irregularidades detectadas por la IG apuntaban a varias irregularidades de naturaleza administrativa y contable, el informe de Colom era demoledor. Hoy sabemos que de los hospitales de Blanes y Calella desaparecieron 2,4 millones de euros en manos de políticos y gestores. Según el informe, el actual diputado Xavier Crespo y su esposa se embolsaron 209.000€ gracias a acciones muy escandalosas. Gracias al informe sabemos que llegaron a usar el dinero de la sanidad pública para pagar la cuotas del club de hockey. Según el Informe Crespo y otros gestores gastaron 334.000€ de la sanidad pública en comisiones, viajes y restaurantes sin que todavía se haya esclarecido ni quién viajó o comió, ni dónde. Lamentablemente, sin embargo, tardaríamos todavía años en saber todo esto. Aquel 27 de junio, cuando Agustí Colom presentó su informe en el pleno de la Sindicatura hubo problemas. Parece ser que los síndicos nombrados por los otros partidos no daban el visto bueno al informe. Según el reglamento de la Sindicatura, un informe debe estar aprobado por todos los síndicos para poder enviarlo al Parlamento y hacerlo público. Los síndicos votaron en contra de hacer público el informe sobre la CSMS.

17 de octubre de 2006

¿Qué había pasado? ¿Por qué los síndicos propuestos por PSC, CiU, ERC y PP votaron en contra? No lo sabremos nunca. Las deliberaciones de los síndicos son secretas. Viendo que el pleno se niega a aprobar el informe, Agustí Colom introdujo modificaciones y volvió a presentar el informe el 17 de octubre. Pero de nuevo el pleno de la Sindicatura se negó a aprobarlo y acordó:

Dejar sin efecto el acuerdo por el que se encomendaba (…) la realización de un informe de fiscalización puntual en relación a las transacciones efectuadas por Centros Médicos Selva Maresme S.L. con el señor Xavier Crespo.

No sabemos cuánto tardó Jordi Turull en enterarse de esto, pero, seguro, estuvo muy contento. Después de esconderse el informe realizado por Colom en el Parlamento, el pleno de la Sindicatura decidió trasladar el informe de la IG, lo primero que desencadenó la investigación, al Tribunal de Cuentas de Madrid.

24 de octubre de 2006

Agustí Colom ve que no puede hacer nada para evitar que su informe quede encerrado en un cajón de la Sindicatura y ve que este informe nunca llegará al Parlamento. Pero todavía le queda una última esperanza: usar su derecho para hacer llegar al Parlamento un voto particular advirtiendo de la situación:

La actuación de la Sindicatura de Cuentas constituye a juicio de este síndico una peculiaridad en los procedimientos de fiscalización de la Sindicatura. (…) Las funciones de la Sindicatura consisten, precisamente, en fiscalizar la actividad económica del sector público de Cataluña, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico. (…) El informe especial de la IG establece de forma expresa la existencia de diversas irregularidades que pueden constituir responsabilidades diversas. En la elaboración del proyecto de informe de fiscalización 29/2005-IP el equipo auditor ha detectado, además de las irregularidades descritas en el informe de la IG, otras irregularidades correspondientes a las operaciones descritas o a operaciones conexas con ellas. (…) La Sindicatura no puede obviar el conocimiento que tiene de diversas operaciones efectuadas en Centros Médicos Selva Maresme a lo largo del periodo 2000-2005 por importe conjunto superior a 350.000€ y que de algunas de ellas podrían derivarse responsabilidades contables, administrativas y fiscales. Así se han detectado diferentes partidas de gasto por 334.011€ que no han sido acreditadas.

En este punto el síndico intenta resumir en las pocas líneas que le permite un voto particular las irregularidades encontradas y concluye:

Por tanto, este síndico discrepa del acuerdo adoptado por la mayoría de los miembros del pleno de la Sindicatura.

27 de noviembre de 2006

Los tres folios que recogían el voto particular de Agustí Colom llegan al Parlamento y allí se pudre hasta que llegó a nuestras manos, seis años más tarde.

Un tesoro de tres páginas

A principios de mayo de 2012 la denuncia de Josep María Via absorbía todo nuestro tiempo, ya que había que preparar la vista previa que tendría lugar en junio. Pero cuando el voto particular de Agustí Colom llegó a nuestras manos nos abrió un nuevo y apasionante frente.

La historia es larga y no quiero aburrir con los detalles de cómo nos llegaron estos tres folios, pero la cuestión es que el 10 de mayo de 2012 estábamos Marta y yo caminando por el Ensanche de Barcelona alucinando con la información que nos había llegado. Durante los primeros minutos no entendimos bien lo que teníamos en las manos. Íbamos bajando poco a poco por Balmes. Cuando llegamos a la calle Diputació giramos a la derecha y nos quedamos parados en ese trocito tan bonito y tranquilo que queda detrás de la Universidad de Barcelona, donde nace la calle Enrique Granados. Fue más o menos en ese punto cuando lo entendimos. El problema de la CSMS no era simplemente la opacidad, una opacidad que había enriquecido a unas cuantas personas muy importantes. ¡Los papeles que teníamos en las manos demostraban, no solo que había habido irregularidades, sino que también había habido una maniobra política para taparlo todo! Marta y yo no nos lo podíamos creer. Entramos en el patio de atrás de la UB, nos sentamos en un banco rodeados por los gatos que viven allí y, por primera vez en muchas muchas semanas, nos sentimos aliviados, contentos. Teníamos los papeles y los usaríamos. Claro que los usaríamos. En el patio de la universidad nos encontramos con Albert, un compañero de estudios. Nos explicó que en ese mismo momento, en la plaza Cataluña, se estaba haciendo una asamblea preparatoria para el aniversario del 15M. Fuimos los tres para allá. Alguien reconoció a Marta y nos pidieron que contáramos algo. Allí, ante unas 400 personas enseñamos los tres folios que acababan de llegar a nuestras manos, explicamos su contenido. Allí, en medio de la plaza Cataluña, fue la primera vez que se hablaba públicamente del Informe Crespo.

¡No callaremos!

“Hay que difundir estos 3 folios hasta que pidan perdón”

Capítulo 14
Informe Crespo: una burla a los ciudadanos. Parte II

Donde se explica el escandaloso contenido de estos documentos y los intentos de Jordi Turull para tapar todo el asunto.

La información contenida en el voto particular era muy buena. Por eso había que jugar bien las cartas. Cuando terminamos de hablar en la plaza Cataluña, Marta y yo aprovechamos que estábamos cerca de la redacción de El País para enseñarle esos tres folios maravillosos a Oriol.

—Hola, queremos hablar con Oriol Güell —le dijimos al recepcionista.

—Un momento, ahora lo llamo.

Treinta segundos más tarde se abrió una puerta por donde salió Oriol, con una gran sonrisa y… tres folios en la mano.

—¡Mirad lo que tengo! —nos dijo Oriol dándonos los papeles.

—¡Ostras! —dijo Marta sacando los nuestros de su bolsa—. ¡Son iguales que los nuestros!

Nos reímos un buen rato. Oriol también había conseguido el voto particular. Después de meses de trabajo, de buscar a oscuras, aquellos tres folios significaban mucho para todos nosotros.

Entramos en la redacción del diario y Oriol se puso a buscar documentos en los archivos para ver si había algún vestigio de aquella historia. Efectivamente, El País había publicado algo el año 2009 cuando el Tribunal de Cuentas archivó el informe de la IG que le había enviado la Sindicatura. Pero del informe de Agustí Colom, nada de nada.

Le pedí a Oriol qué pasos había que hacer con una información semejante. Yo quería hacer pública la existencia del voto particular inmediatamente, que todo el mundo supiera que había habido un informe y que este se había tapado. Para nosotros todo tenía un valor especial, ya que demostraba que todo lo que habíamos dicho sobre los hospitales de Blanes y Calella, no solo era verdad, sino que se quedaba corto y que las irregularidades eran mucho más graves. Era una oportunidad de oro para dejar claro que aquel equipo gestor «serio» que atacaba nuestro medio «no serio» en realidad tenía un pasado muy, muy oscuro. Pero a pesar de mis ansias, Oriol me pidió que me aguantara.

—Escucha: ya tenemos asegurada la noticia —me dijo Oriol—. Ya tenemos el voto particular que avisa de que hay un informe. Ahora podemos publicar el voto particular, y listos, o ponernos a buscar el informe y publicar la historia completa.

—¿Pero cómo lo quieres buscar? Este informe lleva años escondido… Yo quiero publicar el voto particular ahora mismo… Hace meses que estoy esperando esto…

—Aguanta una semana y déjame trabajar, a ver si encuentro el informe. Si en una semana no lo encuentro, sales con el voto particular.

Marta y yo aceptamos. Queríamos sacar esto, queríamos publicar esto para poder decirle a Conill: «¿Este es vuestro estilo de actuación?». Debo admitir que el sentimiento de revancha era grande. Después de tantos meses de descalificaciones ahora éramos nosotros los que teníamos la sartén por el mango.

Pasó una semana y el informe completo no aparecía. El voto particular nos quemaba en las manos y empecé a idear la manera de sacarlo. En ese momento nuestros vídeos en YouTube sumaban 1,2 millones de visualizaciones, y pensamos que una buena manera de sacar a la luz el escándalo del informe escondido era con otro vídeo.

—Oriol, me pongo a trabajar en un guión para hacer un vídeo. Si el lunes no ha aparecido el informe, lo publico, ¿ok?

Oriol entendió nuestra prisa y aceptó. El informe no aparecía y el 24 de mayo publicamos en YouTube 29/2005-IP: El informe secreto de la sanidad catalana. El vídeo comenzaba con Marta enseñando los tres folios del voto particular:

Este documento ha estado en el Parlamento durante 6 años. Hoy, en este vídeo, haré público su escandaloso contenido y hablaremos del Informe 29/2005, un informe de la Sindicatura sobre un escándalo sanitario que nunca ha visto la luz. Un informe que ha sido silenciado y que hay que hacer público. (…) Un documento que explica por qué, durante los dos años que llevamos investigando la sanidad pública, tanta gente se ha puesto muy, muy nerviosa. (…) El equipo directivo dijo que «la gestión de la Corporación ha sido puesta en entredicho en base a acusaciones falsas» hechas con «voluntad de sensacionalismo y alarmismo que quiere provocar un clima totalmente infundado de corrupción». Este documento que tengo en las manos demuestra cómo los controles sobre el destino del dinero de los ciudadanos parece que han fallado estrepitosamente… Estos tres folios —que hasta hoy se habían mantenido escondidos— explican la historia del Informe 29/2005-IP… (…) Estad muy atentos porque es una historia muy reveladora.

A partir de este momento, y durante 15 minutos, Marta cuenta la historia del Informe 29/2005-IP. Ahora había que exigir la aparición del informe:

Ahora que sabemos que hay un informe hay que exigir que este informe, realizado por un equipo de auditores profesionales, y pagado por todos nosotros, vea la luz.

Había que hacer que el informe saliera a la luz y por eso pedimos la colaboración de los internautas:

La buena noticia es que, si nos lo proponemos, deberán hacer público el informe. Si nos coordinamos, si difundimos este vídeo, si conseguimos que todo el mundo sepa que hay un informe que nos están escondiendo, se verán obligados a hacerlo público. El Informe 29-2005-IP lo hemos pagado entre todos, habla del dinero de nuestra sanidad y ha sido enterrado y ocultado irregularmente. No lo decimos nosotros, lo dijo el síndico que dirigió el equipo de auditores profesionales que lo hizo. El tiempo de actuar de espaldas a los ciudadanos ha terminado. Queremos el Informe 29/2005-IP. Os pido que me ayudéis a hacer difusión de este vídeo, para que todos sepan lo que está pasando y obligar al Parlamento a hacer público el Informe 29/2005-IP.

El vídeo terminaba con la siguiente reflexión:

Nota por si alguien cae en la tentación de decir: Vaya, la Sindicatura no sirve de nada, cerrémosla. La Sindicatura de Cuentas es una herramienta imprescindible para que los ciudadanos podamos saber qué hacen con nuestro dinero nuestros representantes. Una Cataluña sin Sindicatura de Cuentas es el sueño dorado de los alcaldes y altos cargos directivos de empresas públicas que manejan nuestro dinero. No hay que eliminar a los partidos: hay que echar a los corruptos. No hay que destruir a los sindicatos: tienen que hacer su trabajo. No hay que cerrar los medios de comunicación: no tienen que estar vendidos al poder. No es necesario cerrar la Sindicatura: es necesario que nos enseñe el Informe 29/2005-IP. Señores síndicos, señores del Parlamento: estamos esperando.

El vídeo empezó a correr y ahora había que esperar a que saliera el informe completo. Si no salía el informe, El País también publicaría inmediatamente la existencia del voto particular. El día 28 de mayo a las ocho de la tarde el informe aún no había aparecido. Me llamó Antía:

—El informe no sale —me dijo con un tono apagado.

—Ya lo he visto, pero no te preocupes, saldrá… tarde o temprano ha de salir… El vídeo está corriendo mucho —dije intentando poner un dato positivo sobre la mesa.

—Oye —me dijo Antía en tono serio—, mañana publicaremos el voto particular, reproduciremos los tres folios.

Marta enseña el voto particular con el que se descubrió el Informe Crespo.

Me quedé delante del ordenador hasta las dos de la mañana esperando a que saliera la noticia en la web del diario. El día 29 de mayo a las 02:07 se podía leer en la Sección Cataluña:

«El informe oculto del diputado Crespo»

La Sindicatura de Cuentas no difundió una investigación que acusaba al ex alcalde de Lloret de Mar de lucrarse con dinero de hospitales. Iniciativa pide a la presidenta del Parlamento de Cataluña que la auditoría sea publicada.

Con motivo del vídeo y la noticia publicada por El País, Joan Herrera (ICV) exigió a la presidenta del Parlamento, Nuria de Gispert, que el informe se hiciera público.

La publicación en las páginas de El País también debió de mover algo en la sede de CiU y, al día siguiente, por fin, llegaba la primera reacción de la federación ante el escándalo. En una nota de prensa, CiU hacía el siguiente comunicado:

Xavier Crespo anuncia medidas legales por los ataques a su honor contra los editores de la revista CAFÈAMBLLET.

Xavier Crespo, diputado de CiU y ex alcalde de Lloret de Mar, ha anunciado que emprenderá medidas legales para defender su honor a raíz de las informaciones aparecidas sobre el proyecto de informe 29/2005-IP de la Sindicatura de Cuentas. Crespo presentará una querella por injurias y difamaciones contra los editores de la revista CAFÈAMBLLET. Crespo ha recordado que este es un caso cerrado, ya que la Sindicatura de Cuentas no aprobó el proyecto de informe en relación a Centros Médicos Selva Maresme S.L., con el único voto particular en contra del síndico redactor del proyecto de informe. La Sindicatura envió este informe al Tribunal de Cuentas para la depuración de posibles responsabilidades contables.

Comienzan las mentiras. Dice el comunicado que «la Sindicatura envió este informe al Tribunal de Cuentas para la depuración de posibles responsabilidades contables», pero, como hemos visto, esto no es verdad. El informe nunca llegó al Tribunal de Cuentas. Lo que llegó fue el primer informe de la IG donde no constaban todas las irregularidades encontradas posteriormente por Agustí Colom.

Después de decir que «el caso se había archivado», escondiendo que lo que se había archivado era solo una parte de todas las irregularidades, el comunicado terminaba como es habitual:

Crespo considera que, después de ocho años, y teniendo conocimiento de los dos procedimientos (Sindicatura de Cuentas y Tribunal de Cuentas), las informaciones aparecidas tienen como único objetivo realizar un ataque a su imagen. Miércoles, 30 de mayo de 2012.

Otra vez la «imagen», de nuevo «el honor» de los poderosos. No quiero entretenerme contando la sensación que tuve ante este nuevo ataque. Solo diré que esta fue la vez que más cerca estuvimos de dejarlo todo. Minutos más tarde, cuando Cataluña Información hizo eco de la amenaza de querella de CiU contra el CAFÈAMBLLET, Oriol escribió en Twitter:

“No entiendo que Crespo se querelle sólo contra el CAFÈAMBLLET. ¿Es que además de tener cosas que esconder sólo se atreve con el más débil?”

Era demasiado injusto, desgastaba demasiado. Al cabo de dos días tuve que ir al CAP de Breda. Tenía unos fuertes dolores en el pecho y mareos. El médico me dijo que me tenía que tranquilizar. Continuamos adelante, pero aquellos días fueron los peores que recuerdo. Marta, por suerte, se lo tomó bien. En aquella ocasión quedó clara una cosa que ya habíamos visto hacía tiempo: si un día uno de nosotros lo veía todo negro, veía que la lucha que estábamos haciendo era estéril, el otro, como por arte de magia, tenía ánimos y argumentos para hacer ver que aquella visión era errónea, que solo era un momento de ofuscación. Al cabo de unos días, el mecanismo funcionaba a la inversa. No se trataba de intentar apaciguar la frustración con argumentos buenrollistas, sino de no permitir que el otro se perdiera bajo el peso de los acontecimientos, con una visión calmada y objetiva. Debe ser eso lo que describen como un buen equipo. Aquella vez Marta se tuvo que esforzar a fondo. La poca vergüenza que demostraba el comunicado de Crespo me había golpeado fuerte. Por suerte, Marta tenía razón, y quien saldría escaldado sería el señor Crespo. Solo tuvimos que esperar unos días.

Cuando Joan Herrera pidió explicaciones sobre el informe y pidió que este se hiciera público, ¿a que no sabéis quién salió a defender a Crespo? Sí, ¡nuestro amigo Jordi Turull! Así lo explicaba El País:

Jordi Turull (CiU) cargó contra el líder ecosocialista, Joan Herrera, al que acusan de una «actitud enfermiza» contra Crespo. Turull recuerda que seis síndicos —nombrados a propuesta de CiU, PSC, ERC y PP— votaron no hacer público el informe de su compañero Agustí Colom, designado a propuesta de ICV. Turull asegura que Colom habrá quedado en evidencia por la poca consistencia de su trabajo y acabó mostrándose partidario de que Herrera pueda leer el informe, pero para que «pida perdón a Crespo».

A la petición de Herrera se sumaron durante las horas siguientes ERC y Ciutadans. La diputada Carme Capdevila (ERC) pidió a la Sindicatura el expediente del Informe Crespo invocando el artículo seis del reglamento del Parlamento, que da a los diputados el derecho «a obtener información de la Generalitat, de sus organismos, de las empresas y entidades que dependan de ella». El actual síndico mayor, Jaume Amat, le respondía horas más tarde que «el derecho de los diputados a acceder a la información no es ni absoluto ni ilimitado».

A Dios rogando…

Pero lo que ya se conocía como Informe Crespo no salía. El sábado 2 de junio el informe seguía sin aparecer. Sabía que Oriol y Antía estaban moviendo cielo y tierra para conseguirlo. Marta y yo, desde Breda, no podíamos hacer mucho excepto esperar. Pero Marta tuvo una idea: puso las tres páginas del voto particular sobre la mesa del comedor. Encima puso un platito con una vela. El método de la vela le había funcionado en otras ocasiones. Por ejemplo, ¿recordáis que el día de la boda del príncipe Felipe y Leticia llovió? La noche antes del casamiento, Marta puso tres velas para que a la mañana siguiente se llenaran un poco los pantanos. ;-)

Hice una foto al altar de Marta y se la envié a Oriol y a Antía por WhatsApp:

—Estoy trabajando las fuentes. Tranquilos que el informe va a salir.

El domingo 3 de junio tuvimos premio. Esa mañana Marta y yo estábamos en Sabadell, donde nos habían invitado a una charla organizada por EUiA. A las 14.25 mi WhatsApp se oyó en toda la sala, en plena intervención. Puse cara de circunstancias y cogí el móvil para silenciarlo, pero vi que el mensaje era de Oriol. No pude esperarme y abrí el mensaje. Encontré esta foto:

Era el informe. Sin decir nada, con los ojos húmedos, le pasé el móvil a Marta. Marta miró la foto, me devolvió el teléfono, me cogió la mano y miró en dirección a la persona que hablaba en el atril. Estaba llorando. De la misma manera que meses antes habían hecho con el caso de Ramón Bagó, Oriol y Antía publicaron la información contenida en las 70 páginas del Informe Crespo en 3 entregas, que se hicieron los días 4, 5 y 6 de mayo.

¿Nos ayudas a difundir esta parte de la historia?

“Destapando la corrupción por WhatsApp”

El País, 4 de mayo de 2012

«Crespo cobró un sueldo opaco de la sanidad pública mientras era alcalde»

La Sindicatura de Cuentas halló pagos indebidos al diputado de CiU y su esposa por 209.000 euros.

El País, 5 de mayo de 2012

«El ‘informe Crespo’: un negocio de 2,4 millones para médicos y concejales»

La auditoría no publicada por la Sindicatura de Cuentas destapaba irregularidades que causaron grandes pérdidas a los hospitales de Blanes y Calella. El 23% de las retribuciones pagadas por el ex alcalde de Lloret «no estaban justificadas». CMSM gastó cientos de miles de euros sin «acreditar las compras o servicios» recibidos. Un edil de CiU y otro del PSC, entre los mayores beneficiados por los pagos.

El País, 6 de mayo de 2012

«Crespo compró a la sanidad pública dos consultorios por la mitad de su valor»

De esas pérdidas, 200.763 euros provienen de la venta de dos de los centros a Carme Aragonés, quien pagó 43.103 euros, cuando el valor neto de ambos centros, calculado por los auditores, superaba los 243.867€. Xavier Crespo, entonces alcalde de Lloret, pagó 77.586 euros por lo que valía 154.117, según la sindicatura. En septiembre de 2005 a CMSM solo le quedaba el consultorio de Blanes. La empresa inició su disolución poco después.

La cantidad de basura que había en la CSMS superaba todo lo que podíamos imaginar. A lo largo de los días siguientes miramos con lupa todo el informe. A continuación, les ofrecemos los mejores fragmentos del informe.

Grandes momentos del Informe Crespo

Precauciones antes de leer:

Los dos gerentes que permitieron todo lo que aquí se explica continúan en activo. Son Pere Vallribera (actualmente en el Consorcio Sanitario de Terrassa) y Nuria Constans, que sigue al frente de los hospitales de Blanes y Calella. Constans es responsable del cobro de 5€ por noche para usar una silla en el hospital.

El vicepresidente de la institución implicada era el alcalde de Blanes, Josep Marigó. Aún es alcalde.

Xavier Crespo, uno de los mayores beneficiarios de todo esto es ahora mismo diputado de CiU, aunque su cargo pende de un hilo a consecuencia del escándalo que lo vincula con la mafia rusa.

De momento, las únicas acciones legales conocidas en relación a estos hechos son dos: la demanda que nos ha puesto Josep María Via y la que nos quiere poner el mismo Crespo.

Xavier Crespo: ¿80.000€ a cambio de nada?

El informe comienza de forma contundente: «El señor Xavier Crespo y su cónyuge, la señora Guadalupe Oliva Pujol, tenían un consultorio médico en funcionamiento. El 4 de diciembre de 2000 el señor Pere Vallribera (entonces gerente de la CSMS y actualmente director gerente del Consorcio de Terrassa) pactó con el señor Crespo y la señora Oliva que les pagaría 79.333,60€ en concepto de fondo de comercio por la clientela».

¿Pero esto es legal?

Los auditores lo tienen claro: «La compra del fondo de comercio encaja difícilmente con el principio de interés general. La posibilidad de que un comprador pague por estos activos que contablemente no se encuentran reflejados se traduce en la compra de unos bienes ficticios». Tan ficticio es ese «fondo de comercio» que el informe dice: «CMSM S.L. no dispone de ninguna documentación que acredite cómo se determinó el importe pagado en concepto de fondo de comercio, lo que introduce dudas sobre la razonabilidad del importe que se satisfizo y sobre si CSMS S.L. actuó de forma justificada, objetiva y no arbitraria».

Por si fuera poco

«La justificación de la finalidad perseguida en la adquisición del fondo de comercio se debería haber incluido en el programa de actuación, inversiones y financiación regulado en el artículo 210 del Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los Entes Locales, y que CSMS S.L. no elabora, incumpliendo dicha normativa». Así, a pesar de las graves irregularidades descritas, el matrimonio Crespo-Oliva ingresó cerca de 80.000€ provenientes de fondos públicos.

Haciendo negocios en familia, haciéndose pasar por gerente

«En fecha 17 de abril de 2000, el señor Xavier Crespo —en calidad de gerente de CSMS S.L. (empresa pública)— arrendó el consultorio ubicado en la calle San Román 11 de Lloret de Mar a la Comunidad Hermanos Oliva Pujol (CHOP)». En este punto los auditores hacen referencia a un hecho importante: si por un lado tenemos a Crespo actuando como representante de una empresa pública, al otro lado de la mesa tenemos a Guadalupe Oliva Pujol, quien, además de representar a CHOP, es la cónyuge de Crespo. Pero lo peor de todo es que, según el informe: «Xavier Crespo Llobet firmó el contrato de arrendamiento cuando aún no había sido nombrado gerente de CSMS S.L. ni tenía poderes para firmar contratos». Un error grave en una empresa pública que nadie observó.

Recursos Humanos en hojas de papel

El Departamento de Recursos Humanos tampoco sale muy bien parado. Los gerentes de CMSM «satisficieron remuneraciones brutas al personal por 1.017.708,53€. La mayoría del personal fue contratado por el señor Xavier Crespo. En muchos casos falta la documentación. En muchos casos el soporte documental consiste en hojas de papel que no están firmadas».

¿Contratos en negro en la sanidad pública?

Un pequeño empresario catalán se enfrenta a duras multas si se atreve a tener trabajadores en negro. El Informe Crespo indica que los trabajadores en negro no eran una excepción en los hospitales de Blanes y Calella: «La señora Guadalupe Oliva Pujol prestó servicios a CMSM S.L. Percibió una retribución bruta de 4.043,37€. Este importe no cotizó en el régimen general de la Seguridad Social».

Generosidad con dinero público

El informe continúa detallando los cobros hechos por la mujer de Xavier Crespo: «CSMS S.L. pagó retribuciones a sus trabajadores por importe superior al establecido en los contratos firmados». Pero los trabajadores que se beneficiaban de esta «generosidad» ejercida con dinero público eran unos muy concretos: «La señora Guadalupe Oliva Pujol percibió 4.464,66€ en concepto de pagas extraordinarias». El informe dice, sin embargo, que solo le tocaban 1.488,22€.

Otro beneficiado por este tipo de pagos (que se repitieron muchas veces durante 5 años) fue Xavier Rius Moya, entonces segundo teniente de alcalde por CiU en el Ayuntamiento de Santa Susanna: «El importe de las pagas extraordinarias (de Rius Moya) debería haber sido de 3.684€, en vez de los 6.985€ que cobró».

Repartiendo el dinero público a ojo

Según el informe, Xavier Crespo debía cobrar 28.253,42€ en concepto de complemento de responsabilidad. Pero «en la práctica, percibió por este concepto un importe superior que, en términos acumulados por los años trabajados, fue de 66.241,53€». Es decir: 37.988,11€ que el diputado Crespo cobró sin que le tocara.

366€ por hora

El informe es claro: «Un médico trabajó 12 horas. Por haber trabajado estas 12 horas recibió una remuneración de 4.402,32€. Entre los conceptos retributivos que percibió cabe destacar un complemento ad personam por 1.200€ y un complemento A por 2.854,64€. Estos dos complementos no estaban previstos ni en el contrato de trabajo ni en el convenio colectivo que le era de aplicación». El informe no especifica el nombre de este médico tan bien retribuido. Todo ello sale a 366€ por hora de trabajo.

Complementos a dedo

«Del muestreo de las retribuciones (el informe solo analizó la mitad de los pagos) se desprende que CMSM S.L. satisfizo en concepto de complemento A 16.604,17€». El problema es que «este complemento no estaba previsto en el convenio ni en ningún contrato, no se pagó a todo el personal, ni se satisfacía periódicamente por un mismo importe». Es decir: se daban a quien se quería y cuando se quería. «El personal que cobró importes más elevados por este concepto retributivo fue el señor Xavier Rius Moya, la señora Guadalupe Oliva Pujol y el señor Xavier Crespo Llobet».

Incentivos

CMSM S.L. pagó 3.788,78€ en concepto de incentivos «sin que exista documentación soporte que justifique su pago». Otra vez, el informe no aclara los nombres de los dos beneficiarios de este «incentivo».

Dietas y plus locomoción

CSMS S.L. pagó 70.612€ en concepto de dietas y plus locomoción. «El personal que cobró dietas —explica el informe— no acreditó el derecho a percibirlas, tal como exige el convenio colectivo del sector. Estas dietas tampoco están pactadas en los contratos laborales. En algunos de los casos en los que se pagan dietas, se había acordado de forma expresa en el contrato que los desplazamientos no comportarían en ningún caso derecho a indemnización». Para acabar de redondear el tema: «La empresa no incluyó en la base de cotización de las cuotas de la Seguridad Social las cuantías pagadas, incumpliendo el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 1/1994».

Guardia (¿de juzgado de?).

«Una médica contratada por CMSM S.L. —de quien no consta la identidad— cobró en concepto de guardias 19.393,17€», pero «CMSM S.L. no dispone de ninguna justificación del número de guardias que hizo, los días que las hizo, ni de cuánto dinero cobró por guardia. En resumidas cuentas, y solo en el apartado remuneraciones, al menos 125.355,96€ no están justificados». Euros que, cabe recordar, salieron de los bolsillos de los ciudadanos.

Gastos de personal

Entre los años 2000 y 2003 «el señor Xavier Crespo Llobet, en calidad de director de CMSM S.L. contrató servicios de profesionales» por valor de 349.010,25€. «La entidad —dice el informe— nos ha informado de que las liquidaciones se confeccionaban al mes siguiente de la prestación de los servicios, a partir de los datos facilitados por el señor Crespo, quien enviaba en una hoja de papel la relación de los profesionales y el importe que cada uno de ellos tenía que cobrar cada mes. CMSM S.L. no dispone de todas estas relaciones mensuales y las que tiene no están firmadas. A algunos trabajadores, la liquidación se les pagaba mediante cheques bancarios, que eran emitidos por el señor Xavier Crespo Llobet».

Hay más. Los primeros tres años de funcionamiento CMSM S.L. contrató profesionales «sin contrato escrito» que recibieron una retribución bruta de 54.964,89€. «Los profesionales no emitían factura de los servicios prestados por cuenta de CSMS S.L. incumpliendo el deber de expedir y entregar factura. Estos contratos podrían dar lugar a una sanción de la Tesorería General de la Seguridad Social».

191.000€ descontrolados

«La empresa —continúan los auditores— contabilizó, a lo largo del periodo analizado, 191.180,61€ en diferentes partidas de gastos sin disponer de las facturas o de otra documentación de soporte acreditativa de la compra o del servicio recibido». Gastos de personal, comisiones, arrendamientos, viajes y restaurantes de los que «no se dispone de documentación que permita determinar las personas físicas o jurídicas que percibieron estos pagos». El informe continúa: «La mayoría de estos pagos se efectuaron:

A través de las cajas de los centros médicos, el dinero de las cuales era repuesto por el señor Xavier Crespo mediante un cheque bancario al portador que emitía de forma periódica.

Mediante cheques bancarios emitidos por el señor Crespo, la mayoría de los cuales eran al portador.

Mediante tarjeta VISA, que estaba a nombre del señor Crespo, el cual pagaba directamente con la tarjeta o, en algunos casos, lo utilizaba para realizar reintegros bancarios».

¿Más gente trabajando en negro?

Dice el Informe: «CMSM S.L. contabilizó 130.912,01€ en concepto de, presuntamente, gastos de personal o de servicios profesionales sin disponer de las nóminas o de las facturas acreditativas de la prestación de servicios. CMSM S.L. no cotizó a la Seguridad Social ni ingresó en la Tesorería General de la Seguridad Social las cuotas correspondientes a estos pagos».

Comisiones misteriosas

En solo 3 años CSMS S.L. «registró y pagó 25.861,47€ en concepto de gastos de comisiones y otros de los que no dispone de la documentación acreditativa del servicio o el objeto de la compra».

Hoteles y regalos también misteriosos

«De acuerdo con las anotaciones contables, la mayor parte de este gasto, 15.936,42€, se destinó al pago de comisiones a establecimientos hoteleros; 3.292,10€, a colaboraciones y regalos; 1.901,60€, satisficieron gastos en otros conceptos de publicidad, y del resto, por 4.731,35€, las anotaciones contables no permiten conocer el concepto que se satisfizo o a quién se pagó».

Alquileres sin contratos ni facturas

«CMSM pagó 20.335,25€ en concepto de alquileres sin disponer de los contratos de arrendamiento ni de las facturas acreditativas del objeto de los alquileres satisfechos». Es decir: no se sabe nada del destino de ese dinero.

Viajes y restaurantes

«CSMS pagó 14.071,88€ en viajes y restaurantes, de los cuales no dispone de las facturas o recibos acreditativos del gasto realizado. La empresa no deja constancia de quién viaja, dónde viaja, los días que viaja y el motivo del viaje, así como tampoco se sabe el número de comensales que han ido a los restaurantes ni el motivo».

En julio de 2003 Crespo dejó su cargo al frente de CMSM S.L. Nuria Constans se convirtió en administradora única y Carme Aragonés (actual concejala en el gobierno de Pineda encabezado por Xavier Amor) fue nombrada consejera delegada. Lejos de mejorar la gestión del dinero público, esta continuó en la misma línea. Miremos lo que dice el informe de la Sindicatura de Cuentas:

140€ por hora

Los circuitos y los procedimientos de control interno son los mismos que en la etapa anterior, lo que hace que, desde el punto de vista de la gestión, los recursos humanos de la empresa sigan siendo gravemente deficitarios. En 2003 el señor Xavier Rius Moya continuó percibiendo irregularmente unos 3.000€.

«Un trabajador —que el informe no identifica— trabajó 100 horas (…) y recibió una remuneración de 14.053,58€» en complementos que «no estaban previstos ni en el contrato ni en el convenio colectivo». No está nada mal: más de 140 euros la hora de trabajo.

Pagando a ojo

El informe demuestra que bajo el mandato de Constans y Aragonés continuaron otras prácticas: «Complementos injustificados (21.616,75€), dietas y plus de locomoción también injustificados (38.639€), falta de declaración de estos importes a la Tesorería de la Seguridad Social e IRPF, guardias sin justificación de los días que se hicieron, ni del precio por guardia (24.472,14€)… En total 84.117,93€ que no están justificados, en relación a lo que le hubiera correspondido pagar». Una de las personas beneficiadas sigue siendo, como antes, la mujer de Xavier Crespo, Guadalupe Oliva Pujol.

Xavier Crespo, ¿un diputado que trabajó en negro?

Dice el informe que entre el año 2003 y el 2005 «dieciséis profesionales prestaron servicios sin contrato escrito, por los que recibieron una remuneración bruta de 187.550,32€. Uno de estos profesionales era el señor Xavier Crespo Llobet».

Una situación muy grave que queda patente en el siguiente párrafo: «Se elaboran una hoja, donde consta la relación de profesionales y el importe que cobró cada uno de ellos, pero no tiene el detalle de los días trabajados ni del número de guardias o de horas de asistencia continuada que se pagó a cada médico, hechos que impiden conocer si la retribución se ajustó al contrato firmado. En estas hojas no figura el visto bueno de nadie».

¿Cobrar sin trabajar?

Los auditores ponen un ejemplo: «El señor Enrique Aldea Casajuana y el señor Manuel Rodríguez Rivas, desde que fueron contratados, percibieron una remuneración durante 48 meses enteros por prestar servicios de atención continuada y guardias, durante 14 de los cuales no realizaron ninguna visita. Otro profesional percibió una retribución durante 43 meses durante 36 de los cuales no realizó ninguna visita. La señora Carme Aragonés —continúa el informe— contrató a un médico que cobró 4.723,85€ más de los pactados en el contrato».

Sin contrato y con cheques al portador

«El señor Xavier Crespo Llobet facturó 46.865,70€ durante el año 2004 y 9.268,95€ en el ejercicio 2005, en concepto de honorarios profesionales. El señor Crespo prestó los servicios como médico sin firmar ningún contrato con la empresa. CMSM S.L. no dispone de documentación que acredite cómo se estableció el importe. En ninguna de las facturas que emitió el señor Xavier Crespo Llobet, excepto en una, se determinó el periodo en que se prestaron los servicios facturados».

«Además —continúan los auditores— el señor Xavier Crespo Llobet cobró 5.252,40€ mediante cheque bancario al portador, sin emitir factura. (…) La señora Nuria Constans Macià (actual gerente de la CSMS) dio el visto bueno a todas las facturas emitidas por el señor Crespo».

Encubriendo relaciones laborales

Otro aspecto que se repite en la gestión liderada por Carme Aragonés es el hecho de utilizar el contrato de arrendamiento de servicios con profesionales para encubrir relaciones laborales.

¿Dónde están esos 142.000€? También en la era Aragonés el CMSM S.L. «contabilizó 142.830,83€ en diferentes partidas de gastos sin disponer de las facturas o de otra documentación soporte acreditativa de la compra o el servicio bruto».

Unos 142.000€ de los cuales la empresa «tampoco dispone de documentación que permita determinar las personas físicas o jurídicas que percibieron estos pagos. (…) La mayoría de estos pagos se efectuaron a través de las cajas de los centros médicos, el dinero de las cuales era repuesto por la señora Carme Aragonés mediante un cheque bancario al portador que emitía de forma periódica, mediante cheques bancarios emitidos por la señora Carme Aragonés, la mayoría de los cuales eran al portador, o mediante tarjeta VISA, que estaba a nombre de la señora Carme Aragonés».

¿Y estos 102.000€?

Pero hay mucho más: «CMSM S.L. contabilizó 102.151,77€ en concepto de, presuntamente, gastos de personal o de servicios profesionales, sin disponer de las nóminas o de las facturas acreditativas de la prestación de servicios». Es decir: ni idea del destino exacto del dinero.

Entre los gastos del personal de administración destaca el satisfecho a la señora Carme Aragonés en concepto de «gastos de representación por 13.823€ que corresponden a 601€ cada mes». Aparte de otros casos de contrataciones irregulares el informe apunta: «CMSM S.L. no cotizó a la Seguridad Social por la remuneración satisfecha a este personal ni retuvo ni ingresó en la Tesorería General de la Seguridad Social la cuota que le hubiera correspondido».

Comisiones fantasmas

«CMSM registró y pagó 17.313,30€ en concepto de gastos de comisiones y otros, de los que no dispone de las facturas acreditativas de la compra o de la prestación del servicio. (…) La mayor parte de este gasto, 16.404,35€ corresponde a comisiones satisfechas a establecimientos hoteleros y los 908,95€ restantes se destinaron a satisfacer colaboraciones y regalos».

¿Alquileres? ¿Alquileres de qué?

Entre los años 2003 y 2005 la empresa dirigida por Aragonés y Constans gastó 19.985,16€ en alquileres «sin disponer de los contratos de alquiler ni de las facturas acreditativas del objeto del arrendamiento». Entre los beneficiarios de estos alquileres irregulares (que en ocasiones pagaba Nuria Constans con cheques) encontramos al diputado Xavier Crespo y su esposa Guadalupe Oliva Pujol.

Viajando con la VISA de la empresa (pública).

Otra vez, una tarjeta VISA pagada por la empresa pública efectuó pagos de los que no se tienen datos. «CMSM S.L. satisfizo 3.380,6€ en concepto de gasto de viajes y restaurantes, de los que no dispone de las facturas o recibos acreditativos. La mayoría de estos gastos se satisficieron mediante tarjeta VISA que estaba a nombre de la señora Carme Aragonés. No se conoce quién viaja, dónde viaja, los días que viaja y el motivo del viaje, así como tampoco se sabe el del número de comensales que acudieron a los restaurantes ni el motivo».

La cuota del hockey con dinero de la sanidad

Entre los años 2003 y 2005 el matrimonio Crespo pagó gastos personales con el dinero de la empresa pública CMSM S.L. «que eran básicamente seguros y cuotas a colegios profesionales». Uno de estos pagos hechos con dinero público es la cuota de socio protector del Club Hockey Lloret, a nombre de Centro Médico Lloret, propiedad de Crespo.

El informe destapa un hecho casi cómico: entre 2001 y 2002 la empresa CMSM S.L. prestó diversos servicios a Sanitas por valor de 4.217,87€. Xavier Crespo cobró este servicio realizado por la empresa pública, pero nunca llegó a ingresar el importe.

Aún hay más …

Todo lo explicado hasta aquí es solo una parte del informe que hizo el equipo de auditores de la Sindicatura de Cuentas. Un informe con cerca de 70 páginas que se puede encontrar en la web de El País y de la revista CAFÈAMBLLET. La segunda parte del informe pone su atención en los mecanismos que permitieron que Xavier Crespo y Carme Aragonés se quedaran con dos consultorios equipados con dinero público a un precio mucho menor. Según el informe, Crespo pagó 77.000 euros por un consultorio valorado en 154.000 euros. Aragonés pagó 43.000 por dos consultorios valorados en 200.000 euros.

A estas alturas la Fiscalía del Tribunal de Cuentas está investigando estos datos. También lo hará la Comisión de Investigación del Parlamento. El día 7 de junio Antía publicaba en El País:

El caso Crespo estaba condenado a ser enterrado desde antes de que se conocieran en toda su amplitud las graves irregularidades cometidas en la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM). El informe no vio nunca la luz. CiU, la propia corporación, el Ayuntamiento de Lloret y el Departamento de Salud del tripartito actuaron de forma que los sucesivos órganos de control a los que llegó el caso lo archivaran. La Sindicatura de Cuentas lo hizo en 2006 pese a los graves hechos conocidos por sus auditores; el Tribunal de Cuentas, en 2010, sin que llegara a tener noticia alguna de ellos. Ayuntamiento de Lloret, corporación y Generalitat actuaron ante él en favor de los intereses de Xavier Crespo. (…) Las partes supuestamente perjudicadas —la corporación, el Ayuntamiento de Lloret y el Departamento de Salud, dirigido entonces por la socialista Marina Geli— declinaron pedir responsabilidades a Crespo e incluso actuaron en su favor. (…) El ahora diputado Xavier Crespo y Jordi Turull han insistido en los últimos días en este archivo asegurando que es cosa juzgada, igual que el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, Marina Geli y Joaquim Nadal, ambos diputados del PSC por Girona, como Crespo. Pero el Tribunal de Cuentas nunca conoció las graves irregularidades cometidas en CMSM. Nadie se las comunicó.

Como hemos dicho cuando empezamos a explicar el caso del Informe Crespo, no callaremos nunca. Nunca aceptaremos esta impunidad. Continuaremos pidiendo explicaciones sobre estos hechos gravísimos. No nos importa si han prescrito. Si alguno de los implicados está leyendo estas líneas, que tenga claro que nunca nos olvidaremos de todo esto. Nunca.

Haciendo pública la existencia del Informe Crespo en la plaza Cataluña.

Que se sepa. Difunde.

“Paso a paso: así desaparecen 2,4M€ de un hospital público en manos de alcaldes y diputados”

Capítulo 15
¡Condenados, pero contentos!

Donde se detalla cómo acabamos en el banquillo de los acusados, cómo una vez allí perdimos los nervios y donde se explica cómo ser condenados a pagar 10.000€ puede ser una buena cosa.

El Informe Crespo fue una aventura maravillosa. Tras la publicación de todo el material y de todo el revuelo que generaron las noticias sobre la CSMS en los medios y en el Parlamento, Marta y yo teníamos una sensación de victoria enorme. Pero pronto deberíamos pasar por otro trance nada agradable: la demanda de Via seguía su curso.

La carta con la demanda de Via llegó el día 3 de abril de 2012. Después de un par de conversaciones telefónicas con el abogado José Aznar, el 12 de abril fuimos a su despacho en el barrio de Nou Barris, en Barcelona. Era la primera vez que Marta y yo nos veíamos en una situación como aquella y cada detalle nos llamaba la atención. El despacho de Aznar no se parecía a los despachos de abogados que salen en las películas. El abogado, tampoco.

Aquella primera reunión duró más de dos horas y lo primero que le preguntamos Marta y yo era cuánto nos costaría defendernos de la demanda de Via. José nos respondió que nada. Que era para la causa. José nos explicó que lo primero que había que hacer era responder por escrito antes de un mes. Después vendría la vista previa, el juicio y la resolución. Todo ello podía durar un año.

Cuando salimos Marta y yo estábamos agotados. La perspectiva de pasar todo un año defendiéndonos de un personaje como Josep María Via era desoladora. Caminamos en silencio hasta la parada de metro de Llucmajor en dirección al centro, donde buscamos un bar para comer. Repasamos toda la información que nos había dado José y, antes del café, ya habíamos decidido que no nos defenderíamos, que no presentaríamos ningún escrito y que la justicia hiciera lo que quisiera. Los dos estuvimos de acuerdo en que entrar en el terreno de los juzgados era admitir como válido un sistema judicial en el que no confiábamos. Nosotros no habíamos hecho nada mal y no nos queríamos defender, y concluimos que los que debían sentarse en el banquillo no éramos nosotros. Decidimos que no contestaríamos, que nos declararíamos en rebeldía. No teníamos ahorros ni propiedades inmobiliarias que nos pudieran confiscar. No teníamos nada que perder. A lo largo de la semana siguiente comunicamos nuestra decisión a Ramón, Àngels, David de Reus, Oriol y Antía, a nuestros familiares y amigos y, cómo no, a José.

Lo que nos encontramos era que todo el mundo estuvo de acuerdo en que no era buena idea. Todos nos intentaron hacer cambiar de opinión con varios argumentos. Desde un punto de vista económico, pese a no tener propiedades, una sentencia condenatoria podría conllevar el embargo del sueldo de enfermera de Marta y que todas las cuentas del CAFÈAMBLLET fueran intervenidas, lo que provocaría el cierre inmediato de la revista, que era, precisamente, lo que Via quería. Aparte de eso, algunos compañeros periodistas insistieron en el hecho de que no defenderse de la demanda de Via significaría una sentencia segura y esto podría crear un precedente peligroso para toda la profesión periodística. Por último, José nos dijo algo que nos hizo cambiar nuestro posicionamiento ante la Administración de Justicia: «Los juzgados son un campo de batalla más, es un lugar donde cada día se libra una lucha de clases y esta batalla también hay que pelearla». Al cabo de dos semanas volvíamos al despacho de José a preparar el escrito de defensa. A finales de abril el texto de 17 páginas estaba terminado.

La defensa

La defensa propuesta por José se basaba en la invocación del ejercicio de la libertad de expresión sobre un tema, la sanidad pública, que era objeto de un enorme debate social. Aparte de esto el escrito de defensa recogía que, en el vídeo, al señor Via no se le acusaba directamente de ningún robo, sino que se rebatía una afirmación («se necesitan menos controles») que el señor Via había expresado públicamente en un artículo en la prensa.

En el vídeo puede observarse con manifiesta nitidez que la crítica es general y las referencias al demandante son la mínima parte. (…) No hay propósito de perturbar el buen nombre de las personas que se citan en el vídeo, sino la constatación de hechos ocurridos y donde han participado varias personas, entre ellas el demandante.

En el escrito también se adjuntaban todas las noticias que habían aparecido en los medios durante los últimos meses sobre varios escándalos en la sanidad: el caso Bagó, el caso Crespo y los escándalos protagonizados en Reus por Prat y por Manté. Unas noticias que confirmaban que lo que explicábamos en el vídeo tenía mucho sentido. El escrito insistía en la prevalencia de la libertad de expresión:

Las frases del vídeo son de crítica hacia una forma de pretender la aplicación de la sanidad y de crítica democrática hacia la forma como se están haciendo las actuaciones políticas y administrativas, (…) y aunque sea dura y pueda molestar a quien la recibe, la crítica no supera ni se aleja de la crítica democrática en el marco de la grave crisis de la sanidad catalana. (…) Véase que es el propio demandante quien abre el debate con sus propuestas, calificando de aprovechados a los funcionarios del ICS, critica las posibles corruptelas del anterior gobierno y aboga por la gestión privada de la sanidad. En contestación a sus posiciones mis representados, dentro de este marco de debate y crítica, realizan las afirmaciones que considera ofensivas el demandante.

La idea es que el señor Via puede escribir todos los artículos que quiera, puede hablar mal de gobiernos, trabajadores públicos, instituciones de control, pero, si se le contesta, se ofende y pone una demanda. En este sentido, a finales de abril se hizo público un manifiesto titulado «Queremos respuestas y no demandas» (firmado por cerca de 4.000 personas) donde se pedía:

Que el señor Josep María Via defienda sus ideas sobre gestión sanitaria con argumentos transparentes y no con demandas judiciales y que un medio de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales organice un debate entre el señor Via y los demandados para poner sobre la mesa este urgente debate. Esto daría al señor Via y los demandados la posibilidad de debatir con argumentos transparentes y no con demandas judiciales, como pretende el señor Via.

La vista previa

La fecha para la vista previa fue fijada para el 13 de junio de 2012. Para ese día la denuncia de Via ya había comenzado a aparecer en algunos medios de comunicación. El semanario La Directa hablaba del «cerco a la revista que ha destapado uno de los grandes escándalos de la sanidad catalana». La noticia estaba ilustrada con una foto de Artur Mas y su esposa acompañados por Ramón Bagó y su hijo. Dos días antes del día fijado para la vista previa, el diario El País publicaba un artículo con un título bastante explícito: «La querella como defensa».

La cita con la jueza y la parte demandante estaba fijada para las 10 de la mañana. En principio no estaba previsto que ni Marta ni yo tuviéramos que decir nada, y si la juez no se dirigía a nosotros directamente, los únicos que hablarían serían los abogados. De todas formas Marta y yo estábamos bastante nerviosos. A las 8 de la mañana salimos de Breda en coche. Detrás nuestro, una caravana de coches con nuestros compañeros de la plataforma Unidos por el CAP venidos de toda la comarca. Esto nos emocionó y nos hizo pasar un poco los nervios. Pero cuando llegamos a las puertas de la Ciudad de la Justicia, el espectáculo nos dejó casi sin palabras: nos esperaban cientos de personas con pancartas, pitos y pegatinas del CAFÈAMBLLET donde se podía leer: «NO CALLAREMOS».

Durante todos los meses que llevábamos en esta aventura había sido mucha la gente que nos había acompañado. A muchos de ellos, no a todos, los habéis podido conocer leyendo este libro. Pero aquella mañana Marta y yo nos tuvimos que enfrentar a algo totalmente nuevo para nosotros. Allí, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, estaban nuestros amigos, nuestros familiares, las personas con las que habíamos trabajado, pero también había un montón de gente a la que nunca habíamos visto. Un montón de gente que, aquella mañana lluviosa y laborable, había dejado sus empleos y había venido a apoyarnos. Habían cogido sus coches, el transporte público y un par de grupos, incluso, habían organizado autobuses para venir. Es difícil explicar lo que sentimos en ese momento, ante toda aquella gente que había tomado como suyo el ataque que estábamos recibiendo. Todavía hoy nos preguntamos si algún día seremos capaces de devolver todo este apoyo, toda la calidez y el afecto que sentimos esa mañana a las puertas del juzgado.

Via no aparece

Como era de esperar, Josep María Via no vino al juicio. La vista previa era a puerta cerrada y en la sala solo estábamos Marta, yo, José, el abogado de Via y la juez. Durante una media hora los letrados expusieron la posición de las partes y discutieron sobre los elementos en que se basaría el juicio. En un momento dado la jueza preguntó si no había posibilidad de acuerdo para evitar el juicio. Los abogados de Via vacilaron y dijeron algo sobre la posibilidad de que nos retractásemos y que retiráramos el vídeo. La propuesta nos extrañó, ya que en ningún momento los abogados de Via se habían puesto en contacto con nosotros para ofrecer ningún tipo de acuerdo. La propuesta parecía más una manera de hacer ver un ánimo de conciliación que tener la voluntad real de llegar a un acuerdo. Sea como fuere, nosotros no estábamos dispuestos a retractarnos de nada y, mucho menos, a retirar el vídeo. La conversación entre letrados, con su lenguaje incomprensible para nosotros, continuó durante unos minutos más. Marta y yo estábamos más concentrados en el ruido que llegaba de la calle, donde cientos de personas gritaban «NO CALLAREMOS».

Si la entrada al juzgado fue emocionante, la salida aún lo fue más. Aplausos, cánticos, discursos y muchos, muchos abrazos. Aunque esto no era más que el principio de la peripecia judicial, Marta y yo nos fuimos con una enorme sensación de alivio y una enorme emoción por el apoyo recibido. No estábamos solos. Ese mismo día varios medios se hicieron eco de la vista previa. El digital eldebat.cat titulaba: «La revista CAFÈAMBLLET ante la justicia antes que los casos que denuncia». El observatorio de medios de comunicación Mèdia.cat escribió:

Por ahora, los únicos que deben comparecer ante un juez son Dante y Sibina, en otro ejemplo de la peculiar doble velocidad de la justicia, que ya se ha dado en otros casos de corrupción, como en los casos Gürtel o Brugal, en los que también los denunciantes llegaron a juicio antes que los denunciados.

El 4 de julio el Parlamento de Cataluña aprobó crear una comisión de investigación sobre los escándalos en la sanidad. Se investigarían las actividades del Grupo Serhs, los escándalos de la CSMS, los de Innova. Parecía que todo el trabajo realizado por tanta gente había servido para conseguir algo. Todos los partidos votaron a favor, excepto CiU, que se abstuvo, y Joan Laporta, que votó en contra. Durante el acto de aprobación de la comisión, el diputado Toni Strubell (SI) dijo mirando a Mas:

Hay que lamentar, una vez más, que sean periodistas, Marta y Albano de CAFÈAMBLLET, los únicos que estén pisando tribunales por culpa de todas estas irregularidades. (…) Demasiado recuerda al caso Garzón el hecho de que sean unos periodistas, solo, los que en estos momentos están pasando por el trance de la persecución judicial (ver vídeo aquí).

La fecha del juicio quedó fijada para el 27 de septiembre de 2012. Teníamos cuatro meses para preparar el juicio y para continuar investigando la sanidad. Aquel fue el verano de la subida del IVA, de los Juegos Olímpicos de Londres, de la admisión de la querella contra Rato impulsada por 15MPaRato, de la marcha obrera del SAT y de cientos de manifestaciones en todo el país.

Pre-juicio

A principios de septiembre se puso en marcha el dispositivo para afrontar el juicio. Habíamos aceptado que había que dar la batalla en los tribunales, pero éramos muy conscientes de que, si internet nos había llevado hasta aquella situación, internet debería ayudarnos a salir. Queríamos convertir ese juicio en un bumerán. Sabíamos que sectores cercanos a la Consejería de Sanidad estaban muy molestos con Josep María Via y su denuncia, porque, en cierto modo, suponía haber dado una patada al avispero. Si antes de la denuncia los vídeos del CAFÈAMBLLET eran una incomodidad, con la denuncia se habían convertido en un problema creciente. Por ello, a principios de septiembre, una de nuestras principales tareas era preparar el juicio, que tendría lugar el 27 de ese mes. La otra, que todo el mundo se enterara de que en Cataluña se perseguía a los que destapaban los escándalos sanitarios.

A principios de septiembre David Vidal nos comentó la posibilidad de hacer un acto en Reus sobre la corrupción en la sanidad y en apoyo al CAFÈAMBLLET. Enseguida dijimos que sí. Haber conocido a David unos meses antes había significado mucho para nosotros y el hecho de hacer un acto juntos antes del juicio era una manera de cerrar el círculo. La cosa se puso aún más interesante cuando Rubén, un amigo de David, le propuso asistir al acto a Teresa Forcades. En cierto modo la médica y monja benedictina había sido una inspiración para nosotros a la hora de decidir usar YouTube como herramienta de denuncia. Más allá de los hechos que denunciaba sobre la vacuna de la Gripe A, Teresa fue una de las primeras personas en nuestro país que hizo de YouTube su arma para contactar con grandes audiencias y explicar lo que los medios de masas escondían[4].

El acto se celebró el 21 de septiembre, una semana antes del juicio, en el Centro de Lectura de Reus. La presencia de Teresa causó mucha expectación en la ciudad y la sala quedó totalmente desbordada. Se habilitó una sala al lado con una pantalla gigante para acomodar las cerca de 1.000 personas que habían venido al acto. Recuerdo aquella noche en Reus como una de las más alegres y emocionantes en mucho tiempo.

El 25 de septiembre, dos días antes del juicio el Sindicato de Periodistas hacía público un comunicado solidarizándose con el CAFÈAMBLLET. Durante la IV Asamblea de Periodistas se aprobó una resolución en solidaridad con el CAFÈAMBLLET «que está siendo perseguida por haber hecho un reportaje de investigación».

Juicio

El 27 de septiembre nos levantamos a las 6 de la mañana. El juicio no comenzaría hasta las 11, pero había que levantarse pronto. A las 7 llegaron María y Antoni, los padres de Marta, que nos ayudarían a preparar a los niños para ir al cole y luego vendrían con nosotros a Barcelona. Aparte de eso, aquel septiembre Pep Cabayol, periodista y director de SICOM, estaba trabajando en el rodaje del documental La salud, el negocio de la vida y quería incluir nuestro juicio. Así, a las 7 de la mañana Cabayol y su equipo (Carlos Vera y Carles Collazos) desembarcaron en casa con las cámaras, los trípodes y las luces. El despliegue tuvo un efecto de distracción y nos hizo pasar un poco los nervios que todos teníamos. Hay que decir que también me ayudó bastante la pastillita de Tranquimazín que me tomé antes de salir de casa.

A las 10 llegamos a la Ciudad de la Justicia. Dudo que nunca le pueda agradecer a Josep María Via ese momento. Si en la vista previa había mucha gente, aquella mañana nublada el espectáculo fue impresionante. Estaba todo el mundo. Mis padres, mi hermano Juanmi, que había venido expresamente de Noruega donde vivía, mi hermana Mercedes, Ramón y sus compañeros del sindicato, David y toda la gente de Reus y de las Tierras del Ebro, que habían salido en autobús a las 6 de la mañana. Gente de Girona, de Castelldefels, de Badia del Vallés, de Badalona, los compañeros de lucha por los CAP de la comarca de la Selva, gente de Solsona, Fanny, que venía de rodear el Congreso, gente de la PAH, gente de Blanes, de Lloret, de Calella, gente de hospitales, médicos y enfermeras, gente que habíamos conocido en las manifestaciones, en las plazas, y un montón de gente de la que no podría decir el nombre, pero que son para mí —aunque suene cursi— parte de mi familia.

A las 10.30 llegó nuestro abogado, Pepe, dispuesto a batallar la lucha de clases judiciales a la que había dedicado su vida, vestido con la toga y unas Crocs azules que causaron sensación. Antes de entrar en el juzgado Àngels Martínez Castells, Arcadi Oliveras y Toni Barbarà dijeron unas palabras y luego, todos juntos, pasamos por los arcos detectores de metales de la Ciudad de la Justicia bajo la atenta mirada de una decena de policías secretas, que la jueza había dispuesto a petición de Via.

Recordar lo que pasó durante las siguientes dos horas aún hoy me hace perder los nervios. De hecho, he dejado la redacción de esta parte de la historia para el final por miedo a revivir aquellos momentos.

Recuerdo que Marta y yo nos dábamos la mano, la cara de preocupación de nuestros padres, los dos guardaespaldas del señor Via… Recuerdo la cara de Via, con los ojos cerrados, puños cerrados, la frente sudorosa, refugiado detrás de aquellos dos hombres grandes, nervioso. Solo lo acompañaban sus guardaespaldas y sus caros abogados. Recuerdo que el juicio se alargó, que la jueza se impacientaba, que pasaban los minutos y que nunca llegaba el momento de hablar. Recuerdo perfectamente cuando Oriol fue llamado para explicar las montañas de irregularidades bajo las que se hundía la sanidad catalana. Pasaban los minutos, la jueza no nos dejaba hablar, y recuerdo cuando Marta y yo nos dimos cuenta de que nos condenarían sin dejarnos decir ni una sola palabra. Recuerdo la fiscal cuando pidió que fuéramos condenados, cuando la jueza dio por terminado el juicio, como a mí me tuvo que coger David mientras nos decía: «Nos vamos de aquí, aquí no podemos hacer nada». Recuerdo que Juan García, un veterano Iaoiflauta que estaba sentado justo detrás de nosotros, nos decía: «Tranquilos, tranquilos, lo que quieren es que perdáis los nervios», mientras intentaba sin éxito que no nos levantáramos del banco. Recuerdo a la jueza ordenando que abandonáramos la sala y cómo se cerró la puerta, quedándose dentro la jueza, Via y la fiscal. Recuerdo el personal de seguridad intentando que saliéramos a la calle. En la Ciudad de la Justicia el personal de seguridad es de una empresa privada. Recuerdo que no me extrañó.

Ya está. Ya lo he escrito. Necesitamos media hora para recuperarnos de aquel trance. Cuando salimos a la calle, otra vez, cientos de personas con pancartas, pitos, megáfonos. Agradecimos a todos su presencia y dijimos que, mientras nos quedara una conexión a internet, no callaríamos y que por cada vídeo que nos retiraran haríamos diez. Después de todo esto, fuimos a un bar a tomar una Voll Damm. Me fue mucho mejor que el Tranquimazín.

Concentraciones a las puertas de la Ciudad de la Justicia. fotomovimiento.org

Explicando el sistema sanitario en Cardedeu, indignatscardedeu.wordpress.com

¿Nos ayudas a difundir un resumen?

“Después del juicio, mejor una Voll Damm que un Tranquimazin”

La velocidad de la justicia

No tuvimos que esperar ni un mes para saber el contenido de la sentencia. El 23 de octubre, a las cuatro de la tarde, José Aznar nos llamó y nos dijo que la jueza nos había condenado a una multa de 10.000€, a publicar la sentencia en la revista, y a retirar y destruir los vídeos. Pensamos que era curioso. Por una vez que queríamos que ganara Aznar…

La misma tarde que se conoció la sentencia, Marta y yo hicimos un vídeo de diez minutos donde explicábamos que nos habían condenado. Como siempre, Marta era la que hablaba, pero esta vez yo salía a su lado con cara seria. En solo 12 horas el vídeo lo vieron 135.000 personas y a lo largo de los siguientes dos días llegó a las 165.000 visualizaciones. Un usuario de YouTube (123yamadashi) comentó: «¡El tío de la derecha da miedo, macho! xD». A lo cual yo respondí: «Es la cara que se me queda cuando me sablean 10.000€». ;-)

La sentencia tuvo un gran impacto mediático. Oriol escribió en El País un artículo titulado «Un amargo CAFÈAMBLLET»:

Tras un año de sacudidas mediáticas, los tribunales ya han dictado una primera sentencia relacionada con los escándalos en la sanidad catalana. Quien espere que la justicia haya puesto un poco de luz en el cúmulo de sobrecostes, cobros y adjudicaciones irregulares se llevará, sin embargo, una mayúscula decepción. La sentencia va en otro sentido. Condena a la revista CAFÈAMBLLET, una de las más beligerantes en favor de la transparencia y en contra de la corrupción, a resarcir con 10.000 euros al alto cargo sanitario Josep María Via. (…) El fallo judicial llega en un momento sensible para un sector que hace solo un año —aunque ardía contra los recortes— era un plácido oasis en materia de corrupción. La situación ha dado un giro copernicano en solo doce meses, en el que una sucesión de escándalos han roto la dura costra bajo la que se ocultaba la putridez. Personas que han ocupado cargos de poder como la dirección del CatSalut, la presidencia del ICS, directivos del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) e incluso el presidente de la Comisión de Salud en el Parlament se han visto envueltos en casos en los que ha quedado acreditado un laxo cumplimiento de la ley y un elevado amor por el dinero público. (…) Es en este contexto en el que la condena a CAFÈAMBLLET deja un regusto amargo. Porque la revista —la primera que destapó el caso Bagó— ha sido uno de esos actores que han suplido el fracaso de quienes debían velar por el bien común. La historia también deja el mal sabor de boca de ver a una justicia, tan veloz y eficaz cuando toca fallar contra los débiles, como pusilánime y torpe cuando toca hacerlo contra los poderosos. (…) Para terminar, tres detalles relevantes sobre la condena a CAFÈAMBLLET. Primero: Francesc José María, el abogado al que Via ha recurrido para derrotar judicialmente a CAFÈAMBLLET, era el secretario del CSC en los consejos de administración que adjudicaron contratos millonarios a Bagó en Badalona, unos contratos cuya legalidad cuestiona ahora la investigación en marcha. Segundo: Via ha anunciado que donará los 10.000 euros que reciba de CAFÈAMBLLET a la Corporación de Salut del Maresme y la Selva, cuyos actuales directivos encubrieron las irregularidades del caso Crespo. Tercero: Via ha sido y es compañero de Bagó y Manté en los consejos de administración de empresas filiales del CSC sin que ni la entidad ni los propios interesados hayan criticado o se hayan posicionado ante las graves irregularidades destapadas.

El semanario La Directa apuntaba un hecho que nos pareció curioso:

«Mas condecoró a la jueza que ha condenado la revista CAFÈAMBLLET»

La jueza que ha condenado a los periodistas de CAFÈAMBLLET fue condecorada el 17 de noviembre de 2011, por el mismo Artur Mas, con la Medalla de Honor de la Generalitat. La jueza María Millán Gisbert y el secretario judicial Francisco Javier Payán Gómez recibieron esta distinción por su implicación en el programa piloto de implantación de un nuevo aplicativo de gestión procesal para la tramitación de los procedimientos de la jurisdicción civil.

He hablado con varios juristas sobre el tema y me dijeron que este tipo de premios no son excepcionales ni, por supuesto, ilegales. De todos modos, teniendo en cuenta la larga lista de vergonzosas injerencias del poder ejecutivo sobre el poder judicial —totalmente probadas en el caso Couso gracias a Wikileaks—, no acaba de dar una imagen muy saludable el hecho de que un presidente, miembro de un partido con una difícil situación judicial, vaya dando premios a los jueces. Si la jueza ha hecho tan bien su trabajo, ¿no la puede premiar un alto cargo de la Administración de Justicia? ¿Tenía que ser Artur Mas, miembro de la única formación política condenada por financiación irregular? Parece que no.

Otro medio que siguió el caso fue Global Voices, una red internacional de blogueros que producen y traducen noticias en diferentes idiomas. En Cataluña una de las personas que hace este trabajo es la periodista Violeta Camarasa. Desde el día en que recibimos la denuncia, Violeta siguió nuestro caso y elaboró algunas piezas en inglés. Seguramente fue alguna de estas piezas la que hizo que llegara la historia a la periodista de The Washington Post Olga Khazana, que escribió un artículo titulado «Catalanes luchan contra una sentencia con vídeos de YouTube». La mañana del 1 de noviembre un amigo nos envió un WhatsApp que decía: «Salís en The Washington Post». Hasta que no lo vi con mis propios ojos estuve seguro de que era una broma. Pero no, allí salía del artículo. Lo mejor de todo es que, debajo de una foto nuestra, bien grande, se había insertado el vídeo Greatest theft in the history of Catalonia. Desde entonces, insisto en enviarle a Josep María Via una buena botella de vino del Montseny, pero Marta no me deja. Siento no poder dar las gracias al auténtico responsable de que un trabajo nuestro saliera en The Washington Post pocas semanas después de que se celebrara el 40 aniversario del Watergate.

El periodista Alfons Quintà escribía en eldebat.cat que la razón por la que la noticia de la condena al CAFÈAMBLLET llegara a The Washington Post podría ser debido a que:

En Estados Unidos hay una extrema sensibilidad por el tema de la libertad de prensa en todo el mundo. Es un principio constitucional básico, severamente aplicado, como un criterio muy compartido por toda la sociedad, todos los partidos y los grandes medios. Una imputación de violación del derecho a la libertad de expresión es definitiva, en cuanto a imagen de una posición política o de un país.

En casa, con La Vanguardia, pasó algo muy curioso. Durante los dos años que habíamos estado investigando y denunciando los escándalos sanitarios, el diario del Grupo Godó no dijo absolutamente nada a sus lectores. Cuando El País publicó su trilogía sobre las irregularidades de Bagó, La Vanguardia también calló. Curiosamente, el CAFÈAMBLLET sí salió en La Vanguardia cuando fue condenado. La siguiente ocasión en que salimos fue cuando The Washington Post publicó nuestro vídeo. El titular era «El Washington Post se hace eco de la denuncia contra CAFÈAMBLLET». Esto provocó algunos comentarios graciosos en Twitter. El periodista Dani Chicano (@ niñas) tuiteó:

Muy sintomático que tengáis que salir en The Washington Post para que en Godó (alusión al propietario de La Vanguardia) se enteren de que lo que denuncian es noticia.

Otro periodista, Joan Canela (@ JoanCanela) hizo un apunte que tuvo mucho éxito:

Parece que para enterarse de lo que pasa en Blanes los de La Vanguardia leen The Washington Post.

La opinión de los que saben

Las cárceles están llenas de gente condenada que dice que es inocente. Algunas lo son, otras no lo sabremos nunca. Nosotros, como condenados, no podíamos ser menos. Creemos que somos inocentes. Por supuesto nuestra postura no deja de ser la postura de una de las partes. Aparte de eso, ni Marta ni yo somos expertos ni en periodismo ni en leyes. Pero más allá de lo que nosotros podamos decir, ha habido gente, que sabe de periodismo y sabe de leyes, que creen que la condena que hemos recibido es injusta.

Pocos días después de conocerse la condena dos personas la analizaron. Una es el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. El otro es Andrés Boix Palop, profesor titular de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal de la Universidad de València[5].

Boix Palop escribió un artículo titulado «Derecho a informar, interés público y derecho al honor». El artículo tiene dos partes. La primera son las impresiones de Boix Palop cuando se entera de la noticia por los diversos medios de comunicación. En base a esto hace un primer análisis.

He estado buscando la sentencia en cuestión, porque, sinceramente, a partir de lo que se escucha en el video, es francamente llamativo que se condene. (…) Pero, de momento, no la he localizado (si alguien la tiene, por favor, me interesa mucho poder leerla y rectificar en su caso lo aquí expuesto). Parece, más bien, y como publica El País, un simple aval a la estrategia de personas implicadas en casos de posible corrupción que están siendo investigados por los tribunales de atacar por medio de querellas a los informantes y a quienes destapan los escándalos como medio de defensa.

Al cabo de unas horas Boix Palop encuentra la sentencia y, después de leerla, dice:

Se puede confirmar que la misma es un desafortunadísimo ejemplo de cómo limitar la libertad de expresión e información de un modo que, si se generalizara, se cargaría la prensa libre tal y como la conocemos, así como la posibilidad de informar sobre asuntos públicos. (…)La sentencia es lamentable, como confirma su lectura, desde cualquier punto de vista, pero también jurídicamente.

Carlos Jímenez Villarejo, en un artículo titulado: «CAFÈAMBLLET, una sentencia pusilánime» dice:

Una vez más, la balanza se ha inclinado a favor quienes ocupan posiciones de poder frente a quienes, con rigor y valentía, se atrevieron a denunciarlas y prevalecen derechos personales frente a los que sostienen el sistema democrático, como la libertad de expresión y de información.

Por su parte la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) se refirió a la condena como «sentencia mordaza» y la consideró «una clara limitación a la libertad de prensa y es totalmente inaceptable castigar la investigación periodística de Albano y Marta».

#MásCAFÈAMBLLET

Pocas horas después de conocerse la condena recibimos una llamada de la periodista Lali Sandiumenge. Desde hacía meses Lali seguía nuestra historia y en su blog Guerreros del Teclado, alojado en la web del diario La Vanguardia, publicó un par de reportajes sobre el CAFÈAMBLLET. Cuando conoció la noticia de la condena, Lali tuvo la idea de hacer un manifiesto donde los periodistas que quisieran nos pudieran apoyar. Con el apoyo técnico de Chris Moya, autor de Global Voices en Cataluña, Lali hizo público el manifiesto #MásCAFÈAMBLLET:

(…) La sentencia es alarmante, no solo porque la justicia ha resuelto el caso de CAFÈAMBLLET con rapidez y mucho antes de que hayan llegado a los juzgados los casos de corrupción que ha revelado, sino también porque supone una amenaza clara para la libertad de expresión y de información y para el periodismo crítico e independiente. Si algo pone de manifiesto la tarea, valiente, de CAFÈAMBLLET es la ausencia total de transparencia por parte de los gestores públicos y la pasividad de todos aquellos —medios de comunicación incluidos— que deberían fiscalizar. (…) CAFÈAMBLLET tiene el apoyo de colectivos y personas que batallan a diario por la sanidad pública y de otros ciudadanos y plataformas solidarias, pero, salvo algunas excepciones, todavía no tiene el de los periodistas como colectivo. Animamos desde aquí a todos los profesionales de la información —estén colegiados o no, lo sean de carrera o no, trabajen donde trabajen, estén en activo o en paro— a firmar este texto en defensa y en solidaridad con Marta Sibina y Albano Dante. Sobre todo para que CAFÈAMBLLET pueda seguir haciendo sin obstáculos, presiones, ni amenazas su trabajo, pero también porque nos jugamos mucho todos. Todos somos CAFÈAMBLLET; todos deberíamos ser #másCAFÈAMBLLET

Con este manifiesto pasaron dos cosas muy importantes para Marta y para mí. En primer lugar, hay que recordar que ni Marta ni yo somos periodistas de formación. Yo había estudiado Filología Inglesa (carrera que aún no he terminado) y Marta es diplomada en Enfermería. Durante todos los meses que trabajamos en la investigación sobre la sanidad pública, más de una vez tuvimos que escuchar que nosotros no éramos periodistas. Nos lo reprocharon, primero, algunos gestores sanitarios de la CSMS con la intención de desacreditar la información que estábamos publicando y que los estaba dejando en total evidencia. Nos lo recordó Lorena Sánchez, concejala de Calella, quien justificó la negativa de la alcaldesa Montserrat Candini a respondernos porque «para nosotros no sois ni periodistas». Incluso el señor Josep María Via, en su demanda, advertía a la jueza que ni Marta ni yo estábamos colegiados en el Colegio de Periodistas. Para demostrarlo adjuntaba un correo electrónico donde este colegio confirmaba que no tenían ninguna relación con nosotros.

Por eso, cuando pocas horas más tarde vimos que el manifiesto de Lali lo habían firmado cerca de 300 de todo el Estado, poco nos importó lo que pensaran los gestores de la CSMS, Lorena Sánchez, Montserrat Candini o Josep María Via. Entre estos 300 periodistas que firmaban diciendo «todos somos CAFÈAMBLLET» había nombres que, para nosotros, son auténticos referentes, gente reconocida nacional e internacionalmente que entiende esta profesión como un verdadero servicio a la sociedad.

El manifiesto corrió por la red y cientos de personas que no eran periodistas pidieron poderse añadir: trabajadores de la sanidad, músicos, jubilados, yayo-flautas, trabajadores en el paro, profesores, arquitectos, estudiantes, un «empresario no corrupto», un agricultor…, así hasta cerca de 900 firmas.

Todavía no sabemos si esto que hemos hecho es periodismo o no, pero de lo que sí estamos seguros es que había que hacerlo. Los ataques recibidos, en cierto modo, lo confirmaban. Una persona nos hizo llegar una famosa frase de George Orwell sobre el tema:

Periodismo es publicar algo que alguien no quiere que se publique. Todo lo demás son relaciones públicas.

Días más tarde, tuvo lugar un hecho que confirmaría estas palabras. Además de nuestro caso, Lali Sandiumenge seguía muy de cerca la huelga de hambre de un grupo de trabajadores de Telefónica en defensa de un compañero suyo, Marcos Armenteros, que había sido despedido de manera escandalosa. El 11 de noviembre publicó en su blog de La Vanguardia un artículo titulado «Luchamos contra Telefónica en su propio terreno». Esto no gustó a los jefes del Grupo Godó y eliminaron el artículo. Este acto de censura causó una gran indignación en las redes sociales. Una indignación que hizo que alguien en La Vanguardia diera marcha atrás y volviera a poner el artículo sobre Telefónica en la web. Pero ya era tarde. Dos días más tarde Lali hacía público el siguiente comunicado:

Una huelga de hambre de seis trabajadores es noticia, y es ineludible si tiene lugar en la ciudad donde vives. Cuando esta huelga se decide para reclamar la readmisión de uno de ellos y denunciar las leyes que hicieron posible su despido (improcedente, o sea, injusto) es necesario informar. Y más si su lucha es contra un gigante como Telefónica, que reparte dividendos a sus accionistas al tiempo que reduce su plantilla. Hay que informar y eso hice. (…) La dirección de La Vanguardia decidió censurar la entrada el lunes (fue publicada el domingo 11) y la eliminó. Me llamaron para notificármelo, con franqueza. No me pidieron que dejara el blog, pero la decisión que han tomado entra en conflicto directo con lo que creo y por lo que soy periodista, así que he decidido dejar de colaborar con su portal. Es una cuestión de principios. (…)

Lali renunció a su espacio en La Vanguardia y abrió su propio blog: guerrerosdelteclado.wordpress.com. Ni Marta ni yo hemos ido a la universidad a estudiar Periodismo, pero decisiones como la de Lali, periodista titulada, son la mejor lección de periodismo a la que uno pueda asistir.

Huelga de hambre de los trabajadores de Telefónica por la readmisión de Marcos Armenteros.

Después del juicio, pasaron unas cuantas cosas más. José Aznar (con la colaboración de Carlos Villarejo y el abogado David Bravo) redactaron un recurso a la sentencia. Ahora estamos en espera de que se resuelva en la Audiencia Provincial. Si nos volvieran a condenar, tendríamos que recurrir al Tribunal Supremo y, si aún nos volvieran a condenar, tendríamos que recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Esperamos no tener que hacer un camino tan largo, ya que, entre otras cosas, sería muy caro. Según nos ha explicado José, normalmente esto puede llegar a costar entre 25.000 y 30.000 euros.

Aun relacionado con el ámbito judicial, aunque la sentencia no es firme, el señor Via pidió que retiráramos los vídeos. La jueza le hizo caso y nos obligó a «retirar y destruir» los vídeos. Un hecho especialmente doloroso si tenemos en cuenta que gente como Prat y como Manté alargan sus procesos pidiendo aplazamientos utilizando toda clase de trucos legales. Nosotros, en cambio, incluso hemos sido obligados a ejecutar una sentencia que ni siquiera es definitiva.

Nos supo muy mal tener que hacerlo, ya que, no solo se pedía que se bloqueara el acceso (lo que habría sido relativamente sencillo de hacer), sino que pide su destrucción. Nos preguntamos quién restituirá toda esta información si finalmente somos absueltos. Sea como sea, tuvimos que borrar de YouTube el vídeo y los cerca de 1.500 comentarios que había. Grabamos como llevábamos a cabo la operación de destrucción y lo colgamos en YouTube. Al cabo de pocas horas el vídeo se había replicado en más de 180 servidores en todo el mundo. Dicho esto, por imperativo legal, me veo en la obligación de decir a todos los lectores que no miren el vídeo. ;-)

Una petición que hemos hecho repetidas veces, pero que ha sido ignorada por miles y miles de personas. Ahora mismo el vídeo está colgado en cientos de servidores en todo el mundo. Hace pocos días, una conocida tuitera, @ okokitsme, lanzó un mensaje: «Tengo una idea: ¿y si nos juntamos y hacemos una lectura pública del guión del vídeo, lo grabamos y lo colgamos en internet? Si se apuntan 10 personas, ¡lo llevamos adelante!». Al cabo de una semana, 60 personas se reunieron en las Ramblas a leer, cada uno una línea, los 9 folios del guión de El mayor robo de la historia de Cataluña. La idea llegó a Ciudad Real y otro tuitero, @elhacedor, hizo lo mismo, pero con alguna variación. El texto está leído por varias personas, pero, en este caso, cada una de ellas está en su casa, donde graba su parte del texto. No los conozco personalmente, pero deben ser hermanos. ¡Todos se parecen a Guy Fawkes!

Cinco días más tarde de que se hubiera hecho pública la sentencia, el 27 de octubre, fui a desayunar a un bar donde alguien se había dejado el diario Ara. En la página 24 encontré un artículo del escritor Albert Sánchez Piñol titulado «Otras voces, otros ámbitos». El artículo era una invitación de Sánchez Piñol a conocer algunas «voces poco conocidas que les gustará saber que existen». La primera de estas voces de las que hablaba Piñol era la de Jordi Galves, un crítico literario que desde su blog (undiaenlescarreres.blogspot.com) escribe unas críticas donde «dispara contra todos. (…) Hasta ahora ha escrito artículos demoledores contra todos los dirigentes culturales del país y casi todas las vacas sagradas literarias. (…) Cualquier día recibirá duro. Apresuraos a leerlo antes de que alguien le cierre el blog. (Si les dicen que ha sido un accidente, no lo crean.)».

La segunda voz era la del profesor Manuel Delgado. Según Piñol el bloque de Manuel Delgado (manueldelgadoruiz.blospot.com) «no es un blog, es una puerta dimensional. Les advierto que entrar puede hacer tambalear algunas de nuestras convicciones más genuinas. Por eso vale la pena». Piñol hace referencia a Delgado a raíz del «cierto eco» que obtuvo Delgado «cuando se mostró partidario del proceso soberanista. Y lo hizo aportando argumentos desde la izquierda y por la izquierda».

La tercera voz a la que dedica el escritor su artículo es la del profesor de Historia de África, Ferrán Iniesta, a quien describe como «un místico en estado salvaje, un terrorista de la palabra escrita y un Akhenatón del intelecto. Todo a la vez. Por favor, no se pueden perder un texto escrito por él y que ahora mismo sacude internet: “Es un tsunami, estúpidos!” Carta urgente a las izquierdas jacobinas».

El artículo de Sánchez Piñol proponía una última voz: el CAFÈAMBLLET.

«Por último, les sugiero esta dirección: cafeambllet.com. Los chicos de CAFÈAMBLLET hacen patente un principio básico: que solo hay dos clases de periodismo, la prensa rosa y la que tarde o temprano se encuentra con el poder. Miren estos chicos y chicas, miren sus esfuerzos desinteresados para investigar las alfombras sucias de nuestro país. Tienes la sensación de que están solos contra el mundo. Ah, y justo ahora un tribunal les acaba de condenar a pagar 10.000 euros. Miren y escuchen lo que dicen, y fórmense una opinión propia. Yo ya lo he hecho: lo que se cobra por un artículo no es mucho, pero lo que gane con este va a CAFÈAMBLLET».

Tuve que dejar de leer. Estaba emocionado. Este artículo y las numerosísimas muestras de apoyo que habían recibido durante los últimos cinco días demostraban que no estábamos solos.

Capítulo 16
Dos años apasionantes

Donde se explica cómo el miedo está cambiando de bando y los motivos que hacen que unas cuantas personas no puedan continuar durmiendo tranquilas y donde se detalla la muy curiosa historia que ha hecho posible este libro.

Han pasado dos años desde que Marta y yo, casi por casualidad, empezamos a preguntar qué estaba pasando en los hospitales de Blanes y Calella. Han sido dos años intensos, dos de los años más bonitos de nuestra vida. Es verdad que en este tiempo hemos cogido muchas rabietas, nos han amenazado con demandas, han lanzado nuestras revistas a la basura, nos han sentado en el banquillo y nos han condenado. Pero todo ello queda pequeño al lado de las cosas maravillosas que hemos vivido. No es solo un ejercicio de buenrollismo, es lo que hay, es la evidencia.

Para empezar, en estos dos años Marta y yo hemos descubierto que nuestro sistema sanitario es un nido de corrupción y opacidad. Alguien podría decir que descubrir esto no se puede describir como algo maravilloso. Tal vez no, pero es mejor tener un sistema sanitario opaco y corrupto y saberlo, que tener un sistema sanitario opaco y corrupto y no saberlo. Saberlo, como mínimo, te permite pensar en cómo cambiarlo.

También durante estos dos años hemos podido conocer un montón de personas extraordinarias, algunas de las cuales habéis podido conocer a través de estas páginas. Gente que por alguna razón desconocida se lanza a defender derechos que son de todos. Gente que decide, a saber por qué, dedicar su esfuerzo, su creatividad y su tiempo a hacer algo que quizá nunca nadie les agradecerá y que, por supuesto, nunca los hará ricos ni merecedores de una Cruz de San Jordi como la que tiene Ramón Bagó. Gente como la que hemos descrito en este libro, pero también gente de la que no sé el nombre, pero sé que está ahí y que, si es necesario, irá las veces que sea necesario a la puerta de la Ciudad de la Justicia con una pancarta que diga «Yo también soy CAFÈAMBLLET» o que se pondrá un parche en el ojo y gritará «Yo también soy Esther Quintana». Gente que, si es necesario, se levantará una mañana e irá a parar un desahucio sin importar el riesgo real de recibir unos cuantos golpes de porra o de acabar en una comisaría. En estos dos años Marta y yo hemos conocido a cientos de personas como estas y tengo que decir que eso sí es maravilloso.

Muy bonito, dirá alguien, pero ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué hacer ante el desastre de una sanidad enferma que está provocando tanto sufrimiento a tanta gente? Es verdad que el panorama es desolador: Boi Ruiz sigue siendo consejero y las empresas de sanidad privada están dando saltos de alegría con la destrucción del sistema público. La verdad es que la situación es muy complicada.

Pero como hemos visto, lo que está ocurriendo hoy en nuestra sanidad no ha caído del cielo. Lo que está pasando en nuestra sanidad es el resultado de muchos años de trabajo de mucha gente que, hay que decirlo todo, ha trabajado duro para crear el sistema opaco y antidemocrático que tenemos. ¡Han necesitado cerca de treinta años! Sería un poco ingenuo pensar que todo este desastre lo arreglaremos en dos años. Si muchos de los desastres que padecemos hoy nacieron por decisiones que se tomaron hace veinte años, es seguro que el sistema de salud que tendremos dentro de veinte años dependerá de lo que hagamos hoy, de las decisiones que tomemos hoy. Y a riesgo de volver a parecer demasiado optimista, en estos dos años han pasado cosas muy, muy buenas.

Por ejemplo, el equipo gestor de la CSMS se lo pensará mucho antes de hacer comunicados como los que hacía cuando aún no se conocía la existencia del Informe Crespo. Y lo que es mejor, si hacen alguno, siempre podremos decir: antes de hacer comunicados lo que deberías hacer es decir dónde han ido a parar los 2,4 millones de euros que han desaparecido de nuestros hospitales. Ya no nos creemos sus mentiras y eso ya es un paso.

Otra victoria enorme es que mucha gente se ha hecho «famosa». ¿Quién había oído hablar de Josep Prat, Carles Manté o Ramón Bagó hace dos años? Si durante treinta años esta gente estrechamente relacionada con la sanidad pública ha hecho y deshecho, ha sido, en gran medida, gracias al silencio y los rincones oscuros del sistema.

En estos dos años, gracias al trabajo de un montón de gente, ha empezado a llegar la luz allí donde reinaba la oscuridad. Hace dos años nadie podía imaginar que estos dos aristócratas con sueldos millonarios pasarían la noche en el cuartelillo, en parte gracias al trabajo de un jardinero de Reus a quien un día el pueblo votó para que fuera regidor. Tarde o temprano Prat y Manté deberán explicar dónde están los 720.120€ (más IVA) que se gastaron en informes que nadie nunca ha visto.

Por su parte, Ramón Bagó pronto deberá explicar a la Fiscalía cómo fue que un buen número de jugosos contratos de la sanidad pública fueron a parar a sus empresas. Solo han pasado 14 meses desde que se publicó «Ramón Bagó, el hombre que se contrataba a sí mismo con dinero público».

Y la cosa se puede complicar aún más para los beneficiarios de la opacidad sanitaria. Oriol y Antía continúan investigando y tienen los ojos puestos sobre rincones de nuestra sanidad terriblemente oscuros: el Hospital de Sant Pau, el Hospital Sant Joan de Reus, las dobles listas de espera, los negocios de Boi Ruiz o los contratos de Bagó en Badalona, donde la Fiscalía continúa investigando. ¡Yo los seguiría en Twitter!

Como he dicho, la historia de David Vidal, el concejal de Reus, merecería un libro para él solo y, si nadie se me adelanta y tengo tiempo, me gustaría muchísimo explicarla. Ahora mismo, después de las detenciones de Prat y Manté y los registros hechos por la Oficina Antifraude Europea en el Ayuntamiento de Reus, es cuestión de tiempo que el escándalo estalle con mucha más fuerza de lo que lo ha hecho hasta ahora. «Esto va para largo —dijo David por teléfono cuando le pedía unos detalles para la redacción de este libro— y quedan años de trabajo para desentrañar lo que ha hecho esta gente los últimos 20 años». Igual que cuando lo conocimos, un año más tarde no es raro ver a David conectado a las 12 de la noche, haciendo escritos, leyendo BOE o preparando documentación para presentar en un juzgado.

Àngels Martínez Castells y Toni Barberà recorren Cataluña dando charlas, explicando todas las trampas que nos tienden políticos y medios de comunicación, convirtiendo a Dempeus per la Salut Pública en una de las pesadillas de la aristocracia sanitaria.

Mientras tanto, José sigue atentamente todas las noticias que salen sobre sanidad. Cada vez que detienen o imputan a alguien en relación a los escándalos sanitarios nos envía un mensaje diciendo: «¡Os deberían haber condenado por haberos quedado cortos!».

El CAFÈAMBLLET, que es lo que nos da de comer, sigue saliendo puntualmente cada mes. Es verdad que Manoli debe esforzarse cada día más para vender anuncios, pero de momento la revista nos paga un sueldo. Casi siempre.

Por otro lado, y en gran parte gracias al señor Josep María Via, muchísima gente se ha enterado de que existimos más allá de la comarca de la Selva. Durante los últimos seis meses hemos recorrido Cataluña de arriba abajo participando en charlas, debates y conferencias a las que nos han invitado estudiantes, asambleas, asociaciones de vecinos, centros… ¿Que no salimos en TV3? No hay problema, iremos pueblo por pueblo explicando lo que hemos aprendido sobre nuestra sanidad.

El relato se va acabando y solo queda una historia que contar: la del libro que tienes en tus manos. Cuando se conoció la sentencia que nos condenaba a pagar 10.000€ a los directivos de los hospitales de Blanes y Calella, miles de personas se indignaron. Durante los días posteriores a que se hiciera pública la sentencia recibimos cientos de correos electrónicos, mensajes en Facebook y llamadas telefónicas ofreciendo ayuda para pagar la multa. Es difícil explicar lo que se siente cuando un jubilado te llama y te dice que su pensión no le permite aportar mucho, pero que, si le damos un número de cuenta, él pondrá 5 euros para ayudar a pagar la multa, para ayudar a continuar explicando lo que cada día ocultan los medios subvencionados con millones de euros de los ciudadanos. Pensamos, sin embargo, que no podíamos aceptar esos cinco euros para darlos a unos hospitales donde ya han desaparecido 2,4 millones de euros de miles de jubilados y trabajadores. ¿Y si en vez de correr a pagar la multa, correr a defendernos, aprovechábamos la ocasión para pasar al ataque? ¿Y si en vez de recoger el dinero para pagar la multa recogíamos dinero para publicar un libro donde se explicara detalladamente lo que tanta gente está interesada en que no se explique? ¿Y si hacíamos que su denuncia se volviera como un bumerán y poníamos nombres y apellidos a algunos de los protagonistas de los desastres que han tenido lugar en nuestra sanidad durante los últimos veinte años? Propusimos la idea a nuestros lectores, a la gente que había visto y compartido nuestros vídeos y aceptamos. En doce horas recogimos los 10.000€ que necesitábamos. Hoy, cuarenta y cinco días más tarde, y cuatro años después de haber visto el anuncio de Asistencia Sanitaria Colegial en el sofá de casa de los padres de Marta, el libro está terminado.

Esperamos que este libro os haya gustado, pero, sobre todo, esperamos que os sea útil. Cuando desde el CAFÈAMBLLET empezamos a preguntar qué estaba pasando con nuestra sanidad, dónde estaba nuestro dinero, fue muy útil encontrar todo el trabajo de las muchas personas que habían hecho estas preguntas antes que nosotros. En nuestra sanidad queda mucho trabajo por hacer y muchas preguntas por formular. Esperamos que este libro sea de utilidad para que cualquiera pueda continuar haciendo preguntas. Esperamos que este libro que tenéis en vuestras manos sirva para continuar librando esta lucha por la sanidad pública que, para ir bien, no debería terminar hasta que ninguna persona muera por falta de atención médica adecuada. Ni en nuestro país, ni en cualquier país del mundo.

Marta y Albano.

Breda, 25 de marzo de 2013

En una manifestación el verano de 2012.

Parte III

«¿Tropezáis con uno que miente?, gritarle a la cara: ¡mentira!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que roba?, gritarle: ¡ladrón!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que dice tonterías, a quien oye toda una muchedumbre con la boca abierta?, gritarles: ¡estúpidos!, y ¡adelante! ¡Adelante siempre!».

«La más miserable de todas las miserias, la más repugnante y apestosa argucia de la cobardía es esa de decir que nada se adelanta con denunciar a un ladrón porque otros seguirán robando, que nada se adelanta con decirle en su cara majadero al majadero, porque no por eso la majadería disminuirá en el mundo. Sí, hay que repetirlo una y mil veces: con que una vez, una sola vez, acabases del todo y para siempre con un solo embustero habríase acabado el embuste de una vez para siempre».

MIGUEL DE UNAMUNO, Vida de Don Quijote y Sancho, escritor y filósofo español (1864-1936)

Epílogo

Y ahora, ¿qué hacemos?

Durante los últimos seis meses Marta y yo hemos recorrido Cataluña explicando lo que hemos descubierto sobre la sanidad pública en nuestro país. Hemos estado en la Terra de l’Ebre, Solsona, Lleida, L’Escala, Calella, Sabadell, Terrassa, Manresa, Reus, Tarragona, Granollers… En total, más de 65 charlas, coloquios y debates, en los cuales alguien siempre ha hecho la siguiente reflexión: «Muy bien, sabíamos que nos estaban tomando el pelo y ahora, con lo que habéis explicado ya lo sabemos, con datos en la mano, con nombres y apellidos… Muy bien, pero ahora ¿qué hacemos?».

Es verdad que lo que hemos explicado en todas estas charlas, lo que hemos contado con más detalle en este libro no es una buena noticia. Queda claro que nuestro sistema sanitario tiene problemas muy graves: es opaco, no es nada democrático y hay unos cuantos que se aprovechan de la situación y se quedan el dinero. Y lo más grave de todo: las personas y los poderes responsables de nuestro sistema no solo no trabajan para solucionar este desastre, sino que trabajan duro para hacerlo aun más opaco, más antidemocrático y con más impunidad para los comportamientos irregulares. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo?

Sí. Y el primer paso para cambiar esta situación es entender qué está pasando. Si somos capaces de entender las bases del sistema actual, entenderemos qué es lo que falla en él. Conocer profundamente el funcionamiento de nuestro sistema sanitario nos permitirá hacer dos cosas muy importantes:

1. Que no nos tomen por tontos

Ante la situación de crisis de nuestro sistema sanitario, hemos escuchado a responsables políticos que intentaban hacer creer que el problema de la sanidad eran los abuelos que toman demasiadas pastillas, los inmigrantes que van mucho al médico, los viejos que viven más años… Curiosamente, ninguno de estos responsables que llevan décadas gestionando nuestra sanidad ha dicho nada de la mala gestión, la opacidad y los escándalos que agujerean nuestra sanidad. Boi Ruiz, además de mentir constantemente a los ciudadanos[6], apunta siempre a los usuarios como responsables de la crisis sanitaria. Pero nunca dice nada de cómo desaparece el dinero de los ciudadanos. No dice, por ejemplo, que, con los 2,4 millones de euros que desaparecieron en los hospitales de Blanes y Calella entre los años 2000 y 2004, no habría sido necesario cobrar 1 euro a 2,4 millones de recetas. Otro ejemplo: con los 800.000€ que han desaparecido en manos de Prat y Manté para las «consultorías fantasma» (que aun no han podido encontrar ni el Ayuntamiento de Reus, ni las auditorías, ni el juzgado que investiga el caso), se podrían haber hecho[7]:

1.000 visitas médicas no urgentes

1.000 visitas de enfermería a domicilio

1.000 revisiones odontológicas

10.000 extracciones de sangre

1.000 visitas al ginecólogo

1.000 pruebas de embarazo

1.000 colonoscopias

100 tratamientos isotópicos para linfomas no Hodkin

1.000 sesiones de hemodiálisis

1.000 angiogammagrafia

10.000 radiografías de abdomen simples

1.000 ecografías articulares

1.000 tomografías computadas de abdomen

Solo hablamos de dos casos en lugares muy concretos y en un lapso de tiempo muy concreto. La lista es larguísima y crecerá en los próximos meses. El consejero, sin embargo, sigue señalando a jubilados y enfermos como responsables, como la causa del problema de nuestra sanidad. Por suerte, cada vez menos gente se cree sus mentiras, y menos gente se las creerá cuanta más información esté disponible.

¿Nos ayudas a difundir un resumen?

“1.000 ecografías que nunca se harán”

2. Pasar al ataque

La segunda ventaja de conocer nuestro sistema sanitario es que, de la misma manera que nos ayuda a no creernos las mentiras que nos venden, nos permite poner sobre la mesa alternativas válidas, hacer propuestas para mejorarlo. Alguien dirá: «Aunque hagas propuestas, los que mandan no escuchan». Sí, es verdad, pero cada propuesta de mejora que seamos capaces de poner sobre la mesa es un golpe en la base del actual sistema, es decir, a su legitimidad.

Antisistemas sanitarios y soberanía

Solo hay dos tipos de personas que pueden aceptar como válido el sistema sanitario actual en Cataluña: los que no creen en la democracia y los que se benefician de este sistema. En este sentido, en el ámbito de la salud, solo se puede ser antisistema.

Es verdad que casos como los de Bagó, Prat, Manté o Crespo hacen enfadar mucho y que hay trabajar para que se den todas las explicaciones pertinentes. Pero dicho esto, el problema más grave no son las personas responsables de estos escándalos, sino el sistema que los permite.

Como hemos visto a lo largo de este libro, el sistema sanitario se ha ido dotando de un marco legal y de funcionamiento que hace imposible que el ciudadano controle dónde va el dinero. Los casos en que se han podido documentar abusos con dinero público no son nada al lado de los miles de millones de euros que se gestionan opacamente con el amparo de las leyes. Ponemos dos ejemplos: Carme Capdevila (ERC) pidió las actas de la Sindicatura de Cuentas para saber por qué se ocultó el escandaloso Informe Crespo. No se las dieron. El diputado Josep Vendrell (ICV-EUiA) pidió cuántos contratos recibía Bagó de la sanidad pública. Le dijeron que no le podían contestar.

En estos días, en los que tanto se habla de soberanía, si observamos el sistema sanitario, vemos que miles de millones del dinero de los ciudadanos están fuera de nuestra soberanía, y ni siquiera nuestros máximos representantes democráticos pueden saber cuánto dinero público reciben las empresas del ex alto cargo convergente Ramón Bagó. No puedo evitar volver a recordar las palabras de Joan Ridao (ERC):

Las reformas puestas en marcha por el Gobierno son una aplicación a ultranza de las técnicas de gestión empresarial. La creación de empresas públicas y entes instrumentales escapa del necesario control político y democrático. Aunque se nutren en buena parte de los recursos públicos, no están sujetos al control y la fiscalización democrática de este Parlamento.

La financiación de nuestro sistema

Ni Marta ni yo somos expertos en el ámbito de la financiación del sistema sanitario, pero nos gustaría hacer alguna apreciación sobre el tema.

En primer lugar, hay que repetir una y otra vez: no se gasta demasiado en sanidad y nunca se ha gastado demasiado en sanidad. Según el informe del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), el dinero que se dedica en Cataluña a la sanidad (en términos absolutos y porcentuales) es poco[*]:

Lo pueden decir los consejeros, Artur Mas, TV3, La Vanguardia o los tertulianos de RAC1, pero eso de que «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades» es una falacia. O dicho de otra manera: una mentira.

¿Déficit democrático?

El expolio fiscal es otro tema del que ni Marta ni yo tenemos suficiente información para pronunciarnos sobre ello. Pero tras dos años investigando el funcionamiento de nuestro sistema sanitario, podemos decir que el problema va mucho más allá de la cantidad de dinero disponible.

Por supuesto, la posibilidad de disponer de más o menos recursos condiciona la calidad del servicio que se puede dar. Pero aunque Cataluña dispusiera de mucho más dinero para financiar el sistema sanitario, aunque la semana que viene Cataluña solucionara todos sus problemas de financiación, el sistema sanitario catalán continuaría siendo un desastre desde el punto de vista de la gestión.

Como hemos podido ver a lo largo del libro, los problemas sanitarios empiezan mucho antes de la crisis y los recortes. Lo que pasa es que, como había dinero, los agujeros negros por donde se escapaba el dinero de la sanidad no se notaban.

Tomando como ejemplo una analogía hidráulica, podríamos decir que durante años el dinero dedicado a la sanidad fluía por una tubería llena de agujeros, pero, como había mucha agua disponible, nadie se preocupaba de las fugas, ya que al final de la tubería manaba el agua suficiente para regar el sistema. De golpe, sin embargo, el flujo de agua ha disminuido, y al final de la tubería nos encontramos que llega poca agua. Es entonces cuando vamos a investigar la razón de ello, y vemos que la tubería está agujereada por todas partes. Una solución es buscar desesperadamente más agua para volver a llenar la tubería hasta el punto de que los agujeros no se noten. La otra —y esta no excluye la primera— es ponerse a reparar la tubería.

Está fuera de nuestro alcance analizar de qué manera podemos hacer aumentar la aportación de agua (dinero) al sistema. Algunos dicen que luchando contra el fraude fiscal, otros que luchando contra el expolio fiscal. Pero, sea como sea, lo que sí podemos decir es que las tuberías del sistema sanitario tienen muchos agujeros y que cualquier propuesta de solución para la financiación del sistema no puede ser tenida en cuenta si no contempla una importante revisión del estado de las tuberías. En el sistema sanitario catalán, por ejemplo, es imposible saber cuánto cobra el gerente de un hospital comarcal. En Cataluña es imposible saber si los informes que cada año cuestan millones de euros a los ciudadanos existen o no, o si los gastos de protocolo sirven para comprar un obsequio a un trabajador que se jubila o, en vez de eso, el dinero es para pagar comidas de directivos en restaurantes de lujo. Esto no podemos seguir permitiéndolo.

De acuerdo, pero ¿¡qué hacemos!?

Es verdad que un ciudadano tiene serias dificultades para poner remedio a estos problemas. El ciudadano ha sido totalmente apartado de la gestión y de la fiscalización de su servicio sanitario. Como tantos otros ámbitos, el único lugar que le han dejado al ciudadano para intervenir en lo que es suyo se limita a ir a votar cada cuatro años y esperar —sin rechistar— a que el elegido se digne a cumplir sus promesas.

Por eso, vuelvo a insistir en la importancia del conocimiento como herramienta para cambiar esta situación. Es verdad que el ciudadano tiene muy poco poder institucional para cambiar las cosas, pero hoy, gracias a Internet, el espacio político se ha ensanchado. Los canales de transmisión de conocimiento se han abierto, tanto para recibir información como para la emitirla.

Hemos dicho que el problema no son los casos de corrupción concretos, sino los mecanismos que los permiten. Pero conocer los casos concretos, denunciarlos y difundirlos por todos los medios a nuestro alcance es una herramienta de primer orden con el fin de dejar en evidencia un sistema que no funciona, aunque los medios «oficiales» digan lo contrario. Así, y por primera vez, el ciudadano tiene a su alcance una herramienta comunicativa que tiene una capacidad real de erosionar la base social y la legitimidad que hasta ahora ha sostenido el sistema. Ahora hay que utilizar Internet para llenarlo del conocimiento que vamos adquiriendo y para difundir lo que encontramos.

En CAFÈAMBLLET hemos trabajado y trabajaremos para seguir destapando la cara escondida del sistema sanitario y poniendo luz allí donde algunos quieren oscuridad. A aquellas personas que tengan tiempo y ganas, las invitamos, pues, a que se informen, investiguen y pregunten dónde está su dinero.

¡Contra la mentira, difusión!:

“Que los tertulianos mientan todo lo que quieran… pero gastamos POCO en sanidad”

¿Cómo se puede empezar a investigar?
Guía práctica para la investigación ciudadana (¡con casos reales para practicar!)

Uno de los objetivos de este libro era, precisamente, explicar con detalle nuestro camino de investigación con la intención de que pueda servir de guía para que cualquier lector pueda poner en marcha su propia investigación allí donde considere necesario. Pero somos conscientes de que con ello no basta. Estaría muy bien que en la escuela hubiera una asignatura como, por ejemplo, «Fiscalización a los políticos» o «Educación para ser un gilipollas». Pero como esto de momento no se materializará, nos tendremos que conformar con lo que podamos ir aprendiendo de manera autodidacta. Nosotros, durante estos dos años, hemos identificado algunas herramientas que nos pueden ayudar a convertirnos en fiscalizadores.

1. Los presupuestos

Aunque vivimos en un país con enormes déficits en materia de transparencia, todavía hay algunos agujeros para acceder a los datos sobre el destino de nuestro dinero. En el ámbito sanitario, por ejemplo, la web de la Generalitat publica los presupuestos de los centros concertados. Este es un buen punto de partida. Podemos encontrar, por ejemplo, los «presupuestos y estados financieros de entidades participadas» por la Generalitat. En esta lista encontramos, entre otras, cosas como:

Consorcio del Palau de la Música Catalana

Consorcio del Instituto Ramón Llull

Consorcio Casa Asia

Consorcio Centro de Estudios Demográficos

Consorcio del Barrio de la Mina

Consorcio para la Recuperación y Conservación del río Llobregat

Consorcio Centro de Supercomputación de Cataluña

Hace dos años, cuando nos preguntábamos qué pasaba con el dinero de la CSMS, también encontramos en esta lista esto:

Corporación de Salud del Maresme y la Selva (CSMS)

Como os podéis imaginar, en un presupuesto no hay nada de ilegal, ni de sospechoso, pero puede ser un buen documento para empezar a trabajar. A lo largo de este libro, hemos hecho referencia, sobre todo, a los gastos de estudios y dictámenes, pero podríamos haber preguntado por cualquiera de estas partidas:

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 44.668€

Gastos postales y mensajería 706.389€

Atenciones protocolarias y representativas 82.735€

Formación de personal propio 531.179€

Mobiliario y enseres 200.000€

Otros trabajos realizados por otras empresas 5.871.059€

A día de hoy, los gestores de los hospitales de Blanes y Calella se niegan a explicarnos en qué se gastan nuestro dinero. A partir su negativa, hicimos un vídeo. Ahora, un libro. Igual que la CSMS, hay decenas de centros de salud que cada año gastan millones de euros sin dar explicaciones de nada. Así, si tenéis ganas de hacer un CAFÈAMBLLET, una buena manera de empezar es con los presupuestos.

2. Los informes de la Sindicatura de Cuentas

En los capítulos 13 y 14 explicamos con detalle la historia del Informe Crespo, el informe de la Sindicatura de Cuentas que quedó escondido y enterrado en un cajón. Pero aparte de este informe «fantasma» hay muchos que sí han visto la luz y que son muy escandalosos.

A primera vista, estos informes tienen un lenguaje un tanto técnico que asusta un poco, pero cuando te acostumbras a leerlos, pueden ser, incluso, divertidos: contratos a dedo, facturas olvidadas, trabajos pagados varias veces… Todo está allí. Se podría decir que estos informes son como las notas de un gran reportaje, que está esperando a que alguien lo redacte. El trabajo grande ya está hecho, y los datos están contrastados 100% por personal de la propia Generalitat.

Pero, como digo, les falta edición, y esto hace que, aunque los informes nunca hayan estado escondidos, es como si lo estuvieran. Normalmente, uno no llega a casa después de un día de trabajo y se pone a leer un informe de la Sindicatura de 70 páginas. Por ello, si algún lector tiene interés por investigar en el ámbito sanitario, los informes de la Sindicatura de Cuentas son una mina de información… y de escándalos. El trabajo que queda por hacer es leerlos con detenimiento, entenderlos y buscar la manera de explicarlo para que llegue a mucha gente. Un buen ejemplo es el del blog esclatclinic.blogspot.com.es. Una persona, después de leer los informes sobre el Hospital Clínico, abrió este blog y publicó la información «digerida». La información que hay en los informes, trabajada con tiempo y paciencia, podría provocar algunas dimisiones y, quizá, alguna comparecencia judicial.

A continuación, algunos de los informes sobre sanidad:

Gastos en asistencia hospitalaria con medios ajenos. Ejercicio 2003. (Informe 22/2006).

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Contratación de servicios auxiliares y complementarios. Ejercicio 2006. (Informe 3/2008).

Sistema de Emergencias Médicas (Informe 22/2008).

Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell. Ejercicios 2006 y 2007. (Informe 7/2009).

Contratación de servicios externos en hospitales de la red hospitalaria de utilización pública de Cataluña. Ejercicio 2006. (Informe 13/2009)

Gasto en adquisición e implantación de prótesis quirúrgicas. Ejercicio 2007. (Informe 20/2009).

Consorcio Sanitario Integral (Informe 29/2009).

Consorcio Sanitario de Anoia (Informe 2/2010).

Servicio Aranés de Salud. Ejercicio 2006. (Informe 11/2010).

Arán Salud, Servicios Asistenciaus Integrados (Informe 21/2010).

Fundación Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà. Ejercicio 2008. (Informe 3/2011).

Sistema de Emergencias Médicas (Informe 10/2011).

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Ejercicio 2009. (Informe 17/2012).

Instituto de Alta Tecnología PRBB – Fundación Privada. Ejercicios 20062010. (Informe 32/2012).

Fundación Privada Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Ejercicio 2009. (Informe 33/2012).

Fundación Privada de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Ejercicio 2009. (Informe 39/2012).

Alguien podría pensar que, si los informes ya están hechos, presentados al Parlamento y colgados en la web de la Sindicatura (www.sindicatura.org), esto quiere decir que todo se ha esclarecido. ¡ERROR! La Sindicatura hace los informes y los presenta en el Parlamento, pero ¡atención!, no tiene ninguna potestad sancionadora. Un ejemplo para la historia: el 23 de julio de 2009 los Mossos d’Esquadra irrumpían en la sede del Palau de la Música para practicar un registro policial que ha acabado convirtiéndose en uno de los escándalos más grandes de la historia de Cataluña y un agujero por donde han desaparecido decenas de millones de euros. Pues bien, en un informe del año 2003, la Sindicatura de Cuentas ya alertó de que algo iba muy mal en el Palau de la Música. El informe fue presentado, incluso, al Parlamento, pero tuvieron que pasar 6 años (y muchos millones) para que alguien se dignara a investigar. ¿Cómo puede ser? Una posible respuesta a este escándalo aparecía publicada en el diario La Vanguardia el 21 de junio de 2010:

El auditor Antoni Martí ha precisado que este informe fiscalizador no se envió al Tribunal de Cuentas —es quien debe dirimir sobre responsabilidades penales— hasta 2008, un dato que alertó a algunos grupos, que consideraron que, si había indicios, entonces ya habían prescrito. Martí y Vehí dijeron que este retraso no se les puede imputar a ellos, sino que es responsabilidad del síndico mayor.

¿Qué habría pasado si, cuando la Sindicatura hizo público el informe en el año 2003, un ciudadano lo hubiera descargado de la web, lo hubiera imprimido y lo hubiera enviado él mismo al Tribunal de Cuentas? Y ya que estamos puestos en ello, otra pregunta: ¿Por qué no lo hizo ningún partido del Parlamento?

¿Nos ayudas a difundir un resumen?

“Guía para investigar la corrupción en Cataluña. Premio para quien encuentre le próximo caso Palau”

¿Qué pasa en el Parlamento?

Todo esto indica que quizá todos deberíamos estar muy atentos a lo que hace y deja de hacer la Sindicatura de Cuentas. En el ámbito sanitario, los informes son muy pero que muy escandalosos. No exagero. Analizemos algunos comentarios que hicieron los miembros del Parlamento cuando la Sindicatura presentó algunos de sus informes sobre sanidad:

20 de marzo de 2007

Debate en el Parlamento relativo al informe «Gastos en asistencia hospitalaria con medios ajenos» (Informe 22/2006):

En este informe vemos un verdadero catálogo de infracciones administrativas. […] Algunas llegan a poner en peligro la vida y la salud de las personas debido a esta peculiar gestión del Departamento de Salud. […] Las reiteradas infracciones no solo vulneran la normativa administrativa, sino que también encontramos muchas infracciones en materia financiera, como los importes concedidos a determinados centros sin justificar, pagos por encima de las contraprestaciones aprobadas y los servicios satisfechos…

Patricia Gomà Pons (ERC).

Las subvenciones, si se tienen que dar, se darán de acuerdo con un procedimiento formal. Y, además, entran también en el aspecto del agravio comparativo. La verdad es que la subvención de los 2,2 millones a la fundación privada Instituto de Investigación Oncológica, tal como está expuesta en el informe, llama la atención.

Daniel Pi i Noya (ICV-EUiA).

11 de noviembre de 2008

Debate en el Parlamento relativo al informe «Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Contratación de servicios auxiliares y complementarios. Ejercicio 2006» (Informe 3/2008):

Se dan una serie de irregularidades en la contratación que son, de verdad, espectaculares, y les comentaré algunas, porque resulta que se repiten continuamente en todos los servicios de contratación. Miren, antes era la gestión de una entidad de derecho público, la mala gestión de una entidad de derecho público en todos sus extremos; ahora hablamos de una pésima gestión de la contratación.

Pilar Pifarré i Matas (CiU).

Hemos leído especialmente las alegaciones, y hay algunas que, de verdad, son para enmarcarlas y no serían admisibles en ningún tipo de procedimiento administrativo, judicial…, y, por tanto, no podemos dar apoyo a una gestión como esta, volvemos a decir, en un ámbito diferente, pero una gestión, otra vez, que no puede ser modelo de lo que es una gestión de los fondos públicos.

Ángeles Olano García (PP).

No se pueden cerrar los ojos a una realidad que creo que es muy clara, y es evidente que hay un desbarajuste importante en la gestión y también en la adjudicación de los servicios externos.

Laia Ortiz Castellví (ICV).

Yo creo que lo que viene a reflejar el informe de la Sindicatura es el sueño de cualquier gerente público: hacer lo que quiero, sin ningún control y como me da la gana, y sin ningún riesgo. […] En el caso que nos ocupa, se decidió que no, que, evidentemente, cumplir la ley de contrataciones de las administraciones públicas es pesado, difícil, exige realmente tiempo, rigor, cláusulas, por lo que se decide apoyar lo que es fácil. Tenemos a un adjudicatario de una cafetería que llevaba mucho tiempo, hay que reformarla, le adjudicamos el contrato, le damos el de lavandería, que luego no cumplirá, y a cambio nos hace una cafetería nueva. Ideal. […] No sé para quienes han hecho una ley de reforma del ICS para hacerlo empresa pública, que en principio se quería acomodar a la flexibilidad en cuanto a la contratación administrativa. ¡Si el régimen de derecho privado ya se aplicaba en el Hospital de Tortosa! No se seguía el procedimiento administrativo que establece la ley de contrataciones de las administraciones públicas. Pero es que ni uno, ¿eh?

José Domingo Domingo (Ciutadans).

21 de abril de 2009

Debate en el Parlamento relativo al informe «Sistema de Emergencias Médicas SA. Ejercicio 2006» (Informe 22/2008):

Cuando el informe salió, un determinado interventor, precisamente del mundo municipal, se miró el informe, y le pregunté: «Oye, ¿ves muchas irregularidades?». Y me dijo: «Muchas no, todas». Todas, es decir, todas, todas las posibles. Es decir, aquí se han conculcado todos los principios, todos y cada uno.

Francesc Sancho (CiU).

Estamos ante un informe que no ha dejado indiferente a nadie y que, efectivamente, muestra una gestión irregular y presenta actuaciones que ya veremos, con las instancias que corresponda, si pueden ser consideradas infracciones jurídicas graves. Ya lo veremos.

María Ángels Cabasés i Piqué (ERC).

16 de junio de 2009

Debate en el Parlamento relativo al informe «Cumplimiento de rendición de cuentas de las entidades del ámbito sanitario público. Ejercicio 2007» (Informe 26/2008):

Nos encontramos —haciendo una valoración resumida— que, de las noventaidos entidades, solo dos cumplen la ley. Once no han enviado ningún documento.

Pilar Pifarré i Matas (CiU).

17 de noviembre de 2009

Debate en el Parlamento relativo al informe «Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell. Ejercicios 2006 y 2007» (Informe 7/2009):

En el caso de los incumplimientos de los plazos y las desviaciones en la ejecución o bien la forma de adjudicación de las obras complementarias mediante procedimientos de contratación negociados sin publicidad; el hecho de la contratación de servicios, contratación incorrecta, como dicen en su informe, con respecto a las prórrogas del contrato de transporte, con la asistencia medicalizada; las cláusulas contractuales contrarias a la normativa de contratación; el hecho de la contratación de consultorías y asistencias, pues, con los servicios de asesoramiento jurídico integral también, a través de los procedimientos de negociado sin publicidad.

Pilar Pifarré i Matas (CiU).

En cuanto a contratación de servicios y asistencia, pues también encontramos deficiencias, ¿eh?, como falta de acreditaciones, formalización sin publicidad y modificaciones. Bueno, creemos que todo esto, pues, debería ser mejorable y, por tanto, ya lo hemos dicho antes, instamos a que el organismo cumpla la legalidad en este caso.

María Ángels Cabasés i Piqué (ERC).

Consideramos que los pliegos y cláusulas administrativas deben hacerse y respetarse y que únicamente las vías que hay, y en este caso, pues, la ley de contratos, sus prescripciones no son para imponer barreras absurdas al que gestiona estos servicios, sino para dar seguridad jurídica de la gestión y los fondos públicos utilizados.

Ángeles Olano García (PP).

En aspectos de contratación, uno puede entender que determinadas obras, en un momento determinado, tengan un sobrecoste. Cuesta entender, en cambio, que proyectos… que en fase de proyectos haya una desviación del 86 por ciento.

Daniel Pi i Noya (ICV-EUiA).

Las peculiaridades de la figura del consorcio y las peculiaridades que tiene habitualmente esta perversa práctica administrativa, que se viene implantando con carácter general en la Generalitat y en la Administración catalana, desde tratar…, desde las figuras más complicadas tratar de eludir la norma. Estamos ante una situación en la que el hábito es el incumplimiento de la norma, el hábito es creer que se puede todo y el hábito es creer que los informes de la Sindicatura, como recomiendan y luego, al final, pues no se aplican y no pasa casi nada, ya que lo permiten todo.

José Domingo Domingo (Ciutadans).

Cada vez que llega un informe de la Sindicatura de Cuentas al Parlamento, se produce un pequeño descalabro en el hemiciclo. Pero hay que decir que la lectura detallada de todas las intervenciones a lo largo de los años pone de manifiesto algo muy curioso: la reacción de cada uno de los partidos se modifica en función de si el informe hace referencia a un momento en que el partido en cuestión estaba en la oposición o en el gobierno. Es una impresión.

¿Nos ayudas a difundir un resumen?

“Un diputado de CiU: “Oye: ¿ves muchas irregulariades? Y me dijo: “Muchas no. Todas. Todas, es decir, todas las posibles”

¡Fiscalización, fiscalización, fiscalización!

Una vez más, estudiar los informes de la Sindicatura de Cuentas puede resultar una poco desolador, ya que nos enseña las miserias sobre cómo se gestiona nuestro dinero. Pero leer estos informes (y saber que existen) es siempre una buena noticia. En primer lugar, quiere decir que esta fiscalización es útil y permite detectar las irregularidades que se cometen. En segundo lugar, estos informes, esta fiscalización, pueden ejercer un efecto disuasorio para los gestores que tengan la tentación de obrar sin consideraciones.

Otra cosa que suele ocurrir cuando nos plantamos ante estos escándalos es que siempre sale alguien y dice: «¡¿Veis como esto público es un desastre?!». Sobre esto, solo un comentario: los desastres que tienen lugar en el sistema público no se producen por el hecho de que sea público. Al contrario, se producen porque no son suficientemente públicos. En un sistema transparente, donde los ciudadanos y sus representantes tuvieran acceso a los datos, la situación sería muy diferente.

Otro detalle que habla a favor de la fiscalización es el miedo que le tienen aquellos que gestionan el dinero de todos. Josep María Via es un ejemplo de ello. Desde hace años, escribe artículos cargando contra todo tipo de fiscalización. El pasado 11 de marzo la agencia Europa Press informaba:

Un asesor del Gobierno catalán critica que los controles a la corrupción crean un sistema «ineficiente».

El miembro del Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario de la Generalitat y presidente del Consejo Rector del Parque de Salud Mar de Barcelona, Josep María Via, ha asegurado este lunes que los controles aplicados para evitar la corrupción crean «una administración engorrosa, sin eficiencia», y no sirven para evitar la apropiación indebida de recursos públicos. […] «El sistema de control no mide los resultados, solo los procedimientos, y así es difícil retener a los gestores más cualificados, cuando lo que hace falta es gente con capacidad de liderazgo», ha defendido Via.

Viendo el miedo que tienen los que llevan 30 años gestionando nuestro dinero, parece ser que lo que hace falta es fiscalización, fiscalización y más fiscalización. Una fiscalización que necesita ir más allá de los controles establecidos y que debería tener una fuerte implicación ciudadana.

La Sindicatura no solo se ocupa del ámbito sanitario. Entre sus informes, encontramos algunos tan sugerentes como:

Consejo Comarcal del Alt Empordà. Ejercicio 2008.

Diputaciones de Cataluña. Transferencias corrientes a instituciones sin finalidad de lucro. Ejercicio 2008.

Departamento de la Presidencia. Concepto presupuestario 227, Trabajos por otras empresas. Ejercicio 2010.

Consorcio para la Normalización Lingüística. Personal y saldos con entes consorciados. Ejercicio 2010.

Subvenciones recibidas por las organizaciones sindicales de Cataluña. Ejercicio 2009.

Agregado de las universidades públicas de Cataluña. Ejercicios 2008 y 2009.

Grupo Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Ejercicios 2007, 2008 y 2009.

¡A ver quién encuentra el próximo Palau!

¡Soluciones reales ya!

En la sanidad pública está teniendo lugar un fenómeno similar al que se está viviendo en el sistema financiero: los mismos que han llevado la sanidad pública al desastre son los que ahora se presentan como «expertos» y nos proponen las «soluciones». Unas soluciones que, curiosamente, coinciden en gran medida con sus intereses particulares y los de las corporaciones a las que representan. Por suerte, en nuestro país hay otros expertos que trabajan para ofrecer alternativas al discurso interesado y oficial. A continuación, ofrecemos un repaso a estas dos formas de enfocar el debate sanitario. Por un lado, presentamos a algunos de los «expertos oficiales» y, por el otro, ofrecemos las propuestas alternativas de los expertos «no oficiales».

(Casi) Todos los hombres del Presidente[8]

Raquel Gallego Calderón, en su estudio del modelo sanitario catalán, lo definió como un «mercado relacional». Un ámbito de negocio en que las relaciones personales, los contactos entre empresas y el estrecho contacto entre el mundo privado y el mundo público son una constante. Otros actores menos académicos han descrito este sistema como «amiguista» y de «puerta giratoria». Periodistas, trabajadores y estudiosos de los sistemas sanitarios han visto en este «mercado relacional» un foco de opacidad, de falta de transparencia y, sobre todo, de conflictos de intereses.

El sindicato CATAC-CTS-IAC ha observado durante los últimos 20 años los movimientos de personas, empresas e instituciones. Una observación que le ha permitido trazar un mapa de este mercado relacional.

Es un mapa enorme. Es incompleto, complejo y requiere todavía mucho desarrollo. Pero, de momento, podemos empezar a tirar de algunos hilos. Por ejemplo, del Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento (CAREC) y del Consejo Asesor de Sanidad.

Una de las primeras decisiones de Artur Mas cuando llegó al gobierno fue la creación de dos órganos consultivos: el CAREC y el Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario. ¿Quiénes son esos «asesores» de Mas? ¿De dónde salen estos «expertos» que hablan al oído al Gobierno de nuestro país? ¿Qué intereses tienen? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuáles son sus negocios? ¿Aconsejan pensando en el bien de los catalanes o en la cuenta de resultados de sus empresas? El siguiente artículo intenta aportar datos para responder a estas preguntas.

Salvador Alemany fue designado por Artur Mas como presidente del CAREC. Alemany es el presidente de Abertis, la multinacional que se ha enriquecido, entre otros negocios, gracias a las polémicas concesiones de autopistas. El diputado de Solidaridad Catalana por la Independencia (SI) Toni Strubell calificó Abertis como «un cementerio de elefantes de exdirigentes de CiU».

La principal accionista de Abertis es La Caixa, copropietaria de la mutua privada SegurCaixa-Adeslas (Mutua Madrileña). El segundo accionista más importante de Abertis es el fondo CVC, copropietario de la multinacional sanitaria Capio.

Alemany es miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Según el catedrático de economía Vicenç Navarro, FEDEA es «la voz de la banca y la gran patronal».

Una opinión que se confirma si miramos algunas de las empresas que financian la institución: Abengoa, Banesto, BBVA, Banco Sabadell, La Caixa, Banco Popular, Iberdrola, Grupo Santander, Repsol…

Los estudios que pagan todas estas empresas lo dejan claro: «Nada es gratis. Hay que incentivar el uso de la sanidad privada. Hay que dar soluciones al sistema nacional de salud, aunque a veces resulten impopulares».

Salvador Alemany fue hasta el año 2011 presidente del Círculo de Economía, actualmente presidido por el exministro de Aznar, Josep Piqué. Esta institución es una especie de club donde se encuentran poderosos empresarios como: Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell; Artur Carulla, presidente de Agrolimen, o Isak Andic, dueño de Mango, primera fortuna catalana y principal impulsor de Eurovegas en Cataluña.

La compañía presidida por Alemany ha sido noticia en relación con el Caso Palau. Podemos leer en la prensa: «La policía ve acreditada la financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música», «Ferrovial financió de manera ilógica y con ingentes cantidades de dinero el Palau de la Música», «Según informes de la Unidad contra la Delincuencia Económica de la Policía Nacional, Abertis hizo donaciones a la Fundación Trias Fargas, que, en buena medida, nutrieron las arcas de CDC». «La policía sospecha que estas donaciones hayan ”viciado” los concursos públicos en los que han participado».

Por otra parte, además de asesorar a Artur Mas, Alemany forma parte del patronato de la Fundación Príncipe de Girona.

En clave borbónica, nos encontramos el Instituto Nóos, de Iñaki Urdangarín. «La policía señala que Abertis pagó 116.000 euros al Instituto Nóos en concepto de informes», «La multinacional española Abertis pagó 2.362 euros por cada página escrita. La policía añade que el tipo de letra utilizada para esos informes era muy grande».

Además de ser miembro del CAREC, Eugenia Bieto es, actualmente, directora general de la escuela de negocios ESADE. Bieto accedió a este cargo después de que su predecesor, Marcel Planellas, se viera involucrado con el escándalo del Instituto Nóos. «Planellas desarrolló un papel central entre las personas y las empresas que ofrecían servicios a Urdangarín», según explica el diario El País.

La relación de ESADE con el escándalo Urdangarín no termina aquí. El socio de Iñaki Urdangarín y cofundador del Instituto Nóos era Diego Torres, profesor y miembro del equipo de investigadores de ESADE, donde, por cierto, estudió el mismo Iñaki.

Una de las primeras medidas de Eugenia Bieto cuando asumió ESADE fue pedir a los empleados y profesores que no hablaran con la prensa sobre el tema Urdangarín. Por cierto, el director de comunicación de ESADE es Oriol Llop, que antes de eso había sido jefe de prensa de Artur Mas.

A pesar de los escándalos protagonizados por muchos de sus directivos y profesores, ESADE se permite dar lecciones a los ciudadanos. En una entrevista concedida a la revista Aces de Sanitat Privada, Bieto dijo: «No es sostenible que el Estado preste servicios sanitarios a coste 0». Según Ramón Serna, del sindicato CATAC-CTS-IAC, «la señora Bieto parece olvidar que los ciudadanos pagan impuestos para tener estos servicios. De ”coste 0” nada de nada».

En la misma entrevista, Bieto explica la ventaja de tener consejeros en el Gobierno provenientes del sector privado: «Este tipo de puerta giratoria entre personas que van del sector público al sector privado y viceversa ayuda a firmar convenios».

La Caixa tiene importantísimos intereses en el negocio sanitario privado a través de SegurCaixa-Adeslas. Por ello, no es extraño encontrar entre los asesores de Mas a Jordi Gual, subdirector general y economista jefe de La Caixa.

Igual que Salvador Alemany, Gual es miembro del Círculo de Economía, y profesor especialista en las relaciones entre el sector público y el privado en la escuela de negocios IESE, creada por el Opus Dei.

Para hacernos una idea del tipo de políticas que propugna esta escuela, echemos una mirada al ideario que defiende el profesor de Iniciativa Emprendedora de IESE, Pedro Nueno:

«Hay que privatizar todo lo que es de propiedad pública…, el que más pague, se lo queda. Debemos vender el país, pero de verdad», «Hay que poner a trabajar a los jóvenes gratuitamente durante dos años obligatoriamente», «Nos enfrentaríamos a la protesta de todos los que se les acabaría vivir del “cuento”. Habrá que aguantar gritos unos días y meter en la cárcel a alguien. Hay que hacer estas cosas».

Lo que Pedro Nueno no explica en ninguno de sus artículos es que su compañero en IESE, el profesor Miguel Tejeiro, era el contable de los chiringuitos de Urdangarín y el secretario del famoso Instituto Nóos. Actualmente, Tejeiro está imputado por estos hechos.

El señor Nueno tampoco explica que él es el creador del fondo Finaves de capital riesgo de IESE, un fondo que recibe decenas de miles de euros de dinero público a través del Instituto Catalán de Finanzas y de la empresa pública Acc10 para financiar «proyectos de los alumnos de IESE».

Entre otras inversiones, Finaves invierte en compañías médicas privadas en EUA.

En el consejo de administración de Finaves, junto con Nueno, encontramos a Josep Fernández Terricabras, actual presidente de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, un consorcio público que está siendo investigado por la Sindicatura de Cuentas y por el Tribunal de Cuentas en relación con el escándalo protagonizado por Xavier Crespo, hoy diputado de CDC.

Pero ¿qué hace Gual en IESE? Este asesor de Artur Mas compagina su trabajo como subdirector general de La Caixa con el comité de dirección del Centro Sector Público – Sector Privado IESE (IESE SP-SP), un lobby «para la transferencia total o parcial de la gestión de los servicios públicos».

¿Quién paga esta máquina de privatizar dirigida por Gual?

La Cámara de Comercio, el BBVA, la Diputación de Barcelona, los asesores tributarios Garrigues, VidaCaixa, Telefónica, T-Systems, Endesa, Agbar, las farmacéuticas Sanofi y MSD, y la consultora PWC.

Finalmente, IESE y La Caixa colaboran estrechamente en el programa «Emprendimiento social» de la Obra Social de La Caixa, una obra social de la cual la infanta Cristina es directora del Área Internacional.

Para acabar con el señor Gual: no hemos encontrado ni un solo artículo que hable del escándalo de las preferentes de La Caixa, entidad donde, recordemos, él es el economista jefe.

En «Los desayunos ESADE» John de Zulueta —actual presidente de USP-Hospitales— aseguró que «lo adecuado sería contar con una cartera limitada de servicios, ya que no es posible financiarlo todo para todos».

El señor Manel Peiró, profesor de ESADE y también asesor de Artur Mas, lo tiene claro: «La crisis es una oportunidad magnífica para acelerar reformas sanitarias. Sin recortes ni sacrificios no se puede mantener la actual sanidad. Hay que reforzar copagos y seguros privados complementarios». Unos «seguros privados complementarios» que se frotan las manos mientras «asesoran» a nuestro presidente.

Si hablamos de IESE y de PWC, es inevitable hablar de otro asesor de Artur Mas: Joaquim Triadú.

Entre los muchos cargos políticos que ha ocupado Triadú, destaca su etapa de consejero de presidencia de Jordi Pujol.

En la esfera de los negocios, Triadú es vicepresidente del Centro Sector Público

—Sector Privado de IESE, que hemos conocido de la mano de Jordi Gual. Joaquim Triadú ha sido socio del bufete de abogados Garrigues, que ha sido noticia recientemente por su implicación en el caso de los ERE de Andalucía: «Vendían al empresario el producto, es decir, la ERE y las prejubilaciones gratis o prácticamente gratis porque pagaba la Junta», «Los abogados proponían a las empresas el negocio redondo porque no tenían que abonar nada, ni siquiera su minuta», «La jueza ha señalado el bufete Garrigues como protagonista de esta manera de actuar, que le reportó unos ingresos de 1,2 millones de euros», explicaba El País el pasado 11 de marzo.

Cuando Triadú todavía estaba en Garrigues, el asesor de Artur Mas protagonizó uno de los momentos más escandalosos del Caso Palau: como abogado del Orfeó Català, Triadú se ocupó de llevar a cabo una maniobra curiosa, «pedir al juez del Caso Palau que no abriera una causa judicial nueva para separar la investigación sobre una presunta financiación irregular de Convergencia del expolio del Palau».

«Quien llevó el tema jurídicamente —explica Jordi Font, miembro de la junta del Orfeó— fue Triadú […]. Es un escándalo tan grave como el desfalco de alguien que está pagado por el Orfeó y hace funciones contra el Orfeó».

Un Orfeó, por cierto, presidido por Mariona Carulla, heredera del grupo Agrolimen y promotora de la Fundación Lluís Carulla, donde encontramos como miembro al señor Triadú.

El objetivo de la Fundación es «promover desinteresadamente cualquier actividad de la cultura catalana siempre que sean merecedoras de esa ayuda a juicio del patronato». Actualmente la familia Carulla tiene serios problemas con Hacienda.

«Según la Agencia Tributaria, los seis hermanos de la familia Carulla, propietaria del grupo Agrolimen, defraudaron entre 400.000 y un millón de euros…, cada uno de ellos», explicaba el diario El País el 8 de junio de 2011.

Empresas de este grupo son: Gallina Blanca, Pans & Company, Ausonia, Evax, Cavas Montferrant, El Pavo o BioCentury.

Triadú, actualmente, es miembro de la junta directiva del Círculo de Economía (donde encontramos a Salvador Alemany y Jordi Gual, también asesores de Mas), del consejo de administración de la petrolera Meroil y del consejo directivo del grupo DIR.

Triadú ocupa, también, un lugar clave en la empresa consultora PricewaterhouseCoopers (PWC). ¿Podemos averiguar su cargo? «Responsable del sector público».

Desde su incorporación, la firma ha recibido 1,6 millones de euros en contratos de la Generalitat.

Xavier Vives es el «director académico» del lobby privatizador de IESE SP-SP, que hemos conocido de la mano de Jordi Gual y Joaquim Triadú, también asesores del presidente.

Vives es el director de la Cátedra Abertis de Regulación, Competencia y Políticas Públicas, que se imparte en IESE. Como su nombre indica, las cátedras Abertis están financiadas por la empresa de Salvador Alemany.

La misión de esta cátedra es: «Difundir conocimientos en el área de la regulación y las políticas públicas».

En materia de derechos laborales, Xavier Vives es fiel a la línea de IESE: «Hay que rebajar las cotizaciones sociales, aumentar el IVA y reformar la negociación colectiva», «En España la gente piensa más en defender los derechos adquiridos que en cómo generar riqueza», «Hay una España que confía en el amiguismo para conseguir negocios y subvenciones».

Viendo casos como el de Urdangarín o los escándalos sanitarios en Cataluña, en este punto hay que darle la razón al señor Vives.

¡Lo único que falta es que el señor Vives especifique quiénes son exactamente los que se benefician de este amiguismo! Por cierto, ESADE también tiene una cátedra Abertis: se llama Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática. El equipo académico está integrado, entre otros, por Eugenia Bieto (también asesora del presidente), Marcel Planellas o Carlos Losada, que promovió el libro sobre patrocinio deportivo de Iñaki Urdangarín. Hoy Xavier Vives forma parte del consejo asesor de la Fundación Príncipe de Girona.

Santacreu aconseja al Gobierno en materia de sanidad pública a la vez que es consejero delegado de DKV Seguros, empresa estrechamente ligada a la gestión privada de la sanidad valenciana a través de DKV Marina Salud…

«DKV Marina Salud tiene por objetivo conseguir la excelencia en la gestión, la generación de riqueza», dijo Santacreu cuando puso la primera piedra del hospital de Beniadlà, junto con Francisco Camps. Una excelencia de gestión que, como mínimo, hay que poner en duda, teniendo en cuenta quienes eran los dos socios de Santacreu en DKV Marina Salud.

Uno de los socios era la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuyos directivos cobraron 1,7 millones en incentivos de manera indebida. Esta entidad tuvo que ser rescatada con 5.249 millones de euros, pagados por todos los ciudadanos.

Y el otro socio era Bancaja, una de las cajas que, bajo el nombre de Bankia, han dejado un agujero de 19.000 millones de euros que se ha tapado, evidentemente, con dinero público.

Santacreu admite que los recortes ayudan a su empresa: «Existe un enorme interés por parte de familias, autónomos, empresas e incluso parejas, que antes dudaban de si entrar o no en estos seguros y que ahora, frente a la incertidumbre de la sanidad pública, dan el paso […]. Este movimiento nos aporta estabilidad», explicaba a la prensa hace pocas semanas.

Actualmente, además de asesorar a Mas, Santacreu también es vicepresidente del patronato de la Fundación Edad & Vida, presidida por Higinio Raventós y en la que participan La Caixa, PWC, IESE o Josep M.ª Via, también asesor de Artur Mas en el área de sanidad.

Santacreu es, asimismo, miembro de FemCat, una organización empresarial donde encontramos a algunos de los nombres que han hecho fortuna gracias a la sanidad pública, como por ejemplo, Carles Sumarroca o Jordi Bagó, del Grupo Serhs.

Jordi Ramentol —antiguo exalumno de IESE— es un hombre fuerte de la industria farmacéutica catalana. Ramentol ha sido director general de los Laboratorios LACER y actualmente es consejero delegado de Ferrer.

Ramentol también es presidente de la patronal Farmaindustria y, como tal, dijo el pasado mes de junio: «Queremos que se saquen ya de la financiación fármacos para síntomas menores y esperamos que la medida se adopte en el próximo Consejo Interterritorial».

Dicho y hecho: el Gobierno de Mariano Rajoy hizo caso de la demanda y excluyó 456 medicamentos de la financiación pública.

Ramentol ha participado en la redacción del documento «10 temas candentes sobre la sanidad española», elaborado bajo el auspicio de la compañía PWC, de la que ya hemos hablado.

Junto con Ramentol, encontramos en este documento a algunos personajes conocidos de la sanidad catalana: Rai Belenes, director general de C Gest (creada por el CSC de Ramón Bagó) y actualmente director de la todopoderosa empresa Capio; Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, o Eduard Rius Pey, que, por cierto, es otro ejemplo perfecto de la puerta giratoria en la sanidad catalana, ya que fue antiguo consejero de Salud y actualmente es director del Sector Médico en PWC. Hoy también lo encontramos en Acciona Servicios Hospitalarios.

Volviendo a Ramentol, parece que sus contactos con el Gobierno empiezan a dar buenos frutos para la industria farmacéutica: el pasado 9 de septiembre el Gobierno de Cataluña celebró una reunión entre Ramentol y los consejeros Andreu Mas-Colell y Francesc Xavier Mena. La reunión tenía un propósito claro: «La finalidad de la reunión ha sido promover un conjunto de medidas que han de favorecer el desarrollo». Unas medidas en las que el dinero público jugará un papel fundamental, ya que se prevé «el fomento de la investigación y la innovación». Como se ve, la gente de IESE solo deplora el dinero público si sirve para dar servicio a los ciudadanos.

Joan Bautista Casas es socio fundador de Faura-Casas, una empresa auditora que tiene, entre sus principales clientes a la Generalitat de Cataluña. Faura-Casas hace la auditoría financiera de decenas de entes sanitarios financiados con dinero público.

Según explica la empresa, «nuestra misión es colaborar con los órganos de control externo e interno, en los ámbitos en los que la legislación prevé el apoyo de profesionales externos en la ejecución de las funciones de fiscalización y control financiero».

Lo que es preocupante es que Faura-Casas vigila las cuentas de organismos públicos como el CSC (dirigido por Ramón Bagó) y los hospitales que dieron contratos a Bagó y, al mismo tiempo, audita las cuentas del Grupo Serhs, propiedad de Ramón Bagó.

En Badalona, por ejemplo, Faura-Casas auditaba las cuentas de Badalona Servicios Asistenciales (BSA), gestionada por el CSC, auditado también por Faura-Casas. Desde 1998 BSA adjudicó contratos por valor de 7,8 millones de euros a las empresas de Bagó (también auditadas por Faura-Casas) sin ningún tipo de contrato.

Este hecho ha llevado al consejo de administración de BSA a cambiar de empresa auditora, ya que considera que «Faura-Casas debería haber alertado al Ayuntamiento de las irregularidades que beneficiaban al Grupo Serhs de Bagó»…, cliente de Faura-Casas.

¿Y si cambiamos de asesores?

Después de ver los currículos de estos «expertos» y «asesores» que marcan las políticas sanitarias en nuestro país, la pregunta obligada es: ¿Vela esta gente por un sistema sanitario público, de calidad, equitativo y universal?, ¿o más bien velan por los millonarios negocios que ofrece a sus empresas un sistema sanitario privado? Por suerte, en nuestro país hay otros expertos, menos vinculados a los conglomerados financieros y empresariales, que trabajan para ofrecer alternativas de futuro para nuestro sistema sanitario. Estos expertos no oficiales lo tienen difícil para salir en los medios de comunicación privados, a las órdenes de las corporaciones, y en los medios públicos, a las órdenes de los partidos que trabajan para estas corporaciones. Aun así, su trabajo se abre paso poco a poco. Ante el evidente fracaso de las políticas actuales, cada vez más gente empieza a escuchar estas voces que ponen sobre la mesa otras medidas. Afortunadamente, decimos, estas voces son muchas, y hacer una selección es difícil.

A pesar de ello, presentamos las propuestas de dos grupos de trabajo: el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS) y el «Manifiesto por una nueva cultura de la salud».

En su «Análisis del presupuesto de salud 2011 y propuestas alternativas para mejorar el sistema público[9]» el CAPS hizo las siguientes propuestas:

Aumentar los ingresos, fiscalidad progresiva y a nivel de la media de la UE-15.

Optimizar los gastos teniendo en cuenta los valores de equidad, eficiencia y calidad.

Transparencia en la información: de resultados en salud, económica y de conciertos, identificando centros y territorios, datos abiertos.

Oferta de servicios y evaluación planificada en términos de necesidad y equidad en salud, evitando los recortes lineales.

Reducción, sinergias, fusiones entre proveedores. Optimizando ofertas de terciarismo, de compras, servicios comunes, innovación, etc.

Adoptar las medidas en gasto de farmacia descritas en este documento.

Más prevención y protección de la salud, desmedicalizar. Salud en todas las políticas.

Hacer la asistencia allí donde sea más eficiente con igualdad de calidad. Potenciar la primaria con más recursos y autonomía para poder ser más resolutiva y hacer el papel de coordinación de la atención sanitaria.

Implicar, responsabilizar, dar autonomía, empoderara los y las profesionales y a la ciudadanía con instrumentos de participación real en el sistema.

Situar las retribuciones de los profesionales y trabajadores del sector al nivel que les corresponde por su calificación y responsabilidad.

Propuestas sobre la política de los medicamentos:

Selección centralizada de los medicamentos más idóneos para el conjunto del Sistema de Salud, con negociación de sus precios. Introducción de sistemas de precios relacionados con el valor terapéutico de los medicamentos.

Prohibición total de la promoción comercial en los centros del Sistema Nacional de Salud, públicos y concertados.

Sistemas de información sobre medicamentos y terapéutica independientes de la industria farmacéutica, propios del Sistema de Salud e integrados en las herramientas informáticas.

Formación continuada organizada desde el mismo Sistema de Salud. Dejar de acreditar oficialmente los cursos organizados o patrocinados por las compañías farmacéuticas.

Creación de Comisiones Fármaco-terapéuticas en todas las áreas sanitarias, con la función de garantizar la participación profesional y la gestión clínica en terapéutica.

Seleccionar las recomendaciones terapéuticas y los medicamentos de elección, garantizar y acordar la continuidad asistencial entre hospitales, atención especializada y atención primaria, concretar la formación continuada, y hacer un seguimiento de las prácticas preventivas y terapéuticas y de sus resultados.

Establecimiento de sistemas de incentivos según indicadores de prescripción de medicamentos y uso de otras tecnologías sanitarias.

Potenciar la implicación de la ciudadanía y de las personas usuarias.

El 22 de junio de 2011 más de 30 organizaciones[10] desarrollaron y suscribieron las líneas maestras del «Manifiesto por una nueva cultura de la salud». A continuación os ofrecemos un extracto del mismo:

«La salud es un asunto social, económico y político, y sobre todo es un derecho humano fundamental. La desigualdad, la pobreza, la explotación, la violencia y la injusticia están en la raíz de la mala salud y de las muertes de los pobres y marginados. La salud para todos significa que los intereses de los poderosos tienen que ser cuestionados/disputados, que la globalización ha de ser cuestionada y que las prioridades políticas y económicas han de cambiarse drásticamente». Declaración para la Salud de los Pueblos (Bangladesh, 2000).

Introducción:

Las organizaciones y personas reunidas hoy, 22 de junio de 2011, en la Convención por una Nueva Cultura de la Salud, declaramos nuestra voluntad de recuperar la concepción global de los antiguos médicos salubristas catalanes, que dieron una impronta social en el ejercicio de su profesión en Cataluña, que ayudaron a derribar murallas y a humanizar una industria naciente, que consideraron la salud pública, apenas entendida como tal, como una manera de vivir que tenía mucho que ver con el medio, las relaciones sociales y personales, y las necesidades humanas y colectivas de cada época.

Nosotras entendemos ahora que no es de ninguna manera saludable vivir en una sociedad donde la economía manda sobre la política. No es bueno para la salud que organismos supranacionales que nadie ha elegido (FMI, BM, OMC) e intereses privados de empresas multinacionales, de industrias químicas y farmacéuticas e instituciones financieras, que fomentan el paro recortando los créditos a las pequeñas y medianas empresas, se apropien de la financiación de los servicios públicos y dejen a tantos trabajadores sin casa —si no lo impedimos—. Las privatizaciones, los recortes, el menoscabo de los derechos, tienen claramente sesgo de género y de clase, desestructuran nuestra sociedad y están preparando el camino hacia unas nuevas formas de explotación, marginación e infelicidad de las personas; se está fomentando, así, una sociedad individualista, cruel, donde solo el sufrimiento es compartido y de la que se quiere erradicar la solidaridad con un nuevo autoritarismo y menosprecio por el ser humano (especialmente en cuanto a los más débiles), que solo pueden hacer germinar las semillas del fascismo.

No es bueno para la salud que las personas, el medio, la calidad de vida, las necesarias relaciones de apoyo, la participación social y la cultura, sean mercancía. Y con la misma fuerza queremos decir que la salud no puede ser moneda de cambio para las ganancias de unos pocos, y que nos merecemos una sociedad mejor. Por ello, hoy, desde aquí, las personas y organizaciones reunidas, nos comprometemos a trabajar para desarrollar estos 9 ejes fundamentales para la construcción de una nueva cultura de la salud, para devolver el poder a la política en el sentido más noble y para evitar que sea el sector privado de salud y sin un transparente y efectivo control democráticoel que dicte los objetivos de salud tanto para las localidades como para Cataluña, el Estado y la Unión Europea.

Ejes de la Nueva Cultura de la Salud:

Desmercantilizar la salud pública y la atención sanitaria del control privado y de la influencia del neoliberalismo y del complejo industrial biomédico-farmacéutico. En este sentido, se rechazan las propuestas de recortes de salarios tanto del personal como de plantilla, las propuestas de copago, etc., que, en la práctica, reducen las prestaciones que reciben los pacientes y que tienen como objetivo real potenciar un sistema público con doble lista de espera (una lenta y precaria para las clases populares y otra acelerada y diligente para los que se paguen también un seguro privado).

Desbiomedicalizar la salud proponiendo avances en la educación, la prevención, la humanización y la atención de la salud a través de una integración entre lo biológico, lo psicológico y lo social, en una visión integral de la salud.

Integrar la atención sanitaria dentro de la salud pública con énfasis especial en la prevención primaria de la enfermedad y la promoción de la salud. Para ello, es imprescindible hacer pedagogía activa de los determinantes sociales de la salud y de la equidad en salud; potenciar la equidad en salud es también potenciar una sociedad de personas más iguales, una sociedad más justa.

Vigilar y proponer políticas para cambiar los principales determinantes de la salud y de la equidad, como recomienda la Comisión de Determinantes de Salud. Hoy está más claro que nunca que deben ser las políticas surgidas desde las personas, sus derechos y sus necesidades, las que marquen las políticas de salud. En este sentido, una sociedad excluyente, con una tasa media de paro del 20% de la población, que llega al 40% en la población menor de 25 años, es un elemento de desigualdad y un atentado a la salud pública de primer orden.

Hay que conseguir que el lema de salud en todas las políticas sea más útil que nunca, y eso quiere decir hacer posibles las medidas que satisfagan los derechos y las necesidades, con su evaluación relativamente constante. Si la política planteada puede afectar negativamente a la salud o incrementar las desigualdades, debe desestimarse y deben impulsarse otras que favorezcan la mejora de la salud entendida de forma global.

Hay que explicar qué es la EQUIDAD en salud, y por qué la equidad puede no corresponderse con lo que está escrito o lo que parezca más igualitario. No es justo ni permite llegar a la igualdad tratar de manera igual a los desiguales…

Hay que enfatizar la figura del trabajador/a social, que, junto con los médicos de atención primaria, constituye una figura de proximidad estrechamente en contacto con los sectores más débiles de nuestra sociedad, en los que hay que invertir en más solidaridad y en toda la ayuda necesaria, especialmente para los colectivos más vulnerables.

Promover el reconocimiento del papel imprescindible que deben jugar los agentes educativos (escuela formal y no formal) en la promoción de la salud de la comunidad. Su acompañamiento en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de las personas, así como la situación de cercanía cotidiana que les permite conocer los contextos socioeconómicos de niños, jóvenes y familias sitúa a los agentes educativos como elementos clave en la promoción de modelos de vida y entornos físicos y psicosociales saludables.

Democratizar la salud pública y la atención sanitaria con participación de la población. La participación ciudadana mejora la salud de la población de forma directa, por la misma acción e implicación de las personas, e indirecta, por el impulso de objetivos que de otra manera podrían no llegar nunca a estar en la agenda de las personas que hacen las políticas. La nueva cultura de la salud entiende que la participación debe ser libre e insurgente, con voz propia, debe crear un contrapoder fuerte, real, argumentado, con propuestas alternativas. Solo así tiene sentido hablar de participación de la sociedad civil.

Queremos vivir en una sociedad sana, equitativa, plenamente democrática y saludable, en armonía, autonomía y solidaridad. Denunciamos la falacia de la colaboración del sistema mixto, la injusticia de las privatizaciones, los CO-REpagos, cualquier intento de seguir haciendo el servicio público de salud subsidiario del sector privado. En Cataluña, exigimos la retirada de la ley ómnibus y la aprobación de unos presupuestos sin recortes de los servicios públicos. Exigimos, además, como un valor de salud fundamental, que nuestros chicos y chicas dispongan de un sistema de enseñanza presidido por contenidos y valores humanistas, y que se eduque en la solidaridad y la libertad, sin los peligros reductores y empobrecedores del pensamiento único.

(…)

Estamos de acuerdo con la Carta de Ottawa, que dice: «La salud debe formar parte del orden del día de las personas responsables de la elaboración de los programas políticos, en todos los sectores y a todos los niveles». Y asumimos como propia la afirmación siguiente: «La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de ocio».

Nosotras, reunidas hoy en Barcelona, consideramos imprescindible construir alianzas, trabajos y propuestas conjuntas entre ciudadanía, profesionales, organizaciones científicas y entidades sociales, por una Nueva Cultura de la Salud, para garantizar los derechos humanos y fortalecer los valores de autonomía y solidaridad. Por una vida más digna y un mundo mejor.

El escándalo de los medios de comunicación

La persuasión, la disuasión, que hasta ahora llevaban a cabo los ejércitos del Mundo, ahora la llevan a cabo los medios de comunicación.

Ramón Barnils, periodista catalán (1940-2001).

Si algún ciudadano, asociación o movimiento tiene la intención de trabajar para cambiar el injusto estado de cosas en que vivimos, tarde o temprano tendrá que asumir que el establishment mediático estará allí para impedirlo. Durante estos dos años, en que hemos intentado poner luz a nuestro opaco sistema sanitario, hemos podido comprobar constantemente como medios públicos y privados trabajan activamente para ocultar información y para beneficiar los poderes económicos que los sustentan.

La buena noticia es que la llegada de Internet y una creciente comunidad de periodistas y ciudadanos comprometidos con la información han empezado a hacer un agujero en el muro de silencio mediático. Esta nueva situación hace que cada día crezca la sensación de que los que nos han engañado durante 30 años empiezan a perder la batalla de la información. Una batalla, no obstante, que solo acaba de comenzar empezar.

A continuación, pondremos dos ejemplos (uno de un medio público y otro de uno privado) de cómo los grandes medios trabajan en contra de los intereses de la ciudadanía. Por otro lado, repasaremos las iniciativas de información libre que están en marcha y propondremos una serie de acciones que, como ciudadanos, podemos emprender para solucionar el gravísimo problema mediático que sufre nuestro país.

Así tapó TV3 la desaparición de 145.000€ de La Marató

El 28 de octubre de 2012 recibimos por correo electrónico un documento con información sobre lo que estaba ocurriendo en una institución para nosotros bastante desconocida: la fundación Instituto de Alta Tecnología (IAT). Gracias a esta información, se pudo descubrir un auténtico escándalo, que se ha llevado por delante 4,6 millones de euros públicos. Y 145.000€ de la Fundación La Marató, información que TV3 ocultó a sus espectadores.

En 2001 se constituyó el IAT, una fundación destinada a ser un «centro de diagnóstico por la imagen pionero en Europa». Para hacerlo realidad, se utilizó la fórmula de «colaboración públicoprivada», que tanto gusta a las escuelas de negocios como ESADE e IESE. Por un lado, tenemos el holding privado CRC, especializado en diagnóstico por la imagen, y por el lado público, tres de los más importantes hospitales de Cataluña: el Hospital del Mar, el Hospital Clínico y el Hospital Vall d’Hebron.

Como suele ocurrir en estos casos, la gestión de los recursos cayó en manos de «la parte privada», mientras que la parte pública se limitaba a poner dinero. Aunque el holding CRC solo puso una cuarta parte de los fondos, los hospitales le cedieron la gestión. Con el poder en sus manos, CRC captó cerca de 7 millones de euros públicos en forma de subvenciones, créditos y maquinaria. Pero el dinero público no llegó donde tenía que llegar y, durante una década, los administradores saquearon el IAT. Oriol Güell lo resumía así en el diario El País:

El antiguo Ministerio de Ciencia, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, universidades y hospitales, el Ayuntamiento de Barcelona… La lista de administraciones y entes públicos atrapados en la quiebra de la fundación barcelonesa Instituto de Alta Tecnología (IAT) es larga. Y muy cara: 4,64 millones de euros es el dinero que les costará la desastrosa —y culposa, según el administrador concursal— gestión que el holding privado CRC al frente del IAT […] CRC utilizó […] la fundación como una especie de tapadera para comprar a coste cero todo tipo de materiales y servicios. El esquema utilizado era tan simple como lesivo para el IAT y los proveedores: la fundación hacía los pedidos (que luego no pagaba), pero los materiales y los servicios obtenidos iban en realidad a empresas del grupo CRC.

Como no podía ser de otra manera, la fundación IAT quebró. Y como tampoco podía ser de otra manera, como tantas veces ocurre en estos brillantes entramados públicoprivados, la factura la tendremos que pagar los ciudadanos. El mayor perjudicado es el Ministerio de Ciencia, al cual el IAT no devolvió 2,52 millones de euros de un crédito recibido cuando comenzó su actividad. Por su parte, el público Hospital del Mar ha perdido 787.000€; el Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria, 321.000€; la Agencia Tributaria, 139.000€, y el Hospital Clínico, 100.000€. Este saqueo está totalmente acreditado por el informe del administrador concursal y por el Juzgado de lo Social 17, que «dio por probado» que CRC cargó fraudulentamente gastos propios al IAT.

Esta es la historia —resumida— de cómo todos los ciudadanos perdimos cerca de 5 millones de euros en esta «iniciativa públicoprivada». Pero aun había más. El 18 de diciembre Oriol Güell publicaba una noticia realmente indecente:

CRC se quedó con 145.000 euros donados por La marató de TV3.

La quiebra de la fundación Instituto de Alta Tecnología esconde episodios sonrojantes para la que fue una de las empresas más mimadas por las administraciones en la sanidad catalana.

El 19 de marzo de 2010 la Fundación La Marató decidió conceder 145.485€ al proyecto de uno de los investigadores del IAT. Era la primera de tres anualidades que, en conjunto, ascendían a cerca de 350.000€. Pero al investigador nunca le llegó el dinero, que se quedó atrapado en el laberinto formado por la empresa CRC.

La noticia tuvo un importante eco en las redes sociales. Según los datos de El País, la noticia fue compartida 7.153 veces en Facebook y 2.611 en Twitter. Al día siguiente CAFÈAMBLLET publicó el documento completo del administrador concursal. En solo 12 horas, el documento fue consultado 33.000 veces, y la etiqueta #SaquejantLaMarató fue trending topic 36 horas seguidas. A día de hoy, sin embargo, TV3 no ha dicho ni una sola palabra sobre el tema y no ha informado del asunto IAT a los miles de personas que cada año confían millones de euros en La marató. Un silencio que, como tantos otros, también tiene una historia.

Cuando en CAFÈAMBLLET conocimos la desaparición de los 145.000€ de La marató, nos pusimos en contacto con sus promotores para conocer su versión, en calidad de afectados por el fraude del IAT. Preguntamos a la Fundación La Marató sobre cuáles eran los controles para asegurar que el dinero que aportan los ciudadanos llegue a su destino. Begoña García, del Departamento de Comunicación de La marató, nos explicó que las cuentas de La marató estaban auditadas por la empresa auditora PricewaterhouseCoopers (PWC) y que las cifras estaban disponibles en la página web de TV3. Efectivamente, en tv3.cat encontramos un apartado titulado «¿Dónde va el dinero?», y en relación con el año 2010, había la cifras siguientes:

Como se ve, no son unas cuentas muy detalladas, pero justo debajo de las cuentas se podía leer: «El Patronato de la Fundación aprobó las cuentas en la reunión del 9 de junio de 2011, una vez fueron auditadas por PricewaterhouseCoopers Auditors».

Teniendo en cuenta que ese mismo año habían desaparecido los 145.000€ que La marató había destinado al IAT, la mañana del 20 de septiembre de 2012 nos volvimos a poner en contacto con Begoña García para pedirle poder acceder a las cuentas elaboradas por la auditoría y poder ver cómo se reflejaban los 145.000€ desaparecidos. García nos dijo que nos lo enviaría por correo electrónico lo más pronto posible. A mediodía del día siguiente, la información todavía no nos había llegado. Después de intentar infructuosamente contactar con alguien de La marató durante toda la mañana, decidimos enviar un correo a Begoña García para preguntarle por qué no nos enviaba los documentos que nos había prometido. Al cabo de dos horas, recibimos respuesta:

Los documentos no los puedo enviar por correo electrónico. Si te parece, podemos hablar pasadas las fiestas y estudiamos la manera de hacerlo.

La respuesta nos sorprendió. ¿No tenía que ser La marató la primera interesada en que todo esto se esclareciera? Respondí su mensaje inmediatamente:

Hola, Begoña: ¿Por qué no me puedes pasar las cuentas por mail? ¿Ayer me dijiste que me las enviarías y ahora me dices que «pasadas las fiestas estudiaremos la manera de hacerlo»? No entiendo nada. ¿Ayer me dijiste que la información era pública y ahora me dices que «estudiaremos la manera de hacerlo»?

Por favor, explícamelo un poco.

Albano

Después de dos años tratando con instituciones expertas en esconder información, sabíamos que muchas veces el discurso sobre la «transparencia» se acababa justo cuando alguien hacía alguna pregunta. A los pocos minutos García contestaba:

La información es pública, ¡of course! No la tengo en PDF. […]. El hecho de estudiar la manera de hacerlo se refiere al cuándo y al lugar, por si es necesario que vengas a verla.

Así, de golpe, en pleno siglo XXI la auditoría realizada por una importante empresa auditora (PWC) que trabaja en todo el mundo, ¡no estaba en PDF! Así pues, mientras que La Caixa pone todo tipo de sistemas de pago para colaborar en La marató (SMS, transferencias, llamadas, etc.), quien quiere recibir información sobre el destino del dinero debe esperar a «pasadas las fiestas» y desplazarse a Barcelona para ver el documento en papel. El correo terminaba: «No veas fantasmas donde no los hay. No tenemos nada que esconder, te lo vuelvo a repetir». No era la primera vez que nos decían algo así, y parece que es una costumbre, una visión arraigada en nuestro país: quien pregunta es el mal pensado, el obsesionado, el alborotador… La sospecha suele caer sobre quien pregunta, no sobre quien no responde. En una rueda de prensa, en un pleno, en la ventanilla del ayuntamiento…, quien pregunta es el molesto, y muchas veces nos encontramos preguntando «dónde está mi dinero» (en cualquiera de sus variantes) con un cierto sentimiento de culpa, con cierta vergüenza por parecer desconfiados. ¿Cuántas veces, ante preguntas directas, los políticos rehúyen contestar mientras piden «confianza»? Todo ello es un comportamiento fuertemente arraigado en nuestra sociedad, como lo era la costumbre de manifestar duelo durante años o que los profesores golpearan los dedos de los alumnos con reglas. La verdad es que, puestos a elegir, prefiero los golpes de regla a tener que aguantar ser tratado como ganado en vez de como un ciudadano. ¿O quizás una cosa lleva a la otra? ¿Han sido millones de golpes en los dedos con una regla los que nos han inculcado el miedo a preguntar? Es muy probable. Pero entonces, ¿qué pasa en Inglaterra, por ejemplo? En Inglaterra también golpeaban a los niños con reglas en los dedos. En cambio, quien mire una entrevista de la BBC a un político verá que las cosas son muy y muy distintas que aquí. Cospedal no aguantaría ni 4 minutos en un plató, y Xavier Crespo hace meses que sería historia.

Volviendo a La marató, otra cosa que nos sorprendió fue que, en la primera conversación telefónica que tuvimos con la Fundación La Marató, sus responsables nos dijeron que «estaban trabajando» en un comunicado para explicar su posición ante el fraude que había sufrido. Pero al día siguiente, la misma Begoña García nos confirmó que no harían ningún comunicado sobre el tema. ¿Qué había pasado?

Mientras, en Twitter, la etiqueta #SaquejantLaMarató continuaba generando miles de comentarios cada hora. Por ello, nos pusimos en contacto con TV3 y hablamos con el Departamento de Informativos. Les preguntamos si tenían pensado informar de la noticia publicada por el diario El País en sus telediarios. «Una cosa es TV3 y otra es la Fundación La Marató», nos dijo un directivo. «Si la Fundación no hace ningún comunicado, nosotros no informaremos de nada». Viendo que la estrategia era enterrar el tema, hablé como telespectador: «Oiga, acabo de leer en un diario que han desaparecido 145.000€ de La marató de TV3 y ¿usted me dice que no dirán nada sobre ello? ¿Me está diciendo que TV3 no tiene nada que ver con la Fundación La Marató cuando es TV3 quien se dirige a los telespectadores pidiéndoles dinero?». La respuesta, de nuevo, para enmarcar: «Esto son informaciones de El País, nosotros no sabemos nada y, por tanto, no informaremos».

El 8 de enero intenté de nuevo averiguar qué había pasado con los 145.000€ de La marató caídos en manos del IAT:

Hola, Begoña: Te escribo para preguntarte qué tengo que hacer para obtener la documentación que te pedí el año pasado. Me dijiste que ya lo miraríamos «después de las fiestas». ¿Me puedes decir algo? Tengo un poco de prisa.

Quedo a tu disposición, Albano

El mismo día 8 Begoña García me contestó:

Buenos días, Albano: Referente a todo lo que nos pides, la Fundación La Marató de TV3 informa de que: […] Las cuentas globales de la Fundación y las auditorías están a disposición de todo aquel que lo solicite en el Departamento de Justicia, de acuerdo a lo señalado en la ley de fundaciones. Saludos cordiales

Si miramos la web de la Fundación La Marató, en el apartado «Misión, visión y valores» podemos leer:

Destacar en su gestión, en tanto que depositaria y administradora, de los fondos que provienen fundamentalmente de las aportaciones solidarias que la ciudadanía hace a TVC a través del programa La marató. […] Componen los valores propios de la Fundación la voluntad de servicio a la comunidad, la objetividad en sus decisiones y actividades, la eficiencia en el desempeño de las tareas y, en general, la transparencia de todas las actividades que realiza, particularmente en cuanto a la administración y el destino de los recursos.

Pero ¿dónde quedaban estos «valores» cuando alguien pedía las cuentas? Primero nos dijeron que nos enviarían la información por correo, después, que no la tenían en PDF y que la teníamos que ir a ver —«pasadas las fiestas»— a un lugar incierto. Después lo de siempre: «Nosotros cumplimos con todo lo que estamos obligados a cumplir», en este caso la ley de fundaciones. Y nos preguntamos: ¿Qué ley de fundaciones?, ¿la que no permitió descubrir el fraude millonario perpetrado por la Fundación Palau de la Música de Millet?, ¿la ley de fundaciones que no fue capaz de detectar el enorme fraude de la fundación IAT que terminó con la «desaparición» de 5 millones de euros públicos y 145.000€ de La marató? O quizás quien debe controlar el destino del dinero de la Fundación La Marató es la ley de fundaciones que modificó CiU, en la que se eliminó la «intervención a priori» para «evitar el exceso de intervencionismo», como dijo el portavoz del Gobierno, Francesc Homs.

A día de hoy, no hemos tenido tiempo de entregar la instancia en el Departamento de Justicia. CAFÈAMBLLET es una revista pequeña y con poco personal, y nos es difícil llegar a todas las partes que quisiéramos. A pesar de los «valores» y la «transparencia» que tanto invoca la Fundación La Marató, algo tan sencillo como ver las cuentas exige invertir una cantidad de tiempo que no tenemos y que no tiene la mayor parte de la gente. ¿Cuánta de la gente que se rasca el bolsillo cada año para colaborar con La marató de TV3 dispone de días enteros para rastrear el destino del dinero? Y lo que es más grave: ¿cuánta de esta gente se ha podido enterar de que 145.000€ nunca llegaron a la investigación y terminaron a las cuentas de una empresa privada? Hoy TV3 no ha ofrecido ningún tipo de información a sus telespectadores, aunque el caso se encuentra en los juzgados. Si alguno de los lectores de este libro tiene ganas (y tiempo), tal vez pueda averiguar qué pasó con los 145.000€ que desaparecieron. Si alguien tiene intenciones de hacerlo, estos datos y preguntas le pueden ser de utilidad:

La empresa que se ofrece «voluntariamente» a auditar las cuentas de La marató es PWC, donde no es raro encontrar entre sus directivos relevantes ex altos cargos de CiU. En los últimos meses PWC ha estado en el centro de la polémica por ser la autora de varios informes en los que se recomendaba la privatización del ICS o por haber creado la «vía de pago» en el Hospital de Sant Pau, que permite a quien paga saltarse la lista de espera. Un trabajo que, por cierto, se ha pagado con 218.000€ de dinero público. (I).

En la escritura fundacional del IAT (la fundación que hizo desaparecer los 145.000€ de La marató) aparece un viejo conocido de la sanidad pública: Raimón Belenes, a quien ya encontramos en «Los papeles de Mataró». Belenes es colaborador habitual de PWC. Descubrimos también que PWC es uno de los «asesores» del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), donde tenía su sede el IAT.

Según han confirmado fuentes de La marató, la información sobre el desvío de dinero destinado a investigación les llegó gracias al científico ganador de la beca. Cuando este vio que no recibía el dinero y que la empresa estaba a punto de declarar un concurso de acreedores, dio la voz de alarma. La pregunta es: ¿Y si no se hubiera declarado el concurso de acreedores?, ¿nos habríamos enterado nunca de lo que estaba pasando?

El 5 de diciembre de 2012 la Sindicatura de Cuentas hizo público el informe «Instituto de Alta Tecnología (IAT) Fundación Privada. Ejercicios 2006-2010. Informe 32/2012». En solo 30 páginas queda reflejada la magnitud del escándalo.

Fuentes de la propia Fundación La Marató aseguran que «están negociando» para recuperar el dinero y que por eso no habían hecho público el escándalo. En este sentido, el administrador concursal del IAT es muy contundente:

Se mantuvieron en plantilla cuatro personas para hacer, supuestamente, trabajos de investigación docente, e incluso se solicitaron y tramitaron subvenciones para tal efecto. Ni se realizaron estos trabajos ni se consumieron estas dotaciones. Pero eso sí: una cosa es que no se utilizarán para los fines previstos, pero otra muy diferente es que no se les diera otro destino, pues, en definitiva, los fondos ni están ni se les espera.

¿Mantiene el silencio la Fundación La Marató para intentar recuperar el dinero o hace todo lo posible para que la gente que confió en ellos no se entere del escándalo? No hay duda de que La marató es una víctima de este fraude, y el hecho de que TV3 esconda todo esto es un fraude a la ciudadanía, a los que pagan los impuestos y a los que colaboran en La marató.

Durante los dos años que hemos dedicado a investigar la sanidad catalana, TV3 no se ha hecho eco de ninguno de los casos que hemos destapado. Tampoco se hizo ningún eco cuando el diario El País publicó sus tres reportajes sobre el Caso Bagó. Cuando se destapó el Informe Crespo, llamamos a TV3 y preguntamos por qué no hacían referencia al tema. La respuesta de los directivos de los informativos fue que «no sabían nada de este informe», si bien hacía días que El País lo había colgado en su web. A estas alturas, ni la web de TV3 ni la de Cataluña Radio recogen ninguna noticia sobre el tema. Parece que tampoco se han enterado de que la Oficina Antifraude, la Fiscalía y el Parlamento investigan a Ramón Bagó, de quien no tampoco aparece ninguna noticia. No queda más remedio que preguntarse: ¿quién está protegiendo mediáticamente a Bagó? Mientras se esconde el Caso Bagó, Xavier Crespo, el diputado imputado por su presunta relación con la mafia rusa, dispuso de decenas de minutos en estos medios públicos para «defenderse».

El Caso Pallerols, las cargas policiales, el ojo de Esther Quintana, las retiradas de noticias sobre la PAH, la no información sobre las protestas contra La Caixa… La lista de despropósitos informativos protagonizados por TV3 es muy larga, y nos obliga a exigir, como ciudadanos, una televisión pública democrática, libre de comisarios políticos del Gobierno y en la que los periodistas puedan hacer su trabajo con dignidad. Porque —y esto hay que dejarlo claro— el problema de TV3 no son, en ningún caso, ni sus trabajadores ni sus periodistas. Se trata plaza Sant Jaume.

¿Nos ayudas a difundir un resumen?

“Así tapó TV3 la desaparición de 145.000€ de La Marató”

La Vanguardia, La Caixa y las subvenciones

Si en los medios públicos la situación es vergonzosa, en los privados la cosa es todavía más grave. En este caso, sin embargo, alguien podría decir que, si son privados, tienen total libertad para elegir su línea informativa. Efectivamente. El problema, no obstante, es que los medios privados están fuertemente financiados con dinero público. De hecho, la partida de subvenciones a medios es una de las pocas del presupuesto de la Generalitat que ha aumentado, cerca de un 40%.

Ejemplares de La Vanguardia repartidos gratuitamente en los trenes de Cercanías.

En 2011 los 7 principales grupos de comunicación recibieron de la Generalitat 6 millones de euros. En el año 2012 los ciudadanos pusieron de su bolsillo 9,4 millones de euros. Los grupos más beneficiados han sido el Godó (1,45 millones) y El Punt (1,3 millones). Aparte de eso, el Gobierno de Artur Mas aprobó en 2011 una subvención de 5,5 millones de euros para financiar la rotativa del diario La Vanguardia. El periódico Ara ingresó, entre 2011 y 2012, cerca de un millón de euros, y el Grupo Zeta (El Periódico) recibió 1,9 millones en el mismo período.

El impacto de esta política de subvenciones es enorme. En el ámbito sanitario, por ejemplo, los medios subvencionados no solo han tapado casos de corrupción o silenciado las protestas, sino que han servido de altavoz a las posiciones más favorables a la privatización o los copagos. Y no debería extrañarnos, ya que los intereses del Gobierno coinciden enormemente con los intereses empresariales de los grupos de comunicación. El dueño del Grupo Godó, Javier Godó, compagina su faceta como editor de la hipersubvencionada La Vanguardia con el cargo de vicepresidente segundo del Consejo de Administración de La Caixa. El periodista Abel Caldera explicaba en la publicación L’Accent la importancia que tiene para La Caixa el sector de la sanidad privada:

La entidad financiera ha sido también una de las principales beneficiarias de los recortes en sanidad. La Caixa controlaba, a través de AGBAR, una parte de la aseguradora médica Adeslas, que la compañía de aguas compartía con el fondo francés Malakoff Médéric, dirigido por un hermano de Sarkozy. Esta aseguradora era la principal aseguradora médica tanto en el ámbito catalán como en el estatal.

Cuando en la primavera de 2010 la compañía francesa Suez hizo una OPA para hacerse con el control del 80% de las acciones de AGBAR, La Caixa, antes de vender su parte, retiró Adeslas de la tutela de la compañía de aguas, para ponerla bajo su control directo, y compró la parte de Malakoff Médéric. Con este movimiento, la entidad quería posicionarse ventajosamente en el mercado de los seguros en un momento en que las privatizaciones señalaban este sector como uno de los más pujantes en plena crisis económica. La voluntad de La Caixa era integrar Adeslas con SegurCaixa, la aseguradora del grupo, para que «las sinergias que se establezcan entre las compañías permitan acceder a un universo con más de seis millones de clientes», según se explicaba en un comunicado. Medio año después, con la victoria electoral de CiU, se aceleró el desmantelamiento del sistema sanitario público. Así, tal como en 52.000 clientes y registraba su récord anual de negocio. La unión de las dos aseguradoras de La Caixa comportó la creación de SegurCaixa-Adeslas. Con todo, una parte de los hospitales y de los servicios médicos propiedad de Adeslas se atribuyeron a otra compañía, Unión Médica Regional, coparticipada por La Caixa y el fondo de inversión Goodgrower. Este fondo gestiona el patrimonio de la familia Gallardo, propietaria de los Laboratorios Almirall.

Al parecer, estamos subvencionando con dinero de nuestra sanidad a los grupos empresariales que no quieren que tengamos sanidad.

¿Nos ayudas a difundir un resumen?

“Porque hay tantas Vanguardias en los trenes?”

Internet, una solución (a medias)

La contrapartida a esta situación mediática es, sin duda, Internet. La cantidad de gente que tiene acceso a la red no para de crecer, y el monopolio informativo que tenían las grandes corporaciones hace años que ha desaparecido. Hoy las redes sociales y el ya antiguo correo electrónico están sirviendo para difundir información que difícilmente podríamos encontrar en un medio «convencional». Pero con ello no basta.

Internet es un magnífico canal de distribución de información, pero nada más. Como hemos visto a lo largo del libro, muchas veces acceder a esta información requiere mucho tiempo. También requiere mucho tiempo poner esta información en contexto, ordenarla y analizarla. Y eso no lo hace la red, deben hacerlo personas. Tienen que ser personas las que insistan durante días para que finalmente alguien libere la información. Tienen que ser personas las que dediquen horas a leer actas de trabajo del Parlamento y las que se miren con lupa un redactado de una ley o las que establezcan las conexiones de ciertas personas con ciertos negocios. Deben ser personas, en definitiva, las que produzcan la información que luego sí, se distribuirá por Internet. Históricamente, las personas que se han encargado de hacer este trabajo han sido los periodistas.

Una médica, un pastelero, un albañil, un profesor de instituto, todos dedican sus horas de trabajo a cubrir necesidades importantes del resto de las personas.

Estas personas, después de una jornada laboral, no tendrán suficiente energía ni tiempo para dedicarse a averiguar si los contratos de un poderoso empresario han cumplido los requisitos establecidos o no podrán dedicar toda una mañana a perseguir telefónicamente a un alcalde para que explique un determinado punto de su gestión. En este punto, es donde la sociedad necesita personas que hagan periodismo.

Internet, pues, es una herramienta imprescindible para romper el muro mediático. Pero no suficiente. Alguien tiene que pagar a los que generan y elaboran la información. Y si quien paga es La Caixa, el problema está servido. Es aquí donde entra en juego la implicación ciudadana.

Haciendo piña con la información

Desde hace más de 5 años, el semanario La Directa sale a la calle semanalmente con una oferta informativa que muy raramente encontraremos en la «prensa convencional». Ellos se definen así:

La Directa es un medio de comunicación en catalán de actualidad, investigación, debate y análisis. Con vocación de independencia, queremos ejercer la función social de denunciar los abusos e injusticias y potenciar las alternativas.

Actualmente, La Directa está haciendo una campaña para encontrar suscriptores con la intención de fortalecer el proyecto. Sus impulsores están muy contentos porque están a punto de llegar a los 2.000 suscriptores, lo cual no está nada mal…, pero esto nos obliga a hacer una reflexión: ¿Cómo puede ser que en toda Cataluña La Directa solo tenga 2.000 suscriptores?, ¿cómo puede ser que, aunque centenares de miles de personas seamos conscientes del engaño al que nos someten los medios de comunicación masivos, La Directa tenga solo 2.000 suscriptores? ¡Debería tener 20.000!

El caso de La Directa solo es uno de los muchos ejemplos del buen trabajo del periodismo independiente. Pero también es una muestra de la aun escasa implicación de la ciudadanía en estas iniciativas. Mientras que los periódicos «tradicionales» reciben millones de euros públicos, decenas de proyectos informaA lo largo de estos meses, en los que Marta y yo hemos participado en decenas de charlas y actos públicos, una de las preguntas que más se repiten es: «¿Qué podemos hacer?». Entre otras, la respuesta puede ser: «Crear y fortalecer medios de comunicación independientes». No es un aspecto menor: los recortes, las preferentes, la privatización, la corrupción, la violencia policial, los imputados…, detrás de todo ello encontramos los medios de comunicación que dan legitimidad a este estado de cosas. No es casual que los gobernantes dediquen millones de euros a controlar los medios. Si no los controlan, su poder desaparece. De hecho, ya está desapareciendo. Por eso, ahora es de vital importancia continuar con el trabajo informativo y fortalecer los medios independientes. Y eso, como tantas otras cosas, solo lo puede hacer el pueblo.

Ante la imposibilidad de hacer una lista cerrada, en la web de la revista CAFÈAMBLLET (Cafeambllet.com) encontraréis una lista completa de medios independientes. Respecto a CAFÈAMBLLET, hasta ahora la financiación se ha hecho a través de la publicidad de la edición impresa de la revista, que se reparte en la comarca de la Selva. Actualmente, sin embargo, y debido a que la temática que tratamos excede el ámbito estrictamente local, debemos replantear la forma de financiación, ya que nuestros contenidos se distribuyen mayoritariamente a través de la red. Por el momento, no hemos tenido tiempo de proponer a nuestros lectores ningún tipo de colaboración, pero esperamos que, cuando tengamos la fórmula, esta os parezca interesante.

La implicación popular en la producción informativa es fundamental. El escritor valenciano Joan Fuster dijo que «toda política que no hacemos nosotros será hecha contra nosotros». Algo parecido podemos decir de la información: «Toda la información que no hacemos nosotros será hecha contra nosotros». Porque, aunque el contenido de los principales diarios no es de pago, la información nunca es gratis. Siempre hay alguien que la está pagando.

La increíble historia de un jardinero de Reus

«Que de todos los hechos que han sido aportados a la Fiscalía se podría deducir la existencia de una red criminal, integrada por un número indeterminado de cargos y empleados públicos, organizada con el fin de expoliar la hacienda pública para beneficio particular y, posiblemente, encubierta por altos cargos del Gobierno de la Generalitat».

Ampliación de la denuncia de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) de Reus presentada a la Fiscalía el 05/04/12

Los 1931 votos que obtuvo la CUP en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 convirtieron a David Vidal en el único concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Reus. En estas mismas elecciones CiU obtuvo 10 concejales; el PSC, 8; el PP, 6, y el partido municipalista Ara Reus, una escisión de CiU, 2.

Pero, a pesar de estar en minoría absoluta, este único concejal (y sus 1931 votantes) ha puesto contra las cuerdas a algunos de los personajes más poderosos de la sanidad y la política catalana.

En 2009 David tenía 28 años y trabajaba como jardinero en la empresa Reus Esport i Lleure SA, que forma parte del holding municipal Innova. Su trabajo consistía principalmente en el mantenimiento del estadio municipal de futbol. En 2010 David empieza a ver que la empresa municipal incumple diversas normativas en materia de seguridad y retribuciones, y empieza a hacer preguntas. La primera cosa que descubrió David es que el comité de empresa llevaba años inactivo, «dormido». David y otros trabajadores deciden pedir la convocatoria de elecciones sindicales, en las que se presentarán bajo las siglas de la CGT. La primera reacción del gerente de la empresa es advertir a David de que esta acción sindical «no sería vista con buenos ojos» por el jefe de Innova de cara a futuras «promociones laborales». El jefe de Innova en ese momento es Josep Prat, para muchos «el verdadero alcalde de Reus». Una apreciación nada exagerada si tenemos en cuenta que esta empresa municipal gestionaba aproximadamente el 75% del presupuesto municipal mediante consejos de administración secretos y bien alejados de los focos de los plenos municipales.

David no se deja influir por las negativas perspectivas laborales que le describe el gerente de su empresa y presenta la candidatura de la CGT, por lo que se convierte en delegado sindical, puesto que le permite observar con más detalle el funcionamiento de su empresa y de las empresas municipales en general. Paralelamente, David milita en la CUP de Reus. En el año 2011 la asamblea de partido lo elige para presentarse como cabeza de lista en las elecciones. La CUP presenta un programa basado en la transparencia y la participación ciudadana, y apunta al holding Innova —un auténtico monstruo creado por el PSC, ERC e ICV con el beneplácito del resto de partidos que ahora están en el Gobierno— como foco de opacidad. Tres días después de convertirse en regidor, David presenta su declaración de bienes: un Seat Ibiza del año 95, una Honda Scoopy del año 93 y 640€ en una cuenta bancaria.

El 23 de junio de 2011, un mes después de las elecciones, David asiste a la primera reunión del consejo de administración de Innova. El acta de concejal le convierte en «administrador» de la gran empresa municipal, de la que depende una red de más de 18 empresas, entre ellas, Reus Esport i Lleure SA, donde hasta pocos días antes, David había trabajado. A esta primera reunión asisten los representantes del resto de fuerzas políticas y el director general de Innova, el señor Josep Prat, el mismo que no había visto «con buenos ojos» la iniciativa sindical de David. Pero ahora los papeles habían cambiado: el acta de concejal convertía a David en «jefe» de Prat en representación de los ciudadanos de Reus. En la reunión David deja claro para quien trabajará y pide al presidente del consejo, el alcalde convergente Carles Pellicer, que se haga una auditoría «empresa por empresa» y que se haga pública la relación de sueldos de todos los trabajadores y altos cargos de Innova, entre ellos, el del señor Prat. Durante los meses en que fue delegado sindical en su empresa, David había escuchado a decenas de trabajadores que explicaban sus sospechas sobre sueldos millonarios y puestos de trabajo otorgados a dedo por los partidos en el poder. Hijos, yernos, militantes… Meses más tarde, se descubriría que Innova se había convertido en una verdadera agencia de colocación familiar y un lugar donde varios concejales hacían importantes negocios gracias al dinero público que ellos mismos gestionaban.

Por eso, cuando David dejó claras sus intenciones, muchos de sus compañeros del consejo de administración se preocuparon. Lo hicieron de manera imperceptible, y David quizás no lo captó del todo, pero ese día más de uno volvió a casa preocupado. Sobre todo, el señor Josep Prat. Esta primera reunión se cerró con la promesa del alcalde de «hacerle llegar a David un “dossier informativo” para que el nuevo regidor aprendiese la normativa aplicable». Después, los consejeros de los diferentes partidos ratificaron casi de manera unánime al señor Josep Prat en su cargo de gerente de Innova. David se abstuvo.

El 25 de julio de 2011 el diario El Punt publicaba una entrevista en la que David advertía: «Ellos [en referencia a los partidos que durante años habían controlado Innova] han creado un monstruo y ahora no pueden eludir su responsabilidad». En referencia directa al PSC, David remataba: «De un día para otro, no pueden presentarse como una oposición a todo lo que han hecho durante muchos años». Innova había sido creada durante los años en que el PSC, ERC e ICV gobernaban en Reus con comodidad, y ahora, cuando las preguntas de David empezaban a causar preocupación, los «socialistas» se hacían los ciegos. Pero no eran los únicos. Durante las semanas siguientes, en las que los escándalos empezaban a verse en el horizonte, el nuevo alcalde convergente, Carles Pellicer, intentó esconderse en eso que se conoce como la herencia recibida, pero olvidaba que, durante años, su partido y el PP habían dado todo su apoyo a la creación del monstruo que hoy se encuentra en los tribunales. Pero para esto todavía faltaba mucho.

El 23 de julio David asistió a otra reunión, esta vez del consejo de administración del Hospital Sant Joan de Reus, también gestionado por Innova a través del Grupo Salud. Este consejo de administración está presidido por la segunda tenienta de alcalde, la convergente Teresa Gomis. David iba preparado para una reunión tensa, ya que en esos momentos el Grupo Salud estaba ejecutando diversos recortes de servicios sanitarios y restricciones salariales a los trabajadores. Lo que se encontró, sin embargo, fue una reunión sin orden del día, en que uno de los principales temas fue el lugar de colocación de una estatua en el hospital. Después de esto, un desayuno para los miembros del consejo (los compañeros concejales de David), práctica habitual en las muchas reuniones de los muchos consejos de administración de las muchas empresas municipales, sobre todo las relacionadas con la gestión sanitaria, en que no era raro encontrar «jamón de jabugo y botellas de vino de 12,70€».

Pero el picoteo no fue el único gasto al que tuvieron que hacer frente los ciudadanos, ya que, por las escasas dos horas de reunión, los concejales cobraron en total cerca de 1.400€ en dietas. Entre los asistentes, estaba el señor Josep Prat, como gerente de Innova. Hay que tener presente que Josep Prat era adjunto a la presidencia de la empresa sanitaria SAGESSA, donde la dieta de asistencia es de 580€ netos. Este consejo de administración está formado por diferentes alcaldes y presidentes de los Consejos Comarcales de la zona y suma un total de 15 personas, lo que conlleva que cada reunión cueste solo en dietas prácticamente 9.000€ netos. Más el picoteo.

Al ver esto, David convocó una rueda de prensa en la que explicó a los periodistas los detalles de la reunión.

La siguiente reunión del Grupo Salud tuvo lugar el 1 de septiembre. La presidenta, Teresa Gomis, visiblemente molesta, reprende a David y le dice que «no es adecuado explicar los detalles sobre las reuniones de los consejos de administración», y calificó las explicaciones de David a la prensa como «sensacionalismo» y «demagogia». Pero aparte de eso, nada más. Ni uno de los datos que David había pedido sobre la gestión de los servicios sanitarios en las primeras reuniones.

Ante este nuevo intento de ocultar la información, el 29 de septiembre la CUP hace un comunicado:

Hace más de un mes que estamos pidiendo información sobre lo que está pasando en nuestro hospital. Hemos pedido los informes de altas y bajas de trabajadores, hemos pedido el coste de la indemnización a los gerentes del Grupo Salud, hemos pedido información sobre los recortes…, pero nadie dice nada. La única preocupación de la presidenta es aparecer en las fotos de la donación de sangre e inaugurar un nuevo servicio para un centro asistencial de uso exclusivo para los y las clientes de mutuas, mientras se cierran habitaciones y servicios del hospital y se está preparando una importante desarticulación del sistema público sanitario.

Hasta aquí, es lo que pasa en decenas de ayuntamientos de Cataluña: opacidad, datos que no aparecen, concejales que creen que el dinero de los ciudadanos es suyo… Pero el día 25 de octubre, en la otra punta de Cataluña, el Diari de Girona publicaba un artículo con el siguiente título: «La sanidad catalana, privatizada furtivamente». Lo firmaba el periodista Alfons Quintà. Ya hacía semanas que Quintà había empezado a publicar una serie de artículos sobre sanidad que estaban teniendo un importante eco. Quintà fue uno de los primeros periodistas que explicaron las interioridades de lo que para todos los demás eran simplemente «recortes». Las conexiones entre gestores y empresarios, el papel de la banca, los nombres de los protagonistas… Cuando el artículo de Quintà «La sanidad catalana, privatizada furtivamente» llegó a Reus, muchas cosas comenzaron a encajar. En la oficina de la CUP en el Ayuntamiento de Reus, David lo leyó en voz alta a sus tres compañeros, Pilar Vendrell, Bartomeu Castellano y Xavier Milian:

David Vidal entrega a Boi Ruiz un ejemplar de la publicación Basta de corrupción en la sanidad pública, elaborada por CAFÈAMBLLET, CATAC-CTS y la CUP OLIVIA MOLET.

Mapa relacional del sistema sanitario contenido en la publicación entregada a Boi Ruiz.

—Chicos, escuchad lo que publica el Diari de Girona: «La destrucción del actual modelo sanitario catalán ha sido concebida y es dirigida por Josep Prat Domènech, ahora presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), según informan fuentes de la Consejería de Salud y también de la de Economía».

—¿Es «nuestro» Prat? —preguntó Bartomeu.

—Sí, sí…, escuchad: «Prat es un ingeniero naval de unos 60 años, hijo de la Fatarella (Terra Alta). Efectuó parte de su carrera profesional en el Consorcio Hospitalario de Cataluña, incluso bajo el Tripartito».

—¿Y de Innova dice algo?

—«Las fuentes —continuó David— añaden que Prat podría estar afectado por dos incompatibilidades… El pasado junio fue ratificado como director general de Innova (Grupo de Empresas —más de 20— Municipales de Reus SA) y de Epel Innova. Entonces ya era presidente del ICS. Dentro de las empresas sanitarias municipales reusenses, figura Sagessa, de la que Prat fue el director general de 1989 a 1998, año en el que CiU lo designó director general del Servicio Catalán de Salud, cargo del que cesó en 2003, al ganar las elecciones el Tripartito».

Pero eso no era todo. A pesar de tener a su cargo los hospitales públicos catalanes más importantes, Prat ocupaba un importante cargo en USP Hospitales, la operadora privada de hospitales más grande de España:

Prat —escribía Quintà— tuvo contactos con bancos internacionales para encontrar una salida al grave problema de la financiación del Tecnoparc de Reus. En 2009 fue designado, en representación de un banco británico, consejero de USP Hospitales (USPH), cargo del que no consta que haya dimitido, si bien alguna fuente insinúa que quizá solo es asesor. USPH ahora es una filial de la multinacional United Surgical Partners International.

Eran mayoritarios el Barclays Bank y el Royal Bank of Scotland, los cuales el pasado julio decidieron vender su participación. Entonces, alcanzaba el 75 por ciento del capital. USPH, ahora denominada USP España y con sede en Madrid, es la red de hospitales privados más grande del Estado, con 35 centros. En Barcelona adquirió la antigua clínica Dexeus, convertida en el gran Instituto Universitario USP Dexeus, y en Girona, la Clínica Oftálmica Barcelona.

Después de leer este artículo, David y sus compañeros se pusieron en contacto con Alfons Quintà. Había que tener toda la información posible sobre el «alcalde en la sombra».

El 1 de noviembre Quintà vuelve a la carga:

El presidente de la Generalitat siempre ha sabido que el hombre fuerte de la Consejería de Salud, Josep Prat Domènech, donde manda más que el consejero, está afectado por fuertes y evidentes conflictos de intereses. Hasta el pasado martes, Prat tenía la inefable particularidad de ser un desconocido para la opinión pública. Pero hace ocho días, esta colaboración expuso que era el hombre clave en la destrucción del sistema sanitario público catalán. Ahora bien, por prudencia, se optó por un redactado que permitía entender que, al ser designado presidente del ICS, Prat podría haber dimitido de la filial catalana de USP. No fue así.

A su vez, sigue siendo el máximo responsable de todas las empresas municipales de Reus, incluidas las sanitarias, como director general de la empresa pública Innova. Prat pasa a ser un caso de manual en cuanto a conflictos de intereses. Prat es el autor del proyecto consistente en trocear todo el sector público sanitario para vender las partes resultantes al sector privado. Dada la dimensión de lo que se ofrece, las primeras interesadas serían las multinacionales del sector, incluida USP, el grupo sanitario privado más grande de España, con 35 centros, algunos en Cataluña.

Ahora bien, sanitariamente, la dirección de CiU no ha de sufrir. Como ya expliqué hace unas semanas, en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona se abrió, por unas horas, toda una planta, ya cerrada por los recortes, para que se le pudiera hacer a Duran una arteriografía coronaria. Otros pueden morirse esperando.

Al día siguiente, David hace un comunicado en que dice que la CUP acudirá al Síndic de Greuges para denunciar la obstrucción que su grupo municipal está recibiendo por parte de Innova. «De todas las instancias presentadas en las que se solicita información de las empresas, ninguna ha sido contestada». Esta opacidad empezaba a ser ilegal. Días antes, la CUP pidió un informe jurídico a la Secretaría del Ayuntamiento para saber con precisión a qué información tenía acceso David. La respuesta podía resumirse así: «Como concejal del Ayuntamiento, David Vidal tiene el derecho a acceder a toda la información de la actividad de Innova». Aun así, la información seguía sin aparecer.

A lo largo del libro, hemos explicado las dificultades que desde el CAFÈAMBLLET tuvimos para acceder a la información que pedíamos sobre la CSMS. Todo esto sería impensable en un país democrático, pero en el nuestro la opacidad ante los medios es un hecho cotidiano. Pero que el Gobierno municipal se pusiera de acuerdo para incumplir la ley y no dar la información a un grupo de la oposición es, sencillamente, un escándalo.

Durante el mes de noviembre, Alfons Quintà convirtió al desconocido Prat en un personaje en el punto de mira. Mientras, David se preparaba para la siguiente reunión de Innova, que tendría lugar el 2 de diciembre. Fue en esa época en que Marta y yo supimos que había un chico en Reus que investigaba algo sobre sanidad. En ese momento nosotros estábamos preparando el reportaje que explicaba que Ramón Bagó se contrataba a sí mismo con dinero público. En una de las primeras conversaciones que tuvimos con David, descubrimos que Bagó y Prat habían coincidido en importantes cargos en el CHC. Y también descubrimos que en Reus había una persona que nosotros conocemos muy bien: Carles Manté. Durante aquellos días, tanto David y su equipo como Marta y yo, trabajábamos frenéticamente. Empezábamos a ver que algo gordo estaba pasando.

El 2 de diciembre de 2011 Innova celebró una reunión del consejo de administración. Esta vez David tenía mucha más información y estaba dispuesto a usarla. La reunión la abrió Josep Prat, que se mostró «incómodo» por las informaciones que estaban saliendo en la prensa:

Para mí, es una situación personal que me genera cierta incomodidad por los planteamientos que se están haciendo en la prensa y que ponen en cuestión mi profesionalidad y honorabilidad. Con 64 años cumplidos y con 42 de vida profesional es la primera vez que me encuentro en esta situación.

¿Quizás porque nunca nadie le había parado los pies? ¿Por qué nadie había pedido cuánto dinero público se llevaba cada mes? David se mostró contrario a que Prat continuara ocupando la gerencia de Innova, pero el resto de grupos rehusaron poner en cuestión a Prat.

El alcalde, Carles Pellicer, dijo que «la línea profesional del señor Prat se puede calificar de intachable durante los muchos años que lleva vinculado al Ayuntamiento y al grupo empresarial municipal». Pellicer remató: «El trabajo que ha hecho Prat al frente de Innova es excelente, y desde el Gobierno le damos todo nuestro apoyo».

Por suerte, faltaba poco para que el señor Carles Pellicer quedara absolutamente retratado.

Tras la ratificación de Prat, hacia el final de la reunión, David deja caer una bomba sobre la mesa del consejo de administración:

Hice una petición de información el pasado 23 de junio y se me dijo que se me la facilitaría este pasado mes de septiembre. Pero la información todavía no la he visto. Ya no me puedo fiar de la buena voluntad del resto de miembros del consejo de administración. Yo, para poder cumplir mi deber, les anuncio que recurriré a la vía judicial, y me reservo las acciones civiles, penales y administrativas que me correspondan, ya que creo que no se trata de un acto de negligencia, sino de mala fe, a fin de que sean ellos y ellas quienes reconozcan este derecho que ustedes me están negando y les obliguen a actuar siempre en el marco de la ley. No puedo permitir que ustedes se sitúen al margen de la ley y, a través de la vía judicial, intentaré restablecer los criterios de administración que esta marca. Para finalizar, pido al presidente que comunique al secretario que recoja en el acta el anuncio de esta acción legal, ya que creo que mis derechos básicos como consejero en estos momentos están lesionados.

Pellicer y Prat se miraron. El jardinero les estaba poniendo en problemas.

—Las cosas necesitan un tiempo —dijo el alcalde en tono conciliador— y no siempre es posible ir con el ritmo que uno desearía… Le pido confianza, señor Vidal…

La reunión terminó con un clima bastante tenso. Al día siguiente, David daría otro golpe al muro de silencio de Innova:

El señor Josep Prat —declaró a un medio de comunicación local— está cobrando un sueldo pagado por todos los reusenses cuya cuantía es imposible saber. Nuestro grupo ha podido comprobar que el señor Prat no ha presentado su declaración de renta, tal y como está obligado a hacerlo en la declaración de bienes del Ayuntamiento.

En cuanto a la falta de información, la CUP se dirigió a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas para iniciar un expediente. «No se trata de inactividad o complejidad, sino simplemente de mala fe por parte de los cargos directivos», dijo David, que remató con un anuncio:

Ante esta situación, el Grupo Municipal de la CUP se ha asesorado legalmente y propondrá esta noche en la asamblea de la Candidatura llevar toda la documentación a la Fiscalía para que investigue lo que creen que es una violación de una serie de derechos que ampara la ley de procesos administrativos e, incluso, el Código Penal.

El día 11 de enero de 2012, a las 12 del mediodía, la CUP convocó una rueda de prensa para presentar el informe que el Grupo había enviado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Este documento, a lo largo de 250 páginas, detallaba todas las presuntas irregularidades en la gestión de Innova que David y sus compañeros habían descubierto durante los 9 meses anteriores. Curiosamente, sin embargo, a las 11:45 el equipo de Gobierno de Reus convocó otra rueda de prensa. El motivo, anunciar la dimisión de Josep Prat como director general de Innova. Pocos días después Prat también presentaba su dimisión como presidente del ICS, la empresa pública más importante de Cataluña.

Al día siguiente Alfons Quintà escribía:

Por tratarse de una denuncia que inicialmente fue despreciada por el portavoz Francesc Homs y por el alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), el resultado es espectacular. En efecto, todo ello puede ser considerado el mayor escándalo de la presidencia de Artur Mas. Un escándalo que probablemente no ha hecho más que empezar.

En cuanto a la rueda de prensa convocada por el alcalde, Carles Pellicer, Quintà destaca:

Un periodista presente le preguntó si, en función de esta transparencia, ahora daría a conocer el sueldo de Prat en Innova. Sin que le cayera la cara de vergüenza, Pellicer respondió que no, que era un tema de «privacidad». Mira por dónde, resulta que Prat tiene un derecho que ya no tiene ni el Rey, que podría ganar menos (sic) que Prat, según la estimación del sueldo de este publicada por este diario. Obviamente, en el marco de la opacidad pura y dura reinante en el Ayuntamiento de Reus, Pellicer no se refirió a si Prat cobraría por la liquidación de su contrato en Innova.

A partir de aquí, los hechos pueden ser seguidos en la prensa. En cuanto al sueldo de Prat, finalmente la CUP de Reus consiguió saber que Prat cobraba cerca de 300.000€ anuales y que tenía a su disposición un Audi A6. Descubrieron que Prat y Manté, entre otros, habían usados fondos públicos de manera no del todo clara.

La intervención de la justicia hizo que una parte de los documentos sobre Innova, que durante tantos meses les fueron negados a David y su equipo, llegaran a sus manos. Con esta documentación y con la investigación realizada por Oriol Güell, se pudo descubrir que Prat y Manté habían creado una trama a través de la cual, presuntamente, habían desviado cerca de 800.000€ de Innova. Antía Castedo, por su parte, descubrió pocos días después que Manté había comprado una masía en el Empordà casi al contado. Tituló la noticia: «Un trozo de Reus en el Empordà».

A la denuncia de la CUP en la Fiscalía se unió la querella presentada por el partido Ara Reus, con los mismos hechos y nombres denunciados con anterioridad por la CUP.

Finalmente, el pasado 27 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 3 y la Fiscalía ordenaban el registro y la detención de Prat y Manté, que, después de pasar la noche en el «cuartelillo», fueron acusados de malversación de caudales públicos, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

Cada vez que alguien me dice eso de «todos los políticos son iguales», le cuento la historia de David, el jardinero de Reus que está desvelando décadas de gestión opaca y —presuntamente— delictiva, y dejando en evidencia a alcaldes, partidos «históricos» y gestores «intocables». Una historia que, por suerte, no es única. En Blanes otro joven concejal —este de ICV, Víctor Catalán— planta cara al alcalde del PSC Josep Marigó y sus acuerdos escandalosos con Abertis. Yo conozco de cerca estos dos casos. Seguro que hay más. Quiero pensar que no son héroes. Quiero pensar que solo hacen lo que tienen que hacer.

Teorema visual de la privatización de los partidos políticos

Itziar González Virós

Donde, con unos dibujos, Itziar González Virós nos explica cómo los partidos se han convertido en «juntas de accionistas»

Este teorema visual está concebido como una contribución gráfica al libro que Marta Sibina y Albano Dante nos han hecho llegar a nuestras manos. Se trata de una breve serie de ilustraciones que quieren explicar una de las principales razones por las que el sistema actual del funcionamiento clientelar de nuestros principales partidos políticos no nos permite disfrutar de una verdadera democracia.

En su origen, los partidos respondían a las distintas sensibilidades y realidades sociológicas e ideológicas de la ciudadanía. Agrupados, formaban una amplia base de apoyo a una estructura piramidal que les tenía que permitir llegar al poder y lograr así el gobierno de las instituciones democráticas y de la administración pública.

A través de un sistema jerárquico de delegaciones y representaciones, se crea una élite de miembros del partido, que participan en las listas cerradas de las candidaturas y logran, mediante las elecciones, un lugar como cargos electos. Una vez llegan allí, se inicia el servicio de colocación de todas aquellas personas que han contribuido a su éxito electoral y, a modo de reconocimiento y redistribución de los espacios de poder, se sobresaturan las administraciones públicas de cargos de confianza y comisarios políticos.

El sistema de recaudación de los impuestos y contribuciones ciudadanas nutre el sistema público y permite la equidistribución de la riqueza y de las inversiones en el bien común. El sistema, sin embargo, es totalmente opaco, y llega a ser relativamente fácil el desvío de fondos hacia manos privadas, así como la concentración de cargos y poder en manos de unas pocas personas, que, muy pronto, construirán su propia red clientelar que les garantice mantenerse en el poder. Esta nueva pirámide ya no tiene una base social determinada por ideas o valores, ni va de abajo a arriba. Se trata de una red de favores lanzada desde arriba que compra el apoyo político y los votos.

Finalmente, la pirámide inicial de acceso al poder público y, por tanto, poder al servicio del bien común, se invierte. Pierde la base social que la justificaba y se transforma en una gran corporación privada, en la que los cargos más influyentes se convierten en la junta de accionistas de una gran empresa privada y anónima que tiene, como principal objetivo, mantenerse en el poder y parasitar y enriquecerse con financiación pública y comisiones clientelares. En las siglas de los principales partidos políticos de nuestro país se tendría que añadir otra al final, SA; quizás así, ya nunca más los volveríamos a votar ni a confiarles nuestra representatividad democrática.

Estructura piramidal de acceso al poder.

Servicio de Colocación de los Partidos Políticos.

Distribución y desvío de fondos públicos.

Inversión de la pirámide y privatización de los partidos políticos.

Creación de redes clientelares.

Anexos

El derecho a la salud, un derecho universal en peligro

Por Carlos Jiménez Villarejo

Introducción

«Impera en muchos países una forma de capitalismo en la que corrupción, engaño y actividades criminales se han convertido en prácticas empresariales institucionalizadas y estandarizadas, sin que pase nada». Así se expresaba el analista alemán Krätke[11] antes de que estallara la actual «injusticia global»[12]. Valoraciones perfectamente aplicables al Gobierno neoliberal de CiU, con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya.

La falsamente denominada «crisis», mediante el empleo de un «lenguaje perverso»[13], pretende justificar la adopción de medidas antisociales, concretamente en el ámbito sanitario, que están causando daños personales muy graves. Ante el desafío desde el poder que representa la constante afirmación de que «no hay alternativas», muchos ciudadanos, que no están dispuestos a ser privados de esa condición, han emprendido una larga batalla contra dichas medidas, los responsables políticos que las adoptan y ejecutan y el Gobierno del presidente Mas que, en definitiva, las impulsa. Sobre todo, cuando el equipo político que dirige esa operación procede de una patronal de la salud y aplica criterios mercantilistas en el tratamiento de la asistencia sanitaria, haciéndolo además con el asesoramiento externo de una consultora como Pricewaterhouse. Estamos ante una calculada estrategia de desmantelamiento del Estado Social de Derecho —con la consiguiente reforma liberal de la Constitución— con el propósito, cada vez mas expreso, de arrumbar en la cuneta de nuestra historia ese objetivo de 1978 que consistía en construir una «democracia avanzada» donde la igualdad fuese «real y efectiva». Ante este ataque a la justicia y los derechos humanos es indispensable que los ciudadanos no se acobarden ni retrocedan en la defensa de su propia dignidad y, consecuentemente, de sus derechos. Para ello, resultan esenciales tanto la movilización social como la denuncia pública y ante las instituciones por más que el resultado sea desigual.

Ramon Serna, Clara Valverde y Helena Álvarez poco antes de hacer entrega de la querella. fotomovimiento.org

Así, vemos que en Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia, para justificar el rechazo a la persecución penal de la dirección de la Conselleria de Salut, se alinea con posiciones ultraconservadoras negando la investigación de presuntos delincuentes de cuello blanco y que el derecho a la salud constituya un derecho cívico y, por tanto, parte sustancial de los derechos humanos. En suma, una resolución judicial que, objetivamente, deslegitima el Estado Social de Derecho[14]. Pero, a la vez, el Juzgado de Instrucción n° 3 de Reus, a instancia de un grupo ciudadano, ha acordado la detención e imputación, por delitos de estafa y malversación de caudales públicos, del que fuera presidente del Institut Catalá de la Salut bajo el mandato de Mas, Josep Prat Domènech, y de Carles Manté, exdirector del Servei Catalá de la Salut bajo el Gobierno anterior. Es prematuro valorar el alcance y consecuencias de estas medidas, pero es evidente que solo desde la presión social y la exigencia pública de responsabilidades será posible desenmascarar las tramas de influencias y de corrupción que se ocultan bajo decisiones tan perjudiciales para las personas.

El derecho a la salud, como derecho fundamental

El derecho a la salud, individual y colectiva, cabe situarlo entre los derechos fundamentales de la persona y constituye un derecho que se deriva directamente de la condición humana, de la dignidad humana. Por ello, con independencia de su configuración en los textos constitucionales, ya nadie duda de que, como derecho fundamental, es un límite al ejercicio del poder y genera un deber inexcusable de los poderes públicos para protegerlo y garantizarlo. Deberes que representan para los poderes públicos el deber inexcusable de disponer de los recursos económicos necesarios para su efectiva satisfacción.

El punto de partida de este reconocimiento es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En su artículo 25, declara que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure», entre otros derechos, «la salud» y «la asistencia médica». Es obvio que su mera inclusión en esta Declaración explicita su reconocimiento como derecho individual, más allá de que su satisfacción exija prestaciones económicas por una razón esencial que perdura hasta hoy: porque la satisfacción de este derecho es una condición para alcanzar una igualdad efectiva entre los ciudadanos. Posteriormente, los Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Nueva York, de 1966, mantuvieron dicho reconocimiento. El artículo 12 establece que «los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental». Y, entre las medidas que «deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho», figurará «d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad». No están previstas ni excepciones ni exclusiones.

El punto de partida internacional sobre el derecho a la salud no puede estar más claro y emplaza a los estados y administraciones competentes para un desarrollo que implique dotar a los servicios básicos, como la salud, de una financiación adecuada porque el desarrollo social no puede subordinarse, en modo alguno, a criterios dominados por la lógica del mercado.

El reconocimiento de estos derechos significa que el Estado y las administraciones públicas deben ser garantes de aquel bienestar. Y con mayor fuerza cuando el sistema económico capitalista vigente, dominado por la política neoliberal y la lógica del beneficio, está en un proceso globalizador que conduce a acentuar las desigualdades de las personas y los pueblos. Porque, en efecto, estamos ante un proceso que se caracteriza por la baja calidad de los servicios universales, un endurecimiento en el acceso a los servicios públicos —pensemos en el nivel de las pensiones no contributivas o de las rentas mínimas— en la imposición a cada vez más amplios sectores sociales de una situación económica precaria, consecuencia del incesante incremento del paro y una creciente desigualdad de ingresos entre los ciudadanos, agrandándose la brecha entre ricos y pobres, con una protección pública para estos cada vez más incierta.

El derecho a la salud, un valor incuestionable del sistema democrático

Así era concebido en la primera ley de sanidad, la 14/1986, promovida por Ernest LLuch. Era el primer desarrollo democrático de la proclamación constitucional del «derecho a la protección de la salud». Dicha ley pretendía «extender la sanidad a todos los ciudadanos», «porque queremos construir una sociedad democrática avanzada», es decir, más justa e igualitaria. Luego se han aprobado leyes estatales y autonómicas y se han aplicado políticas públicas que han profundizado esos fines. Siempre con el propósito de avanzar hacia una sociedad donde la igualdad de los ciudadanos fuese «real y efectiva», constituyendo la sanidad un elemento central de ese proyecto constitucional. Pero, bajo la cínica coartada de la crisis económica, el Gobierno conservador de CiU ha emprendido un decisivo desmantelamiento de la sanidad pública, primando los intereses sanitarios privados sobre la asistencia pública. Así lo expresan las decisiones tomadas sobre cierre de plantas y camas hospitalarias, dilación de las listas de espera, cierre de quirófanos y de servicios de urgencias y así sucesivamente.

Decisiones que representan un ataque frontal al Estado Social de Derecho, en cuanto los «poderes públicos» en lugar de tutelar la sanidad pública reducen drásticamente el alcance del derecho a la salud como un derecho universal. Los principales destinatarios de dichas medidas limitativas y hasta privativas de derechos son las clases populares.

La derecha catalana ha profundizado así la vía para dejar sin efecto el principio del Estatut que establece que «todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública». Lo que crea las condiciones que se corresponden con lo que el Código Penal denomina «impedimento» al ejercicio real de un derecho cívico o «denegación de asistencia sanitaria», en este caso solo atribuible a los responsables políticos que están haciéndola posible.

El Gobierno de CiU, en lugar de adoptar medidas en orden a corregir la sociedad desigual en que vivimos, profundiza esta desigualdad menospreciando que el derecho a la salud, como derecho universal, está vinculado al respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, las medidas de supresión de servicios públicos de salud están generando discriminación entre los ciudadanos, violando lo que es un principio básico de nuestra convivencia humanitaria y democrática. Y, en todo caso, desconoce que, como proclamó NNUU en 1993, en el Programa de Derechos Humanos, «todos los derechos son universales, individuales e interdependientes», de tal manera que la lesión del derecho a la salud también lesiona otros derechos que están asociados al mismo, como los derechos a la calidad de la vida, a la protección de la familia y los hijos, a la suficiencia de los ciudadanos de la tercera edad, etc. El Gobierno de CiU y quienes lo apoyan están apartándose de la obligación política y ética de respetar dichos derechos, protegerlos y proporcionar su efectiva satisfacción, causando perjuicios presentes o futuros por los que las personas afectadas, particularmente los pacientes, deben exigir reparación y responsabilidades. Sobre todo, cuando es una evidencia que la ley catalana 18/2009, de Salud Pública, que representó un avance histórico, es ignorada por el Gobierno de Cataluña despreciando su primer principio informador: «La garantía y el sostenimiento de las prestaciones de salud pública como un derecho individual y social».

Principios reiterados en disposiciones más recientes

Como, entre otras, la vigente Ley General de Salud Pública, 33/2011, de 4 de Octubre, que en virtud de lo dispuesto en la disposición final cuarta es de rigurosa y estricta aplicación por las CCAA. En dicha ley, se reiteran y actualizan principios, derechos y deberes ya establecidos en leyes anteriores. Su preámbulo es perfectamente expresivo y pone de relieve la gravedad de las medidas que están siendo acordadas por el Gobierno de la Generalitat en cuanto perjudican derechos básicos de la persona. Dice así: «La Constitución Española de 1978 dio un paso clave en el camino de la mejora de la salud de la población al reconocer en su artículo 43 el derecho a su protección, encomendando para ello a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». Y reconoce que: «en el mundo globalizado del siglo XXI, marcado por profundas desigualdades que siguen un patrón social entre países y dentro de los propios países, y hace de la aspiración a la equidad no solo un fin, sino un medio para lograr una mejor salud para todas las personas. La equidad es al fin y al cabo consustancial a la salud y solo las sociedades que procuran la igualdad consiguen buenos resultados en salud». «Esta ley tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, servicios y, en general, actuaciones de toda índole desarrollados por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva». Y, a partir de este objetivo, establece los «Principios generales de salud pública», entre los que destaca el de equidad que define así: «Las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto. Se considerará la equidad en todos los informes públicos que tengan un impacto significativo en la salud de la población. Igualmente, las actuaciones en materia de salud pública incorporarán la perspectiva de género y prestarán atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad». Es significativo que la disposición adicional quinta de la ley recuerde que la financiación de las prestaciones sanitarias son «responsabilidad financiera de las comunidades autónomas», quienes, por tanto, deben garantizar las disponibilidades económicas necesarias para que la protección de la salud quede asegurada.

Si, como hemos visto, estos derechos están en la base del respeto a la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, su generalizada inaplicación puede y debe generar responsabilidad no solo administrativa sino, incluso, como sugerimos, en el ámbito penal.

Por todo ello, ante un Gobierno neoliberal plegado a los intereses de los poderosos en perjuicio de los ciudadanos, es un compromiso cívico y democrático la intransigente oposición a dichas medidas.

La prevención de la corrupción

Pero, además, de estas disposiciones generales, las instituciones que rigen el sistema sanitario público de Cataluña contemplan otras normas específicas para garantizar la neutralidad y objetividad de sus cargos directivos ante la adopción de decisiones que puedan representar el favorecimiento del interés particular sobre el general y excluir el conflicto de intereses, siempre en aras de la neutralidad y objetividad en el desempeño de sus funciones. Las consideraciones anteriores las consideramos justificadas por la siguiente razón. Por el origen profesional del equipo directivo de la Conselleria de Salut, dada su anterior vinculación a la Unió Catalana d’Hospitals, y los criterios economicistas que están presidiendo su gestión de la asistencia sanitaria pública. Lo que ha generado siempre una justificada desconfianza en su plena fidelidad al servicio público.

Decimos cuanto antecede para destacar, por encima de cualquier otra consideración, que la lucha contra la corrupción es una exigencia fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. Por una parte, todo el poder público, en sus variadas manifestaciones, está sometido al Derecho. Así lo establece taxativamente con carácter general el artículo 9 de la Constitución. «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», sometimiento paralelo a «la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». Sin duda, la legislación de incompatibilidades es la mayor garantía frente a lo que la doctrina moderna denomina, como fuente de corrupción, el conflicto de intereses que es definido así en el artículo 4 de la ley 5/2006, de 10 de abril, relativa a los altos cargos del Estado: «cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas».

Además, el preámbulo de la ley 13/2005 de 27 de diciembre de Régimen de Incompatibilidades de los Altos Cargos al Servicio de la Generalitat —pasaron 25 años hasta que la Generalitat no dispuso de una ley de esta naturaleza— ya expresa esta preocupación genéricamente: «tiene una relevancia especial el régimen de incompatibilidades, la finalidad del cual es garantizar que su actuación sea imparcial y objetiva y, aún más, el régimen de incompatibilidades de altos cargos, quienes han de demostrar la imparcialidad de su actuación mediante una dedicación absoluta a las funciones a las que están encomendadas, que no puede verse mediatizada por otras actividades o intereses para así servir con la máxima eficacia, eficiencia y objetividad a los intereses generales de los ciudadanos».

Pero, además de estas disposiciones generales, las instituciones que rigen el sistema sanitario catalán contemplan otras normas específicas para excluir el conflicto de intereses y garantizar la neutralidad y objetividad de sus cargos directivos. Como, entre otras, la que regula el régimen del Consell d’Administració del ICS: artículo 4, «Els membres del Consell d’Administració estan sotmesos al règim d’incompatibilitats establert per la normativa general que els correspon i, en particular, són incompatibles amb qualsevol vinculació directa amb persones físiques o jurídiques l’activitat de les quals estigui directament relacionada amb les tasques encomanades a l’Institut Català de la Salut, si aquesta vinculació pot impedir o menyscabar el compliment estricte de llurs deures o comprometre’n la imparcialitat o la independència». La Llei d’Ordenació Sanitària 15/1990 contiene normas similares.

Además, el Consejo de Administración de este organismo adoptó un Codi de Bon Govern en el que se formulan recomendaciones como «mantener la lealtad a la institución» y «evitar conflictos de intereses particulares dentro de la organización, absteniéndose de intervenir en aquellos asuntos en los que se les haya planteado dicho conflicto».

Las medidas de privación de derechos sanitarios y de privatización del sistema público de salud que están acordándose, no solo no se acomodan, sino que se apartan ostensiblemente del cumplimiento neutral y objetivo de las amplísimas funciones atribuidas al ICS y a otros altos cargos del Departament. Naturalmente, no puede conocerse con la debida precisión si ha concurrido tal eventualidad y su eventual relevancia penal, como delitos de corrupción, si no se practica la pertinente investigación por órganos competentes imparciales, como ya se ha pretendido[15], con resultados aún insuficientes por las razones expuestas.

¡Auditoría ciudadana en acción!

Enric Pons Ferrer y Sonia Farré Fidalgo

Miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda: «¡No debemos! ¡No Pagamos!»

CAFÈAMBLLET es un nombre cotidiano para una revista de ámbito local, que invita a hojearla mientras te sientas a desayunar en un bar o esperas turno en un centro sanitario. Lejos de tener un contenido banal, se ha convertido en un referente social de información veraz, compleja, pero contada con un lenguaje social que permite asimilar el contenido sin esfuerzo. El riesgo de indigestión no se debe a la redacción, sino a los escándalos que se intuyen cuando profundizas en la investigación de sus redactores: Albano Dante y Marta Sibina.

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda: «¡No debemos! ¡No Pagamos!» (PACD), hace tiempo que seguimos con interés la labor de CAFÈAMBLLET. Somos una plataforma que lucha por concienciar a la ciudadanía de que tiene el derecho y la obligación de hacerse cargo del control de las cuentas públicas,a fin de empoderarse ella misma. Gran parte de nuestras actividades van dirigidas a desmontar el discurso de los recortes haciendo énfasis en la lucha por la transparencia y la depuración de responsabilidades de los auténticos causantes de esta «crisis», que está sirviendo de excusa para instaurar unos «recortes» que son, en realidad, un cambio de fondo de la sociedad en que hemos vivido hasta ahora. Pero sabemos que todo esto no lo haremos como colectivo aislado; por ello, apostamos por vincular las luchas, ya que desde todos los sectores y ámbitos estamos sufriendo las mismas medidas, y la deuda es la excusa transversal utilizada para justificarlas. Nos podríamos extender argumentando esta afirmación, pero citando a Artur Mas, «ahora no toca», y diremos, solo de pasada, que no podemos continuar con esta política de endeudamiento, ya que únicamente nos lleva al deterioro de los servicios públicos y a la dependencia del sector privado, con lo que ello implica: todo lo que no sea rentable deja de ser importante.

Pues bien, para nosotros, Marta y Albano son el ejemplo perfecto de auditores ciudadanos. Debido a la preocupación por hechos tan «cotidianos» como que en los hospitales del Maresme se tuviera que pagar por reclinar una silla o que dejaran de dar mantas a los enfermos y tuviera que traerlas la familia de la persona ingresada, comenzaron a investigar cómo funcionaba la gestión de estas instituciones públicas. Evidentemente, se encontraron con silencio. Estamos en un Estado que está a la cola de Europa en transparencia. La cultura de los políticos profesionales y, a menudo, de los funcionarios que llevan años trabajando para ellos es la de dificultar el acceso de la ciudadanía a la información. Nos quieren ciudadanos pasivos, y la curiosidad y la perseverancia de personas como esta pareja de periodistas los incomodan en gran medida. Consideramos que son un ejemplo de auditores ciudadanos porque se dedicaron a pedir información susceptible de interés ciudadano, convirtieron esta solicitud en un proceso público e informaron a la población a través de un lenguaje comprensible en formatos diversos (artículos impresos en la revista gratuita, vídeos y artículos en su web, y difusión de material audiovisual en las redes sociales).

Como plataforma habíamos intentado contactar con ellos varias veces, como tantos otros colectivos, pero de entrada no nos fue posible. Después de conocerlos y saber la avalancha de correos y llamadas que reciben a lo largo del día, es fácil de entender. A pesar de ello, y porque ya somos muchas las que tenemos como meta de nuestra lucha un bien común con características muy similares, resultó que esta iniciativa personal ha terminado convirtiéndose, de manera natural, en un modelo a seguir, y desde la PACD apoyamos totalmente este trabajo. Es una muestra que tenemos que combinar y trabajar para encajar diferentes tipos de experiencias: la asamblearia y las iniciativas personales.

Empoderamiento ciudadano

«Esto lo puede hacer cualquiera con un ordenador y un móvil». Así invita Albano en sus charlas a copiar esta tarea. Y realmente no han dispuesto de más recursos: son dos personas y una trabajadora a tiempo parcial; tienen un pequeño despacho en casa, con los guiones de trabajo impresos en DIN A4 colgados en las paredes; una mesa con un ordenador; una curiosidad insaciable; un gran sentido de la justicia y la legitimidad, y constancia, mucha constancia.

Cuando nos conocimos personalmente, en agosto pasado, nos encontramos con dos personas convencidas de que su labor era importante, pero con un cierto desánimo por la dificultad de difundir toda esta información a la población afectada por los recortes en sanidad y preocupados por el juicio que encaraban en septiembre. Venían buscando algún grupo que les pudiera apoyar y ayudar en la difusión, pero estaba claro que esta no era la solución. Meses después, es un placer ver cómo han evolucionado y crecido en su forma de hacer activismo. Han descubierto y han sacado el máximo provecho al trabajo en red. Han dejado de lado la idea de que teníamos muchos al principio —que todo el mundo debe ponerse a trabajar por nuestro proyecto— y han asimilado que lo que es efectivo es conectar los distintos colectivos que trabajan en temas o con objetivos similares. Somos muchos y somos buenos en lo que hacemos, y como dijo @Ciudadano_zer0 desde el barrio Internet, el movimiento 15-M no solo ha tejido una red política, sino una red político-afectiva. Ahora, CAFÈAMBLLET ya son expertos en vincular luchas ellos mismos: tenían una gran tarjeta de presentación, la tarea previa los avalaba, todas sabíamos que no venían a vendernos humo, han aprendido a coordinarse y, no solo reciben, sino que cualquiera que haya compartido espacio de lucha con ellos sabe que dan muchísimo. Trabajan desde la humildad y la autonomía y con un alto grado de empatía.

Vincular luchas

Han sido unos «charlatanes» incansables, han ido a todas partes donde se lo han pedido: asambleas de barrio, hospitales, organizaciones políticas y candidaturas municipales como la CUP, las CAV del Vallés o Revolta Global. Han compartido mesa con Teresa Forcades, con Ada Colau, con Esther Vivas y con muchos otros. Se han cargado de paciencia para explicarnos de una manera llana y pedagógica cómo funciona la gestión de la sanidad privada y han ayudado a desmontar el falso discurso de que todo lo público funciona mal y que la gestión privada es más efectiva. Albano y su pizarra, y Marta en los vídeos nos han dejado claro que la gestión privada del dinero público conlleva opacidad y que, si buscas un poco, descubres relaciones entre demasiadas empresas vinculadas a asesores o cargos públicos. Lo han hecho desde la proximidad y la pasión, nunca como expertos o desde una posición de superioridad por haber llevado a cabo una investigación, sino explicando cómo han hecho el proceso de una manera tan sencilla y clara que empodera para hacer lo mismo.

Y lo han hecho en Cataluña y hay que valorar, y a veces desde la centralidad de Barcelona no se hace, que todo esto lo han hecho desde un municipio de la Selva y que solo uno de ellos tiene carnet de conducir. Por lo tanto, los desplazamientos para hacer las charlas allí donde los han invitado, les han supuesto una inversión de tiempo considerable, se hayan movido en transporte privado o público. Nunca han dicho que no —salvo si la fiebre los obligaba—. Pocas personas ponen tantas facilidades para que puedas contar con ellos. De toda esta voluntad de dar a conocer su discurso y de colaborar con todos, han recibido los frutos: primero, con el gran apoyo que recibieron durante el juicio que tuvieron que soportar; luego, con la colaboración ciudadana para llevar a cabo este libro que tenéis en las manos, y, para siempre, un montón de gente que los ha descubierto y que ya los ama, no solo por la labor que han hecho, sino porque la han hecho con integridad y pasión.

CAFÈAMBLLET para desmontar el discurso

Puede parecer una evidencia, pero queremos decir que Albano y Marta son periodistas, pero periodistas de verdad, de los que investigan movidos por la curiosidad y la independencia que debería tener cualquiera que ejerza esta profesión. Su tarea la han explicado en más de una ocasión con una cita de George Orwell, que ejemplifica perfectamente su manera de hacer y su motivación: «Periodismo es imprimir algo que otro no quiere que se imprima. El resto son “relaciones públicas”». En nuestro imaginario dibujamos al periodista como alguien que investiga, descubre y denuncia públicamente lo que alguien esconde, pero en las facultades de periodismo enseñan más a gestionar la información que llega a una redacción que a hacer investigación independiente. Por ello, pensamos que Albano y Marta son periodistas sociales. Seguramente el adjetivo tendría que ser redundante, pero es que CAFÈAMBLLET ha incidido en los temas que más preocupan a la sociedad y se ha dedicado a deshacer el ovillo de las vinculaciones entre la empresa privada y la gestión pública, que, aunque no podía afirmar directamente que eran corruptas, sí que denunció que eran opacas, y lanzó las preguntas que cualquiera de nosotros tenía en la cabeza: «¿Por qué esta opacidad? ¿Qué esconde?».

Y no ha sido sencillo; los medios de comunicación tradicionales no se han hecho demasiado eco, salvo contadas excepciones, de la tarea que han desarrollado. Marta y Albano ya lo explican: «La mayoría de medios de comunicación están controlados por los poderes financieros y políticos, que se han beneficiado durante años del sistema sanitario». Y, de hecho, esto es algo que cualquier periodista que trabaje en un medio de comunicación de masas te confirma: no pueden publicar lo que quieren, no pueden decidir, no tienen independencia. Durante el juicio al que se tuvieron que enfrentar, no había medios de comunicación tradicionales, y nos consta que tenían vetado cubrir la noticia. Después de la condena, CAFÈAMBLLET tuvo que retirar su vídeo de Internet, es decir, que han sufrido censura directa e indirecta. No obstante, siempre nos queda la prensa internacional, y, si aquí los medios pueden ser coaccionados o controlados por los intereses económicos de unos cuantos, no ocurre lo mismo con la prensa internacional, así que la revista local CAFÈAMBLLET acabó saliendo en un medio como The Washington Post.

La lucha por la transparencia y para depurar responsabilidades

Y es que esta publicación gratuita y su versión digital han hecho tambalear la estabilidad del entramado de relaciones económicas entre empresas privadas y organismos públicos o privados que gestionan nuestro dinero destinado a la sanidad. La muestra de ello ha sido que un simple vídeo en el que no se decía ni una sola falsedad, pero que pecó de tener un título demasiado atrevido, ha servido para que, desde los círculos de poder, se intente represaliar a estos dos periodistas, en este caso por la vía judicial. Y esto nos lleva a cuestionarnos la legitimidad de nuestra justicia cuando los corruptos tardan meses o años en ser juzgados y a menudo terminan quedando impunes, y una pareja que alerta sobre la corrupción en el sistema sanitario catalán es juzgada y condenada por un vídeo colgado en Internet. Esta estrategia de desgaste, sin embargo, no ha tenido el efecto que debían esperar, más bienal contrario. Por un lado, les ha fortalecido personalmente; pasar el trago de ir a juicio para la ciudadanía es un hecho traumático, y más cuando estás planamente convencido de que la denuncia es injusta. Pero si eres capaz de sacar la fuerza para no olvidar la importancia y la legitimidad de la labor que has hecho, y te sirve para aprender de los errores, sales reforzada. Por otra parte, ha sido una prueba de fuego para ver qué apoyo tenían en la calle, y ha quedado claro que quienes los valoramos lo hacemos, no solo por la información que han hecho pública, sino también por su coherencia personal y porque son personas sencillas, claras y auténticas que consiguen hacerse querer. Y, finalmente, si la intención era el desgaste económico, este proyecto deja claro que estamos dispuestas a asumir la multa de manera colectiva y a reconvertir la condena en una oportunidad para sacarle provecho entre todas: habrá servido para financiar este manual y para que podamos aprender de los aciertos y los errores de Marta y Albano y seamos capaces de llevar este modelo de auditoría ciudadana a nuestro ámbito.

Ahora hay que ver si el tribunal se reafirma en la condena, porque el tiempo les está dando la razón: muchas de las personas de las que se alertó desde CAFÈAMBLLET que recibían dinero de la sanidad catalana y que lo gestionaban opacamente están siendo investigadas. Carles Manté, Josep Prat o Xavier Crespo han sido imputados, y a partir de aquí se verá cuántos más acabarán en el banquillo y si la justicia hará su trabajo o bien confirmaremos que hay dos: una para los que tienen dinero y otra para la ciudadanía.

#SomHiDragons

La vía judicial no ha sido la única que han utilizado para ejercer la represión sobre la revista: también han sido silenciados en los medios de comunicación, y se han retirado ejemplares de la revista gratuita de espacios públicos o de administraciones locales de la zona. Hay que decir, sin embargo, que todo esto no los ha frenado. Han continuado la investigación y la denuncia pública, y lo han hecho mostrándonos qué tipo de personas son: una pareja coherente y valiente que ha conseguido llegar a todas nosotras con un gran esfuerzo, no solo profesional, sino también personal. Es admirable la capacidad que han mostrado para vivir con coherencia y mantener su labor de información para la ciudadanía.

Cuando los conoces personalmente, descubres que, aparte de toda esta tarea ingente, hay una familia que cultiva parte de su comida, que son felices, que se relacionan de una manera sana, que son conscientes del mundo en que viven y del mundo que quieren y luchan por alcanzarlo desde la coherencia del día a día. Y, sobre todo, ves que son personas excepcionales, pero no porque tengan capacidades o conocimientos especiales, sino porque se han abocado con pasión y constancia a la tarea que los ha llenado, y es que, y esto es lo más importante, todas somos personas excepcionales, todas somos CAFÈAMBLLET, todas somos investigadoras potenciales.

Desde la PACD, creemos que hay que reproducir este modelo en cualquier ámbito que, como ciudadanía, consideremos importante. Gracias a este manual y a la tarea previa de CAFÈAMBLLET, tenemos más conocimientos para continuar la investigación en la sanidad, pero también podemos trasladar la auditoría ciudadana a otras administraciones o sectores que nos afectan en el día a día. Los recortes y la gestión en la sanidad tienen diferencias, pero también muchas similitudes, con los de otros sectores como la educación, los servicios sociales o cualquier otro: en todos ellos se mantienen sueldos de altos cargos, pero se disminuye la inversión en los servicios que recibe la ciudadanía; se combinan conciertos y servicios públicos; se subcontrata; se reduce personal; se contratan servicios de empresas privadas con poca o nula información sobre la adjudicación, etc.

También consideramos importante entender la esencia de la investigación de CAFÈAMBLLET para trasladarla a cualquier ámbito de las administraciones. Podemos empezar analizando las cuentas del Estado, pero no nos será fácil entenderlas. En cambio, desde el propio municipio podemos investigar y establecer mecanismos de control presupuestario que nos sirvan para depurar responsabilidades si hay ilegalidades, pero, sobre todo, tienen que servirnos para empoderarnos y así exigir el derecho a la información y a la participación. Si aprendemos a hacerlo en el municipio, el salto a las otras administraciones será una evolución natural.

Y no hace falta decir que el mundo de la empresa privada también es auditable; debemos superar los espacios que son nuestros. Los comités de empresa tienen acceso a parte de la información económica: analizarla, difundirla, denunciar lo ilegal o ilegítimo y exigir la participación son otras vías que conviene explotar.

El por qué es necesario que la ciudadanía lleve a cabo esta tarea es sencillo de explicar: el problema de la deuda del Estado no es un problema de deuda pública, sino de deuda privada avalada por el Estado o reconvertida por mecanismos diversos en deuda pública. Todos los recortes y reformas que estamos sufriendo se están justificando culpabilizándonos a nosotros como usuarios de la sanidad o la educación, consumidores irresponsables, abusadores de servicios públicos, etc. Si revisamos las cuentas del Estado o de otras administraciones, veremos que el dinero público a menudo se destina a enriquecer y reforzar unas élites y no a cubrir las necesidades básicas de la población: sanidad, educación, vivienda… Resulta que, viviendo en un sistema que fomenta el consumo por encima de muchas otras cosas, los «clientes» hemos dejado de tener la razón. Nos toca trabajar para dejar de ser vistos y de creernos «clientes» y para redefinir la palabra ciudadanía. Tenemos que dejar de ser ciudadanos pasivos para participar en la vida política, es decir, decidir cada día cómo queremos que sea nuestra sociedad y cómo queremos que sea su economía.

Si queremos luchar contra la corrupción, debemos aprovechar este momento en que se están destapando cada vez más tramas de corrupción política para exigir transparencia de verdad; no nos podemos conformar con una ley dictada por los mismos que han sido corruptos o han encubierto a quien lo ha sido. Debemos exigir los mecanismos para poner a disposición de la ciudadanía tanta información como consideremos necesaria, y eso solo lo conseguiremos con la práctica, convirtiéndonos en auditores ciudadanos, volviendo a dar el valor que tiene la curiosidad humana y manteniéndonos constantes en esta lucha colectiva.

Pero con esto no bastará. Si logramos un nivel más alto de transparencia, necesitaremos mecanismos de control constantes desde la ciudadanía. Y no podemos permitir que estos se diseñen desde un despacho. El ensayo de prácticas de control, los errores y los aciertos, son los que nos ayudarán a definir cómo deben ser estos mecanismos para evitar la corrupción y las prácticas opacas en la gestión de nuestro dinero. Como ejemplo, podemos tomar la intervención de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y del Tribunal de Cuentas para fiscalizar las cuentas de instituciones públicas: la poca transparencia, la mala gestión y la más que probable corrupción albergada en el Caso Crespo, denunciada por CAFÈAMBLLET, han puesto en evidencia una vez más la dependencia política de estas instituciones. Si bien la Sindicatura realizó una auditoría en 2006 a la empresa Centros Médicos Selva Maresme (CMSM), en la que se informaba de múltiples irregularidades, esta auditoria quedó encerrada en un cajón. Podemos alegrarnos, en parte, de la valentía de una persona anónima que filtró el informe a la prensa a través de El País, pero son una alegría y una valentía a medias, ya que cuando lo hizo los presuntos delitos ya habían prácticamente prescrito.

En resumen, CAFÈAMBLLET es un ejemplo de investigación que alcanza los objetivos de la PACD: empoderarse y empoderar, vincular luchas, desmontar el discurso que justifica los recortes y luchar por la transparencia y por la depuración de responsabilidades. Y es un ejemplo aplicable a diversos ámbitos: más complejos y más sencillos, de un sector o de un ámbito territorial, dentro de un colectivo o de manera individual. La clave del éxito en el caso de CAFÈAMBLLET, y en los que vendrán, radica en la capacidad que han tenido para poner a disposición pública toda la información y el trabajo hecho, no solo los resultados, sino también, y sobre todo, el proceso, lo que tenéis en las manos. Ahora nos toca replicarlo.

Un café con leche que nos mantiene más despiertas que nunca

Josep María Antentas y Esther Vivas

Coautores de Planeta indignado (Sequitur, 2012) y miembros de Revolta Global-Izquierda Anticapitalista

Desde que se inició la aventura de CAFÈAMBLLET para exponer la corrupción en la sanidad pública con la divulgación el 19 de febrero de 2012 del vídeo «El mayor robo de la historia de Cataluña», la crisis no ha hecho más que intensificarse. Sus consecuencias sociales se han profundizado, y lo el que comenzó con una crisis económica (que tiene en el paro y los deshaucios dos de sus expresiones más visibles) se ha convertido también en una crisis política e institucional, en la que los pilares del régimen creado en la Transición se erosionan, y el sistema de partidos tradicional comienza a descomponerse. Todo el edificio construido en los años setenta empieza a tener serias grietas en la pared, donde se entrecruzan y se retroalimentan, aunque no siempre de forma acompasada, el malestar provocado por la aplicación de las políticas de austeridad y el ascenso de las reivindicaciones nacionales y de la demanda independentista en Cataluña.

El enorme eco obtenido por las búsquedas de CAFÈAMBLLET y la gran ola de solidaridad desatada a raíz del intento de criminalización de su labor a partir de la demanda de Josep María Via, son ejemplos del creciente grado de deslegitimación del poder establecido y del pensamiento dominante y de la fuerza ascendente de las resistencias sociales a las políticas de austeridad. Las falacias ideológicas del neoliberalismo han quedado al descubierto, y se muestra la verdadera naturaleza de un sistema que ha perdido la coartada. La sensación de vivir en una democracia secuestrada por las finanzas, los «mercados», y las agencias de rating se ha generalizado como nunca.

La lógica del ciclo de movilizaciones actuales es defensiva, frente a una intensificación sin precedentes de los ataques contra los derechos adquiridos, y se desarrolla en medio de una correlación global de fuerzas muy desfavorable. Pero contiene en su seno elementos ofensivos, crecientemente disruptivos, y con capacidad de contraataque, que desestabilizan el funcionamiento rutinario de las instituciones. En este escenario, se intensifican la criminalización mediática y el uso de la represión política y legalse. Pero con resultados ambivalentes para el poder, que no consigue que el miedo a la represión paralice a la sociedad. Al contrario.

El intento de silenciar las revelaciones de CAFÈAMBLLET a través de la represión legal ha tenido un efecto contraproducente, y ha actuado como un poderoso altavoz que ha convertido la persecución a CAFÈAMBLLET en un símbolo de los intentos desesperados de un poder, crecientemente carente de legitimidad y de autoridad, para impedir que los trapos sucios de sus chanchullos salgan a la luz. El éxito fulgurante de «El mayor robo de la historia de Cataluña» por Internet ha avanzado paralelo al descrédito del sistema político y de las explicaciones oficiales de la crisis.

El desvío de dinero público hacia manos privadas por medios ilícitos no es un fenómeno aislado, sino un elemento estructural fruto del creciente solapamiento entre el mundo de los negocios y la política, la destrucción de los servicios públicos y el blindaje de la casta política profesional. La corrupción en la sanidad denunciada por las investigaciones de CAFÈAMBLLET está estrechamente relacionada con las políticas de potenciación del sector concertado y de privatización, abierta o encubierta, impulsadas por CiU y el PSC durante décadas. Los fuertes recortes en el sector sanitario iniciados con el gobierno de Mas entroncan con los planes privatizadores de la sanidad pública que hace tiempo que se vienen implementando. La crisis ofrece una buena oportunidad para acelerar la penetración de los intereses privados en la sanidad, un pastel que el mundo de los negocios hace años que ambiciona y que ahora tiene la ocasión de morder sin mesura.

Lo que está en marcha es, de hecho, un amplio proyecto de reorganización social y de cambio de modelo de sociedad bajo los dictados del capital financiero, del cual los recortes son la punta del iceberg. No es un proyecto acabado, ni coherente, ni planificado en su totalidad, pero asistimos a una drástica mutación del modelo social, a una especie de «tercermundialización» de las sociedades de la periferia mediterránea europea, donde las conquistas y los derechos sociales son triturados por el bulldozer de la austeridad.

Esta transformación del modelo social implica un cambio de régimen político. La involución oligárquica de las democracias parlamentarias se intensifica. Se produce un vaciado de contenido, una implosión, de los mecanismos democrático-institucionales en que se sustenta el sistema político, debido a la supeditación extrema de la política a los intereses del capital financiero. Los «golpes de Estado financieros» que vimos en Grecia e Italia con Papademos y Monti, o la toma de posiciones políticas clave para toda la Unión Europea de antiguos directivos de Goldman Sachs, son los ejemplos más claros de esta lógica. Vivimos en una «democracia» de mercado dirigida por el partido del dinero y al servicio del dinero, donde el Estado, en manos de una oligarquía financiera, actúa como un Robin Hood reaccionario que roba a los pobres para llenar las insaciables arcas de los ricos, y así se orquesta una inmensa operación de despojo social que no tiene freno.

La ofensiva total contra derechos y libertades, y la voracidad del ajuste y de la represión pueden desencadenar dos escenarios alternativos que, en realidad, se mezclarán durante mucho tiempo hasta decantarse en un sentido u otro. El primero es que el rodillo de la austeridad avance de forma implacable, triturando las resistencias a su paso, y consiga consolidar un sistema cada vez más oligárquico y un modelo de sociedad donde el capital reine sin límites. El segundo consiste en que, a riesgo de tensar demasiado la cuerda, la magnitud de la tragedia provoque un bumerán social, del que aun solo hemos visto sus prolegómenos, y acentúe la crisis de legitimidad de las instituciones políticas y económicas, para dar paso a un cambio de paradigma y de modelo en sentido solidario.

Toda crisis es un punto de inflexión en la trayectoria de una sociedad, que marca un antes y un después, y que se salda con una reestructuración de las relaciones sociales. A menudo se utiliza el túnel como metáfora de la crisis. Este, sin embargo, es un túnel con dos salidas. Una, a la derecha, marca el camino trazado por el capital financiero hacia un mundo donde reinaría sin control. La otra, a la izquierda, es la trazada por los movimientos sociales indignados y que muestra el camino hacia una sociedad justa e igualitaria. La partida está abierta, pero no hay duda de que periodistas y activistas como los de CAFÈAMBLLET contribuyen de forma valiosa e imprescindible a que el final de esta película de terror que es la crisis tenga un desenlace feliz.

Una sentencia y dos análisis

La sentencia contra CAFÈAMBLLET levantó una gran indignación entre varios colectivos. La mayoría de las críticas a la sentencia (incluida la nuestra) tienen su origen en lo que nos dicta el sentido común. Pero más allá de este sentido, que tantas veces parece ausente en la administración de justicia, creemos que es interesante leer los análisis que hacen de la sentencia el profesor Andrés Boix Palop y el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo[16].

CAFÈAMBLLET, una sentencia pusilánime

Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción.

Publicado el 6 de noviembre de 2012 en lamentable.org

La revista CAFÈAMBLLET, en edición digital y en papel, dirigida por Albano Dante y Marta Sibina, tiene como objetivo principal el análisis crítico de la situación de la sanidad en Cataluña, las irregularidades, colusión de intereses y tramas de corrupción presentes en su gestión pública, siempre con el fin de denunciar los perjuicios que esas conductas están causando al derecho fundamental a la salud de los ciudadanos. El 25 de Febrero de este año, publicaron un reportaje titulado El major robatori de la història de Cataluña en el que describe esa situación y hacen referencia, entre otros extremos, al alto dirigente de la sanidad catalana Josep Mª Via Redons, «conocido profesional en el ámbito de la planificación y gestión sanitaria» al que se relaciona con la citada situación, como se desprende de su artículo publicado en el diario El País «en el que defiende, para la sanidad, un sistema de gestión privado frente al sistema público que defienden los demandados». En dicho reportaje, se hacen afirmaciones respecto de Josep Mª Via que este consideró «inciertas» y, en consecuencia, entabló una demanda civil solicitando que los autores del reportaje fueran condenados por haber cometido una «intromisión ilegítima» en su derecho al honor personal. El proceso ante el Juzgado de 1.ª Instancia n° 37 de Barcelona concluyó con la sentencia dictada el pasado 21 de octubre condenando a Albano y Marta, por violación del derecho al honor de Josep Mª Via, a pagar una indemnización de 10.000 euros. Una vez más, la balanza se ha inclinado a favor de quienes ocupan posiciones de poder frente a quienes, con rigor y valentía, se atreven a denunciarlas y prevalecen derechos personales frente a los que sostienen el sistema democrático, como la libertad de expresión y de información.

Pero la sentencia presenta varios flancos muy vulnerables porque, en un afán de eludir la realidad sobre la que versa el reportaje, la crisis de la sanidad pública catalana, se empeña en reducir el «objeto del pleito», «única y exclusivamente en el honor del demandante» (Josep Mª Via). Y reitera que en dicho proceso no «se juzga la sanidad catalana y la existencia o no de corrupción en la misma». Lo que resulta contradictorio con sus propias valoraciones.

En primer lugar, entiende que calificar la conducta de Josep Mª Via de «vergonyós exemple» en relación a su actividad como gestor de la sanidad catalana es lícito, lo que necesariamente representa aceptar como legítimo y justificado lo que no es sino un grave reproche ético y profesional, dando por tanto la razón a los demandados. En segundo lugar, la Juez valora como irrelevante y carente de contenido ofensivo la interpelación que los demandantes hicieron a Josep Mª Via: «No li seria més còmode que li ingressessin directament els diners de la nostra sanitat a un compte a Liechenstein?». La pregunta formulada por los demandantes es considerada también por la Juez como lícita en tanto que es una mera «opinión», «desde el momento en que no se afirma que el actor tenga cuentas en dicho paraíso fiscal». Pero dicha pregunta representa un más grave reproche que la afirmación anterior. Porque, dada la naturaleza y función de los paraísos fiscales en la economía internacional, la Juez podía y debía haber actuado de otro modo más acertado y eficaz para el esclarecimiento de los hechos por los que preguntaban los demandados. Estaban planteando, una vez iniciado el proceso civil, lo que la Ley denomina cuestión prejudicial penal, es decir, la concurrencia de hechos que condicionan la resolución de dicho proceso. Pero, la Juez no lo ha valorado así. Es sabido, y desde luego, debe serlo para la Juez, que el citado Principado es el n° 40 de la relación de paraísos fiscales contenida en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de Julio. Y que la función de todos ellos es el blanqueo de capitales procedentes de toda clase de conductas delictivas, incluido el fraude fiscal. En fechas anteriores a la sentencia un diario de amplia difusión publicó que «200 empresarios usaban la red de Gao Ping para lavar dinero oculto en paraísos fiscales». Por tanto, ante una interpelación de esa envergadura, la Juez estaba obligada, en cuanto estaba «ante un hecho» con «apariencia de delito», a actuar conforme lo dispone el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, a ponerlo en conocimiento del Fiscal «por si hubiera lugar al ejercicio de la acción penal», decisión que, de haberse adoptado, podría haber puesto fin al proceso. Porque, ciertamente, a partir de las consideraciones anteriores, hubiera resultado difícil estimar como lesivo al derecho al honor del demandante la afirmación de que Josep Mª Via y otros «s’han enriquit a costa d’enfonsar la nostra sanitat».

Pero la Juez ha preferido optar por la vía más directa y represiva, entender que la atribución de ese supuesto «enriquecimiento» es «una atribución de hechos» que no cumple «el requisito de veracidad». Y lo hace a partir de una jurisprudencia del Tribunal Supremo que permitía también llegar a una distinta conclusión. Es evidente que la Juez ha otorgado preferencia, dentro de lo que se denominan técnicas de ponderación, al derecho al honor frente a la libertad de expresión y de información, pese a que este debe ocupar siempre una posición prevalente «por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático». Pero el TS es más cauto en la protección del derecho al honor: «La jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aún aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible». Criterio perfectamente aplicable a las críticas vertidas en el reportaje de CAFÈAMBLLET que han motivado una condena injustificada. No en vano, la Juez se ve obligada a reconocer que los hechos que fundamentan la condena se producen «en una situación como la actual, de profunda crisis económica, en que la ciudadanía está muy sensibilizada con los casos de corrupción», situación que, razonablemente, debería haberle conducido a proclamar la plena inocencia de Albano y Marta, nuevas víctimas de una aplicación errónea de la ley.

Derecho a informar, interés público y derecho al honor

Andrés Boix Palop, profesor titular de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal en la Universidad de Valencia.

Publicado el 24 de octubre de 2012 en lapaginadefinitiva.com y en el diario El País.

Quien esto escribe imparte clase de Derecho de Comunicación a estudiantes de Periodismo. Durante estas semanas hemos estado explicando que la libertad de información (art. 20.1 d de la Constitución Española) ampara a los profesionales del periodismo cuando aquello que cuentan es veraz y de interés público, sin que en esos casos (y siempre y cuando se den esas dos notas) quepa oponer derechos como el honor de las personas para impedir la difusión de las noticias en cuestión. Pues bien, noticias como que han condenado a unos periodistas que han destapado un caso de corrupción en la gestión público-privada de la sanidad catalana, aparentemente por destapar toda una serie de informaciones y realizar las valoraciones anexas, en íntima relación con el caso en cuestión. Si en efecto es así, no puedo sino decir que la decisión me deja perplejo y, la verdad, me hace cuestionarme hasta qué punto lo que explico en clase tiene (o no) algo de sentido.

Pero juzguen por sí mismos. Se supone que la condena es por la intromisión en el derecho al honor del señor Via (debido a un vídeo colgado por los periodistas titulado El mayor robo de la historia de Cataluña).

He estado buscando la Sentencia en cuestión, porque sinceramente, a partir de lo que se escucha en el vídeo, es francamente llamativo que se condene y, además (lo que no siempre va de la mano), también es muy difícil comprender jurídicamente la decisión. Pero, de momento, no la he localizado (si alguien la tiene, por favor, me interesaría mucho poder leerla y rectificar en su caso lo aquí expuesto). Parece, más bien, y como publicó El País, un simple aval a la estrategia de personas implicadas en casos de posible corrupción que están siendo investigados por los tribunales de atacar por medio de querellas a los informadores y a quienes destapan los escándalos como medio de defensa. En todo caso, no pasa nada tampoco por dar el beneficio de la duda a la sentencia. Quizás hay algún dato que no conozco o que se me escapa. De manera que, más allá de referirme a la decisión judicial, creo que tiene sentido hablar del vídeo en sí mismo. ¿Algo de esa índole ha de ser amparado por la libertad de información?

Analizando el vídeo con independencia de lo que puedan haber argumentado las partes y la sentencia, queda claro que al señor Via se le menciona sin imputarle delitos concretos, sino por su participación y comentarios públicos respecto de la situación (cómo se gestiona la sanidad con intervención de empresas privadas en Cataluña y, sobre todo, la opacidad y falta de transparencia respecto de muchos contratos, que impiden fiscalizar el uso de dinero público), opiniones por las que es criticado, con dureza, en el vídeo. Es cierto que hay una pregunta retórica en la que, para ridiculizar y llevar al absurdo la posición defendida por Via, se lanza la hipótesis argumentativa de que quizás lo que le parecería sensato a Via es que le ingresaran directamente el dinero en las Islas Caimán. Es cierto, también, que el vídeo habla en su título de «robo» y la expresión se repite a lo largo del mismo para calificar algunos comportamientos y actitudes (pero no en referencia concreta al Señor Via). Puestos en la balanza esos, si se quiere, «excesos expresivos» (que a mí no me lo parecen, en el fondo, pues se explican a partir de la articulación del reportaje y que por esta razón nada tienen que ver con los excesos reprobables que el Tribunal Constitucional ha señalado, por ejemplo en sus sentencias Comandante Patiño I (STC 171/1990) y Comandante Patiño II (STC 172/1990), que significan que se pierda el amparo de la libertad de información y no sea aceptable la inmisión en el honor de los ciudadanos, aunque se traten asuntos veraces y de interés público, pues una interpretación amplia de la exigencia de profesionalidad periodística que incluye la Constitución obliga a excluir ciertos excesos expresivos y calificativos innecesarios y que nada aportan, con el contenido material del reportaje y de la información periodística que se aporta, esto es, la denuncia de unos hechos que se han considerado no solo de evidente interés público sino, además, veraces hasta el extremo de ser el origen de varias investigaciones judiciales, ¿tiene sentido que una democracia liberal y transparente, donde la fiscalización de los poderes públicos sea efectiva, no permita que se publique algo así?

Entender que un vídeo de estas características no debe ser amparado por la libertad de información nos lleva a una interpretación restrictiva y pacata de la manera en que un profesional ha de ejercer como tal y del modo en que puede contar las noticias en los tiempos que corren, absolutamente desconectada de la realidad. Quizás, también, un juicio restrictivo es asimismo manifestación de profunda desconfianza hacia el trabajo periodístico de pequeños medios que usan Internet, del uso del vídeo y las redes sociales… o incluso del periodismo hecho por no profesionales (puesto que los periodistas del vídeo sí lo son, pero independientes… lo que nos hace pensar qué habría pasado si esto fuera una denuncia de un ciudadano). Las consecuencias de una visión semejante son evidentes: restringir el flujo de información de interés público.

Este efecto es, justamente, lo que todos los tribunales constitucionales en la materia dicen que hay que tratar de evitar si no queremos que, ante esas exigencias y requisitos excesivos, que cargan a los periodistas y a los ciudadanos que informan con responsabilidades desproporcionadas, acabe produciéndose un efecto «silenciador», el chilling effect del que ya hablara el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: por miedo a ser condenado a la mínima, no informo; o solo informo cuando un grado de certeza inalcanzable, a efectos prácticos, en la mayoría de los casos en la vida real; o no informo si soy pequeño, o si uso las redes sociales; o no informo empleando un lenguaje comprensible sino usando modismos jurídicos muy prudentes, pero que hacen que la información ni se entienda ni fluya… Todo lo cual es muy perjudicial socialmente, porque nos empobrece, nos hace ignorantes de muchas cosas que están pasando y, en definitiva, por emplear la expresión clásica, bloquee el libre flujo de noticias imprescindible para la formación de una opinión pública libre en una sociedad democrática.

Actualización

Una vez leída la sentencia, se puede confirmar que la misma es un desafortunadísimo ejemplo de cómo limitar la libertad de expresión e información de un modo que, si se generalizara, se cargaría la prensa libre tal y como la conocemos, así como la posibilidad de informar sobre asuntos públicos. La frase que la sentencia considera que supone una intromisión en el honor es «vergonyós exemple» o «gent com vostè, com Bagó, com Manté i tants altres que s’han enriquit a costa d’enfonsar la nostra sanitat», que el juez entiende que no puede considerarse una «expresión de una idea o una opinión, sino más bien una atribución de hechos que no estaría, por lo tanto, amparada en la libertad de expresión sino, en su caso, en el derecho a la información» que para «prevalecer sobre el derecho al honor es necesario que cumpla con el requisito de veracidad».

La sentencia es lamentable, como confirma su lectura, desde cualquier punto de vista, pero también jurídicamente. En primer lugar porque, como resulta obvio, afirmar de un empresario de la sanidad que se ha enriquecido gestionando la sanidad pública y que el resultado ha sido hundirla tiene un contenido valorativo evidente. Un contenido que a partir de valoraciones genéricas muy semejantes se repite, día a día, en casi cualquier medio de comunicación («A base de dar dinero a sus amigos en la banca y empresas públicas el presidente del gobierno está hundiendo el país») sin que nadie en su sano juicio considere que la emisión de esas opiniones está fuera del legítimo derecho a la crítica política que pueden hacer medios de comunicación y ciudadanos. Es más, que es sano que hagan medios de comunicación y ciudadanos en una democracia normal.

En segundo lugar, porque si aceptáramos la tesis del juez, esto es, que esa frase contiene información que afecta al honor de una persona y que solo puede emitirse legítimamente si se demuestra su veracidad, se imponen dos conclusiones:

que el carácter genérico de la afirmación hace sencillo probar los únicos hechos sobre los que versa (enriquecerse con ese negocio y que esté relacionado con el estado de la sanidad catalana);

que el juez, en ese caso, debería haber dejado a los imputados intentar probar esas afirmaciones, ¡algo que sorprendentemente les niega diciendo que el proceso no puede convertirse en un juicio a la sanidad catalana! O sea, que dice que la afirmación genérica ha de ser probada y antes, él mismo, había dicho que ese tipo de afirmaciones genéricas no tiene sentido probarlas ni pueden ser objeto del proceso. De locos.

Mecenas

«Cuando se habla de los límites del micromecenazgo como forma de financiar el periodismo, hay que recordar que, desde hace más de un siglo, cada mañana se hace un micromecenazgo en millones de quioscos de todo el mundo».

CAFÈAMBLLET

¡1.000 gracias!

El libro que tenéis en las manos ha sido posible gracias a las aportaciones de 975 personas y entidades, que han creído que este era un libro necesario. Queremos gradecer esta confianza. Este libro es el resultado de muchos pequeños movimientos, de muchas voluntades separadas que se unen para lograr un objetivo común. Curiosamente, este mecanismo de pequeñas voluntades unidas será, sin duda, el que resuelva los problemas que describe el libro.

Para nosotros, ha sido un enorme placer trabajar en esta tarea que nos habéis encomendado, y esperamos que el resultado esté a la altura de vuestras expectativas.

Muchas gracias,

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Maria Roda Moruno

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Luis Dueñas

Mariab

Luis Laguna Estaún

Mariangeles López

Luisa Trueba Mira

Marina Masclans Galimany

LuMar

Marina SB

Lvis

Mariona

Lydia Gil

Marisol Soto Romero

M.Reguant

Marisol Veres

M Carmen Saez

Marta Mayoral Roca

M. Jesús Gómez

Marta Mejias

M. Manyosa Masip

Marta Rodrigo

M.Martínez Maimó

Marta Viader

Mffi Carmen Nicás Fiances

Martí C. i Clara V.

Mffi José Lecha

Martí Colominas Gener

Macià

Martí Llagostera

Martí López

Ntxeo

Martí Torrents Lapuerta

Núria Borrull

Massagran9

Núria Campabadal Turmo

Matías Moreno

Núria P.

Matthieu Perrelle

Núria Puigbó

Max Akers Simoes

Núria Queraltó

Mediterranean Hostel Barcelona

Núria Vidal de Llobatera

Mercè Baiges Blanco

Nzungu

Mercè Delgado Belmonte

O Rafinha do mundo

Mercè Marsal i Puig

Ojosquelefan

Meri Gil

Oriol Andrés Gallart

Meritxell i Agustí

Oriol chertó solé

Miguel Angel Encuentra Acubierre

Oriol Méndez

Miguel García (@15Mmikel)

Oriol Mondéjar

Miguel Santolaria

Oriol Rigola Díaz

Mikel Ogueta

Oriol Vallès Codina

Mingo Castellnou

Oscar

Miquel Àngel Claveria

Òscar Gargallo

Miquel Nadal Vela

Oscar GM

Miquel Vallmitjana

Oscar i Lourdes

Miquel y Sylviane

Oscar Martos

Mireia Amigó Rodrigo

Oscar Pàmies

Mireia Ros i Marta Roda

Oscar Paytuvi

Mireia V. U.

Pablo Azpilicueta

Míriam Nogueras

Pablo Bonat

Mita Oliver

Pablo Peralta de Andrés

MJ Fernandez de Sanmamed

Paco González (iaioflautas)

Mònica Elias Papió

Paco Priego

Mónica Lanza Barrena

Paloma Azpilicueta

Monica Perez

Paqui Urbano Mármol

Monica Sanchez

Partisano.cat

Monts&Lluís

Pau Diaz

Montse Ballesteros

Pau Frechiné

Montse Escribano

Pau Llop

Montse Freixes

Pau Martí Tarruell

Montse Santolino

Pau Planelles Oliva

Montserrat Juve “poranea”

Pauline Ratzé

Montserrat gs

Paumu

Montserrat Vivó i Parellada

Pedro Gómez López

MX.G.Fontela

Pedro Mendez

Nachete

Penyi

Nakh Fernández Capel

Pep Aced

Natalia Jojart

Pep Bisquert

Nene Coca

Pep Caballé

Néstor Bogajo

Pep Martí

Neus Sanchis i Montiel

Pepe Castelltort

Nila Nielsen

Pepe Pardo

Noelia Olmedo Cubí

Pere Anton Bertran Rosell

Pere Caparrós

Sara Ferrer

Pere Dot

Sara Montesinos

Pere Freixa

Sara Ortiz Medina

Pere Losantos Viñolas

Sebastian Tejada Garcia

Pessicdesal

Sebastián Vignoli Carradori

Pirates de Catalunya - PIRATA.CAT

Sedoca

Pol Ferre i Samon

Seguí Jover

Querolus

Sergi Morella

Queta Vidal

Sergi Sánchez

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Sílvia Gallego

Rafael Llanas

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Ramir Calvo i Cubedo

Sílvia H

Ramon Bellmàs Sanz

Sílvia Martínez

Ramon Mallafré Gispert

Sisco Garcia

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Ramon Pedro Castellà

Sonia HA

Ramon Salvat-Reus

Sònia Mataró

Ramon Serna

Sonia Tierz

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Sote

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Ssoí Ramon

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Supermanué

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Susanna

Raquel Mena Garcia

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Este libro se puede descargar y consultar gratuitamente en la página web www.dondeestamidinero.com. En www.onsonelsmeusdiners.cat para su versión en catalán.

MARTA SIBINA i CAMPS. Nacida en Breda (Girona) el 15M de 1973. Actualmente trabaja como enfermera quirúrgica. Es fundadora y editora de la revista CAFÈAMBLLET.

ALBANO DANTE FACHIN. Nacido en Bahía Blanca (Argentina) el 22 de abril de 1976. Es fundador y director de la revista CAFÈAMBLLET.

Notas

[1] El 8 de julio de 2009 el Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC) cambia de nombre y pasa a llamarse Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC). Para facilitar la lectura, a lo largo de los siguientes capítulos utilizaremos siempre las siglas CHC.<<

[2] En el original en catalán se hace un juego de palabras entre «consorci», que significa «consorcio», y «conxorxar-se», que significa «conchabarse». (Nota del Traductor)<<

[3] Por imperativo legal, este párrafo no puede ser reproducido. Más información: capítulos 12 y 15.) <<

[4] En este sentido, en Cataluña ha habido varias personas que también han usado YouTube como amplificador de manera muy efectiva. Josep Casadellà —con quien coincidimos en la lucha por la re-apertura de los CAP de la Selva— inició el movimiento # novullpagar con un vídeo colgado en YouTube. En la descripción del vídeo se puede leer: «Si solo lo hago yo, no pasará nada. Si lo hacemos todos, no sabrán qué hacer». Por su parte, la opinión del ex agente de la Guardia Urbana, José Martínez Díaz la acción de los Mossos durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 tuvo un enorme impacto. Ese día los Mossos lanzaron gases lacrimógenos contra la multitud que se congregaba pacíficamente en el paseo de Gracia de Barcelona. <<

[5] Los textos completos de Andrés Boix Palop y Carlos Jímenez Villarejo se pueden consultar en el anexo número 4.<<

[6] Por ejemplo, en una entrevista del diario Ara Terribas le preguntó al consejero Boi Ruiz sobre los escándalos en la sanidad, y este contestó: «El Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CHC) no tiene nada que ver con la Generalitat». Es decir: tenemos un consejero de Sanidad que es un mentiroso. Lo digo de nuevo para que no quede ninguna duda: Boi Ruiz es un mentiroso, miente a los periodistas. Según Boi Ruiz, una organización que gestiona cientos de millones de euros de los presupuestos de la Generalitat «no tiene nada que ver con la Generalitat».<<

[7] Según la lista de precios públicos del Instituto Catalán de la Salud. Año 2012. <<

[*] Datos del Eurostat, la Generalitat de Cataluña y el CAPS, recogidos en el informe «Análisis del presupuesto de salud 2011 y propuestas alternativas para mejorar el sistema público de salud»
(http://www.caps.cat/images/stories/DOCUMENT_DE_TREBALLpremsa.pdf).<<

[8] Trabajo publicado el 11 de septiembre de 2012 en la publicación especial Basta de corrupción en la sanidad pública y elaborado conjuntamente por CAFÈAMBLLET, Catac-CTS-IAC y la Candidatura de Unidad Popular (CUP).<<

[9] Responsables de la elaboración del documento: Agustí Colom. Profesor de Economía, Universidad de Barcelona, Santiago Marimón. Economía y sistema de información en salud. Miembro del CAPS, Josep Artigas. Abogado, gestión sanitaria. Miembro del CAPS, Antoni Barbarà. Médico, Dempeus per la Salut, Carme Borrell. Médica salud pública, miembro del CAPS, Lluís Camprubí. Investigador salud pública, grupo GREDS-EMCONET. Universidad Pompeu Fabra, Olga Fernández. Psicóloga, gestora de E-criterium, miembro del CAPS, Albert Ferris. Consultor, miembro del CAPS, Joan Ramón Laporte. Catedrático de Farmacología, Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Martí. Médico, miembro del CAPS, Ángels Martínez. Economista, Dempeus per la Salut, Ramón Morera. Médico, Foro Catalán de Atención Primaria (FOCAP), Carme Valls. Médica, miembro del CAPS, Francesca Zapater. Médica, presidenta del FOCAP. <<

[10] Participantes: Ángels Martínez Castells (Dempeus per la Salut Pública), Montse Vergara (GREDS-EMCONET), Joan Benach (GREDS-EMCONET, UPF), Lucía Artazcoz (ASPB), Carme Borrell (ASPB), Antoni Barbarà (Dempeus per la Salut Pública), Noelia Vázquez, Albert Planas (FOCAP), Sergi Raventós (Fundación Tres Turons), Laura Leyva (Asociación CEPS-Salut), Joan Ramón Laporte (Farmacología, UAB), Gustavo Subirats (Asociación DMD), Jordi Calm (Plataforma de Fibrofamiliares), Verónica Miró (Som lo que Sembrem), Josep Martí (CAPS), Toni Solanas (Agrupación AuS), Loly Fernández (Salud Laboral CCOO), Gianfranco Pani (AICEC-ADICAE), Lluís Juberías (Col·lectiu Inflexió), Felipe López Arangueren (Comunicación), Helena Álvarez (Coordinadora). <<

[11] «Capitalismo y corrupción», Revista Sin Permiso. 4/2/2007. <<

[12] Llamamiento del XXIII Congreso Mundial de Filosofía de Mayo de 2005. Celebrado en Granada. <<

[13] Clara Valverde. No nos lo creemos. Un lectura crítica del lenguaje neoliberal. Editorial Icaria. Enero, 2013. <<

[14] Profesor de Derecho Penal José Ramón Serrano-Piedecasas. «Prólogo» a la obra Poder y Delito. Escándalos Financieros y Políticos. Varios Autores. Editorial Ratio Legis. Salamanca, 2012. <<

[15] Ver textos completos de la denuncia presentada por organizaciones sociales y particulares ante la Fiscalía Superior de Cataluña el 21 de marzo y desestimada el 10 de mayo y de la querella formulada el 19/11/2012 por varias organizaciones cívicas ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia y rechazada por Auto de 4/2/2013, en: http://AfectadasPorLosRecortesSanitarios.wordpress.com.<<

[16] La sentencia íntegra puede encontrarse en http://www.cafeambllet.com/press/wp-content/uploads/2012/10/sentencia_links.pdf, así como el escrito que la recorre ante la Audiencia Provincial. <<