SINOPSIS

La aparición de un desconocido virus en China en diciembre de 2019 mereció breves y confusos titulares, pues nadie supo prever su posterior conversión en pandemia global. En cuestión de semanas, la economía mundial se detuvo abruptamente: los aviones permanecían en tierra, las cadenas de suministro se rompían y sectores completos como el turismo reducían su actividad a cero. Ni tan siquiera los mercados financieros, tan alérgicos al riesgo, pudieron preservarse de un colapso económico que provocó la caída más rápida y fuerte de los mercados de valores desde 1929.

De la noche a la mañana, nuestro mundo cambió y 2020 se convirtió en un año de inflexión. El gran cronista de la pasada crisis financiera, el economista Adam Tooze, nos presenta el análisis mejor informado sobre la historia de ese cierre y sobre hacia dónde nos dirigimos. Gracias a su acceso privilegiado a datos, protagonistas e instituciones se relata, de forma convincente y a veces impactante, cómo ha repercutido este desafío tanto en los grandes centros económicos mundiales como en los mercados emergentes. Mientras nos aferramos al milagro tecnológico y del conocimiento en forma de vacuna, la crisis del coronavirus ha evidenciado nuestra fragilidad.

ADAM TOOZE

EL APAGÓN

Cómo el coronavirus sacudió

la economía mundial

Traducción castellana de

Iván Barbeitos

A nuestros amigos viajeros

AGRADECIMIENTOS

Este libro no fue planeado. Estoy aún más agradecido de lo habitual a Sarah Chalfant y James Pullen, de la Agencia Wylie, que apoyaron la idea de hacer un «libro de 2020», y a Wendy Wolf y Simon Winder, mis editores estadounidenses y británicos, por hacer que El apagón fuese posible. Ha sido una colaboración inusualmente rápida e intensa. Gracias también a Terezia Cicel y a todo el equipo de producción por llevarme a buen puerto. Un agradecimiento especial a Detlef Felken, de Beck, con quien he colaborado por primera vez.

Graham Weaver resultó inestimable para ayudarme a terminar el manuscrito a tiempo, y sería incapaz de manejar mi vida digital sin el apoyo de Kate Marsh. Estoy profundamente en deuda con ellos.

Este 2020 fue un año de furioso debate y discusión. Mis amigos de Twitter, demasiado numerosos para mencionarlos todos aquí, reconocerán momentos de ping-pong en algunas de las páginas que siguen a continuación, especialmente el fenómeno que lleva el nombre de Albert Pinto, alias @70sBachchan.

En Foreign Policy, mi editor Cameron Abadi ha sido un colaborador ideal y una verdadera caja de resonancia. Gracias, Jonathan Tepperman por acoger mi proyecto. Y gracias también a Jonathan Shainin, Yohann Koshy y David Wolf de The Guardian, Paul Myerscough de London Review of Books, y Henning Meyer y Robin Wilson de SocialEurope.com.

A medida que el manuscrito iba tomando forma, tuve la suerte una vez más de contar con la camaradería de un grupo de amigos con los que, a lo largo de los años, he acumulado tantas deudas intelectuales que ya no puedo enumerarlas de manera coherente. Tener a Matt Inniss, Ted Fertik, Stefan Eich, Nick Mulder, Barnaby Raine y Grey Anderson como primeros lectores es realmente un privilegio. Verán la huella de sus comentarios en todo este libro. En particular, estoy en deuda con Daniela Gabor por su indispensable orientación técnica sobre varios capítulos clave, ofrecida de manera incisiva y extremadamente rápida. Si este libro añade algo al proyecto colectivo de microfinanzas críticas, Daniela merece la mayor parte del crédito.

Durante todo el año he aprendido de talleres y seminarios organizados por Joerg Haas en el Heinrich Boell Stiftung, en el contexto del proyecto Respuestas Transformadoras. El salón de banca central en línea orquestado por Leah Downey y Stefan Eich ha sido un auténtico deleite. Fue un placer hablar con Paul Tucker. Keith Breckenridge reunió a un notable grupo de colegas para tres seminarios en línea basados en WiSER (The Wits Institute for Social and Economic Research, Universidad de Witwatersrand). Gracias a Jakob Vogel, mi viejo amigo de Berlín, por un gran seminario en el Centre Marc Bloch. Martijn Konings convocó un superpanel en la Universidad de Sídney para la conferencia Wheelwright. Aprendí muchísimo en una mesa redonda ad hoc con Vera Songwe y Bartholomew Armah, de la UNECA. Josh Younger me ha instruido sobre los mercados de bonos, y Lev Menand, sobre la Reserva Federal. Megan Greene me ha enseñado muchas cosas sobre los tipos de interés duales, mientras que Robin Brooks y el equipo del IIF han sido una fuente esencial de datos y análisis. Todos los gráficos de este libro llevan su impronta.

Por una serie de fascinantes conversaciones a lo largo del año me gustaría dar las gracias, en ningún orden en particular, a Eric Levitz, Gilliant Tett, David Pilling, Gideon Rachman, Michael Pettis, Robert Harris, Georg Diez, Karin Pettersson, Joe Weisenthal, Tracey Alloway, Nathan Tankus, Benjamin Braun, Mark Sobel, Rohan Grey, Alex Doherty, Mark Schieritz, Menaka Doshi, Brad Setser, Ezra Klein, Elisabeth von Thadden, Ben Judah, Matt Klein y Jordan Schneider, así como a Helen Thompson, David Runciman, Hugo Scott-Gall, Lisa Splanemann, Eric Graydon, David Wallace-Wells, Aaron Bastani, Lee Vinsel, Kaiser Kuo, Noah Smith, Ian Bremmer, Wolfgang Schmidt, Ole Funke, Moritz Schularick, David Beckworth, Christian Odendahl, Ewald Engelen, John Authers y Luis Garicano.

Durante el primer semestre de 2020 estuve de excedencia, por lo que estoy muy agradecido a la Universidad de Columbia. En ese momento, Adam Kosto estaba ejerciendo de jefe de mi departamento. Me gustaría expresarle mi más sincero agradecimiento por lo que hizo por mí. Adam no es solo un erudito fabuloso, sino también un líder académico extraordinario. Alegre, decidido, claro, centrado en las cosas que deberían servir de base de un departamento académico (ideas y libros…). Todos necesitamos a gente como Adam, y podemos considerarnos afortunados si los encontramos en el lugar correcto en el momento adecuado.

La conmoción de 2020 fue profunda y afectó a prácticamente todos los habitantes del planeta en su vida cotidiana, alterando los planes de cada uno de nosotros y el delicado equilibrio de nuestro entorno familiar. Durante los últimos veinte años, cada uno de los libros que he ido publicando han estado entrelazados con las distintas etapas de la vida de mi hija Edie. Esta es la primera vez que escribo sobre una conmoción que afectó también a su vida, junto con la mía y la de todos los que conocemos y nos importan. Una de las formas en que sentí más profundamente esa conmoción global fue a través de Edie, como padre. Nunca olvidaré la apresurada evacuación de su residencia de estudiantes y las extrañas semanas que siguieron. El año 2020 fue horrible para muchos jóvenes de todo el mundo, ya que un año dedicado al encierro es una pérdida insustituible. No puedes recuperar tu segundo año de universidad. Estoy profundamente impresionado por cómo Edie y sus compañeros han puesto al mal tiempo buena cara, y por cómo han sabido sacar el mayor partido a la situación.

En cuanto a mi propia forma de sobrellevarla, tengo una enorme deuda con dos terapeutas, el doctor Donald Moss y el doctor Montie Mills Meehan. Aunque el entrenamiento de la vida es en sí mismo una terapia, no estoy seguro de que hubiera sido capaz de escribir este libro sin ellos. Soy muy afortunado por no haber tenido que intentarlo.

Lo peor que tuvo que sufrir mucha gente durante el año 2020 fue la soledad. Yo nunca me sentí solo, ya que pude hablar con enjambres de amigos y familiares en innumerables llamadas por Zoom. Quiero felicitar a mi primo Jamie por mantener unido al extenso clan Wynn-Tooze. Fue genial volver a conectar con James Thompson y Max Jones. Hubo charlas memorables con Paul Solman, David Edgerton, Hans Kundnani y Danilo Scholz.

Aun así, como hemos descubierto por las malas, no hay nada como ver a la gente en carne y hueso. Casi todos los días me reunía con los conocidos durante los paseos con nuestros perros por «la colina», en Riverside Park, para compartir, tanto en las mañanas fangosas como en las soleadas, las preguntas de la vida y el progreso de este libro. Un saludo por tanto a la pandilla de los perros, Jim y Merrill, Simon y Meredith, Terry y Adrian, Arisa, Ali y, sobre todo, a Michelle Lehrman y a las criaturas alegres y despreocupadas que nos unen: Yan Yan, Effi, Rocket, Betty Boo, Iro, Keila, Apollo y nuestra propia Ruby, también conocida como «la ladrona de corazones», nuestra compañera infinitamente hilarante y adorable.

También he disfrutado del ritual semanal de cenas con Simon y Jane —separados por la distancia adecuada, con protección total y cada uno con sus cubiertos—, en el pequeño vestíbulo frente al ascensor en el séptimo piso de nuestro edificio de apartamentos. La calidez de las amistades cotidianas nos vio pasar por algunos malos momentos en la ciudad de Nueva York. Me alegro de que nos hayamos quedado. Sin embargo, fue duro. Necesitábamos escapar. Visitas esporádicas a nuestros queridos amigos Brent Donovan, Isabel Barzun y Gavin Parfit, Janet y Ed Wood ofrecieron alivio y compañía encantadora.

Viví este año con Dana Conley de principio a fin, lo cual no es algo que por lo general podamos decir. Dana leyó y comentó de forma meticulosa prácticamente todas las páginas del manuscrito, pero, sobre todo, me sirvió de inspiración. La industria de los viajes fue la víctima más directa del cierre. Ha sido profundamente impresionante estar a su lado mientras se enfrentaba a la crisis, día tras día, trabajando con colegas de todo el mundo para sobrellevar sus vidas en suspenso, afrontando de forma colectiva el desempleo, la pérdida de ingresos, la ansiedad y la conmoción. Imaginar que esto nos sucedía no solo a nosotros, sino a todos los que conocemos en el mundo de los viajes de Dana —a Julian y Sophie, a Lionel y Dominique, a Tim y Tek y a Robert y Seph, desde el Reino Unido, Francia, Italia, Tanzania y Camboya, en hoteles, restaurantes, bodegas, reservas de caza y sitios turísticos— era vertiginoso. Y aún más impresionante ha sido ver a Dana mientras reunía a esa comunidad en línea, mostrando talentos, añadiendo nuevos amigos —un abrazo para vosotros, Ross y Craig—, iniciando conversaciones que se extendían por todo el globo… He sido testigo de primera mano de cómo la energía, el entusiasmo, la amabilidad y el encanto de Dana obraban su magia en muchos lugares. Lo más extraordinario de este año 2020 fue comprobar que la sensación de disfrute social compartido se reflejaba en nosotros, en esta ocasión desde docenas de pantallas de Zoom, virtuales, sí, pero inconfundiblemente reales. A ese espíritu de comunidad creado e impulsado por Dana, mi extraordinaria esposa, está dedicado este libro.

INTRODUCCIÓN

Si existe una sola palabra que puede resumir lo ocurrido en 2020, sin duda es «incredulidad». Entre el día en el que Xi Jinping reconoció públicamente el brote de coronavirus, el 20 de enero de 2020, y el día de la toma de posesión de Joseph Biden como 46.° presidente de Estados Unidos un año exacto después, el 20 de enero de 2021, el mundo se vio sacudido por una enfermedad que en el espacio de doce meses había matado a más de 2,2 millones de personas y provocado que decenas de millones cayesen enfermas de gravedad. A finales de abril de 2021, cuando este libro iba camino de la imprenta, la cifra total de muertes superaba los 3,2 millones. El peligro interrumpía la rutina diaria de casi todos los habitantes del planeta, detenía gran parte de la vida pública, cerraba escuelas, separaba a las familias, cancelaba viajes nacionales e internacionales y provocaba que la economía mundial frenase en seco. Para contener las consecuencias, el apoyo del gobierno a los hogares, las empresas y los mercados alcanzaba dimensiones desconocidas hasta entonces en tiempos de paz. No solo era con diferencia la recesión económica más pronunciada desde la segunda guerra mundial, sino que además era cualitativamente única. Nunca antes se había producido la decisión colectiva, aunque también descoordinada y desigual, de paralizar grandes sectores de la economía mundial. Era, en palabras del Fondo Monetario Internacional (FMI), «una crisis como nunca se ha visto».¹

La aparición del virus fue el detonante, pero incluso antes de que supiéramos lo que se nos venía encima ya había muchas razones para pensar que 2020 podría ser un año tumultuoso. El conflicto entre China y Estados Unidos estaba muy cerca de alcanzar el punto de ebullición.² Una «nueva guerra fría» flotaba en el aire. El crecimiento mundial se había desacelerado gravemente en 2019. Al FMI le preocupaba el efecto desestabilizador que la tensión geopolítica podría tener en una economía global muy endeudada.³ Los economistas habían elaborado nuevos indicadores estadísticos para hacer un seguimiento de la incertidumbre que estaba atascando la inversión.⁴ Los datos sugerían que la fuente del problema estaba en la Casa Blanca.⁵ El 45.° presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había logrado convertirse en una verdadera obsesión global. Trump se presentaba a la reelección en noviembre y parecía empeñado en desacreditar el proceso electoral, incluso si conseguía la victoria. No en vano el lema de la edición de 2020 de la Conferencia de Seguridad de Múnich —el equivalente a la Conferencia de Davos para los encargados de la seguridad nacional— era «Westlessness».* ⁶

Además de las preocupaciones relativas a Washington D.C., las interminables negociaciones del Brexit estaban tocando a su fin a comienzos de 2020, y lo que era aún más alarmante para Europa era la perspectiva de una nueva crisis de refugiados.⁷ En segundo plano acechaba tanto la amenaza de una espantosa escalada final en la guerra civil siria como el problema crónico del subdesarrollo. La única manera de impedir esto era dinamizar la inversión y el crecimiento en el sur global. El flujo de capital, sin embargo, era inestable y desigual. A finales de 2019, la mitad de los prestatarios de ingresos más bajos en el África subsahariana ya estaban cerca de no poder pagar su deuda.⁸

Y un aumento del crecimiento no era ninguna panacea, ya que traería más presión sobre el medio ambiente. El año 2020 era decisivo en la política del clima. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, la llamada COP26, estaba programada para celebrarse en Glasgow en el mes de noviembre, pocos días después de las elecciones estadounidenses,⁹ y marcaría el quinto aniversario del acuerdo climático de París. Si ganaba Trump, lo cual parecía muy posible a principios de año, el futuro del planeta estaría en juego.

La omnipresente sensación de riesgo y ansiedad que flotaba alrededor de la economía mundial supuso un cambio significativo. No mucho antes, el aparente triunfo de Occidente en la Guerra Fría, el auge de las finanzas de mercado, los milagros de la tecnología de la información y el imparable alcance del crecimiento económico parecían haber consolidado la economía capitalista como el motor de la historia moderna.¹⁰ En la década de 1990, la respuesta a la mayoría de las preguntas políticas parecía sencilla: «Es la economía, estúpido».¹¹ A medida que el crecimiento económico iba transformando las vidas de miles de millones de personas, empezó a no haber, en palabras de Margaret Thatcher, «ninguna otra alternativa», es decir, que no había alternativa a un orden basado en la privatización, la escasa regulación y la libertad de circulación de bienes y capitales. En 2005, hace apenas unos años, el primer ministro británico, el centrista Tony Blair, llegó a declarar que discutir sobre el avance de la globalización tenía tanto sentido como discutir sobre si el otoño debería seguir al verano.¹²

En 2020, sin embargo, tanto la globalización como las estaciones estaban en entredicho. La economía había pasado de ser la respuesta a ser la pregunta. La réplica obvia a «Es la economía, estúpido» había empezado a ser «¿La economía de quién?», «¿Qué economía?», o incluso «¿Qué es la economía?». Una serie de profundas crisis —que comenzaron en Asia a finales de la década de 1990 y pasaron al sistema financiero atlántico en 2008, a la eurozona en 2010 y a los productores mundiales de productos básicos en 2014— habían sacudido la confianza en la economía del mercado.¹³ Todas esas crisis habían sido superadas, pero solo gracias al gasto público, y las intervenciones de los bancos centrales pusieron en duda preceptos hasta entonces intocables sobre los «gobiernos poco intervencionistas» y los «bancos centrales independientes». ¿Y quién salió ganando? Mientras que los beneficios seguían siendo privados, las pérdidas se socializaban. Las crisis habían sido provocadas por la especulación. La magnitud de las intervenciones necesarias para estabilizarlas había sido histórica. Sin embargo, la riqueza de la élite mundial continuaba expandiéndose. ¿Quién podría sorprenderse de que el aumento de la desigualdad acabase provocando un auge populista?¹⁴ Lo que querían muchos votantes del Brexit y de Trump era poder recuperar «su» economía nacional.

Mientras tanto, el espectacular ascenso de China privó a la economía de su inocencia en un sentido distinto. Ya no estaba claro que los grandes dioses del crecimiento estuvieran del lado de Occidente, lo cual, según parece, alteró un importante supuesto sobre el que hasta entonces había consenso en Washington. En muy poco tiempo, Estados Unidos dejaría de ser el número 1. De hecho, estaba cada vez más claro que los dioses, al menos los representados por la diosa de la naturaleza, Gaia, no parecían estar de acuerdo con el crecimiento económico.¹⁵ El cambio climático, que en un principio había sido una preocupación exclusiva del movimiento a favor del medio ambiente, pasó a convertirse en la representación de un desequilibrio más amplio entre la naturaleza y la humanidad. Los debates sobre «acuerdos verdes» y transiciones energéticas comenzaban a surgir por doquier.

Con posterioridad, en enero de 2020, la noticia salía de Pekín. China se enfrentaba a una epidemia en toda regla provocada por un nuevo coronavirus, una epidemia ya entonces considerada peor que el brote del síndrome respiratorio agudo (SARS) que en 2003 había provocado verdaderos escalofríos. Este era el «retroceso» natural del que los activistas ambientales nos habían advertido durante mucho tiempo, pero si bien el cambio climático nos había hecho expandir nuestras mentes a una escala planetaria y establecer un calendario en términos de décadas, el virus era microscópico, omnipresente y se movía a un ritmo de días y semanas. No afectaba a los glaciares y a las mareas oceánicas, sino a nuestros cuerpos. Se transmitía a través de nuestra respiración, y no solo ponía en entredicho las economías nacionales, sino también la economía global.

El virus, que en enero de 2020 sería etiquetado como SARS-CoV-2, no era un cisne negro, es decir, un fenómeno inesperado e improbable. Era más bien como la extinción del rinoceronte gris, un riesgo que se había dado tanto por sentado que se había llegado a subestimar.¹⁶ Al emerger de las sombras, el rinoceronte gris SARS-CoV-2 tenía todo el aspecto de una catástrofe anunciada. Era el tipo de infección altamente contagiosa, similar a la gripe, que los virólogos habían predicho, y que provenía de uno de los lugares de los que se esperaba que viniera: la región de intensa interacción entre vida salvaje, agricultura y poblaciones urbanas que abarca todo el este de Asia.¹⁷ Se extendió, como era de prever, a través de los canales de transporte y comunicación global, y, en rigor, podría haber llegado incluso antes.

En el campo de la economía se han generado muchos debates sobre la llamada «conmoción china», es decir, sobre el impacto de la globalización en los mercados laborales occidentales y el repentino aumento de las importaciones procedentes de China a principios de la década de 2000.¹⁸ El SARS-CoV-2 era una «conmoción china» en toda regla y con trazas de venganza. En los tiempos de la Ruta de la Seda, las enfermedades infecciosas habían viajado de este a oeste a través de Eurasia. En aquella época, la propagación se había visto limitada por el lento ritmo de los viajes, ya que, en la era de la navegación marítima, los portadores de la enfermedad solían morir por el camino. En 2020, sin embargo, el coronavirus se movía tan rápido como el avión y el tren de alta velocidad. En 2020, Wuhan era una próspera metrópolis de inmigrantes recientes. La mitad de la población dejaría la ciudad para celebrar el Año Nuevo chino. El SARS-CoV-2 tardaría solo unas semanas en propagarse desde Wuhan a toda China y a gran parte del resto del mundo.

Un año más tarde, el mundo se tambaleaba. En el registro histórico del capitalismo moderno nunca había habido un momento en el que cerca del 95 % de las economías del mundo sufrieran una contracción simultánea del PIB per cápita, como ocurriría durante el primer semestre de 2020.

Figura 1. Proporción de economías con una contracción anual en PIB per cápita. Prediciendo un desastre global, junio de 2020. Las zonas sombreadas indican recesiones globales. Los datos para 2020-2021 son predicciones. (Fuente: A. Kose y N. Sugawara, «Understanding the depth of the 2020 global recession in 5 charts», World Bank Blogs, 15 de junio de 2020.)

Más de 3.000 millones de adultos fueron despojados de sus trabajos casi de la noche a la mañana, o empezaron, no sin muchos problemas, a trabajar desde casa.¹⁹ Cerca de 1.600 millones de jóvenes vieron interrumpida de golpe su educación presencial.²⁰ Aparte de la interrupción sin precedentes de la vida familiar, las estimaciones del Banco Mundial preveían que las pérdidas debido al capital humano podrían alcanzar los 10 billones de dólares.²¹ El hecho de que el mundo en toda su globalidad llevase a cabo de forma voluntaria semejante paralización hacía de esta recesión algo completamente diferente a cualquier recesión anterior. Uno de los principales objetivos de este libro consiste en averiguar quién tomó las decisiones, dónde y en qué condiciones.

Era, como todos experimentamos, una perturbación que iba mucho más allá de todo lo que se podía observar en las estadísticas del PIB, el comercio y el desempleo. La mayoría de las personas nunca habían sufrido una interrupción tan grave de su vida cotidiana, y ello provocó estrés, depresión y angustia mental. A finales de 2020, la mayor parte de la investigación científica sobre la COVID estaba dedicada a la salud mental.²²

El alcance exacto de la crisis dependía de la localización y la nacionalidad. En el Reino Unido y en Estados Unidos, 2020 se vivió no solo como una emergencia de salud pública o como una recesión importante, sino como la culminación de un período de crisis nacional creciente, resumido en las palabras «Brexit» y «Trump», respectivamente. ¿Cómo podrían los países que hasta entonces se habían jactado de su hegemonía mundial, y que habían sido líderes indiscutibles en asuntos de salud pública, fracasar de forma tan estrepitosa en la gestión de la enfermedad? Sin duda era la consecuencia de un malestar más profundo.²³ ¿Era quizá su común entusiasmo por el neoliberalismo? ¿O la culminación de un proceso de declive que se había extendido a lo largo de varias décadas? ¿O el aislamiento de sus culturas políticas?²⁴

En la Unión Europea (UE), el término «policrisis» había surgido con fuerza durante la última década. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, había tomado prestada la idea del teórico francés de la complejidad, Edgar Morin,²⁵ y la utilizaba para destacar la convergencia entre 2010 y 2016 de la crisis de la eurozona, el conflicto en Ucrania, la crisis de los refugiados, el Brexit y el auge en toda Europa del populismo nacionalista.²⁶

El término refleja con exactitud la coincidencia en el tiempo de diferentes crisis, pero no nos dice mucho sobre cómo interactúan entre sí.²⁷ En enero de 2019, el presidente de China, Xi Jinping, pronunció un discurso ampliamente comentado sobre el deber de los líderes del Partido Comunista Chino (PCC) de anticiparse a los riesgos tanto de cisnes negros como de rinocerontes grises.²⁸ Ese verano, Study Times y Qiushi, las dos publicaciones a través de las cuales el PCC suele comunicar declaraciones doctrinales a sus líderes intelectuales, publicaron un ensayo de Chen Yixin que detallaba las observaciones aforísticas de Xi.²⁹ Chen es un protegido de Xi Jinping y durante la crisis del coronavirus fue elegido para liderar la operación de limpieza del Partido en la provincia de Hubei.30 En su ensayo de 2019, Chen planteaba las siguientes cuestiones: ¿cómo se combinaban los riesgos? ¿Cómo se transformaban los riesgos económicos y financieros en riesgos políticos y sociales? ¿De qué forma los «riesgos del ciberespacio» se convertían en «riesgos sociales reales»? ¿Cómo se internalizaban los riesgos externos?

Para entender cómo tienden a desarrollarse las policrisis, Chen sugería que los funcionarios de seguridad chinos debían centrarse en «seis puntos cruciales».

A medida que China iba ocupando el centro de la escena mundial, debía protegerse contra el «reflujo» de las interacciones con el mundo exterior.

Al mismo tiempo, debía estar prevenida ante la posibilidad de que se produjese una «convergencia» en una única y nueva amenaza de lo que a primera vista podía considerarse como un conjunto de amenazas superficialmente distintas. Las diferencias entre el interior y el exterior, lo nuevo y lo viejo, podían difuminarse con facilidad.

Aparte de lidiar con esta «convergencia», también había que hacerlo con el «efecto de estratificación», en el que «las peticiones y exigencias de grupos de interés de diferentes comunidades se superponen entre sí y pasan a generar problemas sociales estratificados: problemas vigentes con problemas históricos, problemas de interés tangible con problemas ideológicos, problemas políticos con problemas no políticos; todos se mezclan e interfieren unos con otros».

A medida que la comunicación iba siendo cada vez más fácil y rápida en todo el mundo, podían producirse «efectos de vinculación». Las comunidades «se comunican unas con otras a través de grandes distancias y se refuerzan mutuamente…».

Internet no solo había posibilitado el reflujo y la vinculación, sino que también había permitido la amplificación repentina de las noticias. El PCC tenía que contar, advertía Chen, con el «efecto magnificador», en función del cual «cualquier cosa pequeña puede llegar a convertirse en un […] remolino; unos pocos rumores […] pueden producir una “tormenta en una taza de té” y provocar abruptamente un verdadero “tornado” en la sociedad».

Por último, estaba el «efecto de inducción», en virtud del cual los problemas de una región provocaban de forma indirecta una reacción de identificación e imitación en otra región, alimentándose a menudo de problemas preexistentes no resueltos.³¹

La lista de Chen, aunque en un principio se había presentado en el rígido estilo del PCC, se adaptaba de forma asombrosa a la experiencia de 2020. El virus era un ejemplo de reflujo a gran escala, desde el campo chino a la ciudad de Wuhan, y de Wuhan al resto del mundo. Los políticos de Occidente, como los de China, debían enfrentarse a la convergencia, la estratificación y la vinculación. El hecho de que el movimiento de protesta Black Lives Matter («Las vidas negras importan») adquiriese relevancia en todo el globo fue una enorme demostración del poder de la magnificación y la inducción.³²

De hecho, si se pasaba por alto su contexto original, la lista de control propuesta por Chen para la jerarquía del Partido podía incluso interpretarse como una guía para nuestras propias vidas privadas, como un manual de autoayuda para hacer frente a la crisis del coronavirus. ¿Cuántas familias, cuántas parejas, cuántos de los que estaban confinados y aislados por la cuarentena eran pruebas vivientes de los efectos de magnificación e inducción? En ocasiones, daba la impresión de que la amenaza invisible del virus estaba especialmente dirigida hacia las partes más frágiles de nuestras personalidades y hacia nuestras relaciones más íntimas.

A lo largo de la historia había habido pandemias mucho más letales. Lo que era novedoso en la del coronavirus en 2020 era la magnitud de la respuesta. Y ello suscitaba a su vez una pregunta. Como dijo el principal comentarista económico del Financial Times, Martin Wolf:

¿Por qué […] ha sido tan grande el daño económico de una pandemia tan relativamente leve? La respuesta es simple: porque podía serlo. Las personas prósperas pueden prescindir con facilidad de una gran proporción de sus gastos diarios normales, mientras que sus gobiernos pueden sostener a las personas y empresas afectadas a gran escala. La respuesta a la pandemia es un reflejo de las posibilidades económicas y de los valores sociales actuales, al menos en los países ricos.³³

De hecho, uno de los aspectos más llamativos de 2020 es que los países pobres y de ingresos medios también se mostraban dispuestos a pagar un precio enorme. A principios de abril, la mayor parte del mundo fuera de China, donde el virus ya había sido contenido, estaba inmerso en un esfuerzo sin precedentes para detenerlo. Como dijo un demacrado Lenin Moreno, presidente de Ecuador, uno de los países más afectados: «Esta es la verdadera primera guerra mundial. […] Las otras guerras mundiales se localizaron en [determinados] continentes con muy poca participación del resto […], pero esto afecta a todo el mundo. No es algo localizado. No es una guerra de la que puedas escapar».³⁴

Si bien era una guerra de la que no se podía escapar, también era una guerra a la que había que enfrentarse con decisión. Y esto era precisamente lo que en realidad justificaba describir los acontecimientos de 2020 como una crisis. En su sentido original, crisis o krisis (en griego) describe un punto de inflexión crítico en el curso de una enfermedad. Se asocia con la palabra krinein, que significa «separar», «decidir» o «juzgar», de la que derivamos los términos crítico y criterio, el estándar del juicio.³⁵ Por lo tanto, parece una palabra acertada para describir el impacto de un virus, que obligó a las personas, a las organizaciones, a los gobiernos de todos los niveles, en todo el mundo, a tomar una serie de decisiones extremadamente importantes y complicadas.

«Confinamiento» es un término que llegó a ser de uso común para describir nuestra reacción colectiva. La palabra es polémica en sí misma, ya que sugiere obligatoriedad. Antes de 2020 ya se asociaba al castigo colectivo en las prisiones, pero a partir de entonces hubo momentos y lugares en los que el término describía con bastante precisión la respuesta a la COVID. En Delhi, en Durban, en París, la policía armada patrullaba las calles, tomaba nota de nombres y números, y castigaba a los que violaban el toque de queda.³⁶ En la República Dominicana, la sorprendente cifra de 85.000 personas, casi el 1 % de la población total, fue detenida en algún momento por no respetar el confinamiento.³⁷

Incluso si no había violencia, un cierre ordenado por el gobierno de todos los restaurantes y bares podía sentirse como un acto de represión hacia sus propietarios y clientes. Sin embargo, si se observa el curso más amplio de los acontecimientos —y en particular si nos centramos, como hace este libro, en la reacción económica a la pandemia—, el confinamiento parece una forma unilateral de describir la reacción al coronavirus. La movilidad cayó en picado mucho antes de que se emitieran órdenes gubernamentales. La huida hacia la seguridad en los mercados financieros comenzó a finales de febrero, cuando aún ningún carcelero había dado un portazo y cerrado con llave. Los inversores corrían para ponerse a salvo. Los consumidores se quedaban en casa. Las empresas cerraban, o sus empleados trabajaban desde casa. Los trabajadores de la confección en Bangladesh eran expulsados de sus lugares de trabajo antes de que se les ordenara quedarse en casa. A veces las acciones gubernamentales se limitaban a replicar las decisiones privadas, y a veces incluso se anticipaban a ellas. A mediados de marzo, el mundo entero actuaba bajo la restricción de la observación y emulación mutuas. La paralización se convirtió en la norma. Aquellos que se encontraban fuera del espacio territorial nacional, como los cientos de miles de marinos que estaban navegando, se vieron atrapados en un limbo flotante.

La razón principal por la que se utilizaba el término «paralización» era la de mantener abierta la cuestión de quién decidía qué, dónde y cómo, y quién imponía qué a quién. El rechazo del término «confinamiento» no implicaba que el proceso fuera voluntario o una cuestión de libre albedrío, ya que desde luego no era ninguna de las dos cosas. El objetivo de este libro consiste en rastrear la relación económica entre las decisiones obligadas adoptadas en condiciones de enorme incertidumbre en diferentes niveles en todo el mundo, desde las calles hasta los bancos centrales, desde las familias hasta las fábricas, desde las favelas hasta los manufactureros encorvados sobre puestos de trabajo improvisados en sótanos suburbanos. Las decisiones eran impulsadas por el miedo o por predicciones científicas, por órdenes del gobierno o por presión social, pero también podían estar motivadas por el movimiento de cientos de miles de millones de dólares provocado por pequeñas variaciones intermitentes en los tipos de interés.

La adopción generalizada del término «confinamiento» es un claro indicio de lo polémicas que serían todas las políticas relacionadas con el virus. Las sociedades, las comunidades y las familias discutían amargamente por culpa de las mascarillas, el distanciamiento social y la cuarentena. Los riesgos a menudo parecían y a veces eran más existenciales que reales, y resultaba difícil distinguir unos de otros. Toda la experiencia era un ejemplo extremo de lo que en la década de 1980 el sociólogo alemán Ulrich Beck había denominado «sociedad de riesgo».³⁸ Como resultado del desarrollo de la sociedad moderna, nos encontrábamos colectivamente atormentados por una amenaza invisible, o visible solo para la ciencia, un riesgo que permanecía abstracto e inmaterial hasta que algún desafortunado se ponía enfermo y se encontraba ahogándose en el fluido que se le acumulaba en los pulmones.

Una forma de reaccionar ante tal situación de riesgo era aferrarse a la negación. Eso podía funcionar, y sería ingenuo imaginar lo contrario. Siempre han existido enfermedades y males sociales generalizados, incluidos los que causan la pérdida de vidas a gran escala, que son ignorados y naturalizados de manera sistemática, considerados como meros «hechos de la vida». Con respecto a los mayores riesgos ambientales, en particular el cambio climático, se podría decir que nuestro comportamiento habitual ha tendido a ser la negación y la ignorancia deliberada a gran escala.³⁹ Incluso las emergencias médicas a vida o muerte, como las pandemias, se han filtrado siempre a través de la política y el poder. Frente al coronavirus, algunos optaron por una estrategia de negación, lo cual implicaba realizar una apuesta y correr el riesgo de una politización repentina y escandalosa. Los pros y los contras se sopesaban una y otra vez. A menudo, a los defensores de limitarse a «pasar la enfermedad» les gustaba autoproclamarse defensores del sentido común y el realismo, solo para descubrir que su sang froid* era más convincente en la teoría que en la práctica.

Lo que la mayoría de la gente en todo el mundo intentaba hacer era enfrentarse a la pandemia, pero el problema, como señaló Beck, es que enfrentarse a los macrorriesgos modernos es algo más fácil de decir que de hacer,⁴⁰ pues requiere llegar a un acuerdo sobre cuál es el riesgo exactamente, lo cual incluye a la ciencia en nuestros argumentos y nos carga con la incertidumbre de la ciencia.⁴¹ También requiere un compromiso reflexivo crítico con nuestro propio comportamiento y con el orden social al que pertenece. Requiere la voluntad de hacer frente a las opciones políticas, las opciones sobre la distribución de recursos y las prioridades en cada nivel. Esto choca de frente con el deseo predominante en los últimos cuarenta años de evitar precisamente eso, con el deseo de despolitizar, de utilizar los mercados o la ley para evitar tomar este tipo de decisiones.⁴² Este es el principal impulso que hay detrás de lo que se conoce como «neoliberalismo», o revolución del mercado: la despolitización de las cuestiones distributivas, incluidas las muy desiguales consecuencias de los riesgos sociales, ya sean debidos a cambios estructurales en el reparto mundial del trabajo, al daño medioambiental o a las enfermedades.⁴³

La llegada del coronavirus puso en evidencia nuestra falta de preparación institucional, lo que Beck llamó nuestra «irresponsabilidad organizada», y reveló la debilidad de los aparatos básicos de la administración estatal, como los censos actualizados de ciudadanos y las bases de datos gubernamentales. Para enfrentarnos a la crisis, lo que necesitábamos era una sociedad que diera mucha más prioridad a los cuidados.⁴⁴ En este sentido, fueron muchas las voces que reclamaron desde lugares inesperados un «nuevo contrato social», un contrato que valorase de manera adecuada a los trabajadores esenciales y tuviese en cuenta los riesgos generados por los estilos de vida globalizados de los más afortunados.⁴⁵ Al igual que los programas en favor de un Nuevo Acuerdo Verde que han ido surgiendo desde el comienzo del milenio, estas grandes propuestas estaban pensadas para inspirar.⁴⁶ Estaban diseñadas para movilizar. Pedían a gritos una revisión del poder. Si hubiera un nuevo contrato social, ¿quién lo llevaría a cabo?

Muchos de los llamamientos en pro de una gran reforma social en 2020 dejaron un extraño sabor de boca. A medida que la crisis del coronavirus se iba apoderando del mundo, la izquierda a ambos lados del Atlántico, al menos el sector liderado por Jeremy Corbyn y Bernie Sanders, iba a caer derrotada. La promesa de una izquierda radicalizada y revitalizada, organizada en torno a la idea del Nuevo Acuerdo Verde, parecía disiparse en medio de la pandemia. La lucha contra la crisis recayó sobre todo en gobiernos de centro y de derechas, que conformaban un grupo peculiar. Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos coqueteaban con la negación. Para ellos, el escepticismo climático y el escepticismo sobre el virus iban de la mano. Líderes nacionalistas como Rodrigo Duterte en Filipinas, Narendra Modi en la India, Vladímir Putin en Rusia y Recep Tayyip Erdogan en Turquía no negaban el virus, pero sus acciones se basaban en la apelación a la patria y en tácticas de intimidación. Los que más presión sufrían eran los gobiernos y gestores centristas.

Figuras como Nancy Pelosi y Chuck Schumer en Estados Unidos, Sebastián Piñera en Chile, Cyril Ramaphosa en Sudáfrica, y Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula von der Leyen y sus homólogos en Europa se ceñían a la ciencia. La negación no era una opción, y estaban dispuestos a todo con tal de demostrar que eran mejores que los «populistas». Para hacer frente a la crisis, los políticos en teoría más centristas terminaron haciendo cosas muy radicales. La mayor parte de ellas se basaban en la improvisación y en el compromiso, pero, en la medida en que lograban otorgar un brillo programático a sus respuestas —ya fuese en forma del programa NextGen («Nueva Generación») de la UE o del programa de reconstrucción denominado Build Back Better de Joe Biden en 2020—, en general provino del repertorio de modernización verde, el desarrollo sostenible y el Green New Deal («Nuevo Acuerdo Verde»).

El resultado fue una amarga ironía histórica. A pesar de que los defensores del Nuevo Acuerdo Verde fueron derrotados en la arena política, 2020 confirmaría con rotundidad el realismo de su diagnóstico. Fue el Nuevo Acuerdo Verde el que abordó la urgencia de enormes desafíos ambientales y los vinculó a cuestiones como la extrema desigualdad social. Fue el Nuevo Acuerdo Verde el que insistió en que, al encarar estos desafíos, las democracias no podían dejarse obstaculizar por las doctrinas fiscales y monetarias conservadoras heredadas de las obsoletas batallas de la década de 1970 y desacreditadas por la crisis financiera de 2008. Fue el Nuevo Acuerdo Verde el que movilizó por fin a ciudadanos jóvenes enérgicos, comprometidos, orientados al futuro, de los que claramente dependía la democracia si esta quería tener un futuro esperanzador. El Nuevo Acuerdo Verde también exigía, por supuesto, que en lugar de parchear sin cesar un sistema que producía y reproducía desigualdad, inestabilidad y crisis, se sometiera a una reforma radical. Esto era un reto para los centristas, pero uno de los atractivos de la crisis era que las cuestiones sobre el futuro a largo plazo podían dejarse de lado. En 2020 se trataba de sobrevivir.

La respuesta inmediata de la política económica a la crisis del coronavirus se basó en las lecciones de 2008. La política fiscal pasó a ser aún más amplia y más rápida. Las intervenciones del banco central pasaron a ser aún más espectaculares. Si se combinaban mentalmente ambas políticas —fiscal y monetaria—, se confirmaban las ideas esenciales de las doctrinas económicas que en el pasado habían defendido los keynesianos radicales y que se habían modernizado recientemente con doctrinas como la Teoría Monetaria Moderna (TMM).⁴⁷ Las finanzas estatales no están tan limitadas como las de los hogares. Si una autoridad monetaria se plantea organizar la financiación como algo más que un asunto técnico, eso es en sí mismo una opción política. Como Keynes había recordado a sus lectores durante la segunda guerra mundial: «Cualquier cosa que podamos hacer también podemos permitírnosla».⁴⁸ El verdadero desafío, la verdadera cuestión política era ponernos de acuerdo en lo que queríamos hacer y averiguar cómo hacerlo.

Los experimentos en política económica realizados en 2020 no se limitaron a los países ricos. Gracias a la abundancia de dólares proporcionada por la Reserva Federal (Fed), y aprovechando décadas de experiencia con flujos de capital globales fluctuantes, muchos gobiernos de mercados emergentes mostraron una iniciativa notable en respuesta a la crisis. Pusieron en marcha un conjunto de herramientas políticas que les permitió cubrir los riesgos de la integración financiera global.⁴⁹ Irónicamente, a diferencia de lo ocurrido en 2008, el mayor éxito de China en el control del virus hizo que su política económica pareciese en cierto modo conservadora. Aquellos países, como México y la India, en los que la pandemia se extendió con rapidez pero cuyos gobiernos no respondieron con una política económica a gran escala, parecían cada vez más desfasados.⁵⁰ El año 2020 fue testigo de un hecho sin precedentes, en el que un gobierno en teoría de izquierdas como el mexicano recibió una reprimenda por no incrementar lo suficiente su déficit presupuestario.

Era difícil evitar la sensación de encontrarnos ante un punto de inflexión. ¿Era esta, al fin, la muerte de la ortodoxia que había prevalecido en la política económica desde la década de 1980? ¿Era esta la sentencia de muerte del neoliberalismo?⁵¹ Como ideología coherente de gobierno, tal vez. La idea de que la actividad económica podía ser ignorada o dejada en manos de los mercados estaba cada vez más alejada de la realidad. También lo estaba la idea de que los mercados podían autorregularse en relación con todas las perturbaciones sociales y económicas imaginables. Incluso con más urgencia que en 2008, la supervivencia dictaba intervenciones a una escala inédita desde la segunda guerra mundial.

Todo esto dejó a los economistas doctrinarios sin aliento, lo cual no es algo sorprendente en sí mismo. La visión ortodoxa de la política económica siempre había sido poco realista. Como práctica del poder, el neoliberalismo siempre había sido radicalmente pragmático. Su verdadera historia había sido la de una serie de intervenciones estatales en aras de la acumulación de capital, incluido el despliegue contundente de la violencia estatal para destrozar a la oposición.⁵² Fuesen cuales fuesen los giros doctrinales, las realidades sociales con las que la revolución del mercado se había entrelazado desde la década de 1970 —la influencia arraigada de la riqueza sobre la política, la ley y los medios de comunicación, la reducción del poder de los trabajadores— aún perduraban. ¿Y qué fuerza histórica fue la que reventó los diques del orden neoliberal? La historia que seguiremos en este libro no es la de un resurgimiento de la lucha de clases o de un desafío populista radical. Lo que causó el mayor daño fue una plaga provocada por el crecimiento global desenfrenado y por el enorme engranaje de la acumulación financiera.⁵³

En 2008, la crisis había sido provocada por la sobreexpansión de los bancos y los excesos de titulización hipotecaria. En 2020, el coronavirus golpeó el sistema financiero desde el exterior, pero la fragilidad que este choque puso al descubierto se generó internamente. Esta vez el eslabón débil no eran los bancos, sino los propios mercados de activos. La conmoción afectó al corazón mismo del sistema, el mercado de los bonos del Tesoro estadounidenses, los activos que se suponen más seguros en los que se basaba toda la pirámide de crédito. Si este mercado se hubiera derrumbado, habría arrastrado al resto del mundo con él. Ya en la tercera semana de marzo de 2020, la City de Londres y Europa también estaban en crisis. Una vez más, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y el Congreso* de Estados Unidos improvisaron un mosaico de intervenciones que en la práctica respaldaban una gran parte del sistema de crédito privado. El efecto se extendió a través del sistema financiero basado en el dólar al resto del mundo. Lo que estaba en juego era la supervivencia de una red global de finanzas basadas en el mercado que Daniela Gabor bautizó acertadamente el consenso de Wall Street.⁵⁴

En 2020, la magnitud de las intervenciones estabilizadoras fue impresionante, pues confirmaba la premisa básica del Nuevo Acuerdo Verde. según la cual, si existía la voluntad necesaria, los estados democráticos tenían a su alcance las herramientas adecuadas para ejercer el control sobre la economía. Sin embargo, se trataba de un logro de doble filo, ya que, si bien tales intervenciones eran una afirmación del poder soberano, en realidad estaban impulsadas por la crisis.⁵⁵ Al igual que en 2008, servían a los intereses de aquellos que tenían más que perder. En esta ocasión, no solo los bancos individuales, sino todos los mercados fueron declarados demasiado grandes para quebrar.⁵⁶ La ruptura de este ciclo de crisis y estabilización, y la conversión de la política económica en un verdadero ejercicio de soberanía democrática requeriría una reforma profunda y completa, lo cual a su vez exigiría un cambio de poder real, y las probabilidades de que tal cosa ocurriese no eran muy elevadas.

La revolución del mercado de la década de 1970 supuso sin duda una revolución en las ideas económicas, pero también fue mucho más que eso. La guerra contra la inflación librada por Thatcher y Reagan fue una campaña integral contra una amenaza de agitación social, que a su modo de ver provenía de dentro y de fuera de sus países. Si se produjo con tanta ferocidad fue porque en la década de 1970, y principios de la década de 1980, el conflicto de clases en Europa, Asia y Estados Unidos todavía estaba condicionado por las luchas globales de la descolonización y la Guerra Fría.⁵⁷ La campaña conservadora era aún más urgente debido al colapso del sistema de Bretton Woods entre 1971 y 1973, que desvinculó al dinero del oro y abrió la puerta a una política económica expansiva. Lo que estaba amenazado no era el decoroso keynesianismo de la época de la posguerra, sino algo mucho más radical. Para contener ese riesgo era necesario redefinir los límites del Estado y de la sociedad. En esa batalla, la medida institucional más decisiva fue separar el control del dinero de la política democrática, colocándolo bajo la autoridad de los bancos centrales independientes. Como dijo en el año 2000 Rudiger Dornbusch, uno de los economistas procedentes del MIT más influyentes de su generación: «Durante los últimos veinte años, el auge de los bancos centrales independientes se ha basado en la adopción de las prioridades correctas, esto es, deshacerse del dinero democrático que siempre es miope y nocivo».⁵⁸

Esto tendría una amarga consecuencia. Si los bancos centrales desde 2008 ampliaron masivamente sus competencias fue por necesidad, para contener la inestabilidad del sistema financiero. El problema era que tal cosa era políticamente posible, y de hecho se podía llevar a cabo sin ningún tipo de fanfarria, porque las batallas de las décadas de 1970 y 1980 ya se habían ganado. La amenaza que atormentaba a la generación de Dornbusch se había evaporado. La democracia ya no suponía un peligro como en los años de lucha del neoliberalismo. En el ámbito de la política económica, ello dio paso a la sorprendente revelación de que no había riesgo de inflación. A pesar de todo el estruendo centrista sobre el «populismo», el antagonismo de clase se debilitó, la presión salarial fue mínima y las huelgas, inexistentes.

Por tanto, las masivas intervenciones de política económica de 2020, como las de 2008, tenían un doble filo. Por un lado, su magnitud hacía estallar los límites de la moderación neoliberal, y su lógica económica confirmaba el diagnóstico básico de la macroeconomía intervencionista de Keynes. No podían sino aparecer como presagios de un nuevo régimen más allá del neoliberalismo. Por otro lado, estas intervenciones se llevaron a cabo de arriba hacia abajo. Eran políticamente concebibles solo porque no había ningún desafío procedente de la izquierda, y su urgencia se veía impulsada por la necesidad de estabilizar el sistema financiero. Y funcionaron. A lo largo de 2020, el patrimonio neto de los hogares estadounidenses se incrementaría en más de 15 billones de dólares. De forma abrumadoramente mayoritaria, casi todos los beneficios recayeron en los más ricos: en el 10 % de la población que era propietaria del 84 % de las acciones, y en especial, en el 1 % más rico, propietario de casi el 40 %.⁵⁹

Si se trataba de un «nuevo contrato social», era tan unilateral que no podía menos que causar inquietud. No obstante, sería un error ver la respuesta a la crisis de 2020 solo como un saqueo cada vez más sangrante. Los centristas que luchaban por su supervivencia política no podían ignorar la enorme fuerza de la crisis social y económica. La amenaza de la derecha nacionalista era seria. El llamamiento a una mayor solidaridad social para un restablecimiento de la economía nacional tenía una resonancia real. A pesar de estar en minoría, el movimiento político «verde» iba ganando cada vez más adeptos.⁶⁰ Aunque la derecha jugaba con emociones poderosas, el análisis estratégico ofrecido por los defensores del Nuevo Acuerdo Verde era acertado, y los centristas inteligentes lo sabían. Los líderes de la UE o del Partido Demócrata de Estados Unidos podían no tener agallas para realizar reformas estructurales, pero entendían la interconexión entre la modernidad, el medio ambiente, el crecimiento desequilibrado e inestable de la economía y la desigualdad. Después de todo, la situación era tan sombría que resultaba casi imposible ignorar todo eso. Así que 2020 sería un año no solo de saqueo, sino de experimentación reformista. En respuesta a la amenaza de una crisis social, se probaron nuevas vías de asistencia social en Europa, en Estados Unidos y en muchas economías de mercado emergentes. Y, en busca de una imagen positiva, los centristas adoptaron la política ambiental y el tema del cambio climático como nunca habían hecho antes. Refutando el temor de que el coronavirus podría distraer de otras prioridades, la economía política del Nuevo Acuerdo Verde se generalizó. «Crecimiento verde», «Reconstruir mejor», «Acuerdo Verde»… Los eslóganes eran variados, pero todos ellos tenían en común la modernización verde como la respuesta centrista a la crisis.⁶¹

El año 2020 puso claramente de manifiesto hasta qué punto la actividad económica dependía de la estabilidad del entorno natural. Una pequeña mutación del virus en un microbio podía amenazar la economía de todo el mundo. También expuso cómo, en una situación extrema, todo el sistema monetario y financiero podía dirigirse a apoyar los mercados y los medios de vida, lo que obligaba a preguntarse quién recibía ese apoyo y de qué forma. Ambos choques derribaron barreras que eran fundamentales para la economía política del último medio siglo, líneas que separaban la economía de la naturaleza, la economía de la política social y de la política per se. Además de eso, en 2020 hubo un tercer cambio que contribuyó a diluir los supuestos básicos de la era del neoliberalismo: el ascenso de China.

Según la ciencia más avanzada disponible, no era de extrañar que el virus saliera de China. La rápida mutación zoonótica fue el resultado predecible de las condiciones biológicas, sociales y económicas de la región de Hubei. El hecho de denominar el fenómeno como un proceso natural ocultaba hasta qué punto había sido impulsado por factores económicos y sociales, pero siempre hubo quienes pensaron que había algo más que eso. Una de las teorías alternativas más plausibles era la de que el virus se había escapado de un laboratorio de investigación biológica chino.⁶² Por lo tanto, sería un incidente al estilo Chernóbil, pero a escala global y mejor encubierto; un ejemplo de la sociedad de riesgo, pero no tanto una creación negligente de peligrosos efectos secundarios, sino más bien un intento de dominio de la naturaleza que salió mal. Más alarmista era la opinión de que el virus respondía a un programa de guerra biológica y de que Pekín había permitido deliberadamente su propagación con el fin de desestabilizar las sociedades occidentales.⁶³ Pekín contribuyó a estas especulaciones al resistirse a todos los intentos de llevar a cabo una investigación internacional independiente y al permitir la circulación de sus propias teorías conspirativas.⁶⁴ En todo caso, cualquiera que fuese la interpretación defendida por unos y otros, estas teorías no se limitaban al virus y a su procedencia, ya que eran interpretaciones de la globalización y del auge de China. Este batiburrillo de ansiedades era algo nuevo.

Cuando en 2005 Tony Blair se burló de las críticas a la globalización, de lo que se burlaba en realidad era de sus temores. Blair comparó su ansiedad provinciana con la energía afirmativa y modernizadora de las naciones asiáticas, para las que la globalización ofrecía un horizonte brillante. Las únicas amenazas a la seguridad global que reconoció fueron el terrorismo islámico y las armas de destrucción masiva de Sadam Huseín, que sin duda eran horribles. Si existían, podían causar numerosas bajas. Eran síntomas de una globalización fuera de control. No obstante, pese a toda su violencia, en realidad no tenían posibilidades de cambiar el statu quo. Ahí residía su irracionalidad suicida y mística. En la década posterior a 2008 fue esa confianza en la solidez del statu quo lo que acabaría perdiéndose.

El resurgimiento de Rusia, reabastecido por las exportaciones mundiales de petróleo y gas, fue el primero en mostrar la inocencia geopolítica de la globalización. El desafío de Rusia era limitado; el de China no lo era. En 2011, la administración Obama llevó a cabo su «giro hacia Asia».⁶⁵ En diciembre de 2017, Estados Unidos publicó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que por primera vez designaba al Indo-Pacífico como el escenario decisivo de la rivalidad entre grandes potencias.⁶⁶ En marzo de 2019, la UE publicó un documento estratégico que apuntaba en una dirección similar.⁶⁷ En 2020, los ministerios de Asuntos Exteriores de Francia y de Alemania siguieron su ejemplo.⁶⁸ El Reino Unido, por su parte, realizó un giro de 180 grados, desde la celebración en 2015 de una nueva «edad de oro» de las relaciones chino-británicas, hasta el despliegue de un portaviones en el mar de la China Meridional.⁶⁹

La lógica militar resultaba bastante familiar. Todas las grandes potencias siempre han tendido a ser rivales, o al menos así funciona la lógica «realista». En el caso de China se añadía el factor de la ideología. En 2021, el PCC hacía algo que su homólogo soviético nunca había llegado a hacer: celebrar su centenario. Pekín no ocultaba su adhesión a una herencia ideológica que se extendía de Marx y Engels hasta Mao, pasando por Lenin y Stalin. Xi Jinping difícilmente podría haber sido más contundente respecto a la necesidad de aferrarse a esta tradición, ni podría haber sido más claro en su condena a Gorbachov por perder el control de la brújula ideológica de la Unión Soviética.⁷⁰ Por lo tanto, la «nueva» guerra fría en Asia era realmente una resurrección de la «vieja» guerra fría, que Occidente, de hecho, nunca había ganado.

Existían, sin embargo, dos notables diferencias que separaban lo viejo de lo nuevo. La primera era la economía. Si China era la amenaza que había llegado a ser, ello se debía a que había experimentado el mayor auge económico de la historia. Esto había perjudicado a algunos trabajadores manufactureros en Occidente, pero las empresas y los consumidores de todo el mundo occidental, y más allá, se habían beneficiado enormemente del desarrollo de China, y se habrían beneficiado aún más en el futuro. Esto creaba un dilema. Una nueva guerra fría con China tenía sentido desde todos los puntos de vista excepto desde el de «es la economía, estúpido».

La segunda novedad fundamental era el problema medioambiental global y el papel del crecimiento económico en su agravamiento. Cuando la política climática global surgió por primera vez en su forma moderna en la década de 1990, lo hizo bajo el signo de un período de tiempo unipolar: Estados Unidos era entonces el mayor contaminante, y también el más recalcitrante, mientras que China era pobre y sus emisiones apenas influían en el equilibrio global. En 2020, sin embargo, China ya emitía más CO₂ que Estados Unidos y Europa juntos, y la brecha podía seguir ampliándose al menos durante otra década. Pretender solucionar el problema climático sin contar con China resultaba ya tan inimaginable como responder al riesgo de las enfermedades infecciosas emergentes sin la colaboración de ese país, que ya era la incubadora más poderosa de ambos fenómenos.

Los modernizadores verdes de la UE resolvieron este doble dilema en sus documentos estratégicos definiendo a China al mismo tiempo como un rival sistémico, como un competidor estratégico y como un socio en la lucha contra el cambio climático. Para no complicarse la vida, la administración Trump negó el problema climático, pero Washington también estaba empalado en los cuernos del dilema económico, entre la denuncia ideológica de Pekín, el cálculo estratégico, la inversión corporativa a largo plazo y el deseo del presidente de llegar a un acuerdo rápido. Era sin duda una combinación inestable, y en 2020 acabaría estallando. A pesar del acuerdo comercial de la Fase I que el presidente había estado dispuesto a celebrar a principios de año, cuando llegó el verano la competencia estratégica y la denuncia ideológica ya superaban al interés económico. China pasaba, por tanto, a ser redefinida como una amenaza para Estados Unidos, tanto desde el punto de vista estratégico como económico. Había usurpado los puestos de trabajo estadounidenses y se había apropiado ilícitamente de miles de millones en propiedad intelectual estadounidense en beneficio de un régimen hostil.⁷¹ En represalia, las secciones de inteligencia, seguridad y judicatura del gobierno estadounidense declararon la guerra económica a China, y se dispusieron a sabotear de forma deliberada el desarrollo del sector de la alta tecnología de China, el corazón de cualquier economía moderna.

Hasta cierto punto, fue una casualidad que esta escalada tuviese lugar cuando lo hizo. El ascenso de China era un cambio histórico global a largo plazo al que todo el mundo tendría que responder tarde o temprano. Sin embargo, el éxito de Pekín en la lucha contra el coronavirus y el aplomo con que la llevó a cabo eran una bandera roja para la administración Trump. Además, la atmósfera sobrecalentada de las elecciones estadounidenses generaba poderosos efectos de magnificación e inducción, por usar el vocabulario algo eufemístico de Chen. El equipo de Trump no solo culpó a China por el virus, sino que extendió la guerra cultural que estaban desatando en casa a los colaboradores estadounidenses de China. Por añadidura, en el verano de 2020 ya era cada vez más innegable que algo más estaba sucediendo. Algo muy perturbador ocurría en Estados Unidos.

No era el primer momento de gran malestar en la historia moderna estadounidense. El presidente Carter se había hecho famoso por un discurso a la nación sobre ese mismo tema en el verano de 1979, en medio de las consecuencias de la revolución iraní y de la segunda crisis energética.⁷² Una de las promesas de la revolución del mercado de la década de 1980 fue que el «amanecer de Estados Unidos» de Ronald Reagan sacaría al país de su desplome, en la línea de lo que Thatcher había prometido para Gran Bretaña. Donald Trump, el chico amante de las fiestas de Manhattan en los años ochenta, era la encarnación viviente de esa nueva era de pavoneo y fanfarronería. Por otro lado, Trump también personificaba la cruda verdad sobre ese momento, que era que la revolución del mercado había dejado atrás a una gran parte de la sociedad estadounidense. La enorme fuerza global de Estados Unidos en el ámbito de las finanzas, de la tecnología y del poder militar se apoyaba en unos pies de barro. Como expuso dolorosamente el coronavirus, su sistema de salud estaba destartalado y su red interna de seguridad social dejó a decenas de millones de personas en riesgo de pobreza. Si el «sueño chino» de Xi había llegado intacto hasta 2020, no se podía decir lo mismo de su homólogo estadounidense.

La crisis general del neoliberalismo en 2020 tenía así un significado específico y traumático para Estados Unidos, y en particular para una parte del espectro político estadounidense. La visión del gobierno estadounidense, elaborada por las sucesivas administraciones demócratas a partir de Woodrow Wilson y Franklin D. Roosevelt, daba a los liberales estadounidenses herramientas con las que responder al desafío del coronavirus. Incluso la nueva generación de radicales estadounidenses liderados por Alexandria Ocasio-Cortez podía ver con agrado algunos aspectos del New Deal.⁷³ Por el contrario, el Partido Republicano y sus circunscripciones nacionalistas y conservadoras sufrieron en 2020 lo que puede describirse como una crisis existencial, con consecuencias muy dañinas para el gobierno y la Constitución estadounidenses, y para las relaciones de Estados Unidos con el mundo en general. Esto culminaría en un período extraordinario entre el 3 de noviembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, cuando convergieron los siguientes fenómenos: Trump se negó a reconocer la derrota electoral; una gran parte del Partido Republicano apoyó activamente el esfuerzo por anular las elecciones; la crisis social y la pandemia quedaron desatendidas, y, por último, el 6 de enero, el presidente y las principales figuras de su partido alentaron una invasión del Capitolio por parte de sus seguidores.

Por razones obvias, todo esto resultaba muy preocupante para el futuro de la democracia de Estados Unidos. De hecho, algunos elementos de la extrema derecha de la política estadounidense podían describirse sin ambages como fascistoides.⁷⁴ Con todo, en 2020 faltaban dos elementos básicos de la ecuación fascista original en Estados Unidos. Uno de ellos era la guerra total. Los estadounidenses recordaban su guerra civil e imaginaban futuras guerras civiles. Recientemente habían participado en guerras expedicionarias que habían sumido a la sociedad estadounidense en fantasías paramilitares y policías militarizados.⁷⁵ Pero la guerra total tiene tendencia a reconfigurar la sociedad de una manera muy diferente, agrupándola en un cuerpo de combate único, no en los comandos individualizados de 2020.

El otro ingrediente que faltaba en la ecuación fascista clásica, el cual ocupa un lugar más central en este libro, es el antagonismo social, una amenaza, imaginada o real, para el statu quo social y económico. A medida que las nubes de tormenta constitucional se iban formando en 2020, los negocios estadounidenses se fueron alineando masiva y directamente contra Trump. Y, como veremos, las principales voces de las grandes corporaciones estadounidenses tampoco dudaron en aportar los argumentos empresariales para adoptar esta postura, como el valor para los accionistas, los problemas de gestionar las empresas con fuerzas de trabajo políticamente divididas, la importancia económica del Estado de derecho y, sorprendentemente, las pérdidas en las ventas que serían de esperar en caso de una guerra civil. Esta alineación del dinero con la democracia en los Estados Unidos de 2020 debería ser tranquilizadora, al menos hasta cierto punto. Sin embargo, considere el lector por un segundo un escenario alternativo. Si el virus hubiera llegado a Estados Unidos unas semanas antes, la extensión de la pandemia habría generado un apoyo masivo a Bernie Sanders y a su llamamiento a la atención sanitaria universal, y las primarias demócratas probablemente hubiesen situado a un socialista declarado como candidato a la presidencia en lugar de a Joe Biden.⁷⁶ No es difícil imaginar que, en tal escenario, todo el peso de los negocios estadounidenses se habría movido en la dirección opuesta, por las mismas razones, y habría respaldado a Trump para intentar que Sanders no fuera elegido.⁷⁷ ¿Y si Sanders hubiera ganado la mayoría? Entonces habríamos tenido una verdadera prueba para la Constitución americana, y de la lealtad hacia ella de los intereses sociales más poderosos.

Considerar lo ocurrido en 2020 como una crisis integral de la era neoliberal —en lo que respecta a sus ingredientes medioambientales, a sus fundamentos sociales, económicos y políticos internos, y al orden internacional— nos ayuda a encontrar nuestro rumbo histórico. Vista en esos términos, la crisis del coronavirus marcaría el final de un proceso cuyo origen se remontaría a la década de 1970. También podría ser vista como la primera crisis integral de la era del Antropoceno, una era definida por el desequilibrio en nuestra relación con la naturaleza.⁷⁸

Sin embargo, en lugar de intentar esbozar prematuramente las similitudes de ese medio siglo de historia, o en lugar de intentar una proyección especulativa hacia el futuro, este libro se centra, en la medida de lo posible, en el momento en sí. Nos moveremos hacia atrás y hacia delante a medida que surja la necesidad de contextualizar ese momento, pero el foco estará puesto en la cadena de sucesos que tuvo lugar entre el brote del virus en enero de 2020 y la toma de posesión de Joe Biden.

Estos estrictos límites cronológicos son una elección deliberada. Es una forma de hacer más manejable esa tensión entre el pasado y el presente que define lo que significa escribir historia. Es, también, una estrategia personal para hacer frente a las tensiones intelectuales y psicológicas de un momento histórico que por lo demás fue abrumador.

Como les ocurrió a miles de millones de personas en todo el mundo, el coronavirus me obligó a cambiar de planes en 2020. Empecé el año trabajando en un libro sobre la historia de la política energética, rastreando la economía política del carbono hasta la era de las crisis petroleras, y profundizando en la historia previa al Nuevo Acuerdo Verde. Como tantos otros, me preocupaba el Antropoceno, una transformación impulsada por el crecimiento económico capitalista que había logrado poner en entredicho la separación entre la historia natural y la humana.⁷⁹

En febrero, mientras el virus se propagaba en silencio por todo el mundo, yo viajaba por África oriental, inmerso por primera vez en la historia del continente. Por el rabillo del ojo, me percaté de los inusuales controles de salud en los aeropuertos, pero, como la mayoría de la gente, ignoraba por completo el drama que estaba a punto de estallar. Fue en el camino de regreso, el viernes 6 de marzo, en los cavernosos pasillos del nuevo aeropuerto de Estambul, cuando comencé a ser consciente de lo que estaba ocurriendo. Viajeros de todas partes del mundo llevaban mascarillas deportivas de todas las formas y tamaños. Eran novedosas, inadecuadas, imposibles para un largo vuelo.

Ese fin de semana en Nueva York, mientras yo me hallaba todavía bajo los efectos del jet lag, se desataron todos los infiernos. El virus estaba provocando una gigantesca contracción económica. De repente, me encontré ante una ola de preguntas procedentes de periodistas que me conminaban a ayudarlos a entender lo que parecía una repetición de Crash, mi libro sobre la crisis financiera de 2008.

La historia narrada en Crash ya había sido en sí misma una historia que se había visto superada por los acontecimientos. Me había propuesto escribir un libro sobre el décimo aniversario de la crisis de 2008 y había terminado, tras el Brexit y la victoria de Trump, en medio de una crisis que se negaba a cerrarse. En ese momento, un amigo bromeó con cierta perspicacia diciendo que me estaba abriendo a la posibilidad de escribir una nueva historia interminable. En marzo de 2020, pude sentir toda la fuerza de su razonamiento. A medida que los precios de las acciones y los mercados de bonos se desplomaban, a medida que el mal funcionamiento de los mercados de recompras saltaba a los titulares y las líneas de canje de los bancos centrales volvían a estar en el orden del día, el relato de Crash me estaba alcanzando.

En abril, ya me resultó insoportable tener que enfrentarme minuto a minuto a la situación presente mientras pensaba en las políticas energéticas de Jimmy Carter, así que me rendí al flujo inmediato de los acontecimientos.

El año 2020 adquirió la categoría de Historia con mayúscula, algo muy distinto a cualquier otra cosa que hubiéramos visto antes. Este libro, por lo tanto, es más contemporáneo incluso que Crash. Paradójicamente, esto hace que el riesgo de «perderse el momento» sea aún mayor. Cualquier esfuerzo por proyectar un marco narrativo sobre el tumulto que todavía estamos viviendo será seguramente parcial y estará sujeto a una futura revisión. Pero si queremos dar sentido a los acontecimientos que nos rodean, tenemos que asumir ese riesgo. El único consuelo es que no estamos solos en este esfuerzo. El año 2020 puede considerarse ante todo un año de debates, argumentos y análisis.

Un relato de este tipo puede ser prematuro, pero al proyectar una interpretación, al hacer una apuesta intelectual, sea correcta o incorrecta, se obtiene algo en verdad valioso: una comprensión más profunda de lo que en verdad implica la proposición de que toda historia verdadera es historia contemporánea.⁸⁰ De hecho, teniendo presente lo ocurrido en 2020, la visión de Benedetto Croce adquiere un nuevo significado. Al escribir sobre la crisis climática desde la seguridad de un apartamento del Upper West Side de Nueva York, la transformación histórica de la naturaleza y sus implicaciones para nuestra historia podía parecer remota. El Antropoceno continuaba siendo una propuesta intelectual abstracta. Sin embargo, la crisis del coronavirus nos ha despojado de esa ilusión incluso a los más protegidos.

Primera parte

ENFERMEDAD X

Capítulo 1

IRRESPONSABILIDAD ORGANIZADA

A los escépticos, que los había desde el principio, les gustaba señalar que lo más destacable de la crisis de la COVID es que estábamos convirtiendo algo ordinario en una crisis global. La gente muere tarde o temprano, y estaban muriendo las mismas personas de COVID que de otras causas más habituales, como ancianos con enfermedades preexistentes. En un año normal, esas personas iban a morir de gripe y neumonía de todas formas. Fuera del núcleo privilegiado del mundo rico, millones de personas han padecido desde siempre enfermedades infecciosas como la malaria, la tuberculosis y el VIH. Y, sin embargo, «la vida sigue». El síndrome respiratorio agudo grave causado por el coronavirus 2 (en inglés, el SARS-CoV-2) no era excesivamente letal, al menos para los estándares de plagas históricas. Lo que no tenía precedentes fue la reacción. En todo el mundo, la vida pública se paralizó y también lo hicieron grandes partes del comercio y el flujo regular de los negocios. En todo el mundo, esta interrupción masiva de la normalidad provocó diversas reacciones: incomprensión, indignación, resistencia, incumplimiento y protesta. No es necesario simpatizar con las ideas políticas de los objetores para reconocer la fuerza histórica de su razonamiento. De una manera nueva y singular, un desafío médico se convirtió en una crisis mucho más amplia. Explicar cómo pudo suceder algo así no como resultado de una cultura política decadente y demasiado protectora, o de una deliberada política de represión, sino como resultado de tensiones estructurales dentro de las sociedades de principios del siglo XXI nos ayudará a preparar el escenario para entender la crisis de 2020.

Es cierto que los ancianos mueren tarde o temprano, pero lo importante es controlar cuántos, a qué ritmo y de qué causas. En un momento dado, este orden de clasificación de mortalidad puede describirse en términos de una matriz de probabilidades que ha evolucionado con el tiempo y que se mantiene en vigor por las posibilidades médicas, la economía de la salud y el patrón de ventajas y desventajas sociales.

Tabla 1. Causas de mortalidad

| TOTAL MUERTES | Enfermedades contagiosas, maternales, neonatales y nutricionales | Enfermedades no contagiosas | Lesiones
| millones | % | % | %
| 1990 | 2017 | 1990 | 2017 | 1990 | 2017 | 1990 | 2017
Europa Occidental | 3,86 | 4,16 | 4 | 5 | 90 | 91 | 6 | 4
Estados Unidos | 2,14 | 2,86 | 6 | 5 | 87 | 89 | 7 | 7
América Latina y Caribe | 2,36 | 3,39 | 28 | 12 | 57 | 76 | 15 | 13
China | 8,14 | 10,45 | 17 | 3 | 72 | 89 | 11 | 7
India | 8,38 | 9,91 | 51 | 27 | 40 | 63 | 9 | 10
África subsahariana | 6,77 | 7,48 | 69 | 58 | 24 | 34 | 7 | 7
Mundo | 46,5 | 55,9 | 33 | 19 | 58 | 73 | 9 | 8

Fuente: https://ourworldindata.org/causes-of-death.

Vista globalmente, la historia de las últimas décadas ha supuesto un avance considerable en la reducción de la mortalidad por enfermedades relacionadas con la pobreza: enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales. No obstante, no deja de ser cierto que las personas pobres y con bajos ingresos mueren más pronto y en condiciones más fáciles de evitar. En un país con bajos ingresos como Nigeria, donde la esperanza de vida al nacer es de 55 años, el 68 % de las muertes se debe a enfermedades relacionadas con la pobreza. En Alemania, donde la esperanza de vida es de 81 años, esa proporción es del 3,5 %, y en el Reino Unido, del 6,8 %. La cifra de Estados Unidos se encuentra entre las dos anteriores. En 2017, el gasto sanitario per cápita en los países con ingresos altos fue 49 veces mayor en términos de paridad de poder adquisitivo que en los países con bajos ingresos.¹

Incluso dentro de los países ricos existen terribles disparidades en la mortalidad infantil y materna y en la esperanza de vida general dependiendo de la raza y la clase social. En muchos casos no se buscan soluciones a las epidemias de consumo de drogas en poblaciones desfavorecidas y marginadas, ni tampoco en enfermedades como el asma o la intoxicación por plomo. En Alemania, por ejemplo, el 27 % de los hombres con ingresos más bajos muere antes de los 65 años, en comparación con el 14 % del grupo de ingresos más altos. Y en el caso de las mujeres las disparidades son solo un poco menos acusadas.² En el sistema dual de seguridad social del país, la esperanza de vida del 11 % en los seguros privados es cuatro años más larga que la del sistema público.³ En Estados Unidos, por lo común considerado el país más rico del mundo, según un estudio de 2009, 45.000 personas murieron por falta de seguro médico.⁴ Los estadounidenses que viven en distritos censales con bajos ingresos tienen el doble de probabilidades que los de las zonas con altos ingresos de ser hospitalizados, de requerir cuidados intensivos y de morir por una simple gripe.⁵ Y la diferencia es aún más acusada en el caso de los pobres mayores de 65 años.

Decir que estas probabilidades gozan de aceptación general sería ir demasiado lejos. Son, simple y llanamente, un escándalo, ya que desmienten por completo la idea de que nuestra prioridad colectiva es mantener a las personas con vida; aun así, por muy marcadas que sean estas diferencias las proporciones son cuando menos conocidas. Las probabilidades cambian, pero de forma muy gradual, y en general solo en una dirección. En lo que respecta a la crisis del coronavirus, el punto crucial era que, a comienzos de 2020, las únicas enfermedades infecciosas que todavía afectaban al ciudadano medio en un país por encima del umbral de ingresos medio-alto eran las infecciones de las vías respiratorias inferiores y la gripe, y en general solo eran peligrosas para los de edad más avanzada. En Estados Unidos solo el 2,5 % de todas las muertes en un año normal se atribuían específicamente a la gripe y la neumonía. La suma de todas las infecciones de las vías respiratorias inferiores ascendía al 10 % de todas las muertes.⁶ En su conjunto, representaban el 80 % de las muertes por enfermedades infecciosas. El resto se debían al VIH/sida y a las enfermedades diarreicas, en particular la causada por la Clostridium difficile.

La conquista frente a las principales enfermedades infecciosas fue uno de los grandes triunfos alcanzados con posterioridad a 1945. Fue un logro histórico equiparable al fin de las hambrunas, la alfabetización universal, el agua corriente o el control de la natalidad. El aumento de la esperanza de vida es la salsa secreta que complementa al crecimiento económico.⁷ Es maravilloso poder consumir más, pero es aún mejor si uno puede vivir una o dos décadas más para poder disfrutarlo. Según una estimación, si se tuviera debidamente en cuenta la mayor longevidad alcanzada a lo largo del siglo XX, se duplicaría la estimación del crecimiento del nivel de vida estadounidense.⁸ En la década de 1970, cuando se produjo la victoria final sobre la viruela y la poliomielitis, estos triunfos generaron la idea de una transición epidemiológica.⁹ Las enfermedades infecciosas pasaron a considerarse algo del pasado.

Los avances fueron más importantes en los países occidentales ricos, pero lograr la transición epidemiológica era una aspiración común de modernidad, pues era tan relevante para la Unión Soviética y la China comunista como para Occidente.¹⁰ De hecho, en cuanto que proyecto colectivo liderado por organismos públicos, posiblemente se adaptaba mejor a su visión política que a la de Occidente. La sitiada Cuba, con su resistente sistema de salud pública y su programa de asistencia médica global, constituye una demostración muy convincente de esta teoría. Para los regímenes comunistas no existía contradicción entre el sacrificio de decenas de millones de vidas por el avance del socialismo, las campañas coercitivas de control de la natalidad —como la política de un solo hijo de China— y el esfuerzo colectivo masivo para salvar vidas y vencer las enfermedades infecciosas.

Sin embargo, por trascendental que fuera, casi en el momento mismo de su triunfo, en la década de 1970, la conquista frente a las enfermedades infecciosas comenzó a verse cuestionada. La gripe, a la vez omnipresente y a menudo subestimada como causa de muerte, aún hoy sigue sin haberse erradicado por completo, y cada año supone un repentino aumento de la mortalidad por otras causas.¹¹ Esto se normaliza porque muchas de estas muertes suelen atribuirse a otras causas más inmediatas como neumonía y ataques cardíacos. La gripe continúa siendo altamente contagiosa, y no existe intervalo entre la infección y la infectividad, lo que significa que las pruebas y la cuarentena no sirven para nada. El virus de la gripe muta con gran rapidez, por lo que la vacunación es, en el mejor de los casos, parcialmente efectiva. La única gracia salvadora es su baja letalidad.

No podía decirse lo mismo de algunas de las nuevas enfermedades infecciosas a las que los especialistas comenzaron a enfrentarse en la década de 1970. El horripilante virus del ébola fue identificado en 1976, y el del sida en 1981. En Occidente, el VIH/sida acabó quedando más o menos confinado a poblaciones minoritarias estigmatizadas, mientras que en África subsahariana se convirtió en una crisis generacional de jóvenes heterosexuales y, sobre todo, de mujeres.¹² A principios de 2020, el VIH/ sida ya se había cobrado 33 millones de vidas, y alrededor de 690.000 morirían de la enfermedad durante ese año.¹³ En lo que respecta a las enfermedades infecciosas, todo indica que estamos aún lejos de haber llegado al final de la historia.

De hecho, a medida que los científicos exploraban la mutación y la circulación de la enfermedad, el panorama que iba surgiendo era el de un equilibrio precario. Aunque la ciencia moderna, la tecnología, la medicina y el desarrollo económico nos estaban dando una mayor capacidad para luchar contra las enfermedades, esas mismas fuerzas también estaban contribuyendo a la generación de nuevas amenazas.¹⁴ El «paradigma emergente de las enfermedades infecciosas», propuesto por varios científicos a partir de la década de 1970, era, al igual que los modelos de cambio climático y ecología de los sistemas terrestres que surgieron en el mismo momento, una profunda crítica dirigida a nuestra forma de vida moderna, a nuestra economía y al sistema social construido sobre ella.¹⁵ Nuestro uso de la tierra en todo el mundo, las incursiones implacables en la tierra virgen restante, la cría industrial de cerdos y pollos, nuestros enormes núcleos urbanos, la extraordinaria movilidad global en la era de la aviación, el uso desmedido de antibióticos propiciado por intereses comerciales, la circulación irresponsable de noticias falsas sobre vacunas… Todas estas fuerzas se combinaban para crear un ambiente de enfermedad no solo menos seguro, sino cada vez más peligroso. No cabe duda de que todos estos factores han estado presentes en mayor o menor medida durante al menos dos milenios. Las sofisticadas comunidades urbanas del Imperio romano ya habían sido presa de pandemias que arrasaban Eurasia. A finales del siglo XX, a pesar de toda la destreza médica y la nueva riqueza, ya se podía vislumbrar una drástica escalada del potencial de amenaza. Lo reconociésemos o no, estábamos metidos de lleno en una carrera armamentística.

Este fue el profundo diagnóstico de las amenazas que genera nuestra forma de vida moderna. Existen grupos liderados por antivacunas que discuten la validez de este diagnóstico, pero son casos marginales. Lo que resulta controvertido no es que se nos advierta sobre enfermedades infecciosas emergentes, sino nuestra voluntad de seguir adelante a pesar de las implicaciones de esta advertencia. Si los expertos nos dicen que nuestro sistema económico y social moderno está generando sistemáticamente riesgo de enfermedades, ¿qué hacemos al respecto?

Si quisiéramos abordar el problema en su origen, se requeriría un esfuerzo integral para rastrear posibles amenazas virales, en combinación con un control sistemático del uso de la tierra y un cambio radical en la agricultura industrial.¹⁶ Semejante transformación supondría enfrentarse a intereses que van desde gigantescas empresas agroindustriales globales, hasta multimillonarios magnates asiáticos de la cría de aves de corral, funcionarios corruptos de ciudades del sur de China y míseros agricultores en algunos de los lugares más pobres del mundo.¹⁷ La deriva nutricional de personas con mayores ingresos hacia un mayor consumo de carne y productos lácteos tendría que revertirse. Como era de esperar, la respuesta política real se queda muy corta. Los responsables de la sanidad llevan a cabo esfuerzos para imponer regulaciones de higiene a la agricultura industrial y controlar los mercados de carne silvestre. Existen prohibiciones locales y esporádicas sobre la caza de «carne de arbusto y matorral», pero los factores fundamentales de las enfermedades infecciosas emergentes aún siguen sin ser abordados.

A escala mundial, contamos con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las que miles de personas altamente profesionales, motivadas y bien intencionadas de todo el mundo están metidas de lleno en la liza. Sin embargo, como organismo mundial de salud en un mundo en rápido desarrollo habitado por 7.800 millones de personas, la OMS no tiene el poder suficiente. Durante el bienio 2018-2019, el presupuesto de los programas aprobado por la OMS no llegó a superar los 4.400 millones de dólares, es decir, un presupuesto menor del que tiene un solo hospital de una ciudad grande.¹⁸ La financiación de la OMS se basa en un popurrí de fuentes, incluidos los gobiernos nacionales, las organizaciones benéficas privadas, el Banco Mundial y las grandes farmacéuticas. En 2019, uno de los mayores donantes fue la Fundación Gates, que se situó al nivel de los gobiernos nacionales de Estados Unidos y el Reino Unido, y por encima del de Alemania. El respetado Rotary Club contribuyó tanto como los gobiernos de China o Francia, si no más. En total, la OMS no consigue reunir más de 30 centavos de dólar al año en gastos para cada persona del planeta.

Figura 2. Financiación de la OMS en aportaciones totales por contribuyente, según datos del 30 de junio de 2020 (%). (Fuente: OMS, a través de A. Gross y J. Pickard, «Johnson to boost WHO backing with £571m vaccine pledge», Financial Times, 25 de septiembre de 2020.)

La dependencia de la OMS de sus donantes condiciona notablemente lo que hace o deja de hacer. Las campañas para la erradicación de enfermedades como la poliomielitis son prioritarias en su agenda. La OMS desempeña un papel clave en el seguimiento del flujo de enfermedades en todo el mundo. Es un objetivo técnico, pero también altamente político. Las dos preocupaciones esenciales de la regulación sanitaria internacional tras su creación en la primera mitad del siglo XIX fueron, por un lado, el temor occidental a que las enfermedades se propagaran de Oriente a Occidente, y, por otro, el interés de los defensores del libre comercio por limitar el uso de una regulación onerosa de salud pública, como las largas cuarentenas.¹⁹ La idea era asegurar que las plagas no se convirtieran en una excusa para cerrar el comercio. Esas tensiones gemelas siguen atormentando a la OMS, que en sus esfuerzos por coordinar una respuesta global de salud pública está atrapada entre el miedo a enfrentarse a los estados al calificarlos como fuentes de infección, su deseo profesional de tomar medidas tempranas y decisivas, y la reacción que puede provocar si desencadena lo que en última instancia resultan ser costosas e innecesarias limitaciones al movimiento y al comercio. Tras el pánico global provocado por la aparición de la peste en la ciudad india de Surat en 1994 y el cierre general de los viajes durante la crisis del SARS en 2003, se presionó a la OMS para que adoptara un enfoque más cauteloso de las restricciones a los viajes.²⁰ Asimismo, tras el clímax de la epidemia de gripe porcina de 2009, la OMS tuvo que enfrentarse a una vociferante campaña que acusaba a algunos de sus funcionarios de inflar de manera artificial el mercado de costosas vacunas.²¹ Tener que gestionar estas opciones enormemente difíciles con un presupuesto precario y ajustado es una receta para el desastre.²²

El economista británico lord Nicholas Stern comentó en una ocasión que el cambio climático es el resultado del mayor fracaso de la historia en el ámbito del mercado: la falta de fijación de un precio a los costes de las emisiones de CO₂.²³ Si esto es cierto, entonces, como demostró la crisis del coronavirus de 2020, el hecho de no preparar las defensas adecuadas contra las pandemias globales es sin duda el segundo mayor fracaso. Ni siquiera la infraestructura mundial de salud pública mejor financiada puede ofrecer garantías, pero, al comenzar 2020, la desproporción entre el riesgo pandémico y la inversión en salud pública mundial era sencillamente grotesca. Hablar solo de «fracaso del mercado» supone subestimar la situación. Lo que está en juego en la respuesta a las amenazas pandémicas no es solo un elevado coste económico; lo que en verdad está en juego son cuestiones básicas de orden social y de legitimidad política.

Si los gobiernos pudieran simplemente ignorar las amenazas epidémicas, cuya prevención tanto habían descuidado, y la vida pudiera continuar ante un repentino aumento de las muertes, entonces la falta de inversión en salud pública tendría una razón de ser, por cínica que fuese. Sin embargo, la cuestión es que uno de los fundamentos del Estado moderno es la promesa de proteger la vida. No es casualidad que en la portada del Leviatán de Thomas Hobbes aparecieran médicos que luchaban contra peste.²⁴ Dada esta idea básica, para que un Estado moderno permitiera que una peligrosa pandemia pasara por su territorio sin control alguno se requeriría una estrategia audaz de despolitización o, al menos, un proceso gradual de «endurecimiento» de las actitudes públicas. En 2020, la idea de que la COVID era «una simple gripe» resultó ser más difícil de vender de lo que sus defensores imaginaban.

En lugar de ignorar la amenaza de la pandemia, en las últimas décadas los gobiernos de todo el mundo se han equipado con departamentos especializados que se preparan continuamente para hacer frente a una posible catástrofe biomédica.²⁵ Estos departamentos piensan como una organización militar, y no dan por supuesto que se pueda superar la amenaza: la idea de que las enfermedades infecciosas pueden ser domesticadas no es más que una absurda presunción de los activistas de la salud pública demasiado optimistas. El trabajo de los especialistas en pandemias consiste en prepararse para una amenaza que nunca desaparecerá y que puede agravarse en cualquier momento. De forma algo siniestra, desde la década de 1990, la «preparación» se ha ido convirtiendo en la misión principal de cada vez más ramas gubernamentales en todo el mundo.

Es un objetivo realmente serio, pero también sombríamente inútil. Los riesgos potenciales son enormes. Todos podemos imaginar fácilmente que se produce un brote mundial de una enfermedad similar al ébola, o una gripe altamente infecciosa con la letalidad de la gripe española, pero, al mismo tiempo, no existe voluntad de hacer cambios estructurales en nuestra cadena alimentaria o en nuestros sistemas de transporte para reducir el riesgo, ni siquiera la intención de invertir en un sistema de salud pública adecuado. No es de extrañar, por lo tanto, que un inventario global de preparación para la pandemia en 2019 encontrara carencias en todos los gobiernos del mundo.²⁶ Es un caso clásico de lo que Ulrich Beck llamó «irresponsabilidad organizada».²⁷ Y alberga en su seno no solo el potencial de coste económico y social, sino de crisis política.

De hecho, ante una amenaza vital repentina e inesperada, las autoridades públicamente responsables no pueden mostrarse indiferentes, y la reacción es responder a la enfermedad. Es más, en principio su reacción no tiene límites. En el apogeo de la epidemia en el estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo declaró audazmente: «¿Cuánto vale una vida humana? […] Para mí, el coste de una vida humana, o la vida humana en general, no tiene precio».²⁸ A pesar de la evidente irrealidad de tal afirmación, nadie estaba deseoso de contradecirlo.

En el discurso público, a diferencia de lo que ocurre en la práctica real de la vida cotidiana, la distribución real de las probabilidades de vida y muerte no se corresponde con otras prioridades. Si se nos obliga a realizar una clasificación, la vida y la muerte suelen estar en un nivel diferente. La perspectiva de cualquier muerte, y mucho más de una elevada cifra de muertes, altera con facilidad el debate público y político. La conmoción provocada por una pandemia nos impulsa hacia la acción. Dicho esto, incluso la idea normal y prepandémica de la vida y la muerte es políticamente inestable. A pesar de estar plagado de desigualdades escandalosas, el orden común de la muerte es aceptado como tal, siempre y cuando no tenga que justificarse. Si se arrastra a la luz del día y se le somete a un desafío sostenido, obviamente es indefendible. Por lo tanto, había una profunda lógica en la coincidencia de la pandemia con la enorme agitación política de Black Lives Matter durante el verano de 2020. Como demostró claramente el movimiento, una sola vida segada de forma ilegítima podía desencadenar un enorme movimiento político. Cuando una muerte se convierte en un martirio a ojos de la gente, adquiere una fuerza descomunal.

Black Lives Matter se alimentó de un profundo pozo de injusticia histórica. Unió el presente al pasado, y logró vincular el asesinato ocurrido el 25 de mayo de 2020 con los siglos de injusticia que lo habían precedido. Aquello era un logro muy potente, en especial porque, en el contexto de una pandemia desbocada, la ira y la indignación sobre el pasado se agravaban por el miedo al futuro.²⁹ A la luz de las desigualdades de 2020, ¿cuántos estadounidenses negros más acabarían siendo víctimas de la violencia, la discriminación y la pobreza?

La responsabilidad política se mide en función de las proyecciones, pronósticos y advertencias de lo que está por venir.³⁰ Cuanto mayor sea la amenaza futura, mayor deber ser la responsabilidad. Existen buenas razones por las que los estados a menudo han aprobado leyes contra adivinos y profetas apocalípticos.³¹ No se trata solo de que sus métodos sean sospechosos, sino de que sus predicciones, correctas o erróneas, pueden llegar a poner en peligro la paz social. Y, sin embargo, en el siglo XXI no hay leyes contra los científicos sociales y epidemiólogos que predicen la catástrofe. De hecho, aquellos que tienen el poder y el dinero se aferran con fuerza a cualquier predicción que puedan ofrecer.

A principios de 2020 no sabíamos cuántas personas de cualquier raza sucumbirían a la COVID-19. Lo que sí conocíamos eran las alarmantes tasas de mortalidad del SARS en 2003 y el nuevo MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio), que surgió en 2012. Cuando los primeros datos de China e Italia se filtraron a través de los modelos de los equipos epidemiológicos, como el del Imperial College de Londres, predijeron una cifra de muertos de 19 millones.³² Incluso los gobiernos especialmente comprometidos con una línea de acción dura lo tuvieron difícil para ignorar esta cifra.

En momentos de estrés, cuando imaginamos la posibilidad de una catástrofe, la magnitud de la sociedad moderna es impresionante. Incluso si solo el 1 % de los estadounidenses muriera como resultado de un virus, serían 3,3 millones de personas, más del doble del número de muertos en todas las guerras libradas por Estados Unidos desde su fundación. El 1 % de la población europea sería de 5 a 6 millones de personas, lo que igualaría la cifra de referencia del Holocausto. Y el 1 % de la población mundial serían 78 millones de muertes, una cifra superior a todas las bajas de la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial juntas. Si se aplicase el mismo porcentaje de muertes ocurrido durante la gripe española de 1918-1919, la cifra de muertos de la COVID llegaría a más de 200 millones de personas. El mundo en el siglo XXI es un lugar descomunal, y su enorme escala supuso un extraordinario problema para los funcionarios de salud pública en 2020.

Los escépticos no se detuvieron ante nada. Decimos que las vidas importan, lo cual justifica las paralizaciones cueste lo que cueste, pero ¿cuánto importan las vidas exactamente?

Está claro que la vida no siempre es sagrada e innegociable. Las estadísticas sociales no solo nos dicen que millones de personas mueren en todo el mundo, incluso en el mundo rico, debido al abandono y la falta de tratamiento, sino que muchas burocracias modernas sopesan las probabilidades y los costes de la vida y la muerte como una cuestión de asignación de recursos. Todos los días, en todo el mundo, los trabajadores están expuestos a riesgos mortales para que sus empleadores puedan ahorrarse gastos adicionales. Cuando se pone precio al desarrollo de medidas de seguridad en el lugar de trabajo, el desarrollo de fármacos, la asignación de camas hospitalarias o el valor de la reducción de la contaminación, lo que hacemos es asociar una cifra monetaria al valor de la vida.

La incorporación de la muerte a un cálculo económico es un hecho ineludible y, al igual que su incorporación a la política, también inestable y polémico. Como señalan cuidadosamente dos economistas prominentes: «Aunque poner un valor a una vida humana determinada es imposible, los economistas han desarrollado la técnica de valorar las “vidas estadísticas”; es decir, determinar cuánto vale para las personas reducir su riesgo de mortalidad o morbilidad».³³ En Estados Unidos, las encuestas muestran con frecuencia que los trabajadores están dispuestos a aceptar una reducción salarial de aproximadamente 1.000 dólares para reducir la probabilidad de muerte en su lugar de trabajo en una proporción de 1 de cada 10.000 personas. La consecuencia, según la lógica de los economistas, es que, en una gran empresa con 10.000 empleados, la fuerza laboral estaría dispuesta a pagar 10 millones de dólares para salvar una sola vida. Así se deriva el llamado «Valor Estadístico de una Vida» (VEV). La cifra de 10 millones de dólares es aceptada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (Health and Human Services, HHS por sus siglas en inglés), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Departamento de Transporte de Estados Unidos. El Banco Mundial, en sus ejercicios de coste-beneficio, utiliza un VEV de 3,8 millones de dólares, y la agrupación de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aplica una cifra de 3,6 millones de dólares a las vidas de los europeos.³⁴

Esta metodología tiene profundas limitaciones. El VEV no es lo que alguien pagaría para salvar su vida si tuviera un presupuesto ilimitado, ni lo que en realidad se pagaría incluso con medios limitados, sino que es una medida colectiva derivada de opciones incrementales y de bajo coste. Las estimaciones de los VEV siguen vigentes solo por la inexistencia de mejores estimaciones, y tienen la virtud de ser sencillas e igualitarias. Además, sin ser despilfarradores, un VEV que se mueve en el rango de 3-10 millones de dólares es una cifra lo suficientemente grande para ser relevante. Si se combinan estos valores con el modelo de previsión adecuado, se puede llegar fácilmente a resultados impresionantes. Supongamos, por ejemplo, que las medidas preventivas fuesen capaces de salvar la vida de un millón de personas. A pesar de representar no más de un tercio del 1 % de la población estadounidense, el beneficio económico sería del orden de 10 billones de dólares, la mitad del PIB total de Estados Unidos antes de la crisis. Incluso ignorando el impacto social de un millón de muertes, 10 billones de dólares son un motivo convincente para pasar a la acción.

Sin embargo, el VEV también es engañoso, ya que en esencia considera que un joven sano y un anciano de ochenta años con múltiples afecciones crónicas son equivalentes. Al asumir que todas las vidas tienen el mismo valor, se pasa por alto lo que desde el punto de vista del coronavirus suponía el principal problema. Mataba sobre todo a los ancianos, y como señaló un destacado experto: el VEV «apropiado» para los mayores de 65 años es «muy incierto».³⁵ Y la situación se vuelve aún más explosiva cuando se tienen en cuenta la riqueza y los ingresos. Las personas mayores con muchos recursos económicos ponen un precio muy alto a la extensión de sus vidas, y representan la mayor parte de los enormes gastos sanitarios de las sociedades ricas, pero ¿debería el precio que están dispuestos a pagar para alargar sus vidas unos años servir como base para tomar medidas políticas que perjudican desproporcionadamente a los jóvenes con ingresos mucho más bajos? ¿Cómo se pueden arbitrar tales decisiones?

Al tomar decisiones sobre la asignación de recursos médicos escasos, algunos sistemas de salud utilizan medidas más amplias relacionadas con la calidad de vida. El Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Cuidado del Reino Unido utiliza algo llamado «años de vida ajustados por calidad», o AVAC, como base sobre la cual evaluar la adquisición de medicamentos y los tratamientos en el Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, el alcance de esas decisiones de vida o muerte es limitado. Las decisiones se toman entre alternativas específicas, a puerta cerrada, y no en un momento de crisis general, ante la atenta mirada de los medios de comunicación.³⁶ Imagine el lector por un segundo que se quisiera aplicar el mismo cálculo a la totalidad de la respuesta colectiva del coronavirus. La pregunta es la siguiente: ¿cuál era el valor residual de las vidas de los pacientes, sobre todo ancianos, que podían salvarse mediante una paralización repentina y masiva, y del sufrimiento evitado para aquellos que desarrollaron una forma persistente de COVID, y de qué forma influía en el coste sufrido por los 1.300 millones de jóvenes cuya educación se vio interrumpida, los cientos de millones que se quedaron sin trabajo y las decenas de millones que comenzaron a pasar hambre como resultado de la perturbación económica mundial?

Es una pregunta polémica, desagradable y difícil de digerir. Para tomársela en serio habría que tener en cuenta las ramificaciones sistémicas de una pandemia descontrolada: el trauma colectivo, el daño institucional, el potencial de efectos a largo plazo para la salud y el riesgo de mutación, por nombrar solo algunos aspectos. En cualquier caso, las críticas «económicas» a la respuesta a la COVID se apoyan en cálculos de esta clase. Se insiste, por desagradable que sea, en la realidad de una compensación y, después de todo, existe un lenguaje familiar en el que se puede expresar tal compensación.

En la última semana de marzo de 2020, Dan Patrick, vicegobernador de Texas, lograba su breve momento de celebridad cuando declaraba en Fox News que estaba dispuesto a arriesgar su supervivencia como anciano por el bien de la economía, agregando que pensaba que «hay muchos abuelos en este país que sienten lo mismo […] Nadie me ha abordado y me ha dicho: “Como persona de la tercera edad, ¿está dispuesto a arriesgar su supervivencia a cambio de preservar los Estados Unidos que todos los estadounidenses aman para sus hijos y nietos?”. Si ese es el precio, estoy totalmente dispuesto a pagarlo».³⁷ Con un espíritu similar, la televisión china mostraba a pacientes ancianos infectados con COVID haciendo saludos patrióticos desde sus camas de hospital. Al aceptar el aislamiento y la probabilidad de una muerte solitaria, estaban haciendo su contribución a la causa.

Aún en la actualidad puede existir la tentación de desdeñar a la televisión china como pura propaganda, así como de acusar a Patrick de ser un simple defensor de los intereses empresariales texanos, pues abogaba por una estrategia de autoaislamiento personal desde el entorno de su confortable hogar en una zona residencial. No obstante, antes de desestimar estos casos, vale la pena profundizar en sus graves implicaciones emocionales y sociales. La idea de «morir por la economía» es evidentemente grotesca, pero aceptar el riesgo de muerte por la nación o por la familia es la base de las concepciones convencionales del Estado y de la sociedad. La lógica básica de la guerra es que una minoría, en general hombres en edad de luchar, se pone en peligro voluntariamente por el bien colectivo. En una guerra total, ese riesgo se extiende a toda la población.

La economía no es algo secundario, sino un elemento absolutamente crucial en esta lucha. El sentido de la compensación se basa en las ideas de pertenencia y de amenaza colectiva existencial. Las pérdidas, ya sea en el campo de batalla, en las cadenas de suministro o en el porche de casa, se soportan con estoicismo. Lo que debemos a nuestros héroes es que sus vidas no sean sacrificadas en vano y que los recordemos.

De hecho, esta retórica de riesgo, sacrificio y honor se empezó a extender en 2020, pero de forma selectiva. A lo largo de la crisis, los trabajadores sanitarios estaban expuestos en muchos casos a peligros considerables. Los recién clasificados como «trabajadores esenciales», incluidos los trabajadores de almacén, los distribuidores de comestibles y los conductores de autobuses, también asumían riesgos elevados. Las farmacias trataban a sus dependientes como héroes, y eran reconocidos como «soldados en primera línea» de la guerra. Y, al menos en el caso de los trabajadores de la salud, eran objeto de homenajes: muchas ciudades celebraban rituales nocturnos —vítores, aplausos o caceroladas— para expresar su agradecimiento.

Sin embargo, el año 2020 también reveló que, en la mayoría de los lugares donde había un debate público abierto, el lenguaje del estoicismo, el heroísmo y el sacrificio no era elástico. Las madres jóvenes, que trabajaban como enfermeras sin un equipo de protección individual (EPI) adecuado, asumiendo riesgos para intubar a pacientes de ochenta años que luchaban por sus vidas, eran, no sin razón, celebradas como heroínas, pero resultaba difícil extender la misma lógica a otros ámbitos. ¿Debería esperarse que las escuelas a las que las mismas enfermeras confiaban el cuidado de sus hijos continuaran con normalidad, incluso si esto implicaba un riesgo elevado para los maestros y el resto del personal? ¿Deberían los empaquetadores de carne arriesgar sus vidas para que siguiera habiendo hamburguesas en la cadena alimentaria? ¿Cuánto autocontrol podía esperarse que ejerciesen los niños y jóvenes para proteger a sus abuelos? Lo que ponía de manifiesto la nueva amenaza desconocida y misteriosa era que no sabíamos quién debía qué a quién. No era fácil decidir cómo decidir.³⁸

Sería históricamente ingenuo imaginar que tales preguntas han sido fáciles de responder. Muchos relatos retrospectivos de solidaridad colectiva de la segunda guerra mundial están claramente edulcorados.³⁹ La primera guerra total del siglo XX, la primera guerra mundial, produjo agitación revolucionaria en todo el mundo. El coronavirus no produjo tal drama. La disensión y la desunión, sin embargo, eran muy reales. La dificultad de encontrar un lenguaje para abarcar las complejas compensaciones sociales, y ordenarlas de una manera sensata y aceptable, provocaba enfrentamientos, malentendidos, retórica inhumana, acusaciones y caos institucional.

En cualquier caso, como el virus nos golpeó de lleno a principios de 2020, hubo poco tiempo para deliberar. Lo que acabó anteponiéndose a las compensaciones estratégicas y a los cálculos coste-beneficio fue la amenaza de que una enfermedad desconocida acabase causando una masiva mortalidad y la descomposición de las instituciones. Esos temores se vieron reflejados en las imágenes de los hospitales de Wuhan en China, de Bérgamo en Italia, de Queens en Nueva York y de las calles de Guayaquil en Ecuador. Las UCI a punto de colapsarse, los pacientes afectados por el pánico, el horror de los protocolos de intervención, las morgues que se iban quedando sin espacio de almacenamiento, los cadáveres dispuestos en ataúdes improvisados en la calle… Todo ello era un verdadero mosaico de pesadillas.

Lo que estaba inmediatamente en juego no eran compensaciones colectivas más amplias, sino el funcionamiento de aquellas instituciones en las que confiamos para mantener cierto grado de control sobre los momentos críticos de la vida y la muerte. A medida que los esfuerzos iniciales para contener el virus iban fracasando, el objetivo principal de la política pandémica pasó a ser la protección del sistema sanitario. En eso consistía precisamente aquello de «aplanar la curva».⁴⁰ Si no podíamos detener la enfermedad, si el mismo número de personas iban a caer enfermas al margen de lo que hiciéramos, era absolutamente crucial asegurarnos de que no todos enfermaran a la vez, para que el sistema hospitalario pudiera seguir funcionando y salvando vidas. En última instancia, el objetivo era minimizar la muerte, y para ello era crucial la protección de las unidades de cuidados intensivos para evitar que se sobrecargasen.

Los hospitales son fundamentales para el buen funcionamiento de la medicina, para el control de enfermedades, de la vida y de la muerte.⁴¹ También forman parte de las estructuras definitorias de la modernidad. El filósofo francés Michel Foucault consideraba a los hospitales, junto con los asilos, las prisiones, los cuarteles, las fábricas y las escuelas, como una serie de instituciones que, a principios del siglo XIX, formaban la base del ideario liberal sobre la libertad individual y el orden colectivo.⁴² En el mundo contemporáneo, se podrían añadir otros grandes contenedores de la vida moderna, como las oficinas, los centros comerciales, los hoteles, los casinos, los parques de atracciones y los estadios deportivos. Y, además de la infraestructura estática, también tendríamos que pensar en los transportes modernos altamente organizados como el metro, los ferrocarriles y los aviones —todos aquellos lugares donde esperamos en fila, donde somos escaneados y vigilados, donde nos movemos como una manada.

El riesgo de infección puso todos estos contenedores básicos de la vida moderna bajo una presión colectiva masiva. Si se volvían a abrir escuelas, restaurantes, centros comerciales y estadios, se corría el riesgo de que los hospitales colapsaran. Por otro lado, detener su funcionamiento era extremadamente perturbador. De hecho, el fin de la actividad regular en esos lugares fue la perturbación. Cerrar las puertas de los grandes complejos institucionales paralizó la vida tal como la conocíamos, y nos devolvió a una dependencia desconocida de las pequeñas redes familiares. La vida se trasladó a los espacios al aire libre menos regularizados, como los parques de las ciudades, y también lo hizo el mundo virtual. La no paralización suponía el riesgo de convertir los núcleos organizadores de la modernidad en centros de infección masiva, panópticos en placas de Petri. El potencial de tales centros vitales para generar un crecimiento explosivo de las infecciones era precisamente lo que hacía que la idea de una compensación entre el control de enfermedades y la «economía» no solo fuera intelectualmente tensa y política, y moralmente polémica, sino también muy poco realista.

La economía es una abstracción; una abstracción muy real, tal vez, pero una abstracción al fin y al cabo, un conjunto de ideas, conceptos y estadísticas que agregan personas y cosas reales, y redes reales de producción y reproducción.⁴³ Por lo común, cifras como el PIB reflejan de forma adecuada esa totalidad, pero crean una engañosa sensación de separación. Hacen que parezca significativo «compensar» el crecimiento del PIB con otros imperativos sociales. Un virus permite la idea ilusoria de imaginar que hay una cosa llamada «economía» que está separada de la sociedad. Un virus se multiplica con rapidez a través de los cuerpos de los trabajadores, a través del aire que circula en los lugares de trabajo. Esto no quiere decir que todo esté igualmente conectado. Como acabaríamos descubriendo en 2020, existen algunos circuitos de bienes y dinero más o menos aislados que pueden seguir funcionando a pesar de tener que hacer frente a una pandemia, pero en esa medida pusieron de relieve los límites de la idea de una economía nacional. El capitalismo global y la actividad empresarial se superponen solo en parte con la economía nacional. Es posible que se pueda salir adelante gestionando una pequeña empresa, o incluso una gran empresa si se pudiera poner en cuarentena al personal, pero no tiene sentido hablar de mantener «la economía estadounidense», o la «economía alemana», mientras se está luchando contra una enfermedad altamente infecciosa en las escuelas, en los lugares públicos, en los autobuses y el metro, y en los hogares.

Allí donde se lograba suprimir por completo la enfermedad, el impacto era agudo pero corto en todo el sistema socioeconómico —como algunas sociedades asiáticas fueron capaces de hacer—, y se preservaban las relaciones normales de la economía, la sociedad y la política. Como en una guerra victoriosa, se podía celebrar la recuperación como un triunfo colectivo. Cualquier coste en el que se incurriese podía ser subsumido en una victoria ganada a un coste razonable. Y allí donde se perdía el control de la epidemia, como en Europa y en América, las opciones se volvían más complicadas. De esa pérdida de control, y de las exorbitantes medidas colectivas necesarias para recuperarlo, surgió el lenguaje antagónico y polémico de las compensaciones. La recuperación del terreno perdido no era imposible. Como muchos lugares de Europa y América descubrirían a lo largo de 2020, era posible reanudar gran parte de la actividad normal mientras se contenía la enfermedad. Sin embargo, aquellos que lograban alcanzar ese equilibrio no lo hacían enfrentando la economía a las necesidades sociales y médicas, sino reconociendo las conexiones ramificadas que se extendían por todos los ámbitos, y administrándolas de manera conjunta. Esto podría sonar como una fantasía de cohesión social, o como una pesadilla de vigilancia. Era sin duda un tema polémico. Los que salían peor parados eran aquellos que contaban con pocos recursos para hacer frente al prolongado distanciamiento social. No obstante, como demostraría la administración Trump durante el verano de 2020, las consecuencias de abandonar la lucha serían aún más dramáticas. En ese caso, como se pondría de manifiesto en Estados Unidos durante unos breves y delirantes meses, cualquier tipo de relación entre la política, la sociedad y la economía podría quedar en entredicho.

En última instancia, todo dependía del sistema sanitario. Su capacidad y resiliencia dictaban lo que era un nivel manejable de la enfermedad y lo que no lo era. El principal temor era la sobrecarga del sistema hospitalario. Los sistemas sanitarios con más capacidad de reserva elevaron el umbral de supervivencia y marcaron el ritmo al que la vida económica y social podría volver a la normalidad. Los hospitales, sin embargo, no estaban fuera de la economía ni de la sociedad. En 2020, los hospitales ya no eran los enormes monolitos organizativos de mediados del siglo XX.⁴⁴ Desde la década de 1980 se habían ido incorporando no solo a la economía —siempre fueron parte de ella—, sino también al mercado. Se convirtieron en lugares para realizar experimentos sobre gestión moderna.⁴⁵ Comenzaron a realizar las llamadas operaciones «justo a tiempo», y empezaron a ser (o al menos aspiraban a ser) negocios «normales» dirigidos según criterios de eficiencia. En Estados Unidos, muchos hospitales pasaron a ser empresas comerciales financiadas mediante la emisión de deuda calificada como deuda basura. Maximizaron el rendimiento de los pacientes y minimizaron la capacidad excedente de camas. Redujeron sus existencias de materiales esenciales a niveles mínimos. Elementos básicos como mascarillas y guantes pasaron a ser importados de medio mundo.

De acuerdo con la doctrina de gestión predominante, contar con excedentes no se veía como una precaución responsable, sino como un lastre para la eficiencia. Todo esto tenía sentido mientras el volumen de casos fuese estable y predecible. Al igual que la vida social general, el sistema sanitario se ajustó a un patrón particular de morbilidad. Había, por supuesto, planes de contingencia para emergencias, y la posibilidad de un desastre era obvia, pero no existía ningún sistema hospitalario en todo el mundo capaz de absorber la carga de casos de una pandemia descontrolada. La irresponsabilidad organizada dictaba su ley.

Por muy desconcertante que fuera su impacto, la crisis del coronavirus de 2020 era un accidente que tenía que ocurrir tarde o temprano. Nuestra forma de vida moderna no solo aceleraba la mutación de los virus potencialmente peligrosos, sino que los llevábamos por todo el mundo a la velocidad de aviones de reacción. Los expertos entendieron los riesgos e hicieron planes hipotéticos sobre cómo podríamos responder. Nosotros, la población en general, solemos tener grandes expectativas sobre el control y la previsibilidad, pues toda nuestra vida gira en torno a sistemas altamente susceptibles al contagio masivo. Sin embargo, los que podían permitírselo no parecían dispuestos a pagar para desarrollar una auténtica preparación. Existían equipos de empleados que habían diseñado planes para posibles emergencias, pero nadie quería vivir bajo la sombra de la amenaza de que sus hipótesis pudieran llegar a ser reales. ¿Quién iba a querer interrumpir su vida diaria para hacer simulacros de «agacharse y ocultarse» al estilo de la Guerra Fría? Mientras tanto, la política democrática estaba atenuada y polarizada hasta tal punto que llegar a un acuerdo político sobre cómo responder a una crisis pandémica era difícil incluso de imaginar. Era una fórmula no para generar soluciones, sino para generar crisis. En retrospectiva, la historia del último siglo podría ser contada como una crónica de desastres anunciados.

La situación análoga que todos teníamos en mente a principios de 2020 era la pandemia de gripe de 1918-1919,⁴⁶ que afectó a cientos de millones de personas en todo el mundo. Murieron decenas de millones de personas, un desastre mucho mayor que el causado por nuestra pandemia, y dejó profundas cicatrices en toda una generación. Detuvo la vida pública ordinaria en algunas ciudades durante varios meses y provocó cierres de negocios y distanciamiento social. Sin embargo, lo más destacable desde nuestro punto de vista es la rapidez con la que se asimiló aquel terrible desastre y lo poco que impactó en la historia política de su momento. Las negociaciones del Tratado de Versalles, tras la primera guerra mundial, siguieron su curso a pesar de la epidemia. Por muy consternados y afligidos que estuviesen los contemporáneos, se encontraban en un momento histórico de transición epidemiológica. En aquel tiempo, no era inusual que personas de cualquier edad sucumbieran a enfermedades infecciosas: la tuberculosis, el cólera y la peste eran las principales causas de muerte en todo el mundo; y si a todo ello se añadía como telón de fondo la reciente Gran Guerra, una nueva pandemia no era un acontecimiento tan sorprendente.

Sin embargo, en retrospectiva, la gripe española fue un punto de inflexión en el desarrollo del régimen de salud pública de mediados del siglo XX, que empezó a basarse en la vigilancia epidémica y en la vacunación contra la gripe, y que todavía hoy continúa vigente. A partir de varias iniciativas de las décadas de 1920 y 1930, en los años cincuenta se estableció un sistema permanente para detectar y controlar la gripe a medida que se propagaba por todo el mundo. Los mecanismos de vigilancia permitieron que la pandemia de gripe asiática de 1957-1958 y la gripe de Hong Kong de 1968-1969 se rastreasen en tiempo real.⁴⁷ En todo caso, fueron menos letales que la COVID, y ya no digamos que la gripe española, y no se produjo una paralización general.

La siguiente gran prueba llegó en 1976, cuando un nuevo brote de gripe porcina obligó a la administración de Gerald Ford a realizar un esfuerzo sin precedentes para intentar vacunar a una gran parte de la población estadounidense en tiempo real. Fue un éxito a medias. El virus resultó mucho menos peligroso de lo que se temía, pero la vacuna tuvo efectos secundarios graves (un contratiempo que todavía condiciona negativamente la percepción pública sobre las vacunas en Estados Unidos). El fiasco de la vacunación de 1976 destruyó la confianza y la fe en sí mismos de los organismos de salud pública durante los siguientes años.⁴⁸

En la década de 1990, bajo la bandera de la lucha contra las enfermedades infecciosas emergentes, la salud pública entró en la nueva era de la globalización. Las preocupantes nuevas cepas de la gripe aviar aparecieron en Hong Kong. El ataque con gas sarín del metro de Tokio en 1995 aumentó la concienciación sobre nuevos y exóticos tipos de terrorismo. Conforme a la hegemonía unipolar de la época, fue sobre todo Estados Unidos quien tomó la iniciativa en la definición de una nueva agenda de «seguridad sanitaria pública global».⁴⁹ El ataque terrorista del 11-S aumentó aún más el nivel de alerta. Las sucesivas administraciones estadounidenses de ambos partidos —Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama— inyectaron más y más recursos en la investigación sobre el riesgo de pandemias.

Tras el cambio de milenio, una serie de temores horripilantes, reales e imaginarios, surgieron en rápida secuencia. El SARS en 2003, el susto de la gripe aviar de 2005 y el episodio de gripe porcina de 2008-2009 pusieron de relieve las posibles amenazas. Entre los virólogos existía el consenso de que la rueda de la lotería de la mutación zoonótica estaba girando a intervalos cada vez más cortos, pero determinar el momento preciso para pasar a la acción seguía siendo tan difícil como siempre. La reacción de la OMS a la epidemia de gripe porcina en 2009 fue ampliamente considerada como prematura y exagerada, lo cual hizo que esa organización fuera demasiado cautelosa a la hora de enfrentarse al ébola en 2014, un retraso que le valió nuevas y numerosas críticas.⁵⁰ Aunque el ébola seguía estando confinado en algunas de las zonas más pobres del África subsahariana, la espantosa naturaleza de la enfermedad la convertía en un motor de los esfuerzos mundiales de desarrollo de vacunas.

Si bien las epidemias africanas podían ser catalogadas como problemas de la pobreza y el subdesarrollo, China estaba en una categoría distinta, pues era un elemento crucial de la globalización y estaba en la primera línea de la batalla contra las enfermedades infecciosas emergentes. Hong Kong se vio atrapado de repente en el flujo epidémico. Enormes bandadas de aves de corral fueron sacrificadas para limitar el riesgo de propagación de la gripe aviar. La crisis del SARS de 2003, que se originó en la región de Guangdong, en el sur de China, infectó a 8.098 personas en todo el mundo y mató a 774. Fue un acontecimiento que habría de definir a la actual generación de líderes del PCC.⁵¹ Inspirándose en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), China construyó un sistema de informes de salud con la esperanza de que fuera inmune a la presión política y garantizara una notificación fiable de los brotes regionales.⁵² Dada la enorme extensión del territorio chino, aquello era poco más que una piadosa esperanza. No obstante, China no se escondió tras su Gran Muralla. Con la intención de compartir experiencias, los chinos concedieron a los CDC el derecho exclusivo a integrar a sus funcionarios dentro del aparato organizativo chino.

Mientras tanto, los vecinos de China tuvieron sus propios roces con el desastre epidémico. El gobierno de Corea del Sur hizo gala de una alarmante incapacidad para contener la rápida propagación del MERS en 2015.⁵³ El fracaso en la gestión de la epidemia contribuyó a la victoria electoral de un gobierno liberal dedicado a modernizar la gobernanza y a promover el sector biotecnológico surcoreano.⁵⁴ Sería el sucesor de las industrias pesadas que habían impulsado el notable desarrollo económico de Corea del Sur.⁵⁵

A pesar de las señales de alarma, tras los sustos de los virus del ébola y del Zika, el interés mundial por las enfermedades pandémicas decayó considerablemente. La aparición de una nueva cepa peligrosa de la gripe aviar, la H7N9, en 2017 en grandes provincias de China apenas alcanzó los titulares.⁵⁶ Para los preocupados por el Antropoceno, lo que estaba «en primera fila» era el clima. Y luego estaba el «factor Trump».

En retrospectiva, es difícil no centrarse en los evidentes pasos en falso de los años anteriores a 2020. Y en lo que a pasos en falso se refiere, la administración de Donald Trump en Estados Unidos es la protagonista absoluta indiscutible. A comienzos de 2020, el personal de Trump estaba confeccionando un presupuesto que recortaba los fondos para el control global de enfermedades. Dentro del aparato de seguridad nacional estadounidense, la sección creada por la administración Obama para vincular el control de enfermedades con la política de seguridad nacional era atacada con saña. En medio de las crecientes tensiones comerciales con China, Estados Unidos retiró unilateralmente a su observador del CDC de China. Estados Unidos estaba cerrando los ojos ante la tormenta que se avecinaba, lo cual contrastaba notablemente con una atención mucho más fuerte en la seguridad sanitaria global bajo las administraciones demócratas y republicanas anteriores. Era una línea de acción coherente con el populismo, el nacionalismo y la postura contraria al conocimiento de la administración Trump, que revelaba un deseo de enfrentamiento con China. Sin embargo, en gran parte era pura bravuconería, un ejercicio de política simbólica más que una política real. Una cosa era proponer el recorte de los presupuestos globales de salud, y otra cosa era lograr que el Congreso estuviera de acuerdo con ello. Una organización tan arraigada como la burocracia de salud pública de Estados Unidos no se podía desmantelar tan fácilmente. Al rechazar los recortes propuestos en 2019, el Congreso restauraba la contribución de Estados Unidos a la gestión global de la salud pública,⁵⁷ y daba continuidad a la planificación sobre la pandemia por parte de los profesionales del aparato estatal estadounidense. La normalidad se mostraba resistente ante el asalto de Trump, pero eso no podía ser un consuelo.

La irresponsabilidad organizada no surgió de repente en 2017. Durante décadas habíamos caminado en línea recta hacia un futuro cada vez más arriesgado, generando amenazas y aumentando el estrés biológico sin una financiación adecuada de las instituciones globales de salud pública para hacer frente al previsible retroceso. La disfunción «trumpista» no era la excepción, sino la norma.⁵⁸ Todos estábamos convencidos de que debíamos prepararnos, pero casi ninguno de nosotros estaba en realidad preparado cuando llegó el momento.

Capítulo 2

WUHAN, NO CHERNÓBIL

El virus que acabaríamos conociendo como SARS-CoV-2 comenzó a circular en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, a finales de noviembre de 2019. El sistema de notificación de los virus implantado en China debería haberse activado, pero el momento de la aparición fue muy inoportuno. La dirección provincial del PCC no tenía ningún deseo de interrumpir el flujo normal de importantes reuniones políticas, ni tampoco las celebraciones del Año Nuevo. Su enfoque principal se centró en la elaboración de las «dos sesiones» de la Conferencia Consultiva Política Popular y del Congreso Popular Nacional, que debían tener lugar en el Gran Salón del Pueblo de Pekín en el mes de marzo, la fecha más importante en el calendario ceremonial de la política china. La aparición del virus supuso una molesta distracción para la intensa ronda de reuniones y decisiones políticas. Wuhan está a más de mil kilómetros de Pekín, y la provincia de Hubei tiene el tamaño de un gran país europeo. No había necesidad de involucrar al gobierno central. Funcionarios de Wuhan y Hubei hicieron todo lo posible para suprimir las noticias incómodas sobre un nuevo virus.

En los primeros días de enero de 2020, los científicos de laboratorios de toda China tuvieron conocimiento de que había surgido un nuevo virus, y al parecer el propio Xi Jinping fue informado de ello el 6 de enero.¹ A pesar de los temores de que la transmisión de persona a persona se estaba produciendo a un ritmo peligroso, el gobierno chino tardó bastante en darse cuenta de la magnitud del riesgo, ya que estaba demasiado ocupado con su apretada agenda de enero. Las prioridades de Xi eran la campaña para inculcar los valores comunistas en los funcionarios de China y las conversaciones comerciales con Estados Unidos. El 8 de enero, el jefe de los CDC de China admitió ante su homólogo estadounidense que la enfermedad era altamente infecciosa, pero el gobierno local de Wuhan se negó a elevar el nivel de alerta.² Tras la detección del primer caso fuera de China, la Comisión Nacional de Salud convocó una teleconferencia nacional para alertar a los funcionarios provinciales y transmitir «instrucciones» desde Pekín. Aún hoy en día continúa sin estar claro en qué consistieron tales instrucciones. Aunque los CDC de China estaban ahora en alerta máxima, el público no fue advertido de ello, ya que la infección de persona a persona aún no había sido confirmada.³ Para superar este obstáculo, la Comisión Nacional de Salud de China persuadió el 18 de enero al doctor Zhong Nanshan, un incondicional del partido y héroe de la lucha contra el SARS, para que visitara Wuhan en persona. Lo que encontró —infección rápida de persona a persona, hospitales que estaban luchando para hacer frente a la crisis— hizo sonar todas las alarmas. Al día siguiente, en el Zhongnanhai, el complejo amurallado del PCC en Pekín, Zhong se reunió con el primer ministro Li Keqiang para darle la noticia. Xi estaba de gira por el suroeste de China, pero el 20 de enero participó a distancia en una reunión online organizada por el Consejo de Estado y pidió que el virus fuera tomado «en serio». Unas horas más tarde, el doctor Zhong confirmó públicamente que existía transmisión de persona a persona. En ese momento, la enfermedad ya se había extendido por toda China, y en breve lo haría por el mundo en general.

La falta de contención del virus durante el invierno de 2019-2020 se produjo en medio de una tensión creciente entre China y Occidente. Desde 2017, las relaciones chino-estadounidenses habían ido dando tumbos entre la guerra y la tregua comercial. Cada vez había más preocupación por el alcance de la influencia de Pekín fuera de sus fronteras y por el aumento de la represión dentro de ellas. Para Pekín, las crecientes protestas populares en Hong Kong planteaban la cuestión de cuánto tiempo podría tolerar la licencia otorgada a la ciudad bajo el régimen «un país-dos sistemas». En este contexto, los detractores de China en Occidente aprovecharon al máximo el brote de coronavirus para lanzar furiosas críticas, precisamente el tipo de descrédito que durante mucho tiempo se había predicho que acabaría cayendo sobre el régimen del PCC.

La analogía más utilizada fue Chernóbil, el accidente nuclear de 1986 que tanto había desacreditado al régimen soviético.⁴ Por casualidad, la cadena HBO había estrenado un convincente docudrama sobre el incidente de Chernóbil en mayo de 2019. A medida que la crisis del coronavirus se iba intensificando a finales de enero, los internautas chinos aprovechaban los espacios de comentarios sobre películas para esbozar la analogía obvia.⁵ El intelectual liberal Xu Zhangrun, que había criticado públicamente el gobierno personal de Xi y había sido castigado por ello, publicó en ese momento un artículo en el que denunciaba la política del PCC y aseguraba que el sistema se estaba derrumbando bajo el peso de su propia «tiranía». Un gobierno de burócratas estaba «fracasando». El giro de Xi hacia el gobierno de un solo hombre había activado la cuenta atrás. «La crisis de Hubei es solo la punta del iceberg, ya que sucede lo mismo en todas las provincias», opinaba Xu.⁶ Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que el régimen comunista recibiera su merecido.

Xu pagaría por su audacia con el despido y el arresto domiciliario, pero lo peor fue que su predicción de un fracaso integral del régimen también resultaría infundada. En cuanto a Occidente, confundir a Wuhan con Chernóbil le costaría caro. Wuhan no era una ciudad enterrada tras el telón de acero, sino una megalópolis globalizada, por lo que el brote era mucho más peligroso. Al llegar las vacaciones, aproximadamente la mitad de la población de Wuhan se fue a visitar a familiares y amigos, lo que supuso que 5 millones de viajeros comenzasen a propagar la infección en coche, tren de alta velocidad y avión no solo al resto de China, sino al mundo entero.⁷ En enero, 15.000 turistas chinos abandonaron el aeropuerto internacional de Wuhan con destino a Japón.⁸ En pocas semanas, se fueron detectando casos en 25 países, el primero de ellos Tailandia.

Dada la capacidad de infección del SARS-CoV-2, se trataba de una amenaza de primera magnitud cuya respuesta debía ser rápida y contundente, y así lo entendió Pekín, pero Occidente no supo reaccionar. En China, un fallo de salud pública como el que se produjo en Italia, el Reino Unido o Estados Unidos habría costado millones de vidas. Si la gestión política de la crisis hubiera sido tan torpe en Pekín como lo fue en Washington o en Londres, bien podría haber sacudido el férreo control del poder por parte de Xi. Sin embargo, no fue así. China no solo no sufrió un colapso al estilo soviético, sino que pagó a sus críticos extranjeros con su misma moneda. En China, el primer país en enfrentarse a la enfermedad, la amenaza se contuvo rápidamente, lo que dio alas al régimen de Xi para tomar medidas adicionales. Fue en Europa, Estados Unidos, América Latina y la India donde el virus se propagó sin control. Esa diferencia fundamental sentó las bases de lo que acabaría sucediendo durante el resto de 2020 y en los meses posteriores.

El hecho de que, en enero de 2020, Wuhan no informase adecuadamente sobre la enfermedad causó una conmoción en Pekín, ya que la gestión de riesgos era clave para toda la concepción del poder de Xi.⁹ El poder del gobierno de Xi se basaba en la premisa de que China estaba entrando en un período de desafíos extraordinarios, sin precedentes en «más de un siglo», que tan solo podían controlarse con el liderazgo decidido del «núcleo» del PCC.¹⁰ Para contrarrestar estas amenazas, se requería la implantación de amplias contramedidas, que iban desde acabar con la oposición política hasta controlar el crecimiento inmobiliario. Aún estaban frescos los recuerdos de la crisis financiera que había estado a punto de estallar en 2015 —cuando un billón de dólares en reservas había huido del país—, y el régimen aún tenía muy presente el SARS, la epidemia de 2003 que había sacudido a Pekín. Varios de los miembros del equipo de Xi debían su ascenso al poder a la limpieza interna de la jerarquía del partido.¹¹ Cuando la cúpula del PCC se dio cuenta por fin de la magnitud del brote de Wuhan, el entorno de Xi actuó con crueldad y rapidez.

En Occidente existe la tendencia a sugerir que las medidas draconianas de China son un ingrediente habitual del repertorio del PCC, pero esta mentalidad confunde las distintas realidades de China y subestima la audacia de Pekín. El encierro ordenado en Wuhan no tenía precedentes en la historia reciente de China. En 2003, 4.000 residentes de Pekín que habían estado expuestos al SARS se habían mantenido aislados, y 300 estudiantes universitarios habían sido retenidos en un campamento militar durante dos semanas.¹² Aun siendo drásticas, aquellas medidas no tenían ni mucho menos la magnitud del cierre de toda una ciudad de 11 millones de habitantes, y mucho menos de una provincia o incluso de un país.¹³

Pekín no recibió solicitud alguna procedente del gobierno local de Wuhan o de la provincia de Hubei. Tal como comentó Zeng Guang —epidemiólogo jefe del CDC de China— al diario oficial Global Times: «[Los gobiernos locales] tienden a adoptar una perspectiva política y solo toman en consideración la estabilidad social, la economía y que la gente pueda disfrutar feliz del Año Nuevo Lunar».¹⁴ Los expertos occidentales también se mostraron escépticos sobre la posibilidad de cerrar una ciudad entera, pues consideraban que sería poco práctico y violaría los derechos humanos.¹⁵ De forma algo incongruente, profundizaron en los registros históricos para argumentar que las cuarentenas de ciudades enteras no habían funcionado en 1918-1919. También señalaron que, en Liberia, el uso de cordones sanitarios para contener el ébola había acabado provocando disturbios.

Fuese cual fuese la relevancia de esos ejemplos para China en 2020, el confinamiento total no fue la primera opción política presentada a los líderes chinos por Zhong y su equipo, sino que fue una recomendación probablemente ideada por el primer ministro Li Keqiang y el Consejo de Estado antes de ser presentada a Xi.¹⁶ La decisión radical del confinamiento total no solo puso de manifiesto las inclinaciones autoritarias del régimen y la creciente evidencia de una epidemia fuera de control, sino también el hecho de que desde el principio Pekín había sabido ver el nuevo coronavirus a través de la lente del SARS o el MERS. A diferencia de Occidente, nunca hubo la más mínima confusión entre el SARS-CoV-2 y la gripe, y el gobierno chino jamás se planteó dejar que la enfermedad pasara sin control por la población en un intento de lograr una rápida «inmunidad de rebaño». Para Pekín, preocupado como estaba por ofrecer una «legitimidad de producción», era impensable dejar que «la naturaleza siguiera su curso».¹⁷ A los responsables políticos europeos y estadounidenses, por el contrario, les resultó más difícil desvincularse del paradigma de la gripe.

El 22 de enero, el gobierno chino optó por la paralización de todo el país, y en la vigesimoquinta reunión de altos dirigentes puso en marcha la gigantesca maquinaria del partido-Estado. Tras los festejos del Año Nuevo chino, las vacaciones se prolongaron hasta el domingo 2 de febrero, y los principales centros económicos, como el centro financiero en Shanghái, declararon que los negocios no retomarían su actividad hasta el 9 de febrero, y que las clases escolares no se reanudarían hasta el 17 de febrero. A principios de febrero, 14 provincias y ciudades que representaban casi el 70 % de la población habían detenido totalmente su actividad. La economía china, la segunda más grande del mundo, el principal motor del crecimiento mundial, se paró en seco.

Algunas medidas de contención eran de alta tecnología. En Shanghái, antes de salir de la estación de tren o del aeropuerto los viajeros debían inscribirse en una aplicación de seguimiento de contactos.¹⁸ Quienes no fueran capaces de recordar sus propios movimientos podían enviar un mensaje de texto a uno de los proveedores de telefonía para obtener una lista detallada. La provincia de Yunnan instaló códigos QR en todos los lugares públicos para que la gente pudiera escanearse a sí misma al entrar.¹⁹ En la mayor parte de China, el control funcionaba a través de métodos más prácticos dirigidos por comités vecinales, respaldados por el sistema de «gestión de redes» de organizaciones de partidos locales. Esto era el producto reciente de los esfuerzos por parte del PCC de consolidar su control sobre las nuevas megaciudades en expansión.²⁰ En 2020, esa inversión en lo que se había denominado «innovación en la administración social» daba por fin sus frutos.

La provincia de Zhejiang, en la costa sureste de China, donde Xi había adquirido renombre como funcionario provincial, tenía una población de casi 60 millones de habitantes y contaba con 330.000 «trabajadores en red». En Hubei ascendían a 170.000, en Guangdong a 177.000, en Sichuan a 308.000 y en la megaciudad de Chongqing había 118.000 trabajadores en red vigilando cada vecindario. Todo ello, en términos de densidad de cobertura, sumaba el equivalente a una gran fuerza policial urbana en Estados Unidos.²¹ Trabajando con las empresas de administración de propiedades que dan servicio a los complejos de apartamentos privados de China y enrolando a millones de voluntarios entre las filas del partido, convirtieron cada complejo en una zona de confinamiento.²²

El objetivo era encontrar a las personas infectadas y ponerlas en cuarentena. A modo de impulso en la dirección deseada, las autoridades de Hangzhou prohibieron a las farmacias vender analgésicos, lo que impediría que los ciudadanos se automedicasen y los obligaría a buscar tratamiento hospitalario. La ciudad costera de Wenzhou, a 900 kilómetros al sureste de Wuhan, ordenó que las familias solo salieran a comprar una vez cada dos días, y que siempre lo hiciera un solo miembro de la familia. Se cerraron las autopistas. En el condado de Poyang, en Jiangxi, las autoridades locales tuvieron la expeditiva idea de poner todos los semáforos permanentemente en rojo.²³

En palabras de un observador europeo, «cada ciudad se ha convertido en una fortaleza».²⁴ En la semana que comenzó el 3 de febrero, el tráfico diario de pasajeros en el sistema ferroviario de China se redujo en casi un 75 %.²⁵ Los centros y distritos comerciales de moda quedaron vacíos. Starbucks cerró la mitad de sus locales. Ikea detuvo su actividad en todo el país. Para la industria de restaurantes, turismo y cine de China significaba perder los mejores días de todo el año. Se estima que la prohibición de los banquetes de Año Nuevo le costó a la industria hostelera china 144.000 millones de dólares en una sola semana.²⁶

También se cerraron las fábricas, incluidas las prestigiosas plantas de marcas occidentales. En Suzhou —donde Foxconn, subcontratista de iPhone, Johnson & Johnson y Samsung Electronics tienen concentradas sus plantas de producción—, se pidió a los trabajadores itinerantes que no regresaran. Tesla paró sus operaciones en Shanghái a petición de las autoridades locales, al igual que General Motors, Toyota y Volkswagen.²⁷ Nissan y los grupos automovilísticos franceses PSA y Renault anunciaron que se disponían a evacuar a todo su personal extranjero.²⁸

Sin embargo, el confinamiento no era solo una cuestión de grandes ciudades o prestigiosas empresas globales. Según una encuesta telefónica, realizada por un equipo de investigación con sede en Stanford, todas y cada una de las aldeas rurales con las que lograron contactar en China se habían confinado. «Es como Europa en la época medieval», dijo Jörg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio Europea en China; «Cada ciudad tiene sus controles y sus comprobaciones adicionales».²⁹ En el campo, todo lo que los lugareños necesitaban hacer para cortar las carreteras y abordar a los viajeros que intentaban pasar era estacionar algunos camiones o colocar bidones de gasolina. Si los viajeros hablaban un dialecto familiar, tenían el paso franco; todos los demás tenían que dar media vuelta.

En la propia ciudad de Wuhan, la primera semana completa tras la paralización fue el período más caótico. Un equipo de 40.000 trabajadores de la construcción trabajó sin pausa día y noche para levantar en un tiempo récord dos hospitales de emergencia, el primero, el hospital Huoshenshan («Montaña del Dios del Fuego»), se puso en marcha el 4 de febrero. Sin embargo, debido a una gestión negligente, a los pacientes más graves se los dejó morir en sus hogares. El domingo 2 de febrero se estableció un nuevo sistema para dividir y aislar a cuatro categorías de pacientes, lo que fue crucial para que los casos confirmados y sospechosos se aislaran rápidamente de sus familias y se pudiera limitar la transmisión. Nadie lo sabía todavía, pero China había encontrado un método efectivo para gestionar la crisis.

El 3 de febrero, en lugar de anunciar que China volvía de nuevo al trabajo, Xi ofreció un informe detallado al Politburó sobre lo que proclamó como la «guerra popular» de China contra el virus.³⁰ Puede que fuese un llamamiento conmovedor, con evocaciones y recuerdos de la era Mao, pero el mercado de valores de Shanghái necesitaba algo más convincente. Cuando los operadores encendieron sus terminales en el primer día de actividad financiera tras el Año Nuevo chino, casi todo el mundo dio por hecho que las compras por parte del «equipo nacional» —un grupo formado por bancos, aseguradoras y gestores de fondos más importantes— apoyarían al mercado.³¹ Sin embargo, a pesar de que el Banco Popular de China proporcionó la increíble cifra de 171.000 millones de dólares en créditos a los operadores, los mercados cayeron en picado. La Bolsa de Shanghái, por ejemplo, perdió un 7,9 % en un solo día.³² Fue el peor día para las operaciones financieras desde la crisis de agosto de 2015.³³

En Wuhan y Hubei la situación era desesperada, y los medios de comunicación chinos no lo disimulaban. Los centros de contención sanitaria eran sombríos, más parecidos a almacenes que a hospitales. Los médicos luchaban en vano contra una oleada de muertes.³⁴ Entre las víctimas también había médicos. El doctor Li Wenliang había sido uno de los primeros en detectar la existencia de la enfermedad, aunque al comunicarlo fue amenazado con sanciones por las autoridades locales. A principios de febrero, Li cayó gravemente enfermo y comenzó a compartir fotos y vídeos de sí mismo luchando por respirar en Weibo. Su muerte, el 6 de febrero, fue un desastre desde el punto de vista de las relaciones públicas. El hashtag «El gobierno de Wuhan le debe una disculpa a Li Wenliang» fue visto 180 millones de veces antes de ser bloqueado por los censores.³⁵

La consternación por la mala gestión de la pandemia por parte del régimen se tradujo pronto en demandas políticas más generales. El viernes 7 de febrero, una carta abierta de profesores de la prestigiosa Universidad de Wuhan pedía a las autoridades que honraran la libertad de expresión garantizada en la Constitución china. Y otra carta dirigida al Congreso Popular Nacional de China y redactada por intelectuales de primera fila comenzaba declarando: «Sostenemos que, a partir de hoy, ningún ciudadano chino debe ser amenazado por ningún aparato estatal o grupo político por su discurso […]. El Estado debe dejar inmediatamente de censurar las redes sociales y eliminar o bloquear cuentas».³⁶ Solo unas semanas antes, la autoridad de Xi parecía incuestionable, pero en aquel momento los censores estaban luchando para evitar que los usuarios de la red publicaran la letra de «Do you hear the people sing?» (¿Oyes al pueblo cantar?), el tema del musical Les Misérables, que había sido adoptado por los manifestantes de Hong Kong como un himno de desafío.

El 7 de febrero fue el día en el que la autoridad del PCC fue seriamente cuestionada por primera vez, pero también fue el punto de inflexión en la respuesta del gobierno. El auge de las protestas se encontró con una dura represión. La censura se desbocó: se borraron de inmediato las publicaciones en las redes sociales; los reporteros locales de Wuhan que se atrevieron a publicar vídeos críticos por internet desaparecieron sin dejar rastro; Xu Zhangrun fue puesto bajo arresto domiciliario y aislado del mundo exterior.³⁷

El aparato de seguridad del PCC es formidable, pero si la represión consiguió ser efectiva fue sobre todo porque se combinó con el éxito en el control de la epidemia. A mediados de febrero, por lo que podemos juzgar a partir de los datos disponibles, el volumen de casos de virus en toda China había caído en picado, y ello se debía a que Pekín estaba luchando contra una epidemia grave en una provincia, Hubei, con los recursos de una nación de 1.400 millones de personas. Liderados por los militares, más de 40.000 trabajadores médicos pudieron centrarse primero en el punto caliente de Wuhan, y luego en el resto de la provincia.³⁸

La contención de la propagación era crucial para obtener esta flexibilidad estratégica, y Pekín era un punto clave en esa batalla. Durante la epidemia del SARS en 2003, las autoridades municipales de la capital habían fracasado. El 10 de febrero de 2020 había 337 casos confirmados de COVID-19 en Pekín, y muchos más sospechosos. Si la vida ordinaria se reanudaba después de las vacaciones, los funcionarios temían que 600.000 residentes y trabajadores que regresaban en tren, y 140.000 más por vía aérea, provocaran un aumento de nuevas infecciones.³⁹ Para prevenir el desastre, las autoridades municipales de Pekín iniciaron una limpieza integral e instauraron una política de «cero forasteros». El lunes 10 de febrero, para proyectar una sensación de calma, Xi realizó un recorrido personal por la capital. El mensaje estaba claro: fuera de Hubei, China ya estaba volviendo a la normalidad.

A mediados de febrero, desde el punto de vista de Pekín, la crisis había pasado de un extremo al otro. El problema no era que otras provincias estuvieran teniendo los mismos problemas que tenía Hubei para controlar la enfermedad, sino que, impulsados por el temor, los funcionarios locales estaban reaccionando de forma desproporcionada. La paralización había tomado un impulso propio y amenazaba con paralizar a su vez el motor de crecimiento de la economía china. Los principales centros económicos como Shanghái, Zhejiang, Jiangsu y Guangdong se vieron congelados por el cierre prolongado de las escuelas y por los límites a la circulación de trabajadores itinerantes. Las ciudades más pequeñas exigían cuarentenas de dos semanas para los camioneros que recogían cargas en las ciudades afectadas por la COVID o que habían pasado por ellas. Mientras tanto, destacadas corporaciones globales como Foxconn y Volkswagen sopesaban los riesgos de reabrir demasiado pronto.⁴⁰ Nadie quería encontrarse en el banquillo de un tribunal, acusado de poner en riesgo la salud del país. En Shanghái, uno de los grandes centros de la economía mundial, las autoridades de la ciudad informaron antes del 10 de febrero de que apenas el 70 % de las fábricas locales habían registrado algún interés en reiniciar la producción, y mucho menos habían recibido la certificación para hacerlo. Como comentó el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, todos los empleadores «quieren proteger a su personal, pero ninguno quiere que lo pillen en fuera de juego en lo referente a la ley laboral o a los anuncios diarios del gobierno».⁴¹

Lo que preocupaba al gobierno central ya no era tanto una mala gestión o una negligencia al estilo Hubei, sino las tendencias centrífugas desatadas por una acción local demasiado entusiasta. Era significativo que la Oficina General del Consejo de Estado considerara oportuno emitir un aviso que prohibía estrictamente «el cierre arbitrario de carreteras de alta velocidad, la obstrucción de las principales carreteras provinciales, la cuarentena forzosa de las aldeas, la destrucción de carreteras rurales y la obstrucción del flujo de vehículos de emergencia».⁴² No obstante, aunque Pekín quería que las cosas volvieran a funcionar, los comités locales del partido no eran fáciles de convencer. Por supuesto, era importante recuperar la circulación de las mercancías y las personas, pero nadie quería ser culpado de provocar otro Wuhan. Ante las exigencias de Pekín de ceñirse a las reglas, los funcionarios locales del partido sostenían que «el control de enfermedades no debería estar sometido a debates abstractos, a veces quisquillosos, sobre el Estado de derecho». Para los tiquismiquis de Pekín era fácil criticar la mano dura local, ya que no eran ellos los que acabarían pagando el pato si la epidemia se descontrolaba de nuevo. Sí, puede que algunas medidas de cuarentena fuesen demasiado duras, pero los errores y los abusos podrían sin duda corregirse más adelante. La prioridad era actuar cuanto antes y con decisión. Si a Pekín no le gustaba la obstrucción que esto causaba, que aportase una «idea mejor».⁴³

El rigor y la severidad eran mucho más fáciles de detectar porque eran los forasteros los que se estaban viendo más afectados. El enorme ejército de trabajadores itinerantes de China, compuesto por más de 291 millones de personas, sumaba más de un tercio del total de una fuerza laboral de 775 millones. En su lucha por volver al trabajo tenían que atravesar «tres puertas»: la «puerta de salida local», la «puerta del transporte» y la «puerta de la cuarentena» en el lugar de destino.⁴⁴ Para aquellos que habían tenido alguna relación directa con Hubei, la situación era desesperada. En Pekín, familias de Hubei se enfrentaban a desahucios de alojamientos alquilados. El comité local de residentes comenzó a señalar determinados apartamentos por estar habitados por personas con vínculos con la provincia afectada. Activistas locales ofrecían recompensas de 500 yuanes (64 euros) a quien proporcionase información sobre cualquier persona que pudiera provenir de Hubei o que hubiera tenido contactos con esa provincia. Para la desgracia de los individuos en cuestión, el acento de Hubei es muy reconocible, y además en el documento de identidad se indica la provincia de origen de una persona.⁴⁵ El gobierno central había emitido un decreto que prohibía terminantemente la discriminación, pero en la práctica fue ignorado.

A mediados de febrero, las cifras oficiales confirmaban que de los 290-300 millones de trabajadores itinerantes que se esperaba que regresaran de las vacaciones, solo 80 millones habían vuelto a sus lugares de trabajo; se esperaba que otros 120 millones llegaran para finales de mes, mientras que un tercio seguía sin empleo.⁴⁶ El impacto sobre la actividad económica era innegable.⁴⁷ El tráfico de pasajeros a mediados de febrero se desplomó en un 85 % con respecto al año anterior, y el consumo diario de carbón en seis grandes empresas de generación de energía se redujo en un 43 %. A medida que los cielos se despejaban sobre los principales centros urbanos, las emisiones de CO₂ de China se iban desplomando.⁴⁸

Este era el trasfondo de los comentarios hechos por Xi durante su gira de inspección por Pekín el 10 de febrero, en los que advertía que la prioridad era evitar «grandes despidos» y que el gobierno local debía respetar la ley.⁴⁹ Los medios de comunicación estatales aprovecharon para hacerse eco de las palabras de Xi sobre la necesidad de «corregir las reacciones excesivas [a la epidemia] y evitar un enfoque simplista que implique cierres o suspensiones masivas de negocios».⁵⁰ Sin embargo, incluso el Ministerio de Planificación del Estado reconoció la necesidad de ofrecer una cierta flexibilidad, y permitió a las provincias y ciudades reanudar el trabajo «según su criterio en función de la propagación del virus».⁵¹ El 17 de febrero, la agencia oficial de noticias Xinhua anunció que comenzaban los debates sobre el aplazamiento de las «dos sesiones».⁵² Un tercio de los legisladores nacionales también eran funcionarios de gobiernos locales y estaban desbordados de trabajo.

El ejemplo más llamativo de los dilemas asociados a la gestión del confinamiento fue el de Foxconn, la corporación taiwanesa responsable de ensamblar el 40 % de los iPhones de Apple en todo el mundo. A plena capacidad, su gigantesca planta de Zhengzhou, en la provincia de Henan, empleaba a 200.000 personas. Los trabajadores que regresaban de fuera de la ciudad tenían que ser puestos en cuarentena, y Foxconn no contaba con suficiente espacio para alojarlos a todos.⁵³ La paralización de la principal línea de producción de Apple no era solo una preocupación interna. El 21 de febrero, el propio presidente Xi advirtió del creciente riesgo para el estatus de China como proveedor global. Frente a un mundo hostil, si China quería preservar su lugar privilegiado como contratista, era crucial demostrar que podía restaurar la producción lo antes posible.⁵⁴

Para gestionar los riesgos, Foxconn comenzó a implementar el tipo de régimen que pronto se extendería por todo el mundo. Los trabajadores de provincias de alto riesgo eran obligados a autoconfinarse durante catorce días, y los de las regiones de riesgo moderado tenían que demostrar su buena salud antes de volver al trabajo. A partir de ese momento, Foxconn reclutaría sobre todo a trabajadores de la provincia de Henan, donde la incidencia del virus era más leve.⁵⁵ En un esfuerzo por hacer que los camiones volvieran a circular, se eliminaron los peajes en las carreteras de toda China,⁵⁶ aunque el 90 % de los camioneros de las ciudades portuarias de Shanghái y Ningbo aún no habían vuelto al trabajo.⁵⁷ Algunos centros de producción —como el de la provincia costera de Zhejiang— estaban tan desesperados que comenzaban a ofrecer transporte gratuito. En la televisión empezaron a aparecer sonrientes trabajadores que ondeaban banderas mientras hacían cola para subirse a trenes de alta velocidad contratados ex profeso para ellos.

El domingo 23 de febrero, un mes después de que comenzara el confinamiento general, el presidente Xi se dirigió a la cúpula del gobierno chino.⁵⁸ De todas las videoconferencias y reuniones por Zoom que se produjeron en todo el mundo en 2020, esta fue sin duda la más espectacular, ya que se conectaron de forma simultánea no menos de 170.000 delegados, representantes de todos los gobiernos locales y de todos los regimientos militares de todo el país. Todos los datos mostraban que el volumen de casos estaba cayendo a gran velocidad, por lo que había llegado la hora de cambiar de marcha. En opinión del South China Morning Post, Xi estaba haciendo sonar la «alarma sobre el crecimiento económico de China». El sistema social y económico del país «no se puede paralizar por mucho tiempo más». Con el virus suprimido, el énfasis estaba ahora en restaurar la producción. En lugar de informar sobre nuevas infecciones, a los funcionarios se les instaba a que informasen de la tasa de reapertura. La propia base de poder de Xi, la provincia de Zhejiang, lideraba el camino, ya que el 90 % de sus grandes empresas habían reiniciado la producción, aunque a baja capacidad.⁵⁹

Según afirmó Xi, era probable que la crisis diese «un gran golpe al desarrollo económico y social. Sin embargo, en este momento es aún más importante ver el desarrollo de China desde una perspectiva global, dialéctica y a largo plazo, y fortalecer y reafirmar la confianza». El énfasis ahora estaba en la selectividad y la disciplina. Aproximadamente la mitad de las provincias no tenían ya casos de coronavirus, por lo que la prioridad debía ser «prevenir los casos importados y restablecer íntegramente el orden de la producción y de la vida». En las zonas de riesgo medio, la prioridad también debía ser promover «la reanudación del trabajo y de la producción de manera ordenada en función del control epidémico local». Las regiones de alto riesgo debían continuar confinadas.⁶⁰ Para todo aquel que supiese leer entre líneas, el mensaje estaba muy claro: la dirección central del PCC estaba recuperando el control.

El lunes 24 de febrero, como si hubiera recibido una señal, la OMS elogió los esfuerzos de China en el control del virus, y declaró que el momento de máximo peligro había pasado.⁶¹ Respondiendo a la llamada de Xi, el núcleo industrial de Guangdong redujo su nivel de emergencia de salud pública, y Shanxi, Gansu, Liaoning, Guizhou y Yunnan hicieron lo mismo.⁶² El gobierno provincial instó a los funcionarios locales a «ayudar a la planta de Zhengzhou del Grupo Tecnológico Foxconn a volver al trabajo». Los trabajadores de las zonas seguras fueron llevados de vuelta al trabajo. Se sellaron formularios de declaración de salubridad, se revisaron las temperaturas y se certificó la buena salud de los trabajadores. En al menos un caso, una escolta policial acompañó a los convoyes de autobuses hasta las puertas de la fábrica. Mientras tanto, Pegatron, empresa rival de Foxconn, ofrecía bonos de 10.000 yuanes para atraer a los trabajadores de vuelta a su fábrica de Shanghái.

No todo el mundo estaba en condiciones de hacer algo así. A pesar del llamamiento de Xi a volver al trabajo, se estima que a finales de febrero, incluso en las provincias más activas, tan solo el 30 % de las pequeñas y medianas empresas habían retomado su actividad, frente al 60 % de las grandes corporaciones industriales.⁶³ A pesar de la atención que se ha prestado a Foxconn y al resto de las gigantescas empresas estatales, las pequeñas y medianas empresas, casi todas de propiedad privada, suponen el 99,8 % de las empresas registradas en China, y dan empleo a casi el 80 % de los trabajadores. En conjunto, esta enorme masa de pequeñas empresas aporta más del 60 % del PIB y más de la mitad de todos los ingresos fiscales.⁶⁴ Y el confinamiento las había golpeado con mucha dureza.

La producción industrial revivió con rapidez, pero el consumo urbano se quedaría rezagado durante todo el año. El sistema bancario se esforzaba por hacer que los préstamos tuviesen las condiciones más generosas posibles. Por desgracia, como reconoció el primer ministro Li Keqiang, la mayoría de las empresas más pequeñas no estaban plenamente integradas en el sistema financiero. Solo una quinta parte de la enorme cantidad de pequeñas empresas chinas había solicitado y recibido un préstamo bancario.⁶⁵ Estaban fuera del alcance de los estímulos del gobierno central, por lo que su supervivencia dependía de la recuperación económica general y de la restauración de la vida normal, y eso todavía pendía de un hilo.

El mejor indicador genérico de la salud de una economía son las tasas de empleo y desempleo. Las estadísticas oficiales de desempleo de China mostraron un pequeño aumento durante la crisis de entre el 5,3 y el 6 %. Sin embargo, el sistema de seguro de desempleo cubre solo la mitad de la fuerza laboral urbana y una quinta parte de los trabajadores itinerantes. En marzo de 2020, a pesar de los esfuerzos conjuntos para reiniciar la producción, de los 174 millones de trabajadores itinerantes de largo alcance con que se contaba habitualmente, solo 129 millones estaban ya trabajando.⁶⁶ Ello supuso una pérdida de al menos 45 millones de puestos de trabajo. Y teniendo en cuenta que los trabajadores itinerantes no siempre se contabilizaban en los datos oficiales, la cifra en marzo probablemente se encontraba más cerca de los 80 millones de empleos perdidos. Incluso la Oficina Nacional de Estadística estaba dispuesta a admitir que, en el peor momento de la crisis, el número de personas ociosas en las ciudades chinas ascendía al 18,3 % de la población. Al analizar con detalle los datos, los analistas de BNP Paribas llegaron a la conclusión de que hasta 132 millones de trabajadores estaban temporalmente desempleados, desplazados o despedidos, lo que equivalía al 30 % de la fuerza laboral urbana de toda China.⁶⁷ Las cifras eran solo estimaciones, y Pekín hizo todo lo posible por suprimir cualquier debate en profundidad sobre la crisis social. Lo que está claro es que el impacto en el mercado laboral fue gigantesco, mucho peor que la recesión de 2008 o la epidemia de SARS de 2003.⁶⁸ Fue la peor conmoción del mercado laboral jamás experimentada por cualquier economía del mundo.

El 25 de febrero, dos días después de que Xi pronunciara su discurso ante 170.000 leales, uno de los índices de confianza empresarial más tenidos en cuenta, compilado por una de las principales escuelas de negocios de Pekín, emitió su veredicto. En la escala del índice, una lectura de 50 indicaba que la economía estaba en un punto neutro. En enero se situaba en un modesto 56,2, pero a finales de febrero se había desplomado al 37,3, lo que indicaba una contracción grave. Los responsables de recabar los datos estaban horrorizados. Como comentó el profesor Li Wei, «estábamos psicológicamente preparados para obtener malos resultados […], pero las cifras reales son peores de lo que habíamos imaginado».⁶⁹

Lo que China estaba experimentando no era una explosión propia de la época de la Guerra Fría, no era un «caso Chernóbil», sino una conmoción social y económica sin precedentes. Gracias a su respuesta rápida y eficaz, el régimen y el pueblo estaban logrando erradicar el virus. El problema era que ese éxito acabaría teniendo un coste enorme. Durante el primer semestre de 2020, China sufriría su primer serio revés al crecimiento económico desde que comenzó la nueva era de transformación económica. Tampoco había ninguna duda sobre la culpabilidad: fue la resistencia demasiado miope del gobierno de Hubei lo que permitió que el virus se propagara tan lejos como lo hizo. Si el SARS ya había desacreditado al PCC en 2003, lo sucedido en 2020 era mucho peor. A pesar de la exitosa campaña de represión en febrero, la crisis del coronavirus de 2020 podría haberse convertido en un enorme problema para el régimen de Xi; en cambio, se convirtió en una ocasión favorable para lo que se ha llamado con acierto «nacionalismo de desastres», una oportunidad para demostrar la resiliencia colectiva bajo el liderazgo del Partido.⁷⁰

Ese sentido de comunidad podía ser dirigido tanto hacia fuera como hacia dentro. En un mundo globalizado, la forma en que se juzgaba la actuación de China dependía sobre todo de cómo lidiase el resto del mundo con el brote del virus. Si las medidas de control en Europa y Estados Unidos hubieran sido más eficaces y solo China hubiera tenido que pasar por todos los rigores de la paralización, la autoridad de Xi bien podría haber sufrido un duro golpe. Sin embargo, no ocurrió así: el resto del mundo fracasó, y cuando los occidentales trataron de señalar con el dedo acusador a China, lo único que se consiguió fue asentar la sensación de colectividad asediada fomentada por el PCC. De hecho, China había pagado un alto precio, pero el éxito de los esfuerzos de contención atenuaba la factura general y permitía al régimen restablecer rápidamente el control. Todo el episodio podía presentarse como un ejercicio de liderazgo decisivo que ponía a las personas en primer lugar tanto en términos de salud pública como de economía. Cuando las citadas dos sesiones se convocaron en Pekín los días 21 y 22 de mayo de 2020, la historia que el régimen estaba en condiciones de contar era la heroica recuperación nacional.⁷¹

El fracaso de Occidente le había dado al PCC un triunfo histórico.

Capítulo 3

FEBRERO: PERDIENDO EL TIEMPO

A finales de enero, las noticias procedentes de Wuhan hacían sonar la alarma en todo el mundo. ¿Acaso era esta la pesadilla pandémica que se había predicho durante mucho tiempo? Contagio, la impactante película de Hollywood estrenada en 2011 que trataba sobre un brote de una enfermedad mortal en China, llegó a entrar en la lista de las diez películas más alquiladas en iTunes.¹ Sin embargo, para los que estaban fuera de China, la crisis todavía tenía un aura irreal. Estaba muy lejos, y el hecho de que fuera bautizada como el «Chernóbil de China» hacía que el riesgo pareciese aún más lejano y exótico. El rigor de las contramedidas de China se tachó con rapidez de totalitario. Como es obvio, era inimaginable que nada de eso pudiera ocurrir en Occidente. El espectáculo de que China hiciese aparecer hospitales de la nada no hacía más que confirmar estereotipos sobre el régimen comunista en lugar de verse como una advertencia de lo que estaba por llegar.

Durante un mes desastroso, la mayor parte de los países del resto del mundo tomaron nota de los acontecimientos de China como algo que no tenía relevancia inmediata para ellos,² lo cual era una clara señal de que se estaba subestimando la gravedad del virus, y de que existía una gran autocomplacencia sobre la capacidad de hacerle frente y una sensación tácita de que, por mucho que se hablara de globalización, el problema chino era exclusivamente chino. Puede que Pekín se hubiese visto obligada a adoptar medidas radicales en respuesta al brote de Wuhan, una ciudad ubicada a mil kilómetros de distancia, pero la idea de que contener un virus que emanaba de una ciudad del centro de China podría requerir una acción inmediata en lugares tan lejanos como Londres o Nueva York parecía inimaginable. El año 2020 puso de manifiesto que nuestra capacidad de volar a toda velocidad alrededor del mundo supera con creces nuestra comprensión de lo que implica esa interconexión.

Fue un fracaso histórico. A principios de febrero, expertos de fuera de China ya sabían lo suficiente como para estimar el alcance y la urgencia de la amenaza que representaba el novedoso coronavirus.³ Lo que China se había visto obligada a hacer para contener la propagación del virus debería de haber sido suficiente advertencia. En un mundo ideal, cabría imaginar a un grupo de gobiernos, como el G20, con Estados Unidos y la UE a la cabeza, acordando una paralización inmediata, coordinada y por fases, de los viajes aéreos, combinada con la producción y distribución intensiva de kits de pruebas diagnósticas y otros EPI. Eso era en esencia lo que China estaba implementando a escala nacional, en un país de 1.400 millones de habitantes. Para cubrir los nodos más densamente conectados de la red de transporte global, la «guerra popular» de China contra el virus se tendría que haber multiplicado por dos.

A veces basta con explicitar la fantasía para ver lo lejos que está de la realidad. No se buscó ningún liderazgo concertado. Instituciones globales como la OMS y el FMI dieron la voz de alarma, pero, al principio, ni Estados Unidos ni la UE hicieron mucho caso a sus advertencias. China tampoco se puso en cuarentena ni defendió constructivamente las restricciones a los desplazamientos.⁴ La OMS dio por buena esta postura argumentando en contra de prohibiciones innecesarias para viajar.5 En todas partes, febrero de 2020 ofreció una asombrosa demostración de la incapacidad colectiva de la élite mundial para comprender lo que significa gobernar ese mundo tan globalizado e interconectado que hemos creado.

Entre los que tenían razones inmediatas para tomar el virus en serio estaban los encargados de gestionar las cadenas globales de suministros. Cuando se produjo la crisis del SARS, China solo representaba el 4 % de la economía mundial, pero en 2020 su participación mundial ya rozaba el 20 %. En un sector manufacturero como el de la automoción, China era tanto el mercado más grande como el mayor centro de producción. En 2019, el 80 % de la producción de automóviles en todo el mundo incluía piezas de fabricación china.⁶ Como señaló un fabricante de automóviles: «Todo el mundo se apoya en China». Si China se paralizaba, casi nadie podría decir: «No me afecta». En febrero, Hyundai, en Corea del Sur, se veía obligada a detener la producción por completo, y tanto Nissan como Fiat Chrysler tenían ya serios problemas para mantener sus fábricas en funcionamiento. Varias empresas europeas recurrieron al transporte aéreo de piezas procedentes de China, lo cual incrementó los riesgos. En Alemania, los primeros casos de COVID-19 surgieron en Baviera, en el proveedor de piezas para automóviles Webasto, después de una visita de un empleado de un consorcio chino.⁷

En las últimas décadas, los agentes financieros más sofisticados de los centros económicos mundiales habían empezado a utilizar imágenes de satélite para rastrear el movimiento de las materias primas en tiempo real.⁸ A diferencia de los barcos petroleros, el virus no se podía ver desde el espacio, pero sí se podían ver los efectos de la paralización. A mediados de febrero, las imágenes de los satélites mostraban una disminución sin precedentes de la contaminación del aire en toda China. Los datos de uso de sistemas GPS como TomTom mostraban una caída en picado del tráfico rodado.9 Por su parte, datos obtenidos del principal motor de búsqueda de China, Baidu, mostraban un alarmante aumento de las búsquedas de palabras como «despidos», «desempleo», «paralización» y «bancarrota».¹⁰

Sin embargo, una cosa era preocuparse por el impacto global de una crisis en China, y otra muy distinta preocuparse de que una crisis china se volviera global. Incluso para las principales figuras de la industria farmacéutica era difícil dar ese salto. El doctor Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, que pronto tendría un papel protagonista en la carrera de las vacunas, admitiría más tarde que, cuando el virus surgió por primera vez, «no tenía la impresión […] de que acabaría convirtiéndose en un problema global importante que requeriría una intervención a gran escala».¹¹ No fue el único. Aunque algunos fabricantes de vacunas COVID-19 lanzaron sus proyectos a los pocos días de que se hiciera pública la secuencia SARSCoV-2, el director ejecutivo de CanSino, Yu Xuefeng, también tenía sus reservas. Le preocupaba que la COVID-19, al igual que el SARS, resultara ser una «incidencia pasajera».¹² En la comunidad científica, la noticia de la enorme tasa de infección del SARS-CoV-2 y el alarmante volumen de hospitalizaciones cambió las reglas del juego. Si se aplicaban esas cifras a los modelos epidemiológicos habituales, era difícil evitar la conclusión de que, si no se controlaba, esta enfermedad acabaría infectando a cientos de millones de personas, de las cuales millones podrían morir.

Vladímir Putin ofreció sus primeros comentarios públicos sobre el virus el 29 de enero, poco antes de que Rusia cerrara su frontera terrestre con China.¹³ A finales de enero, varios países comenzaron a aplicar restricciones a los viajeros procedentes de China. El 31 de enero, tanto Italia como Estados Unidos detuvieron unilateralmente la entrada de no nacionales que llegaban de China, lo que desencadenó no poca polémica y suscitó las protestas inmediatas de Pekín.

En Washington D. C., la noticia del «virus de Wuhan» fue aprovechada de inmediato por detractores de China como Peter Navarro, asesor comercial de Trump, quien durante mucho tiempo había abogado por cortar las relaciones con China. El 9 de febrero, Navarro presentó un informe en el que advertía que «nos enfrentamos a una probabilidad significativa de que se produzca una grave epidemia de coronavirus en Estados Unidos que podría extenderse hasta bien entrado 2021».¹⁴ El 23 de febrero, ya advertía de la posible llegada de un desastre que se cobraría la vida de millones de personas.¹⁵

Navarro estaba convencido de que el mundo se dirigía hacia una épica confrontación entre Oriente y Occidente. La idea de un virus deliberadamente «sembrado» por China encajaba con su guion.16 No obstante, no todos compartían su oscura visión. El presidente Trump se jactaba de su nacionalismo y le gustaba criticar a China, pero si había algo que le gustaba más eran los acuerdos comerciales. En febrero de 2020, Trump no iba a dejar que un virus le impidiera promocionar su acuerdo comercial en Fase I, por lo que no tuvo problema alguno en dejar la epidemia en manos de Pekín, al tiempo que elogiaba su labor. «China ha estado trabajando muy duro para contener el coronavirus», tuiteó el presidente. «Estados Unidos aprecia enormemente sus esfuerzos y transparencia. ¡Todo saldrá bien! ¡En nombre del pueblo estadounidense, quiero dar las gracias especialmente al presidente Xi!»17 En febrero, haciendo caso omiso de los consejos de varios miembros de su equipo, que pedían una postura más dura, Trump elogiaría la gestión de la pandemia de Xi hasta trece veces más. Y no se limitó a expresar esa admiración con mera retórica. El 7 de febrero, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el envío de 18 toneladas de equipo médico de Estados Unidos a China. Varios países europeos también enviaron por transporte aéreo suministros a China. Era demasiado conveniente dejar la COVID-19 en manos de los chinos. Tanto Trump como los europeos tenían muchas otras cosas de las que preocuparse en casa.

Cuando comenzó la crisis, el presidente Trump estaba lidiando con el escándalo de su impugnación en el Congreso. El 5 de febrero fue absuelto por el Senado, tras lo cual se regaló a sí mismo una gira victoriosa de mítines con simpatizantes en los estados de mayoría republicana. Aunque los asesores de salud pública instaron a Trump a tomarse en serio la amenaza del virus, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el yerno de Trump, Jared Kushner, intentaron quitar hierro al asunto.¹⁸ Su prioridad era no asustar a los mercados financieros con historias de virus alarmantes. El 10 de febrero, la administración Trump publicó una propuesta presupuestaria que pedía recortes profundos a la OMS y a la financiación mundial de la salud. Mientras tanto, para el secretario de Comercio, Wilbur Ross, la crisis China constituía una oportunidad perfecta para alentar a los fabricantes a regresar a emplazamientos más seguros en Estados Unidos.¹⁹

En el Reino Unido, la administración del primer ministro Boris Johnson se comportaba con idéntica despreocupación. El 31 de enero, un vuelo de evacuación llevó a 83 británicos a casa desde Wuhan, y en York, en el norte de Inglaterra se identificó el primer caso detectado en el país: un visitante chino,²⁰ pero los titulares de la jornada estuvieron dominados por el Brexit. El 31 de enero, el Reino Unido abandonó la UE. Aquella noche, un radiante primer ministro pronunció un discurso junto a la chimenea del número 10 de Downing Street, en el que prometía a todo el país que ese era el «momento en que amanece y se alza el telón para dar paso a un nuevo acto en nuestro gran drama nacional». Recuperar la «soberanía» liberaría «todo el potencial de este magnífico país».²¹ El 3 de febrero, hablando desde la sede del Royal Naval College, en Greenwich, Johnson enfrentó al Reino Unido y su compromiso con el libre comercio no solo contra la UE, sino contra el pánico provocado por la pandemia. «Cuando existe el riesgo de que nuevas enfermedades como el coronavirus desencadenen un pánico y un deseo de segregación del mercado que vaya más allá de lo que es racional desde una perspectiva médica, hasta el punto de provocar un daño económico real e innecesario, entonces en ese momento la humanidad necesita algún gobierno, en algún lugar, que esté dispuesto […] a plantarse y defender […] el libre comercio. Necesita un país preparado para deshacerse de sus gafas de Clark Kent, meterse con rapidez en la cabina telefónica y emerger con su capa flotando al viento, como el superhéroe invencible y defensor del derecho de las poblaciones de la Tierra a comprar y vender libremente entre sí».²² Mientras Johnson soñaba con cabinas telefónicas, la Oficina Nacional de Auditoría estimaba que 27.500 funcionarios británicos ocupaban sus días tratando de averiguar cómo implementar el Brexit en la práctica.²³

La atención sanitaria nunca ha estado precisamente en lo más alto de la lista de asuntos prioritarios de la UE. Por ejemplo, hasta la crisis del SARS de 2003, la UE no consideró necesaria la creación de un Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (European Center por Disease prevention and Control; ECDC, por sus siglas en inglés).²⁴ Cuando el 13 de febrero convocó una reunión del ECDC para debatir la crisis de la COVID-19, no se centró en Europa misma, sino en cómo Europa podría ayudar a otros a hacer frente a la epidemia.25 El director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, destacó a África como un posible foco de problemas. Pero cuando la COVID alcanzó a África, tan solo se crearon dos laboratorios de investigación para un continente con una población casi tres veces mayor que la de la UE. Ese mismo día, un hombre de sesenta y nueve años que acababa de regresar de Nepal murió de neumonía en un hospital de Valencia. Las autoridades tardarían tres semanas en identificarlo como la primera víctima de COVID-19 en España. La primera víctima mortal de COVID-19 en el resto de Europa confirmada oficialmente se produjo un día después, el 14 de febrero, en Francia. Y, sin embargo, parecía que la situación estaba bajo control: solo se habían identificado cuarenta pacientes con COVID en toda Europa. El éxito de China en la contención de su epidemia animó al ministro de Salud alemán, Jens Spahn, a describirlo como un «brote regional».²⁶ En Europa, reaccionar con una paralización exhaustiva de todas las ciudades aún se consideraba algo bastante desproporcionado.

El 15 de febrero, cuando se convocó la Conferencia de Seguridad de Múnich, hubo un montón de complacientes miradas hacia los propios ombligos. Sin embargo, el tema no era la idoneidad de los sistemas de salud pública, sino las diferencias transatlánticas entre Estados Unidos y Europa sobre el comercio, la OTAN y la política climática. Aquellos que alertaban sobre el coronavirus, como los directores de la OMS y del FMI, Tedros Adhanom Ghebreyesus y Kristalina Georgieva, respectivamente, tenían serias dificultades para hacerse oír. El escenario principal fue ocupado por los enfrentamientos entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.²⁷

En la tercera semana de febrero, el estado de ánimo en los mercados estaba cada vez más polarizado. Por un lado, a medida que los analistas digerían la magnitud de la conmoción en la economía china, se intensificaba la demanda de bonos de refugio seguro. El dólar subía. Los exportadores de productos básicos a China sentían el impacto de forma indirecta. A finales de febrero, la moneda brasileña se había depreciado un 10 % desde principios de año. Por otro lado, asesores influyentes como Goldman Sachs y BlackRock aconsejaban calma. Si la COVID era como el SARS, la gripe porcina o el virus Zika, pasaría rápidamente y el rebote económico sería fuerte. Y si bien algunos inversores se apresuraban a buscar bonos en busca de seguridad, había promesas de ganancias en el otro lado de la operación.28 La confianza en la renta variable se mantuvo firme. Por muy mala que hubiera sido la paralización, las últimas noticias de China daban motivos para el optimismo. En el mundo turbulento del capitalismo del siglo XXI, la épica teleconferencia de Xi el 23 de febrero con el aparato del Partido Comunista al completo fue una gran noticia para los mercados bursátiles occidentales. Aunque la economía china había flaqueado, quizá se podría contar con el régimen para ofrecer más estímulos.

Mientras tanto, los europeos esperaban con impaciencia las vacaciones de febrero. Cientos de miles de personas acudían a las estaciones de esquí de los Alpes. En el norte de Italia se jugó un gran partido de fútbol. Y, por desgracia para ellos, miles de latinoamericanos acomodados también pasaban sus vacaciones en Europa. La infección se propagaba silenciosamente.

El sábado 22 de febrero, reunidos en el agradable clima invernal de Riad, la capital de Arabia Saudí, el estado de ánimo de los ministros de Finanzas del G20 aún no era de alarma.29 El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, citaron a economistas del sector privado que pronosticaban un rápido repunte en China. No faltaban los escépticos; el más notable fue el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, quien expresó serias preocupaciones sobre la propagación del virus. Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, repitió la advertencia que había hecho en Múnich la semana anterior. Pese a ello, lo único que lograron esas advertencias fue una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento del FMI para China del 6 al 5,6 %. Malas noticias, pero ni mucho menos un desastre.

Todo eso estaba a punto de cambiar. En retrospectiva, parece claro que fue en la tercera semana de febrero cuando la pandemia global comenzó en serio. A partir del 15 de febrero se registraron brotes significativos en Corea del Sur, Irán e Italia. La primera muerte en Irán pudo haber ocurrido el 22 de enero, aunque no se registró en ese momento:30 el régimen estaba demasiado ocupado celebrando el 41.° aniversario del regreso del ayatolá Jomeini a Teherán y amañando las elecciones locales. El 19 de febrero, cuando Irán reconoció oficialmente el brote, ya habían muerto 52 personas. El análisis retrospectivo sugiere que, en ese preciso momento, el virus ya estaba circulando de manera aún invisible por Francia, España, Londres, Nueva York y por América Latina, sobre todo por Ecuador.

El jueves 20 de febrero, el alcalde de Daegu, la cuarta ciudad más grande de Corea del Sur, hizo un llamamiento a los residentes para que se quedaran en casa. La Iglesia Shincheonji de Jesús había sido señalada como el epicentro de un brote. Asimismo, la ciudad de peregrinación de Qom, en Irán, instaba a sus habitantes a limitar sus movimientos. En Roma, el gabinete se reunió el sábado 22 de febrero en las oficinas de la Agencia Nacional de Protección Civil. Con el primer ministro Giuseppe Conte presidiendo la reunión, decidieron poner en cuarentena a 50.000 personas en 11 pequeños municipios de la región de Lodi, en el norte de Italia.³¹ Todos los eventos públicos fueron cancelados, y la policía y el ejército formaron un cordón sanitario. En los supermercados comenzó una carrera. Al día siguiente, el día en que Xi elogiaba el éxito de China en la contención del brote, Milán terminó su semana de la moda con un desfile de Armani transmitido en directo a puerta cerrada.32 Lo que al principio había sido una exótica crisis china, se acercaba más y más a medida que pasaban los días.

El lunes 24 de febrero, cuando la UE trataba de organizar una conferencia de prensa para celebrar los 129 millones de euros que donaba para los laboratorios africanos, los periodistas allí presentes comenzaron a mostrar su impaciencia. ¿Por qué los eurócratas hablaban de África y no de Corea del Sur, ni de Irán, y ni siquiera de Italia? «¡Las únicas personas que no están enfermas son los africanos!», exclamó un periodista, pero los funcionarios de la Comisión se atrincheraron en sus posturas. La COVID no era una historia europea, insistían. Era una «historia global», una amenaza para los países en desarrollo con sistemas sanitarios inadecuados. Hubo que presionar de forma insistente para que la Comisión admitiera que la COVID podía poner en jaque también a Europa.³³

Los gobiernos nacionales fueron más rápidos en llegar a esa conclusión. O, al menos, fueron más rápidos en llegar a la conclusión de que Italia tenía un serio problema. Suiza y Austria anunciaron que estaban reforzando los controles fronterizos. Jens Spahn, ministro alemán de Sanidad, reconoció que la explosión de nuevos casos en Italia hacía cada vez más difícil rastrear el curso de nuevas infecciones en Alemania: había habido demasiados turistas. En el aeropuerto londinense de Heathrow, los aviones con destino a Milán daban la vuelta antes de despegar para dejar salir a los pasajeros que se habían arrepentido de viajar a Italia.³⁴

En lo que respecta a los mercados financieros, el lunes 24 de febrero fue el día exacto en el que la COVID-19 dejó de ser un problema exclusivamente asiático. La discrepancia existente entre los rendimientos deprimidos de los bonos y las valoraciones boyantes del mercado de renta variable desapareció por completo, y lo hizo a la baja. Un corresponsal financiero describió el «ruido de frenos chirriando y neumáticos derrapando hasta alcanzar una parada abrupta».³⁵ Los inversores abandonaron las acciones italianas, y las acciones de las aerolíneas europeas de bajo coste EasyJet y Ryanair se desplomaron. Cuando, pocas horas después, los mercados abrieron en Nueva York, la demanda de Bonos del Tesoro a diez años se disparó como un cohete. Fue una clásica carrera para ponerse a salvo. La curva de rendimiento se invirtió totalmente, ya que era más barato pedir prestado a largo plazo que a corto plazo. Los inversores estaban más preocupados por el futuro inmediato que por el largo plazo, uno de los indicios típicos de una recesión inminente.

Por primera vez, comenzaron a circular estimaciones sobre los daños que se podían esperar de una epidemia que ya no se limitaba a China, sino que se extendía al mundo entero. Incluso los apresurados cálculos iniciales sugerían que podían ser enormes.36 Las pérdidas de la industria turística mundial ya suponían por sí solas 9 billones de dólares, en una amplia gama de países.³⁷ En la última semana de febrero, el índice bursátil FTSE All-World cayó casi un 13 %. Fue una de las peores semanas jamás registradas en los mercados bursátiles a escala global. En el transcurso del desastroso desplome de las «puntocom» en el año 2000, el Nasdaq había tardado dos años en perder 4,6 billones de dólares.38 Veinte años después, los mercados perdieron casi 6 billones de dólares del valor de la renta variable global en una sola semana.

La caída de los precios de las acciones impulsó a los analistas financieros a consultar frenéticamente estudios médicos sobre epidemias. ¿Hasta qué punto podía empeorar la situación? ¿Quién podía saberlo con seguridad? Después de todo, los adalides de la oscuridad que estaban rompiendo los mercados de renta variable tampoco sabían nada de medicina.³⁹ Los banqueros hicieron llamamientos a los epidemiólogos. Incluso se llegó a hablar de la «falacia McNamara», la metodología de la era de la guerra de Vietnam que juzgaba el éxito y el fracaso a partir del recuento de cadáveres.⁴⁰

En la era de la globalización, es una perogrullada afirmar que los riesgos no respetan las fronteras, lo cual, desde luego, en 2020 era cierto en el sentido más obvio: el SARS-CoV-2 era una enfermedad que podía llegar a afectar a la mayoría de la humanidad. Sin embargo, a medida que la epidemia se extendía y empezaba a coger fuerza, las marcadas diferencias en las respuestas nacionales se fueron haciendo cada vez más evidentes. La pandemia se convirtió en una olimpiada entre gobiernos nacionales.

El gobierno de Japón no fue precisamente de los más rápidos en reaccionar. El primer ministro Shinzō Abe tenía la mente puesta en los Juegos Olímpicos de verano. Tokio tuvo suerte: ante un brote local, el gobernador de la isla de Hokkaido actuó con rapidez, y, pese a no disponer de poderes legales, ordenó un confinamiento inmediato que contuvo la propagación.⁴¹

Corea del Sur demostró mejor que ningún otro país lo que se podría haber evitado con una respuesta temprana y decisiva. Los coreanos tenían dolorosos recuerdos de la crisis del MERS en 2015, que se había cobrado 38 vidas. El 27 de enero, cuando Corea aún tenía apenas cuatro casos confirmados, las autoridades de salud pública convocaron una reunión de emergencia en una sala de conferencias en la estación de tren de Seúl. El gobierno pidió a las empresas biotecnológicas de Corea que no centrasen todos sus esfuerzos iniciales en desarrollar una cura o una vacuna, sino en conseguir pruebas diagnósticas fiables.42 Con estos test podrían rastrear y controlar los brotes a medida que se fueran produciendo.

En todo caso, Corea del Sur no tenía el monopolio de la tecnología necesaria para desarrollar esos test; Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos también reaccionaron con rapidez en este sentido. Sin embargo, puesto que se basaron en la gripe como modelo para la gestión de la crisis, el Reino Unido no integró los nuevos test en su respuesta a la COVID-19 hasta semanas más tarde. No tenía sentido realizar pruebas para una enfermedad que se propagaba tan rápido como la gripe. En Estados Unidos, el primer conjunto de pruebas de los CDC comenzó a enviarse a cien laboratorios clave en todo el país el 4 de febrero, pero resultó ser defectuoso.43 Se tardaría algunas semanas en desarrollar un nuevo test, y, mientras tanto, la Administración de Medicamentos y Alimentos se negó a autorizar alternativas, ya que les preocupaba que se aprovechase la crisis para perseguir fines de lucro, y no estaban dispuestos a desencadenar un «salvaje Oeste». Sin embargo, ante la falta de un test efectivo, las autoridades estadounidenses iban totalmente a ciegas frente a la magnitud de la epidemia que se extendía en ambas costas. Ni en sus peores pesadillas habrían podido imaginar que tendrían que hacer frente a una epidemia sin tener una mínima capacidad de control y seguimiento.⁴⁴

Para las empresas biotecnológicas de Corea del Sur, la prioridad no era que los test fueran totalmente fiables, sino tenerlos a punto lo antes posible.45 El 4 de febrero se aprobó el primero de ellos, de Kogene, y el 12 de febrero se dio el visto bueno al segundo. No eran infalibles, pero podían ser producidos a gran escala. En todo caso, comenzar con tanta antelación supuso una gran ventaja, puesto que, cuando la epidemia empezó a golpear con fuerza a mediados de febrero, Corea del Sur ya contaba con los medios necesarios para rastrearla.

Era una carrera contrarreloj. Desde el 7 de febrero hasta finales de mes, la capacidad de diagnóstico de Corea del Sur aumentó de 3.000 a 20.000 test diarios. Eran cifras aún pequeñas comparadas con las que se alcanzarían en verano, pero suficientes para hacer frente a la epidemia en sus primeras etapas. Y, lo que era más importante, los coreanos podían disponer de los resultados en un plazo de entre seis y veinticuatro horas. El 20 de febrero, cualquier persona con síntomas ya estaba siendo examinada al margen de su historial viajero. En total, durante las siete semanas posteriores al 27 de enero, Corea del Sur aplicó el test a más de 290.000 personas e identificó más de 8.000 infecciones. El confinamiento de Daegu redujo el movimiento en la ciudad en un 80 %, y el 23 de febrero se cerraron todas las escuelas del país. Los estudiantes empezaron a impartir clases online a través de la mejor red de banda ancha del mundo. El resultado fue que Corea del Sur logró el control de la epidemia al mismo tiempo que Pekín, y que su pico máximo de infecciones se produjera el 29 de febrero, apenas unos días después del de China.

Si el resto del mundo hubiera reaccionado al desafío igual que Corea del Sur, con pruebas rápidas e intensivas en cuanto se produjeron los primeros brotes y con medidas selectivas de distanciamiento social, la historia de 2020 podría haber sido muy distinta. El país de Europa occidental que estuvo más cerca de lograrlo fue Alemania, ya que, al igual que Corea del Sur, tenía una gran capacidad a la hora de hacer test. Sin embargo, dada la intensa circulación de la enfermedad por toda Europa a finales de febrero, había pocas esperanzas de que se pudiera evitar una epidemia importante. Pese a ello, Alemania continuó rastreando y realizando test. En otros lugares, la prioridad se trasladó cada vez más a «aplanar la curva», moderando la propagación de la epidemia y protegiendo a los propios servicios médicos.

En Italia, incluso algo así era muy difícil de lograr. El 25 de febrero, al darse cuenta de la magnitud de la epidemia en el norte de Italia, Roma pidió ayuda a sus socios europeos, pero no hubo una respuesta coordinada, ya que la negación aún era pertinaz. El epicentro de la pandemia italiana, situado en las regiones septentrionales de Lombardía, estaba demasiado orgulloso de su laboriosidad y de su ética de trabajo duro como para aceptar sin más el confinamiento. Milán se resistía con uñas y dientes, y el 2 de marzo incluso se reabrió el famoso Duomo a los visitantes.

En toda Europa, la actitud era cada vez más la de sauve qui peut.* El 3 de marzo, Francia tomó medidas para prohibir la exportación de sus reservas de EPI, lo que desencadenó una carrera europea para garantizar sus propias reservas. Alemania declaró que también restringiría la exportación de sus EPI. Dado que las dos principales potencias de la UE actuaban de manera unilateral, era difícil conseguir una respuesta coordinada. En Bruselas, los dirigentes de la UE continuaban centrándose en otras cuestiones, en particular en el estallido de la crisis en Siria, ya que lo último que necesitaba la UE en ese preciso momento era que se repitiera la crisis de los refugiados de 2015.46 Ese mismo 3 de marzo, los altos funcionarios europeos se encontraban en Grecia y Bulgaria realizando inspecciones en directo de los campos de refugiados. Su siguiente parada sería Ankara, para reunirse con el presidente Erdogan. En Bruselas, a principios de marzo, el virus ya circulaba a gran velocidad.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense luchaba contra sí mismo. El 25 de febrero, San Francisco fue la primera ciudad estadounidense en declarar el estado de emergencia. Ese mismo día, la doctora Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, declaró que un brote importante en Estados Unidos era ya inevitable y bien podría conducir a una alteración grave de la vida cotidiana. De inmediato, fue desautorizada tanto por Alex Azar, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), como por Larry Kudlow, gurú de la economía y fanático del presidente, quien opinó: «Hemos conseguido contener todo esto. No diré que hemos logrado ser herméticos, pero estamos bastante cerca de ello. No creo que vaya a suponer una tragedia económica en absoluto».⁴⁷

El propio presidente se mostraba optimista. Después de que el mercado se desplomara el lunes 24 de febrero, su consejo a los inversores fue «aprovechad la caída para comprar». Dos días más tarde, frustrado por los mensajes sombríos que salían de la burocracia de salud pública, puso al vicepresidente Mike Pence al frente del grupo de trabajo contra el coronavirus. «Muy pronto habrá apenas cinco personas infectadas», alardeó el presidente; «Hemos hecho un excelente trabajo». Tal como comentó Stephen Moore, otro de los asesores económicos favoritos de Trump, el estado de ánimo en la Casa Blanca a principios de marzo era «casi de éxtasis […] La economía avanzaba a toda máquina, el mercado de valores estaba disparado y el informe sobre empleo era fantástico. Era casi demasiado perfecto».⁴⁸ Todas las miradas estaban puestas en las elecciones del 3 de noviembre. El yerno de Trump, Jared Kushner, cumplía con su papel: en su opinión, cualquier cosa que asustara a los mercados, ya fuera hacer test a demasiadas personas o hacer pedidos masivos de respiradores, era algo que debía evitarse.

Cuando los principales responsables financieros del G7 se reunieron de nuevo el 3 de marzo, se produjo un desacuerdo transatlántico. Mientras Mark Carney, en sus últimos días como gobernador del Banco de Inglaterra, se unía al ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, para expresar su seria preocupación por la pandemia, Steve Mnuchin y Larry Kudlow, representantes de la administración Trump, exudaban un optimismo alcista.⁴⁹ Kudlow hablaba de las maravillas de la fórmula de Trump, basada en los recortes de impuestos y en la desregulación. Quería que Estados Unidos continuara siendo el líder del mundo, pero no en la pandemia. La prioridad de Kudlow era el crecimiento económico, y su pregunta era por qué «lo que solíamos llamar la alianza occidental» no se limitaba a «entregar los productos». Más consecuente era la postura de la Fed. En la cumbre del G7, Jerome Powell no dio ninguna indicación de su siguiente movimiento, pero, al final del día, había aprobado un recorte de emergencia a los tipos de interés. La Reserva Federal no había considerado oportuno informar a ninguno de sus socios, pero ahora estaba claro que los mercados necesitaban ayuda y que le correspondía a ella dar el primer paso. Al hacerlo, abrió el camino para que otros bancos centrales la siguieran. La pregunta era hasta qué punto podía ser de ayuda la política monetaria convencional. Como dijo Katie Martin, del Financial Times: «Si alguien es capaz de explicar con claridad cómo puede la política más sencilla (del Banco Central) arreglar un retroceso económico provocado por muertes, vuelos anulados, fábricas cerradas y ciudades fantasma, le animo desde aquí a ponerse en contacto con nosotros».⁵⁰ La novedad a la que había que acostumbrarse, en palabras de un inversor, era que «es la OMS la que está al mando aquí, no los bancos centrales».⁵¹

El viernes 6 de marzo, en un ambiguo reconocimiento de este hecho, Trump y su séquito visitaron el CDC para poner firmes a sus tropas. Fue una actuación muy típica de Trump, que habló con los medios de comunicación, se jactó de sus elevados índices de aprobación en Fox y de los recientes máximos bursátiles, y criticó abiertamente al gobernador demócrata del estado de Washington, que estaba luchando por contener uno de los peores brotes iniciales de Estados Unidos. Trump admitió a continuación que hasta hacía poco no sabía cuántas personas morían cada año a causa de la gripe, y que la cifra le había impresionado. Tal vez para tranquilizar al público, comenzó a hablar de su tío, que había sido profesor en el MIT y al que llamó «supergenio», afirmando que podría haber heredado de él su capacidad científica natural. Volviendo a la crisis, prometió «cuatro millones de test disponibles en una semana. Unos test maravillosos. Cualquiera que necesite hacerse un test tendrá su test». Lo cierto es que todo el sistema de realización de test en Estados Unidos era un desastre, pero ello no impidió que Trump declarara que Corea del Sur estaba pidiendo ayuda a Estados Unidos. «Tienen mucha gente infectada, y nosotros no. Lo que intento decir es que debéis mantener la calma. Todo el mundo confía en nosotros. El mundo entero confía en nosotros»⁵² La situación se parecía a la de la rueda de prensa de Mijaíl Gorbachov poco después de que ocurriese el accidente de Chernóbil, o a la de Sadam Huseín ante «la conmoción y el pavor».*

El delirio de Trump era sin duda algo especial, pero no era el único. En México, el presidente populista Manuel López Obrador adoptó una actitud no menos displicente. En 2009 había hecho campaña contra el confinamiento por la peste porcina ordenado por el presidente Felipe Calderón.⁵³ Once años después, hacía un llamamiento a los mexicanos para pedirles que mantuvieran la calma y recordaran que la COVID no era tan mala como la gripe.⁵⁴ En Brasil, el enfoque del presidente Jair Bolsonaro consistía en no hacer nada y limitarse a pasar la enfermedad «como machos». En Tanzania, el presidente John Magufuli prometió que la ayuda divina se encargaría de la enfermedad.⁵⁵

Es fácil burlarse de estas reacciones, pero la idea de que la experiencia científica proporcionaría una guía sólida de acción era en sí misma ilusoria.⁵⁶ El 3 de marzo, Downing Street convocó una conferencia de prensa en la que el primer ministro Boris Johnson apareció junto a su principal asesor médico, Chris Whitty. La reunión se haría famosa más tarde porque Johnson alardeó en ella de haber estado de gira por hospitales estrechando muchas manos. Menos de un mes después, se encontraría de nuevo en un hospital, pero en esta ocasión luchando por su vida en cuidados intensivos. Sin embargo, la actuación de Whitty no fue menos reveladora. Por un lado, expuso el peor de los casos, en el que se estimaba que «el 80 % de las personas podrían infectarse, y el 1 % de ellas podrían morir». Pese a ello, en lugar de enfatizar las consecuencias catastróficas de tales cifras, Whitty optó por quitarles importancia, insistiendo en que eran meras hipótesis. Tal declaración abrió la puerta para que Johnson empezara a soltar tópicos sobre el excelente servicio de sanidad y sobre las instalaciones de realización de test del Reino Unido.⁵⁷ A puerta cerrada, los asesores científicos británicos descartaron debatir con urgencia posibles confinamientos al estilo chino. Era crucial no adelantarse a los acontecimientos para no provocar fatiga e incumplimiento.

Como se pudo comprobar más adelante, era la peor conclusión que se podía extraer de la experiencia china. La lección debería haber sido que, cuanto antes y con más decisión se actuara, más corto podría ser el período de confinamiento y más fácil sería recuperarse de él. Estar dispuesto a sacrificar por un tiempo la normalidad era en realidad la mejor manera de preservarla, pero ese salto profundamente contraintuitivo no era fácil de dar. La prontitud con la que había respondido Corea del Sur resultó ser la excepción. En realidad, si se juzga bajo los estándares de cualquier otra crisis, la reacción de los gobiernos del mundo difícilmente puede reprocharse, ya que no pasaron más que unas semanas entre el reconocimiento del problema y la aplicación de medidas radicales. Eso hubiera bastado para la mayoría del resto de situaciones, pero resultó desastrosamente insuficiente al tratarse de una pandemia que circulaba con gran rapidez.

En la primera semana de marzo, quedó claro que el brote en Lombardía estaba fuera de control.⁵⁸ Durante el fin de semana del 7 y el 8 de marzo, cuando corrían rumores de que Roma estaba a punto de ordenar una paralización general, cientos de miles de personas hicieron rápidos desplazamientos de última hora por todo el país para asegurarse de que quedarían confinados en el lugar deseado. Para los occidentales, había resultado sencillo considerar la crisis de China como algo exótico y lejano, pero Italia era algo muy distinto. Millones de personas habían visitado el país durante las vacaciones de febrero. Si la epidemia estaba fuera de control en Italia, entonces también estaba corriendo desenfrenadamente a través de Europa y, por extensión, a través de Estados Unidos y de América Latina. Si un país como Italia se paralizaba, ya no era inconcebible que ellos tuvieran que hacerlo.

Capítulo 4

MARZO: CONFINAMIENTO GLOBAL

El denominador común de la economía mundial es la energía. Con una producción anual aproximada de 35.000 millones de barriles, el mercado petrolero es más grande que todos los demás mercados de materias primas juntos.¹ Sus fluctuaciones diarias de precios afectan a economías nacionales enteras. Por el lado de la oferta, los dos mayores productores, Arabia Saudí, al frente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y Rusia realizan un delicado baile conjunto, equilibrando la necesidad de ingresos con el riesgo de saturar el mercado. Por el lado de la demanda, desde el comienzo del milenio, el crecimiento económico de China ha sido el principal motor. En febrero de 2020, la paralización de China sacudió los mercados. La Agencia Internacional de la Energía informó de la primera contracción trimestral de la demanda de petróleo desde la crisis financiera de 2008.² La propagación de la enfermedad a Europa y Asia incrementó aún más la presión. Ante la caída de la demanda, los sauditas querían estabilizar los precios reduciendo la producción. Los rusos preferían declarar una guerra de precios, que, según esperaban, pondría freno a los advenedizos productores estadounidenses de petróleo de esquisto. El viernes 6 de marzo quedó claro que no llegarían a un acuerdo.³ Riad anunció que aumentaría la producción para inundar el mercado, lo cual ayudaría a los consumidores, pero el daño infligido a los productores de alto coste sería devastador. Durante las cinco semanas siguientes no solo cayeron los precios del petróleo, sino que, en un aterrador período de veinticuatro horas, a medida que los excedentes de crudo se iban acumulando en las instalaciones de almacenamiento de Estados Unidos, el precio de los contratos de futuros se hundía cada vez más en territorio negativo.

Para la economía en general, el caos en el mercado petrolero enviaba una señal clara: la recesión global era cuestión de tiempo. A medida que la noticia de la ruptura saudí-rusa iba calando, en la mañana del 9 de marzo los mercados asiáticos y luego los europeos comenzaron a venirse abajo.⁴ Cuando Wall Street abrió, ocurrió lo mismo. Tras la agitación de la última semana de febrero, las personas que administran el dinero del mundo se enfrentaban ahora a toda la fuerza de una crisis inminente.

El presidente Trump había pasado un agradable fin de semana en su residencia de Florida, entreteniéndose con su hijo y su nuera, y codeándose con su alma gemela, el presidente Jair Bolsonaro. En cuestión de días, dos docenas de miembros de la comitiva de Bolsonaro darían positivo. Sin embargo, el lunes 9 de marzo no era el virus lo que preocupaba a Trump, sino los mercados. El índice S&P 500 siempre había sido su buena noticia favorita, pero en ese momento estaba en caída libre. En su opinión, la culpa era de las noticias falsas (fake news), y así lo comentó con furia en Twitter: «El año pasado 37.000 estadounidenses murieron por gripe común. La gripe tiene un promedio de entre 27.000 y 70.000 bajas por año. No se paraliza nada, la vida y la economía siguen. En este momento hay 546 casos confirmados de coronavirus, con 22 muertes. ¡Pensad en ello!».⁵

La OMS no paraba de pensar en ello: la transmisión comunitaria se confirmaba ahora en Europa y en algunas partes de Asia. El virus se había detectado en 110 países. El 11 de marzo, la OMS declaró oficialmente la existencia de una pandemia.⁶

¿Qué se podía hacer? Corea del Sur había logrado el control del virus mediante pruebas masivas y cuarentena, pero la viabilidad de esa estrategia dependía de actuar con rapidez y rastrear la epidemia en sus primeras etapas, y en la mayor parte de Europa y Estados Unidos ya era demasiado tarde para eso. Sus opciones eran ya sombrías, y a medida que fueran pasando los días lo serían aún más. Para lograr el control del virus, era indispensable un distanciamiento social masivo y una paralización total de la vida ordinaria. El horizonte temporal se reducía ya a unos días, o incluso a unas horas.

La pandemia era sobre todo una amenaza para las ciudades. El 9 de marzo, en la ciudad de Nueva York, un grupo de 18 académicos y líderes comunitarios presionaron al alcalde Bill de Blasio y a su comisionado de salud pidiéndoles que consideraran cerrar escuelas y reducir el horario comercial.⁷ En el departamento de salud de la ciudad, se habló incluso de un motín si se optaba por no tomar medidas.

En la segunda semana de marzo, Nueva York se había convertido en un centro mundial de infección, lo cual era predecible dado el gran número de llegadas diarias de aviones procedentes de Asia y Europa. Evitarlo habría requerido un programa integral de limitaciones de viaje, test y cuarentenas, lo cual requería a su vez una decisión de política nacional, pero la administración Trump, al igual que otros gobiernos occidentales, actuó de manera improvisada. China protestó enérgicamente por la exclusión de sus nacionales. Frente a un creciente clamor por esta medida, en la noche del 11 de marzo, Trump salió en televisión para anunciar que había cerrado Estados Unidos a viajeros de la Europa continental,⁸ sin alertar de ello a los gobiernos europeos con la debida antelación, y sin aclarar cómo se gestionaría la repatriación de los ciudadanos estadounidenses, aunque sí hizo hincapié en que eximía al Reino Unido y a Irlanda de esta medida. Mientras multitudes de desesperados estadounidenses se reunían en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, afirmaba que las medidas de Trump eran una «aberración».9 «Ya no hay coordinación entre Europa y Estados Unidos.» Le Maire extrajo incluso conclusiones más amplias: «Europa debe defenderse sola, protegerse sola, ser capaz de enfrentarse sola a las amenazas, y unirse como un bloque soberano para defender sus intereses económicos, porque nadie nos va a ayudar, ni siquiera Estados Unidos».10 El coronavirus se estaba convirtiendo en una policrisis.

Aunque el Reino Unido había sido eximido de la prohibición de viajar a Estados Unidos, había pocas razones para el júbilo. El 12 de marzo, el primer ministro Boris Johnson adoptó un tono de seriedad poco habitual en él. Los alardes de superhéroe y apretones de manos habían desaparecido. «Debo ser franco con ustedes, con el pueblo británico: más familias, muchas más familias van a perder a seres queridos antes de tiempo.»¹¹ Johnson pidió a los británicos que se prepararan para asumir medidas duras, que podrían ser necesarias «en algún momento de las próximas semanas». No obstante, lo que no hizo fue ordenar una paralización. Dentro del gobierno británico se libraba una batalla sobre la respuesta apropiada. Después de todo, si el virus era altamente infeccioso y aún no existía una vacuna, entonces, tarde o temprano, todo el mundo acabaría contrayendo la enfermedad. En la mayoría de los casos los síntomas eran leves. ¿Acaso no tenía sentido permitir que el virus pasara por la población mientras se protegía solo a los más vulnerables?¹² En lugar de la supresión completa, ¿el objetivo no debería ser la «inmunidad de rebaño»?

Otros continuaron con su actividad normal. En España, el domingo 8 de marzo, el gobierno optó por no cancelar la gigantesca marcha organizada para celebrar el Día Internacional de la Mujer.¹³ Una semana después, las autoridades británicas permitieron a 3.000 aficionados españoles del Atlético de Madrid viajar a Liverpool para ver a su equipo jugar en el estadio de Anfield contra el equipo local en un partido de la Liga de Campeones.¹⁴ Hacía falta mucho coraje para hacer lo que hizo el gobierno irlandés el 9 de marzo: cancelar los festejos del Día de San Patricio e iniciar el proceso de cierre de los pubs.¹⁵ En Berlín, mientras tanto, el gobierno de Angela Merkel se ocupaba de implantar medidas de coordinación en 16 gobiernos estatales y 400 oficinas regionales de salud. El 12 de marzo, el presidente francés Emmanuel Macron anunció el cierre de escuelas y prohibió las concentraciones de más de mil personas.

Aunque la respuesta a la COVID se iba desarrollando de manera adaptada país por país, ciudad por ciudad, organización por organización, lo que comenzó a construirse, tras el pánico en los mercados del 9 de marzo y el anuncio de la OMS el 11 de marzo, era un impulso mundial. Las decisiones individuales de paralización local empezaban a acumularse en una expectativa general de confinamientos ordenados por los gobiernos. Tal como advirtió un grupo de expertos en ciencias de la conducta al gobierno del Reino Unido: «Algunos sectores públicos perderán la confianza si en el Reino Unido no se adoptan las medidas aplicadas en otros países». Cualquier desviación respecto de las normas globales tendría que ser «bien explicada».16 Los individuos y las organizaciones ya no esperaban instrucciones. Después de que se detuvieran las ligas de fútbol suiza, italiana, española y francesa, también lo hizo la Premier League inglesa, la liga de fútbol de más alto perfil. El 13 de marzo, el titular de la portada del tabloide Daily Mirror resumía la pregunta que se planteaba no solo en el Reino Unido: «¿Es suficiente?».¹⁷ Ese mismo día, el presidente Trump se vio obligado a declarar una emergencia nacional.

Los responsables de la toma de decisiones de las grandes organizaciones e instituciones de todo el mundo se vieron obligados a actuar. El 13 de marzo, el gigantesco complejo universitario de la UNAM de México anunció que sus 350.000 estudiantes pasarían a recibir clases online. El mismo día, Los Ángeles cerró las escuelas públicas. En un distrito escolar donde más de un millón de niños de hogares de bajos ingresos dependen de la escuela para poder tener comidas gratuitas, aquella no era desde luego una decisión fácil.¹⁸ El 14 de marzo comenzaron en California los debates que llevarían a un confinamiento en San Francisco el 16 de marzo, y, en todo el estado, el 19 de marzo. En Rusia, el Ministerio de Educación siguió un plan de acción muy similar, solicitando a las escuelas el 14 de marzo que comenzaran a preparar el aprendizaje a distancia y ordenaron el cierre de escuelas a partir del 18 de marzo. Mientras tanto, en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio, que había tardado en aceptar la brutal lógica de la pandemia, instaba ahora a actuar a Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York.¹⁹ En marzo de 2020, ordenó a los neoyorquinos quedarse en casa.

En Francia, donde ya se había obligado al cierre de las escuelas el 12 de marzo y de los bares y restaurantes el 14 de marzo, se declaró una paralización completa el 16 de marzo.20 Esa noche, en un discurso televisado visto por una cifra récord de 35 millones de ciudadanos franceses, el presidente Emmanuel Macron llamó a una «movilización general». Durante este discurso, insistió hasta seis veces en la frase «Nous sommes en guerre» («Estamos en guerra»).²¹ Al parecer, se inspiró en los discursos del gran líder de la primera guerra mundial, Georges Clemenceau. Cien mil policías que habían participado previamente en la campaña para contener a los terroristas suicidas y a los manifestantes gilets jaunes («chalecos amarillos») fueron reasignados para ayudar a implementar las nuevas reglas. Se empezaron a exigir permisos para salir de casa, y se advirtió de que se multaría a quienes no lo tuvieran. Las medidas se aplicaron no solo a la Francia continental, sino a todos sus territorios de ultramar, incluidos aquellos tan remotos como los ubicados en el Caribe.

Las paralizaciones no se limitaron en modo alguno a las economías más avanzadas. La vulnerabilidad de los sistemas de salud en los países con ingresos medios y bajos era aún mayor, y, debido al flujo de trabajadores migrantes, la exposición a la infección era igual de elevada. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte anunció el 12 de marzo un confinamiento parcial para la región de Manila, que entraría en vigor tres días después.²² En medio de escenas de caos, el confinamiento se extendió al día siguiente a todo el complejo insular de Luzón, con una población de 57 millones de personas. Indonesia, el cuarto país más grande del mundo, adoptó el 15 de marzo normas nacionales sobre distanciamiento social, y el cierre de escuelas comenzó en las semanas siguientes.²³ Durante el fin de semana del 14 y 15 de marzo, Pakistán, con una población en edad escolar de más de 50 millones de jóvenes, anunció el cierre de las escuelas. A pesar de los temores de un brote provocado por peregrinos que regresaban de Irán, el primer ministro Imran Khan se negó a ordenar un confinamiento a escala nacional, pero los gobernadores regionales impusieron limitaciones tan estrictas que las ciudades de Lahore y Karachi llegaron a correr el riesgo de quedarse sin alimentos.²⁴ Egipto cerró escuelas y universidades el 15 de marzo, los aeropuertos el 19, y el 21 suspendió los servicios religiosos en las mezquitas.²⁵ A mediados de marzo, también Etiopía suspendió la escolarización presencial.²⁶

A medida que los distintos países se iban incorporando a la tendencia global, la paralización se iba convirtiendo en lo que el presidente Macron denominaría una «profunda conmoción antropológica».²⁷ En efecto, eso fue lo que se experimentó en los hogares de todo el mundo. A mediados de abril, la ONU informó de que cerca de 1.600 millones de jóvenes se habían visto privados de la educación en las aulas.²⁸

No eran los niños los que corrían un riesgo mayor, ni tampoco sus maestros. Tal como había puesto de relieve el ejemplo de Italia, la cuestión crítica era la concentración de infecciones entre la población mayor más vulnerable, y la presión que esos casos impondrían en los sistemas de atención sanitaria, en particular en las unidades de cuidados intensivos. La variable crítica era el llamado R₀, el factor de reproducción, que describe la rapidez de propagación de una enfermedad contagiosa. Si se elevaba significativamente por encima de uno, produciría una epidemia descontrolada que ningún sistema de atención médica podría contener. Las capacidades de las UCI se verían desbordadas por el crecimiento exponencial de la enfermedad.

Cuando se actualizaron los modelos epidemiológicos con las últimas cifras de Italia, los resultados fueron siniestros, como también lo fueron los publicados por un grupo epidemiológico del Imperial College de Londres el 16 de marzo. Una epidemia sin paliativos, predijo el equipo, superaría la capacidad de las UCI del Reino Unido en un factor de 30 o más. La sobrecarga del sistema hospitalario en esa escala provocaría la muerte de 510.000 personas en el Reino Unido y de 2,2 millones en Estados Unidos. Incluso una política eficaz de mitigación que lograse reducir a la mitad las cifras de muertes conduciría al colapso de los sistemas de atención médica tanto del Reino Unido como de Estados Unidos. Aunque ya era tarde, la única opción era intentar la contención a gran escala, para reducir el volumen de casos en la medida de lo posible. Para ello, recomendaban «el distanciamiento social de toda la población, el aislamiento de casos, la cuarentena familiar y el cierre de escuelas y universidades» por un período de al menos cinco meses. Hicieron esa recomendación a pesar de que «no es del todo seguro que la contención tenga éxito a largo plazo, ya que nunca antes se ha intentado llevar a cabo una intervención de salud pública con efectos tan perturbadores durante un período tan largo de tiempo. Cómo responderán las poblaciones y las sociedades es una cuestión que sigue sin estar clara».²⁹

Frente a alternativas tan alarmantes, el único país que optó por no participar en la tendencia general hacia una paralización cada vez más draconiana fue Suecia, que también era el único país con límites estrictos al gobierno político-ministerial.³⁰ Allí, la gestión de la salud pública está reservada a un organismo especializado que ofrece recomendaciones al gobierno. La Agencia de Salud Pública de Suecia (la Folkhälsomyndigheten) recomendó algunas restricciones a los viajes, el distanciamiento social de los ancianos y el cierre de escuelas e institutos, pero no se ordenó un confinamiento general ni se hizo obligatorio el uso de mascarillas. No había nada que sugiriera que tal decisión se debiera a razones económicas; simplemente, no lo encontraban lógico desde el punto de vista de la salud pública. La pregunta fundamental era si el sistema médico de Suecia podría soportar la carga que se le iba a imponer, y nadie más estaba dispuesto a arriesgarse en este sentido.

El informe del Imperial College de la Universidad de Londres estaba dirigido sobre todo al Reino Unido y Estados Unidos, y tuvo el efecto deseado. En Downing Street, el informe impulsó a los responsables a tomar decisiones, todavía reacios, hacia una paralización total.³¹ El mantra pasó a ser «PROTEGER EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD», un mantra que se llevó tan lejos que muchos pacientes enfermos y vulnerables fueron desalojados de hospitales sobrecargados y trasladados a residencias mal equipadas, donde se disparó la tasa de mortalidad.³² Al otro lado del Atlántico, el mismo informe del Imperial College pareció provocar un cambio de humor en la Casa Blanca. Como dijo Edward Luce, del Financial Times: «Algo estalló en la mente de Trump. Aludiendo a una conversación telefónica con uno de sus hijos, Trump dijo el 16 de marzo: “La cosa está mal, muy mal… Están hablando de agosto [cuando la enfermedad alcanzaría su punto máximo]. Podría ser julio. Podría ser más tarde”».³³ Ese día, la Casa Blanca emitió por primera vez directrices nacionales de distanciamiento social y recomendó que los estadounidenses no se reunieran en grupos de más de diez personas. El nuevo eslogan de la Casa Blanca era «15 días para frenar la propagación».³⁴

La presión para paralizar toda actividad procedía ya de todas partes.³⁵ En la mañana del 16 de marzo, los trabajadores de la fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria (País Vasco) se declararon en huelga para forzar el cierre de la planta. Las pruebas habían confirmado un caso positivo y 23 trabajadores estaban en cuarentena. En toda España, Nissan, Volkswagen-Seat, Renault y Michelin ya habían cerrado sus fábricas. En Italia, los trabajadores de las plantas de Fiat-Chrysler también habían declarado huelgas no oficiales para forzar a sus empleadores a adoptar una política de salud pública responsable. Bajo la presión de Confindustria, la poderosa asociación empresarial nacional, el gobierno italiano había recomendado el cierre de plantas «no esenciales», pero permitiendo que las empresas se autorregulasen en este sentido. Esto desencadenó una respuesta indignada de los sindicatos. «Los empleados de la fábrica no dejan de ser ciudadanos durante las ocho horas de su turno de trabajo. No es tolerable que vean su vida cotidiana protegida y garantizada por muchas reglas, pero una vez que cruzan las puertas de la fábrica estén en tierra de nadie», declaró Francesca Re David, del sindicato de metalúrgicos FIOM-CGIL.³⁶

Al otro lado del Atlántico, el 18 de marzo, ante la presión del sindicato United Auto Workers, los tres grandes productores de automóviles de Detroit —General Motors, Ford y Fiat-Chrysler— acordaron un cierre más o menos completo a escala nacional. El único que se resistió, como era más o menos previsible, fue Tesla. Mientras que, en China, Elon Musk había cumplido con las instrucciones oficiales, en California decidió oponerse, anunciando que la preocupación por la COVID era exagerada. «Mi opinión sincera sigue siendo que el daño del pánico por el coronavirus supera con creces el del virus en sí», dijo a su personal.37 Un día después, también él acabó cediendo.

Es algo muy típico del egoísmo beligerante de Musk convertir la paralización en una cuestión susceptible de su juicio personal. De hecho, la paralización no solo estaba ratificando las decisiones de la fuerza de trabajo, sino también de los consumidores. Los compradores ya no salían a comprar, ni coches ni muchas de las cosas que compraban normalmente. A mediados de marzo, la cadena de moda Primark, con tiendas en toda Europa, había anunciado cierres radicales.38 También lo hicieron en Suecia los grupos H&M, Nike, Under Armour, Lululemon y los grupos de moda Urban Outfitters y Abercrombie & Fitch, ya que ni su personal ni sus clientes querían acercarse siquiera a las tiendas. El desplome de la demanda se extendió a través de la cadena de suministro hasta las fábricas de prendas de vestir en Bangladesh, la India, Sri Lanka, Vietnam y China.³⁹ Sin trabajadores, sin proveedores, sin mercados, con mercancías sin vender amontonadas en los almacenes, la paralización ya no era una cuestión de política de salud pública sobreprotectora, era la única opción posible para los negocios.

Los cierres ordenados por los gobiernos sirvieron para apoyar y generalizar las decisiones privadas, tanto a escala nacional, como regional y local. En Brasil, el gobernador de Río de Janeiro, que había dado positivo, declaró el estado de emergencia el 18 de marzo y cerró al público la famosa estatua del Cristo Redentor y vació las playas.⁴⁰ No quería tener las manos manchadas con «la sangre de miles de personas». Ahora bien, ordenar la paralización era una cosa y lograr que se cumpliese, otra muy distinta. En ese sentido, el gobernador recibió la ayuda de un aliado inesperado: Comando Vermelho («Comando Rojo»), la famosa banda que controla la favela Ciudad de Dios, se posicionó a favor de la paralización y el confinamiento, y comenzó a amenazar con castigos severos a quien violara el toque de queda.⁴¹ Mientras tanto, numerosas comunidades indígenas de la Amazonia, conscientes de su susceptibilidad histórica a las enfermedades portadas por extranjeros, bloquearon carreteras y se retiraron a lo más profundo de la selva.

El 18 de marzo, desde la Casa Blanca, el presidente Trump emitió un nuevo mensaje, con el mismo tono jactancioso de siempre, pero sin la frivolidad que había mostrado en febrero. Estados Unidos estaba en guerra. «Hasta el día de hoy, nadie había visto nada como lo que pasó durante la segunda guerra mundial —dijo Trump a los periodistas—. Y ahora es nuestro momento. Debemos sacrificarnos juntos, porque estamos todos juntos en esto y vamos a superarlo juntos.» En una demostración de fuerza, invocó una ley de la época de la Guerra Fría, la Ley de Producción de Defensa, que le otorgaba una amplia autoridad para ordenar a los fabricantes la elaboración de los equipos necesarios en una crisis, aunque dijo que solo recurriría a dicha ley en el «peor de los casos».⁴²

Si las predicciones para el Reino Unido y Estados Unidos eran malas, en la India eran apocalípticas. En la tercera semana de marzo, habían sido confirmados menos de seiscientos casos por la limitada capacidad del país a la hora de hacer test, pero, según los modelos, si no se adoptaban contramedidas, «entre 300 y 500 millones de indios podrían estar infectados a finales de julio, y entre 30 y 50 millones podrían tener enfermedades graves».43 La India tiene una enorme población urbana de habitantes pobres que viven en condiciones de hacinamiento con una higiene deficiente. Solo disponía de 0,7 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, frente a las 2,9 en Estados Unidos y las 3,4 en Italia. Y solo había 50.000 respiradores disponibles para una población de 1.300 millones de personas.⁴⁴

La India había sido de los primeros países en cerrar sus fronteras, y el recuento de casos aún seguía siendo bajo, pero nadie confiaba en que los test fueran adecuados. La pregunta era: ¿cuándo actuaría Delhi? El primer ministro Narendra Modi era cualquier cosa menos predecible. Cuando se anunció que tenía la intención de dirigirse a la nación a las ocho de la tarde del 19 de marzo, una ola de ansiedad se extendió por el país: la última vez que había pronunciado un discurso a las ocho de la tarde, en 2016, había retirado de la circulación el 86 % de los billetes, lo que había sumido a la economía en una fuerte recesión. El 19 de marzo de 2020, Modi se mostró más sobrio. Pidió a la población que observaran un «toque de queda del pueblo» de un día —toque de queda de Janata— el domingo 22 de marzo, y a continuación propuso una ronda nacional de aplausos en honor de aquellos que trabajaban en primera línea de servicios: médicos, enfermeras, personal de seguridad, etc.45 El día señalado, cientos de millones de indios acataron el llamamiento y permanecieron en casa. Luego, por la noche, salieron a las calles para celebrarlo. Los nacionalistas alabaron el «golpe maestro» de Modi. En las redes sociales, los entusiastas de la «medicina energética» prometieron que el virus «se volatilizaría por las reverberaciones de los aplausos masivos».⁴⁶

Al día siguiente, el Reino Unido anunció un confinamiento general, al igual que Cuba, Nigeria y Zimbabue. Rindiéndose a la evidencia, Tokio aceptó por fin posponer los Juegos Olímpicos. El 24 de marzo, cuando todos los territorios estatales indios ya habían anunciado cierres y confinamientos, Modi hizo otra aparición televisiva a las ocho de la tarde, y esta vez sí dio la tan temida sorpresa: la India paralizaba todas sus actividades;⁴⁷ no una sola ciudad ni una sola provincia, sino todo el país, y lo hacía con apenas tres horas de preaviso. De repente, casi 1.400 millones de personas se enfrentaban a la perspectiva de tener que encerrarse en sus casas, muchos de ellos en circunstancias improvisadas y sin medios de subsistencia.

El 26 de marzo, Bangladesh siguió los pasos de la India, y Sudáfrica hizo lo mismo un día después. El mundo entero se había paralizado, algo que nunca antes había ocurrido. Poco a poco, la vida pública en todo el planeta se había detenido. La Organización Internacional del Trabajo estimó que, a principios de abril de 2020, el 81 % de la fuerza laboral mundial estaba sometida a algún tipo de restricción.⁴⁸

Fue algo en verdad asombroso y, para muchos, imposible de aceptar. En todo el mundo, la oposición se expresó con sus propias idiosincrasias. En Francia e Italia, la izquierda radical se opuso a la normalización del «estado de excepción» y a la espectacular acumulación de poder que dicha paralización otorgaba a los gobiernos.⁴⁹ A su manera, el primer ministro Boris Johnson se mostró de acuerdo: «Estamos privando del antiguo e inalienable derecho de los nacidos libres en el Reino Unido a ir al pub. Y puedo entender lo que la gente siente en consecuencia […] Sé lo difícil que es todo esto, y cómo parece ir en contra del instintivo amor a la libertad del pueblo británico».⁵⁰

En Brasil, el presidente Bolsonaro, escéptico desde el principio, continuaba despotricando contra las medidas de confinamiento. Su entorno cercano se despachaba en arrebatos de «chinofobia», con ataques al «comunivirus» y burlas hacia los acentos chinos.51 Haciendo caso omiso de las recomendaciones del Ministerio de Salud de Brasil, la oficina presidencial lanzó en la última semana de marzo un ataque total contra las medidas de paralización regional.⁵² En las calles, los partidarios de Bolsonaro exigían la reapertura en ruidosas caravanas.⁵³ Solo una intervención judicial impidió al presidente apoyar con toda su fuerza una campaña publicitaria bajo el lema #Brasilnopuedeparar. «Para los vendedores del barrio, para los dueños de las tiendas en el centro de las ciudades, para los empleados domésticos, para millones de brasileños, Brasil no puede parar», decía el anuncio. ¿Habría bajas? Pues sí, pero, como comentó Bolsonaro encogiéndose de hombros: «Lo siento, algunos morirán».

Dentro del espectro político izquierda-derecha, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la antítesis de Bolsonaro, pero también él continuó mostrando un desprecio similar por la enfermedad, incluso después de que se declarase oficialmente la pandemia global. Los primeros casos fueron importados en gran medida por mexicanos ricos que habían pasado las vacaciones en Estados Unidos, lo cual dio pábulo a la idea de que las masas mexicanas gozaban de inmunidad.⁵⁴ López Obrador instó al país a no alterarse por los informes exagerados de los medios de comunicación.⁵⁵ Acusó a los conservadores de deleitarse con la propagación de la epidemia y de exagerar los fracasos de sus medidas para desestabilizar a su gobierno.⁵⁶ Mientras los medios de comunicación del régimen farfullaban indignados, el propio López Obrador se burlaba de los consejos científicos, negándose a usar mascarilla o a cumplir con el distanciamiento social. El 29 de marzo viajó a Sinaloa, el territorio de los famosos capos Guzmán, donde fue filmado saludando a la madre de «El Chapo», rodeado por un grupo de aduladores funcionarios locales y secuaces del clan.⁵⁷

Al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, un amplio sector de la opinión pública de corte republicano se mostró de acuerdo. Informes internos de la Casa Blanca confirmaban que Trump estaba viéndose «inundado de llamadas de líderes empresariales, partidarios adinerados y aliados conservadores, quienes lo instaban a que los estadounidenses volvieran al trabajo y evitaran más calamidades, incluso si hacerlo conllevaba riesgos para la salud».⁵⁸ El lunes 23 de marzo, menos de una semana después de haber adoptado la pose de presidente en tiempos de guerra, Trump dijo en una conferencia de prensa: «Nuestro país no fue construido para estar paralizado». Al día siguiente continuó con la manida idea de que «este remedio es peor que el problema». Y, por si fuera poco, añadió: «En mi opinión, si permitimos que esto continúe así, van a morir aún más personas». Para horror de su asesor médico, anunció que quería ver a Estados Unidos de vuelta en el trabajo para Semana Santa, el 12 de abril. Una vez más, Trump volvió a echar mano de la analogía de la gripe, comentando: «Perdemos miles y miles de personas al año por la gripe, y no paralizamos el país todos los años».⁵⁹ Dado que la epidemia en Estados Unidos se limitaba en gran medida a los estados demócratas de la costa este, Trump, al igual que Xi un mes antes, abogaba por una relajación progresiva de los controles, condado por condado. La diferencia era que, en ese momento, Estados Unidos aún no había controlado el virus en ninguna parte del país y no tenía medios para controlar el movimiento de las personas ni para realizar test que validaran la incidencia de la enfermedad.

Johnson, Bolsonaro, López Obrador y Trump revistieron su oposición a los encierros con su particular lenguaje político. Por otro lado, en realidad su actitud no era difícil de entender: después de todo, el impacto económico de los confinamientos acabaría siendo desastroso. China y Corea del Sur lo habían hecho parecer fácil. Después de lograr una supresión efectiva, estaban en el camino de regreso a la normalidad. En marzo, Europa, Estados Unidos o América Latina ya no podían contar con esa posibilidad. A esas alturas, exigir un rápido retorno a la normalidad económica significaba aceptar el riesgo de que se produjese un elevadísimo número de muertes.

En la última semana de marzo, los principales expertos en salud pública de Estados Unidos lanzaron una campaña urgente para mantener el confinamiento. En un momento en el que hasta mil personas estaban muriendo cada día solo en la ciudad de Nueva York, la propuesta de Trump de aliviar el confinamiento era peligrosamente prematura. Estados Unidos carecía de la capacidad de prueba y rastreo que permitiría reabrir de una forma segura las zonas menos afectadas. En los debates en la Casa Blanca, Deborah Birx y Anthony S. Fauci lideraban el equipo que defendía la paralización. Su arma principal se basaba en distintos modelos predictivos, que mostraban que si no se intentaba controlar el virus podrían morir entre 1,6 y 2,2 millones de estadounidenses, mientras que un confinamiento prolongado podría reducir esas cifras a unas 100.000-240.000 muertes.⁶⁰ Eran cifras hipotéticas, pero estaban respaldadas por la mejor ciencia disponible, y no podía negarse que las predicciones eran dramáticas.

Fauci describiría tiempo después su confrontación con el presidente Trump: «La doctora Debbie Birx y yo fuimos al Despacho Oval, nos dirigimos al escritorio y dijimos: “Aquí están los datos, eche un vistazo”. […] Le mostramos los datos. Los miró y lo entendió de inmediato». Los datos eran impresionantes, pero también lo eran las imágenes televisivas de cadáveres en bolsas que iban saliendo del hospital Elmhurst de Nueva York, en Queens, el barrio en el que se había criado el presidente. «Esto está sucediendo en el barrio de mi infancia, Queens, Nueva York», dijo Trump. «He visto cosas que nunca había visto antes.»61 Como recordó Fauci, el presidente sacudió la cabeza y admitió: «Supongo que tenemos que hacerlo».

Queens estaba en el epicentro de la crisis de Estados Unidos, ya que era uno de los peores puntos de infección de todo el mundo. El presidente podría haberlo desestimado como una excepción, pero, movido por las imágenes de la televisión e imaginando, a través de los datos, que un desastre similar podía extenderse por el resto del país, abandonó su discurso duro. El 29 de marzo anunció la extensión del confinamiento hasta abril. «Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los días difíciles que se avecinan», declaró. El virus era un «gran desafío nacional, distinto a cualquier otro al que nos hayamos enfrentado antes». Reducir el número de personas infectadas requeriría «todo el impulso de nuestra fuerza colectiva, de nuestro amor y de nuestra devoción. […] Hablando con franqueza, es una cuestión de vida o muerte. […] Es realmente una cuestión de vida o muerte».⁶² Por mucho que se intentase cualquier otra cosa, y Trump estaba decidido a explorar todas las opciones, en la primavera de 2020 ya no había escapatoria posible al impacto del coronavirus.

Segunda parte

UNA CRISIS GLOBAL

COMO NINGUNA

Capítulo 5

CAÍDA LIBRE

Las decisiones tomadas en Roma por el gobierno nacional italiano durante el fin de semana del 7 al 8 de marzo fueron el detonante de una avalancha de toma de decisiones por parte de los gobiernos nacionales de todo el mundo, lo cual era algo sin precedentes hasta el momento. Como lo era también la modificación en el modo de vida de miles de millones de personas que trataban de enfrentarse al virus, o más bien a una comprensión mediatizada de él. Las impresionantes escenas en los hospitales captadas por las cámaras de los teléfonos móviles y las oscuras predicciones conjuradas por médicos, científicos y epidemiólogos fueron la fuerza impulsora. A medida que los medios de comunicación del mundo transmitían la noticia, primero desde China y luego desde Europa, Estados Unidos y América Latina, se iba produciendo una respuesta dramática y polifacética. Organizaciones de todo tipo, empresas, consumidores, familias, escuelas, trabajadores..., miles de millones de personas en todo el mundo comenzaron a reaccionar, aunque no todas a la vez. Algunos gobiernos, ya fuera a escala nacional o local, se adelantaron a la pandemia, pero la mayoría no lo hizo. En muchos casos, la sociedad —familias, empresas, organizaciones— se esforzaba por defenderse a sí misma ante la inacción del gobierno. Se trataba, sin duda, de un movimiento complejo y colectivo. Incluso cuando los gobiernos tomaron la iniciativa, la eficacia de las medidas ordenadas dependía en gran medida del cumplimiento activo de los ciudadanos, las empresas y las organizaciones, para quienes las instrucciones gubernamentales sirvieron como un medio para coordinar y racionalizar sus propias respuestas.

Este comportamiento de autoprotección se podía ver reflejado en los datos económicos. A principios de marzo, semanas antes de que el gobierno británico se decidiera por fin a anunciar un confinamiento nacional, los gastos no esenciales de los hogares se desplomaron de 300 libras a 180 libras por semana,¹ y en Estados Unidos ocurrió algo muy similar. Allí, fue el desplome bursátil del 9 de marzo lo que pareció convencer de la gravedad de la crisis incluso a los escépticos. El resultado fue que la paralización iniciada por el consumidor se produjo mucho antes de la ordenada por el gobierno. No fue así en todos los casos, ya que dependía del optimismo de la población y de la rapidez con la que actuara el gobierno. En España, el 14 de marzo se hizo efectivo un confinamiento total, y ese mismo día el gasto en tarjetas de crédito cayó en picado.² El confinamiento impuesto en la India diez días después fue igual de abrupto.

Aplicando técnicas econométricas a los datos extraídos de teléfonos móviles, el FMI iba recopilando estimaciones sobre qué porcentaje de la reducción de la movilidad —una medida del grado de paralización— podía ser asociada a las órdenes gubernamentales en lugar de al distanciamiento social voluntario. Sus conclusiones son claras: en los países ricos, el distanciamiento social autoimpuesto superaba con creces al de las órdenes gubernamentales. De la reducción del 19 % en la movilidad que se produjo en los 90 días posteriores a la primera infección registrada, apenas algo más de un tercio podía explicarse por el rigor del confinamiento impuesto, y el resto se debía al distanciamiento social voluntario.³

El hecho de describir la reacción al coronavirus como una acción colectiva, o de llamarlo «paralización» en lugar de «confinamiento», no implica negar los costes o las restricciones existentes. Afirmar que la autoridad gubernamental era solo un complemento de la actuación privada no quiere decir que su aplicación fuera armoniosa o que careciera de un elemento represivo. Los costes eran muy reales, y también lo sería el conflicto político que llegó después.

Al analizar una conmoción económica, a los economistas les gusta diferenciar los cambios en la oferta de los cambios en la demanda.⁴ La distinción es importante porque diferentes causas requieren diferentes remedios. Si la producción, el empleo y los ingresos se contraen debido a una conmoción en la oferta, entonces lo que se requiere para restaurar la actividad económica es un ajuste en la forma en que producimos, entregamos y consumimos bienes y servicios. Esto es lo que los economistas tienden a llamar un ajuste «real». Si el problema, por el contrario, reside en una demanda inadecuada, entonces el sistema de producción y distribución puede permanecer como está, y lo que tenemos que hacer es estimular el gasto flexibilizando las restricciones presupuestarias: por ejemplo, a través de impuestos más bajos, mayor gasto público o más facilidades de crédito.

El impacto inmediato del coronavirus fue la interrupción de la cadena de suministro, es decir, de la oferta. Los grandes impactos negativos en la oferta son poco comunes. Un ejemplo sería el cierre del complejo de refinerías de petróleo de la costa del golfo de México ante el paso de un huracán por el Atlántico.⁵ Más comunes son los impactos positivos, como los avances tecnológicos que nos permiten hacer cosas nuevas de forma más barata. La pandemia fue como un progreso técnico al revés. Tomemos como ejemplo los viajes de las aerolíneas. El problema en 2020 no era que hubiésemos olvidado cómo hacer funcionar los aviones, sino que resultaba más difícil operar de manera segura. En esos momentos, un asiento en clase turista en un avión abarrotado venía con el riesgo adicional de la COVID.⁶ Se podía discutir si ese riesgo era más o menos alto, pero había maneras sencillas de reducirlo. Si se limitaba cada avión a un grupo familiar y se le proporcionaba un tránsito VIP protegido a través del aeropuerto, se podía viajar con seguridad. En otras palabras, todavía era seguro viajar si se hacía como los ricos, dejándose llevar a través del aeropuerto hacia un jet privado. De hecho, los viajes en jet privado continuaron a lo largo de 2020 sin apenas interrupciones, tan exorbitantemente caros como siempre. Del mismo modo, el alquiler de yates privados, villas e islas se mantuvo sin muchos cambios.7 Por el contrario, si se quería garantizar la seguridad en un vuelo comercial, no bastaba con comprar un billete, sino que había que comprar todos los billetes del avión y asegurarse de que la tripulación no estuviese infectada, lo cual también era algo prohibitivamente caro. Tampoco se podía sortear el problema mediante la emisión de vales de estímulo para vuelos privados gratuitos, que se pagarían desde las arcas del gobierno. Si en cada vuelo solo había un grupo familiar a la vez, no había suficientes aviones para mantener algo siquiera similar al nivel anterior de movilidad. Habría listas de espera de diez años. Esta es la definición de un impacto negativo en la oferta, y ningún cheque o punto de vuelo canjeable podía solucionarlo.

El impacto en la industria aérea fue brutal. En abril de 2020, el volumen de pasajeros del aeropuerto londinense de Heathrow había caído un 97 %, hasta niveles que no se veían desde la década de 1950. En todo el mundo, el tráfico cayó un 94 %. Las estimaciones realizadas durante el verano calcularon que las pérdidas previstas de la industria en 2020 serían de 84.300 millones de dólares en todo el mundo,⁸ y que diez millones de puestos de trabajo se verían directamente afectados.⁹

La epidemia tenía un impacto inusual sobre la oferta porque no afectaba a las variables económicas en las que solemos centrarnos, como recursos tecnológicos, ingresos o riqueza, sino que afectaba a nuestros cuerpos, exponiendo el cuerpo individual y colectivo de la humanidad como el denominador común de la vida social y económica.¹⁰ Nos afectaba de manera íntegra a través de nuestro cuerpo, vinculando los mundos del trabajo y la vida familiar, la producción y la reproducción.

Si los niños iban a la escuela, corrían el riesgo de convertirse en portadores de la enfermedad, y si se quedaban en casa, la organización del cuidado infantil de cientos de millones de familias trabajadoras se vería comprometida. Además, esta carga adicional en los cuidados recaía de forma abrumadora en las mujeres, como se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando se compara el número de publicaciones académicas firmadas por hombres a lo largo de la crisis con las firmadas por mujeres.11 Y los dilemas eran aún más agudos si las familias dependían de redes intergeneracionales o de comunidades para mantener a sus hijos, si los espacios de hogar y trabajo no estaban claramente separados y si el hogar era una categoría relativa, en viviendas situadas en barrios marginales y con suministro compartido de agua, baños, cocinas o instalaciones de lavado.

En la jerarquía del mercado laboral que, en cualquier caso, ya premiaba el trabajo abstracto e incorpóreo, la crisis del coronavirus agravó enormemente las desigualdades existentes. Para el que tenía la capacidad de aislarse, todo iba bien: se podía trabajar a distancia, comprar a distancia, viajar con la imaginación a destinos remotos e incluso disfrutar de intimidades remotas de varios tipos. Mientras que el trabajo sexual fue prohibido y las prostitutas con licencia en lugares como Alemania y los Países Bajos reclamaron apoyo, en un momento surrealista la ciudad de Nueva York recomendó a sus habitantes que se limitaran a la masturbación durante la duración de la pandemia.¹² Como dijeron los más ocurrentes, el material adecuadamente estimulante lo proporcionaba la varonil actuación del gobernador Cuomo en sus sesiones informativas diarias televisadas.

Toda esta abstracción resultaba mucho más fácil si se disponía de un lugar cómodo al que retirarse con buena conexión a internet y un servicio de entrega bien surtido. Cuando estalló la crisis, más de 1.100 millones de hogares y empresas tenían la suerte de contar con una conexión de banda ancha fija, más del doble que en 2010.¹³ Gracias a esta infraestructura, que apenas existía veinte años antes, muchos trabajos de oficina occidentales pudieron continuar casi sin interrupción. Estas comodidades, sin embargo, no eran universales, ni siquiera en los países ricos. En el Reino Unido, la crisis puso de manifiesto que el 9 % de los niños no tenían ordenador, portátil o tableta en casa.14 Según UNICEF, más de dos tercios de los niños y las niñas de todo el mundo, es decir, 830 millones de jóvenes, no tenían conexión a internet en el hogar.¹⁵

En la India, la industria de las tecnologías de la información y de subcontratación tenía dificultades para adaptarse. Además de que muchos empleados carecían de conexión a internet en sus casas, las estrictas reglas de seguridad exigidas por los clientes occidentales limitaban el trabajo a distancia. Los desarrolladores de software de alta gama configuraron conexiones seguras para su personal. La industria de externalización de procesos empresariales, con sus 1,3 millones de trabajadores, argumentaba que sus operaciones pertenecían a la industria de servicios financieros esenciales y, por lo tanto, estaban exentas del confinamiento.16 Los clientes occidentales, enfrentados a una avalancha de quejas por los largos tiempos de espera, se apresuraron a respaldar esa reclamación.

La posibilidad de saltar a un nuevo modo de vida a distancia dependía no solo de la tecnología y la infraestructura, sino también del trabajo manual práctico. La jerarquía social se hizo evidente. Mientras que el 75 % de los empleados que ganaban 200.000 dólares o más en Estados Unidos podían trabajar a distancia, para aquellos con ingresos inferiores a 25.000 dólares la proporción era tan solo del 11 %. Las entregas de Amazon se convirtieron en un servicio público de facto. Para satisfacer la demanda, entre enero y octubre de 2020 Amazon contrató a 427.300 nuevos empleados. En los momentos más frenéticos, se alcanzaron cifras de hasta 2.800 nuevos contratos por día. A finales de año, su fuerza laboral global alcanzaría los 1,2 millones, el doble que un año antes. Los servicios de entrega de paquetes de FedEx, UPS y DHL tuvieron dificultades para hacer frente al enorme aumento de la demanda, y los requisitos de seguridad aumentaron exponencialmente.¹⁷

La amenaza de contagio se propagó a través de las industrias de medios de comunicación y servicios. Igual que un avión lleno de gente, una sala de cine llena era un lugar ideal para contagiarse de coronavirus.18 A principios de 2020, China iba camino de superar a Estados Unidos como la mayor taquilla a escala mundial. Sin embargo, el 23 de enero cerró 72.000 salas de cine. El 16 de febrero, MGM anunció que cancelaba el estreno en China de la nueva película de James Bond, Sin tiempo para morir, película que un año después aún continúa sin estrenarse. El título resultó ser dolorosamente apropiado. Y solo fue la primera de muchas: entre abril y junio, no se estrenó ni una sola película de Hollywood en el momento previsto. En la India, un millón de personas dependen de Bollywood para subsistir. En un año normal se estrenan 1.800 películas anuales en los 28 idiomas principales del subcontinente, pero en 2020 todas las producciones y lanzamientos se detuvieron a mediados de marzo. Se creó un fondo de ayuda para apoyar a los paparazzi cuyas instantáneas de famosos de camino al gimnasio o al aeropuerto alimentan normalmente la maquinaria publicitaria de Bollywood. Cuando se reanudó la producción, los actores de más edad se quedaron en casa, y las escenas con grandes multitudes y prolongadas secuencias románticas, por las que es famoso el cine indio, dejaron de filmarse. Cuando China hizo un amago de reapertura de los cines el 22 de marzo, apenas hubo público. Una semana después, las salas cerraron por segunda vez. En palabras del presidente Xi: «Quien quiera ver películas, que las vea online».¹⁹

Resulta tentador pensar que las compras, los viajes, las peluquerías, los dentistas, los médicos, los gimnasios y los cines son partes secundarias de la economía. Por lo común, son la construcción y las manufacturas las que dominan la narrativa del ciclo de los negocios. Sin embargo, si se lleva a cabo un seguimiento de variables como las exportaciones de chips surcoreanos o los pedidos de grandes camiones de plataforma estadounidenses, por drásticas que sean sus fluctuaciones, comprobamos que esos sectores industriales altamente cíclicos en realidad constituyen una pequeña parte de la mayoría de las economías modernas. El sector servicios es mucho más grande, tanto en términos de empleo como de valor añadido. En la primavera de 2020, el mayor contribuyente a la caída precipitada del PIB estadounidense fue el cierre de los consultorios de médicos y dentistas: solo en el sector de la atención médica y la asistencia social, hubo más estadounidenses que perdieron sus empleos que en el conjunto de todas las manufacturas.²⁰

El comercio diario en todas las ciudades del mundo se vio afectado. Para los tenderos, vendedores ambulantes y taxistas que abarrotan las calles de Lagos, la capital comercial de Nigeria, con una población de más de 20 millones de habitantes, abril de 2020 fue un «mes de hambruna».21 El dinero en efectivo era tan escaso que incluso las mascarillas improvisadas de 26 centavos resultaban prohibitivas para la mayoría.²² En el vacío creado por el confinamiento se propagaron rumores de pánico. Las pandillas lideradas por la famosa One Million Boys distribuyeron amenazadores folletos anunciando que pronto comenzarían a organizar saqueos. Los vecindarios contrataron vigilantes nocturnos para protegerse de los ataques, que, salvo raras excepciones, nunca se produjeron.²³

Para cualquiera que se aventurara a salir de su casa, lo más impresionante era el vacío. Los centros comerciales que durante mucho tiempo ya habían estado al borde de la extinción comercial se tambaleaban precariamente. En Estados Unidos, un puñado de minoristas históricos se declaró en bancarrota.²⁴ J. C. Penny’s anunció que cerraría 242 tiendas. Neiman Marcus, J. Crew y Brooks Brothers solicitaron subsidios por quiebra. Brooks Brothers había sido una piedra angular de la ropa para ejecutivos estadounidense desde 1818, pero en un mundo en el que las reuniones se hacían a través de Zoom no había mucha demanda de trajes elegantes.²⁵ En Alemania, la cadena de grandes almacenes Galeria Karstadt Kaufhof anunció una ola de cierres que provocaron miles de despidos. Tati, el emblemático minorista de artículos con descuento del barrio de Barbès, en el norte de París, un pilar de la venta al por menor y a buen precio desde la década de 1940, tuvo que cerrar en julio.²⁶ Gibert Jeune, una de las legendarias librerías de París, comenzó a negociar su cierre con su sindicalizada fuerza laboral.²⁷ En el Reino Unido, Laura Ashley, una cadena de moda asociada a la elegancia de la princesa Diana durante los años ochenta, tampoco pudo continuar.²⁸ Entre los que se hundieron también estaban los grandes almacenes Debenhams y el pionero de la moda rápida TopShop, lo que afectó a 25.000 puestos de trabajo.29 Marks & Spencers, incondicional de la ropa y los sándwiches, logró sobrevivir, pero su deuda se redujo a basura y 8.000 trabajadores perdieron sus empleos.

Al ser ante todo una crisis del sector de los servicios, la recesión del coronavirus se cebó sobre todo en las mujeres. Fue, por decirlo así, una «femirrecesión».³⁰ Y también una ironía realmente amarga. Durante la segunda mitad de 2019, y por primera vez al margen de una gran recesión, las mujeres habían superado en número a los hombres en empleos remunerados en Estados Unidos.31 Un año después, en 2020, se producía la primera recesión en la que las tasas de despidos y de desempleo de las mujeres superaban en número a las de los hombres.³² Como pilares del trabajo manual, las mujeres latinas fueron las que más sufrieron, pues su tasa de desempleo se disparó hasta superar el 20 %. En Europa, las trabajadoras en el quintil inferior de la distribución de los ingresos también fueron las que sufrieron la mayor pérdida de empleo.³³ El cierre masivo de las guarderías agravó las dificultades que padecían los padres, y la peor parte se la llevaron también las mujeres. A finales del verano, más de un millón de mujeres trabajadoras habían abandonado el empleo remunerado en Estados Unidos para cuidar a sus familiares.³⁴

Si el primer efecto económico de la pandemia fue la reducción de nuestra capacidad de suministro de mercancías de forma segura, lo cual ponía en peligro los medios de vida de cientos de millones de personas, el segundo efecto provino del lado de la demanda. La inseguridad redujo el consumo y la inversión, y el desplome de la demanda generó aún más desempleo. El impacto idiosincrático de la COVID se transformó así en una recesión impulsada por la demanda más familiar que irradiaba en todas las direcciones y en todo el mundo.

Retomemos una vez más al sector turístico y de viajes. Si los turistas occidentales dejaban de viajar en avión, toda la industria turística mundial estaba en peligro. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo advirtió que 75 millones de puestos de trabajo estaban en juego. Los ingresos perdidos podrían ser de 2,1 billones de dólares,³⁵ cifra plausible, ya que los viajes y el turismo juntos representan directamente el 3,3 % del PIB mundial.³⁶ Incluso un sector minoritario como el turismo en plena naturaleza había generado, en 2018, 120.000 millones de dólares en valor añadido, creando 9,1 millones de puestos de trabajo directo en todo el mundo.³⁷

En la primavera de 2020, la ciudad tailandesa de Lopburi se encontraba invadida por manadas de monos. Normalmente alimentados por turistas, ahora estaban luchando entre sí por cualquier cosa comestible que pudieran encontrar.³⁸ También en Tailandia estaban preocupados por el bienestar de 3.000 elefantes en cautividad.³⁹ En África Oriental y Sudáfrica, el negocio de safaris había crecido como la espuma, aportando 12.400 millones de dólares cada año. El año 2020 había empezado bien: en febrero, los parques, alojamientos y todoterrenos de techo abierto estaban llenos. De repente, en marzo comenzaron las cancelaciones, y en abril, los negocios frenaron en seco. Sin guías ni visitantes, los parques fueron abandonados e invadidos por cazadores furtivos. Para evitar lo peor, tres grandes parques de caza en Sudáfrica extirparon los cuernos a sus poblaciones de rinocerontes como medida preventiva, «con la esperanza de que así serían objetivos menos atractivos para los cazadores furtivos». Mientras tanto, la ministra de Turismo, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, advirtió al Parlamento sudafricano de que solo en el sector turístico podían desaparecer hasta 600.000 puestos de trabajo.⁴⁰ En general, en Sudáfrica, la segunda economía más grande de África, el empleo cayó alrededor de un 18 % entre febrero y abril. Una de cada tres personas que en febrero contaba con ingresos se había quedado sin ellos dos meses después, con la pérdida de empleos concentrada sobre todo entre las mujeres y los trabajadores manuales.⁴¹

En febrero, las fábricas de prendas de vestir de Sri Lanka, Vietnam, la India y Bangladesh sintieron por primera vez el efecto de la pandemia a través de sus cadenas de suministro procedentes de China, ya que las fábricas chinas dejaron de confeccionar sus telas. Más adelante, en marzo, las marcas occidentales cancelaron pedidos por valor de miles de millones, a menudo invocando fuerza mayor y negándose a pagar por los costes materiales y salariales ya incurridos.⁴² Las exportaciones de prendas de vestir procedentes de Bangladesh se desplomaron un 85 %.⁴³ Y entonces, el miedo al contagio por COVID se extendió al propio sur de Asia. Fue un triple impacto: la interrupción de la cadena de suministro, el colapso de la demanda y una amenaza para la fuerza laboral y sus familias. A principios de abril, al menos un millón de trabajadores de la confección habían sido despedidos o suspendidos de empleo solo en Bangladesh, una cuarta parte de la fuerza laboral de la confección en ese país, de los cuales el 80 % eran mujeres.⁴⁴ A medida que tanto el trabajo en el país como las remesas procedentes del extranjero iban desapareciendo, se pronosticó que la tasa de pobreza aumentaría hasta el 40 %.⁴⁵ En Pakistán, los trabajadores de la confección fueron confinados, a menudo sin previo aviso, y fue necesario realizar protestas frente a amenazadores guardias armados para lograr que se les pagasen los salarios que se les debían.⁴⁶ Detrás de ellos había un ejército aún mayor de trabajadores domésticos, que no aparecían en los libros de ningún empleador o sistema nacional de seguridad social, pero que quedaron en la indigencia por el repentino confinamiento. Solo en Pakistán podía haber 12 millones de trabajadores a domicilio, que trabajaban 12 horas al día por menos de 40 centavos por hora, cuyos medios de vida estaban en peligro.⁴⁷

En condiciones normales, los ingresos en efectivo relativamente estables de los trabajadores de la confección les permitían obtener microcréditos para financiar, por ejemplo, la construcción de una casa en su pueblo natal. En Camboya, la fuerza de trabajo de prendas de vestir tenía aproximadamente una quinta parte de todos esos préstamos, con una deuda total de varios miles de millones de dólares.⁴⁸ Esto gravaba notablemente el terror del desempleo, ya que si no se pagaba el préstamo se perdería la garantía y, en el peor de los casos, se perdería la vivienda familiar. Para empeorar aún más las cosas, mientras luchaban por encontrar fuentes alternativas de ingresos, los trabajadores desempleados de la confección se encontraron compitiendo con cientos de miles de trabajadores migrantes que regresaban a su país desde la vecina Tailandia.

A medida que las enormes fuerzas laborales eran privadas de trabajo y puestas en cuarentena, en todo el mundo la COVID se iba convirtiendo en una prueba de choque de las instituciones del mercado laboral. En comparación con el resto del mundo, los estados de bienestar europeos son excepcionalmente generosos, y la COVID los puso a prueba sin piedad. La innovación más importante fue la adopción generalizada de reducciones parciales o totales del horario de trabajo, un sistema que Alemania ya había aplicado con éxito para amortiguar el impacto de la crisis de 2008.⁴⁹ Los trabajadores conservaban su empleo gracias a los fondos públicos que contribuían a pagar la totalidad o parte de su salario. En el período de paralización más rigurosa, en mayo de 2020, alrededor de un tercio de los empleados de Austria, Francia y los Países Bajos, y una quinta parte de los empleados de Alemania, España e Irlanda, experimentaron reducciones parciales o totales de su jornada laboral.⁵⁰ Estas medidas proporcionaban una generosa subvención pública a los empleadores, especialmente a aquellos que de otro modo podrían haberse visto forzados a retener a los trabajadores a sus expensas. Era un precio que valía la pena pagar. En Europa fue el principal sistema de contención de la crisis social.

Los sistemas de trabajo de jornada reducida fueron concebidos originalmente para el trabajo industrial clásico, y en el transcurso de 2020 se ampliaron para incluir a los trabajadores por cuenta propia, a los miembros de la llamada «economía de trabajos esporádicos» e incluso a grupos estigmatizados como las trabajadoras sexuales.⁵¹ Los programas eran innovadores y solidarios, pero no lograron eliminar la desigualdad social más que otras formas de asistencia social. Los trabajadores contratados por agencias se encontraban en el limbo, alojados en espacios reducidos, sin trabajo ni apoyo social. Y en el nivel más bajo estaban los trabajadores migrantes enviados, como de costumbre, a los países más ricos de Europa, pero ahora en circunstancias aún más humillantes y más o menos al margen de las regulaciones sanitarias.⁵² El hecho de que los rumanos y los búlgaros rurales estuvieran lo suficientemente desesperados como para realizar este trabajo ponía de relieve la enorme disparidad de oportunidades de vida en toda la UE. En un extraño giro del destino, en abril de 2020, los últimos europeos que todavía estaban en movimiento eran los trabajadores migrantes mal pagados de Europa del Este.⁵³

Si los estados de bienestar de Europa se adaptaban para contener los peores efectos de la crisis, las grandes economías en desarrollo tenían problemas mucho más básicos.

De los 471 millones de trabajadores de la India, solo el 19 % están cubiertos por la seguridad social, mientras que dos tercios carecen de un contrato de trabajo formal y al menos 100 millones son trabajadores migrantes, que se mueven de un lado a otro entre el campo y la ciudad, teniendo que conformarse con viviendas informales e improvisadas, o simplemente durmiendo en la calle.⁵⁴ El repentino confinamiento ordenado por el primer ministro Narendra Modi desencadenó una fuga de las ciudades a las aldeas de hasta 20 millones de personas, lo que se ha descrito como «confinamiento y dispersión».⁵⁵ Por el camino, tal vez la mitad de los migrantes se encontraron detenidos por estrictas restricciones a escala estatal, viviendo en campamentos improvisados.56 No se había producido nada similar desde la violenta separación de la India y Pakistán en 1947. Tan solo puede ofrecerse una estimación aproximada del desempleo indio durante el confinamiento, pero la magnitud fue claramente asombrosa. Los datos disponibles más precisos sugieren que en abril de 2020 había 122 millones menos de personas empleadas que un año antes. Algunos volvían a los trabajos agrícolas en sus aldeas de origen, pero, en la primera semana de mayo de 2020, la tasa de desempleo probablemente superó el 27 %.⁵⁷ En febrero, el confinamiento de la India rivalizaba con el de China como la mayor conmoción jamás sufrida por cualquier mercado laboral de la historia.

Si la India estaba en un extremo del espectro de la organización del mercado de trabajo y Europa en el otro, Estados Unidos se situaba en un incómodo punto medio. Estados Unidos tiene mercados laborales formales y estadísticas regulares de desempleo, pero no existen sistemas administrativos y protecciones legales que permitan un sistema de trabajo de jornada reducida al estilo europeo, y tampoco un sistema nacional de seguro de desempleo. Lo máximo que se pudo poner en marcha durante el New Deal de la década de 1930 fue un mosaico de sistemas a escala estatal. En la actualidad, los subsidios son reducidos y en la mayoría de los estados expiran pasadas solo 26 semanas, y estados sureños como Florida y Carolina del Norte no ofrecen más de 12 semanas de cobertura.⁵⁸ Son sistemas diseñados de forma más o menos explícita para disuadir a los posibles solicitantes y rechazar a muchos de los que se toman la molestia de presentar la solicitud. En marzo de 2020, este sistema destartalado y punitivo se resentía bajo un peso que nunca antes había tenido que soportar. A pesar de los riesgos para la salud, decenas de miles de personas hacían cola para registrarse en persona, o, en Nueva York, para retirar en efectivo los subsidios en un número limitado de cajeros automáticos.⁵⁹

Desde hace años, cada jueves por la mañana el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publica una recopilación semanal de datos sobre el número de personas que han solicitado recientemente un subsidio de desempleo. Las cifras nacionales se recopilan a partir de solicitudes a escala estatal. En la tercera semana de marzo de 2020, quedó claro que estaba a punto de producirse una catástrofe. Habían estado circulando rumores sobre el extraordinario aumento de solicitudes recibidas por las oficinas estatales. Varios sistemas de registro online se habían sobrecargado y habían dejado de funcionar, mientras la administración Trump trataba de ocultar la alarmante noticia.⁶⁰ Sin embargo, el 26 de marzo a las ocho y media de la mañana, los medios de comunicación soltaron la bomba: durante la semana anterior, 3,3 millones de estadounidenses habían solicitado el subsidio de desempleo. Era un hecho sin precedentes. Anteriormente, en una semana normal se podían producir entre 200.000 y 300.000 solicitudes. Tras la crisis financiera de 2008, la peor semana había sido en marzo de 2009 con un total de 665.000 solicitudes.61 La cifra del 26 de marzo era cinco veces mayor. Un gráfico que se remonta a más de medio siglo sufrió un enorme pico, y la semana siguiente la cifra aumentó aún más, hasta los 6,648 millones. En abril, la crisis económica a la que se enfrentaba Estados Unidos tomó un cariz apocalíptico. En cuestión de tres meses, más de una cuarta parte de los menores de 25 años perdieron su trabajo.⁶² James Bullard, el habitualmente impasible presidente de la sede de San Luis de la Reserva Federal, advirtió que si los confinamientos se llevaban tan lejos como fuera necesario, la tasa de desempleo nacional podría alcanzar el 30 %, mayor que la que se produjo durante la Gran Depresión de la década de 1930.⁶³

Con la contracción de la producción y del consumo en todo el mundo, las perspectivas para el comercio parecían desastrosas. El 8 de abril, antes de las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio predijo que el volumen de transacciones comerciales se contraería entre un 12 y un 30 % en 2020. El elevado margen de error era indicativo de la profunda incertidumbre provocada por la pandemia.⁶⁴

La industria que sintió el impacto más directamente fue la del transporte de mercancías. Si se mide en peso, más del 90 % del comercio mundial es transportado por vía marítima. Unos 60.000 buques de carga mueven las mercancías del mundo. Los portadores a granel transportan petróleo, carbón, grano y mineral de hierro, mientras que los buques portacontenedores transportan la carga de mayor valor. Más de un millón de marineros tripulan los buques de carga,⁶⁵ y otros 600.000 hombres y mujeres forman el personal de los cruceros que transportan turistas por todo el mundo. La mayoría de los empleados provienen de la India, Indonesia, China y Filipinas. Cada semana, un complejo calendario de paradas e intercambios de tripulación arrastra a 50.000 tripulantes dentro y fuera de los barcos en centros como Dubái, Hong Kong y Singapur.

La paralización de 2020 provocó una convulsión en esta industria. Los viajes de carga sufrían cancelaciones. Los contenedores se iban acumulando en los puertos, ya que las regulaciones pandémicas permitían desembarcar la carga, pero las tripulaciones no tenían autorización para bajar a tierra. Filipinas, como hogar de cientos de miles de marineros, se ofreció como lugar de cuarentena. En la tercera semana de mayo, una flota de 21 cruceros gigantes se había reunido en la bahía de Manila con la esperanza de desembarcar a las tripulaciones. Sin embargo, las demoras administrativas y la cancelación de todos los vuelos programados desde Manila hacia otros países dejaron a decenas de miles de personas varadas a bordo, a menudo sin comunicación con el mundo exterior.⁶⁶ En total, a finales de junio, tal vez hasta 400.000 marineros estaban confinados en alta mar en una gigantesca cuarentena flotante.⁶⁷ A finales de año, el problema todavía no se había solucionado, y los recluidos a bordo se seguían contando por cientos de miles.⁶⁸ No estaban confinados, sino encerrados, y se enfrentaban a un encierro aparentemente interminable en sus lugares de trabajo.

La caída de la oferta alimentó una caída de la demanda, lo que a su vez redujo las ventas, los ingresos y el empleo, y provocó una nueva contracción en el consumo y la inversión. Nunca antes este círculo vicioso había funcionado de manera tan exhaustiva, a tal escala y a tal ritmo, como lo hizo en la primavera de 2020. Nunca antes las conexiones que unen la economía mundial como un todo funcional habían sido tan repentinamente alteradas o puestas en entredicho.

Utilizando datos en tiempo real sobre medidas de distanciamiento social y confinamiento, podemos estimar el mayor agregado de todos, el PIB mundial, día por día. El resultado nos proporciona la imagen de un drama extraordinario. En 2019, el PIB mundial se situaba en unos 87,55 billones de dólares. En el transcurso de un año mediocre había crecido un 3,2 %. En 2009, el peor año de los últimos registros, el PIB mundial se había contraído un 1,67 %. En febrero de 2020, como resultado de la paralización de China, este enorme flujo de producción se contrajo un 6 %. Y luego en marzo se desplomó por un precipicio. El PIB mundial alcanzó su punto más bajo alrededor del Viernes Santo, el 10 de abril, un 20 % menos que a principios de año.⁶⁹ Nunca antes, a lo largo de la historia, se había contraído la actividad económica con tanta rapidez en todo el mundo. Fue una contracción mucho más repentina y precipitada incluso que la que se produjo durante la Gran Depresión en la década de 1930.

Esta recesión sin precedentes no solo dislocó la producción y destruyó los puestos de trabajo, sino que también sacudió el sistema de crédito. Algunas empresas, algunos gobiernos y algunos hogares dependen de préstamos, y en el otro lado del balance, esos préstamos aparecen como activos de otras empresas, gobiernos y hogares. El poder y la desigualdad, el riesgo y los rendimientos se codifican según quién debe qué a quién y en qué términos. El enorme y frágil edificio está condicionado por las expectativas sobre el futuro, y cuando esas expectativas cambian de forma tan radical como lo hicieron en marzo y abril de 2020, surge la amenaza de que todo se venga abajo.

La carrera hacia la seguridad en los mercados financieros globales comenzó en febrero, y el 9 de marzo se convirtió en algo más parecido a un episodio de pánico. Semanas antes de los confinamientos ordenados por los gobiernos en la mayor parte de Europa o en Estados Unidos, los mercados financieros globales estaban ya en plena desbandada. El mejor ejemplo de la forma en que las noticias del coronavirus indujeron una búsqueda privada de seguridad fue precisamente la paralización total. La carrera financiera por la seguridad sucedió con enorme rapidez. Individualmente tenía sentido, pero al producirse de manera simultánea por parte de todos los hombres y mujeres que administran decenas de billones de dólares en todo el mundo, amenazó con el colapso sistémico total y forzó una intervención masiva de los estados.

Figura 3. Impacto de las restricciones al virus en el PIB mundial. (Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research, a través de Dailyshot.com.)

El elemento principal de la crisis fue la repentina caída de los precios de las acciones, lo cual desató una verdadera oleada de pánico en sociedades como Estados Unidos, donde la clase media alta está muy implicada en planes privados de jubilación. Un nivel más profundo de ansiedad afectaba a la montaña de deudas de los Mercados Emergentes y a los pasivos en los balances de las grandes corporaciones. A mediados de marzo, con Europa tambaleándose por el impacto de la enfermedad, el mercado de deuda soberana de la zona euro estaba sometido a una gran presión. Todo esto ya eran malas noticias de por sí, pero la conmoción verdaderamente aterradora de marzo de 2020 fue el temblor sísmico que atravesó el mercado del Tesoro de Estados Unidos, la deuda pública estadounidense.

Un colapso bursátil ya habría sido muy lesivo para la riqueza y para la captación de nuevo capital corporativo. Un colapso del crédito habría sido debilitante para las empresas. Una crisis de deuda soberana de la eurozona habría obstaculizado la capacidad de los gobiernos de Italia, España y Francia para responder a la epidemia. Una caída del mercado del Tesoro estadounidense, sin embargo, era un problema totalmente distinto, y sus consecuencias iban más allá incluso de la crisis bancaria del Atlántico Norte de 2008. Las deudas del gobierno estadounidense son los activos seguros sobre los que se asienta toda la estructura de las finanzas privadas. Son la base del poderío financiero de Estados Unidos y, por lo tanto, del orden mundial tal como lo conocemos.

Capítulo 6

«LO QUE SEA NECESARIO», OTRA VEZ

El jueves 12 de marzo, las noticias procedentes de los mercados financieros eran realmente sombrías. Los mercados bursátiles de Estados Unidos sufrían peores pérdidas que cualquiera de las ocurridas durante la crisis de 2008. Únicamente el «Lunes Negro» de octubre de 1987 y los días más oscuros de 1929 habían sido peores.1 La situación era mala en sí misma, pero lo que más preocupaba a los expertos no era el mercado de valores. Estaba a punto de producirse una «corrección». El mundo se dirigía hacia la paralización, y era de esperar que los precios de las acciones cayeran. La función de las acciones como capital que soporta riesgos es actuar como amortiguador en tiempos difíciles. Mucho más preocupante que los mercados de renta variable era lo que estaba sucediendo en el mercado de bonos, y sobre todo con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los activos seguros que normalmente actúan como contrapeso de la volátil renta variable.

En tiempos de incertidumbre y recesión, a medida que los inversores pierden la confianza, tienden a cambiar las acciones, cuyos precios y dividendos fluctúan con las fortunas empresariales, por la deuda pública, que puede venderse a un precio estable o ser utilizada como garantía para obtener préstamos en buenas condiciones. En la parte superior de la pirámide de activos seguros, están los bonos del Tesoro de Estados Unidos, denominados en dólares.2 Su condición de activo seguro definitivo no se debe a la fortaleza del dólar, que se ha depreciado progresivamente durante medio siglo. Tampoco se deriva del hecho de que la política fiscal estadounidense tenga una reputación de honradez y rectitud intachable. Los bonos del Tesoro estadounidenses, apodados treasuries («tesoros»), son el activo seguro definitivo porque el mercado es gigantesco. A comienzos de 2020 había tesoros en circulación valorados en casi 17 billones de dólares, respaldados por el Estado más poderoso y por la base fiscal más potente del mundo, e incluidos en el mercado de deuda más sofisticado.3 Si se compran bonos del Tesoro de Estados Unidos es porque el mercado es tan grande que, en caso de emergencia, se pueden vender sin que dicha venta afecte al precio. Siempre habrá alguien que quiera comprar tus tesoros, y siempre habrá facturas importantes que se pueden liquidar en dólares. Cuando afirmamos que el dólar estadounidense es la moneda de reserva del mundo, no nos referimos a los insulsos billetes verdes de Estados Unidos, sino a la riqueza almacenada en billones de dólares en tesoros estadounidenses que ofrecen intereses.

La cadena de acontecimientos en una recesión normal es, por lo tanto, que el precio de la renta variable baje y que el precio de los tesoros suba. Cuando el precio que se paga por un bono del Tesoro aumenta, sus rendimientos —el pago anual del cupón de intereses dividido por el precio que se pagó para poseer el bono— se reducen. Y, en febrero de 2020, eso fue precisamente lo que sucedió como respuesta a la aparición del virus: las acciones cayeron, los precios de los tesoros subieron y los rendimientos bajaron. La caída de los rendimientos reduce los tipos de interés, facilita el endeudamiento de las empresas y, a su debido tiempo, debería estimular nuevas inversiones. Los mercados financieros estaban ayudando a la economía a adaptarse, pero entonces, cada vez con más fuerza desde el lunes 9 de marzo, algo más preocupante comenzó a suceder. La carrera por la seguridad se convirtió en una carrera de pánico por el dinero en efectivo.4 Los inversores lo vendieron todo: no solo acciones, sino también bonos del Tesoro, lo cual era una muy mala noticia para la economía, porque provocaba el alza de los tipos de interés, lo contrario de lo que las empresas necesitaban. Aún más inquietante que el movimiento perverso de los precios y rendimientos de los tesoros era el hecho de que, en palabras de uno de sus agentes, el mayor mercado financiero del mundo «sencillamente no funcionaba»,⁵ El mercado del Tesoro, que es la base de todas las demás operaciones financieras, temblaba de arriba abajo en espasmos que revolvían el estómago. En las pantallas de los terminales, los precios bailaban erráticamente, o, peor aún, no había precios en absoluto. En el único mercado donde normalmente siempre se podía estar seguro de encontrar un comprador de repente no había ninguno. El 13 de marzo, JP Morgan informó de que en lugar de un volumen de mercado normal de cientos de millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, tan solo era posible operar con 12 millones,6 menos de la décima parte de la liquidez normal del mercado. Se trataba de un estado de pánico financiero que, de haberse podido desarrollar a sus anchas, habría sido más desestabilizador incluso que la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008.

En 2008, los títulos respaldados por hipotecas estuvieron a punto de hundir el sistema.⁷ Los riesgos se concentraron en los balances bancarios a ambos lados del Atlántico, y una recesión inmobiliaria que desencadenó impagos hipotecarios se convirtió en una crisis bancaria. La perspectiva de fallos bancarios forzó la intervención de bancos centrales y Tesoros en forma de compras de activos, para apuntalar los mercados de valores respaldados por hipotecas, un esfuerzo desesperado por suministrar liquidez a los afligidos bancos, y rescatarlos, en el sentido estricto de la palabra, en forma de participaciones gubernamentales en los bancos más débiles.

En 2020, los bienes raíces mantuvieron cierta solidez. De hecho, en muchos lugares los precios de las viviendas incluso aumentaron.⁸ La gente quería mudarse a las zonas residenciales, y el mercado de reformas del hogar creció como la espuma. Los bancos, por otro lado, tuvieron que enfrentarse a pérdidas en sus libros de préstamos. Las bajas tasas de interés afectaron negativamente a sus márgenes de beneficio en los préstamos, por lo que sus acciones se vendieron agresivamente. El revés a los bancos fue tan severo que causó una ola de ansiedad entre los reguladores.⁹ Si los bancos hubieran sido tan débiles en 2020 como lo habían sido en 2008, la situación bien podría haber sido catastrófica.

¿Hasta qué punto podría haber sido catastrófica una crisis bancaria provocada por el coronavirus? En teoría, se podría averiguar aplicando las pérdidas esperadas en la primavera de 2020 a los balances de los principales bancos estadounidenses en 2008 en el momento de la crisis hipotecaria. El resultado es horrible. Si los bancos hubieran sido tan débiles en 2020 como lo eran en 2008, el capital destinado a absorber las pérdidas de todo el sistema se habría reducido a un mínimo del 1,5 % de los activos, menos de una sexta parte de lo que se considera seguro. Varios de los bancos más grandes de Estados Unidos habrían quebrado y habrían requerido rescates gigantescos y políticamente tóxicos.¹⁰ Por fortuna, gracias a las nuevas y estrictas normativas y a los propios esfuerzos de los bancos por la autoconservación, sus balances a ambos lados del Atlántico eran mucho más sólidos en 2020 que en 2008. Para asegurarse de que se mantuvieran así, en marzo de 2020 los reguladores bancarios de todo el mundo prohibieron a los bancos pagar dividendos o participar en recompras de acciones en un futuro inmediato.¹¹

Figura 4. Ratios desglosados de capital y activos ajustados al riesgo de los bancos de EE.UU. (Fuente: https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/07/02/how-resilient-are-the-banks.)

Sin embargo, la relativa solidez de los balances bancarios hubiera servido de poco consuelo si el riesgo se hubiera trasladado a otro lugar. El capitalismo financiero se expande y evoluciona continuamente. Desde 2008, lo que los reguladores y analistas financieros habían tenido más en mente eran nuevos tipos de riesgo que se estaban acumulando en los balances de los gestores de activos y en fondos que se especializaban en reconfigurar deuda corporativa de alto riesgo, préstamos e hipotecas sobre el mercado inmobiliario comercial.¹² También había preocupación por la estabilidad de los prestatarios corporativos en los mercados emergentes de todo el mundo que habían emitido deuda denominada en dólares.¹³ En todos los casos eran ejemplos de lo que se conoce como «financiación basada en el mercado»: relaciones financieras que no se basan en los balances de los bancos, sino que se realizan a través de mercados en los que los préstamos y los bonos, y los derivados construidos sobre ellos, se compran, venden, recompran y revenden. El principal centro de financiación basado en el mercado es el llamado mercado de repos (abreviatura de «repurchases», es decir, recompras), donde los bonos se pueden negociar temporalmente en efectivo con el compromiso de recomprar en un corto intervalo de tiempo.14 Cada día, billones de dólares en bonos a largo plazo se refinancian en el mercado de repos de forma diaria y mensual. Mediante la venta y recompra continua de bonos, las grandes carteras pueden mantenerse apoyándose solo en pequeñas cantidades de capital. Estos acuerdos financieros basados en el mercado fueron los que conectaron la crisis hipotecaria de 2008 con la agitación del mercado de bonos de 2020.

En 2008, lo que provocó la crisis no fueron las malas hipotecas en sí mismas, ni tampoco el negocio bancario minorista de gigantes como Citigroup o Deutsche Bank, sino que el peligro surgió del hecho de que los bancos habían superado su base de financiación mediante depósitos y, en cambio, financiaban sus tenencias de valores respaldados por hipotecas comprándolos y vendiéndolos continuamente en los mercados de repos. Lehman Brothers fue uno de los ejemplos más claros. Lo que lo tumbó en septiembre no fueron las grandes pérdidas en las hipotecas. Lo que derribó a Lehman y amenazó a todos los demás bancos fue el hecho de que perdió el acceso a los mercados de repos con los que ya había financiado su enorme volumen de valores respaldados por hipotecas.15 La retirada colectiva de la confianza por parte de sus contrapartes del mercado de repos era el equivalente a una ejecución bancaria instantánea por valor de cientos de miles de millones de dólares.

Los valores respaldados por hipotecas habían sido vendidos y recomprados tantas veces porque habían sido calificados como valores Triple A (AAA, es decir, que habían sido configurados para aparecer como activos seguros). La mayoría eran, de hecho, bastante seguros, pero en un mercado de movimientos superrápidos bastaba el más mínimo atisbo de duda para cerrar la financiación de repos, para valores respaldados por hipotecas o para cualquier otro tipo de deuda privada. Si ese sistema de financiación basado en el mercado pretendía seguir funcionando y expandiéndose, lo que de verdad necesitaba eran activos incuestionablemente seguros, y los más seguros de todos eran los tesoros estadounidenses.

Entre 2008 y 2019, gracias a la crisis financiera de 2008 y a los recortes de impuestos de Donald Trump, las emisiones de bonos del gobierno estadounidense se dispararon, y esta oferta se vio cubierta por una demanda igual de elevada.¹⁶ Con el estímulo de la Reserva Federal, los tipos de interés subieron un poco entre 2016 y 2019, pero se mantuvieron históricamente bajos. Debido a que los bonos del Tesoro eran la materia prima ideal para los mercados financieros rápidos y complejos, no había escasez de demanda. Los fondos mutuos eran absorbidos como una reserva de liquidez que soportaba intereses. Los fondos de cobertura construían estrategias elaboradas para beneficiarse de pequeñas desviaciones en su precio. Los bancos los retenían para cumplir con los requisitos de colchón de liquidez de la nueva normativa de Basilea III. A partir de 2014, los inversores extranjeros ya no eran grandes compradores en términos netos, pero sí tenían enormes cantidades de bonos del Tesoro estadounidense y las reinvertían sin queja alguna. A un gerente de reservas de divisas de un gran banco central de mercados emergentes le convenía disponer de bonos del Tesoro para cubrir el riesgo monetario que habían generado los prestatarios de negocios en su jurisdicción al tomar prestado en dólares. Todo el mundo los tenía, dando por supuesto que podían ser vendidos y recomprados en mercados de liquidez ilimitada. El punto crucial es que tal gerente daba por supuesto que podía liquidar sus reservas sin afectar a su precio, y si eso no era cierto, entonces todas las demás apuestas tampoco eran correctas. Esto es lo que hizo que los acontecimientos en el mercado del Tesoro estadounidense a partir del 9 de marzo fueran tan aterradores.

Al final, resultó que incluso en el mercado del Tesoro, al menos tal como estaba concebido en marzo de 2020, no todo el mundo podía vender a la vez, y eso conllevaba el riesgo de desencadenar también una vertiginosa caída de todo lo demás. En marzo de 2020, la adquisición se extendía a todas las clases de activos del sistema financiero. Ya no era una carrera hacia inversiones más seguras, sino una carrera general hacia el dinero en efectivo, y el dinero que todos deseaban eran dólares. Era una fuga desde los activos hacia los dólares.¹⁷

Es importante destacar que, en la demanda de dólares, de acuerdo con los datos disponibles más precisos, dos tercios de las ventas del Tesoro en marzo de 2020, unos 400.000 millones de dólares, procedían de inversores extranjeros en activos estadounidenses.¹⁸

La posibilidad de una venta apresurada de bonos del Tesoro realizada por inversores chinos había sido durante mucho tiempo la pesadilla de los estrategas estadounidenses. Las enormes ventas de China harían bajar los precios, dispararían los tipos de interés y harían que el dólar se hundiera. Ese fue el gran temor en 2008, pero no sucedió así porque China continuó aumentando sus reservas de bonos del Tesoro hasta 2013. En 2020 los mercados emergentes sí vendían, y ello estaba perturbando el mercado del Tesoro, pero tampoco entonces se produjo la tan temida «incursión de osos». En lugar de caer, el dólar estaba subiendo.

De hecho, ese era el problema. Los gerentes de reservas de dichos mercados emergentes estaban vendiendo bonos del Tesoro para suministrar dólares a los prestatarios en sus jurisdicciones, que estaban teniendo dificultades para reinvertir el exceso de financiación. Debido a la extensión global del sistema del dólar, gran parte del mundo es efectivamente parte del sistema financiero estadounidense. Los gerentes de reservas no estaban buscando la salida: como todos los demás, se estaban protegiendo, liquidando posiciones expuestas y reasignando carteras de dólares.

El resto de las ventas del Tesoro en marzo de 2020 procedían del propio sistema financiero estadounidense. Los dos actores clave eran los fondos mutuos y los fondos de cobertura. Sus ventas, además de las de los gestores de reservas de los mercados emergentes, eran una descarnada demostración de que la fragilidad del sistema financiero basado en el mercado podría inquietar no solo a los bancos y al mercado de valores respaldados por hipotecas, sino incluso al poderoso mercado del Tesoro.

Los administradores de fondos de inversión se enfrentaban a masivas retiradas de fondos, por lo que cada vez necesitaban más dinero en efectivo y tenían que elegir qué activos vender primero. Sin duda, habrían preferido vender los activos con riesgo más elevado de sus libros, como acciones y bonos corporativos. En un mercado normal esa habría sido la mejor estrategia, pero en marzo de 2020 no podían deshacerse de ellos sin sufrir grandes pérdidas. Por tanto, los administradores de fondos tenían que recurrir a sus activos más líquidos y seguros, los bonos gubernamentales. Como resultado, la incertidumbre en los mercados de renta variable y deuda corporativa se extendió al mercado del Tesoro. Cuanto más aumentaba la presión de venta, más se difuminaba la idea convencional de que, cuando las acciones bajan, los bonos suben, y viceversa. En lugar de equilibrarse, los precios de las acciones y los bonos se desplomaban simultáneamente.

A medida que las correlaciones habituales se iban rompiendo, el comercio se volvía cada vez más caótico. Las nuevas condiciones de trabajo desde casa adoptadas por Wall Street y la City de Londres contribuyeron al pánico. Los operadores, encorvados sobre puestos de trabajo caseros improvisados —conocidos en el nuevo argot de marzo de 2020 como «equipos Rona»— se retorcían de frustración mientras sus lentas conexiones wifi domésticas eran incapaces de seguir el rápido movimiento de los mercados. Como comentó un gestor de fondos, «el operador promedio en Wall Street es inexperto, no puede correr riesgos, y ahora no puede comunicarse correctamente con sus colegas […]. Están aislados en casa con sus pantalones de chándal […]. Desde un punto de vista psicológico, es una mala situación».¹⁹ Ahora bien, aunque la situación era muy mala para los agentes financieros, en realidad eran los algoritmos informatizados los que estaban causando gran parte del daño. En uno de los mercados más sofisticados del mundo, el 75 % de la creación de mercado en el Tesoro estadounidense se realiza mediante el comercio algorítmico. A medida que la volatilidad y el riesgo aumentaban, los algoritmos reducían de forma automática la magnitud de las posiciones adoptadas, al tiempo que subían los precios a los que compraban y vendían bonos. Los algoritmos se habían programado así porque era una reacción sensata a un mercado turbulento que había dado un giro a la baja. Eran un elemento desestabilizador porque aplicaban una presión a otro nodo clave en el frágil sistema de financiación basada en el mercado: los fondos de cobertura.

El repentino movimiento a la baja de los precios de los bonos y el aumento del diferencial oferta-demanda era una mala noticia para los fondos de cobertura que operan con las pequeñas diferencias entre el precio de los bonos del Tesoro y los futuros basados en dichos bonos. Los fondos de cobertura son actores relativamente pequeños comparados con bancos o gestores de activos gigantes como BlackRock, pero habían asumido un papel desmesurado en los mercados del Tesoro gracias a estrategias de apalancamiento basadas en el mercado de repos. Para multiplicar sus ganancias, refinanciaban sus reservas de bonos del Tesoro en el mercado de repos, cambiando los bonos del Tesoro por dinero en efectivo con el que comprar más bonos del Tesoro. Cada uno de estos swaps (acuerdos de intercambio financiero) estaba respaldado por un mínimo de capital. A medida que se hacía evidente que sus operaciones daban pérdidas, los fondos de cobertura se enfrentaban a margin calls, es decir, a peticiones de compensación por reducción del valor de dichos fondos solicitadas por los inversores, lo que los obligaba a aportar más capital. El mes de marzo de 2020 no era precisamente un buen momento para encontrar nuevos inversores, así que se veían obligados a relajar sus posiciones, descargando de repente más de 100.000 millones de dólares de bonos del Tesoro en un mercado ya agitado por las ventas de gestores de reservas de mercados emergentes y fondos de inversión.

Con tantos vendedores desesperados, en el lado de la compra deberían haberse producido ganancias. Si se compraban bonos del Tesoro a precio de liquidación y se almacenaban hasta que los mercados se estabilizaran, se podrían vender más tarde a un precio más cercano a los precios normales. Por lo común, ese papel habría recaído en los grandes bancos como creadores de mercado, y sobre todo en JP Morgan, que dominaba el mercado de repos. En 2020, sin embargo, los bancos ya estaban saciados de bonos del Tesoro. Los enormes déficits acumulados por la administración Trump desde 2017 habían inundado los mercados financieros estadounidenses de bonos, lo cual a su vez había provocado un grave mal funcionamiento de los mercados de repos en el otoño de 2019, cuando se produjeron fuertes oscilaciones en los precios, y la Reserva Federal había tenido que intervenir. En 2020, los grandes bancos no querían saber nada del Tesoro. La venta de un gran paquete de bonos a uno de los grandes corredores de bolsa, una transacción que no mucho tiempo atrás se habría llevado a cabo en apenas unos minutos, ahora llevaba horas y tenía que ser firmada en los niveles más altos. Los bancos, con JP Morgan a la cabeza, argumentaban que las cosas podrían haber sido más fáciles si no hubieran estado constreñidos por tantas regulaciones desde 2008. Es posible que tales regulaciones hubieran producido alguna diferencia en el margen, pero, en realidad, la perturbación en el mercado de tesoros en marzo de 2020 era tan grande que ninguna expansión concebible en la capacidad del balance bancario podría haberlas absorbido.²⁰ Uno de los pocos consuelos de 2020 era que ningún gran banco corría un peligro inminente.

Sin embargo, algo había que hacer, ya que la perspectiva de una disfunción creciente en el colapso del mercado del Tesoro era aterradora. Un activo «seguro» que ya no podía venderse fácilmente, o que solo podía venderse con un descuento fluctuante, ya no era un activo seguro. Debería haber sido impensable siquiera plantear la cuestión de los tesoros estadounidenses, y si la implosión del sistema financiero no era ya una situación lo bastante mala, el estratega Mark Cabana, de Bank of America, detalló las implicaciones más amplias. Como advirtió a mediados de marzo, si el mercado del Tesoro dejaba de funcionar, se trataba de «un problema de seguridad nacional», que «limitaría la capacidad del gobierno estadounidense para responder al coronavirus». Realmente inquietante, pero Cabana también opinaba que el mayor riesgo estaba en los mercados financieros. «Si el mercado del Tesoro de Estados Unidos experimenta una falta de liquidez a gran escala, será difícil para otros mercados fijar precios de manera efectiva, y ello podría conducir a liquidaciones de posiciones a gran escala en otros lugares».²¹ Si uno no podía estar seguro de ser capaz de convertir en efectivo su reserva de bonos del Tesoro seguros, tampoco era seguro mantener el resto de la cartera financiera, y si eso era cierto para Estados Unidos, también era cierto para el resto del mundo. A partir del 12 de marzo, el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a registrar salidas de todo tipo de fondos de la zona euro a una escala que no se producía desde septiembre de 2008.²² Los fondos que habían reducido sus reservas de liquidez al mínimo se quedaron atrapados y tuvieron que recurrir a medidas desesperadas, como detener los flujos de salida. El miedo a no poder salir contribuía a sembrar el pánico.

En una carrera general como la que se inició en marzo de 2020, solo una cosa podía restaurar la confianza: el efectivo ilimitado. Y en el sistema financiero global centrado en el dólar tan solo hay un actor que pueda proporcionar algo así: la Reserva Federal de Estados Unidos. La Fed tendría que actuar no solo como prestamista de último recurso, sino como creador de mercado.²³

La primera reacción de la Fed a la crisis del coronavirus se produjo el 3 de marzo, cuando recortó los tipos de interés, lo cual era la forma convencional de apoyar a los mercados. Sin embargo, durante la segunda semana de marzo quedó claro que no se trataba de una crisis convencional. Los mercados bursátiles estaban sufriendo pérdidas históricas. El mercado del Tesoro era un caos. Lo único que quería la gente era dinero en efectivo, y lo que querían más que nada era la divisa estadounidense. A medida que el dólar iba subiendo, iba transmitiendo la presión financiera al mundo entero. Cualquiera que tuviera deudas pendientes en dólares se encontraba bajo una gran presión, y eso incluía a casi a todas las grandes corporaciones del mundo, junto con muchos gobiernos.

El presidente Trump no era de los que se fijaba precisamente en los entresijos de la estrategia de los fondos de cobertura, o en los detalles del mercado del Tesoro, pero sí comprobaba de manera casi obsesiva la evolución del índice S&P 500, y el lunes 9 de marzo se puso hecho una furia. ¿Por qué los «cabezas huecas» de la Reserva Federal no reaccionaban ante el colapso del mercado? Trump convocó a Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro, y le echó en cara su elección de Jerome Powell como presidente de la Fed; asimismo, exigió que el secretario del Tesoro empujara a la Fed a la acción.²⁴ El martes, incapaz de contener su ira, tuiteó: «Nuestra patética y lenta Fed, encabezada por Jay Powell, que subió los tipos demasiado rápido y los bajó demasiado tarde, debería bajar los tipos de la Fed a los niveles de nuestras naciones competidoras. Ahora tienen hasta dos puntos de ventaja, con una ayuda monetaria aún mayor. ¡Además, hay que estimular!».²⁵ Tan alarmante era el tono de Trump que su personal temía que intentara despedir a Powell en medio de la crisis, lo que hubiera sido nefasto para la confianza del mercado.

En la noche del 11 de marzo, el presidente lanzó su bomba, anunciando abruptamente el cierre de las fronteras de Estados Unidos a los viajeros europeos. Tal como comentó con bastante cautela Philipp Hildebrand, exgobernador del Banco Nacional suizo y vicepresidente de la gigantesca gestora de fondos BlackRock: «Esta es una de las preocupaciones que en este momento más pesa sobre todo el sistema: ¿dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el liderazgo estadounidense, que fue una de las características definitorias de la crisis en 2008?».26 La respuesta no provendría de la Casa Blanca, sino de la Reserva Federal.

Jay Powell se convirtió en un héroe inesperado, ya que hasta ese momento parecía cualquier cosa menos un héroe. Según los rumores, Powell había sido elegido por Trump para reemplazar a Janet Yellen, porque Trump consideraba que Yellen, con su 1,60 de estatura, era demasiado baja para estar al frente del banco central de Estados Unidos, y Powell tenía una figura más imponente.²⁷ Además, también era rico, lo cual era otro factor positivo a ojos de Trump. Lo que no tenía Powell eran las impresionantes credenciales académicas de Yellen o de Ben Bernanke. En este sentido, era presidente de la Reserva Federal durante una época que ya no valoraba tanto como antes la pericia y la capacidad. Lo que Powell tenía era mucha experiencia en negocios, como abogado corporativo, y también conocía la importancia de la política. Powell había sido nominado a la junta de la Fed en 2011 como candidato bipartidista, cuando ayudó a convencer a los fanáticos del Tea Party en el Congreso de que sería desastroso negarse a autorizar nuevos préstamos y obligar al gobierno federal a vivir precariamente de los ingresos fiscales.²⁸ Powell no solo era un hábil gestor, sino que también era un hombre con una conciencia filantrópica. Favorecía un mercado laboral ajustado como la mejor manera de abordar la desigualdad, y heredó una organización de la Reserva Federal que, bajo la dirección de Bernanke y Yellen, había reconocido que no se podían ignorar las marcadas diferencias sociales de Estados Unidos.²⁹ Powell fue apoyado en puestos operativos clave por un equipo de la Reserva Federal integrado por veteranos de 2008. Lorie Logan había estado en primera línea de la primera generación de expansión cuantitativa (QE) en la Fed de Nueva York. Sabía cómo hacer compras de activos. En diciembre de 2019, Logan se había hecho cargo de la cartera general de la Fed.³⁰ En lo relativo a la formulación de políticas, Powell tenía el apoyo de una generación activista, de la cual Lael Brainard, anteriormente miembro del Departamento del Tesoro de la administración Obama, era la principal exponente.³¹ Como presidente de la Fed, Powell se enfrentaría a menos votos disidentes que cualquiera de sus predecesores recientes.³²

La Reserva Federal es una pieza competente y de alto rendimiento del aparato estatal estadounidense, y como tal, no era tan sorprendente que durante los años anteriores a 2020 hubiera sido blanco de la ira de Trump. Lo que sí resultó sorprendente fue que en 2020 se convirtió una vez más en la impulsora de un amplio programa intervencionista de estabilización. Pasarán años antes de que tengamos una visión interna basada en pruebas documentales. Por ahora, la interpretación más simple es que un equipo de veteranos, condicionado por la experiencia de 2008, bajo un liderazgo poco dogmático pero de mente abierta y equipado con una aguda antena política, respondió a una crisis de confianza que amenazaba con volverse existencial como solo puede abordarse una crisis de ese tipo: con la máxima fuerza. El hecho de que ello no fuera vestido de más dramatismo era parte del ejercicio de fomento de la confianza, lo cual no debe llevarnos a subestimar la magnitud de lo que se hizo.

La primera intervención directa en el mercado fue liderada por la Fed de Nueva York, que está más cerca de la acción en Wall Street. Su objetivo inmediato era restaurar la profundidad del mercado del Tesoro haciendo que fuera lo más barato posible para los operadores financiar sus carteras. El 9 de marzo, la Fed de Nueva York inyectó 150.000 millones de dólares para financiación de repos de un solo día. Dos días después, el 11 de marzo, anunció un aumento a 175.000 millones de dólares, así como otros 95.000 millones de dólares para repos de dos semanas y un mes. El 12 de marzo, la Reserva Federal comenzó a ofrecer repos a 1 y 3 meses en tandas de 500.000 millones de dólares. El hecho de que la Fed respondiera diariamente a las crecientes necesidades de liquidez del mercado ayudaba a calmar los nervios. «Todo esto es bienvenido, aunque llegue tarde», opinó Krishna Guha, jefe del equipo de política global y estrategia del banco central de Evercore ISI, aunque también agregó: «No estamos seguros de que sea suficiente».³³ Como prestamista de repos, la Fed estaba apuntalando el mercado del Tesoro ayudando a otros a comprar. La pregunta era cuándo se intervendría.

Al final de la semana, la incertidumbre se estaba extendiendo por todo el mundo. Los mercados de bonos de la zona euro estaban inquietos por mensajes contradictorios del Banco Central Europeo. Los grandes mercados emergentes, incluidos los miembros del G20 Brasil, México e Indonesia, estaban bajo presión por el alza del dólar. El domingo 15 de marzo, Powell llevó a cabo su siguiente medida drástica. Convocó una conferencia de prensa improvisada y anunció que, con efecto inmediato, la Reserva Federal reduciría los tipos de interés a cero, algo que anteriormente solo se había hecho una vez, en el apogeo de la crisis de 2008. Para estabilizar el mercado, compraría al menos 500.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y 200.000 millones de dólares en títulos respaldados por hipotecas, y comenzaría a actuar a gran escala.³⁴ El martes, 80.000 millones de dólares ya estarían fuera de las manos de los corredores de bolsa, y se habría comprado más en 48 horas de lo que la Fed de Ben Bernanke había comprado en un mes promedio. Y para satisfacer el anhelo global de dólares, la Fed flexibilizaría los términos de las llamadas líneas de intercambio de liquidez, acuerdos bajo los cuales la Fed cambia dólares por libras esterlinas, euros, francos suizos y yenes en cantidades potencialmente ilimitadas. En efecto, la Reserva Federal estaba asumiendo el papel de un banco central para todo el mundo dispensando dólares a cada parte del sistema de crédito que estuviera corto de liquidez. En 2008, las líneas de intercambio habían lanzado un salvavidas a los maltrechos bancos europeos. En ese momento, sin embargo, eran ante todo las instituciones financieras asiáticas las que necesitaban apoyo.³⁵ Si se podía obtener financiación en dólares del Banco de Japón o del banco central surcoreano, eso reduciría la necesidad de vender bonos del Tesoro.

Activar estos elementos de lo que se conoce como la «red global de seguridad financiera» no requiere una dramática reunión de jefes de gobierno, como del G20 o similar, sino que se puede hacer a través de conferencias relativamente informales entre un grupo de banqueros centrales y su personal más veterano. Es una comunidad tan cosmopolita como la de cualquier disciplina científica, pero más pequeña y aún más unida. Tiene representantes en los departamentos nacionales del Tesoro nacional, en el FMI y en el Banco de Pagos Internacionales, así como en muchos de los mayores bancos y gestores de activos. El ecosistema lo completan comentaristas académicos y periodistas influyentes, que traducen y amplifican el sentido común de este grupo de élite funcional. En marzo de 2020, en el seno de esta comunidad no había duda alguna de que era esencial que la Fed interviniera como prestamista global de último recurso, como lo había hecho en 2008.36 Debía hacerlo en pro de la estabilidad financiera tanto en Estados Unidos como en el mundo en general. También era un momento crucial de la presidencia de Trump. Cuando asumió el cargo en 2017, muchos en la comunidad financiera internacional habían temido que su administración socavara el papel de la Reserva Federal como el banco central de facto para el mundo. Dicho papel parecía una idea demasiado ilustrada para ser compatible con el programa trumpista de «América primero». Si no era el propio Trump, sería la brigada de «terraplanistas» en las filas del Congreso del Partido Republicano quien encadenaría a la Fed. Un choque cultural parecía inevitable. Sin embargo, no ocurrió nada de eso. Tras la actuación de Powell el 15 de marzo, el presidente se deshizo en elogios hacia la Fed. Trump estaba a favor de la intervención directa de la Reserva Federal.³⁷ Al final, resultó que el problema no era Trump. El problema eran los mercados.

El domingo 15 de marzo por la noche, cuando Powell terminó su conferencia de prensa, el mercado de futuros que suele anticipar la apertura del mercado de renta variable en Wall Street los lunes por la mañana comenzó a operar con tal intensidad que los cortacircuitos, que se supone que impiden que el mercado entre en caída libre, acabaron activándose, y las transacciones se detuvieron automáticamente.³⁸ Cuando las operaciones comenzaron el mismo lunes por la mañana, la caída fue vertiginosa, y, una vez más, se activaron los cortacircuitos. El VIX, una medida de volatilidad del mercado también conocida como el «índice del miedo», se disparó hasta niveles que no se habían visto desde los oscuros días de noviembre de 2008. El pánico en los mercados comenzó a retroalimentarse. Si la magia de la Reserva Federal ya no funcionaba, ¿qué podía funcionar? El mundo entero se planteaba esa pregunta.

El Banco de Inglaterra había observado el caos de la semana anterior con cierta distancia. El gobernador Andrew Bailey acababa de tomar el relevo de Mark Carney. La inyección de liquidez había sido en dólares y no en libras esterlinas. Tal vez con las acciones de la Fed bastaba. El lunes 16, sin embargo, quedó claro que esa forma de pensar era peligrosamente autocomplaciente.³⁹

El mercado de cambio de moneda extranjera, donde se negocian divisas, es el mercado más grande del mundo. A pesar de que el Reino Unido ha perdido en gran parte su antigua fuerza como potencia financiera, la City de Londres continúa siendo el mercado en el que se llevan a cabo más transacciones bursátiles en todo el mundo. En un día promedio de 2019, la facturación alcanzaba la cifra de 6,6 billones de dólares. En la semana que comenzó el lunes 16 de marzo, Londres estaba en crisis. La estrategia de laissez-faire ante el coronavirus practicada por Boris Johnson estaba en serios apuros. El informe del equipo del Imperial College dejó claro sin lugar a dudas que tenía que producirse una paralización inmediata. ¿Se tragaría Downing Street su orgullo? Ninguna gran metrópolis occidental había entrado aún en una paralización total, ni Londres, ni Nueva York. El miércoles 18, en las terminales de las torres bancarias de Canary Wharf solo existían dos tipos de transacciones financieras: la venta de todas las divisas del mundo y la compra de dólares.⁴⁰

Muchas de las empresas de primerísima fila, como Apple, se enfrentaban a primas muy elevadas para pedir prestado, incluso a tres meses.⁴¹ Los fondos de cobertura estaban haciendo apuestas multimillonarias a una prolongada recesión en Europa.⁴² Incluso el oro, un refugio clásico, se estaba vendiendo.43 Y a medida que la carrera por el efectivo se dirigía hacia su punto culminante, los rendimientos del Tesoro estadounidense aumentaban con mayor brusquedad de lo que lo habían hecho desde los días de Paul Volcker en 1982.⁴⁴

«Fue algo alucinante y sobrecogedor», dijo Bob Michele, director de inversiones de JP Morgan Asset Management. «Llevo haciendo esto casi cuarenta años, y este es el mercado más extraño que he visto jamás.». Por su parte, Andrew Wilson, director del departamento de renta fija global de Goldman Sachs Asset Management, comentó: «Nuestra principal responsabilidad es generar la liquidez que nuestros clientes desean. Todos nosotros estamos teniendo que vender lo que podemos, en lugar de lo que nos gustaría vender […]. Es por ello por lo que esta situación afecta a todo».⁴⁵ Rick Rieder, director de inversiones de BlackRock, se mostró de acuerdo. La única cobertura que quería en su cartera era dinero en efectivo. En un momento en el que JP Morgan, Goldman Sachs y BlackRock estaban vendiendo, hacía falta ser una persona muy valiente para ponerse a comprar.

El miércoles 18 de marzo, en un esfuerzo por tranquilizar a los mercados, el Banco de Inglaterra organizó una rueda de prensa.⁴⁶ Mientras Bailey hablaba, la libra esterlina se desplomaba un 5 % hasta su nivel más bajo frente al dólar desde 1985. Mientras tanto, el mercado de bonos gubernamentales del Reino Unido, el mercado de activos más antiguo del mundo, estaba experimentando una agitación sin precedentes. Para los bonos más seguros a diez años, el rendimiento subió entre el 9 de marzo y el 18 de marzo desde un mínimo del 0,098 % a un máximo del 0,79 %. Eran tipos muy bajos en términos absolutos, por supuesto, pero lo que importaba eran los términos relativos del movimiento: en cuestión de días los tipos se multiplicaron por ocho. Además, estaban surgiendo discrepancias inusuales entre los precios de los bonos de primer orden de diferente duración, lo que ponía de manifiesto el fracaso de los agentes financieros a la hora de ajustar la oferta y la demanda. El equipo de mercado del Banco de Inglaterra, operando de forma remota desde terminales en mesas de cocina y dormitorios en el ático, informó de que se estaba produciendo un «estrés crítico en el mercado». Los mercados de deuda pública estaban en «caída libre». Como Bailey confirmó más tarde: «Básicamente, estuvimos a punto de presenciar la implosión de algunos de los principales mercados financieros». Si se le hubiera permitido continuar así, «el gobierno habría tenido dificultades para financiarse a sí mismo».⁴⁷

Después de diez días de agitación, en los que los mercados financieros del Reino Unido, Europa y Estados Unidos no pararon de temblar, los bancos centrales comenzaron una nueva ronda de iniciativas. El 19 de marzo, en Londres, una reunión de emergencia del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra anunció que el Banco compraría 200.000 millones de libras esterlinas en bonos seguros del gobierno.⁴⁸ A diferencia de 2008, sin embargo, no lo haría siguiendo un plan preestablecido. Como explicó Bailey: «Actuaremos en los mercados con prontitud y rapidez de la forma que consideremos más apropiada en cada momento». No había tiempo para hacer planes estratégicos. Según admitía el propio banco central, había que improvisar sobre la marcha sin tener muy claro si se estaba haciendo lo correcto.⁴⁹ La noche anterior, a última hora del 18 de marzo, el BCE había anunciado un importante programa de compra de bonos que preparaba el escenario para un giro radical en Europa.

Mientras tanto, en el complejo sistema crediticio de Estados Unidos, la Fed estaba abordando cada crisis una por una. El 17 de marzo, anunció el apoyo a los mercados que prestan a las empresas para cubrir las nóminas y otros gastos a corto plazo. El 18 de marzo amplió el apoyo para incluir los fondos de inversión, en los que a los estadounidenses más acomodados les gusta mantener sus ahorros. El 19 de marzo, la Fed amplió la red de líneas de intercambio de liquidez para cubrir 14 economías importantes, entre ellas México, Brasil y Corea del Sur. Al día siguiente se aceleró la provisión de dólares al BCE y al Banco de Japón. Fuese quien fuese el receptor de una línea de intercambio, la acción de la Fed marcaba la pauta. Incluso creó un nuevo organismo que permitiría a los bancos centrales extranjeros recomprar bonos del Tesoro estadounidense. Cualquier cosa con tal de evitar que realmente tuvieran que venderlos.

Como la Reserva Federal estaba indicando claramente que proporcionaría dólares en abundancia, la apreciación del dólar se relajó y se abrió la puerta para que otros bancos centrales actuaran a su vez. El Banco de Japón compró bonos. El Banco de la Reserva de Australia redujo los tipos. Los bancos centrales de mercados emergentes, que hasta ese momento habían tenido que preocuparse por la fortaleza del dólar en relación con sus monedas locales, ahora también eran libres de actuar.⁵⁰ A finales de la tercera semana de marzo, 39 bancos centrales, desde Mongolia a Trinidad, habían reducido los tipos de interés, suavizado las reglamentaciones bancarias y establecido facilidades especiales de préstamo.⁵¹

¿Sería suficiente? Powell había activado todos los elementos básicos del repertorio de 2008: reducción de los tipos de interés, expansión cuantitativa, apoyo a los mercados monetarios, mejora de las líneas de intercambio… Estas conocidas herramientas habían funcionado para calmar el agudo estrés en los mercados del Tesoro. A medida que la demanda se iba recuperando, los rendimientos iban bajando, pero no parecía que ello bastara para calmar los mercados bursátiles o el mercado de deuda corporativa. Mientras la inestabilidad continuara allí, las ondas sísmicas continuarían afectando a todo el sistema.

El problema básico era que los bancos centrales podían cambiar la oferta de crédito y los tipos de interés, pero, a diferencia de la crisis bancaria de 2008, no podían llegar a la fuente de la propia crisis: el virus y los confinamientos. Los mercados esperaban noticias de Washington, no de la Fed o del Congreso. ¿Hasta qué punto se movilizarían los políticos estadounidenses para apoyar los ingresos, el gasto y la respuesta médica? Las noticias del domingo 22 de marzo no fueron buenas. Demócratas y republicanos estaban a la greña unos con otros. Cuando las operaciones comenzaron en Asia en la mañana del lunes 23 de marzo, el mercado de futuros se desplomó, y la caída continuaría con la apertura de Wall Street. En el punto más bajo de la jornada bursátil de ese lunes 23, el S&P 500 y el Dow Jones habían perdido alrededor del 30 % de su valor. En todo el mundo, los mercados de renta variable habían infligido pérdidas de 26 billones de dólares a los pocos afortunados que poseían grandes carteras de acciones y a los grupos colectivos de ahorros en fondos de pensiones y seguros. Si quería detener esta deriva, la Fed tendría que intentar otra línea de acción.

A las ocho de la mañana del 23 de marzo, noventa minutos antes de la apertura de los mercados, Jerome Powell se encontró con que había llegado el momento de hacer «lo que sea necesario». «Deben hacerse esfuerzos agresivos en todos los sectores públicos y privados para limitar las pérdidas de empleos e ingresos, y promover una pronta recuperación una vez que disminuyan las perturbaciones», declaró. A mediados de abril, la Reserva Federal establecería un total de nueve organismos crediticios para respaldar el mercado de crédito privado. Todos ellos formaban un gran surtido de acrónimos, pero su propósito básico era crear un enorme servicio de créditos para una economía que veía cómo sus ingresos se estaban reduciendo, los trabajadores eran despedidos y los mercados se agrietaban «bajo una estampida de vendedores».⁵² Al igual que con cualquier crédito bancario, el dinero de la Reserva Federal no necesitaba ser utilizado. El mero hecho de que estuviese allí bastaba para proporcionar una tranquilidad esencial.

El enfoque de Powell para la estabilización constaba de tres partes.

El 23 de marzo, en su papel de prestamista de último recurso, la Reserva Federal recuperó el Servicio de Préstamo de Valores Respaldados por Activos a Plazo (o TALF, en inglés) —uno de los incondicionales de la crisis de 2008— para respaldar los préstamos destinados al consumo, como los relacionados con automóviles, tarjetas de crédito, pequeñas empresas y estudiantes, además de los servicios que ya estaban en activo para emisores de papel comercial, fondos de inversión del mercado monetario y distribuidores primarios en Valores del Tesoro. Estos préstamos eran en gran medida internos, del sistema financiero, y para la Reserva Federal suponían un riesgo crediticio mínimo. De esta forma, cumplían con la función clásica de los bancos centrales: proporcionar liquidez en situaciones de emergencia contando con avales fiables y sólidos. Sin embargo, el 23 de marzo ya estaba claro que la Fed necesitaba hacer algo más.

En un segundo paso más radical, Powell anunció la creación de dos fondos para apoyar el crédito a los grandes empleadores. La Reserva Federal ya no solo respaldaba los préstamos de otros, sino que además ofrecía créditos. El Fondo de Crédito Corporativo del Mercado Primario estaba destinado a comprar deuda o préstamos directamente a las corporaciones. El Fondo de Crédito Corporativo del Mercado Secundario compraría deuda corporativa de los balances de otros inversores, incluidos los fondos negociados en bolsa que se especializan en deuda de alto riesgo y alto rendimiento. El volumen propuesto para los dos fondos fue de 750.000 millones de dólares. Al comprar bonos corporativos, la Fed iba a correr un riesgo mucho mayor de pérdidas que como prestamista convencional de último recurso. Para cubrir el peor de los casos posibles, invocó una situación de emergencia en virtud del artículo 13.3 de la Ley de la Reserva Federal. Esto implicaba que las pérdidas, si surgían, podrían ser cubiertas con 30.000 millones de dólares en acciones proporcionadas por el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de los Estados Unidos, una reliquia de la década de 1930 que en su momento había servido como una práctica fuente de capital para intervenciones de emergencia.

La Fed siempre se había mantenido apartada de este tipo de préstamos directos a las empresas, ya que, si compraba la deuda de empresas concretas, podría ser acusada de favoritismo, y si compraba una sección transversal de deuda corporativa podría acabar teniendo muchos préstamos de mala calidad. En la zona de mayor riesgo del mercado de deuda corporativa, que acoge los llamados bonos de alto rendimiento, o bonos basura, era donde las firmas de capital privado podían obtener ganancias que hacían palidecer las primas recibidas por los banqueros de Wall Street. Aunque solo fuese por razones políticas y legales, la Fed prefería no meterse en el negocio de respaldar el extremo más especulativo del sistema financiero.

Al negarse a comprar deuda corporativa, la Reserva Federal era un organismo inusual entre los principales bancos centrales. Tanto el Banco de Inglaterra como el BCE compraban deuda corporativa. En Europa, en marzo de 2020, grandes empresas como Volkswagen no mostraban el más mínimo rubor a la hora de presionar al BCE para que las apoyase.⁵³ El Banco de Japón fue más allá, e incluso compró acciones, asumiendo el riesgo de la propiedad de acciones. Entre 2010 y finales de 2020 construyó una participación de 434.000 millones de dólares en el mercado de renta variable japonés.⁵⁴ Sin duda fue algo impresionante, pero Estados Unidos es el mercado de capitales de referencia del mundo, y ninguno de los demás bancos centrales había hecho nada a la escala de lo que Powell estaba contemplando en ese momento.

Lo que la Reserva Federal realmente necesitaba del Congreso era una protección política para sus arriesgadas medidas. La premisa tácita del anuncio de la Fed era que se avecinaba una nueva asociación entre el Tesoro y el Congreso. Idealmente, la Fed habría hecho su gran anuncio en la mañana del lunes 23 de marzo, junto con un paquete de estímulos del Congreso, pero tendría que esperar unos días todavía. Mientras tanto, anticipando las prioridades del Congreso, la Fed declaró que complementaría sus programas de préstamos para grandes empresas con un programa de préstamos para apoyar a pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, como tercera acción clave de sus medidas de apoyo, la Fed respaldó los mercados de deuda pública.

Los municipios estaban en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, gestionando la respuesta pandémica y costeando varias precauciones adicionales, mientras se enfrentaban a la caída de los ingresos tributarios. El 23 de marzo, la Reserva Federal anunció cambios tanto en el Servicio de Liquidez del Fondo de Inversión del Mercado Monetario (MMLF) como en el Servicio de Financiamiento de Papel Comercial (CPFF) para facilitar el flujo de crédito a los municipios. El 9 de abril esto se convertiría en el Fondo de Liquidez Municipal bajo el cual la Fed en teoría destinaba 500.000 millones de dólares para apoyar los pagarés a corto plazo emitidos por grandes ciudades, condados y estados.

Todas estas medidas pretendían fomentar la confianza del sistema financiero en su conjunto, y, de forma indirecta, también servían para aliviar la presión sobre el mercado del Tesoro. No obstante, la Fed no se detuvo ahí. La forma más directa de apoyar al mercado de bonos del Tesoro era que la Reserva Federal los comprara directamente. El fin de semana del 20 al 21 de marzo, el Comité de Mercado Abierto de la Fed ya había anunciado 500.000 millones de dólares en compras del Tesoro y 200.000 millones de dólares en títulos respaldados por hipotecas, y Powell anunciaría posteriormente que iba a aumentar estas cifras. En la mañana del 23 de marzo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se limitó a declarar que iba a «comprar valores del Tesoro y valores respaldados por hipotecas de agencias en las cantidades necesarias para apoyar un buen funcionamiento del mercado y una transmisión efectiva de la política monetaria hacia condiciones financieras más amplias y hacia la economía».⁵⁵ A lo largo de la semana siguiente, la Fed compraría un asombroso total de 375.000 millones de dólares en títulos del Tesoro y 250.000 millones de dólares en títulos hipotecarios. En el apogeo del programa, la Fed compraba bonos a razón de un millón de dólares por segundo, y en cuestión de semanas compró el 5 % de un mercado de 20 billones de dólares.⁵⁶

El efecto de estas intervenciones en el mercado fue extraordinario. El 23 de marzo fue el punto de inflexión. Una vez que los inversores se convencieron de que el prestamista y el creador del mercado de último recurso estaban en su lugar, la confianza regresó, fluyó el crédito, y los mercados financieros, particularmente en Estados Unidos, comenzaron una recuperación asombrosa. A mediados de agosto, el S&P 500 había recuperado por completo sus pérdidas desde febrero, y comenzaba un ascenso meteórico. Devolvió la riqueza a esa pequeña minoría que tenía una participación directa considerable en los mercados financieros, y ayudó a reactivar las fortunas de las grandes empresas en general, con lo que también contribuyó a reactivar la economía. Los mercados financieros habían sufrido un infarto en marzo de 2020, y la mayor parte del mundo había padecido por ello, pero los beneficios de la recuperación se distribuyeron de manera desigual. En 2020, en todo el mundo, la riqueza de los multimillonarios aumentó en 1,9 billones de dólares, y 560.000 millones de dólares beneficiaron en exclusiva a las personas más ricas de Estados Unidos.57 Entre las yuxtaposiciones surrealistas y desgarradoras de 2020, sin duda cabría destacar la desconexión entre las altas finanzas y las luchas cotidianas de miles de millones de personas en todo el mundo.

En los años que siguieron al estallido de la burbuja de las puntocom de 2000-2001, los banqueros centrales pasaron de ser maestros de ceremonias a convertirse en unos malabaristas de la liquidez cada vez más frenéticos. Fue Mario Draghi quien en 2012 acuñó el mantra de la época: «Lo que sea necesario». Los bancos centrales bajaron los tipos de interés a cero, y diseñaron el rescate de los bancos en apuros. Proporcionaron crédito barato para satisfacer las necesidades de liquidez a una escala descomunal, y compraron activos para estabilizar los mercados financieros. Sin embargo, pese al carácter radical de estas intervenciones, existía la sensación generalizada de que no podían seguir así indefinidamente. Siempre debe llegar un momento en el que los balances se liberen y los tipos de interés vuelvan a niveles más normales. Cuando Jay Powell, Andrew Bailey en el Banco de Inglaterra y Christine Lagarde en el BCE fueron elegidos para dirigir sus respectivos bancos centrales, existía la sensación de que pertenecían a una generación postheroica. Después de las intervenciones radicales del período comprendido entre 2008 y 2015, su tarea principal era restablecer el orden. Su objetivo era la normalización.

El nerviosismo de la economía mundial en 2019 ya había puesto en entredicho la perspectiva de normalización, y 2020 la echaría por tierra totalmente. Los bancos centrales no solo actuaron a una escala sin precedentes, sino que lo hicieron con una celeridad y un entusiasmo que traicionaba la creciente desinhibición de las décadas anteriores. En 2008 todavía había habido una cierta vacilación sobre las intervenciones del banco central. En 2020, tal vacilación desapareció por completo. Las profundas consecuencias de la apertura de las compuertas monetarias se harían evidentes a lo largo de las semanas siguientes, a medida que la política fiscal se iba poniendo al día. Fue una acción de emergencia de lo más radical, pero ¿qué era ya la normalidad?

Capítulo 7

ECONOMÍA EN SOPORTE VITAL

Poco antes de la medianoche del miércoles 25 de marzo de 2020, el Senado de Estados Unidos votó por unanimidad aprobar la Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica del Coronavirus, también conocida como Ley CARES. Habían sido necesarias dos semanas de negociaciones, pero la política dividida de Estados Unidos había acordado un presupuesto completo de gastos adicionales, recortes de impuestos y asignaciones de fondos que ascendía a 2,2 billones de dólares, es decir, el 10 % del PIB estadounidense.1 Era la mayor inyección de apoyo fiscal jamás realizada en una economía en cualquier lugar y en cualquier época de la historia.

En la primavera de 2020, los Estados Unidos de América pusieron sobre la mesa más dinero que nadie, pero no fueron ni mucho menos los únicos. En abril, el Fondo Monetario Internacional estimó que el esfuerzo fiscal total en todo el mundo y en todas sus formas ascendía ya a 8 billones de dólares; en mayo esta cifra aumentaba a 9 billones de dólares y en octubre a unos impresionantes 12 billones de dólares.2 En enero, la cifra ya alcanzaba los 14 billones de dólares, una cantidad mucho mayor que la dedicada a estímulos tras la crisis bancaria de 2008. La magnitud de este gasto y esta desgravación fiscal en 2020 fue crucial para mitigar el desastre social que de otro modo podrían haber provocado las paralizaciones. De hecho, era de tal magnitud que estaba plenamente justificado hablar de economías de guerra y de un nuevo contrato social. A medida que iban aumentando los presupuestos de los gobiernos y los bancos centrales emprendían intervenciones de apoyo, parecía que las políticas monetaria y fiscal estaban más unidas de lo que lo habían estado nunca desde la segunda guerra mundial.3 Los bancos centrales habían hecho sus deberes en marzo para lograr estabilizar los mercados del Tesoro, y era el momento de que la política fiscal tomara el relevo.⁴ Las autoridades de salud pública y los gobiernos electos asignaron recursos, estableciendo prioridades para abordar los efectos sociales y económicos de la crisis.

Las comparaciones con el apogeo del keynesianismo de mediados de siglo sin duda ayudan a comprender el dramatismo del momento, y expresan el deseo de muchos, tanto a la izquierda como a la derecha, de volver a los días en que la economía nacional se constituyó por primera vez como una entidad integrada y gobernable. Tal como demostró la implosión interconectada de la demanda y la oferta, las conexiones macroeconómicas son muy reales. Sin embargo, como marco para leer la respuesta a la crisis de 2020, esta actualización del pasado corre el riesgo de caer en el anacronismo. La síntesis fiscal-monetaria de 2020 fue una síntesis propia del siglo XXI.⁵ Si bien refutaba las supuestas panaceas del neoliberalismo, en particular con respecto a la escala de las intervenciones gubernamentales, también se enmarcaba en los legados del neoliberalismo, en forma de hiperglobalización, estados de bienestar frágiles y atenuados, profunda desigualdad social y económica, y exceso de tamaño y de influencia de las finanzas privadas.

La respuesta fiscal al coronavirus fue una expresión sorprendente de desarrollo a la vez combinado y desigual. Por un lado, dado que casi todos los países del mundo se unieron a la medida colectiva de paralización total, en la misma medida todos los países del mundo se centraron en el gasto para mitigar la crisis. Por otro lado, las cantidades que eran capaces de movilizar eran enormemente dispares. Según el FMI, en octubre de 2020 la economía avanzada promedio gestionaba un esfuerzo fiscal discrecional de casi el 8,5 % del PIB. El promedio de los países de mercados emergentes de ingresos medios fue apenas del 4 %. Y, en general, los países de bajos ingresos movilizaron menos del 2 % del PIB para las medidas contra el coronavirus.⁶

Dentro de cada uno de estos amplios grupos también existían distintos niveles. El empobrecido Haití lanzó un programa de estímulo que equivalía a un impresionante 4 % de su PIB.⁷ El 21 de abril, el gobierno de Sudáfrica aprobó un importante paquete de 29.900 millones de dólares centrado en el gasto sanitario, el alivio financiero a los municipios y un sistema de subvenciones sociales para los más desfavorecidos, que alcanzaba casi el 10 % de los ingresos nacionales. Por otro lado, Nigeria, golpeada por el desplome de los precios del petróleo, apenas logró el 1,5 % del PIB en recortes de impuestos y gastos. En este porcentaje se incluía un programa de ayuda de 50.000 millones de naira (128 millones de dólares), con los que se pagaron 20.000 naira (52 dólares) a 3,6 millones de los hogares más vulnerables.⁸ Esto representa una cifra insignificante en un país donde el número de personas en extrema pobreza es el mayor de todo el mundo y donde 87 millones de personas viven con menos de 1,90 dólares al día.⁹ Entre los grandes mercados emergentes, en 2020 la India y México destacan por el bajo nivel de estímulo fiscal aplicado. La respuesta de Brasil a la crisis, en cambio, fue comparable a la de los países más ricos del mundo.

Europa fue una de las sorpresas de 2020. Desde la crisis de la eurozona, la UE había sido la imagen misma de la austeridad, lo cual había dejado un amargo legado, particularmente en Francia y en el sur de Europa.¹⁰ En 2020, duramente golpeados por el coronavirus, gobiernos de distintas tendencias políticas de toda Europa abrieron por fin los grifos. Las cifras se veían influidas por la fuerte dependencia de las garantías de préstamos, que no suponían gastos inmediatos, sino la promesa de cubrir las pérdidas de préstamos a empresas. En el Reino Unido, las garantías llegaban a alrededor del 15 % del PIB, y en Alemania, en 2020 superaban el 30 %.¹¹ Sin embargo, pese a todas estas salvedades, el cambio de postura era notable.

Figura 5. Comparativa de esfuerzo fiscal. (Fuente: investigación de Deutsche Bank y datos del FMI hasta el 11 de septiembre de 2020.)

Dado el equilibrio de poderes existente en la UE, era crucial que Alemania liderase el camino. En el último gobierno de la Gran Coalición de Angela Merkel, el veterano conservador Wolfgang Schäuble fue reemplazado como ministro de Finanzas por Olaf Scholz, un pragmático socialdemócrata.¹² Ya a finales de febrero se mostraba a favor de suspender el equilibrio presupuestario constitucionalmente aplicado por Alemania, a fin de permitir a los gobiernos regionales del país responder a la crisis.¹³ El 25 de marzo, al mismo tiempo que el Congreso de Estados Unidos votaba su histórico paquete, el Bundestag aprobaba un presupuesto suplementario de 123.000 millones de euros, que junto con garantías de préstamos proporcionaba un respaldo de 750.000 millones de euros a la economía alemana.¹⁴ En junio se aprobó un segundo paquete de 130.000 millones de euros destinado a impulsar la inversión pública y a desahogar los presupuestos del gobierno local, liberando recursos para mejorar las infraestructuras locales.¹⁵ Ambos paquetes no solo suponían un gran estímulo para la mayor economía de Europa, sino que con ellos Berlín estaba dando luz verde al resto de Europa para seguir su ejemplo. Cuando Bruselas suspendió las normas presupuestarias que limitaban los déficits de todos los miembros de la zona euro, Berlín no planteó objeciones.

El virus silenció en gran medida los argumentos de riesgo moral contra los subsidios y el gasto social. Ningún negocio o gobierno podría razonablemente ser culpado por sufrir la pandemia en sus propias carnes. Cuando el ministro de Finanzas holandés exigió saber por qué los balances de algunos gobiernos europeos no habían sido más fuertes antes del estallido de la pandemia, sus comentarios fueron tachados de repugnantes por el primer ministro de Portugal, António Costa.¹⁶ La COVID no era un acontecimiento económico normal para el que fuera razonable realizar planes presupuestarios a largo plazo. Se había dado la vuelta a la tortilla argumentativa. Si Italia y España eran particularmente vulnerables a la pandemia, ello se debía a que una década de austeridad había socavado sus sistemas de salud pública. El ministro de Sanidad de Angela Merkel, el ambicioso Jens Spahn, se mostró avergonzado por su defensa, previa a la crisis, de los recortes al «exceso» de capacidad hospitalaria, y en 2020 mantuvo a Alemania en buena posición.¹⁷ Cuando llegó el verano, el argumento de que la pandemia era un desafío históricamente novedoso legitimaría a la UE para dar el salto a un nuevo sistema de financiación colectiva.

Si Europa comenzaba a ser más activista en 2020 que en 2008, en China sucedía justo lo contrario. En 2008, China había lanzado lo que en términos relativos había sido un gran estímulo. En 2020, con la epidemia bajo control y la vista puesta en el exceso de inversión y de endeudamiento del pasado, Pekín se mostraba más comedido. El paquete fiscal anunciado en las «dos sesiones» de mayo de 2020 ascendió a 3,6 billones de yuanes (unos 550.000 millones de dólares), algo por debajo de los 4 billones de yuanes inyectados tras la crisis financiera de 2008 en la que por entonces era una economía mucho más grande. A finales de 2020, el esfuerzo fiscal total se estimó en el 5,4 % del PIB, del cual el 2,6 % se destinó a apoyar la inversión, sobre todo a nivel local. A diferencia de Occidente, las transferencias directas a los hogares casi no desempeñaban papel alguno en la recuperación de China. Al igual que en 2008, el mayor estímulo no se produjo a través del gasto fiscal presupuestado, sino a través de los llamados «bancos de políticas». Solo en el mes de marzo, sus préstamos, medidos por lo que los chinos llaman «financiación social total», alcanzaban ya un récord de 5,15 billones de yuanes.¹⁸

Entre todo el drama de las paralizaciones por el virus, la imagen que más a menudo se invocaba para justificar el aumento del gasto era la de la economía de guerra. Tanto Xi Jinping como Emmanuel Macron, Narendra Modi y Donald Trump hablaban de guerra. «Somos una nación en guerra contra fuerzas invisibles. La situación a la que nos enfrentamos ahora no tiene precedentes en la historia», afirmó el primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, en un discurso televisado.¹⁹ El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, invocó la «hora más oscura» de Churchill.²⁰ En los medios financieros, se producían serias discusiones sobre la mejor forma de convencer a las fábricas para que elaborasen equipos de protección individual y ventiladores.²¹

Por tentadora que fuese la analogía bélica, en realidad no era apta para describir la situación de 2020. El problema no era cómo movilizar ejércitos. El reto era desmovilizar la economía y mantener a la gente en casa. Incluso dentro del sistema sanitario, se suspendieron la atención y los tratamientos que no eran urgentes. Lo que hacía falta no eran estímulos ni movilizaciones, sino apoyo vital.

Es esta particular situación de emergencia la que ayuda a explicar la enorme escala del programa estadounidense. La Ley CARES tenía que ser tan exhaustiva porque el tejido social de Estados Unidos se basa en el trabajo y el empleo. Su sistema de bienestar, en cambio, es frágil, después de haber sido desgastado durante años por los ataques al sector público.

Como dijo con vehemencia el periodista Eric Levitz:

El crecimiento constante del PIB es la cinta adhesiva que mantiene unido este orden social amañado en el que los estadounidenses de bajos ingresos cuentan con pocos ahorros, o incluso con ninguno, para una situación de emergencia, en el que muchos elementos básicos del estado de bienestar están supeditados al empleo, y en el que el propio diseño de la red de seguridad es irregular. Esta economía política descompensada, bañada en oro por fuera pero oxidada por dentro, puede parecer segura cuando hace buen tiempo, pero cuando debe hacer frente a una tormenta epidemiológica, que se forma una vez cada siglo, entonces comienza a desmoronarse.²²

Una sociedad con un sistema de seguro de desempleo irregular y minimalista, en la que millones de personas viven al día sin poder contar con un respaldo económico en caso de baja por enfermedad y en la que decenas de millones de niños dependen de las escuelas para poder comer, no puede paralizarse así como así, y si lo hace, la gente necesita ayuda de inmediato.²³

En marzo y abril, a medida que el mercado laboral implosionaba, el estado de ánimo en gran parte de Estados Unidos era de pánico apenas reprimido. Dado el estilo de la administración Trump y la polarización extrema de la política estadounidense, no se podía dar por sentada una respuesta gubernamental apropiada. En 2009, los republicanos del Congreso habían votado de forma casi unánime en contra de las medidas de crisis de la administración Obama. En 2020, las estrellas políticas se alineaban de manera muy diferente. Las elecciones presidenciales ya asomaban por el horizonte. Los republicanos tenían a su propio hombre en la Casa Blanca. Si querían aprobar un proyecto de ley de estímulo, tendrían que llegar a un acuerdo con los demócratas. Esto no impedía que conservadores recalcitrantes como Lindsey Graham trataran de hacer descarrilar los estímulos destinados al coronavirus, alegando que el suplemento de 600 dólares por semana a la prestación por desempleo era excesivo. Con la llegada del verano, los argumentos de Graham ganarían fuerza, pero en marzo caían en saco roto, ya que la lógica política del momento era aditiva en lugar de sustractiva. En 2009, los responsables políticos de Obama habían insistido en que los estímulos no podían llegar hasta 1 billón de dólares por temor a causar un «pánico por exceso de coste».²⁴ En marzo de 2020, la cantidad inicial era de 2,2 billones de dólares, y la concesión final bajo la llamada Ley CARES llegaría a 2,7 billones de dólares, casi tres veces el estímulo de Obama de 2009. En su momento álgido, en la semana que terminó el 1 de mayo, el gobierno federal inyectaba 200.000 millones de dólares semanales a la economía. La tasa de gasto de emergencia no cayó en ningún momento por debajo de 50.000 millones por semana hasta la tercera semana de mayo.²⁵

Si las peores predicciones de marzo y abril no llegaron a cumplirse, fue en parte debido a la magnitud de estas intervenciones. Los paquetes fiscales de 2020 no eran estímulos en el sentido convencional. Dadas las limitaciones de suministro debidas a las paralizaciones, no podían generar el efecto multiplicador que cabría esperar. Lo que hacían era proporcionar un colchón de ingresos y mantener la demanda en las áreas de la economía que todavía estaban funcionando.

Gracias a los nuevos conjuntos de microdatos, podemos rastrear día a día el impacto del apoyo a la crisis del coronavirus en el ahorro y el gasto.²⁶ El efecto más importante era que la renta disponible de los hogares contaba con un respaldo, lo cual permitía que las familias con dificultades pudieran pagar las facturas y el alquiler, al menos durante unos meses. Se pagaban las facturas de las tarjetas de crédito. En Estados Unidos, quienes contaban con ingresos más bajos utilizaban sus cheques CARES para saldar deudas en previsión de tiempos difíciles por venir. Los hogares de mayores ingresos se quedaban con el dinero, ya que no podían derrochar en vacaciones ni salir a cenar. Incluso con un cheque de estímulo en la mano, nadie estaba interesado en ir a peluquerías, salones de belleza o tintorerías. En abril, la tasa de ahorro en Estados Unidos se disparó de un promedio del 8 % en 2019 al 32,2 %, la cifra más alta jamás registrada.²⁷ Y en Europa, las tasas de ahorro también aumentaron desde el 13,1 % en el segundo trimestre de 2019 al 24,6 % en el segundo trimestre de 2020.²⁸ Los fondos de estímulo de la Ley CARES tendían a dedicarse a la compra de artículos para el hogar, lo que suponía un beneficio para los grandes minoristas online y para cadenas de suministro lejanas en lugar de para la economía local. Como resultado, el beneficio del estímulo estadounidense no se limitaba a Estados Unidos. Tras su aguda caída entre febrero y mayo, en junio las importaciones estadounidenses repuntaron con fuerza. En 2020, a pesar del nacionalismo económico de Donald Trump, Estados Unidos hizo su contribución a la demanda global.

Dada la magnitud de las intervenciones fiscales de 2020, si en verdad hubiera existido la voluntad política para ello, no habría sido tan descabellado hablar de un nuevo contrato social, o al menos de un contrato social renovado.²⁹ En el enorme flujo de dinero existían elementos que sin duda eran novedosos. El modelo de trabajo de jornada reducida, primero en Alemania y Dinamarca, resultaba viable en países como el Reino Unido, España e Italia. Era un modelo que ponía un énfasis sin precedentes en el mantenimiento de los empleos. La ampliación de ese privilegio a puestos de trabajo «no convencionales» era una extensión significativa del sistema de bienestar, pese a que era incompleto y creaba relaciones laborales muy desiguales. En el conjunto de la OCDE, los planes de mantenimiento de puestos de trabajo de diversos tipos permitieron sostener 50 millones de empleos, diez veces más que durante la crisis financiera global de 2008-2009.³⁰ Japón, Canadá y Australia establecieron nuevos planes de acción. En Nueva Zelanda, las solicitudes de inclusión en el régimen de retención de puestos de trabajo se extendían a los dos tercios de toda la fuerza de trabajo.

Aunque la Ley CARES de Estados Unidos era una improvisación de emergencia de corta duración, constreñida por las limitaciones de la administración pública estadounidense, tenía, a su manera, consecuencias aún más drásticas. Aunque no crease nuevas estructuras ni consolidase las frágiles instituciones del mercado laboral de Estados Unidos, la magnitud del gasto era asombrosa.³¹ Un factor que contribuye de forma decisiva a la desigualdad extrema de ingresos que distingue a los Estados Unidos de otros países ricos es su poco generoso sistema de bienestar. En 2020, la situación mejoró, aunque fuese por un breve espacio de tiempo.

Gracias a la combinación de cheques de estímulo con mayores subsidios por desempleo, hubo muchos millones de estadounidenses que vieron aumentar sus ingresos pese a haber perdido sus empleos. A pesar de un gran aumento del desempleo, los ingresos disponibles de los estadounidenses crecían.³² No es una exageración decir que, con la Ley CARES, Estados Unidos se proponía por primera vez, desde la década de 1960, ofrecer unas prestaciones sociales propias de un país rico. Esto horrorizaba a los conservadores, que se quejaban de la pérdida de incentivos al trabajo, y muy especialmente del complemento de las prestaciones de seguro de desempleo. Los cheques de estímulo, por otro lado, fácilmente podrían haber sido motivo de celebración en el campo conservador, ya que no solo figuraba el nombre de su presidente en los cheques, sino que además no se trataba de ayudas gubernamentales a la vieja usanza. Estas prestaciones, facilitadas a todo aquel que estuviera por debajo de un cierto nivel de ingresos, eran una «ayuda sin subsidios», un apoyo económico en efectivo, libre de cualquier aparato estatal intrusivo, prescriptivo, burocrático y paternalista.³³ Era el tipo de prestaciones que incluso Milton Friedman podría haber apoyado, un trampolín hacia una Renta Básica Universal, según el planteamiento de figuras como el candidato del Partido Demócrata, Andrew Yang. Con los cheques de estímulo se podían hacer muchas cosas, y había libertad de elección.

Figura 6. Ingresos disponibles de Estados Unidos. (Basado en Mizuho Securities, BEA.)

Sin embargo, a pesar de estos elementos innovadores, era evidente que la lógica básica de las intervenciones fiscales en 2020 era conservadora. Prácticamente ninguno de los políticos que votaron a favor del enorme gasto había comenzado el año con la firme intención de cambiar la sociedad. Cuando uno piensa en la política fiscal, es tentador asociarla con la redistribución y la ingeniería social transformadora. En general, el efecto neto de los sistemas fiscales y de bienestar en todos los países es reducir la desigualdad, al menos hasta cierto punto. El bienestar, sin embargo, también puede estar al servicio de una orientación conservadora.

De hecho, el propósito histórico del estado de bienestar tal como surgió en la Alemania de Otto von Bismarck en la década de 1880 fue precisamente ese: preservar la jerarquía del estatus social cuando se produjeran las vicisitudes de enfermedad, vejez y, eventualmente, desempleo.³⁴ Y esa era también la principal lógica del gasto en 2020. La crisis afectaba a toda la economía y nadie tenía la culpa, por lo que nadie debería verse afectado. Así pues, el número de potenciales solicitantes de apoyo estatal explotó de un día para otro. La UE suspendió sus normas, por lo común estrictas, sobre ayudas estatales,³⁵ y organizaciones como la OCDE tuvieron dificultades para realizar un seguimiento de las exenciones fiscales, los préstamos y los subsidios.³⁶

Las pequeñas empresas eran las grandes beneficiarias de subsidios, exenciones fiscales y préstamos. En Canadá, todos los préstamos a pequeñas empresas contaban con garantías del Estado, pero también se ofrecían garantías del 80 % para préstamos bancarios de hasta 6,25 millones de dólares canadienses para empresas más grandes. Corea del Sur proporcionaba reducciones fiscales para las pequeñas empresas que operaban en zonas muy afectadas por la pandemia: se reducían los pagos de IVA, y otros impuestos eran aplazados. Noruega entregaba subvenciones a empresas de todos los sectores, en especial a las industrias de energía, finanzas y servicios públicos, para cubrir los costos operativos. En Estados Unidos, por el contrario, de los 2,7 billones de dólares inyectados por el Congreso en virtud de la Ley CARES, solo se utilizaron 610.000 millones de dólares, menos de un tercio, para proporcionar ayudas al desempleo y a los hogares; en cambio, se reservaron 525.000 millones para apoyar a grandes empresas de todo tipo, 185.000 millones de dólares para los servicios sanitarios y 600.000 millones de dólares para el apoyo a las pequeñas empresas.

Con un presupuesto de 669.000 millones de dólares, el Programa de Protección de Nóminas (PPN) era el elemento más importante de la Ley CARES, pues ofrecía préstamos a fondo perdido a empresas que tuvieran hasta un máximo de 500 empleados, a condición de que mantuviesen sus contratos laborales durante la crisis. Fue lo más cerca que estuvo Estados Unidos del estilo europeo de suspensión de empleo. Los indicios sugieren que las empresas que solicitaban esta clase de préstamos eran las que sabían que en cualquier caso no iban a despedir a sus trabajadores, por lo que en esencia equivalían a una subvención gratuita. En total, el PPN puede haber mantenido 2,4 millones de puestos de trabajo a un coste de 224.000 dólares por empleo.³⁷ Los que defendían este modelo alegaban explícitamente que era tanto un apoyo a los empresarios como a sus trabajadores.³⁸

Aquel revoltijo de subvenciones tenía muy poca base estratégica. Se produjeron llamamientos a la política activista en favor del medio ambiente, pero en realidad no cobraron fuerza hasta el verano, cuando la primera ola de la pandemia ya había pasado.³⁹ Mientras tanto, cientos de miles de millones eran destinados a las aerolíneas y a las industrias de combustibles fósiles. En Estados Unidos, se asignaron 61.000 millones para apoyar a la industria de la aviación y su fuerza de trabajo.40 En agosto de 2020, en toda la OCDE, el apoyo gubernamental a la industria aérea era de 160.000 millones de dólares, de los cuales una cuarta parte debía destinarse a los costes salariales, mientras que el resto tomaba la forma de subsidios directos, participaciones de capital o préstamos.⁴¹

Mientras tanto, escondidos fuera del campo de visión de la legislación de estímulo masivo, existían pequeños pero significativos actos de presión que obtenían rendimientos sobredimensionados. En 2017, la presidencia de Trump y el Partido Republicano habían promulgado una enorme reducción de impuestos que beneficiaba principalmente a los contribuyentes con ingresos más elevados. Para obtener la mayoría del Congreso, se habían visto obligados a aceptar restricciones técnicas que limitaban, por ejemplo, las deducciones disponibles para las empresas más grandes sobre los intereses que pagan por la deuda, o la medida en que las pérdidas empresariales podrían asociarse a las ganancias de capital en las carteras de acciones. Pues bien, la Ley CARES de 2020 eliminaba de golpe todas esas limitaciones. El beneficio para los estadounidenses ricos, para las empresas de capital privado, para los hogares que ganan más de 500.000 dólares anuales y para las empresas con una facturación de más de 25 millones de dólares anuales, ascendía a 174.000 millones de dólares.⁴²

Si los recortes fiscales y los subsidios proporcionaban unos cómodos beneficios, los programas de gasto derivados de la emergencia por la COVID también ofrecían abundantes oportunidades para obtener ganancias. Los sistemas de seguimiento totalmente ineficaces provocaron notables despilfarros.⁴³ En el Reino Unido, un «carril VIP» ponía a las empresas bien conectadas al frente de la cola de contratos de crisis. Una investigación del New York Times descubrió que, de 1.200 contratos con un valor de casi 16.000 millones de libras (22.000 millones de dólares), la mitad habían sido asignados a empresas dirigidas por acólitos del Partido Conservador, con calificaciones inadecuadas. Era, por expresarlo de forma suave, «una historia controvertida». Las empresas más pequeñas no recibieron nada.⁴⁴

Pese a todos los debates sobre un nuevo contrato social y sobre la magnitud del gasto, la política fiscal vinculada al coronavirus reflejaba los mismos intereses y desigualdades preexistentes que cualquier otra acción gubernamental. Después de todo, no era casualidad que Estados Unidos no tuviera ya un sistema de seguro de desempleo adecuado, como tampoco fue una sorpresa que los trabajadores migrantes informales se quedasen fuera de los beneficios de los regímenes de reducción de jornada. Cada detalle de los programas del billón de dólares revelaba la marca de la desigualdad, pero, como pone de manifiesto la investigación forense, para comprender plenamente la política económica de la respuesta a la crisis tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos cómo se pagó la respuesta fiscal. ¿Cómo cooperaron la política fiscal y monetaria, los departamentos económicos y los bancos centrales para permitir que los programas avanzaran?

A medida que aumentaba el gasto y los ingresos fiscales se desplomaban, los gobiernos de todo el mundo continuaban emitiendo un enorme volumen de deuda. Según estimaciones de la OCDE, entre enero y mayo de 2020, la emisión total de deuda por parte de gobiernos de economías avanzadas ascendió a 11 billones de dólares, y a finales de año se alcanzaría un total de 18 billones de dólares. Del enorme aumento de la deuda durante los primeros cinco meses del año, alrededor del 67,5 % fue emitido por Estados Unidos, el 10 % por Japón, y el resto se repartía entre los países europeos.⁴⁵

Fue el aumento más espectacular de la deuda jamás registrado en tiempos de paz. Según las ideas preconcebidas convencionales, una avalancha de deuda pública de esta magnitud presentaba un enorme desafío al equilibrio entre el ahorro privado y la inversión privada. El endeudamiento del gobierno succionaría los escasos ahorros de la economía, al impulsar al alza los tipos de interés y al reducir a su vez la inversión privada. Esta era la consecuencia económica de la ingenua visión conservadora, que considera el estado de bienestar como algo exclusivo de los pobres y el gobierno como una estafa dirigida por funcionarios públicos a expensas del resto de la sociedad. Lo que podía aportar la política fiscal se veía reducido a la nada por la presión financiera.

Si esta lógica fuese cierta, dado que se produjo un colapso histórico de los tipos de interés tanto para los prestatarios públicos como para los privados, el año 2020 debería haber sido testigo de una enorme reducción de la deuda, pero lo cierto es que ocurrió lo contrario: la deuda aumentó considerablemente.⁴⁶ En toda la OCDE, casi el 80 % de los bonos gubernamentales fueron emitidos con rendimientos por debajo del 1 %, de los cuales el 20 % tuvieron tipos de interés negativos. En la zona euro, este último porcentaje superó el 50 %, y en Japón, el 60 %.

A pesar de que los déficits se dispararon, la proporción de gasto público destinada al servicio de la deuda se redujo muchísimo, y pese a ser prestatarios excepcionalmente activos, tanto Canadá como Estados Unidos y el Reino Unido vieron caer sus costes de endeudamiento. En el transcurso del primer semestre de 2020, el gobierno alemán, que siempre emite deuda a tipos negativos, esperaba con ansia que se le pagaran 12.000 millones de euros para retener el dinero de inversores preocupados.⁴⁷ Los tipos privados también cayeron, y los rendimientos de los bonos corporativos de inversión en Estados Unidos se desplomaron hasta alcanzar niveles que no se habían visto desde la década de 1950.⁴⁸

En rigor, el año 2020 era un caso extremo, pero el hecho de que los tipos de interés cayeran a medida que aumentaba la deuda no era una tendencia novedosa. En las últimas décadas, a pesar de que la deuda pública estaba mejorando, los tipos de interés se habían estado moviendo en la dirección opuesta. Este era uno de los fenómenos que en 2013 había impelido a Larry Summers a sugerir que estábamos viviendo en una era de estancamiento secular.⁴⁹ Fiel al esquema básico de la oferta y la demanda, Summers argumentaba que si el precio de los fondos, esto es, el tipo de interés, estaba bajando, ello tenía que deberse a un desequilibrio: o bien existía demasiado ahorro, o bien muy poca inversión. De cualquier manera, era un buen momento para que la inversión del gobierno tomara el relevo. Había pocas razones para preocuparse por los niveles de deuda. Como había sugerido Olivier Blanchard, antiguo economista jefe del FMI, mientras los tipos de interés se mantuviesen por debajo de la tasa de crecimiento, cualquier carga de deuda era sostenible.⁵⁰

Figura 7. Ingresos del gobierno alemán por la venta de bonos a tipos de interés negativos.

En la primavera de 2020, Summers y Blanchard unían esfuerzos en apoyo de la política fiscal activa y contra el pánico a la deuda.51 Eso era útil, sin duda, pero la oferta y la demanda a largo plazo tenían sus límites a la hora de justificar el notable desplome de los tipos de interés en 2020. Lo realmente crucial no eran las tendencias seculares, sino el efecto inmediato de la crisis en el flujo de fondos en el seno de la economía. A medida que el gasto se desplomaba y los ingresos por estímulos crecían como la espuma, los bancos se inclinaban cada vez más hacia los depósitos, así como hacia instrumentos financieros como los fondos de inversión. Las empresas estaban acaparando efectivo, estableciendo líneas de crédito a partir de sus conexiones bancarias, pero teniendo cuidado de no gastar los ingresos en inversiones o expansiones de la producción. Estos depósitos tenían que ser colocados en algún sitio. Una vez que los bancos centrales habían estabilizado los mercados en marzo, los fondos de inversión del mercado monetario eran un refugio seguro muy demandado. En julio, los activos gestionados habían aumentado a 4,7 billones de dólares. Y para financiar sus déficits, compraron la mayor parte de los 2,2 billones de dólares en pagarés a corto plazo emitidos por el Tesoro estadounidense durante el primer semestre de 2020.⁵²

Al mismo tiempo, en el mercado de bonos, los que hacían el trabajo eran los bancos centrales. La enorme ola de compras de deuda de bancos centrales desatada en marzo estabilizó el mercado, impulsando al alza los precios de los bonos gubernamentales y a la baja el rendimiento, es decir, los tipos de interés efectivos. En los últimos días de marzo, la Reserva Federal estaba comprando bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas a una tasa de aproximadamente 90.000 millones de dólares por día. El Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra estaban metidos de lleno en el mercado. Sus compras combinadas acabarían siendo más de dos veces y media más grandes que en cualquier año desde la crisis de 2008. En su conjunto, en 2020 los bancos centrales de la OCDE hicieron compras que equivalían a más de la mitad de la emisión neta de deuda nueva.

Figura 8. Los bancos centrales incrementaron las compras de activos para apoyar las respuestas gubernamentales a la pandemia. (Datos recogidos por Bloomberg: https://www.bloomberg.com/graphics/2021-coronavirus-global-debt.)

Por lo tanto, la respuesta más sucinta a la pregunta de cómo los enormes déficits gubernamentales podrían financiarse sin aumentar los tipos de interés era que una rama del gobierno, el banco central, comprase la deuda emitida por otra rama del gobierno, el Departamento del Tesoro.

Los bancos centrales, en general, no compraban directamente la deuda recién emitida, sino que lo que hacían era comprar los bonos que estaban en manos de bancos y fondos de inversión. Lo que estos bancos centrales daban a cambio era «efectivo», lo que en la era de la banca electrónica quiere decir transferencias digitales de depósitos de reserva de cada banco central. Para asegurarse de que estos fondos se quedaran donde estaban, los bancos centrales pagaban intereses sobre las reservas. Era un mecanismo circular, pero el efecto neto era que, en 2020, los bancos centrales a ambos lados del Atlántico estaban monetizando la deuda pública a una escala gigantesca. De hecho, en el caso del Reino Unido había una correlación vergonzosamente estrecha entre el requisito de endeudamiento del gobierno y las compras adicionales de deuda del Banco de Inglaterra.⁵³

La coexistencia de bajos tipos de interés, grandes déficits gubernamentales y compra de bonos por parte de bancos centrales surgió por primera vez en Japón en la década de 1990, de la mano de una tendencia a la baja del aumento de los precios, que en última instancia acabaría causando deflación. Después de la crisis de 2008, esta coexistencia había sido bastante común también en la zona euro y en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos la tendencia deflacionaria era menos pronunciada. La política de compra de bonos gubernamentales por parte de bancos centrales se bautizó como «expansión cuantitativa» (QE, por sus siglas en inglés).

Era una situación bastante confusa, porque si bien los bancos centrales seguían siendo los actores principales en el drama, estaban haciendo precisamente aquello que durante las décadas de los setenta y los ochenta se consideraba que ningún banco central podía hacer bajo ninguna circunstancia si quería conservar su independencia. En la era de la revolución del mercado, la principal obligación de los bancos centrales había sido luchar contra la inflación, y en esa lucha se asumió como un axioma inamovible que los banqueros centrales deben negarse a toda costa a monetizar los déficits del gobierno. De hecho, esta prohibición se escribió en los estatutos fundacionales del BCE. Sin embargo, desde 2015, tanto el BCE como sus instituciones hermanas de todo el mundo habían comprado bonos a gran escala, lo cual acabó haciendo estallar un proceso legal que alcanzaría su culminación en el Tribunal Constitucional alemán en mayo de 2020. Lo que no hizo estallar fue la inflación. Hacía falta algo más que asientos contables en el balance de un banco central para revivir un movimiento general al alza en los precios y los salarios.

El cambio de un mundo en el que la independencia de los bancos centrales se basaba en la prohibición de compra de deuda pública, a uno en el que los bancos centrales de todo el mundo almacenaban billones de dólares en deuda pública era, cuanto menos, desconcertante. Y más aún porque había sucedido de manera tácita, sin un reconocimiento abierto de esa transformación. Como dijo Paul McCulley, execonomista jefe de la gigantesca casa de bonos Pacific Investment Management Company (PIMCO): «Hemos tenido una fusión de política monetaria y fiscal. Hemos eliminado la separación Iglesia-Estado entre los dos […]. No hemos tenido una declaración formal, pero en realidad sería sorprendente si la tuviéramos. Simplemente, se ha hecho así».⁵⁴

Si esto era una revolución, ¿qué tipo de revolución era y qué intereses defendía? El hecho de que se acogieran al eslogan «Simplemente, hazlo» dejaba estas preguntas en el aire. Los bancos centrales se encontraban en el centro de las cada vez más febriles especulaciones sobre su función teórica y su papel real.

Una interpretación obvia era que la monetización del gasto en gigantescos estímulos constituía el triunfo tardío y largamente esperado del keynesianismo radical, un regreso a la lógica de las llamadas finanzas funcionales que se desarrollaron por primera vez en la segunda guerra mundial.⁵⁵ La nueva y entusiasta escuela de la Teoría Monetaria Moderna saltó a la fama gracias a Bernie Sanders y a su resurrección de la izquierda estadounidense.⁵⁶ En el Reino Unido se produjeron debates en los círculos del Partido Laborista de Jeremy Corbyn sobre la «Expansión Cuantitativa del Pueblo» y sobre la realización de experimentos radicales con «dinero lanzado desde helicópteros».57 Si el gasto de los gobiernos, ya fuese en subsidios o en recortes de impuestos, estaba siendo financiado por la emisión de deuda comprada por el banco central, ¿por qué no eliminar el sector financiero y proporcionar a todos los ciudadanos una cuenta del banco central? Entonces se podría llevar dinero a esas cuentas en una intervención fiscal-monetaria combinada y directa. Como admitiría Ben Bernanke cuando se jubiló, el principal problema de esas medidas no era «su lógica económica, sino su legitimidad política».⁵⁸ El riesgo era que se abusara del poder de emisión de dinero del banco central, pero para eso también había una solución. En 2019, un comité del gigante gestor de fondos BlackRock en el que participaba uno de los banqueros centrales más eminentes de su generación, Stanley Fischer, recomendó que, en lugar de convertir a los banqueros centrales en facilitadores de la política fiscal decidida por los políticos, los banqueros centrales independientes deberían contar con una capacidad fiscal propia y permanente.59 De este modo, en tiempos de crisis, los bancos centrales actuarían como una autoridad fiscal por derecho propio.

Tal vez cabría haber esperado que los mercados se dejaran llevar por este tipo de pensamiento especulativo sobre la política monetaria y fiscal. Los administradores monetarios, sin embargo, no son precisamente unos sentimentales.⁶⁰ La deuda pública es el combustible de las finanzas del mercado. Si la gestión de las enormes cantidades de deuda del Tesoro requería una estrecha cooperación entre los bancos centrales y el Tesoro, que así fuese. Puede que, según indicaban algunas estadísticas, la oferta monetaria se estuviese inflando, pero nadie se tomaba demasiado en serio el riesgo de inflación. Desde la década de 1980, el poder sindical, las huelgas y las espirales de precios y salarios no habían planteado una amenaza real. Algunos profetas agoreros advertían que, en última instancia, los factores demográficos inclinarían la balanza lejos del capital y volverían al trabajo, pero esa era una perspectiva lejana.⁶¹ Por el momento, el año 2020 no hacía sino prolongar de forma extrema la «nueva normalidad» de los últimos diez años. Cuando el Financial Times sondeó a influyentes actores del mercado de bonos en Londres a finales de 2020 sobre cómo interpretaban la acción del banco central desde el comienzo de la crisis del coronavirus, una abrumadora mayoría estaba convencida de que el papel principal del Banco de Inglaterra había consistido en hacer una «expansión cuantitativa fiscal», es decir, absorber y monetizar la deuda pública.⁶²

Las revoluciones suelen ser hechos históricos de resultado incierto, ya que parte de lo que las define como tales es que los protagonistas no suelen coincidir en la interpretación de lo ocurrido, y desde luego esto fue lo que sucedió con la política de los bancos centrales en el siglo XXI. No se podía negar la escala de la monetización, ni tampoco la existencia de los bajos tipos de interés y de la baja inflación, o incluso el hecho de que las doctrinas heréticas habían ganado un fuerte control sobre la mente del propio mercado, lo cual hacía aún más llamativo que los únicos que rechazaban considerar las políticas de los bancos centrales como «expansión cuantitativa fiscal» fueran los banqueros centrales que supuestamente la estaban realizando.

Los bancos centrales no negaban que se había producido un cambio en la dirección del viento, pues se habían apartado de su papel como ejecutores de la austeridad fiscal, un papel que tanto el BCE como el Banco de Inglaterra habían seguido jugando tras la crisis de Lehman Brothers. En 2020, los bancos centrales aplaudían con entusiasmo el gasto público en respuesta a la crisis del coronavirus. Compraban la deuda en grandes cantidades, pero insistían en que aquello no tenía nada que ver con la financiación del gobierno. No cederían el llamado «dominio fiscal».⁶³ Incluso en 2020 eso todavía suponía un golpe contra el temido «dinero democrático» de Rudi Dornbusch. La lógica a la que los banqueros centrales preferían subordinarse era la del sistema financiero.

El enorme aumento de la compra de bonos públicos por los bancos centrales pudo haber comenzado en marzo de 2020 en respuesta a la agitación en los mercados de deuda soberana, pero el objetivo, insistían los banqueros centrales, no era facilitar la financiación del gobierno, sino estabilizar los mercados de repos y la montaña de deuda privada que se acumulaba sobre ellos.⁶⁴ En la práctica, eso significaba en realidad la adquisición de los bonos del Tesoro para los que no existía comprador. Si eso se acababa convirtiendo en financiación de facto del gobierno dependía de cuánto tiempo mantuvieran los bancos centrales los bonos en su poder. ¿Eran los bancos centrales creadores activos de mercado o, en la práctica, eran más bien unos simples almacenes de bonos?

La respuesta a la defensiva de los bancos centrales era que se desharían de los bonos en cuanto pudieran hacerlo sin perturbar el mercado ni aumentar los tipos de interés. En ese momento, la función de creadores de mercado convergía con la segunda justificación básica de sus acciones, la función original de la expansión cuantitativa: estaban comprando deuda para aliviar los tipos de interés, y tenían derecho a hacerlo porque su tarea básica era garantizar la estabilidad de los precios, lo que en 2020 significaba que debía evitarse a toda costa que la economía se deslizase hacia la deflación. Evitar la deflación implicaba estimular la demanda por todos los medios, y en lo que concernía a los bancos centrales, eso significaba a su vez mantener bajos los tipos de interés. Una vez más, todo se reducía a los mercados financieros. Según la idea general, la expansión cuantitativa funcionaba incrementando los precios de los bonos gubernamentales y reduciendo los rendimientos.⁶⁵ Unos tipos de interés más bajos contribuían a fomentar el endeudamiento para invertir y consumir. Y los rendimientos más bajos llevaban a los gestores de activos a reasignar fondos de los mercados del Tesoro, donde los precios eran impulsados al alza por la compra de bancos centrales, hacia activos con mayor riesgo, como acciones y bonos corporativos, lo cual servía de estímulo para el endeudamiento corporativo y el mercado de valores, aumentaba el patrimonio neto financiero e impulsaba al alza la demanda.

Por tanto, la cooperación entre los bancos centrales y los departamentos de economía de los gobiernos en la lucha común contra el coronavirus era, según insistían los banqueros centrales con firmeza, un mero efecto secundario incidental de sus frenéticos y torpes esfuerzos para manejar la economía a través de los mercados financieros.⁶⁶ A pesar de la incesante acumulación de deuda pública en sus balances, los banqueros centrales afirmaban que aquello no tenía nada que ver con la financiación del gasto público. Sus prioridades eran gestionar los tipos de interés y garantizar la estabilidad financiera, lo que en la práctica significaba la suscripción de las estrategias de inversión de alto riesgo de los fondos de cobertura y otros instrumentos de inversión similares. Además, curiosamente, insistían en que la atención a los mercados financieros era una misión social más legítima que reconocer abiertamente el papel altamente funcional y realmente esencial que desempeñaban para respaldar el presupuesto de los gobiernos en un momento de crisis.

Incluso en su apogeo, el keynesianismo había sido una revolución incompleta en el mejor de los casos.67 En 2020, la magnitud de los combates contra la crisis elevaba la intensidad de la disonancia cognitiva a un nuevo nivel. En el calor del momento, la discrepancia de interpretación importaba poco en términos prácticos. La cuestión solo se volvía relevante si se miraba hacia el futuro, hacia el momento en que la economía comenzaría a recuperarse, subirían los precios y los rendimientos aumentarían con ellos. ¿Cómo se cumplirían entonces las expectativas divergentes de los mercados y del banco central?68 Si los mercados de bonos creían que el banco central estaba allí para monetizar el déficit público, pero a medida que los precios repuntaban, el banco central realmente retiraba su apoyo —como lo indicaría el imperativo de la estabilidad de precios y no de la financiación del gobierno—, ¿aumentarían los tipos de interés? ¿Eran estas las señales de una inminente conmoción económica?

La historia sugería que había razones para preocuparse. Durante el verano de 2013, Ben Bernanke ya había sacudido los mercados de bonos con la simple sugerencia de que la Reserva Federal podría estar planteándose reducir el alcance de su tercera ola de expansión cuantitativa.⁶⁹ En una humillante espantada, la Fed se había visto obligada a retractarse de lo dicho, pero no antes de que lo que se dio en llamar «taper tantrum»* se hubiera extendido por todo el mundo. Finalmente, la Fed no había incrementado los tipos de interés hasta diciembre de 2015, ya durante la presidencia de Janet Yellen. Su sucesor, Jerome Powell, había continuado el largo camino de vuelta a la normalidad, pero no había logrado alcanzar la tierra prometida. En 2019, ante la amenaza de nuevas turbulencias en los mercados y de una caída de la economía mundial, Powell había abandonado el intento de elevar sustancialmente los tipos de interés reales a territorio positivo. En 2020, a medida que las compras de activos y los balances de los bancos centrales subían como la espuma, la normalidad estaba cada vez más fuera de su alcance, por lo que la posibilidad de otro «berrinche» en algún momento del futuro era cada vez mayor.⁷⁰

Lo que a primera vista parecía una poderosa síntesis de política fiscal y monetaria que funcionaba en armoniosa coordinación para ayudar a financiar un nuevo y generoso contrato social, cuando se sometía a una inspección más minuciosa se revelaba como un monstruo confuso y mal elaborado, un régimen político ubicado en algún lugar del espectro entre el monstruo de Frankenstein y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

Por un lado, estaban los drásticos programas fiscales. Los gobiernos de todo el mundo gastaban billones para apoyar al mercado laboral y a las empresas, y decenas de millones de personas en los puestos más precarios dependían de estos pagos. Una peculiaridad de 2020 era que el objetivo no era el estímulo, sino el soporte vital, el pago a la gente para que no tuviera que trabajar o producir. Dado que se trataba de una crisis excepcional, el acuerdo político para los enormes estímulos se basaba en la distribución de grandes cantidades de dinero por todas partes. Se repartía mucho dinero simplemente en forma de dinero en efectivo, como ayudas directas, sin subsidios.

Para financiar este gasto tan disperso se emitían cantidades sin precedentes de deuda. Normalmente, esa deuda sería calificada como un activo seguro. En marzo, los bancos centrales se enfrentaban a una crisis en los mercados de activos más seguros que amenazaba a todo el sistema de financiación basado en el mercado. Al intentar intervenir, los bancos centrales absorbían cantidades sin precedentes de deuda pública para restaurar la seguridad de los activos supuestamente seguros, es decir, bonos del Tesoro estadounidense, del Reino Unido y de la zona euro, monetizando la deuda en el proceso. El efectivo que pagaban los bancos centrales para comprar la deuda terminaba en cuentas de depósito de reserva a nombre de bancos privados, y se les pagaban intereses para asegurarse de que lo mantuvieran allí. En el seno del balance consolidado del sector público, en lugar de que el departamento económico del gobierno pagase directamente a los propietarios de bonos, lo que hacía era pagar intereses al banco central, que a su vez pagaba intereses a los bancos. De esta forma, pacificaban los mercados financieros. Los actores financieros basados en el mercado, como prestatarios en dólares extraterritoriales, fondos de cobertura y fondos de inversión abiertos, se salvaron del desastre. Los tipos de interés cayeron hasta tocar fondo y, siguiendo la lógica de la expansión cuantitativa, esto causó una redirección de fondos hacia la renta variable y la deuda corporativa. Los mercados financieros se despegaron de sus mínimos en marzo de 2020 y ya no miraron atrás. El 10 % más próspero de las sociedades avanzadas, que posee la mayor parte de la riqueza financiera, recibió un estímulo que empequeñecía a cualquier otro abiertamente declarado en las cuentas públicas.

La expansión cuantitativa no solo desviaba fondos privados hacia bonos corporativos y renta variable, sino que en marzo también había tenido lugar un cambio radical, liderado por la Fed, hacia el apoyo directo de los bancos centrales al crédito privado. Ese era el principal papel de los servicios establecidos entre finales de marzo y principios de abril para conceder o comprar préstamos a las empresas. Tales facilidades crediticias, en combinación con la Ley CARES, completaban el vínculo incestuoso entre la política monetaria y la política fiscal.

Cuando un banco central compra deuda pública no asume ningún riesgo de pérdida en el principal, ya que, en tanto que institución del sector público, solo se debe la deuda a sí mismo. Sin embargo, cuando un banco central compra una deuda privada está expuesto a posibles pérdidas derivadas del fracaso empresarial. Los gobiernos asumen rutinariamente tales riesgos cuando aceptan avales y garantías sobre préstamos. Sin embargo, cuando el que lo hace es un banco central, entra en una zona gris: no es como un banco privado, y no corre ningún riesgo de quiebra.⁷¹ En lo que respecta a las operaciones de divisas locales, en principio podría absorber enormes pérdidas y operar sin capital, o incluso con capital negativo. El riesgo de absorber pérdidas es político y legal, no financiero.72 Dadas las prerrogativas parlamentarias sobre el presupuesto, ningún banco central quiere ser acusado de abusar de su independencia poniendo en riesgo los fondos de los contribuyentes —esto es, «gastando dinero»— sin la aprobación explícita de la asamblea legislativa. Por lo tanto, en un gesto artificial, aunque poderoso de cara a la galería, la Ley CARES autorizaba explícitamente a la Reserva Federal a actuar como un prestamista de emergencia respaldado públicamente.

De los 2,3 billones de dólares en fondos aprobados originalmente bajo la Ley CARES, 454.000 millones se reservaron como un fondo de absorción de pérdidas aprobado por el Congreso para la Reserva Federal. No se especificaron los tipos precisos de préstamo, ni tampoco los términos bajo los cuales la Fed ejercería su función de prestamista. Podría haberse optado por imponer condiciones, pero ante la insistencia del secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, finalmente no hubo ningún requisito general para hacerlo. Era simplemente un gigantesco compromiso para proporcionar apoyo a cualquier sector del sistema de crédito privado que lo necesitara. Hasta qué punto era gigantesco dependía del grado de apalancamiento. Por otro lado, hablar en términos de apalancamiento era, en lo que respecta a la Fed, un mero artificio, ya que, después de todo, era literalmente el último banco en el mundo que podría quedarse sin efectivo. El apalancamiento en este caso tenía la importancia de sugerir que el dinero del contribuyente prestado a través de la Reserva Federal era más potente. Como enfatizó el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, los contribuyentes estaban recibiendo «más por su dinero».⁷³ La proporción que se solía anunciar era de 10 a 1. Apoyada por la Ley CARES, la Reserva Federal estaba ahora «equipada» para prestar al menos 4,5 billones de dólares.

Al comprar bonos del Tesoro, la Fed estabilizaba el sistema financiero, al tiempo que proporcionaba un respaldo monetario para la deuda pública. Y el Congreso daba su bendición a este matrimonio desequilibrado. Concedía a la Fed la autorización política explícita para generar una operación de préstamos respaldada por el Congreso cuyo volumen era un 50 % más grande que el balance total de JP Morgan. Desde el punto de vista técnico-financiero, la asignación de 454.000 millones de dólares era un juego de trilero —la Reserva Federal estaba refundando su poder ilimitado bajo la forma de un banco imponente, aunque «ordinario»—, pero la confianza era crucial. La Reserva Federal no necesitaba comprar deuda, ya que otros lo hacían en su lugar.

Junto con la enorme presión a la baja que estaba ejerciendo sobre los rendimientos del Tesoro, la promesa de la Fed de que, de ser necesario, respaldaría el mercado de bonos privados desató una oleada de dinero en bonos corporativos. Lejos de sufrir una crisis crediticia, los prestatarios corporativos se embarcaron en un atracón histórico de emisión de bonos.

En el segundo trimestre de 2020, cuando la sociedad estadounidense se tambaleaba bajo los efectos de la paralización y de la recesión más aguda jamás registrada, el sector empresarial de Estados Unidos alcanzó su propio récord, emitiendo 873.000 millones de dólares en bonos en un solo trimestre.⁷⁴ A medida que el mercado de valores se iba recuperando, las iniciales ofertas públicas de acciones también iban aumentando, hasta que a finales de año la emisión total de bonos corporativos en los Estados Unidos había alcanzado los 2,5 billones de dólares.⁷⁵ En todo el mundo, las empresas recaudaron 3,6 billones de dólares en bonos y emisiones de acciones.⁷⁶ A pesar de la incertidumbre reinante y del inmenso volumen de emisión, los bonos de inversión estadounidenses con calificación alcanzaron un rendimiento de tan solo el 2,6 %, en comparación con el 2,8 % obtenido en 2019. Con una financiación tan cómoda y disponible, únicamente las empresas más débiles necesitaban realmente aprovecharse de la Ley CARES.

A finales de marzo, el fabricante de aviones Boeing se veía excluido del mercado de capitales, por lo que tuvo que presionar con fuerza para obtener hasta 60.000 millones de dólares en ayudas para sí mismo y sus proveedores, que estaban en peores condiciones aún.⁷⁷ El borrador final de la Ley CARES incluía 17.000 millones de dólares destinados a las empresas cruciales para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero ese dinero tenía ciertas condiciones. Se esperaba que las empresas que cotizaban en bolsa que se llevaran los fondos de Seguridad Nacional entregasen acciones o participaciones al gobierno como garantía. También tenían que aceptar restricciones sobre las recompras de acciones, las compensaciones de ejecutivos y los despidos.⁷⁸ Boeing había presionado duramente para obtener ayuda, pero no le gustaban las condiciones, por lo que finalmente optó por dirigirse al mercado de bonos. Boeing esperaba recaudar unos 15.000 millones de dólares, pero se encontró con compradores por 70.000 millones de dólares. Los rendimientos ofrecidos eran atractivos, y la Ley CARES había indicado a los inversores que Boeing tenía una garantía implícita de supervivencia. Con todo ello, fue capaz de recaudar 25.000 millones de dólares y aun así mantener su calificación de inversión, a pesar de ser inverosímil.⁷⁹ Acto seguido, Boeing anunciaría una ola de recortes de empleos que a finales de año habían reducido la nómina corporativa de 161.000 a 130.000 empleados.⁸⁰

A finales de año, de los 17.000 millones de dólares en fondos de la industria de defensa de la Ley CARES solo se habían repartido 736 millones, ya que las únicas empresas que los solicitaban eran pequeñas y de relevancia marginal para la Seguridad Nacional de Estados Unidos. El hecho de que estuvieran dispuestas a pasar por el papeleo y a aceptar las restricciones del dinero del gobierno era una señal inequívoca de su desesperación. El tipo de interés del 5,5 % no resultaba atractivo para los prestatarios más grandes. En total, al llegar el mes de agosto, de su compromiso inicial de comprar 750.000 millones de dólares en bonos corporativos, la Fed había comprado tan solo 12.000 millones.⁸¹

Desde el principio estuvo claro que el atracón de compras en el mercado de bonos iba a estar regido por la ley de la selva. En abril, la primera gran emisión que dio el pistoletazo de salida para los emisores de bonos de mayor riesgo fue, de entre todas las empresas posibles, la compañía de cruceros Carnival.⁸² Aunque el negocio de Carnival estaba congelado y todos sus descomunales barcos habían echado el ancla, y aunque en el Princess Diamond 700 personas habían contraído el coronavirus, de las cuales 14 habían muerto, estaba claro que, cuando el negocio de cruceros se reanudase, únicamente sobrevivirían las empresas más grandes. Por tanto, aquel era el momento perfecto para invertir en el futuro dominio del mercado por parte de Carnival. El 1 de abril, emitió 625.000 millones de dólares en bonos y acciones, cuyo rendimiento era un atractivo 12 %.

Aunque los índices bursátiles estaban subiendo desde el 23 de marzo, no se trataba ni mucho menos de una recuperación generalizada, sino que, por el contrario, era brutalmente selectiva. El auge era liderado por un pequeño grupo de empresas de primera fila, sobre todo en el sector tecnológico.⁸³ Precisamente debido a la crisis del coronavirus, su futuro parecía asegurado, ya que estaba claro que no podríamos vivir sin ellas. A finales de año, las empresas más favorecidas, como Amazon, podrían emitir bonos a rendimientos tan bajos como el 1,5 %. Al mismo tiempo, una gran parte de la «vieja» economía estaba en graves apuros. Las quiebras se extendían especialmente por todo el sector minorista, que da empleo a un enorme volumen de trabajadores de baja cualificación, principalmente mujeres, y los centros comerciales y los supermercados no se consideraban precisamente como objetivos susceptibles de ser protegidos por parte de la Seguridad Nacional. La desigualdad no solo distinguía entre los que poseían riqueza y los que no, o entre la administración y los trabajadores, sino que también tenía que ver con qué empresas prosperaban en las extrañas circunstancias de 2020 y cuáles no, quién atraía ayudas y en qué términos. Dependiendo de si eras un trabajador contratado en una planta de envasado de carne, un gerente de Amazon, un trabajador petrolero de la plataforma de West Texas o un vendedor de cosméticos de un centro comercial suburbano con problemas económicos, tu suerte en 2020 podía llegar a ser muy diferente.

Lo que desató un frenesí de negociación bursátil liderado por los operadores diarios minoristas fue la naturaleza discriminatoria e irregular de la crisis del coronavirus. Privados de los placeres de las apuestas deportivas, eran sobre todo los jóvenes los que en la primavera de 2020 se dirigían a la plataforma de negociación de acciones Robinhood para probar suerte escogiendo ganadores en el mercado de valores.⁸⁴ Los datos de las cuentas en tiempo real sugieren claramente que una fracción significativa de los controles de estímulo de Estados Unidos encontró una forma de entrar en el mercado de valores.⁸⁵ En la semana siguiente a la emisión de los cheques, las personas que los recibieron aumentaron notablemente su actividad en la compra y venta de acciones. En el caso de aquellos que ganaban entre 35.000 y 75.000 dólares, la negociación de acciones aumentó en un 90 %, y entre aquellos que ganaban de 100.000 a 150.000, el aumento fue de más del 80 %. Y los que realmente querían ganar a lo grande agregaron apalancamiento. En septiembre, el 43 % de una muestra de inversores minoristas informó de que estaban utilizando opciones de acciones y operaciones de margen para aumentar el tamaño de sus apuestas.⁸⁶ Era arriesgado y, sin embargo, era una respuesta totalmente racional a la naturaleza desequilibrada de la recuperación. Los apostadores de Robinhood no estaban esperando a que los activistas radicales ganaran su debate sobre la «expansión cuantitativa del pueblo» y sobre las cuentas de los ciudadanos en el banco central. Si la grandeza de la Reserva Federal apuntalaba tanto la emisión de cheques de estímulo como un auge en el mercado de valores, ¿por qué esperar a que la política conectase los puntos? ¿Por qué no colocar todas las fichas que se pudieran juntar en el juego donde realmente se estaba ganando el dinero?

Capítulo 8

EL KIT DE HERRAMIENTAS

Si bien la magnitud de la política fiscal y monetaria desplegada por los gobiernos de los países ricos para contrarrestar el efecto de las paralizaciones era realmente impresionante, los recursos del resto del mundo eran mucho más limitados. ¿Cómo se las arreglarían?

La tormenta que azotó los mercados emergentes y las economías de bajos ingresos en los primeros meses de 2020 era descomunal y se movía a gran velocidad. Según economistas del Instituto de Finanzas Internacionales (la organización que representa a las altas finanzas a escala global), entre mediados de enero y mediados de mayo de 2020, los mercados de renta variable y bonos en 21 grandes economías emergentes sufrieron un flujo monetario hacia el exterior de sus fronteras de 103.000 millones de dólares, una cifra más de cuatro veces superior a la del flujo de salida tras el inicio de la crisis financiera mundial en septiembre de 2008.¹ En el caso de los estresados prestatarios del África subsahariana, los mercados financieros se cerraron de manera efectiva a partir de febrero, aunque los daños no se limitaron a esos países, sino que economías mucho más fuertes también sufrieron duros reveses.

Con una producción económica anual de más de 3 billones de dólares en paridad de poder adquisitivo, Brasil es un gigante entre los llamados mercados emergentes. En comparación, no solo empequeñece al resto de los países de América Latina, sino que se sitúa al nivel de Indonesia y Rusia, y solo por detrás de China y la India. En la primavera de 2020, Brasil se enfrentaba a una tormenta financiera. En cuestión de meses, el valor de su divisa cayó en picado —nada menos que un 25 %—, asestando un duro golpe a cualquiera que comprara bienes importados o atendiera deudas denominadas en dólares. A finales de marzo, el mercado de valores de São Paulo ya había perdido la mitad de su valor. El coste de contratar un seguro contra la suspensión de pagos de la deuda soberana a cinco años había aumentado desde un mínimo de 100 puntos básicos a mediados de febrero hasta 374 puntos básicos un mes después, incrementando los costes de los préstamos.² El desplome de los precios de las materias primas ejercía también una fuerte presión. Las grandes corporaciones brasileñas, como el grupo petrolero Petrobras y la compañía minera Vale, veían cómo, a pesar de sus enormes recursos financieros, sus bonos en moneda extranjera a largo plazo sufrían pérdidas de entre 30 y 40 centavos por dólar. Normalmente, esto habría bastado para ponerlos en serios apuros. «Sucedió muy rápido», dijo un analista de bonos; «La gente no estaba pensando en el valor de recuperación; el precio inducía al pánico».³

¿Cómo capearían el temporal los mercados emergentes? ¿Podía una crisis financiera paralizar su capacidad para responder al coronavirus? Las economías avanzadas y las instituciones financieras internacionales, controladas por los estadounidenses y los europeos, ¿ofrecerían ayuda o agravarían la presión? La crisis del coronavirus puso seriamente a prueba el régimen económico no solo de las economías avanzadas, sino de todo el mundo.

Puede que la fuga de capitales de 2020 fuese excepcionalmente severa, pero estaba lejos de ser la primera tormenta financiera que había golpeado a los países en vías de desarrollo. Desde la década de 1990, el crecimiento de los llamados mercados emergentes había sido una historia de éxito de la economía mundial. Partiendo de un nivel bastante bajo, por todo el mundo se había extendido una prosperidad considerable para un gran número de personas, pero este crecimiento había sido desigual e inestable, marcado por algunas crisis, como la de 1997 en Asia oriental, la de 1998 en Rusia y la de 2001 en Argentina y Turquía. Impulsados por el crecimiento de China, los mercados emergentes habían superado relativamente bien la crisis financiera global de 2008. Sin embargo, en 2013 bastó la posibilidad de que la Fed pudiera estar a punto de subir los tipos de interés para desatar el «berrinche de reducción» y enviar el dinero de vuelta a Estados Unidos. Al año siguiente, la caída de los mercados de materias primas no parecía tocar fondo. Nigeria y Angola, los mayores exportadores de petróleo del África subsahariana, vieron caer sus ingresos per cápita. Venezuela se cayó por el desagüe. Brasil se hundió en una severa recesión. La amenaza de los problemas políticos también estaba presente. Tailandia fue sacudida por un golpe de Estado en 2014. Bajo el desgobierno de Jacob Zuma, el crecimiento económico en Sudáfrica se estancó, y el desempleo en los municipios llegó a rozar el 25 %. Incluso un motor de crecimiento como China no era inmune a los contratiempos. En 2015, el mercado bursátil de Shanghái se desplomó, el yuan se deslizó cuesta abajo y un billón de dólares en reservas extranjeras huyeron de China. Pekín logró contrarrestar la tendencia, pero la desaceleración de China se sumó a la presión sobre los precios de las materias primas.

A pesar de estos contratiempos, en un mundo en el que los tipos de interés estaban en su punto más bajo, los prestatarios de mercados emergentes continuaron encontrando prestamistas, ya que constituían una de las fronteras más prometedoras del desarrollo financiero. En 2019, las deudas externas de los países de ingresos medios, los verdaderos mercados emergentes, alcanzaron la cifra agregada de 7,69 billones de dólares, de los cuales 484.000 millones estaban en poder de inversores privados en forma de bonos a largo plazo, 2 billones eran deudas a largo plazo contraídas con los bancos y 2,1 billones eran préstamos a corto plazo. Incluso los países de bajos ingresos y de mayor riesgo vieron cómo su deuda en divisas se triplicaba en cinco años, de 2014 a 2019, hasta superar los 200.000 millones de dólares.⁴ Cada vez en mayor medida, las economías de ingresos bajos y medios se iban incorporando al sistema de financiación basado en el mercado, bajo los términos de lo que Daniela Gabor bautizó como el «consenso de Wall Street», para distinguirlo del consenso de Washington de la década de 1990. En este nuevo mundo de finanzas globales, instituciones como el FMI y el Banco Mundial comenzaron a actuar como auxiliares no solo de los grandes bancos, sino también de los gestores de activos y de los operadores de los mercados de bonos y derivados.⁵ El hecho de formar parte de esta red resultaba atractivo, pues ofrecía grandes cantidades de crédito en términos aparentemente asequibles. La cuestión era cuál era exactamente su estabilidad y quién asumiría el riesgo cuando las cosas se pusieran feas.

Los críticos de la globalización advertían que estas deudas pendían sobre los países en vías de desarrollo como la espada de Damocles. Al abrirse a las finanzas internacionales, se habían puesto a merced del ciclo crediticio global.⁶ En caso de que las condiciones crediticias se endurecieran y el dólar ganase fuerza, podrían tener que enfrentarse a un brusco frenazo de la financiación externa, y posteriormente se verían obligados a hacer atroces recortes del gasto que causarían un enorme sufrimiento a cientos de millones de personas vulnerables y pondrían en peligro tanto el crecimiento económico como la estabilidad política de esos países. A finales de 2019, casi la mitad de los países de ingresos más bajos del mundo ya estaban en apuros por endeudamiento.⁷

Décadas de experiencia advertían del peligro, pero en lugar de limitarse a aceptar su destino, los mercados emergentes habían conseguido aprender de esa experiencia.⁸ Desde la década de 1990, habían desarrollado poco a poco un repertorio de medidas con las que gestionar los riesgos derivados del sistema financiero global. Este «kit de herramientas» era un compromiso entre elementos clave del consenso de Washington sobre el libre mercado y medidas más intervencionistas.⁹ La cobertura de los riesgos de la integración global no estaba exenta de costes, y el nuevo conjunto de herramientas tampoco ofrecía una garantía de autonomía completa. Los mercados emergentes no habían descubierto una fórmula mágica para «recuperar el control», pero el objetivo no era ese. Sencillamente, habían encontrado las vías para hacer que los riesgos de la globalización fueran más manejables, y lo cierto es que eso satisfacía a todas las partes implicadas.¹⁰ Los fondos buitre podían volar en círculo sobre los deudores en dificultades. El capitalismo de desastres era real, pero era un negocio muy especializado. Lo que deseaban los grandes bancos y gestores de fondos era que los bancos centrales de mercados emergentes y los departamentos del Tesoro se convirtieran en sólidos contrafuertes del sistema de Wall Street basado en el dólar.

Un paso clave era minimizar el endeudamiento soberano en moneda extranjera. En la medida de lo posible, desde principios de la década de 2000, los gobiernos de los mercados emergentes habían comenzado a hacer lo mismo que los gobiernos de economías avanzadas, esto es, pedir prestado, ya fuese a sus propios ciudadanos o a prestamistas extranjeros, y siempre en su propia divisa, lo cual era un aspecto crucial, ya que permitía a sus bancos centrales nacionales mantener el control final sobre el reembolso. Como último recurso, podían emitir dinero, lo cual supondría arriesgarse a un aumento de la inflación y a un desplome del valor externo de la moneda, pero al menos eliminaría la posibilidad de la incapacidad absoluta de pago. Argentina, que se vio obligada a reinstaurar la suspensión de pagos en 2020, era un caso atípico, puesto que el 80 % de la deuda pública estaba en divisas extranjeras, una muestra de desconfianza por parte de los inversores nacionales y extranjeros. En Indonesia, la participación del endeudamiento en moneda local era superior al 70 %, y en Tailandia rozaba el 100 %. Cabría pensar que esos préstamos serían inversiones poco atractivas para los inversores extranjeros, pero, en un sector con tipos de interés tan bajos, en realidad había un montón de compradores interesados.¹¹ Con la creación de un mercado de bonos soberanos de moneda local se podría participar en la aventura de las finanzas basadas en el mercado, con titulización, derivados y mercados de recompra.¹² En Perú, Sudáfrica e Indonesia, el 40 % de la deuda pública local estaba en posesión de inversores extranjeros,¹³ lo cual no eliminaba el riesgo de pánico financiero. De hecho, con mercados de deuda más grandes y complicados se incrementaba el riesgo de aumentar el pánico. Al igual que en una economía avanzada, el banco central podría entonces tener que intervenir para estabilizar el mercado. Por otro lado, los prestamistas extranjeros soportaban los riesgos derivados de la fluctuación de los precios de los bonos y de los tipos de cambio.

La segunda lección crucial consistía en no disminuir el riesgo de divisas para los prestamistas extranjeros intentando fijar los tipos de cambio con el dólar o el euro, solo porque hacerlo así ofrecía un espejismo de estabilidad, ya que en bonanza atraía un volumen excesivo de capital extranjero, y en recesión el dinero salía huyendo, en cuyo caso era inútil y muy caro tratar de mantener una paridad fija con el dólar. La cantidad de dinero caliente que movilizarían los inversores extranjeros y locales era simplemente demasiado grande, por lo que lo mejor era dejarlos salir y pagar el precio en pérdidas a medida que la moneda local se depreciase. Si los inversores necesitaban cubrir sus riesgos, siempre podía contarse con los mercados de derivados.

Las grandes devaluaciones eran dolorosas, pues causaban grandes pérdidas a los importadores, que tenían que pagar más por sus productos, y a aquellos que habían sido lo bastante desafortunados o imprudentes como para haber solicitado préstamos en dólares. Si una devaluación repentina adquiría demasiado impulso, podría fácilmente ir más allá de lo esperado, y entonces las autoridades nacionales no tendrían otra alternativa que subir los tipos de interés, amplificando el dolor. Para moderar estos riesgos, lo que estaba justificado no era una defensa rígida de una paridad monetaria en particular, sino una intervención para moderar el ritmo de los movimientos de los tipos de cambio en general, y para ello las autoridades necesitaban disponer de amplias reservas de divisas. Desde el comienzo del milenio, las reservas de China aumentaron hasta alcanzar un máximo de 4 billones de dólares en 2014. Ningún país podía acercarse siquiera a esta cifra, aunque Tailandia, Indonesia, Rusia y Brasil también acumulaban grandes reservas de divisas. En total, a principios de 2020 las reservas de los principales mercados emergentes distintos de China ya ascendían a 2,6 billones de dólares.¹⁴

Cuando las reservas nacionales no eran suficientes, era de gran ayuda establecer redes regionales, lo que permitía a los países miembros sumar sus reservas y apoyarse mutuamente en sus esfuerzos por gestionar los flujos de capital. En este sentido, Asia era líder mundial con su red Chiang Mai.¹⁵ En cambio, tanto América Latina como el África subsahariana carecían de una sólida red financiera regional, por lo que en caso de emergencia se veían obligadas a depender del FMI o de la ayuda de bancos centrales amigos en forma de líneas de intercambio de liquidez. El núcleo interno de la red de intercambio de liquidez eran las líneas de canje de dólares establecidas por la Fed desde 2007, aunque estas líneas de canje estaban reservadas para los más privilegiados de los mercados emergentes, y los dos candidatos elegidos tanto en 2008 como en 2020 fueron México y Brasil. Desde 2008, más allá de la red de la Fed, otros bancos centrales habían establecido líneas de liquidez, en particular el Banco de Japón y el Banco Popular de China.¹⁶

Hablar de flujos financieros en abstracto ocultaba el hecho de que en gran medida eran impulsados por un grupo de grandes corporaciones y empresas financieras y por un puñado de individuos extremadamente ricos. La bancarrota de Lehman Brothers en septiembre de 2008 puso de manifiesto el daño sistémico que podía hacer una única quiebra bancaria. A raíz de ello, se adoptaron ampliamente regulaciones individualizadas de las instituciones financieras de importancia sistémica, la llamada regulación macroprudencial. En los mercados emergentes esto significaba comprobar la exposición a las divisas de los bancos y de otras corporaciones que eran lo bastante grandes como para perturbar por sí solas la economía nacional.¹⁷ Este tipo de regulación era intrusiva y tendía a suscitar la oposición del grupo de presión empresarial, pero era esencial para garantizar la estabilidad financiera.

Finalmente, si fallaba todo lo demás, estaban los controles de capital, que habían dejado de ser un tema tabú.¹⁸ Entre las décadas de 1970 y 1990, el impulso para liberalizar el movimiento de capitales a través de las fronteras había sido la gran cruzada del neoliberalismo. Sin embargo, en un mundo en el que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón se dedicaban a la manipulación mayorista de sus mercados de bonos mediante el envío de billones de dólares a todo el mundo en busca de rendimiento, incluso organismos como el FMI y el Banco de Pagos Internacionales (BPI) tuvieron que reconocer que los mercados emergentes estaban en su derecho de evitar la entrada de capitales y, en su caso, ralentizar la salida. Después de todo, nadie podía fingir que los flujos de capital en la década de 2010, impulsados por la política de los bancos centrales en Occidente y arrastrados por el estruendoso desarrollo del capitalismo estatal de China, estaban respondiendo a lo que solía considerarse como fuerzas de mercado. Si las economías avanzadas estaban experimentando una revolución silenciosa en política fiscal y monetaria, si la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón estaban aumentando su control sobre los mercados de bonos, esto también tenía consecuencias para los mercados emergentes.

Tal como señalaba el BPI en su informe anual de 2019, en lo referente a la gestión de los riesgos de la globalización financiera la práctica había adelantado a la teoría. Después de más de veinticinco años, los mercados emergentes más sofisticados habían adquirido una considerable experiencia en el manejo de la volatilidad de los flujos de capital globales.¹⁹ Había aparecido un nuevo kit de herramientas, aunque carecía de un eslogan como «el consenso de Washington». Y las instituciones financieras internacionales, especialmente el FMI, también estaban aprendiendo. Aunque el FMI continuaba administrando programas nacionales con duras condiciones, prefería verse a sí mismo como un socio cooperativo y autorreflexivo en lo que se bautizó como la Red Global de Seguridad Financiera.²⁰ Su papel principal, al menos de acuerdo con su nueva forma de entender las cosas, no era disciplinar a los países soberanos que iban por libre, sino ayudar a los países en vías de desarrollo a adquirir las capacidades que necesitaban para maniobrar con éxito en el mundo de las finanzas basadas en el mercado. No hace falta decir que esto contribuía también a ampliar el alcance de los operadores financieros de bonos, asesores financieros y gestores de activos. La globalización financiera se daba por supuesta.

La pregunta clave en 2020 era cómo reaccionaría el consenso de Wall Street y cómo funcionaría el nuevo kit de herramientas de los mercados emergentes bajo una fuerte tensión. ¿Podrían los prestatarios de mercados emergentes mantener el acceso al sistema financiero basado en dólares? Y en ese caso, ¿a qué precio? ¿Podrían priorizar las necesidades de sus economías nacionales o se verían obligados, como tantas veces, a aumentar los tipos de interés y reducir el gasto para contener los flujos de salida de capitales?

A principios de abril de 2020, antes de las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial, flotaba en el aire una verdadera sensación de terror. Los precios de las materias primas se estaban hundiendo. Los exportadores de petróleo y gas, como Argelia, Angola y Ecuador, estaban sometidos a una enorme presión. Las perspectivas de los ingresos por turismo y remesas de dinero eran sombrías. En el África subsahariana y en América Latina se imponían los confinamientos, pero al precio de un alarmante aumento de la pobreza. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (más conocida como la FAO, por sus siglas en inglés) advertía de un aumento de los precios de los alimentos y pronosticaba que la pandemia de COVID-19 añadiría entre 83 y 132 millones de personas a la cifra total de desnutridos en el mundo.²¹ El FMI anunció que 102 miembros habían solicitado ayuda,²² es decir, más de la mitad de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El 26 de marzo, los gobiernos del G20 se habían comprometido a «hacer lo que fuera necesario y a utilizar todas las herramientas políticas disponibles para minimizar el daño económico y social de la pandemia, restaurar el crecimiento mundial, mantener la estabilidad del mercado y fortalecer la resiliencia».²³ ¿Qué significaba eso exactamente? El FMI estaba dispuesto a comprometer la totalidad de su capacidad crediticia, que ascendía a 1 billón de dólares.²⁴ ¿Sería suficiente? Para hacer frente a la crisis, una coalición de jefes de gobierno africanos y europeos solicitaba un esfuerzo colectivo de emergencia, lo cual incluía una nueva asignación de la divisa sintética del FMI, conocida como DEG (Derecho Especial de Giro).²⁵ En las cuentas del FMI, los DEG son lo más parecido que existe a una divisa global. El incremento de la emisión de DEG daría a los países pobres una inyección instantánea de reservas «sintéticas» del FMI, que podrían utilizar como garantía para el endeudamiento en dólares. La pregunta era si las demás partes interesadas del FMI estarían de acuerdo.

En la Junta Directiva del FMI, Estados Unidos dispone de un grupo representativo minoritario con derecho a veto. El advenimiento de la administración Trump había suscitado temores sobre su beligerancia nacionalista, temores que no resultaron infundados en lo que respecta al comercio internacional. En 2020, la obstrucción de Estados Unidos prácticamente había paralizado a la Organización Mundial del Comercio y, durante el verano, Washington también iniciaría una campaña contra la Organización Mundial de la Salud. En lo que respecta a las finanzas internacionales, la administración Trump se había mostrado más cooperativa, pues la Casa Blanca no planteaba ninguna objeción a las líneas de intercambio de la Fed. A finales de marzo, a instancias de su Departamento del Tesoro, el Congreso de Estados Unidos aprobaría una renovación de los nuevos acuerdos del FMI para endeudarse, un servicio de financiación esencial para mantener la potencia de fuego inmediata del FMI.²⁶ Sin embargo, la administración Trump se opuso tajantemente a la propuesta de concesión de DEG presentada en abril por África y Europa, alegando que una emisión general de DEG pondría dinero fresco en los bolsillos de Venezuela e Irán. Eso no solo era inaceptable para la administración Trump por razones políticas, sino que corría el riesgo de despertar la oposición de los senadores más militaristas del Capitolio, en particular del senador Ted Cruz, un inveterado opositor a cualquier tipo de internacionalismo liberal.

Sin embargo, la administración Trump no planteó objeciones a una propuesta respaldada por el G20 para introducir una moratoria en los reembolsos de préstamos bilaterales de gobierno a gobierno adeudados por 73 de los países más pobres. Significativamente, China se unió a la llamada Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés), lo cual fue un punto crucial, porque, para muchos prestatarios, China era, con diferencia, la fuente más importante de financiación bilateral. Prestamistas multilaterales como el FMI y el Banco Mundial no entraron a formar parte de la DSSI, pero se comprometieron a intensificar sus propios préstamos concesionarios.²⁷

Si todos los países elegibles se acogían al plan, el aplazamiento del servicio de la deuda ofrecería 12.000 millones de dólares en ayuda a algunas de las economías más pobres del mundo. Eso liberaría fondos para las vitales importaciones de equipos de protección individual, pero, como sugiere esa modesta cifra, en términos económicos eran poco más que migajas. Según una estimación, el alivio otorgado por la DSSI en abril ascendía al 1,66 % de toda la deuda de los países de ingresos bajos y medios, lo que excluía a China, México y Rusia.²⁸ La DSSI tan solo se aplicaba a los países más pobres del mundo. Las deudas de los grandes mercados emergentes se situaban un nivel por encima. Según Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, la necesidad de financiación de los países emergentes y de bajos ingresos del mundo podría ser de hasta 2,5 billones de dólares.²⁹ La ayuda para los más pobres era un imperativo moral, pero, en lo que respecta a la estabilidad financiera global, lo que importaba eran los países de ingresos medios.³⁰

Para hacer frente a la crisis, el FMI amplió rápidamente su volumen de préstamos. Nunca antes había impulsado tantos programas. A finales de julio, el Fondo había aprobado la concesión de crédito a 84 países por un monto total de 88.100 millones de dólares.³¹ El patrón de los préstamos era sorprendente, ya que solo 8.300 millones de dólares eran préstamos reducidos dirigidos a 25 países, principalmente de África, ya clasificados como países «con dificultades crediticias». La forma en que podrían salir de la crisis continuaba siendo altamente incierta. De manera bastante alarmante, los préstamos tendían a basarse en la suposición de que se recuperarían con rapidez, y que ello permitiría la consolidación presupuestaria tan pronto como en 2021.³² En lo que respecta al grueso de los préstamos del FMI, 79.800 millones de dólares, el 90 % del total, tomaron la forma de préstamos no reducidos, principalmente dirigidos no a prestatarios de bajos ingresos, sino a los de ingresos medios. La mayor parte no se llegó a solicitar, pero en realidad no era un último recurso desesperado, sino un respaldo preventivo. La obtención de una línea de crédito del FMI era una manera de reforzar las reservas disponibles y de destacar la propia solvencia ante otros posibles prestamistas.

Por otro lado, para los prestatarios de mercados emergentes sometidos a mayor presión las ayudas llegaban demasiado tarde. Al comenzar el año, Argentina, Líbano y Ecuador encabezaban la lista de deudores en apuros. Al llegar el verano, los tres se habían declarado incapaces de pagar. Argentina había sufrido dificultades durante años. En 2018, el récord de 56.000 millones de dólares en préstamos recibidos del FMI no había sido suficiente para estabilizar su situación. Líbano, desgarrado por conflictos internos y atrapado en el campo de fuerza de la geopolítica regional, llevaba mucho tiempo en la lista de países amenazados. Ecuador ya estaba al borde de la crisis cuando comenzó 2020 y se vería duramente golpeado por la repentina caída de los precios del petróleo. En todos estos casos, el impago provocaba una interrupción abrupta de nuevos créditos y prolongaba las disputas legales con los acreedores. Esta situación suscitó el temor de una ola más amplia de crisis de deuda, pero finalmente resultó ser un temor infundado.

En 2020, lo más sorprendente de la mayoría de los principales mercados emergentes resultó ser su resiliencia financiera. Ante el frenazo repentino que se había producido en la primavera de 2020, el nuevo kit de herramientas para gestionar el estrés financiero funcionó como se esperaba. A medida que aumentaba el endeudamiento de los gobiernos para financiar los gastos de la crisis y se tambaleaba la confianza de los inversores extranjeros, los bancos centrales nacionales iban interviniendo para comprar los bonos que estaban vendiendo. En marzo y abril, los bancos centrales de Corea, Colombia, Chile, Sudáfrica, Polonia, Rumanía, Hungría, Croacia, Filipinas, México, Tailandia, Turquía, la India e Indonesia anunciaron programas de compra de bonos.³³ En comparación con las gigantescas compras de activos de la Fed o del BCE, la escala era reducida, pero, poco tiempo antes, para los bancos centrales de países clasificados como mercados emergentes, el mero hecho de participar en tales intervenciones se habría considerado un sinsentido. Habría provocado aterrorizadas advertencias sobre la amenaza de la hiperinflación, y se habría producido una huida de la divisa pertinente. Sin embargo, en plena crisis del coronavirus, en el contexto de intervenciones gigantescas en las economías avanzadas, los mercados aceptaban sin pestañear el activismo de las autoridades de los mercados emergentes.³⁴ La situación había cambiado.

La economía mundial era un caos: las grandes ciudades estaban paralizadas, el dólar parecía desatado… Sin embargo, con importantes reservas de divisas a su disposición, una vez que las agudas presiones en los mercados globales de bonos se disiparon en marzo de 2020, ya no había motivos inmediatos para el pánico. Los principales mercados emergentes podían dejar que sus monedas cayeran, confiando en su capacidad tanto para adquirir dólares si los necesitaban como para ralentizar la devaluación si esta se descontrolaba. El Banco de Indonesia intervino con decisión para frenar la depreciación de la rupia y absorber cualquier bono del gobierno nacional vendido por los inversores.³⁵ El banco central de Brasil era uno de los gestores más sofisticados de los mercados de divisas. En abril había gastado 23.000 millones de dólares para apuntalar el real: era una cifra considerable, pero en realidad no representaba más del 6 % de las enormes reservas de Brasil.³⁶ Chile, Colombia, la India, México, Rusia y Turquía también realizaron operaciones para frenar la tasa de depreciación.

Si estas intervenciones hubieran tenido que continuar durante muchos meses, incluso los mercados emergentes más robustos podrían haber tenido problemas, ya que habrían necesitado incrementar los tipos de interés en un esfuerzo por revertir o al menos ralentizar la salida de fondos extranjeros. Sin embargo, la notable flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal cambió el clima en los mercados de divisas. Solo unos pocos escogidos —Brasil, México y Corea del Sur— podían acceder a dólares a través de las líneas de intercambio de la Reserva Federal. Se rumoreaba que Indonesia, como miembro del G20 con buena reputación, había solicitado a la Fed una línea de canje de divisas, para complementar las que ya tenía en vigor con el Banco Popular de China y con el Banco de Japón. La solicitud fue denegada, pero a cambio se le ofreció un servicio de recompra financiera de 60.000 millones de dólares con la Fed de Nueva York.³⁷ Lo más importante era la enorme ola de liquidez desatada por la Reserva Federal. Con los tipos de interés estadounidenses hundiéndose hacia cero, el dólar cambió de tendencia, las monedas de los mercados emergentes se dispararon y, con ellas, también los rendimientos ofrecidos a los inversores extranjeros.

En este contexto, la tan temida estrangulación financiera de los mercados emergentes nunca llegaría a materializarse. En lugar de subir los tipos de interés para contrarrestar la pérdida de confianza, los bancos centrales de estos mercados emergentes imitaron a sus homólogos de las economías avanzadas, y lo que hicieron fue reducirlos. En abril, los mercados internacionales de capitales también estaban reabriendo. La campaña para recaudar fondos fue liderada por miembros ricos de la OPEP, que necesitaban compensar la pérdida de ingresos procedentes del petróleo y del gas. Pero Indonesia primero, y posteriormente Egipto, Honduras y Panamá, también sacaron partido de la situación. El precio de las Permutas de Incumplimiento Crediticio (en inglés, CDS) —esto es, de los seguros contra impagos— de la deuda de los mercados emergentes cayó en picado, en el caso de Indonesia de 290 a menos de 100 puntos básicos.³⁸ El rendimiento promedio de la deuda denominada en dólares de los mercados emergentes, que se había disparado hasta un 8 %, volvía a caer al nivel previo del inicio de la crisis, un 4,5 %, lo cual era mucho más de lo que pagaban las economías avanzadas, pero también implicaba que el dolor era tolerable. Llegado el verano, en una de las remontadas más improbables que uno pueda imaginar, los bonos basura emitidos por los angustiados países soberanos africanos se habían convertido en la golosina del mes para los inversores más arriesgados.³⁹

En 2020, los mercados emergentes ya habían demostrado su capacidad para soportar incluso una fuga de capitales muy severa, aunque la crisis del coronavirus no era como otras crisis. Una cosa era amortiguar los golpes financieros, y otra muy distinta gestionar el impacto de la crisis en la economía real.

En la primavera de 2020, Sudáfrica era un claro ejemplo de ello. Sus finanzas públicas habían estado sometidas a escrutinio durante mucho tiempo, y el 27 de marzo, Moody’s, la última de las principales agencias de calificación, rebajó su deuda a categoría basura,⁴⁰ lo cual provocó que el rand cayese en picado. No obstante, el banco central sudafricano procedió a reducir los tipos de interés para apoyar la economía nacional. En lugar de entrar en pánico, los inversores tanto locales como extranjeros continuaron comprando y manteniendo la deuda de Sudáfrica. Superando un tabú que había prevalecido desde el fin del apartheid, el gobierno del partido político CNA solicitó al FMI un préstamo reducido de 4.300 millones de dólares, que sería concedido con rapidez.⁴¹ La píldora financiera que Sudáfrica tendría que tomar a cambio vendría más tarde. Por el momento, el problema no era la financiación, sino el devastador impacto que iban a tener, en la ya frágil economía sudafricana, las drásticas medidas adoptadas para contrarrestar la propagación del virus. Dada su gran población urbana y la prevalencia del VIH/sida, Sudáfrica era uno de los países que tenía más razones para temer a la pandemia. Bajo el impacto de un confinamiento excepcionalmente severo, la economía sudafricana se vería sometida a una contracción del 8 %,⁴² y el desempleo aumentaría a más del 30 %.

Si el año 2020 tenía un carácter excepcional, era porque la conmoción financiera podía considerarse algo secundario comparado con la dislocación económica real causada por la epidemia. En 2020, contradiciendo el patrón habitual durante una crisis financiera, las reservas de divisas de los países en desarrollo aumentaron en vez de disminuir. ¿Por qué? Porque los confinamientos reprimieron el consumo. Las importaciones se hundieron, y mejoró la situación del balance comercial. La cuestión era si las sociedades podrían soportar un aterrizaje tan brusco.⁴³ Estados Unidos y Europa se las vieron y desearon para poder superar esta dura prueba. Entre los mercados emergentes, en el primer semestre de 2020 sería América Latina la que se enfrentaría a la prueba más difícil. A principios del verano, junto con Estados Unidos, se convertiría en el epicentro de la pandemia global.

Después del horror en Wuhan en febrero y de las terribles escenas de Bérgamo en marzo, quizá las imágenes más espeluznantes de la epidemia a principios de abril tuvieron lugar en la ciudad portuaria ecuatoriana de Guayaquil. En un solo día, el 4 de abril, 778 personas murieron de COVID en la ciudad y sus alrededores. Con las morgues llenas a rebosar y las ambulancias sobrecargadas, los cuerpos eran dejados en la calle en bolsas de cadáveres y ataúdes improvisados, mientras los buitres acechaban desde las alturas.⁴⁴

Guayaquil fue víctima de una terrible mala suerte. Mientras que los habitantes de Quito —la capital ecuatoriana, situada en las estribaciones de los Andes, justo al norte de la línea del ecuador— suelen tomar sus vacaciones de verano en julio y agosto, igual que en Estados Unidos, la ciudad costera de Guayaquil, justo al sur del ecuador, suele tomar sus vacaciones de «verano» a partir de principios de febrero. Esto significaba que los guayaquileños más pudientes volaron a Europa justo cuando la epidemia se descontrolaba. Al mismo tiempo, ecuatorianos residentes en el extranjero volaron a su país para disfrutar del famoso carnaval de su ciudad natal.⁴⁵ Entre el 1 y el 14 de febrero, según medios ecuatorianos, llegaron al país unas 20.000 personas procedentes de Europa y América del Norte. El paciente cero fue una mujer de 71 años que aterrizó en Guayaquil procedente de Madrid a mediados de febrero. A principios de marzo, ella y dos de sus hermanos habían muerto.

Sin embargo, pese a la mala suerte, la crisis en Guayaquil revelaba problemas mucho más profundos no solo en Ecuador, sino en América Latina en general.⁴⁶ La fragilidad de los servicios públicos en Guayaquil, una ciudad profundamente dividida por factores de raza y clase social, era el símbolo de una grave situación general extendida por todo el continente que ya existía desde mucho antes de la crisis de la COVID.

Gracias al crecimiento económico impulsado principalmente por las exportaciones de materias primas, el nivel de vida en América Latina había progresado considerablemente desde la década de 1990, y el sistema sanitario no era una excepción. El gasto en salud pública y privada se situaba en el 8,5 % del PIB en toda la región, suficiente para financiar el acceso básico para toda la población. América Latina también tenía una amplia experiencia en el tratamiento de epidemias infecciosas: cólera en 1991, gripe porcina en 2009 y virus del Zika en 2016. Había ejércitos de médicos de primer nivel y tecnócratas de atención médica. La Organización Panamericana de la Salud, fundada en 1902, es el organismo internacional de salud más antiguo del mundo.⁴⁷ La Fundación Oswaldo Cruz en Brasil es de una categoría similar a la Fundación Rockefeller o la Fundación Ford en Estados Unidos, o a la Wellcome Trust en el Reino Unido. Sin embargo, un enorme abismo separaba los lujosos hospitales urbanos destinados a aquellos que podían pagarlos de los servicios de salud pública, muy deteriorados y faltos de financiación.

América del Sur es el continente con mayor desigualdad del mundo. Mientras que las grandes empresas han prosperado, el 54 % de la fuerza laboral trabaja en la economía sumergida: 140 millones de trabajadores en total, una cifra comparable a las fuerzas laborales migrantes de la India o China.⁴⁸ Hacinados en los gigantescos suburbios informales y en expansión que dominan el paisaje urbano de América Latina, eran presa fácil del virus.

Ecuador estaba entre los países más vulnerables. Bajo el mandato del presidente Rafael Correa, el país se había sumergido en un frenesí de gasto público, reciclando los beneficios del auge del petróleo. Cuando en 2014 los precios del petróleo cayeron en picado, Ecuador se encontró con enormes déficits. En febrero de 2019, obtuvo un paquete de préstamos de 10.200 millones de dólares de un grupo de prestamistas multilaterales liderados por el FMI, pero, para desbloquear esta financiación, el gobierno se vio obligado a impulsar dolorosos recortes del gasto. En octubre de 2019, el plan para abolir los subsidios a los combustibles se vio interrumpido por enormes protestas populares. En 2020, Ecuador ya debía 4.100 millones de dólares en reembolsos de deuda.⁴⁹ Y cuando el coronavirus hundió nuevamente los precios del petróleo, el valor de los bonos ecuatorianos volvió a caer al abismo. Desde 88 centavos por dólar, el precio de los bonos con vencimiento en marzo de 2022 se desplomaba a tan solo 24 centavos. Ante el enorme coste que se debía asumir para hacer frente a la epidemia, era impensable que el gobierno pudiese continuar con el servicio de la deuda, pero si se incurría en una suspensión de pagos abierta de la deuda externa de Ecuador, que ascendía a 65.000 millones de dólares, se corría el riesgo de no poder recibir nuevos créditos. En la última semana de marzo, Quito anunció que había llegado a un acuerdo con los acreedores para retrasar el pago de 800 millones en intereses, y el 17 de abril se retrasaría otros cuatro meses.⁵⁰ Como señaló un perspicaz observador extranjero, las instituciones financieras internacionales y los acreedores estaban haciendo concesiones con la esperanza de que esto influyera en el electorado de Ecuador y lo inclinara hacia un candidato más favorable al libre mercado para suceder a Lenín Moreno en las elecciones de 2021.⁵¹

El país vecino, Perú, estaba en una situación financiera mucho más estable que Ecuador, ya que, gracias a la demanda china de cobre, su PIB era más de cuatro veces mayor que en el año 2000. Sin embargo, tenía debilidades similares en infraestructuras de salud pública, así como una población vulnerable de 10 millones de personas hacinadas en la megalópolis de Lima, para las que la COVID representaba una amenaza mortal. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, impuso un confinamiento rápido y lo respaldó con un pago inmediato en efectivo de 107 dólares a 2,7 millones de familias urbanas de bajos ingresos, seguido de pagos a las comunidades rurales.⁵² Dado que solo el 40 % de los peruanos disponen de cuenta bancaria, los pagos se realizaban a través de teléfonos móviles.⁵³ Se trataba de medidas imaginativas y eficaces, pero no bastaron para evitar que Lima se convirtiera en una gigantesca incubadora. La fuerza de trabajo de economía sumergida no podía permanecer ociosa por mucho tiempo. En julio, con un 289 %, Lima tenía el exceso de mortalidad más alto de todas las ciudades importantes del mundo. En noviembre, el presidente Vizcarra sería destituido por impugnación parlamentaria, y Lima estalló en violentas protestas que se prolongaron durante un mes. En un esfuerzo por calmar estas protestas, el Parlamento instauró a un extecnócrata del Banco Mundial como presidente interino hasta que pudieran celebrarse nuevas elecciones en 2021.

Más hacia el norte, Colombia destinaba tropas a la región montañosa fronteriza con Ecuador para tratar de evitar la propagación de la epidemia. Colombia contaba con uno de los sistemas de salud más sólidos de la región, pues, entre otras cosas, ya en 1993 había instaurado la atención sanitaria universal financiada por los contribuyentes, que aseguraba un servicio básico para todos los ciudadanos. Por desgracia, esto no pudo detener la propagación de la enfermedad en los barrios bajos.* Con un desempleo urbano creciente que acabaría superando el 25 %, los colombianos no eran los únicos que se enfrentaban al empobrecimiento. Desde 2015, la asombrosa cifra de 5 millones de personas había cruzado la difusa frontera entre Venezuela y Colombia, el mayor movimiento de refugiados del mundo, y con el estallido de la crisis, los venezolanos emigrados a Colombia se encontraban a la deriva. Había nada menos que un millón de emigrados sin documentos y sin trabajo. Tan difícil era su situación que muchos incluso optaban por regresar a Venezuela, y el movimiento de migración de retorno se extendió por toda la región. En las montañas de los Andes, los trabajadores humanitarios tuvieron que rescatar a los venezolanos que intentaban volver a casa desde Ecuador, a 1.700 km de distancia.⁵⁴

Quienes lograban regresar solo encontraban más miseria en Venezuela. La economía venezolana se dirigía hacia el desastre a medida que se iban interrumpiendo los suministros regulares de electricidad. En el país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, el 90 % de la población no tenía acceso a la gasolina.⁵⁵ Había un grave temor a que las cosechas se echasen a perder por la falta de gasolina en las granjas. El agua potable era cada vez más escasa. La respuesta inicial del régimen de Maduro a la crisis del coronavirus consistió básicamente en limitar los test de COVID a dos hospitales controlados por el gobierno.

Los países de menores ingresos no eran los únicos que tenían problemas. También los tenía Chile, auténtico símbolo del desarrollo económico latinoamericano. Inicialmente, trató de evitar los confinamientos masivos centrándose en sellar los puntos críticos. Desde Santiago, la capital, se lanzaron varios paquetes de apoyo a gran escala que ascendían a más del 10 % del PIB, pero, aunque era una cifra sin precedentes, no era suficiente para aliviar el empobrecimiento masivo. En las protestas nocturnas, la palabra «hambre» se proyectaba en la emblemática Torre Telefónica de la capital. A mediados de abril, con la esperanza de prevenir una crisis social sistémica y una reanudación de los disturbios que habían desestabilizado Chile en 2019, el gobierno impulsó un rápido retorno a la «nueva normalidad» que resultó ser prematuro. La enfermedad aún no había alcanzado su punto máximo. El 15 de mayo, una ola creciente de infecciones obligó al gobierno a imponer un confinamiento total en Santiago.⁵⁶ En un país que, desde los días de la dictadura de Pinochet, había sido sinónimo de frugalidad, el déficit en 2020 se disparó hasta el 9,6 % del PIB, el más alto en medio siglo.⁵⁷

Con todo, el dinero no era el principal problema de Chile. A principios de 2020, para amortiguar la devaluación del peso, el Banco Central chileno gastó 20.000 millones de dólares en intervención cambiaria, y para mayor seguridad, Chile se unió a Perú, México y Colombia como los cuatro primeros países en acceder a un nuevo servicio creado por el FMI, la llamada Línea de Crédito Flexible.⁵⁸ El FMI destinó 61.000 millones de dólares a México, 24.000 millones a Chile y unos 11.000 millones tanto a Perú como a Colombia. El total de 107.000 millones de dólares suponía un asombroso 10 % de la capacidad total de préstamo del FMI, más que los fondos totales destinados por esta institución a 100 países más pequeños para la lucha contra la COVID. Ansioso por evitar acusaciones de intervención arbitraria, el FMI ofrecía financiación sin condiciones. Como si se tratase de una gigantesca línea de crédito comercial, el acceso a la financiación no dependía de hacer ajustes estructurales, sino del pago de una cuota de compromiso que, en el caso de México, en 2020 ascendía a 163 millones de dólares a cambio del préstamo de 61.000 millones.

Al igual que en 2008-2009, México se distinguía por haber obtenido tanto una línea de crédito del FMI como el apoyo directo de Estados Unidos a través de una línea de liquidez de la Reserva Federal. Así pues, no cabía prever que el país se quedase sin dólares. Sin embargo, a pesar del nivel de apoyo recibido desde el exterior, la respuesta del gobierno de López Obrador a la crisis del coronavirus estaba siendo notablemente pasiva.⁵⁹ No proporcionaba prácticamente ningún estímulo fiscal para compensar la caída de la actividad económica y las exportaciones. En total, el gasto de emergencia en 2020 llegó a un irrisorio 0,6 % del PIB,⁶⁰ y el resultado fue un aumento de la pobreza absoluta en el país: el número de mexicanos que intentaban ganarse la vida con menos de 5,50 dólares por día pasaría de 33 a 44 millones. Y en lo referente a la epidemia en sí misma, se seguía una política similar de negligencia perversa. Debido a la falta de test, resulta difícil trazar con precisión la evolución de la enfermedad en México, aunque las cifras de mortalidad son muy reveladoras. Hasta el 26 de septiembre, más de 139.000 mexicanos habían muerto de COVID, un 1 ‰ de la población, cifra solo superada por Perú.⁶¹ México y Brasil, los dos gigantes de América Latina, acabarían convirtiendo la región en el nuevo centro de la pandemia mundial.

En lo tocante a la pandemia, el fracaso del liderazgo presidencial en Brasil era casi total. A medida que la enfermedad se extendía desde la cosmopolita y fiestera ciudad de São Paulo hacia el resto de la sociedad brasileña, el presidente Bolsonaro continuaba negando la gravedad de la situación,⁶² por lo que eran los gobiernos estatales de Brasil —cada estado es una región del tamaño de un país europeo— los que se veían forzados a reaccionar. Los confinamientos parciales que eran capaces de organizar ralentizaban la propagación de la enfermedad, pero también causaban estragos económicos. El virus ponía al descubierto la enorme brecha entre las corporaciones globales más poderosas de Brasil y los millones de pequeñas empresas que representan la mayor parte del empleo. El desempleo oficial, que ya rondaba el 12 % a principios de 2020, ascendía hasta el 15 %, y las estadísticas oficiales tenían poco que decir sobre los 40 millones de trabajadores de economía sumergida que constituyen casi la mitad de la fuerza laboral brasileña.⁶³

El impulso inicial del ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, educado en Chicago, fue bastante tacaño, ya que pensó que bastaría con un paquete de 1.000 millones de dólares de medidas de emergencia. Sin embargo, eso no satisfizo al Congreso Nacional, donde los opositores de Bolsonaro pedían medidas mucho más generosas. Ante el riesgo de que la oposición ganara terreno, el gobierno se desprendió de sus precauciones iniciales, declaró un «estado de calamidad», anuló todas las normas fiscales e introdujo un estipendio de 600 reales al mes para los 68 millones de brasileños más pobres.⁶⁴ A finales de año, la factura ascendía a 57.000 millones de dólares. En total, el gasto de emergencia del gobierno de Bolsonaro en 2020 alcanzaría unos impresionantes 109.000 millones de dólares, equivalente al 8,4 % del PIB, lo que ponía a Brasil al mismo nivel que el Reino Unido e Israel.⁶⁵ Con ello se contribuía a garantizar que la contracción total del PIB brasileño en 2020 no superase el 5 %, en comparación con la caída de entre el 7 y el 9 % en Argentina y México.⁶⁶ Al igual que en Estados Unidos, la enorme magnitud de la respuesta a la crisis tuvo como consecuencia que, en 2020, la pobreza y la desigualdad en Brasil se redujeran temporalmente.

Los países de América Latina, que estaban entre los más afectados por la crisis de la COVID en 2020, superaron así el impacto inicial de la crisis financiera, e incluso pudieron acceder a los mercados internacionales de capitales. Entre marzo y junio, diez gobiernos latinoamericanos, encabezados por México y Brasil, recaudaron un total de más de 24.000 millones de dólares en bonos en moneda extranjera, con unos tipos de interés que oscilaban entre el 5,8 % en Guatemala y tan solo el 2,5 % en Chile. Cada emisión tenía una demanda varias veces mayor a la oferta.⁶⁷ Incluso Perú, en medio de una intensa agitación política, fue capaz de emitir 1.000 millones de dólares en bonos a 12 años, 2.000 millones en bonos con vencimiento en 2060, y otros 1.000 millones en bonos a un siglo, no reembolsables hasta 2120. Tal como reconocían los propios banqueros de inversión, el «trasfondo político» era «un problema», pero las perspectivas de crecimiento de Perú eran buenas, y su carga de deuda existente era leve. Para poder disponer de 1.000 millones de dólares durante un siglo entero, Perú comenzó a pagar una prima no superior a 1,70 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro estadounidense, cuyo rendimiento en ese momento era del 0,85 %. En palabras del economista jefe de Goldman Sachs para América Latina, todo se reducía al entorno global: «Estamos viviendo en un mundo con una gran abundancia de liquidez».⁶⁸

El problema no era la obtención de dólares, sino la pandemia y la recuperación económica. Sectores de exportación como las minas de cobre peruanas o el mineral de hierro brasileño ofrecían buenas perspectivas para los inversores extranjeros, pero en lo referente a la economía en general, las perspectivas eran sombrías. En 2020, el FMI predijo que el PIB de América Latina se contraería entre un 5 y un 9 %, la peor recesión jamás registrada. Dos tercios de los empleados más jóvenes del continente, de entre 15 y 24 años, perdieron sus empleos y sus salarios.⁶⁹ Asumiendo un crecimiento de la población del 1 % anual, el continente podría no recuperar su nivel de PIB per cápita de 2015 hasta después de 2025. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU advertía que la tasa de pobreza en América Latina y el Caribe estaba en camino de alcanzar el 34,7 % a finales de año, con una previsión de aumento de la pobreza extrema de entre 16 y 83 millones.⁷⁰ El temor era que el año 2020 diera paso a una nueva década perdida, que implicara tanto el estancamiento del nivel de vida de la gente de a pie como el hecho de que el continente se viera superado por competidores asiáticos de crecimiento más rápido.

Y dadas esas condiciones subyacentes, ¿cuánto duraría la abundancia de financiación? Cuando los críticos presionaron al gobierno mexicano y exigieron saber por qué no había habido estímulos sustanciales, la réplica de López Obrador fue que no tenía intención de exponer su programa político, al que llamaba «la cuarta transformación», a la misma presión de acreedores que había afectado a México en las décadas de 1980 y 1990.⁷¹ Su compromiso era preservar la independencia de México, manteniendo la deuda por debajo del 50 % del PIB.

Mientras tanto, desde el extremo opuesto del espectro político, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, insistía en que haría todo lo posible para contener el crecimiento de la deuda pública por debajo del 100 % del PIB.⁷² Los mercados financieros vigilaban con creciente aprensión el generoso gasto social del gobierno de Bolsonaro. ¿Cómo, se preguntaban, respondería una administración populista a una nueva ola de coronavirus?⁷³ Cada vez más inversores estaban dispuestos a comprar deuda brasileña únicamente a corto plazo.⁷⁴

El nuevo kit de herramientas para gestionar los riesgos de la globalización financiera permitía a los países de ingresos bajos y medios capear el impacto inmediato de la tormenta financiera de 2020, lo cual era todo un alivio tanto para los prestamistas como para los prestatarios. Con los bancos centrales de mercados emergentes como nodos de alto funcionamiento, el consenso de Wall Street era aún más resistente. La elusión de la crisis financiera suponía una enorme ventaja, pero dependía de un mundo de abundante liquidez, y lo que no podía aliviar sobre el terreno era la pandemia.

Tercera parte

UN VERANO CALIENTE

Capítulo 9

UE NUEVA GENERACIÓN

En marzo de 2020, la deuda más peligrosa del mundo no estaba ni en Estados Unidos ni en un mercado emergente.¹ Estaba en Europa. El gobierno italiano debía la enorme cifra de 1,7 billones de euros, la cuarta cantidad más elevada de obligaciones gubernamentales del mundo, equivalente al 136 % del PIB italiano.² Y debido a la crisis del coronavirus, el pronóstico era que esa proporción aumentaría hasta como mínimo el 155 % antes de fin de año, un porcentaje superior al de cualquier gran economía avanzada, exceptuando a Japón. No obstante, lo que hacía que la deuda de Italia fuera mucho más difícil de manejar que la de Japón era la divisa en la que estaba denominada. Para Italia, el euro no era exactamente una divisa extranjera, pero tampoco era una divisa que pudiera controlar de forma similar a como las autoridades estadounidenses controlaban el dólar o las británicas la libra esterlina, sino que era la política europea la que debía decidir cómo y en qué términos se apoyaría a la deuda soberana italiana.

No era la primera vez en la historia reciente que las finanzas de Europa inquietaban al mundo.³ Diez años antes, el desequilibrado sistema monetario europeo había producido una crisis extraordinaria, que pese a concentrarse en Grecia había puesto en peligro a toda la eurozona. En 2011, la deuda de Italia fue calificada durante un tiempo como más propensa al impago que la de Zambia y Egipto. El FMI fue convocado para gestionar una solución no solo en Grecia, sino también en Irlanda y Portugal. Además de estos programas para cada país, el FMI, bajo el liderazgo de su ambicioso director general, el francés Dominique Strauss-Kahn —plenamente respaldado por la administración Obama—, comprometió 250.000 millones de euros para apoyar la red de seguridad financiera de toda la zona euro.⁴ Fue, con diferencia, la mayor intervención jamás realizada por este organismo, y tuvo un carácter profundamente incoherente. En un momento en que el FMI estaba tratando de desarrollar su nuevo papel del siglo XXI, se encontró apagando fuegos en el «viejo mundo».

La fase más peligrosa de la crisis de la eurozona terminó en 2012, gracias a la audacia de la promesa de Mario Draghi de que el BCE haría «lo que fuera necesario» para salvar la moneda única. Esto calmó a los mercados, aunque en realidad el BCE no llegó a emprender ninguna acción práctica. No se embarcó en ninguna expansión cuantitativa al estilo estadounidense o japonés hasta 2015, y cuando lo hizo provocó una tormenta de protestas de los conservadores del norte de Europa. Mientras tanto, la consolidación estuvo marcada por una dolorosa austeridad fiscal, lo que incrementó el sentimiento antieuropeo en gran parte del sur de Europa. A medida que el crecimiento económico y la inflación se iban desplomando, la proporción de la deuda de Italia respecto a su PIB iba aumentando en lugar de bajar. La pregunta en 2020 era si la crisis del coronavirus empujaría a Italia al borde del abismo y desataría una segunda crisis de la zona euro aún peor que la primera. Si ello ocurría, al igual que en la anterior crisis, no sería un problema exclusivamente europeo.

El hecho de que Italia estuviese en primera línea de la pandemia era un cruel giro del destino. Si el daño se hubiera limitado a Italia, el resultado ya habría sido bastante malo, pero Francia y España también estaban siendo duramente golpeadas. Aunque estos dos países no estaban tan endeudados como Italia, el choque del coronavirus los empujaría por encima de la barrera del 100 % del PIB, un umbral psicológico para los mercados. Lo más preocupante era que había señales del llamado «círculo vicioso de la perdición», en el que los temores sobre la deuda soberana se vinculaban a preocupaciones sobre la estabilidad financiera de los principales bancos. Cuando los rendimientos de los bonos del gobierno italiano se dispararon, también lo hizo el coste de asegurar contra posibles impagos la deuda de los dos principales bancos de Italia: UniCredit e Intesa Sanpaolo.⁵ El nivel del riesgo todavía se consideraba moderado, pero el hecho mismo de la existencia de ese vínculo era preocupante.⁶

Si el objetivo era la estabilidad financiera de Europa, lo que se debía hacer no era ningún misterio. La forma de estabilizar las deudas inestables y desiguales de los miembros de la eurozona era compartirlas todas, o al menos una parte. Si las deudas públicas de la eurozona se hubiesen agrupado, durante el primer trimestre de 2020 no hubieran superado el 86 % del PIB total europeo,⁷ un porcentaje inferior a la proporción de deuda de Estados Unidos, Japón o el Reino Unido. En tal caso, la calificación crediticia agregada de Europa, aunque no tan buena como la de Alemania, hubiera sido excelente, y los inversores globales no hubieran perdido el apetito por las inversiones. Los baches en los mercados de bonos podrían ser solucionados por el BCE, como hacían otros bancos centrales de manera rutinaria.

Aunque estas verdades eran elementales, también eran tan polémicas en Europa que el simple hecho de mencionarlas equivalía a no ser tomado en serio. El problema de la distribución lo era todo. ¿De quién eran las deudas más altas? ¿De quién las más bajas? La relación deuda/PIB de Alemania en 2019 había sido de poco menos del 60 %, y la de los Países Bajos estaba en torno al 50 %. La arquitectura fiscal de Europa, tal como estaba concebida, consistía en normas que especificaban los objetivos de deuda y limitaban los déficits fiscales, lo cual calmaba los nervios en el norte de Europa y otorgaba suficiente cobertura política para permitir que el BCE participara en la compra de bonos cuando fuera necesario.⁸ Para justificar sus intervenciones, el BCE ofrecía una variedad de pretextos, principalmente la necesidad de protegerse contra una amenaza a la integridad de la eurozona, que pondría en peligro su capacidad para cumplir con su principal obligación, que era la estabilidad de precios. El BCE era un banco central con un pie en la década de 1990 y el otro en el siglo XXI, y que se iba adaptando a las circunstancias como podía. Se ponía a prueba en momentos de tensión política, como en 2015, cuando un gobierno griego de izquierdas estuvo cerca de la suspensión de pagos, y como en 2018, cuando un autoproclamado gobierno populista en Italia desafió la paciencia del Norte. Sin embargo, esos momentos de tensión eran poca cosa en comparación con 2020. El coronavirus puso de manifiesto que las instituciones de la zona euro estaban hechas jirones.

La primera prueba crucial se produjo en la semana que comenzó el 9 de marzo. El día 12, con los mercados de Nueva York en apuros y una preocupante brecha entre los rendimientos alemán e italiano, el BCE celebró una conferencia de prensa. La Fed ya estaba interviniendo en el mercado de los bonos del Tesoro, luchando por estabilizar las recompras. ¿Qué podría lograr el BCE? La presidenta, Christine Lagarde, tenía buenas noticias para los bancos europeos, que recibirían una inyección de fondos a bajo coste. Lagarde también anunció que el BCE compraría 120.000 millones de euros adicionales en bonos de los gobiernos, una cifra que era mejor que nada, pero que, dividida entre los 10 billones de euros de deuda soberana europea, estaba lejos de ser suficiente. ¿Qué pasaría si Italia se viera sometida a una fuerte presión? La respuesta de Lagarde fue desconcertante. Ante la sencilla pregunta de un periodista alemán, Lagarde respondió con severidad: «No estamos para reducir primas de riesgo [...]. Esa no es la función o la misión del BCE. Hay otras herramientas para eso, y hay otros actores para abordar realmente esos temas».⁹

Al hablar de «primas de riesgo» se estaba refiriendo a Italia, y lo que Lagarde parecía estar diciendo era que la situación de Italia no era su problema. Pero entonces, si el BCE no iba a ayudar a Italia, ¿quién iba hacerlo? El mercado del Tesoro estadounidense estaba en crisis. Los mercados emergentes estaban en el potro de tortura. ¿Realmente esperaba el Banco Central Europeo que los estados miembros de la eurozona tejiesen una red de seguridad fiscal para Italia? Fuentes del interior del BCE confirmaron que Lagarde había adoptado el ideario sobre desigualdades de Isabel Schnabel, la representante alemana del Consejo Ejecutivo, compuesto por seis consejeros.¹⁰ Este era también el ideario del Bundesbank, el mismo que, cuando fue defendido por un predecesor de Lagarde, Jean-Claude Trichet, había contribuido a precipitar las peores fases de la crisis de la eurozona. Con miles de personas muriendo cada día, con los mercados financieros globales en un estado de pánico reprimido, ¿estaba el BCE sugiriendo seriamente que esperaría a que Berlín, París y Roma resolvieran sus diferencias antes de intentar apagar el fuego?

El comentario de Lagarde fulminó los mercados de deuda soberana como un rayo. Los mercados se desplomaron, y el precio que Italia tenía que pagar para pedir prestado se disparó. La prima de riesgo de los bonos italianos a diez años respecto a los bonos alemanes aumentó de 1,25 a 2,75, lo cual puede que no parezca una gran diferencia, pero, cuando se aplicaba a una montaña de deuda del tamaño de la de Italia, la factura por intereses aumentaba hasta los 14.000 millones de euros anuales, o 2.000 millones por cada una de las siete palabras de Lagarde («No estamos para reducir primas de riesgo»).¹¹ Era lo último que Italia necesitaba.

Al darse cuenta del daño causado, Lagarde dio marcha atrás rápidamente. Se puso delante de las cámaras para prometer que el BCE utilizaría la flexibilidad de su programa de 120.000 millones de euros para evitar la fragmentación de la eurozona, una forma algo críptica de decir que finalmente sí se iba a ayudar a Italia. Sin embargo, 120.000 millones de euros no bastaban ni de lejos para ello. Con el pánico que se estaba apoderando tanto de Londres como de Nueva York, estaba claro que el BCE ya no podía lavarse las manos. En la noche del miércoles 18 de marzo, el consejo ejecutivo del BCE anunció que, en el contexto de un programa de compra de emergencia pandémica, comenzaría comprando 750.000 millones de euros de deuda pública y corporativa y, de ser necesario, también revocaría los «límites autoimpuestos».¹² Para una institución tan rígida y aferrada a la tradición como el BCE, aquello equivalía a una revolución. Los límites autoimpuestos —objetivos de inflación, normas sobre qué deudas del gobierno europeo podría comprar y en qué cantidades— son poco menos que la razón de ser del BCE. Los bancos centrales holandeses y alemanes intentaron resistirse,¹³ pero en última instancia fue el temor en los mercados lo que decidió la cuestión. El BCE necesitaba enviar una señal de determinación. Si Lagarde había suavizado su «cueste lo que cueste», el BCE prometía ahora al menos hacer «lo que fuera necesario».

Las medidas de emergencia del BCE lograban al menos ganar tiempo, ya que apaciguaban el pánico inmediato de los mercados, pero la prima de riesgo de los bonos soberanos italianos en relación con los bonos alemanes seguía siendo demasiado elevada. El coronavirus requería una respuesta masiva de todos los estados miembros de Europa, aunque no todos estaban bajo la misma presión. El PIB de España se desplomó un 22 % durante la primera mitad de 2020, mientras que la contracción en Alemania y los Países Bajos, aunque importante, no fue ni la mitad de grave. Durante la crisis, la UE había levantado todas las restricciones a los presupuestos nacionales, lo que permitía a los países más afectados gastar todo lo que necesitaban. También había eliminado las normas sobre ayudas estatales. ¿Qué pasaría después? ¿Y si todas estas medidas agravaban las divisiones financieras y económicas ya existentes entre los países de la eurozona y acababan fragmentando Europa?

Para una coalición de nueve estados liderada por Francia, Italia, España y Portugal, la respuesta era obvia. El 25 de marzo, estos países solicitaron un «instrumento común de deuda» para financiar una respuesta paneuropea a la crisis.¹⁴ Y como era previsible, se toparon con un muro de resistencia. Los holandeses y los alemanes se negaban a asumir ninguna responsabilidad por el endeudamiento común. Una reunión de los jefes de gobierno europeos celebrada a distancia el 26 de marzo acabó convirtiéndose en un cruce de acusaciones e insultos.¹⁵ Al parecer, la distancia emocional propiciada por la videoconferencia era pésima para la política europea.

Desde principios de año, como recién elegida presidenta de la Comisión Europea, la conservadora centrista alemana Ursula von der Leyen había hecho todo lo posible para restablecer la política de la UE.¹⁶ Su punta de lanza era el Green Deal, un guiño al Green New Deal de Estados Unidos. La esperanza en Bruselas era que la UE recuperara su energía y su propósito común en torno a la agenda climática. Por desgracia, el coronavirus reabrió viejas heridas y recordó a los europeos que, desde el final de la crisis de la eurozona en 2012, habían hecho muy pocos progresos en los temas clave de las reformas estructurales. No había unión fiscal. No había unión bancaria. El estado de ánimo en España e Italia se estaba deteriorando. Las sugerencias de los holandeses y los alemanes de que Italia debería aprovechar los mecanismos de lucha contra la crisis que ya tenía en vigor la eurozona solo sirvieron para revivir los amargos recuerdos de la última crisis. No en vano, el presidente Emmanuel Macron consideraba que Europa se enfrentaba a su «momento de la verdad».¹⁷ Y el 5 de mayo, el Tribunal Constitucional alemán dictó una sentencia que aumentó aún más las tensiones en Europa.

El caso que debatían los principales abogados de Alemania se remontaba a 2015, cuando Mario Draghi había lanzado la primera gran ronda de compras de activos del BCE,¹⁸ y había sido presentado por un grupo de demandantes encabezados por el que podía considerarse el «equipo de cerebros» del AfD, el partido de extrema derecha alemán. Ante la política de bajos tipos de interés del BCE, alegaron que el gobierno alemán no se preocupaba lo suficiente por el equilibrio de intereses, en particular los de los ahorradores alemanes. El Tribunal Constitucional alemán, quizás el más respetado en el mundo entre las instituciones análogas, tiene la costumbre de hacerse cargo de casos políticamente controvertidos¹⁹ y se ha labrado una reputación como defensor de la soberanía democrática nacional. En sus sentencias anteriores sobre asuntos del BCE, había indicado su creciente malestar con el alcance de las intervenciones de este organismo. No fue ninguna sorpresa, por lo tanto, cuando el tribunal falló a favor de los demandantes,²⁰ aunque sí supuso un brusco sobresalto.

El tribunal dictaminó que el gobierno de Alemania había incumplido su deber de garantizar que el BCE acatase el principio de proporcionalidad en sus intervenciones de compra de bonos. Sin este control, la acción del BCE era ultra vires, es decir, transgredía claramente el alcance de su poder o autoridad legal. El lenguaje del tribunal era estrictamente legal, pero duro y descarnado. Consciente del impacto que podría tener, el juez alemán subrayó que el fallo no ponía en peligro el programa de emergencia con el que Lagarde y su equipo planteaban hacer frente a la emergencia del coronavirus, aunque no se podía ocultar el carácter explosivo de la pregunta: ¿cuál es el nivel adecuado de supervisión jurídica y política sobre el BCE?

Europa estaba escandalizada. ¿Cómo podía un tribunal alemán reclamar para las instituciones nacionales el derecho a controlar el Banco Central Europeo? Lo último que Europa necesitaba en el verano de 2020 era un desafío en toda regla a la legitimidad del apoyo del BCE a los mercados de bonos. Sin embargo, lo que el fallo del tribunal ponía de manifiesto no era simplemente una cuestión europea. En realidad, no estaba ni mucho menos tan claro que alguien tuviera buenas respuestas a las preguntas planteadas por los jueces alemanes.²¹

Se podía no simpatizar con los demandantes o con su política; al tratarse de un asunto financiero, los jueces parecían estar fuera de su elemento; y, además, habían aceptado sin más las pruebas presentadas por los expertos económicos alemanes más conservadores. Sin embargo, pese a todo eso, estaban dando voz a un verdadero desconcierto histórico. ¿Qué hacían los bancos centrales? ¿Cuál era su función exactamente? ¿No se suponía que su labor se limitaba al control de la inflación? ¿Por qué estaban bajando los tipos de interés a cero para impulsar la inflación? ¿Quién pagaba? ¿Quién se beneficiaba? ¿Quién supervisaba a los banqueros centrales?

Desde las intervenciones masivas tras la crisis de 2008, estas preguntas se habían planteado a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, el papel de la Fed había sido cuestionado por una serie de opiniones que iban desde defensores paleoconservadores del patrón oro, pasando por defensores tecnócratas de las reglas de política monetaria, hasta partidarios de izquierda de la Teoría Monetaria Moderna y defensores acérrimos de las monedas criptográficas.²² También en Europa había una comunidad activista que retaba al BCE a definir su papel y a justificar su complicidad con las agencias de calificación y las finanzas basadas en el mercado.²³ Los banqueros centrales más reflexivos también se hacían estas mismas preguntas.²⁴ La sentencia del Tribunal Constitucional alemán declaraba en voz alta lo que era innegable: el papel enormemente ampliado que los bancos centrales habían asumido desde 2008 había hecho estallar el paradigma de la banca central independiente que se había establecido en la década de 1990. Su legitimidad estaba sin duda en entredicho.

Por otro lado, nadie quería abordar el problema, ni en Europa ni en ningún otro lugar. Sí, los bancos centrales independientes habían asumido un nuevo papel. Lo habían hecho por necesidad, impulsados por la crisis y, como estaban demostrando una vez más los acontecimientos de 2020, esa necesidad no permitía pausa alguna para la deliberación o el debate. Era la crisis la que marcaba el ritmo. En la propia Alemania, en mayo de 2020 la crisis impulsaba un cambio político, no en la dirección señalada por el tribunal, sino en la dirección opuesta, sin cuestionar la solidaridad europea. De hecho, más bien reforzándola.

Al ser un problema casi universal, la pandemia del coronavirus concentraba a las mentes de todo el mundo en un solo tema, induciendo la identificación, la comparación y la simpatía a través de las fronteras —los efectos de convergencia, vinculación, inducción y magnificación de Chen—. La opinión pública europea se sentía profundamente conmocionada por las terribles imágenes procedentes de Lombardía, en las que podían verse enfermeras exhaustas, morgues desbordadas y funerales solitarios. Las encuestas en Alemania mostraban que gran parte de la opinión pública estaba a favor de que aquellos países que aún estaban en una situación relativamente controlada se esforzasen más para ayudar a los que no lo estaban,²⁵ y esto también se extendió a cuestiones financieras. El influyente semanario Der Spiegel declaró que «el rechazo del gobierno alemán a los eurobonos es egoísta, cobarde y estrecho de miras».²⁶ Berlín estaba repitiendo los mismos errores que ya había cometido durante la primera crisis de la eurozona, cuyos resultados habían sido nefastos tanto en el ámbito económico como político y habían dejado un legado de pobreza y resentimiento en gran parte de Europa.

Angela Merkel siempre había adoptado una postura firme en contra de compartir la responsabilidad de la deuda de otros estados miembros europeos. «Mientras yo viva», había prometido a los votantes alemanes en el apogeo de la crisis de la eurozona en 2012, no habría eurobonos.²⁷ Y en abril de 2020 se resistía a la propuesta de bonos por coronavirus basándose en esos mismos motivos. Sin embargo, en la segunda semana de mayo, bajo una intensa presión tanto de París como de sus socios de coalición, el SPD, Merkel dio marcha atrás.²⁸ El 18 de mayo, en una conferencia de prensa celebrada en Francia con el presidente Macron, declaró el apoyo de Alemania a un gran fondo de reconstrucción y resiliencia. No habría bonos conjuntos de coronavirus, pero sí habría un nuevo gran presupuesto de emergencia para la UE que se financiaría con deudas emitidas por la propia UE, y no por los Estados miembros. Una gran parte de los fondos se distribuiría entre los países en apuros en forma de subvenciones en lugar de préstamos, para que no aumentaran sus ya pesadas cargas de deuda. Aún no estaba claro cómo se pagarían las deudas, pero eso podía decidirse más adelante. La deuda seguramente atraería una calificación superior, y los tipos de interés tocarían fondo. Subiéndose al tren en marcha, la Comisión Europea hizo una rápida aportación al elevar el fondo de recuperación previsto a 750.000 millones de euros.²⁹ En comparación con los estándares de Estados Unidos, esta cifra estaba lejos de ser abrumadora en relación con el PIB de la eurozona, aunque es cierto que era una medida sin precedentes. Por primera vez, Berlín se unía a París y Bruselas para abogar por un importante programa fiscal común para toda Europa financiado por la deuda.

¿Qué había hecho cambiar de opinión a Merkel? En momentos de crisis, como tras el accidente nuclear de Fukushima de 2011 o la diáspora de los refugiados de 2015, Merkel ya había mostrado en repetidas ocasiones su tendencia a cambiar de rumbo de forma abrupta. Es posible que la sentencia del Tribunal Constitucional fuera uno de los detonantes. Para frenar una reacción nacionalista, Merkel necesitaba hacer una demostración de liderazgo. En Berlín, el ministerio de Finanzas, controlado por el SPD, defendía firmemente el acuerdo, pues estaba decidido a evitar que se repitiera la guerra de trincheras de la crisis de la eurozona. El ministro de Finanzas, Olaf Scholz, tenía comunicación directa con París.³⁰ No obstante, si buscásemos una motivación más profunda, el cambio de opinión posiblemente se derivó de la constatación de Merkel de que el coronavirus representaba para Europa un nuevo tipo de desafío, un presagio de la nueva era de violentos choques medioambientales. Resultaba revelador que, en la crucial conferencia de prensa con Macron del 18 de mayo, Merkel señalase que la crisis de la COVID era el tipo de crisis que demostraba la obsolescencia del Estado nación. «Europa debe actuar de manera conjunta; por sí solo, el Estado nación no tiene futuro.»³¹ En un primer momento, esta afirmación fue recibida con desconcierto. ¿No era precisamente el éxito comparativo de Alemania durante la primera ola de la COVID lo que había demostrado la importancia primordial de un gobierno nacional competente? Sin embargo, Merkel no se conformaba con la competencia básica, sino que estaba pensando en la cuestión estratégica del conjunto de las economías europeas, y en cómo podrían gestionarse esas crisis de salud pública en el futuro mediante la estrecha colaboración en temas de vigilancia, contramedidas y desarrollo de vacunas. Esta lógica funcionalista, el anticuado sentido común de la era de la globalización, era la Estrella Polar de Merkel.³² No era una cuestión de fe ni de compromiso idealista con el internacionalismo liberal. Era simplemente realismo. En un mundo de nuevos y complejos desafíos, la cooperación europea era más urgente que nunca. Las tendencias centrífugas amplificadas en 2020 debían ser detenidas. Los manidos clichés de la globalización se transformaron en ejes impulsores para tomar medidas urgentes.

Si Merkel había sido difícil de convencer, sus antiguos aliados del norte de Europa eran aún más inflexibles.³³ El frente franco-alemán se topó inmediatamente con la oposición de los holandeses, que lideraban una agrupación que se autodenominaba los «cuatro frugales».³⁴ El enfrentamiento era un clásico ejemplo de la arriesgada forma de hacer política de la UE. Gracias a la calma veraniega de la pandemia, la reunión especial del Consejo Europeo pudo celebrarse cara a cara. El maratón comenzó el 17 de julio y continuó durante cinco días. Los funcionarios de la Comisión revisaron los expedientes en busca de precedentes que justificaran el endeudamiento masivo de la UE.³⁵ Equipos de redactores escribieron y reescribieron el texto. Los negociadores españoles e italianos tuvieron que soportar gestos de condescendencia y suspicacia durante horas. Lo mejor que se puede decir de los gobiernos holandés y austríaco es que al final acabaron cediendo.

El resultado, finalmente confirmado el 21 de julio al amanecer, era solo un compromiso.³⁶ Aún tenía que ser ratificado por el Parlamento Europeo, y luego por cada uno de los estados miembros, lo cual supondría un esfuerzo importante, pero la idea central ya estaba fijada. El presupuesto de la UE para el período 2021-2027, que ascendía a 1.074 billones de euros, se complementaría con un fondo de recuperación de 750.000 millones: 390.000 millones distribuidos en forma de subvenciones, y 360.000 millones en forma de préstamos. Los fondos se recaudarían mediante la emisión de una deuda conjunta. La asignación de esta cantidad de dinero estaba plagada de preocupaciones sobre la corrupción y la apropiación indebida, preocupaciones que se abordarían conforme al Estado de derecho, con detalles que aún estaban pendientes de resolver. Para satisfacer a los defensores acérrimos de la austeridad, habría controles y equilibrios. Los estados miembros accederían a su asignación de fondos presentando a la Comisión sus planes nacionales de recuperación y resiliencia, que serían sometidos a la aprobación del Consejo Europeo.³⁷ Se exigía que esos planes presentasen y cumpliesen las prioridades del Acuerdo Verde. La UE utilizaría la crisis para impulsar un programa de transición energética. El 30 % del presupuesto combinado de la UE y del paquete europeo de la Nueva Generación, 555.000 millones de euros entre 2021 y 2027, se destinaría a acciones de política climática.³⁸

Para la UE, todo esto suponía un relanzamiento.³⁹ Desde el clímax de la crisis de la eurozona en 2012, la falta de progresos hacia una integración más profunda había sido desmoralizadora. Merkel se había negado a respaldar las iniciativas de Macron con todo el peso de Alemania. Ahora, de repente, la UE por fin avanzaba, aunque fuese a trompicones. Los impopulares apéndices institucionales legados por los años de crisis habían sido marginados, en particular el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Con el Reino Unido ya fuera de la Unión, los poderosos miembros occidentales de la eurozona se habían afirmado dentro de la UE en su conjunto. Habían establecido por fin la posibilidad de una deuda de la UE y, sobre esa base, habían dado a Bruselas una capacidad fiscal anticíclica significativa. Los escépticos insistirían en que todo aquello no era más que una respuesta provisional a una emergencia. No estaba claro si algo de esto se acabaría convirtiendo en una respuesta permanente, pero al menos se había establecido el precedente. Por una vez, sin lugar a dudas, la UE había obtenido un éxito político, pues se había conjurado el impulso negativo que pendía sobre Europa en la primavera. Y un ámbito en el que esto resultó sorprendentemente evidente fue el de los mercados financieros.

En el verano de 2020, la UE se encontró de repente en la hasta entonces inédita posición de convertirse en uno de los polos favoritos de los inversores. Por supuesto, había riesgos políticos, en particular en Italia, pero como señaló Alessandro Tentori, director de inversiones de AXA Investment Managers, «los inversores confían en que, dentro de unos años, la UE será considerada como una verdadera unión fiscal, monetaria y política».⁴⁰ Puede que los europeos no lo anunciasen a bombo y platillo, pero, como dijo un gestor de fondos con sede en Londres, «en estos tiempos de estrés» Europa ya tenía algo que equivalía a una unión fiscal ad hoc. La deuda recién emitida de la propia UE tendría una calificación crediticia equivalente a los mejores bonos soberanos del mundo.⁴¹ Potencialmente, afirmaba con entusiasmo Crédit Agricole, los europeos estaban a punto de crear un «nuevo grupo masivo de bonos de alta calidad, denominados en euros [...], que los inversores extranjeros podrían utilizar para diversificar sus carteras y alejarse de los bonos del Tesoro (de Estados Unidos) y del dólar». Esto era lo que opinaban explícitamente los gestores de los grandes fondos financieros globales. Lejos de ser un pasivo peligroso y lamentable, la deuda pública de buena calidad era un combustible indispensable para las finanzas privadas.

El voto de confianza de los mercados era crucial, porque, en términos prácticos, el plan europeo de 2020 no era todavía más que eso, un plan. El gasto en el ámbito de la UE no comenzaría en serio hasta 2021, y eso como muy pronto.⁴² Mientras tanto, los gobiernos nacionales eran los principales responsables de gestionar la respuesta a la crisis maniobrando con los déficits y emitiendo deuda por valor de cientos de miles de millones de euros. El BCE, por su parte, debía comprar activos para garantizar que esos mercados se mantuvieran ajustados, que los precios permanecieran altos y que los tipos de interés siguieran siendo bajos. Y sobre todo, correspondía al BCE garantizar que los rendimientos de Italia no aumentasen. La única posibilidad realista de que Italia se recuperara del incremento de la deuda de 2020 dependía de que el BCE continuara conteniendo la prima de riesgo.⁴³

Un complemento crucial del acuerdo fiscal de julio, por lo tanto, era el entierro de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán y el cierre de filas detrás del BCE. El BCE se negó rotundamente a responder ante el tribunal alemán, el Parlamento alemán o cualquier otro órgano político nacional. Únicamente respondería ante el Tribunal Europeo y el Parlamento Europeo. Sin embargo, no se pondría objeción alguna a que el Bundesbank, como miembro de buena reputación del sistema del euro, solicitara en algún momento documentos relativos a las decisiones sobre tipos de interés, ni tampoco se impediría que compartiera esos documentos con el Parlamento alemán.⁴⁴ Si ello satisfacía al órgano jurisdiccional alemán, que así fuese. Al no tener el estómago para iniciar una guerra abierta, los jueces alemanes estuvieron de acuerdo.⁴⁵ No era tanto una respuesta al desafío, sino más bien una manta mojada arrojada sobre el fuego de un contenedor de basura político.

Mientras tanto, lejos de verse inhibido por el fallo del tribunal, el BCE continuaba innovando, y la compra de deuda pública ya no era su única herramienta. El principal flujo de crédito en la economía europea procede de los bancos. Tras la crisis financiera de 2008, la economía de la eurozona se había visto arrastrada por una implosión en los préstamos mientras los bancos europeos luchaban por corregir sus balances. En la larga batalla para revertir esta contracción, el BCE había introducido el sistema de los llamados «tipos de interés duales».⁴⁶ Con esta medida, de forma consciente o no, estaba siguiendo los pasos del Banco Popular de China en la década de 1990. La idea era sobrealimentar los incentivos para que los bancos prestaran estableciendo los tipos de interés de los depósitos y préstamos de manera independiente entre sí y ampliando la brecha entre ellos. En primer lugar, el BCE pagaba a los bancos intereses sobre los fondos que poseían en el banco central. A continuación, también les pagaba intereses (en forma de tipos negativos) para pedir dinero prestado al BCE, para que los bancos prestasen a su vez a las empresas europeas a través de las llamadas «Operaciones de Financiación a Plazo más Largo» (TLTRO, por sus siglas en inglés). Este sistema había suscitado muchas dudas porque en la práctica equivalía a una subvención para el sistema bancario europeo canalizada a través de las cuentas del BCE.⁴⁷ La principal diferencia era que, en 2020, a diferencia de lo ocurrido en 2008, el flujo de crédito no cesó en ningún momento. La política del BCE no pretendía disciplinar, sino garantizar condiciones favorables de financiación tanto para prestamistas públicos como privados.⁴⁸

Y el BCE no solo continuaba innovando en lo que respecta a los instrumentos políticos, porque, al igual que la Comisión Europea, se había subido al tren verde del medioambiente. En 2019, en sus audiencias de confirmación con el Parlamento Europeo, Lagarde había hecho hincapié en que estaba decidida a plantear la cuestión de la responsabilidad del BCE con respecto al cambio climático.⁴⁹ Cuando la Comisión comenzó a esbozar los planes de gasto para la UE Nueva Generación, Lagarde inició una ronda de conversaciones con grupos de la sociedad civil pidiendo que la compra de bonos del banco central se inclinara en una dirección más ecológica.⁵⁰ No se trataba únicamente de apoyar la política fiscal general de los gobiernos o de aprobar nuevas calificaciones de «bonos verdes». Figuras clave de la cúpula del BCE indicaron que tampoco veían ninguna razón por la que el banco tuviera que mantener la «neutralidad» en sus compras, por ejemplo, de los bonos de las petroleras europeas, cuando estaba claro que el mercado financiero aún no estaba incluyendo en sus precios el riesgo de catástrofe climática.⁵¹ El asunto estaba lejos de resolverse, pero el hecho de que la idea pudiera plantearse siquiera sugería lo lejos que había llegado el BCE. Los banqueros centrales estaban renegando de su pasado.

Fueron muchos los que temieron que la crisis del coronavirus distrajera a Europa de su agenda medioambiental, pero finalmente no fue así.⁵² Si la etiología del virus no era ya lo bastante sombría, las noticias de 2020 traían un flujo constante de desastres naturales. Al parecer, las conmociones del Antropoceno no siempre suceden en una secuencia ordenada y espaciada en el tiempo, y en 2020 llegaron todas a la vez.⁵³ En el golfo de Bengala, el ciclón Amphan fue el más fuerte jamás registrado. Gigantescos tifones golpearon Filipinas. Inundaciones repentinas sumergieron gran parte de Yakarta. En el Caribe, la implacable temporada de huracanes agotó todas las letras del abecedario latino, y al huracán Eta se le tuvo que dar un nombre griego. Los colosales glaciares de la Antártida se estaban desmoronando. En Siberia, el permafrost se estaba descongelando. África Oriental se enfrentó a una gigantesca invasión de langostas, y una sucesión de terribles incendios forestales consumió millones de hectáreas de arbustos y bosques.⁵⁴ California sufrió apagones mientras los aires acondicionados luchaban por aliviar un verano sofocante, y pese a que los bosques se estaban quemando, las cuadrillas de reclusos a las que normalmente recurre el «estado del Sol» para combatir sus incendios estaban en cuarentena por el confinamiento de la COVID.⁵⁵

De hecho, Europa se salvó de la mayoría de estos golpes, pero las encuestas de opinión mostraban que la gente estaba percibiendo el coronavirus como una señal de que los llamados «riesgos de cola» —es decir, aquellos riesgos de muy baja probabilidad, pero de alto poder destructivo en caso de materialización— debían ser tomados muy en serio.⁵⁶ El año 2020 estaba inicialmente previsto como un año de acción climática. La fecha clave debía haber sido la COP26 de Glasgow en noviembre.⁵⁷ Cinco años después del Acuerdo de París sobre el Clima de 2015, era el momento de actualizar los compromisos adquiridos a escala nacional sobre la reducción de las emisiones de carbono. Para que Europa mantuviera su credibilidad como líder en el ámbito climático, tenía que mejorar la reducción del 40 % para 2030 que había prometido en 2015.

Aunque la COP26 acabaría posponiéndose, las negociaciones y la planificación continuaron. El 2 de marzo, justo antes de las paralizaciones en toda Europa, la Comisión había publicado un proyecto de ley sobre el clima que obligaba a Europa a alcanzar la neutralidad del carbono para 2050.⁵⁸ Esta medida recibió el apoyo entusiasta de la mayoría de los miembros de la UE, pero los antiguos estados comunistas de Europa oriental, muy dependientes del carbón, estaban mucho menos entusiasmados con la agenda climática. Para suavizar sus objeciones, se destinaron 17.500 millones de euros del paquete de recuperación de julio para un fondo de transición con el que compensar a los mineros polacos.⁵⁹

Mientras tanto, Europa buscaba aliados para la política climática en el extranjero. El presidente Trump había declarado que Estados Unidos saldría del acuerdo de París el 4 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales de su país. Para el verano, las relaciones europeas con el gobierno estadounidense eran tan tóxicas que Merkel rechazó la invitación de Trump para una reunión del G7 en Washington.⁶⁰ Tal vez las elecciones estadounidenses traerían un nuevo comienzo en la Casa Blanca, pero, tras la presidencia de Trump, nada podría darse por sentado. La clave parecía estar en Pekín, no en Washington.

En 2020, China era responsable de más emisiones de dióxido de carbono que la UE y Estados Unidos juntos, pero también era el líder mundial en energía solar y eólica, vehículos eléctricos y trenes de alta velocidad. De hecho, desde principios de la década de 2000, los avances de Alemania y de China en todas estas áreas habían sido complementarios. Por un lado, los paneles solares que comenzaron a poblar los tejados de los edificios alemanes eran casi todos chinos. Y por otro, los principales fabricantes de automóviles de Alemania estaban desarrollando sus nuevos modelos eléctricos en y para China. Volkswagen, por ejemplo, había invertido por sí sola 17.500 millones de dólares en sus fábricas de vehículos eléctricos en China.⁶¹ ¿Podría un gesto audaz de Europa persuadir a Pekín a ir más allá? En París, en 2015, China había aceptado la necesidad de que todos los países, no solo las economías avanzadas, propusieran planes de reducción de emisiones. ¿Aceptaría Xi Jinping comprometerse a establecer un máximo para las emisiones de China y a fijar una fecha para la que lograr la neutralidad del carbono?

En septiembre, antes de la reunión de la COP26 en Glasgow, estaba prevista una cumbre chino-europea. Alemania ocupaba la presidencia del Consejo Europeo, y Merkel apoyaba con decisión los esfuerzos de la Comisión para lograr un gran acuerdo con China. Finalmente, dada la situación, se optó por posponer la cumbre, pero las conversaciones siguieron adelante. El 23 de julio, como señal de su compromiso, la Comisión inició una consulta pública sobre la introducción de ajustes en las fronteras del carbono.⁶² Se fijó el año 2023 como una posible fecha de inicio. En cuanto a las emisiones procedentes de la industria y la generación de electricidad, Europa había estado operando durante los últimos quince años con un sistema de comercio de derechos de emisión. Como cualquier otra forma de pseudodinero, el valor de los derechos de emisión dependía del compromiso creíble de mantener una escasez de oferta de certificados en relación con la demanda. En ese sentido, la evolución de Europa fue, por decirlo suavemente, poco fluida, pero en 2020, tras muchos inicios falsos, el precio de emisión de una tonelada de carbono aumentaba a 30 euros, y ya se anunciaban nuevos aumentos.⁶³ Esta medida dejaría fuera del negocio a las centrales eléctricas más contaminantes de Europa, aunque también ejercía presión sobre los costes de lo que quedaba de la industria manufacturera europea. Para compensar esa desventaja, era esencial imponer un impuesto sobre las fronteras de carbono a las importaciones fabricadas con energía más contaminante en el extranjero. Dado que Europa era el principal mercado de exportación de China, y dada la fuerte dependencia de China de la electricidad generada mediante el carbón, esta era una perspectiva inquietante para Pekín. Siguiendo el ejemplo europeo, China estaba en proceso de lanzar su propio sistema de fijación de precios de emisiones de carbono.⁶⁴ Lo que querían los europeos era un compromiso de Pekín sobre la reducción de las emisiones, con la idea de constituir así un club climático liderado por los emisores número 1 y número 3 del mundo.⁶⁵ ¿Mordería Pekín el anzuelo?

Capítulo 10

EL IMPULSO CHINO

A los europeos les habría encantado organizar una cumbre histórica sobre el clima con Xi Jinping, como la que Obama había organizado en la Casa Blanca en septiembre de 2015,¹ pero 2020 obligó a poner freno al estilo diplomático, incluso para el evento más importante del año, la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Cada líder tuvo que dirigirse al mundo desde su propia pantalla de vídeo. El 22 de septiembre fue el turno de Estados Unidos y China. El presidente Trump interpretó su papel habitual como nacionalista y narcisista en jefe, jactándose de los logros de su administración en la lucha contra «el virus de China».² Menos de una hora más tarde, fue el turno de Xi Jinping. En marcado contraste con Trump, el discurso de Xi mostró un sentido histórico del momento. En el 75 aniversario de la segunda guerra mundial, Xi invocó las «contribuciones de China para ganar la Guerra Mundial Antifascista». Tras criticar el chovinismo de Trump, Xi hizo hincapié en la necesidad de una lucha humana común contra la COVID. En palabras de Xi, dividir el mundo en bloques, «enterrando la cabeza en la arena como un avestruz frente a la globalización económica, o tratando de combatirla con la lanza de don Quijote, va en contra de la tendencia de la historia. Que esto quede claro». Y a continuación declaró: «El mundo nunca volverá al aislamiento entre países, y nadie puede cortar los lazos que unen a estos países». Subiendo aún más la apuesta, continuó: «La COVID-19 nos recuerda que la humanidad debe iniciar una revolución verde y avanzar más rápido para crear una forma ecológica de desarrollo y de vida». El Acuerdo climático de París había establecido «el rumbo para que el mundo haga la transición hacia un desarrollo verde y con bajas emisiones de carbono». Acto seguido, Xi dejó caer su bomba: «China ampliará sus contribuciones definidas a escala nacional mediante la adopción de políticas y medidas más vigorosas. Nuestro objetivo es alcanzar nuestro pico máximo de emisiones de CO₂ antes de 2030 y lograr la neutralidad del carbono antes de 2060».³

China, la mayor economía basada en combustibles fósiles jamás vista en el mundo, se estaba comprometiendo a poner fin a su participación en la era del carbono en cuarenta años. Entre bambalinas, este gran paso había sido preparado por un equipo de científicos climáticos de la universidad de élite de Tsinghua, dirigido por el veterano negociador climático Xie Zhenhua. Pekín había ido dejando pistas sobre sus intenciones en conversaciones con la UE durante el verano, pero el anuncio de Xi el 22 de septiembre fue una desconcertante sorpresa. El mundo se quedó algo desorientado. Los defensores de la política climática, tanto en Europa como los que preparaban la campaña de Biden en Estados Unidos, siempre habían dado por sentado que tendrían que negociar con China con audaces movimientos sobre el tablero, pero ahora resultaba que Pekín se estaba adelantando y superando todo aquello que los emisores occidentales estaban en condiciones de ofrecer.⁴

Con ello, China abría la puerta a un impulso verdaderamente global para la reducción de las emisiones de carbono, y lo hacía de forma unilateral. La reacción inicial fue de escepticismo.⁵ Pronunciadas desde una tribuna adornada con la parafernalia del Partido Comunista Chino, los occidentales consideraron que las palabras de Xi no podían ser tomadas en serio. Probablemente eran un truco publicitario, una finta para distraer la atención del deterioro de las relaciones de China con el resto del mundo.⁶ Sin embargo, por más que lo intentasen, al final los observadores extranjeros no podían negar la importancia del anuncio de Xi. Por primera vez en treinta años de negociaciones climáticas, el principal emisor del mundo se comprometía a tomar medidas verdaderamente radicales.⁷ En cuestión de semanas, Corea del Sur y Japón ya habían seguido el ejemplo de China, comprometiéndose a la neutralidad del carbono en 2050.⁸

Esta fue una de las ambigüedades características de 2020: China daba un paso para establecer el orden del día, y en cambio, en gran parte de Asia y Europa, el público reaccionaba con escepticismo, o directamente con una absoluta hostilidad. La creciente asertividad de Pekín resultaba inquietante, y su despiadada represión de cualquier forma de disidencia hacía saltar todas las alarmas. En 2020, la administración Trump iba a liderar un impulso contra China que equivalía a un resurgimiento de la guerra fría, pero no era un asunto solo de Estados Unidos. Según las encuestas, el estado de ánimo de la opinión pública en el resto del mundo era más contrario a China incluso que en Estados Unidos. En Australia, la opinión negativa contra China aumentó del 57 % en 2019 al 81 % en 2020, mientras que en Estados Unidos alcanzaba el 73 %. En el Reino Unido, la hostilidad pasó del 55 al 75 %, y en Alemania, del 56 al 71 %.⁹ Sin embargo, por desconfiada que fuera la gente, y por agresiva que fuese la política estadounidense, existía una poderosa fuerza compensatoria: China no estaba sufriendo la crisis y la dislocación que estaban afectando al resto del mundo.¹⁰ Todos los pronósticos de que el coronavirus sacudiría la legitimidad del gobierno del PCC se habían revelado erróneos, pues la economía china se estaba recuperando con gran rapidez. Una previsión publicada por la OCDE hacia finales de 2020 resultaba muy elocuente en este sentido, pues sostenía que, en el último trimestre de 2021, la recuperación de la República Popular China habría abierto una enorme brecha con todas las demás economías importantes del mundo. Ese crecimiento económico ejercía una atracción magnética sobre intereses poderosos en todo Occidente. En todo el mundo, las manufacturas y las aplicaciones de software procedentes de China formaban parte de la vida cotidiana. En muchos lugares, el dinero y la tecnología chinos estaban remodelando las infraestructuras de la energía, la comunicación y el transporte. En un toma y daca, China y el resto del mundo se repelían y se atraían mutuamente.

A comienzos de 2020, el símbolo de la brecha entre China y el resto del mundo era la mascarilla. Durante un breve período, este artículo aparentemente mundano se convirtió en el producto más solicitado. Personas de todo el mundo hicieron un curso intensivo de ingeniería textil y de termoplásticos para entender qué hacía que las máscaras N95 fueran tan especiales.¹¹

Antes de la crisis, en China se fabricaban la mitad de las mascarillas de todo el mundo. Tras el brote de Wuhan en enero, la primera reacción china fue acaparar la mayor cantidad posible de su producción nacional, y luego comprar toda la oferta mundial disponible. En un solo día, el 30 de enero, los agentes de compras chinos lograron importar 20 millones de mascarillas, lo cual constituía una cifra considerable, pero estaba lejos de ser suficiente para una población de 1.400 millones de habitantes. Al mismo tiempo, China aumentaba su propia producción, de 10 millones de mascarillas por día a 115 millones a finales de febrero, aunque todavía muy lejos de poder ofrecer a sus ciudadanos una cantidad suficiente.¹² Y a medida que se extendía la pandemia, ni siquiera ese enorme aumento de la producción era suficiente para satisfacer la demanda mundial. Las mascarillas N95 continuaban teniendo una oferta desesperadamente insuficiente. Los precios al productor de las exportaciones se triplicaron incluso a pesar del aumento de la producción.¹³

Figura 9. El futuro visto desde 2020. (Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Diciembre de 2020.)

Lo que permitió a China superar su propia escasez de EPI fue su éxito en el control de la pandemia. Sin duda fue todo un triunfo, pero convertir esto en un éxito de exportaciones se reveló como algo más complicado. Los primeros esfuerzos de China a la hora de aplicar una «diplomacia de mascarilla» salieron realmente mal, sobre todo en Europa. El primer ministro serbio besó la bandera china, y el gobierno húngaro expresó su gratitud a Pekín, al igual que el presidente checo Miloš Zeman, que ya era conocido antes de la pandemia por sus opiniones favorables a Rusia y a China.¹⁴ Esas eran las excepciones. A medida que los proveedores chinos buscaban cada vez más el puro beneficio, los informes de defectos de calidad se iban multiplicando.¹⁵ Los productos defectuosos agravaban el disgusto europeo por el burdo mensaje propagandístico que los acompañaba.¹⁶ En lugar de cálidos sentimientos de solidaridad, el intento de China de ejercer un poder blando desencadenó llamamientos a la autosuficiencia. ¿Qué sentido tenía depender de las importaciones de largo alcance en lo relativo a medicamentos esenciales y suministros hospitalarios básicos? La rabia se canalizó en forma de repatriación de empresas. Japón incluso asignó 2.200 millones de dólares de su paquete de estímulo contra la COVID para alentar a las empresas japonesas a irse de China y regresar a su propio país.¹⁷

La pandemia hacía que la autosuficiencia resultase atractiva; sin embargo, como señalaron los defensores del libre comercio, el debate sobre la oferta mundial de EPI se basaba, en gran parte, en premisas falsas. China estaba lejos de monopolizar la producción mundial,¹⁸ y la idea de una repatriación empresarial integral a causa de la COVID también era ilusoria.¹⁹ Lo que hacía que China fuese un destino atractivo para la fabricación moderna no eran solo los bajos costes, sino también las sofisticadas redes de proveedores y sistemas logísticos, ventajas que no iban a evaporarse de la noche a la mañana a causa de algunas mascarillas de baja calidad o de unos cuantos test defectuosos.²⁰

Tampoco se debe generalizar a partir de la reacción alérgica de Occidente. En el mes de marzo, Rusia recibía con los brazos abiertos 23 millones de mascarillas.²¹ En Pakistán, tanto la ayuda médica como la inversión china también fueron recibidas con entusiasmo.²² Etiopía se enorgullecía de su papel en el transporte aéreo de EPI fabricados en China.²³ América Latina, donde la epidemia se estaba desbocando, necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener. Entre marzo y junio, 128 millones de dólares en ayuda fluyeron de varias agencias chinas a América Latina. No era mucho, pero era más de lo que Estados Unidos estaba ofreciendo, y la ayuda china no incluía lotes de prescripciones del remedio de curandero favorito del presidente Trump, la hidroxicloroquina. La mayor parte de la ayuda China era destinada al desastroso régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero Brasil y Chile también recibían donaciones sustanciales, aunque algunos estados brasileños tuvieran que actuar a espaldas del gobierno nacional de Bolsonaro. Más importante que las subvenciones y la ayuda, en cualquier caso, era la capacidad de China para enviar grandes cantidades de equipos médicos, respiradores y equipos para realizar test. Y la asociación era rentable para China también en otros sentidos. Los países latinoamericanos serían aliados del programa de desarrollo de vacunas de la República Popular China.²⁴

La política global del virus ponía de manifiesto que la «conmoción de China» no tenía un significado unívoco, sino que dependía de dónde estuvieras en el mundo. Para Europa y Estados Unidos, China era un inoportuno competidor. Para otras partes del mundo, el crecimiento de China podía ser desalentador, pero también ofrecía oportunidades espectaculares. En 2019, Brasil había exportado el doble a China que a Estados Unidos.²⁵ Y para las economías costeras del Pacífico, como Perú y Chile, China era aún más importante.

En la propia China, el contraste entre el rápido restablecimiento del control por parte de Pekín y los desbarajustes que se iban produciendo en el resto del mundo permitía que la propaganda fuera más efectiva. En lugar de verse obligados a retirarse, Xi y su camarilla dentro del PCC consolidaron su dominio.²⁶ Cuando las «dos sesiones» finalmente se convocaron el 21 de mayo, Xi se mostró categórico: había llegado el momento de dar un paso adelante en una de las áreas más sensibles de la política interna de China: Hong Kong.

Desde 1997, cuando China recuperó el control del territorio que hasta entonces había estado bajo dominio británico, la llamada Ley Básica había garantizado para Hong Kong un modo de vida conocido como «un país, dos sistemas», que se suponía que debía durar hasta 2047. Bajo este acuerdo, Hong Kong no era una democracia convencional, o al menos no más de lo que lo había sido bajo el gobierno británico. La mitad de los escaños existentes en su Consejo Legislativo estaban reservados para grupos funcionales, como organizaciones empresariales, elegidos en líneas corporativistas. Sin embargo, Hong Kong toleraba la disidencia y la libertad de expresión, y la policía y el poder judicial operaban con un alto grado de independencia. Con respecto a los medios de comunicación y los viajes, la ciudad servía como una interfaz relativamente libre entre China y Occidente, y aún más importante era su papel en las finanzas globales.

Después de Nueva York y Londres, Hong Kong era el tercer centro financiero más importante del mundo. En 2019, Hong Kong competía con el Nasdaq y con la Bolsa de Nueva York por el lanzamiento de las mayores ofertas públicas de nuevas acciones,²⁷ y llegó a ser el tercer centro de negociación en dólares más grande del mundo, con 163 bancos y 2.135 gestores de activos.²⁸ El crecimiento de la ciudad, sin embargo, era muy desequilibrado. En las décadas de 1970 y 1980, Hong Kong había sido tanto un centro de fabricación como un centro financiero. La apertura del delta del río Pearl, a las puertas de Hong Kong, había sometido a la industria ligera de la ciudad a una feroz presión competitiva. El aumento de los precios inmobiliarios, impulsados al alza por los compradores de China continental y del extranjero, se sumaba a un coste de vida que dejó al 20 % de la población por debajo del umbral oficial de pobreza.²⁹

El descontento político y social dio lugar a una oleada de sentimiento anticontinental que acabó estallando en protestas públicas, primero en la Revolución de los Paraguas de 2014, y luego en una segunda ola de manifestaciones en 2019.³⁰ Pekín no quería una masacre al estilo de Tiananmen en Hong Kong, pero el reloj avanzaba hacia las elecciones al Consejo Legislativo, que iban a producirse en septiembre de 2020, y Pekín no estaba dispuesto a tolerar una demostración de fuerza por parte de la oposición. Si el coronavirus no hubiera hecho su aparición, es probable que China hubiera anunciado nuevas medidas a principios de 2020. En mayo, cuando finalmente se convocaron las dos sesiones en Pekín, ya era hora de actuar. El 30 de junio, China promulgó una nueva Ley de Seguridad Nacional que convertía la disidencia en un delito. En julio, el gobierno local prohibió que 12 políticos, incluidos cuatro miembros del Consejo Legislativo, se presentaran a las elecciones. Poco después, con la firme aprobación de Pekín, las elecciones fueron pospuestas por un año.³¹ La pandemia era la excusa para aplicar mano dura.

Se trataba de un repudio unilateral e indisimulado de la premisa «Un país, dos sistemas». Y en el verano de 2020, este rechazo ofreció a la administración Trump una muy esperada ocasión para iniciar un enfrentamiento con China. El 14 de julio, Washington anunció sanciones contra todos los involucrados en la «extinción de la libertad de Hong Kong», así como contra las empresas financieras que hacían negocios con ellos. Desde ese momento, Hong Kong ya no sería tratada como una entidad económica distinta del continente asiático.³² La UE, por su parte, emitió una tibia declaración expresando «graves preocupaciones». Alemania suspendió su tratado de extradición con China, pero los europeos no eran capaces de ponerse de acuerdo sobre una acción común.³³ Lo mejor que podía hacer el Reino Unido era liberalizar el acceso a los pasaportes británicos para los hongkoneses deseosos de emigrar.

La ciudad en sí estaba tranquila. Ante la fuerza abrumadora que Pekín era capaz de desplegar, muchos opositores se mostraban fatalistas. Dado que cualquier esperanza de democratización era ilusoria, seguir participando en el Consejo Legislativo solo serviría para legitimar lo que en realidad era un parlamento títere.³⁴ A finales de año, los activistas que no estaban ya en el exilio estaban siendo juzgados. En enero de 2021, se inició otra ronda de detenciones masivas de miembros activos de la oposición y sus partidarios. Aunque esta represión contaba con un apoyo abrumador de la China continental, muchos hongkoneses poderosos también se sentían aliviados al ver que los activistas por la democracia se iban retirando. Los intereses locales no solo eran intimidados, sino directamente comprados.

La economía de Hong Kong necesitaba ayuda. Tanto las protestas de 2019 como posteriormente el coronavirus habían asestado un duro golpe a la confianza. Hasta septiembre de 2020, el PIB de Hong Kong se contrajo durante cinco trimestres consecutivos. A la cúpula de poder le agradaba la promesa de estabilidad de Pekín. El 30 de junio, tras la promulgación de la Ley de Seguridad, el índice Hang Seng comenzó a subir y el mercado de valores alcanzó un nivel de actividad nunca visto.³⁵ Las enormes ofertas públicas de acciones de empresas chinas continentales resultaban muy atractivas.³⁶ Si bien los precios de las acciones de Hong Kong estaban siendo golpeados por la incertidumbre política, los inversores chinos continentales olfateaban la llegada de una oportunidad para «comprar la caída».³⁷

Los bancos occidentales y los bufetes de abogados con profundas raíces en Hong Kong también siguieron la corriente. Las casas financieras Swire, Jardine Matheson, Standard Chartered y HSBC manifestaban públicamente su apoyo a la nueva ley de seguridad,³⁸ y lo hacían a pesar de las objeciones tanto de Londres como, lo que es más importante, de muchos de sus empleados locales de Hong Kong. La lógica era simple: no podían discutir con Pekín. El continente estaba donde estaba el mercado, y ni Pekín ni el personal chino continental que cada vez estaba más presente en los bancos de la región tolerarían nada que oliese a «separatismo» en Hong Kong.

El 7 de noviembre de 2020, en lugar de ofrecer su informe habitual al Consejo Legislativo, Carrie Lam —directora ejecutiva de Hong Kong— y su gabinete viajaron a Pekín para reunirse con el vice primer ministro Han Zheng y solicitar ayuda económica. Hong Kong necesitaba ayuda con los test para controlar el virus y quería garantías sobre el futuro papel de la ciudad como centro financiero y turístico.³⁹ La visión de Pekín iba mucho más allá de eso: su objetivo era fusionar la provincia de Guangdong, Hong Kong y Macao en una gigantesca potencia económica conocida como el Área Metropolitana de la Bahía. En 2017, cuando se planteó la idea, toda esa zona tenía una población de 71 millones de habitantes y un PIB de 1,6 billones de dólares,⁴⁰ lo que la convertía en la duodécima economía más grande del mundo, al nivel de Corea del Sur. Puesto que el 37 % de las exportaciones de China correspondían a esa zona, las perspectivas futuras del Área Metropolitana de la Bahía eran espectaculares. Los recuerdos de la autonomía de Hong Kong iban a quedar ahogados en el dinero que se obtendría del que podría considerarse como el Silicon Valley asiático.

El Área Metropolitana de la Bahía era un claro ejemplo de la visión del capitalismo estatal simplificado que Xi y su equipo habían estado impulsando desde 2013.⁴¹ La motivación central de este proyecto era política, ya que para el PCC suponía asegurar un fuerte control sobre la economía más dinámica del mundo. En toda China se estaban creando comités dirigidos por partidos en varias empresas tecnológicas y elegantes condominios privados, y la incorporación de Hong Kong era una parte de este proceso. También lo era la humillación de los magnates chinos, ya fuese en Hong Kong o en el continente. Ni siquiera estrellas globales como Jack Ma eran inmunes, como descubriría en noviembre de 2020 cuando la salida a Bolsa de Ant Financial se detuvo en seco y el propio Ma desapareció de la vista pública. No habría más «expansión de capital sin orden».

El proyecto más amplio iba más allá del control político directo: era un esfuerzo por domar el crecimiento desenfrenado de China. En este sentido, eran cruciales la regulación financiera y la política monetaria para frenar el exceso de crédito, ya que no podía repetirse la situación de cuasicrisis financiera de 2015. Se trataba de una afirmación formidable del control del Partido Comunista, pero iba acompañada de una visión de crecimiento económico y prosperidad integral tan grande que estaba alterando no solo la sociedad china, sino el equilibrio del mundo entero. En 2019, China había logrado el 27 % del crecimiento económico mundial global,⁴² lo que le permitió superar a Estados Unidos para convertirse en el mercado de consumo más grande del mundo.⁴³ En 2020, era la única economía importante del mundo que seguía creciendo. Era una fuerza imparable.

Desde la década de 1990, los intereses financieros estadounidenses habían liderado la guerra contra China, y la represión en Hong Kong en 2020 no supuso un freno en este sentido. De hecho, la gran esperanza de Wall Street era poder atravesar la playa de Hong Kong, definida por el mantra «un país, dos sistemas», para tener acceso al vasto mercado de la China continental. Nadie fue más explícito al respecto que Ray Dalio, el legendario fundador de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo, que gestionaba activos valorados en 160.000 millones de dólares: «Esto no es el comunismo de tu abuelo», dijo a los televidentes de Fox Business News desde Davos en enero de 2020, «esto es el capitalismo al estilo chino, no al estadounidense». A principios de año, Dalio estaba preocupado por el estado de ánimo en Estados Unidos. Bernie Sanders y Elizabeth Warren, que estaban pisando fuerte en las primarias demócratas, estaban creando un creciente estado de ánimo «anticapitalista».⁴⁴ Y lo que preocupaba a Dalio no eran solo las tendencias socialistas de Estados Unidos, sino la Reserva Federal. Entre las grandes fortunas estadounidenses, Dalio es conocido por su gran interés por la historia. Después de estudiar el auge y declive de los imperios financieros en los últimos 500 años, Dalio estaba convencido de que un cambio esencial estaba ya en marcha. Estados Unidos, advertía, estaba «creando mucha deuda e imprimiendo mucho dinero, lo que históricamente suele ser una amenaza para las reservas de divisas […]. Los fundamentos están socavando el dólar estadounidense». La conclusión era ineludible: el futuro pertenecía a China. Como Dalio comentaría un poco a la defensiva, «la gente me ha acusado de ser sesgado, ingenuo y, en algunos casos, antipatriótico. Creo que solo estoy siendo objetivo».⁴⁵

Por si el jefe de Bridgewater no había sido ya lo bastante explícito, Karen Karniol-Tambour, la precoz jefa de investigación de inversiones de la firma, desarrollaría aún más el argumento en una entrevista que dio a finales de año a la revista Barron, la publicación semanal predilecta de inversores minoristas y asesores financieros de todo Estados Unidos. En su opinión, China era «el ecosistema más competente y competitivo al que se ha enfrentado Estados Unidos desde la segunda guerra mundial». Sin embargo, su responsabilidad no consistía en atraer el dinero estadounidense en torno a su bandera, sino todo lo contrario. Dicho con sus propias palabras: «A diferencia de lo sucedido durante la Guerra Fría con la Unión Soviética», en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China «los inversores de ambas partes pueden participar en los beneficios». Por supuesto, se podía adoptar la postura patriótica y decir: «Estoy seguro de que Estados Unidos va a quedar por encima pase lo que pase. La tecnología estadounidense será mejor, y es ahí donde está el crecimiento». No obstante, un inversor racional, estadounidense o no, también podía preguntarse: «¿Por qué asumir ese riesgo? Prefiero diversificar».⁴⁶ No hacía falta decir qué estrategia había escogido Bridgewater.

Si esta idea procediese de alguno de los defensores del capitalismo de Estados Unidos podría considerarse extravagante, pero Bridgewater solo sorprendía por la franqueza con la que expresaba sus puntos de vista. Aunque no lo divulgaban a bombo y platillo, 2020 era un año muy importante para los inversores más importantes de Wall Street en China.⁴⁷ JPMorgan estaba deseando tomar el control total del negocio de los futuros en los mercados chinos. Goldman Sachs y Morgan Stanley habían adquirido mayorías en sus empresas de valores chinas. A Citigroup Inc. se le concedió una codiciada licencia para actuar como un custodio seguro de valores. En agosto, BlackRock recibió el premio definitivo: una licencia independiente y de propiedad total de fondos de inversión que le permitiría competir por el derecho a administrar los 27 billones de dólares en activos financieros en propiedad de los hogares chinos.⁴⁸

El señuelo principal era el crecimiento de la riqueza de China, pero, como había señalado Dalio, también había otros factores de empuje. Las enormes intervenciones de los bancos centrales occidentales en la primavera de 2020 eran sin duda necesarias para estabilizar los mercados, aunque su principal efecto secundario negativo fue que aplastaron los rendimientos. Incluso con una guerra fría en el aire, el refugio seguro mejor remunerado para el capital era la deuda soberana china. Al ofrecer rendimientos atractivos, varios puntos porcentuales por encima de los disponibles en Occidente, China era la nueva «capital de las divisas del mundo».⁴⁹ A finales del verano de 2020, la participación de los inversores extranjeros en deuda pública china había aumentado hasta casi un 10 %,⁵⁰ una atracción que se intensificó por la fortaleza de la moneda china. Las preocupaciones sobre los «derechos de propiedad» y los «valores occidentales» no influían en esa decisión de inversión. Lo inquietante no era que el PCC enseñase sus colmillos comunistas, sino que pudiera convertirse en otra Reserva Federal y adoptar medidas de expansión cuantitativa al estilo occidental.⁵¹

La idea no era tan descabellada. El 22 de mayo, a tiempo para las «dos reuniones», el Ministerio de Finanzas de China anunció que el esfuerzo fiscal combinado del gobierno central y provincial daría lugar a la emisión de 8,5 billones de yuanes (1,2 billones de dólares) en nuevos bonos en 2020, casi el doble que en 2019. Al igual que en Occidente, la pregunta era cómo se podía emitir deuda en torno al 8 % del PIB sin subir los tipos de interés y, por lo tanto, exprimir el endeudamiento privado. A finales de abril, Liu Shangxi, jefe de un comité de expertos vinculado al Ministerio de Finanzas, propuso que China siguiera el ejemplo de los japoneses, los europeos y los estadounidenses, y dejara que el Banco Popular de China financiara el gasto introduciendo nuevos bonos del gobierno en su balance, lo que en la práctica suponía una monetización directa del déficit. Era una sugerencia audaz si se tiene en cuenta que, en China, el recuerdo de la inflación data de fechas tan recientes como la década de 1990.⁵²

Para alivio de los inversores hambrientos de réditos, la idea de Liu encontró pocos apoyos. Exmiembros del comité monetario del Banco de China, de forma similar a como lo habían hecho los banqueros centrales alemanes, advertían que la expansión cuantitativa socavaría la confianza en el yuan. Otros advertían que la inflación aparecería tarde o temprano, si no en los precios al consumidor, al menos en los mercados de activos. Lou Jiwei, un exministro de Finanzas, señaló que la compra directa de bonos gubernamentales recién emitidos violaría la legislación china sobre bancos centrales. Puede parecer extraño invocar legalidades en un Estado unipartidista, pero esa era precisamente la cuestión. «La monetización del déficit borraría la “última línea de defensa” en la gestión de las finanzas públicas», advirtió Lou.

Los conservadores monetarios chinos tomaron las riendas. El 22 de mayo, en sus declaraciones ante el Congreso Nacional del Pueblo, el primer ministro Li Keqiang insistió en que, a pesar del enorme aumento del nuevo endeudamiento, China encontraría la manera de mantener bajos los tipos de interés, pero no hizo ninguna mención al Banco de China. La liquidez adicional se suministraría reduciendo las reservas exigidas a los bancos privados.⁵³ Mientras tanto, la deuda pública de China seguiría ofreciendo una atractiva prima de riesgo sobre sus homólogos de Occidente.⁵⁴ Lo que no se dijo fue que la política monetaria de China estaba condicionada principalmente por su objetivo de tipo de cambio. El yuan estaba apreciándose frente al dólar, pero permanecía estable frente a la cesta más amplia de divisas contra la que ahora estaba vinculado. Con las exportaciones en rápida recuperación, era un equilibrio fácil de alcanzar.

Tal como señalaron con cierto resentimiento los diplomáticos europeos en Pekín, la preocupación por la banca y las finanzas de Hong Kong era una cuestión angloamericana.⁵⁵ Para Alemania, China era ante todo su mayor socio comercial, y lo había sido desde 2016. Para la industria automovilística alemana, concretamente, la veloz recuperación de la pandemia en China era un salvavidas. En 2020, China salvó por sí sola los resultados tanto de Daimler como de BMW. Lo que el director ejecutivo de Daimler elogió como una «notable» recuperación en forma de V permitió un incremento de sus ventas del 24 % interanual,⁵⁶ beneficios que resultaron vitales en un momento en que la industria europea se enfrentaba a los enormes costes de la transición hacia los vehículos eléctricos. En 2020, después de la cancelación de las ferias de automóviles de Ginebra y Detroit, Pekín fue sede de la única gran exposición de automóviles del año.⁵⁷ Todos los principales fabricantes optaron por mostrar sus nuevos modelos eléctricos. Los consumidores más jóvenes y menos tradicionalistas de China, y su ecosistema de fabricantes de baterías y de plataformas eléctricas, serían los que darían forma a la nueva generación de la automoción.

Los fabricantes de productos básicos dependían de China aún en mayor medida, pues el país asiático es, con diferencia, el mayor comprador de mineral de hierro y carbón comercializados internacionalmente, la mayor fuente de crecimiento del mercado del petróleo, y no solo el mayor comprador, sino también el mayor creador de mercado.

La montaña rusa de los precios del petróleo fue uno de los grandes dramas de 2020. En abril, los precios de los futuros del petróleo en Estados Unidos se habían hundido en territorio negativo. Entre los más perjudicados se encontraban los inversores minoristas chinos que habían invertido sus ahorros en «bonos del Tesoro de crudo», basados en derivados altamente especulativos.⁵⁸ Habrían hecho mejor invirtiendo en los mercados petroleros de su propio país. En 2018, Shanghái había introducido un nuevo contrato de futuros de petróleo denominado en yuanes. Con una amplia capacidad de almacenamiento disponible, resultaba mucho más resistente frente al coronavirus que el precio del mismo contrato en dólares, ya que los precios nunca cayeron por debajo de los 30 dólares por barril.⁵⁹ Ansiosos por aprovechar los precios chinos más robustos, los buques cisterna eran desviados en masa hacia los puertos chinos, lo que ayudaba a absorber la saturación y a estabilizar los precios. Dadas las perspectivas de crecimiento de China, no había duda de que el petróleo acabaría encontrando un comprador, si no como combustible, sí al menos como materia prima para la floreciente industria del plástico. En el verano de 2020, la Agencia Internacional de la Energía anunció que China superaría a Estados Unidos en un futuro próximo como la refinería más importante de productos petrolíferos del mundo.⁶⁰ Estados Unidos había mantenido ese cetro desde los albores de la era del petróleo en la década de 1850, pero estaba siendo reemplazado por la nueva flota de refinerías petroquímicas chinas. Al aportar la mitad de todo el crecimiento de la industria química global, China era un atractivo irresistible para grandes empresas como BASF, el gigante alemán de la industria química, que en su momento había sido miembro fundador del conglomerado IG Farben. Entre 2003 y 2019, el gasto total de BASF en China ascendió a 27.800 millones de dólares, el 60 % de la inversión global de la compañía. En diciembre de 2019, ante la escalada de la guerra comercial, BASF marcó el rumbo general con su último y mayor proyecto, una planta de 10.000 millones de dólares en Guangdong.⁶¹

Al principio, el espectacular crecimiento económico de China sería aclamado como un triunfo de la economía de mercado y del libre comercio. En 2020, sin embargo, el crecimiento cuantitativo se había inclinado hacia un cambio cualitativo. Cada vez más, las encuestas globales de opinión mostraban que China era considerada como la economía dominante del mundo.⁶² Bajo el gobierno de Xi Jinping, China también había emergido como una superpotencia asertiva, lo cual tenía siniestras consecuencias para Asia. Corea del Sur, Japón, Taiwán y Vietnam contaban con siglos de historia que atestiguaban el peso estratégico de China. Estos países no podían escapar de la fuerza gravitatoria de la gigantesca máquina de crecimiento china, al menos no más que los banqueros estadounidenses, los industriales europeos o los productores árabes de petróleo, pero tenían razones inmediatas para preocuparse por la nueva postura agresiva de China en el Mar de China Meridional y por su actitud intimidatoria hacia socios comerciales más débiles. El reciente poder chino no podía revertirse, pues ello supondría un desastre económico, social y probablemente político. La pregunta era cómo contener, institucionalizar y enmarcar el nuevo equilibrio de poderes.

Una opción habían sido las negociaciones para la Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés), un gigantesco tratado regional de comercio e inversión que excluía a China y que había sido impulsado en su momento por la administración Obama como una «alianza de contención de facto de China».⁶³ Esta asociación contaba con el respaldo de Japón, Canadá, México y varios países latinoamericanos. No obstante, estos pactos suelen conllevar complejas negociaciones. La TPP suscitó no poca polémica en el Congreso de Estados Unidos. En el transcurso de la campaña presidencial de 2016, Hillary Clinton se distanció de un acuerdo que ella misma había ayudado a promover como secretaria de Estado.⁶⁴ Y bajo la administración Trump, la mera idea parecía un imposible. En enero de 2017, en su primer día completo en el cargo, Trump canceló la participación estadounidense, pero Australia y Japón habían invertido demasiado en las negociaciones como para abandonarlo todo por un simple capricho de la Casa Blanca. Por lo tanto, el acuerdo siguió adelante, rebautizado como la Asociación Transpacífica Integral y Progresiva (CPTPP, por sus siglas en inglés). Era una gran agrupación, formada por casi todos los países americanos con costa en el Pacífico desde Canadá hasta Chile, además de Australia y Singapur. Sin embargo, ante la ausencia de Estados Unidos, la CPTPP carecía de un centro económico, lo cual creó un vacío en la política comercial de la zona Asia-Pacífico que China estuvo encantada de ocupar.

En 2013, el primer movimiento de Pekín fue lanzar la idea de un Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, que ayudaría a mejorar las redes de transporte que unían a las economías de la región. A pesar de las objeciones estadounidenses, el banco siguió adelante, y Australia, Corea del Sur e incluso el Reino Unido se unieron a él como miembros.

La mayoría de las principales naciones comerciales asiáticas ya tenían un entramado de acuerdos bilaterales de libre comercio para reducir los aranceles aduaneros, pero, aun contando con las mejores infraestructuras, las mercancías no fluirían si se veían obstaculizadas por regulaciones nacionales contradictorias y barreras no arancelarias. Las cadenas de suministro del tipo «justo a tiempo» ponían seriamente a prueba la velocidad y fiabilidad de las conexiones logísticas. En 2012, la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, había iniciado conversaciones sobre una zona comercial que facilitaría una circulación más eficiente de los bienes semiterminados e intermedios.⁶⁵ China, dado su papel clave en las cadenas de suministro, se encontraba en el corazón de esta visión. Las negociaciones eran intermitentes, pero China subió la apuesta en 2019 al convocar una gran cumbre comercial en Pekín. En el verano de 2020, la Asociación Económica Global Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) estaba ya lista para ser firmada. El domingo 15 de noviembre de 2020, en su presentación oficial, fue aclamada como el mayor acuerdo comercial de la historia. La RCEP, centrada en China, tenía un PIB combinado mayor que la CPTPP de «Contención de China», el rebautizado bloque comercial entre Estados Unidos, Canadá, México, o que la UE.

Desde el punto de vista económico, lo más impresionante eran los nuevos vínculos forjados entre China, Corea del Sur y Japón, que juntos representaban el 80 % del PIB combinado de la RCEP. En términos políticos, lo más llamativo era la inclusión de Australia, ya que, si bien Nueva Zelanda, que también era signataria, mantenía buenas relaciones con Pekín, las relaciones entre Australia y China se estaban deteriorando rápidamente.⁶⁶ Pekín se oponía a la postura asertiva de Australia sobre la injerencia política china, a la exclusión de Huawei de su red de telecomunicaciones y a la cuestión de la responsabilidad por el coronavirus. Barcos cargados de carbón australiano esperaban fuera de los boicoteados puertos chinos. No obstante, Australia no podía permitirse el lujo de excluirse de una asociación como la RCEP. En 2019, un tercio de las exportaciones de Australia se destinaron a China, lo que supuso un gran superávit comercial. Había, por tanto, profundos intereses a favor de continuar la exportación de mineral de hierro y carbón. Tan poderoso era el atractivo de la integración con China que el estado australiano de Victoria llegó a inscribirse como miembro de la Iniciativa One Belt One Road («Una franja, un camino»), en contra de los deseos expresos del gobierno nacional, en Canberra.⁶⁷ Australia ya tenía acuerdos bilaterales de libre comercio con todos los miembros de la RCEP,⁶⁸ y como miembro de dicho grupo, ganó cierta influencia sobre todo el bloque. China había querido que la RCEP se concentrara exclusivamente en el comercio de mercancías, pero, ante la insistencia de Canberra y Tokio, se extendió a la inversión extranjera en sanidad, educación, agua, energía, telecomunicaciones, finanzas y comercio digital, sectores que ofrecían a las economías avanzadas nuevas y lucrativas oportunidades de crecimiento.⁶⁹

La única economía asiática importante que faltaba en la RCEP era la India. Entre 2014 y 2018, la India había sustituido a China en el primer puesto del podio como la economía de crecimiento más rápido del mundo, y se debatía con entusiasmo sobre el nuevo papel de la India como primera potencia asiática.⁷⁰ Subida a esa ola de optimismo, la India había sido parte de las conversaciones originales de la RCEP con la ASEAN, pero finalmente, en noviembre de 2019, había optado por no participar.

La apertura de la economía india a partir de la década de 1990 había beneficiado a los consumidores con una avalancha de importaciones baratas, principalmente procedentes de China, pero el libre comercio tenía pocos amigos en la política india. El compromiso con la política económica nacional se remonta a la independencia del país.⁷¹ El ineficiente sector manufacturero de la India tenía razones para temer la competencia china. Desde 2017, la tasa de crecimiento de la India había sufrido una brusca desaceleración.⁷² Dada su enorme y creciente población, la India no podía permitirse acelerar la tendencia hacia la desindustrialización. Los defensores de la estrategia de «apertura» argumentaban que el país debía centrar sus esfuerzos en la inversión en infraestructuras y en las modificaciones de regulación necesarias para permitir que su amplia y barata fuerza laboral pudiera prosperar ante la competencia global. Aunque el impacto inicial de las crecientes importaciones había sido severo, los crecientes costes salariales de China ofrecían a la India una oportunidad histórica para desplazar a su competidor en los mercados globales. Sin embargo, en lugar de eso, el gobierno de Modi optó por salir de la RCEP y declarar una nueva era de atmanirbhar, es decir, autosuficiencia.⁷³ Como era de prever, los grupos de presión industriales y agrícolas de la India aplaudieron la decisión, agradeciendo la promesa de protección, pero la creciente sensación de aislamiento regional era palpable.

El año 2020 supuso un duro golpe para las pretensiones de la India sobre el liderazgo asiático. La respuesta al coronavirus de Delhi fue un verdadero fracaso. Decenas de millones de personas fueron condenadas a la indigencia. La contracción económica de la India fue una de las peores del mundo. Cuando soldados indios y chinos se enfrentaron en el Himalaya en junio, en el peor episodio de violencia fronteriza desde 1975, la liza no terminó bien para los indios. Murieron decenas de personas, y China terminó controlando más de 1.500 km² de territorio adicional en la disputada región de Ladakh.⁷⁴ Las protestas patrióticas subsiguientes llevaron a un boicot de teléfonos móviles y aplicaciones chinas como TikTok. Sin embargo, la India no podía permitirse una guerra fría. Pese al reciente crecimiento de la India, el presupuesto de defensa de Pekín seguía siendo casi cuatro veces mayor que el de la India, y su economía era seis veces mayor. El peso económico y financiero de China era demasiado grande, y ello se podía sentir en las inmediaciones de la India. Sri Lanka, Pakistán y Bangladesh eran clientes del programa One Belt One Road de China. Esos proyectos tenían sus propios problemas, pero empequeñecían cualquier cosa que la India pudiera ofrecer. Para el otoño de 2020, Delhi se vio ensombrecida por oscuros temores de cerco estratégico.⁷⁵ El hecho de que Washington estuviese impulsando el llamado «Quad» —una alianza militar entre Estados Unidos, Japón, Australia y la India— ofrecía cierto alivio, pero, en ese grupo, la India no era ni de lejos la primera potencia.⁷⁶

Asia no era el único continente que se encontraba a la sombra del crecimiento de la República Popular China. El cambio en el equilibrio de poderes se podía sentir incluso al otro lado del Pacífico. En términos de paridad de poder adquisitivo, pese a un coste de vida muy diferente, la economía de China probablemente había superado a la de Estados Unidos ya en 2013, aunque, en términos de dólares actuales —lo que refleja el poder adquisitivo en los mercados globales—, Estados Unidos todavía estaba considerablemente por delante. Las predicciones auguraban que China no se convertiría en el número uno absoluto hasta mediados de la década de 2030, pero eso cambió con la crisis del coronavirus de 2020. El impacto diferencial de la crisis obligó a los analistas a revisar sus predicciones, y desde comienzos de año se empezó a considerar que China superaría el PIB estadounidense cinco años antes de lo previsto, posiblemente ya en 2028-2029.⁷⁷ Sin duda, cuando llegase la década de 2030, China tendría una posición de dominio en Asia Oriental, con una economía mayor que la de Japón y Estados Unidos juntos. El futuro a largo plazo planteaba desafíos de ajuste aún más abrumadores. Como dijo Larry Summers, el último secretario del Tesoro de la administración Clinton, en 2018: «¿Puede Estados Unidos imaginar un sistema económico global viable en 2050 cuya economía sea la mitad del tamaño de la más grande del mundo? ¿Podría un líder político reconocer esa realidad de tal manera que permita la negociación sobre cómo sería un mundo así? Si bien podría ser inaceptable para Estados Unidos verse superado en lo económico a semejante escala, ¿tiene los medios para impedirlo? ¿Se puede frenar a China sin crear un conflicto?».⁷⁸ Como sugirió Summers, era demasiado fácil para la competencia comercial caer en conflictos geopolíticos. Y lo que estaba en juego difícilmente podía ser más importante.

Al comenzar el año 2020, la administración Trump había mostrado un estado de ánimo relativamente conciliador, celebrando el logro del acuerdo comercial de la Fase I bajo el cual China se comprometía a aumentar sus importaciones de bienes y servicios de Estados Unidos en 200.000 millones de dólares. A diferencia de las sofisticadas negociaciones regulatorias de la RCEP y la CPTPP, la Fase I de Trump era rudimentaria y se basaba en cuotas. Ante todo, era un producto del deseo de Trump de presentarse como el negociador en jefe. Incluso antes de que el coronavirus pusiera la Fase I bajo presión, ya era vista con escepticismo por aquellos que consideraban a China como una amenaza estratégica a largo plazo. Persuadir a China para que comprara más soja estadounidense no ayudaba a abordar ese desafío. A medida que la pandemia golpeaba cada vez más a Estados Unidos, la euforia de la Fase I se iba evaporando, y los ataques a China por parte de la administración a causa del virus se volvían cada vez más vociferantes. De manera algo agorera, desde el punto de vista de Pekín, lo primordial era el establecimiento de políticas de seguridad estadounidense. En mayo de 2020, la Casa Blanca publicó lo que describió como el «Enfoque Estratégico de los Estados Unidos para la República Popular China».⁷⁹ Este informe detallaba la doctrina promulgada en la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017, que había identificado por primera vez la zona del Indo-Pacífico como escenario clave de la competencia entre grandes potencias. El documento de 2020 iba más allá. Todas las áreas del gobierno, así como las empresas y la sociedad civil, se organizarían en respuesta a la amenaza planteada por Pekín. El problema ya no era extraer concesiones en un acuerdo comercial, sino el «ascenso» de una China controlada por el partido comunista.

Esta reevaluación generalizada tenía consecuencias inmediatas para algunas de las empresas más grandes de ambos lados del Pacífico. Firmas estadounidenses como Apple y Boeing tenían enormes intereses en China. Y por el lado chino, el proveedor de telecomunicaciones Huawei se encontraba en el punto de mira de las autoridades estadounidenses.

En 2020, Huawei era el proveedor líder mundial de teléfonos inteligentes con una cuota de mercado del 20 %, por delante tanto de Apple como de Samsung, y también era líder mundial en tecnología de red 5G. Huawei era una empresa privada, pero su fundador también era conocido por su espíritu patriótico. En Occidente, resultaba difícil suponer que Huawei no respondía en última instancia ante el Partido Comunista Chino. Dado que lo que estaba en juego era el control de los datos y las comunicaciones personales, la presencia de Huawei en las redes occidentales de telecomunicaciones suscitó cierta preocupación en lo relativo a la privacidad y al control estratégico de la información. Ya en 2012, la administración Obama había iniciado una investigación sobre Huawei y otra empresa china de telecomunicaciones, ZTE, que acabaría provocando que ambas fueran excluidas de la contratación pública estadounidense, y que ZTE fuese objeto de sanciones específicas. En 2018, la administración Trump llegó a un acuerdo con ZTE, pero aumentó drásticamente su presión sobre Huawei. Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija de su fundador, fue arrestada en Canadá a instancias de las autoridades estadounidenses. La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que desterraba a Huawei de todas las redes estadounidenses, pero puso en suspenso la ejecución de esa orden. En abril de 2020, entró en vigor la prohibición de la compra de equipos Huawei. Luego, en mayo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos elevó drásticamente la presión al exigir una licencia para cualquier persona que utilizase equipos estadounidenses para producir chips destinados a ser vendidos a Huawei. Los principales fabricantes de chips en Asia, la surcoreana Samsung y la taiwanesa TSMC, tendrían que elegir: o accedían a equipos de fabricación estadounidense de última generación, u optaban por sus gigantescos mercados en China.⁸⁰ En septiembre, dando un paso más allá, el Departamento de Comercio amplió las mismas sanciones de Huawei a SMIC, el principal fabricante chino de microchips. Al mismo tiempo, ejercía presión sobre los gobiernos y las empresas europeas para que dejaran de entregar equipos esenciales para fabricar chips a SMIC.⁸¹ Se corría el «inaceptable riesgo», declaró Estados Unidos, de que los equipos encontraran un camino para llegar a manos de las fuerzas armadas chinas.

Estados Unidos estaba apuntando al centro neurálgico de la industria china.⁸² Los chips son un componente omnipresente no solo en la electrónica, sino en casi cualquier aparato eléctrico, desde automóviles hasta naves aeroespaciales, pasando por electrodomésticos y nuevos equipos de transmisión de energía. La ofensiva de política industrial tenía un precio considerable, ya que una cuarta parte de los ingresos totales de la industria estadounidense de semiconductores se obtenía a través de ventas a China.⁸³ Sin embargo, el comercio ya no era la prioridad. Las empresas estadounidenses tendrían que aceptar la pérdida de los mercados chinos. El objetivo primordial era detener el avance de China en esta área clave de la tecnología.

Estados Unidos estaba atacando no solo a Huawei, un estandarte empresarial nacional, sino a todo un pilar de la economía industrial china, por lo que Pekín no tuvo más opción que replantearse su enfoque de la globalización. El nuevo modelo de desarrollo económico que se planteó en las «dos sesiones» de mayo de 2020 fue el de la «doble circulación».⁸⁴ Un circuito sería la economía del comercio internacional, y el otro estaría impulsado por el desarrollo económico nacional de China. La idea era reequilibrar la relación entre ambos y hacer que el segundo fuera independiente del primero. Esto no suponía un abandono general de la globalización, sino un reequilibrio alejado del exceso de dependencia tanto de la demanda extranjera como de los productos importados que podían ser vulnerables a las sanciones estadounidenses.

En 2015, Pekín había lanzado el programa Made in China 2025 para acelerar la progresión de la cadena de valor hacia una fabricación más avanzada. La nueva actitud agresiva de Estados Unidos otorgó a ese programa un impulso adicional. A tiempo para las dos sesiones de mayo, Pekín anunció un gigantesco programa de nuevas tecnologías con la previsión de gastar 1,4 billones de dólares en los próximos cinco años.⁸⁵ Este programa se centraba en áreas estratégicas como centros de datos, transmisión de energía de ultra alta tensión, inteligencia artificial y las estaciones base de la nueva red 5G. Sin embargo, nada de esto importaría si Estados Unidos pudiera desactivar el suministro de microchips de vanguardia de China. El año terminaría con una lista nominal de setenta y siete empresas chinas añadidas a la lista de sanciones; entre estas empresas se incluían, además de Huawei y SMIC, la compañía DJI, líder mundial en la fabricación de drones.⁸⁶

La declaración de guerra económica de la administración Trump sobre China fue sin duda desalentadora para Pekín, pero sus ramificaciones se extendieron aún más. Para que Estados Unidos pudiera definir a China, el principal motor del crecimiento mundial, como una amenaza para la seguridad nacional, tuvo que darle totalmente la vuelta a uno de los supuestos básicos del mundo posterior a la Guerra Fría. Contrariamente a la presunción de la globalización acerca de un mundo plano y accesible, Estados Unidos consideraba que la nacionalidad de las empresas, chinas o no, era crucial en la voluntad de Washington de permitirles acceder a la tecnología estadounidense. Y aunque había actuado unilateralmente y sin previo aviso, estaba claro que Estados Unidos confiaba en que los proveedores de los países amigos los secundaran. Algunos lo hicieron de forma voluntaria. Australia estaba por delante de Estados Unidos en la prohibición de Huawei. El Reino Unido llevaba mucho tiempo supervisando la participación de Huawei en su red de telecomunicaciones.⁸⁷ No había encontrado pruebas específicas de errores, pero, siguiendo el ejemplo estadounidense, anunció prohibiciones en la instalación de nuevos equipos Huawei a partir de septiembre de 2021.⁸⁸ Otros se mostraban más reacios y trataban de evitar en lo posible tener que tomar una decisión. Alemania se negó a aceptar una prohibición general de la tecnología de Huawei.⁸⁹ Deutsche Telekom estaba desesperada por hacerse con una porción del mercado chino, y las empresas de automóviles alemanas estaban demasiado vinculadas a la tecnología de las comunicaciones chinas para poder plantearse una ruptura total.⁹⁰ El repentino giro de Estados Unidos al modo de la Guerra Fría chocaba frontalmente con la forma en que las empresas globalizadas habían estado operando en China durante tres décadas, y además planteaba una pregunta profundamente desconcertante: ¿cuál era la mayor amenaza para el statu quo, China o Estados Unidos?

Al insistir en su nueva postura antichina, a los funcionarios estadounidenses les gustaba describirse a sí mismos como «realistas con principios»,⁹¹ y criticaban a sus predecesores por no darse cuenta del alcance de la amenaza de China, pero, ¿cuál era exactamente la naturaleza del realismo estadounidense? Sin duda, el ascenso de China fue un acontecimiento histórico mundial que revirtió una asimetría de poder que había enmarcado el último cuarto de milenio. El Partido Comunista Chino era de hecho un antagonista ideológico, y su ambición era formidable, pero ¿era la «contención» de China una perspectiva realista en pleno siglo XXI, o era un eco distorsionado de la guerra fría con la Unión Soviética? ¿Era la forma agresiva en que la administración Trump asumía este desafío histórico en 2020 un reflejo de lo que estaba ocurriendo en Asia, o tenía más que ver con la creciente tensión interna de Estados Unidos?

La campaña antichina de la administración Trump alcanzaría su punto culminante en el verano de 2020, en un momento extraordinario de la vida pública estadounidense. En un contexto de protestas a escala nacional, disturbios esporádicos y toques de queda en muchas ciudades estadounidenses, altos funcionarios de la administración Trump lanzaron una denuncia flagrante no solo contra el régimen comunista chino, sino contra sus propios compañeros de viaje estadounidenses, incluidas las empresas locales. Lo que en Washington se promocionaba como un nuevo realismo era, de hecho, la expresión de una creciente crisis nacional en Estados Unidos. Una crisis que alteraba la alineación de las fuerzas económicas y políticas y ponía en entredicho la propia Constitución estadounidense.

Capítulo 11

LA CRISIS NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS

En marzo de 2020, el drama del inicio de la pandemia había permitido temporalmente la acción concertada y rápida de la sociedad, la política y el gobierno estadounidenses. Por desgracia, esa unidad resultó ser efímera. A finales de abril, cuando la emergencia médica en la costa este y oeste de los Estados Unidos comenzaba a remitir, el acuerdo sobre cómo enfrentarse a la pandemia se vino abajo. Los estadounidenses culpaban a China o se culpaban mutuamente. Después, dado que el legado más desagradable de la historia nacional de Estados Unidos se vio nuevamente expuesto, se retomó por enésima vez la todavía polémica historia de la esclavitud y la guerra civil, antes de comenzar una vez más a discutir sobre las crisis a las que se enfrentarían durante el año 2020. El Congreso, que en marzo había actuado con tanta celeridad, quedó estancado. Y en lugar de resolver ese callejón sin salida, las elecciones desataron un espectacular proceso de descomposición política. Quedó meridianamente claro que, si un ala política en una democracia polémica se apartaba de forma radical de los estándares convencionales de la verdad, si no se podía llegar a un acuerdo sobre la realidad de una pandemia, no había razón para esperar que unas elecciones —un acto de escrutinio colectivo— bastaran para resolver la cuestión de quién debía estar al frente del gobierno. En noviembre, las elecciones serían suplantadas por una prueba de fuerza más amplia y completa. Todos los grandes poderes del país —los tribunales, el ejército, los medios de comunicación y los intereses empresariales— fueron llamados a escena no para abordar el desastre sanitario estadounidense o la inminente crisis económica, sino para obligar a Donald Trump, y si no al propio Trump al menos al Partido Republicano, a aceptar la realidad de su derrota. Mientras tanto, la tensión con China continuaba aumentando, las relaciones con Europa se deshilachaban hasta casi romperse, e incluso el propio becerro de oro, la economía nacional, perdía poder para organizar la política nacional.

La lucha comenzó con la discusión sobre la reapertura. En realidad, esta cuestión resultaba polémica en todo el mundo, ya que también se producían airadas protestas anticonfinamiento en el Reino Unido, Alemania e Italia.¹ Sin embargo, en Estados Unidos esa cuestión se fusionó con una guerra cultural más amplia incitada desde lo más alto. Ignorando a sus propios expertos en salud pública, Trump hizo un llamamiento desde la Casa Blanca para que se reanudara la actividad económica. Denunció a los gobernadores demócratas por sus medidas de confinamiento y encontró respuestas favorables entre la multitud de extrema derecha a la que había cortejado por primera vez en Charlottesville en 2017. Un nuevo y amenazador capítulo se abrió cuando la fuertemente armada Milicia por la Libertad logró colarse en el Capitolio del Estado de Michigan. Aunque el motivo del enfrentamiento era, supuestamente, la economía, las grandes empresas preferían ejercer su presión entre bambalinas. La «economía estadounidense» que los manifestantes afirmaban defender era la de salones de tatuajes, peluquerías, salones de bronceado, bares y gimnasios.² La oscura fortuna de los hermanos Koch también interpretaba su papel desde fuera del escenario.³ Era una extraña forma de lucha de clases que enfrentaba a pequeños capitalistas enfurecidos y oligarcas de derechas contra el liberalismo corporativo.

Por si no fuera suficiente, poco después se abrió una herida mucho más profunda en la sociedad estadounidense. Un oficial de policía de Mineápolis esposó a un hombre negro, George Floyd, lo obligó a tumbarse en el suelo y se arrodilló sobre su cuello hasta provocarle la muerte por asfixia.⁴ En sí mismo no era un suceso inusual, ya que, por desgracia, es frecuente que hombres negros mueran a manos de la policía estadounidense, pero este incidente concreto desencadenó un efecto de amplificación que acabaría provocando un aumento extraordinario de las protestas en todo el país. La población negra de Estados Unidos estaba sufriendo la pandemia a una escala desproporcionada, y la muerte de Floyd agravaba aún más la sensación de profunda injusticia. La movilización en torno a Black Lives Matter sirvió como punto de encuentro para toda una coalición de fuerzas radicales y progresistas que no se limitaba a la izquierda política, ni mucho menos. A principios de julio, según las estimaciones, entre 15 y 26 millones de personas participaron en manifestaciones de un tipo u otro.⁵ Jefes de policía de mentalidad liberal desfilaron con los manifestantes. La dirección del Partido Demócrata comenzó a lucir prendas de tela kente. Jamie Dimon, de JP Morgan Chase, «hincó la rodilla».⁶ El banco se comprometió a aportar 30.000 millones de dólares en cinco años para impulsar los préstamos a familias y a pequeñas empresas. Citigroup prometió 1.000 millones de dólares para hacer frente a la «brecha racial de riqueza».⁷ La justicia social canalizó toda la rabia en los Estados Unidos corporativos.⁸

En el caso de Trump, todo esto era como agitar un trapo rojo frente a un toro. Cuantos más liberales corporativos se despertaban, más fuertemente de enfrentaba la administración contra las guerras culturales, afirmando que Estados Unidos estaba amenazado por la subversión. Para reprimir las protestas, Trump reclamaba el uso de la fuerza. Por ejemplo, ordenó despejar violentamente las calles que rodeaban la Casa Blanca para una escenificación fotográfica en la que blandía una Biblia junto al general de más alto rango de Estados Unidos vestido con uniforme de combate, como si estuviera en Kabul o Bagdad. La cadena de mando tuvo que intervenir para detener el despliegue de las fuerzas aéreas.⁹ Aun así, en junio de 2020, incluso sin la declaración de la ley marcial, los estadounidenses estuvieron sujetos durante unas semanas a un nuevo e intenso régimen de disciplina. En un intento por contener los saqueos, al menos 23 grandes ciudades de Estados Unidos —incluidas Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco— añadieron el toque de queda nocturno al ya existente confinamiento por el virus.¹⁰ Los habitantes de las ciudades que buscaban librarse del calor del verano eran enviados de vuelta a sus hogares por los representantes de la policía.

¿Quién tenía la culpa? Entre los liberales, las descalificaciones sobre Trump alcanzaban nuevas cotas. Era un fascista, o al menos un individuo autoritario, y con su grotesca pose a lo Mussolini en el Monte Rushmore el 4 de julio ni siquiera parecía rechazar tal acusación.¹¹ La propia administración Trump tendía a culpar a los enemigos tanto extranjeros como nacionales, y difuminaba cada vez más la línea de separación entre ellos. El movimiento antifascista (Antifa), el socialismo y la lucha contra el racismo eran considerados por el gobierno como la amenaza interna. Los liberales corporativos de élite los aprobaban y alentaban, y, a ojos de la administración Trump, ese mismo grupo también había sido responsable, desde la era de Clinton, de fomentar el crecimiento de la China comunista, que ahora había desatado el coronavirus en Estados Unidos. Altos funcionarios defendían abiertamente opiniones conspirativas sobre la propagación del virus. Para Trump y las principales figuras de su administración, el coronavirus comenzó a ser simplemente el «virus Wuhan». Insistían hasta tal punto en este lenguaje peyorativo que incluso una reunión del G7 con Japón y los gobiernos europeos se daría por concluida sin un comunicado final.¹² Incluso organizaciones internacionales como la OMS también eran acusadas de ser meros títeres de los chinos.¹³

Mientras tanto, halcones como el secretario de Estado Mike Pompeo, el asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien y el fiscal general William Barr esbozaban la agenda ideológica de una nueva guerra fría, en la que, como habían señalado los portavoces de Bridgewater, las cartas se repartían de una manera desconocida hasta el momento.¹⁴ Las amenazas internas y externas se fusionaron en un solo bloque. El liberalismo corporativo, alegaban los halcones más conservadores, era cómplice del apaciguamiento de China, y estaba empeñado en debilitar a Estados Unidos desde dentro. El fiscal general Barr, un activista de la derecha dura de toda la vida cuya carrera había comenzado en medio de las protestas contra la guerra de Vietnam de la década de 1960, declaró rotundamente que «la comunidad empresarial estadounidense ha sido una parte importante del problema».¹⁵ En sus tratos con China, muchos de los líderes empresariales estadounidenses ni siquiera estaban interesados en la «viabilidad a largo plazo de sus empresas», sino que solo se preocupaban por las «ganancias a corto plazo para engordar el valor de las acciones y mudarse a un campo de golf». Para Barr, aquel no era el momento para protegerse, sino algo parecido a la segunda guerra mundial. «Si hoy no estamos hablando alemán —declaró—, es gracias a que los negocios estadounidenses en el pasado […] estaban del lado de Estados Unidos. Y todos los privilegios, los beneficios, la estabilidad, el Estado de derecho y la capacidad de lucro que tienen hoy en día tanto empresas como individuos provienen de la fuerza de este país.»¹⁶ Tech y Hollywood, las dos grandes industrias de la California liberal, eran los principales focos del odio de Barr. La tecnología era cómplice del «Estado de vigilancia» chino. «Los actores, productores y directores de Hollywood se enorgullecen de celebrar la libertad y la humanidad —comentó con sarcasmo—. Y cada año, en los premios de la Academia, se sermonea a los estadounidenses con el mensaje de que este país no alcanza los ideales de justicia social de Hollywood. Sin embargo, Hollywood ahora censura sistemáticamente sus propias películas para apaciguar al Partido Comunista Chino, el violador de derechos humanos más poderoso del mundo.»¹⁷ Barr estuvo muy cerca de declarar un divorcio entre su ideal de Estados Unidos y el capitalismo estadounidense realmente existente. Incluso llegó a amenazar con que las corporaciones estadounidenses que se pronunciaban a favor de hacer negocios con China podrían encontrarse incluidas en los términos de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.¹⁸

El fiscal general Barr era un caso especial por el desmedido alcance de su visión ideológica, pero la tendencia a culpar a China estaba bastante generalizada en el entorno de Trump, pues asentaba la sensación de que el presidente estaba siendo víctima de una combinación de fuerzas hostiles: un virus importado de China; el implacable acoso de las fake news; los liberales de Wall Street; el socialismo de Bernie Sanders y el llamado «the squad»;* la lucha contra el racismo, los gobernadores liberales que acosaban a los fieles seguidores de Trump en la comunidad de pequeñas empresas; y por último, la tiranía de los expertos en salud pública que exigían el uso de mascarillas al estilo asiático.

Lo contrario de todo eso era lo nacional, lo viril, lo saludable, y si uno seguía la lógica de los comentarios de Barr, estos aspectos positivos se encarnaban en la clase obrera estadounidense, que estaba siendo traicionada por las cosmopolitas élites corporativas, lo que a su vez significaba, en una inversión vertiginosa del paradigma habitual, que el Partido Republicano había pasado a ser el representante de la clase trabajadora. Era un tema en el que Trump había insistido repetidamente desde la campaña electoral de 2016. Nada le gustaba más que ser fotografiado junto a corpulentos estadounidenses de clase obrera, idealmente con ropa de trabajo y casco. En 2020, la consigna era retomada por las principales figuras del partido, sobre todo por Ted Cruz, desde Texas, y por Josh Hawley desde Misuri.¹⁹ Combinaban su populismo de derechas con ataques encubiertos a la política antirracista de Black Lives Matter y con rabiosas críticas al Partido Comunista de China. Y según mostraban los sondeos, su llamamiento no estaba exento de lógica.²⁰ La base de apoyo electoral del Partido Republicano estaba constituida sobre todo por la clase trabajadora blanca. Si tomamos el nivel educativo como un indicador de la clase social, comprobamos que el mejor pronosticador del voto de Trump, aparte de la raza, era la falta de un título universitario. El resultado era un partido unificado en torno a temas relacionados con las emociones y con la identidad cultural, y plagado de contradicciones en el plano político.

El Partido Republicano de Trump era un partido de autoproclamados conservadores fiscales que daba prioridad a los recortes de impuestos sobre el equilibrio presupuestario. Era un partido defensor de la autosuficiencia que contaba con la Fed para exprimir el mercado de valores. Era un partido de votantes de clase trabajadora que apoyaban la desregulación para las grandes empresas.²¹ Era un partido defensor de los gobiernos poco intrusivos que adoraba disponer de un ejército gigante, realizar encarcelamientos masivos y contar con una fuerza policial sobredimensionada y poderosa. Era un partido cuya base se identificaba apasionadamente con Donald Trump, pero cuyo liderazgo en el Congreso dudaba a la hora de hacer lo que obviamente garantizaría su reelección: lanzar una segunda oleada masiva de estímulos fiscales.

En Europa y Asia, el verano de 2020 fue un período en el que se intentó encontrar un equilibrio entre la necesidad de controlar el virus y el deseo de reanudar la vida ordinaria. Como demostraron la segunda y la tercera ola en Europa, era un equilibrio difícil de lograr. Grandes zonas de Estados Unidos, en particular los estados controlados por los demócratas en la costa este que habían sido duramente golpeados durante la primavera, también estaban inmersas en las mismas precarias maniobras. En la ciudad de Nueva York, epicentro de la crisis en Estados Unidos durante marzo y abril, el distanciamiento social sostenido lograba mantener el virus dentro de límites controlables, aunque al precio de mantener interrumpidas la vida pública y la interacción social. Sin embargo, en muchos estados controlados por los republicanos, y en la propia Casa Blanca, la actitud era de negación absoluta. A medida que la campaña electoral se iba calentando, el presidente cada vez quería saber menos del tema del coronavirus. Se quejaba de que el verdadero problema era la cantidad de test realizados. Asesores cercanos como Larry Kudlow le doraban la píldora al referirse a la epidemia en tiempo pasado. «Ha sido horrible. La salud y los impactos económicos fueron trágicos, las dificultades y la angustia eran omnipresentes.»²²

Mientras tanto, Trump encontró su propio camino de regreso al futuro. A principios de año, la economía había sido su principal motivo de orgullo, aunque el presidente solo se fijaba en las cifras de empleos y en el índice S&P 500. Para el verano de 2020, ambas cosas habían mejorado. La situación del mercado laboral era menos funesta que en la primavera, y el mercado de valores se estaba recuperando. Incluso los estadounidenses menos acomodados veían una mejora significativa en su situación durante el mes de julio. En una rueda de prensa que dejaría a más de uno con la boca abierta, Trump invocó el espíritu del asesinado George Floyd que, según él, se habría sentido satisfecho por las buenas cifras de empleo.²³ Después de todo, históricamente eran los hombres negros los que más se beneficiaban de la reducción del desempleo.

No faltaban los pesimistas y los agoreros. El séquito de Trump retomó nuevamente sus críticas gratuitas contra Jerome Powell y la Fed. «Creo que el señor Powell podría mostrarse algo más alegre durante sus ruedas de prensa», opinaba el siempre leal Larry Kudlow; «Ya saben, una sonrisa de vez en cuando, un poco de optimismo. Hablaré con él y procuraré darle un poco de entrenamiento mediático en cuanto pueda». Peter Navarro, asesor de política comercial, se mostraba abiertamente despectivo: «De ahora en adelante, la mejor estrategia que Jay Powell podría utilizar sería simplemente [...] hacernos saber hacia dónde van los tipos de interés y mantener la boca cerrada».²⁴ Sin embargo, «de ahora en adelante», esa frase reveladora, era precisamente el meollo de la cuestión: ¿cuánto tiempo duraría el repunte de la recesión de marzo y abril, y cuál sería su alcance?

Las pruebas de los estados más gravemente afectados por el virus durante el verano de 2020 resultaron más evidentes que nunca. El problema no era la actitud agorera de Jerome Powell ni los opresivos bloqueos impuestos por los demócratas enemigos de la libertad. Muchos de los estados que habían sido los primeros en levantar el confinamiento, verdaderos estados republicanos devotos y partidarios de Trump, estaban viendo una recaída de la actividad económica. El problema no eran los confinamientos, sino el virus en sí.²⁵ Hasta que se pudiera controlar y se restaurase la confianza, la vida laboral, la socialización, las compras, la escolarización y el cuidado de los niños no podrían volver a un estado siquiera similar al normal. La recuperación hasta la fecha debía mucho a la magnitud de los estímulos aprobados durante la primavera, pero todo eso estaba llegando a su fin. Julio fue el último mes en el que se ofrecieron apoyos federales adicionales para el alivio del desempleo. Para que millones de hogares no sufrieran una pérdida repentina de ingresos, el Congreso necesitaba aprobar cuanto antes una extensión del soporte económico vital.

Entre las organizaciones empresariales se había extendido la ansiedad ante el frágil estado de la economía. En mayo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otros grupos de presión empresariales instaron al Congreso a proporcionar apoyo a los gobiernos estatales y locales.²⁶ En la Cámara de Representantes, la mayoría demócrata se mostró de acuerdo y votó a favor de un paquete de estímulo de 3 billones de dólares.²⁷ Mientras tanto, en el Senado, donde los demócratas estaban en minoría, se abogaba por un programa aún más ambicioso: pagos adicionales para los desempleados —los llamados «estabilizadores automáticos»— que no dependiesen de la aprobación del Congreso, sino que se activasen por sí solos cada vez que la tasa de desempleo subiera por encima del 6 %.²⁸ Al final no fue más que un globo sonda, pero se hizo evidente cuáles eran los principales puntos débiles en la bisagra entre la sociedad estadounidense y la economía: el mosaico y la naturaleza excluyente de lo que pretendía ser un estado de bienestar.

Para aprobar un estímulo hacían falta los votos de los republicanos, y estos parecían estar en desacuerdo incluso entre ellos mismos. Un grupo de al menos veinte senadores del ala más conservadora no quería ningún gasto adicional,²⁹ y estaba de acuerdo con la línea de acción sugerida por la Casa Blanca. Cuanto antes expirase la Ley CARES, mejor. Según ellos, la reducción de las prestaciones por desempleo restauraría los «incentivos» adecuados para el trabajo. Aunque aquello sonaba como una política favorable a los empleadores, en el verano de 2020 lo que querían las organizaciones empresariales estadounidenses eran más estímulos, no menos.

Por su parte, Mitch McConnell, como líder del Senado, se oponía sistemáticamente a cualquier apoyo financiero destinado al gobierno estatal y a los gobiernos locales, lo que llamaba un «rescate de estados demócratas» para los sindicatos públicos.³⁰ Su propio caballo de batalla era un escudo de responsabilidad, que permitiría un regreso temprano al trabajo mientras protegía a los empleadores contra demandas legales relacionadas con infecciones por coronavirus. Sin embargo, esto suponía básicamente una licencia para prácticas corporativas irresponsables, de modo que nunca superaría la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.³¹ El presidente Trump añadía ruido a las negociaciones al insistir en su propio proyecto favorito: una reducción del impuesto sobre las nóminas que a nadie más parecía interesar.³²

Cuando en la Casa Blanca se dieron cuenta de que el callejón sin salida del Senado podría dejarlos sin ningún estímulo, comenzaron a presionar por al menos una extensión de cuatro meses del suplemento de 600 dólares a los subsidios de desempleo proporcionados por la Ley CARES, pero ya era demasiado tarde. La cúpula del Partido Republicano no estaba de humor para hacer favores a un presidente que parecía cada vez más un caballo perdedor.³³ En agosto, el apoyo adicional a 30 millones de estadounidenses desempleados simplemente expiró. Lo mejor que podía hacer la administración era extender la moratoria de los desahucios a través de los Centros de Control de Enfermedades. No era la forma habitual de promulgar un aspecto tan importante de la política de vivienda, y la moratoria estaba llena de lagunas, pero no cabía duda de que los desalojos masivos y la falta de viviendas propagarían aún más la epidemia.³⁴

En ese momento, la iniciativa pasó de McConnell y los republicanos en el Senado al secretario del Tesoro Steve Mnuchin, quien participó en negociaciones casi diarias con la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Mientras que McConnell se había negado a plantearse un estímulo de más de 500.000 millones de dólares, Mnuchin y Pelosi hablaban de entre 1,8 y 2 billones. Al presidente le gustó la idea de ofrecer un paquete de estímulos realmente grande como una iniciativa propia, pero, tan cerca de las elecciones, una medida así podía ser peligrosa para ambas partes. Lo último que los demócratas querían era darle a Trump una victoria de última hora. Y a McConnell le preocupaba que un gigantesco paquete de estímulos promoviera el rechazo de los votantes fiscalmente conservadores. McConnell, además, también sospechaba que el verdadero interés de Pelosi era dividir a los republicanos precisamente en un momento en que él estaba tratando de unirlos de nuevo para impulsar la confirmación rápida de Amy Coney Barrett como miembro vitalicio del Tribunal Supremo. McConnell dejó claro que, si Pelosi y la Casa Blanca llegaban a un acuerdo, se ocuparía de bloquear la votación en el Senado hasta después de las elecciones. Esto supondría una victoria para los demócratas, que pintarían a los republicanos como simples destructores de la democracia. Así que, en lo que a McConnell se refería, lo mejor era que no hubiera ningún trato en absoluto. Los situados más a la izquierda del Partido Demócrata argumentaban que debían tomar lo que pudieran conseguir,³⁵ pero Pelosi no estaba satisfecha con las sumas ofrecidas desde la Casa Blanca y confiaba en que la corriente de sentimiento contra Trump arrastraría a los demócratas al control total del Congreso.

Con los gobernantes de uno y otro signo atrapados en esta red de cálculos políticos, se evaporó toda esperanza de una respuesta fiscal a gran escala, incluso cuando la segunda ola de la epidemia empezó a agravarse y la recuperación se ralentizó. Ante una emergencia creciente, el sistema político estadounidense había perdido su capacidad de conseguir una mayoría para una acción concertada. Lo que quedaba de política económica estaba ahora en manos de la Reserva Federal.

Tras la emergencia de marzo, la Reserva Federal había ralentizado su ritmo de compra de bonos. Nunca había comprado muchos de los bonos emitidos por el sector corporativo estadounidense, o la deuda «municipal» emitida por los estados y gobiernos locales, pero la disposición del banco central a ofrecer apoyo si era necesario era como una red de seguridad para Wall Street. En el apogeo del pánico en el mes de marzo, al hacer su promesa de comprar bonos corporativos la Fed había cruzado una barrera importante, y el 27 de agosto cruzaría otra.³⁶ El año anterior, la Reserva Federal se había embarcado en una revisión básica de su marco de acción en política monetaria. ¿Qué se debía hacer con respecto al incumplimiento reiterado del objetivo de inflación del 2 %? Después de un año de deliberación, el banco central de Estados Unidos seguía sin encontrar una respuesta. Estados Unidos, como todas las demás economías avanzadas, tenía un problema de baja inflación. Lo que la Fed podía hacer era cambiar el objetivo de su política. A partir de ese momento, en lugar de comprometerse a mantener la inflación por debajo del 2 %, el objetivo sería lograr una tasa de inflación promedio del 2 %. Si la inflación caía por debajo de ese objetivo, como lo había hecho persistentemente en los últimos años, la Reserva Federal intentaría contrarrestarla. Y cuando la inflación finalmente subiera por encima del 2 %, la Fed no buscaría contenerla de forma preventiva, sino que permitiría que la economía «se calentara». En medio de las condiciones económicas de 2020 había pocas perspectivas de que eso sucediera realmente, pero cambiaba las perspectivas futuras. Los tipos de interés subieron y aumentó el acaparamiento de oro y plata.³⁷ La parte más conservadora de Estados Unidos buscaba seguridad, y la situación política solo aumentaba su nerviosismo.

En el contexto de la pandemia y de la movilización Black Lives Matter, la contienda electoral de 2020 quedó bastante deslucida. Trump dejó claro su desprecio por la enfermedad con la celebración de mítines masivos. Cuando él mismo cayó enfermo, su recuperación fue muy rápida, lo que añadió más combustible a su bravuconería. Los demócratas habían elegido al candidato más seguro, Joe Biden, quien estaba llevando a cabo una campaña segura, en gran parte sin salir de su casa. Como batalla política, fue algo grotescamente unilateral. Buscando unir a ambas alas del Partido Demócrata, Biden incorporó la campaña de Sanders y confeccionó un manifiesto que fue quizás el más radical jamás ofrecido por un candidato demócrata,³⁸ pues combinaba la enorme magnitud del estímulo de 3 billones de dólares propuesto por los demócratas de la Cámara de Representantes con la agenda del Nuevo Acuerdo Verde de la campaña de Sanders.

La audacia del programa fiscal era extraordinaria, al igual que el énfasis en la cuestión climática. En el pasado, algo así habría sido visto como una agenda radical, pero en el verano de 2020 los mercados ya estaban locamente enamorados de Tesla, una compañía de coches eléctricos. En agosto, Exxon, que en otros tiempos había sido el actor dominante de la industria de los combustibles fósiles, fue expulsado del Índice Industrial del Dow Jones.³⁹ El peso de las empresas de energía de combustibles fósiles en el S&P 500, que en 2008 había rozado el 16 %, en 2020 había caído hasta un 2,5 %. Wall Street estaba aprendiendo a amar el capitalismo verde. Si los demócratas se hacían con el Congreso y con la Casa Blanca, la nueva emisión de deuda aumentaría exponencialmente, pero con el respaldo de la Fed aprenderían también a vivir con ello. Hacían falta más estímulos. ¿Y cuál era, después de todo, la alternativa? Cuando un amistoso presentador de Fox News le preguntó a Trump qué quería lograr realmente en un segundo mandato, no obtuvo respuesta. En su Convención Nacional, el Partido Republicano sencillamente no tenía un manifiesto. Para ellos, la campaña no se basaba en hacer política, sino en Trump, que personificaba una visión muy concreta de Estados Unidos.

No era una buena manera de conseguir la mayoría. Desde la primavera, las encuestas mostraban un sólido margen de victoria para Biden y, a pesar de la tremenda ansiedad sufrida en todo el mundo, eso es precisamente lo que acabaría concediendo el electorado estadounidense. Lo que ocurrió al cerrar los colegios electorales fue que Trump obtuvo un resultado notablemente mejor de lo que los encuestadores habían predicho en la mayoría de los estados clave del campo de batalla. Además, la clara victoria de Biden en la carrera presidencial no se tradujo en una victoria limpia en el Congreso. El control del Senado estaba aún en juego, y dependería de las dos elecciones de segunda vuelta que se celebrarían en Georgia el 5 de enero.

Las elecciones de 2020 tradujeron a términos políticos las divisiones cada vez más marcadas de la población estadounidense en el ámbito económico, social y cultural.⁴⁰ En las elecciones de 2000, George W. Bush había ganado 2.417 condados que generaban el 45 % del PIB estadounidense, mientras que Al Gore había logrado 666 condados, principalmente urbanos, que generaban el 55 % de la producción nacional.⁴¹ En 2020, la división se había vuelto mucho más desequilibrada. Biden ganó solo 509 condados, pero eran el hogar del 60 % de la población estadounidense y generaban el 71 % de la producción nacional. Trump se quedó con el resto.⁴² En los 2.547 condados que votaron por Trump, los empleos de cuello azul superaron en número a los de cuello blanco, mientras que en los condados favorables a Biden predominaban con claridad los trabajos de cuello blanco.⁴³ De los cien condados de Estados Unidos con el mayor porcentaje de títulos universitarios de cuatro años, Biden obtuvo 84, frente a los 16 de Trump. En tiempos tan recientes como el año 2000, Bush había logrado 49. Y en 1984, el 80 % de los condados con mayor nivel educativo de Estados Unidos habían votado por los republicanos.

Los enfrentamientos irreconciliables en la política estadounidense reflejaban una polarización entre, por un lado, aquellos que aprobaban las muchas transformaciones que los Estados Unidos habían experimentado desde los tumultuosos años sesenta y habían salido beneficiados por esos cambios, y por otro, aquellos que anhelaban un regreso a los cincuenta, o, al menos, a su visión de esa época pasada. Trump había satisfecho ese deseo, y aunque perdió el voto a escala nacional, los estados de mayoría republicana no lo repudiaron, e incluso obtuvo más votos que en 2016. De hecho, obtuvo más votos que cualquier candidato presidencial antes que él en la historia, aparte de Biden. Y Trump, siendo Trump, estaba convencido de que había ganado. Además, el Partido Republicano, que aún debía disputar los dos escaños vitales del Senado en Georgia, se negó a romper con el presidente por temor a enemistarse con los leales a Trump. Mientras que los gobiernos de todo el mundo reconocieron de inmediato la victoria de Biden, el presidente en funciones, los líderes de los republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes, así como los funcionarios electos republicanos en todo el país, se negaron a hacerlo.

La probabilidad de que Trump aceptara sin más el resultado de las elecciones de 2020 siempre fue muy escasa. Después de todo, también había cuestionado el resultado de las que ganó en 2016. Si hubiera derrotado a Biden, sin duda habría insistido en que se subestimaba el margen de su victoria. La incertidumbre de 2020, sin embargo, era algo totalmente distinto: la negativa de Trump a aceptar el resultado no era una simple táctica legal, sino la creación de una realidad alternativa.⁴⁴

¿Cómo, entonces, se podía llegar a un acuerdo en el resultado? Los tribunales eran la ruta obvia. Los republicanos los habían llenado de sus designados, y el presidente no ocultó en ningún momento que esperaba un quid pro quo. Sin embargo, se vio decepcionado. Ningún tribunal del país consideró seriamente los casos presentados por la campaña de Trump. Solo en un estado, Wisconsin, estuvieron cerca de revertir el resultado.⁴⁵

¿Acaso se podría recurrir a los militares? Se sabe que en el círculo de Trump se debatió esta posibilidad. El entorno del general Flynn, recién liberado de la cárcel, pidió a Trump que «cruzara el Rubicón» y declarara la ley marcial.⁴⁶ No obstante, altos cargos de la cadena de mando se retractaron, afirmando en público que su juramento se debía a la Constitución, no al comandante en jefe. El ejército estadounidense no se involucraría en un proceso electoral.

En lo que respecta al sector empresarial de Estados Unidos, el año 2020 confirmó su malestar ante la cultura política del Partido Republicano, una tensión que había quedado clara por primera vez en 2008 con la nominación de Sarah Palin como segunda de a bordo del candidato John McCain. Los líderes corporativos de Estados Unidos siempre habían tenido opiniones encontradas acerca de Trump. Aprobaron con entusiasmo los recortes de impuestos de 2017 y su agenda de desregulación, y algunos multimillonarios inconformistas continuaron con su apoyo, pero pocos o ningún líder empresarial de alto rango defendía de verdad la reaccionaria política cultural de Trump. Las pequeñas empresas, por su parte, podían tomar el partido que quisiesen.

La gran mayoría de estas últimas eran sólidamente favorables a Trump, pero era casi impensable dirigir una gran corporación en Estados Unidos en el verano de 2020 negando la seriedad de la pandemia y la causa de la justicia racial. Lo que los Estados Unidos corporativos querían no era una guerra civil ni un impulso darwiniano hacia la inmunidad de rebaño, sino la paz social y una contención efectiva de la epidemia. El agresivo empuje contra China solo añadía leña al fuego, y el partidismo arrasaba con la economía nacional.

Si los demócratas hubieran girado hacia la izquierda y hubieran elegido a Bernie Sanders como su candidato, las cosas habrían sido con toda seguridad radicalmente diferentes. No hay duda de que intereses empresariales grandes y pequeños se habrían unido a la causa republicana. O, como indicó más de un multimillonario, habrían llevado a cabo una campaña en favor de un tercer candidato, dividiendo el voto anti-Trump.⁴⁷ Ese era el chantaje que las grandes empresas podían ejercer sobre los demócratas. Lo que hacía de Biden una apuesta segura no era su afable personalidad, sino la aprobación y el apoyo de los ricos.⁴⁸

Biden siempre había dicho abiertamente que era un demócrata de la vieja escuela, de la década de 1980. En lo que respecta a los impuestos y la redistribución, como le dijo a un grupo de donantes adinerados en el Hotel Carlyle en junio de 2019, era ya hora de que la clase alta de Estados Unidos hiciera concesiones. Biden no tenía intención de «demonizar» la riqueza, pero «todos ustedes lo saben, todos saben en su interior lo que hay que hacer. Podemos estar en desacuerdo en los detalles, pero la verdad del asunto es que todos estamos en el mismo barco y nadie tiene que sufrir penalizaciones. No cambiaría el nivel de vida de nadie. En esencia, nada cambiaría. [...] Cuando se tiene una desigualdad de ingresos tan grande como la existente en Estados Unidos, se genera el fermento de la discordia política y de la revolución básica, lo que fomenta la aparición de los demagogos».⁴⁹ Con Trump había llegado la pesadilla demagógica. Si el fiscal general de Trump había acusado a los negocios estadounidenses de vender la democracia a China, ahora les tocaba a las grandes empresas exigir que el presidente y su partido acatasen las reglas democráticas de Estados Unidos.

Ya antes de las elecciones estaba claro que el equipo de Trump tenía la intención de convertir el voto por correo, necesario por la epidemia, en un asunto legal. A mediados de octubre, un grupo de 50 destacados líderes empresariales emitió un comunicado pidiendo un escrupuloso recuento de los votos y exigiendo que los medios de comunicación evitasen declarar prematuramente al ganador de unas elecciones que bien podrían prolongarse en el tiempo.⁵⁰ A medida que el presidente intensificaba su campaña contra el voto por correo, una coalición aún más amplia comenzó a responder. El 27 de octubre, a pocas horas de que Trump declarara que sería «totalmente inapropiado» que las papeletas siguieran siendo contabilizadas después del día de las elecciones, ocho organizaciones empresariales lideradas por la Cámara de Comercio y la Mesa Redonda Empresarial dieron el inusual paso de emitir una declaración conjunta, refutando al presidente y pidiendo «elecciones pacíficas y justas» cuyo escrutinio podría, legítimamente, extenderse durante «días o incluso semanas». Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JP Morgan Chase, envió un correo electrónico al personal del banco subrayando la importancia «crucial» de respetar el proceso democrático. Más de 260 altos cargos ejecutivos firmaron un comunicado advirtiendo que «la salud de la economía estadounidense dependía de la fuerza de su democracia». David Barrett, de Expensify, atacó con todo: cuatro años más de Trump, dijo a los diez millones de usuarios de su software, dañarían la democracia estadounidense hasta tal punto que estaba «obligado en nombre de los accionistas a emprender cualquier acción posible para evitarla».⁵¹ Para su empresa era una cuestión existencial, ya que después de todo «no se presentan muchos informes de gastos durante una guerra civil».⁵²

Cuando Trump se negó a reconocer el resultado, las principales figuras empresariales intensificaron sus llamamientos. Durante la mañana del 6 de noviembre, un grupo de directores ejecutivos convocados por el profesor Jeffrey Sonnenfeld, de la Escuela de Administración y Gestión de Yale, fue testigo de las advertencias de un «golpe de Estado» lanzadas por Timothy Snyder, el historiador de Yale conocido por su alarmismo gótico al estilo de Trump. Como admitió Sonnenfeld, «algunos pensaron que aquello era una exageración», pero no había duda de que la cúpula corporativa estaba preocupada. «Los líderes empresariales no quieren una nación dividida, ni comunidades fracturadas, ni entornos de trabajo hostiles.»⁵³

A finales de noviembre, esa preocupación era cada vez más real. ¿Cómo se podía asegurar la continuidad del gobierno si la administración Trump se negaba a cooperar en la transición? Una vez más, una coalición de más de 160 altos cargos ejecutivos, liderada por Larry Fink y David Solomon, los directores ejecutivos de BlackRock y Goldman Sachs, exigieron que la administración Trump cooperara: «Negar recursos e información vital a una administración entrante pone en riesgo la salud pública, la economía y la seguridad de Estados Unidos [...]. Cada día que se retrasa el correcto proceso de transición presidencial, nuestra democracia se debilita a ojos de nuestros propios ciudadanos, y la estatura de la nación en el escenario global se ve disminuida».⁵⁴

Finalmente, en la semana de Acción de Gracias (en torno al último jueves de noviembre), comenzó por fin algo parecido a una transición normal, aunque los líderes del Partido Republicano continuaban negándose a reconocer la victoria de Biden. Los llamamientos de la élite empresarial estadounidense solo sirvieron para subrayar el abismo que los separaba del titular de la Casa Blanca, de sus partidarios en el electorado y del ala trumpista del Partido Republicano.

Mientras tanto, la epidemia continuaba rugiendo. El número de muertes diarias alcanzaba un nuevo pico en las primeras semanas de diciembre. Los Ángeles superaba a Nueva York como la metrópolis más afectada, y la sociedad estadounidense estaba cada vez más polarizada. Quienes poseían acciones en el mercado de valores terminaron bien el año, especialmente los que tenían o habían comprado acciones de Tesla, cuyo valor aumentó hasta superar al de los nueve mayores fabricantes de automóviles de todo el mundo.⁵⁵ Al mismo tiempo, la situación de quienes dependían del fragmentado estado de bienestar de Estados Unidos era cada vez más desesperada.

A principios de noviembre de 2020, una cuarta parte de los estadounidenses en paro con niños en casa no habían tenido suficiente para comer en la última semana. Una quinta parte de la población negra afirmaba pasar hambre.⁵⁶ El cierre de escuelas y la pérdida de comidas escolares gratuitas afectaban con mayor dureza a los niños de familias pobres. A mediados de noviembre, el banco de alimentos de Dallas North Texas, en los suburbios de Dallas, distribuyó 300 toneladas de alimentos a 25.000 personas en un solo fin de semana.⁵⁷ Las filas de coches y camiones se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y la red de bancos de alimentos en la que confiaban los más desesperados estaba llegando a su límite. El programa Farmers to Families Food Box («Caja de comida de los granjeros a las familias»), que había sido lanzado con gran fanfarria por Ivanka Trump, se estaba quedando sin fondos. En 2020, incluso el programa interno de alivio del hambre de Estados Unidos se había unido a la guerra comercial con China. El Programa de Compra y Distribución de Alimentos asignó 7.100 millones de dólares para compras a agricultores estadounidenses cuyas ventas en el extranjero se habían visto muy afectadas por la guerra comercial con China. Ese programa terminó el 31 de diciembre y no fue renovado. En las últimas semanas del año, los expertos estadounidenses contra el hambre advirtieron que los bancos de alimentos de todo el país estarían perdiendo alrededor del 50 % de los alimentos que habían recibido hasta ese momento del Departamento de Agricultura, a pesar de que la demanda de solicitantes desesperados estaba aumentando.⁵⁸

Los padres con dificultades, que se veían obligados a dejar el trabajo para cuidar a sus hijos mientras se cerraban las guarderías, quedaban excluidos de las prestaciones de desempleo. La concesión de cupones de alimentos era caprichosa, y las colas en los bancos de alimentos eran interminables.⁵⁹ A medida que se acercaba el invierno y el sistema político permanecía estancado, la tierra de los libres y el hogar de los valientes* era barrida por una epidemia de robos en los supermercados.

Cuarta parte

INTERREGNO

Capítulo 12

LA CARRERA HACIA LA VACUNA

Al llegar el otoño, la temida segunda ola de la epidemia golpeó a Estados Unidos y a Europa. China y sus vecinos de Asia Oriental habían demostrado que, a través del distanciamiento social y de algunas medidas de salud pública relativamente radicales, era posible acabar incluso con los brotes más virulentos, pero en América Latina, Estados Unidos, Asia Occidental y Europa se produjeron diferentes grados de incidencia, y en ningún momento se logró la supresión total. Al llegar el invierno, incluso los países que habían tenido cierto éxito durante la primavera —como Suecia, los países de Europa del Este y también Alemania— se encontraban en una situación comprometida y empezaban a tener serios problemas, y la epidemia estaba aumentando su ritmo de propagación en el África subsahariana, en particular en Sudáfrica y Nigeria. A modo de cortafuegos, las medidas de contención en forma de paralizaciones y confinamientos prometían aplanar la curva y permitir que los sistemas sanitarios tuvieran un respiro. En noviembre, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y la República Checa habían adoptado una u otra forma de confinamiento obligatorio. En cada caso, las autoridades experimentaban con distintos niveles y con una variedad de restricciones de distanciamiento social tan confusas que desconcertaban incluso a los funcionarios encargados de definirlas. Sin embargo, igual que en primavera, estas restricciones contribuían a ralentizar la propagación, y, al tener un diseño más inteligente, el daño económico sería menos severo. Aun así, la solución estaba clara: la única forma de superar realmente la pandemia iba a ser con una vacuna.

Podría decirse que un avance científico nunca había sido tan importante a escala global. Por supuesto, es un hecho que las economías modernas no serían posibles sin las tecnologías modernas. En los datos económicos, sin embargo, el impacto específico de tecnologías concretas puede ser sorprendentemente difícil de precisar.¹ Hay un gran número de ensayos académicos dedicado a debatir si la revolución industrial habría sido posible sin la máquina de vapor o el ferrocarril. A pesar de su ubicuidad, los economistas lucharon durante mucho tiempo para medir el impacto de las tecnologías industriales en la productividad.² Y si eso resultaba desconcertante, la convicción opuesta era aún menos agradable. A comienzos de la segunda mitad de 2020, la certeza de que el retorno a la normalidad dependía de la inmunidad masiva ya era innegable, y la única manera segura de lograrlo era a través de una inmunización total. Todo dependía de conseguir una vacuna.

Los mercados financieros ofrecían un barómetro revelador de nuestras esperanzas. Billones de dólares subían y bajaban dependiendo de las noticias de los principales desarrolladores de medicamentos. En septiembre, un estudio retrospectivo del banco suizo UBS observó que una cuarta parte del repunte en el mercado de valores desde mayo, cuando comenzó en serio la carrera de las vacunas financiada con fondos públicos, podía atribuirse a las noticias sobre vacunas.³ En noviembre, tras la noticia del éxito de los ensayos de Pfizer/BioNTech, los precios del petróleo y las acciones de las aerolíneas aumentaron, mientras que los de las empresas tecnológicas y de reparto de alimentos se desplomaron. Los activos de refugio seguro en general se agotaron, empezando por los bonos del Tesoro y las acciones tecnológicas.⁴

La sensación de alivio fue abrumadora. Dados los desalentadores fracasos en la gestión de la pandemia, era tranquilizador saber que, en un segundo plano, algunas personas muy inteligentes y bien organizadas habían estado trabajando para encontrar una solución. Sin embargo, tampoco se ocultaba el hecho de que normalmente son dictadores desesperados los que cuentan como último recurso con armas milagrosas para la salvación. En 2020, gracias al fracaso de nuestra política de salud pública, esas armas éramos nosotros. Esta apuesta de largo alcance en un programa de desarrollo tecnológico respaldado por el Estado era desconcertante no solo por sus resonancias históricas, sino también porque iba en contra del dogma predominante de la política económica. Desde la década de 1980, en Europa y Estados Unidos la idea de llevar a cabo una política industrial basada en «elegir ganadores» había sido anatematizada por los defensores de la revolución del mercado. Se argumentaba que era mejor dejar en manos del mercado las prioridades de investigación y desarrollo. En la práctica, por supuesto, en muchos sectores del ámbito académico y de la economía la investigación subvencionada por el gobierno continuó a buen ritmo. Las empresas aeroespaciales y de microelectrónica privatizaron los beneficios, pero no se logró una política coherente. Nuevos desafíos, como el programa «Made in China 2025», provocaron un resurgimiento del interés en la política industrial, tanto en la UE como en Estados Unidos.⁵ Sin embargo, la crisis del coronavirus era distinta. Necesitábamos una vacuna, no para mejorar el crecimiento a largo plazo, sino para superar la incertidumbre y la miseria de la pandemia. La reactivación de billones de dólares en la actividad económica y de cientos de millones de puestos de trabajo dependía de ella. La pregunta era: ¿quién lograría la vacuna y en qué condiciones?

Lo que esperábamos era sin duda un logro de la biomedicina único en la historia, por no decir un milagro. Nunca había existido una vacuna contra un coronavirus. Nunca antes se había desarrollado, probado, fabricado y distribuido una vacuna con la rapidez con la que la necesitábamos en 2020. Sin embargo, no era solo fe ciega. Había razones para tener esperanza.

En las primeras décadas del siglo XXI, un grupo de avances estaba transformando la medicina y la investigación farmacéutica. Si no hubiera existido el coronavirus, los titulares del año 2020 podrían haberse dedicado a otros triunfos de este sector. En marzo, un londinense se convirtió en la segunda persona en la historia en curarse del VIH/sida. El 25 de agosto, después de cuatro años sin un solo caso, África fue declarada libre de la cepa de poliovirus salvaje (responsable de la poliomelitis endémica), una enfermedad que previamente había paralizado a 75.000 niños cada año. En noviembre, las computadoras de una compañía británica de IA predijeron con éxito la forma en 3D de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos, abriendo la puerta a una enorme aceleración en el desarrollo de fármacos.⁶

Estos eran los frutos, por un lado, de décadas de inversión en sanidad pública, y, por otro, de la convergencia entre la biología molecular y la tecnología de la información, que había alcanzado una primera culminación en la secuenciación del genoma humano. Este proyecto había comenzado en 1990 y concluido en 2003, con un presupuesto total de 2.700 millones de dólares. El coste de la secuenciación de un solo genoma era de entre 500 y 1.000 millones de dólares. En 2014, ese coste había caído a solo 1.000 dólares por genoma. Y en 2020, ya había dos empresas —una china y otra estadounidense— que afirmaban ser capaces de hacer la secuenciación por 100 dólares.⁷

Sin duda, la fusión de la biología molecular y el conjunto de macrodatos a gran escala (big data) tenía un enorme potencial e inspiraba un gran entusiasmo en los mercados financieros. La revolución biotecnológica era un gran negocio. En 2011, el gasto mundial en I+D procedente de fuentes públicas y privadas en investigación médica había alcanzado los 265.000 millones de dólares.⁸ Lo que aún estaba por ver era si todo eso iba a tener alguna repercusión en la entrega de medicamentos y tratamientos para las enfermedades más extendidas en el mundo, pues las patentes, los costes y riesgos de las pruebas y la naturaleza voluble de los mercados médicos entorpecían el camino.⁹ Esto podía verse, sobre todo, en la escandalosamente lenta respuesta a la pandemia del VIH/sida, en particular en el África subsahariana, lo que ponía de manifiesto una desconexión fundamental entre la ciencia, la capacidad del negocio farmacéutico y la entrega de medicamentos a quienes más los necesitaban.

Fue la indignación generada por la falta de avances en la crisis del sida en el continente africano lo que obligó a un cambio en el ámbito político, económico y organizativo, así como en la investigación médica.¹⁰ Una coalición de grupos de la sociedad civil, ONG, grandes donantes, organizaciones benéficas de salud, organizaciones de las Naciones Unidas y un puñado de gobiernos nacionales ricos —incluido el de Estados Unidos— se unieron para ampliar y acelerar la distribución de nuevos medicamentos. Sus motivos eran múltiples, desde el interés nacional hasta la justicia mundial, el desarrollo económico, el beneficio comercial y la erradicación integral de enfermedades peligrosas. Por último, incluso la industria de gestión de activos tuvo que intervenir para exigir la divulgación completa de los datos de pruebas.¹¹ No solo estaba en juego la reputación de la industria farmacéutica —importante por su rentabilidad a largo plazo—, sino que, además, una pandemia representaría claramente una amenaza mundial para la acumulación de capital.¹² Se había puesto en marcha el impulso para que el modelo público-privado de desarrollo de vacunas comenzara a funcionar de verdad.

La encargada de asumir el liderazgo fue la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI, por sus siglas en inglés), una organización creada en enero de 2000 con unos fondos de 750 millones de dólares aportados por la Fundación Bill y Melinda Gates. Su objetivo era revertir la tendencia a la baja de la década de 1990 y aumentar rápidamente la tasa de inmunización de los 74 países más pobres.¹³ El negocio de las vacunas, que hasta entonces había sido un sector rezagado en relación con otros productos farmacéuticos, creció como la espuma. Las ventas mundiales aumentaron de 10.000 millones de dólares en 2005 a más de 25.000 millones de dólares en 2013.¹⁴ El prestigio científico residía en proyectos como la vacuna contra el ébola de Merck. Los beneficios procedían de vacunas como Shingrix, que protege del herpes a los pacientes más ancianos de los países ricos. Muchas de las principales empresas farmacéuticas prefirieron abandonar el negocio debido a su elevado coste y a su excesiva exposición pública, pero las que quedaban estaban flanqueadas por equipos biotecnológicos más pequeños y fabricantes de vacunas de bajo coste de los países en vías de desarrollo, en particular la India. En la década de 2010, dos tercios de los niños del mundo recibieron vacunas producidas por el Instituto Serum de la India.

A principios de la década de 1970, el Instituto Serum comenzó su actividad con la vacuna contra el tétanos, que era fabricada a partir de suero de caballo para reemplazar las importaciones que no se podían permitir.¹⁵ En la década de 1980, la empresa se posicionó como uno de los pilares del Programa de Inmunización Universal de la India, que tiene como objetivo proporcionar una cobertura completa cada año para la gigantesca cohorte de nacimientos del país, que asciende a unos 27 millones al año.¹⁶ Y era el primer fabricante de los países en vías de desarrollo que había logrado obtener el estatus precalificado de la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Serum se convirtió en la década de 1990 en un proveedor a escala global. En la década de 2010, con 1.300 millones de vacunas anuales, tenía la mayor capacidad de fabricación del mundo.

Después de que el VIH/sida diese el pistoletazo de salida, cada nueva amenaza fue generando nuevas coaliciones de salud pública y activismo biomédico. Una de las coaliciones activistas más poderosas, la Coalición para Innovaciones de Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), fue presentada en Davos en enero de 2017. Desde el principio se centró en el desarrollo de una vacuna para el sumamente peligroso MERS-CoV y en la creación de una «plataforma de respuesta rápida» que permitiría una reacción lo más inmediata posible a la aparición de un hipotético nuevo patógeno, apodado «Enfermedad X».¹⁷ Asociaciones público-privadas como la CEPI no pusieron fin a las discusiones sobre los precios, la industria y la transparencia de los contratos, pero sí entregaron más dinero —706 millones de dólares— a 19 candidatos a elaborar vacunas.¹⁸ El año 2020 fue designado, antes de tiempo, como el que cerraba la primera década de funcionamiento del Plan de Acción Mundial de Vacunación, un proyecto respaldado por donantes como la Fundación Gates, el Wellcome Trust, la fundación GSK y la CEPI. Un grupo de nuevas vacunas, incluida la de la malaria y la del VIH, ya tenía a la vista la línea de meta. Y entonces, en enero de 2020, la «Enfermedad X» apareció de improviso.

La respuesta de la comunidad científica al coronavirus pasará a la historia como uno de los logros colectivos más extraordinarios de la humanidad. El 5 de enero, después de cuarenta horas trabajando sin parar, un equipo dirigido por el profesor Yong-Zhen Zhang, de la Universidad Fudan de Shanghái, fue el primero en completar la secuenciación del código genético del virus. En ese momento, las autoridades chinas todavía estaban tratando de ocultar las noticias incómodas. El sábado 11 de enero, para poder salir del atolladero, uno de los colaboradores australianos de Zhang publicó la secuencia en internet.¹⁹ Zhang fue sancionado por su indisciplina, pero la información ya era pública. Los trabajos sobre lo que acabaría siendo la vacuna de Moderna con ARN mensajero comenzaron el 13 de enero. En Alemania, la vacuna Pfizer/BioNTech también se planificó en cuestión de días, al igual que la que se estaba desarrollando en la Universidad de Oxford.²⁰

Mucho antes de que el brote se convirtiera en una pandemia, los científicos ya tenían un plan para un antídoto en su mesa de trabajo, pero una cosa era tener una fórmula, y otra muy distinta tener una vacuna cuya eficacia y seguridad hubiesen sido probadas legítimamente y cuya producción estuviese aumentando de forma exponencial. Lo más llamativo de la vacuna contra el coronavirus fue que, por primera vez en la historia, los tres procesos —desarrollo, pruebas y aumento de la producción— se lograron simultáneamente, en una escala destinada a cubrir tarde o temprano a toda la población mundial, incluso cuando la pandemia todavía estaba progresando. Si los investigadores llegaron a una solución tan rápida fue, entre otras cosas, porque la mayor parte de la investigación básica y las pruebas preclínicas en animales se habían hecho en 2003 en respuesta a la pandemia del SARS.²¹ La crisis del SARS se había reducido antes de que la vacuna terminara su desarrollo, pero en esta ocasión la carrera mundial de vacunas tuvo un impulso gigantesco.

Los ensayos de Moderna comenzaron el 16 de marzo, y los de Pfizer/ BioNTech, el 2 de mayo. Los primeros resultados ya estaban disponibles a mediados de julio. A finales de ese mes, tanto Moderna como Pfizer pasaron a ensayos de Fase III. En la última semana de octubre, se inscribieron 74.000 participantes para los ensayos. Los primeros resultados de Pfizer/BioNTech aparecieron el 9 de noviembre, seguidos de los de Moderna una semana después y de los de AstraZeneca el 23 de noviembre.

La atención tiende a centrarse en las vacunas Pfizer/BioNTech y Moderna porque fueron las primeras aprobadas en Occidente y porque su tecnología era realmente innovadora. El anuncio de los resultados de sus pruebas cambió las perspectivas en noviembre de 2020, pero no eran los únicos que estaban investigando. A pesar de una serie de contratiempos sufridos durante su desarrollo, la vacuna de AstraZeneca, más barata y resistente, prometía tener un alcance mucho mayor. A principios de enero de 2021, otras 90 vacunas estaban en fase de pruebas en todo el mundo.²² Millones de investigadores estaban dedicando sus laboratorios y ordenadores a investigar la enfermedad. En 2020, alrededor del 4 % de los trabajos de investigación publicados en el mundo se centraron en los problemas relacionados con el coronavirus.²³

Como es lógico, esta movilización ha sido celebrada como un triunfo colectivo del espíritu humano, pero siempre estuvo empañada por la competencia, la rivalidad y la batalla por los derechos exclusivos de propiedad. El desarrollo de las vacunas fue una carrera impulsada no solo por la ambición académica o humanitaria, sino por la búsqueda de poder y beneficios. A la luz de la urgencia de la necesidad colectiva de una vacuna, esto podría parecer escandaloso, pero de hecho es lo habitual. La salud pública y la industria farmacéutica moderna son sectores en los que los intereses de la ciencia y la medicina siempre se han solapado con los de los negocios y el Estado.²⁴

Desde los inicios de la virología moderna y el desarrollo de vacunas, los militares estadounidenses siempre han desempeñado un papel destacado en la lucha contra enfermedades que van desde la fiebre amarilla hasta la hepatitis. En 1945, los soldados estadounidenses fueron las primeras personas en el mundo en vacunarse contra la gripe,²⁵ y en 2020 el mayor esfuerzo estatal para desarrollar una vacuna contra el coronavirus fue también el estadounidense. Inspirada en el proyecto Manhattan de la segunda guerra mundial, pero con un título sacado directamente de la saga Star Trek, la Operación Warp Speed (algo así como «Operación Máxima Velocidad») fue lanzada el 15 de mayo de 2020. El proyecto se concebía como una colaboración entre la biotecnología, las grandes farmacéuticas y dos gigantescas burocracias gubernamentales: el Pentágono y el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

A finales de año, esta operación había gastado 12.400 millones de dólares en acuerdos de desarrollo y fabricación con seis agrupaciones farmacéuticas líderes. Tres de ellas eran estadounidenses (Johnson & Johnson, Moderna y Novavax), dos eran europeas (Sanofi-GSK y AstraZeneca-Oxford) y una era una colaboración transatlántica (Pfizer/BioNTech). El objetivo inicial se fijó para octubre. El liderazgo emparejó a un capitalista de riesgo, exdirector de I+D en GlaxoSmithKline y miembro del consejo de Moderna, con la experiencia logística y el peso político del general de cuatro estrellas que dirige el Comando Matériel del Ejército de Estados Unidos. En Washington D. C., la Operación Warp Speed tenía un regusto claramente militar. En el puesto más alto de la lista de lecturas del equipo estaba Freedom’s Forge («La forja de la libertad»), un relato brillante sobre cómo «las empresas estadounidenses fueron los verdaderos artífices de la victoria en la segunda guerra mundial». No en vano, el mismo libro también fue popular entre los partidarios del Green New Deal.²⁶ Los militares de la Operación Warp Speed se presentaban a trabajar en uniforme y establecieron un «ritmo de batalla» para las reuniones diarias.²⁷

Puede que el estilo fuese militar, pero nadie estaba obligado a participar en la Operación Warp Speed. Si las empresas se unían, lo hacían por voluntad propia. Merck, uno de los gigantes del sector de la vacunación, optó por quedarse en la retaguardia. Johnson & Johnson ya había cerrado un acuerdo de vacunación de 450 millones de dólares con la administración Trump a finales de marzo.²⁸ Entre los líderes del ARN mensajero, era Moderna la que más ayuda necesitaba. Era un líder en investigación, pero solo tenía 800 empleados y nunca había dirigido un ensayo clínico de Fase III. La asistencia administrativa que Moderna recibió de Warp Speed no fue menos importante que los 2.500 millones de dólares en I+D y financiación de suministros del gobierno estadounidense. El supervisor del equipo de Moderna era un funcionario del Departamento de Defensa conocido como «el comandante». Sus servicios incluían tanto la formación improvisada de escoltas policiales destinados a anular las limitaciones de la COVID-19 en el transporte interestatal de camiones como la organización de transportes aéreos de equipos de fabricación vitales.²⁹

Pfizer, una de las empresas farmacéuticas más grandes y más antiguas del mundo, con una temible reputación por sus prácticas competitivas, tenía menos necesidad de este tipo de ayuda. A través de su asociación con BioNTech había adquirido todo el conocimiento científico que necesitaba. Pfizer se alegró, por supuesto, de recibir dinero del gobierno estadounidense, y firmó por adelantado un contrato de 1.950 millones de dólares por 100 millones de dosis. No obstante, su director ejecutivo, el doctor Albert Bourla, prefirió mantenerse a una distancia prudencial de la errática política de vacunas de Trump. La aportación gubernamental más directa a su proceso de desarrollo no provino de Estados Unidos, sino de Alemania.³⁰ Berlín invirtió 443 millones de dólares en BioNTech, el socio de I+D de Pfizer. Y otros 118 millones de dólares provinieron del Banco Europeo de Inversiones.³¹

En lo que respecta a la política estadounidense, las preocupaciones de Pfizer estaban ampliamente justificadas. Mientras Trump pasaba gran parte del verano presumiendo de una vacuna inminente, la preocupación principal de las empresas farmacéuticas era la legitimidad del proceso de certificación de medicamentos. La ciencia les decía que tenían en sus manos un remedio que era seguro y eficaz, pero la verdadera batalla era demostrar este hecho más allá de toda duda razonable. En el entorno médico-legal moderno, esto siempre ha sido un desafío. En Estados Unidos, en 2020 fue realmente una batalla cuesta arriba.

En un verano de protestas de Black Lives Matter, mientras los pacientes negros y latinos se morían a causa de las complicaciones relacionadas con la COVID a un ritmo mucho más alto que los pacientes blancos, la diversidad de las poblaciones de ensayo pasó a ser una preocupación clave. A finales de agosto, los funcionarios de la Operación Warp Speed se dieron cuenta de que casi todas las personas sometidas a pruebas de la vacuna de Moderna eran blancas, y a última hora fue necesario movilizar fondos para reclutar voluntarios de otras etnias. Eso le dio a Pfizer, que había invertido cientos de millones de dólares en sus pruebas, cierta ventaja en la carrera hacia la línea de meta.³²

Lo que más preocupaba a Pfizer era que la legitimidad del propio proceso de la agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) no fuera cuestionada. Cuando el presidente Trump comenzó a atacar a la agencia, Bourla decidió marcar distancias. Se puso en contacto con su homólogo de Johnson & Johnson, y los dos reclutaron más apoyo. En una carta abierta publicada el 8 de septiembre, las nueve principales empresas de la industria farmacéutica declaraban su determinación de «unirse para apoyar la ciencia». Puesto que las directrices de la FDA eran el patrón oro de la regulación de medicamentos, decidieron seguirlas al pie de la letra.³³ Fue un ejemplo más de la negativa generalizada de las grandes empresas a seguir la agenda de Trump, aunque este caso en concreto tuvo consecuencias prácticas inmediatas. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Pfizer puso el pie en el freno.

En los ensayos farmacológicos, una variable crítica es el umbral establecido para considerar que los resultados son significativos. De todos los principales contendientes, Pfizer había establecido el protocolo de pruebas más agresivo: iba a realizar un control de los resultados provisionales en cuanto 32 de los participantes en un ensayo de 42.000 personas desarrollasen la COVID-19,³⁴ un umbral considerablemente más estricto que el establecido por Moderna. La FDA había hecho saber que difícilmente emitiría una «autorización de uso de emergencia» a partir de unos resultados tan endebles. Lo último que Pfizer deseaba era encontrarse atrapada entre Trump y la FDA. El 29 de octubre, Pfizer pidió a la FDA la aprobación para elevar el listón a 62 casos, lo que en la práctica eliminaba cualquier esperanza de un anuncio antes del día de las elecciones. De hecho, Pfizer ni siquiera comenzó a probar las muestras que tenía en su poder hasta el 3 de noviembre, ya que temía que, si lo hacía antes, se vería obligada a revelar los resultados al mercado de valores. El 9 de noviembre, cuando la noticia de la eficacia del 95 % de la vacuna se hizo pública por fin, fue autorizada para su lanzamiento.

Por un lado, era una reivindicación del método científico y de la autoridad de la ciencia. Por otro, también se podía considerar como una adhesión extraordinaria a los procedimientos formales frente a lo que eran, en el sentido más amplio de la expresión, motivaciones políticas. Trump, por supuesto, se lo tomó como algo personal, y culpó a las compañías farmacéuticas por negarle su victoria. Sin duda era un factor de riesgo, y pocos en el sector empresarial de Estados Unidos lamentaron su derrota, pero lo que de verdad estaba en juego era la legitimidad del negocio farmacéutico y la autoridad de la ciencia.³⁵

A finales de 2020, los primeros 20 millones de dosis de vacuna comenzaban a distribuirse en Estados Unidos y el Reino Unido. La siguiente cuestión era cómo asegurarse de que iban a utilizarse de la manera más eficaz. En Europa y Estados Unidos se inició inmediatamente un debate sobre qué sectores de la población deberían ser los primeros en recibir las vacunas. En Europa, en la primavera de 2021, todo esto degeneraría en amargas discusiones entre países, dentro de los países y entre la UE y AstraZeneca, que no estaba cumpliendo con las entregas prometidas. Sin embargo, este era un problema del privilegiado primer mundo. A lo largo del año, todos los europeos acabarían teniendo su vacuna antes o después. La cuestión más básica era cuándo se inmunizaría a los miles de millones de personas de los países de ingresos bajos y medios con un riesgo elevado de contraer la enfermedad. Como suele decirse, hasta que todo el mundo esté a salvo, nadie está a salvo. Desde el punto de vista de la conquista de la enfermedad, las vacunas debían concentrarse en los puntos más calientes. Era claramente injusto que los habitantes de bajo riesgo del Reino Unido recibieran las vacunas por delante de los trabajadores médicos de primera línea de Sudáfrica o la India. También era una cuestión de prudencia política. Así lo expresó Jeremy Farrar, del Wellcome Trust: «Si Europa Occidental y Estados Unidos son las únicas regiones que vacunan a la gente en los primeros seis meses, y otras partes del mundo no reciben vacunas hasta finales de 2021, entonces creo que vamos a tener una situación global muy, muy tensa».³⁶

Esa era la preocupación del G20, cuando los jefes de gobierno se reunieron en noviembre de 2020 bajo la presidencia de Arabia Saudí. Es precisamente a lo que se refería el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando declaró: «Tenemos que evitar a toda costa el escenario de un mundo de dos velocidades en el que solo los más ricos puedan protegerse contra el virus y recuperar su vida normal».³⁷ En lo que respecta al G20, esas declaraciones no eran más que lágrimas de cocodrilo. Los miembros de este exclusivo club habían monopolizado prácticamente toda la oferta mundial y, de hecho, los miembros más ricos del G20 recibieron un suministro claramente excesivo de dosis.

La hoja de parra de la gobernanza mundial, que se había puesto para ocultar la cuestión de la vacuna COVID, era un proyecto conocido como el Acelerador de Herramientas de Acceso contra la COVID-19, uno de cuyos pilares, el COVAX, estaba dedicado específicamente a las vacunas.³⁸ Eran descendientes directos de los esfuerzos mundiales de vacunación que habían cobrado impulso desde el año 2000. El COVAX fue apoyado por la alianza para las vacunas GAVI, la OMS y la CEPI. UNICEF brindó apoyo logístico. A finales de 2020, el COVAX había inscrito a 189 estados que representaban a la gran mayoría de la población mundial. Los países pobres se unieron por necesidad. Los países ricos, incluidos los promotores como Alemania, Noruega y Japón, se unieron por un sentido de responsabilidad, pero también como una forma de diversificar su cartera de opciones sobre vacunas. Por razones que solo ellos entendían, la administración Trump optó por afirmar que el COVAX era un frente liderado por la OMS en favor de China.³⁹ En realidad, al principio China se mantuvo distante, y no se uniría hasta la llegada del otoño, dejando a Estados Unidos y Rusia como los principales países que aún se resistían.

Su ausencia era una lástima, pero, con o sin ellos, la COVAX tenía un potencial demasiado pequeño. Su objetivo era proporcionar 2.000 millones de dosis a finales de 2021, lo cual no bastaba para cubrir ni el 20 % de la población de los países participantes. A principios de 2021 no había logrado obtener más de 1.070 millones de dosis, y su situación financiera era lamentable. En total, los cien países y fundaciones de mayores ingresos habían contraído compromisos por valor de 2.000 millones de dólares, pero muy poco de ese dinero estaba disponible, y se necesitaban otros 5.000 millones de dólares para finales de 2021. Con un presupuesto muy ajustado de 5 dólares por dosis, no había margen para el error. En la reunión del G20 de noviembre de 2020, la UE pasó el platillo de las limosnas y suplicó más contribuciones para el COVAX.⁴⁰ La canciller Merkel declaró que Alemania había contribuido con 500 millones de euros y conminó a otros a hacer su aportación.

Fue un debate muy revelador. La cantidad de 500 millones de euros era mucho dinero o absurdamente poco, dependiendo del punto de vista. De haberlo querido, Alemania podría haber tomado prestados los fondos necesarios para satisfacer no solo las necesidades inmediatas del COVAX, sino todo el coste proyectado de vacunar al mundo entero —estimado en mayo de 2020 en 25.000 millones de dólares—, y podría haberlo hecho manteniendo tipos de interés negativos. En cambio, se limitó a contribuir con 500 millones de euros y a esperar a que los demás hicieran su aportación.⁴¹ La misma lógica, por supuesto, era aplicable a todos los demás miembros del G20. Con la posible excepción de Argentina y Sudáfrica, cualquiera de ellos podría haber justificado el gasto necesario para poner fin a la pandemia y reiniciar la economía mundial, basándose tan solo en motivos de interés propio. En realidad, incluso para las grandes compañías farmacéuticas, el coste de las vacunas no era un problema de vida o muerte. Pfizer tenía ingresos superiores a 50.000 millones de dólares anuales antes de la crisis. La estimación de ingresos por la vacuna en 2021 —14.600 millones de dólares a repartir con BioNTech— representaba una cifra importante, pero ni mucho menos era decisiva para el futuro a largo plazo de la empresa.⁴² A largo plazo, la tecnología del ARN mensajero sería de mayor importancia.

Uno de los aspectos más notables del programa de vacunas era el desequilibrio entre los modestos costes y los enormes beneficios. Según el FMI, la inmunización rápida y bien dirigida de la población mundial añadiría 9 billones de dólares al PIB global para 2025.⁴³ Sin embargo, nadie se atrevía a dar unilateralmente el paso necesario para financiar un programa global. Los países concedían 100 millones por aquí y 100 millones por allá, y la OMS se limitaba a discutir las formas en que podía aumentar su presupuesto a través de la ingeniería financiera. Bruce Aylward, coordinador de la OMS, informó de que el grupo había estado debatiendo acerca de los préstamos concesionales y los bonos de catástrofe como formas de recaudar los fondos. Había contratado a Citigroup como asesor para gestionar los riesgos involucrados en el equilibrio de su frágil balance. Como dijo Aylward: «Ahora mismo la financiación es lo que se interpone entre nosotros y la posibilidad de salir de esta pandemia lo más rápido posible. Es un verdadero desafío en el entorno fiscal actual, pese a que es, con diferencia, la mejor solución».⁴⁴

La cuestión de cómo «el entorno fiscal» podría ser una restricción debería haber sido un misterio. La mayoría de los gobiernos de todo el mundo estaban involucrados en gastos de emergencia sin precedentes que superaban ampliamente todo el programa de vacunas. Como señaló Aylward, «Todo esto se amortizará en 36 horas una vez que recuperemos el comercio y los viajes». Sin embargo, incluso en medio de una pandemia ruinosa que le estaba costando a la economía mundial billones de dólares, cuando se trataba de defender el gasto sanitario público a los líderes mundiales se les trababa la lengua.

Una limitación más apremiante que el dinero fueron los cuellos de botella físicos en la producción de vacunas. Para producir miles de millones de dosis de vacunas de ARN mensajero se ejerció una gran presión en las cadenas de suministro más oscuras, como la de las nanopartículas lipídicas, las microscópicas burbujas de grasa que transportan el código genético al interior cuerpo. Llenar miles de millones de viales con suero representaba por sí solo todo un desafío.⁴⁵ La administración Trump alardeaba de conservar su poder de la época de la Guerra Fría para aumentar la producción, pero no obtuvo resultado alguno. En Europa surgieron cuellos de botella críticos, sobre todo en el sistema de producción de AstraZeneca.

Para aumentar la producción, lo lógico era ampliar la capacidad involucrando a empresas adicionales,⁴⁶ pero esta opción requería un acuerdo con los desarrolladores originales. A pesar de la financiación pública que se les había proporcionado, los derechos de propiedad intelectual de las tres primeras vacunas continuaban perteneciendo a los fabricantes privados de vacunas. Para Jamie Love, jefe de defensa del grupo de apoyo a las tecnologías Knowledge Ecology International, «la decisión de no exigir la transferencia de conocimientos desde el principio del desarrollo de las vacunas fue un enorme fracaso de las políticas globales».⁴⁷ En el verano de 2020, cuando se hizo un llamamiento a la agrupación de patentes, hubo muy pocas respuestas. Moderna, que dependía de fondos públicos, sí ofreció compartir sus patentes, pero eso tenía poca importancia práctica si no se combinaba con información de fabricación patentada. Sudáfrica y la India lanzaron un llamamiento en la Organización Mundial del Comercio para pedir que se levantaran todas las protecciones de propiedad intelectual sobre las vacunas y tratamientos para la COVID, pero tuvieron que rendirse ante la oposición de una coalición formada por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la UE.⁴⁸ Tal coalición apoyaba la cooperación, pero solo en los términos establecidos por la industria farmacéutica.

En lo que respecta a las vacunas de ARN mensajero, la dificultad de compartir y ampliar la producción estaba incorporada de manera expresa en el diseño de las propias vacunas. Eran innovadoras y caras, y el aumento de su producción siempre iba a representar un desafío. La ruta más prometedora para lograr una inmunización rápida e íntegra de toda la población mundial era comenzar con una vacuna más simple y más tradicional. Esa fue la ruta tomada por la vacuna de Oxford, la menos glamurosa de los tres primeros contendientes occidentales en la carrera hacia las vacunas. Era barata y resistente, por lo que era fácil de almacenar. En abril, el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford anunció que pondría su vacuna a disposición de todos con licencia abierta. Sin embargo, debido a la presión de la Fundación Gates, que apoya fervientemente el mantenimiento de patentes sobre propiedad intelectual, incluso en medicamentos que salvan vidas, Jenner dio marcha atrás. Firmó un acuerdo exclusivo con AstraZeneca, y al mismo tiempo creó una empresa con fines de lucro, Vaccitech, en la que la Universidad y sus principales científicos poseían una participación mayoritaria. Durante la pandemia suministrarían la vacuna a precio de coste.⁴⁹ Para ampliar la capacidad de producción, Oxford-AstraZeneca acordó asociaciones con diez centros de fabricación de distintos continentes. Con diferencia, el más grande era el Instituto Serum de la India, pues tenía la capacidad de fabricar al menos 1.000 millones de dosis al año y estaba preparado para expandir rápidamente la producción. A principios de 2021, AstraZeneca se comprometió a entregar 3.210 millones de dosis, de las cuales más de la mitad estarían destinadas a los países pobres y de ingresos medios. Era una cifra mayor que la suma de las dosis de Pfizer/BioNTech y Moderna, pero aún estaba lejos de ser suficiente, y dependía, por supuesto, de la eficacia y seguridad de la vacuna.

La historia del milagroso avance del ARN mensajero de Pfizer/BioNTech y de Moderna —La forja de la libertad del siglo XXI— se centraba en Occidente, aunque en la primavera de 2021 aún no se sabía cómo y cuándo adquiriría relevancia para el resto del mundo. A finales de marzo de ese año, Estados Unidos, responsable de aproximadamente un cuarto de la producción global, se comprometía a exportar solo unos pocos millones de dosis a sus países vecinos, Canadá y México. La UE se mostraba menos «nacionalista». Hasta la primavera de 2021, los fabricantes europeos exportaron el 40 % de toda su producción, pero los envíos estaban destinados sobre todo a clientes ricos. La primera remesa de vacunas de COVAX de las Naciones Unidas llegó a Accra, Ghana, en el vuelo 787 de Emirates, en la mañana del 24 de febrero. Las vacunas procedían de las gigantescas instalaciones del Instituto Serum de Pune, la India, que, como socio de AstraZeneca, había sido contratado para producir el 86 % del suministro total de COVAX. Un mes después, no solo habían aumentado las preocupaciones sobre las vacunas de AstraZeneca, sino que la India, enfrentada a un aterrador aumento de las infecciones, había declarado una moratoria de todas las exportaciones de vacunas. Su enorme población tenía sus propias necesidades urgentes. COVAX, que confiaba en distribuir 350 millones de dosis en el primer semestre de 2021, tendría que esperar a los 90 millones de dosis prometidos por el Instituto Serum para marzo y abril. Con la producción india ya comprometida y los países ricos aprovisionándose a sí mismos, la atención se desvió hacia las vacunas desarrolladas en Rusia y China.

La primera inoculación contra la COVID oficialmente autorizada en 2020 no tuvo lugar en California como parte de un ensayo de ARN mensajero exquisitamente preparado, sino en China. El 29 de febrero, la general de División Chen Wei, una destacada viróloga del Ejército Popular de Liberación, recibió su primera dosis experimental frente a una bandera del Partido Comunista Chino ataviada con uniforme de combate. Chen ya era aclamada como una heroína nacional por su trabajo sobre las vacunas contra el ébola, y sus hazañas habían sido inmortalizadas en la patriótica película de acción Wolf Warrior II. Estuvo en Wuhan como parte de un esfuerzo conjunto entre la Academia de Ciencias Militares Médicas de China y la compañía farmacéutica chino-canadiense CanSino Biologics.⁵⁰ El equipo de Chen se ofreció como voluntario para las vacunas, y no solo como acto de propaganda para demostrar su lealtad al PCC, aunque sin duda lo hicieron encantados. Asumieron el riesgo porque parecía reducido. China estaba desarrollando un tipo de vacuna simple, pero seguro y fiable. A finales de 2020, empezando por el personal militar, China vacunaría a 4,5 millones de personas, tantas como las vacunadas en el resto del mundo. Por lo que sabemos, no hubo efectos secundarios adversos. A finales de marzo de 2021, con más de 225 millones de dosis, China lideraba globalmente la producción total y exportaba casi la mitad de su producción al resto del mundo.

Rusia también adoptó una tecnología de eficacia probada. En lugar de empezar de cero y utilizar la novísima tecnología de ARN mensajero, lo que hizo fue modificar un tipo de vacuna que había ya tenido éxito contra el ébola. Esta fue una ruta similar a la seguida por la vacuna Oxford-AstraZeneca, pero la Sputnik V de Nikolai Gamaleya en Rusia utilizó dos tipos de vectores de adenovirus distintos para la primera y la segunda dosis, lo cual al parecer elevaba su eficacia total al 91,4 %, muy por encima de su homóloga occidental. En agosto, mientras todavía estaba en los ensayos de Fase II, se convirtió en la primera vacuna con licencia de todo el mundo.⁵¹

Ya solo con su nombre, la vacuna Sputnik V proclamaba la destreza de Rusia en ciencia y tecnología, pero la pregunta era: ¿se podía confiar en una vacuna producida en un país en el que se ocultaba y reprimía la información básica sobre la seriedad de la epidemia? ¿Quién accedería a ponerse una vacuna respaldada por un régimen que tenía la mala costumbre de depositar neurotoxinas en los calzoncillos de sus oponentes políticos, como le hizo el Servicio Federal de Seguridad (el conocido FSB) a Alexei Navalny en agosto de 2020? En Rusia, al igual que en Estados Unidos, laboratorios de renombre se pronunciaron para exigir que el programa de pruebas de la Sputnik V cumpliese los estándares reconocidos para los ensayos de Fase III. El modelo heroico de apresurar las vacunas hacia su uso general después de las pruebas ad hoc en el valiente personal de laboratorio estaba obsoleto.⁵² Y la vacuna tampoco contaba con el apoyo de la población rusa: cuando el Moscow Times publicó una encuesta anónima preguntando a sus lectores si se pondrían la Sputnik V, el 60 % respondió que no lo harían.⁵³

En 2020, nuestros cuerpos se convirtieron en el escenario de la geopolítica científica. ¿Quién aceptaría ponerse una vacuna rusa? La respuesta, aparentemente, dependía de dónde estuvieses en el mundo, de cuánto podías pagar y de si tenías alguna alternativa.⁵⁴ Gamaleya estaba ofreciendo su vacuna Sputnik V a 10 dólares por dosis. En la primavera de 2021 firmaba contratos con 10 fabricantes en todo el mundo para producir 1.400 millones de dosis, y 29 países, incluyendo un miembro de la UE, Hungría, autorizaron la distribución en su territorio.⁵⁵

Los desarrolladores de vacunas rusos no tuvieron ningún reparo en llevar a cabo ensayos de Fase III en su país: la epidemia estaba ya muy extendida, y la distribución de la vacuna era dolorosamente lenta. En China, la pandemia estaba tan controlada que las vacunas chinas debían probarse en el extranjero. Para los principales competidores de China, Sinopharm y Sinovac, fue una oportunidad para la expansión global. En 2020 ejecutaron pruebas en 14 países de cinco continentes.

El 3 de noviembre, una semana antes de que se anunciaran los resultados de Pfizer/BioNTech, el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, organizó un acto publicitario en torno a su inoculación con la vacuna CNBG/Sinopharm COVID-19. Emiratos Árabes Unidos fue una de las piedras angulares de los ensayos de eficacia del CNBG. La fuerza de trabajo cosmopolita de los Emiratos le permitió probar sus vacunas en personas de 125 países diferentes de manera simultánea.⁵⁶ La implicación en el proceso de ensayo incrementaba la confianza. En enero, el presidente interino de Perú, el extecnócrata del Banco Mundial Francisco Sagasti, anunció la compra inicial de un millón de dosis de la vacuna Sinopharm. Era muy asequible, y tras ayudar a ejecutar los ensayos de Fase III, el Instituto Nacional de Salud de Perú se sintió lo bastante seguro como para validar su eficacia.⁵⁷ A principios de 2021, Lima había realizado pedidos por 14 millones de dosis de AstraZeneca y 38 millones de dosis de la Sinopharm china.⁵⁸ En marzo de 2021, Emiratos Árabes Unidos fue seleccionado como sede de una planta de Sinopharm capaz de producir 200 millones de dosis al año, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades de los propios Emiratos y de muchos de sus países vecinos.

El rival chino de CNBG, Sinovac, una compañía que cotiza en el Nasdaq, no buscó socios en el golfo Pérsico, sino en Brasil. A pesar de la hostilidad del presidente Bolsonaro, el gobierno del estado de São Paulo se comprometió a abonar 90 millones de dólares por 46 millones de dosis de Sinovac, una décima parte del precio pagado por el gobierno de Estados Unidos por las vacunas Pfizer/BioNTech y Moderna. Además, Sinovac declaró que estaba dispuesta a discutir la transferencia de su tecnología al Instituto Butantan, un centro de salud pública de gran reputación en São Paulo.⁵⁹ Al mismo tiempo, Sinovac estaba llevando a cabo ensayos a gran escala en Turquía e Indonesia. Los tres juntos elevaron el número de dosis contratadas a más de 120 millones. Como señalaron funcionarios de salud pública en Ankara, Turquía poseía «una buena infraestructura para los estudios de Fase III» y, a diferencia de Estados Unidos y gran parte de Europa, no tenía reparos en dar la bienvenida a un fabricante de vacunas chino.⁶⁰

China no solo estaba realizando pruebas, sino que estaba elaborando un sistema de entrega para llegar a la mayoría de la población mundial. A principios de diciembre, Cainiao, el brazo logístico del gigante chino de internet Alibaba, fue designado como el principal agente de entrega de vacunas chinas. Para manejar las demandas del mercado online más grande del mundo, Cainiao había construido una gigantesca plataforma logística de entrega «justo a tiempo». La compañía aérea Ethiopian Airlines, que había desempeñado un papel fundamental en el transporte de EPI fuera de China antes de la crisis, fue contratada para transportar también las dosis de la vacuna desde China. La compañía adaptó una flota inactiva de 30 aviones de pasajeros Airbus y Boeing para poder mantener la cadena de frío. Se creó una instalación de almacenamiento especializada en Addis Abeba, y se iniciaron negociaciones para construir instalaciones de producción aprobadas por la OMS en Egipto. Se estaban tomando en consideración tanto la china Sinovac como la rusa Sputnik V. Hasta que pudiera empezar la producción en África, el transporte aéreo operaría desde el aeropuerto de Shenzhen, donde Alibaba estaba construyendo la primera cadena de frío de alcance global ubicada en China.⁶¹ A comienzos de marzo, Ethiopian Airlines llevó a cabo su primer envío, entregando 2,2 millones de dosis proporcionadas por el COVAX.

A comienzos de 2021, a medida que iban llegando más buenas noticias de las pruebas de Fase III en todo el mundo, quedó claro que era posible desarrollar en un tiempo récord no solo una vacuna o una familia de vacunas, sino muchas. En la carrera por el desarrollo, la mayor riqueza de Estados Unidos y Europa iba a proporcionarles una ventaja no solo de años, sino de meses o incluso semanas. En todo caso, necesitaban esa ventaja. Aparte de América Latina, durante el invierno de 2020-2021 ninguna parte del mundo sufrió más que Estados Unidos y la UE por la segunda y tercera ola de la pandemia.

A las pocas semanas de que surgiesen las primeras noticias sobre las vacunas, se identificaron mutaciones en el Reino Unido y Sudáfrica que aumentaban drásticamente la capacidad de infección del virus. Proporcionaba un cierto consuelo saber que su letalidad no había aumentado, pero, desde el punto de vista de la salud pública, lo que realmente importaba era la tasa de reproducción y el volumen de casos resultante. Una mayor transmisibilidad era peor que una mayor letalidad, porque la primera es exponencial, mientras que la segunda es lineal.

Los fabricantes de vacunas se mostraron confiados en que sus versiones también funcionarían contra las nuevas variantes de coronavirus, pero hacía falta otra ronda de pruebas. El principal temor a principios de 2021 era el mismo que un año antes: que los sistemas de salud se colapsasen antes de que la vacuna estuviese lista. Una vez más, aplanar la curva era la prioridad. Y la única respuesta, ya fuese en California, Francia, el Reino Unido o Alemania, era volver a paralizar la actividad.

Capítulo 13

ALIVIO DE LA DEUDA

En enero de 2021, ante un alarmante aumento de las infecciones, Sudáfrica no podía seguir esperando la asignación del COVAX, así que fue el primer país africano en conseguir un acuerdo bilateral sobre vacunas con AstraZeneca. El acuerdo era de solo 1,5 millones de dosis para una población de 58 millones, pero sería suficiente para proteger al menos a sus trabajadores sanitarios indispensables.¹ La Unión Africana estaba trabajando en un acuerdo que aseguraría 270 millones de dosis de las vacunas de Pfizer y Johnson & Johnson, así como de la de AstraZeneca (fabricada por el Instituto Serum). Por supuesto, no era ni de lejos una cifra suficiente para los 1.300 millones de habitantes del continente, pero no había fondos para más. El Banco Mundial y la Unión Africana estaban negociando un plan de préstamo para vacunas de 5.000 millones de dólares.² El dinero provendría del fondo de 12.000 millones de dólares creado por el Banco Mundial para financiar las compras de vacunas por parte de los países más pobres.

El nuevo crédito fue de gran ayuda; sin embargo, al sumarse a la deuda ya existente, la carga amenazaba con volverse inmanejable. La crisis de 2020 había hecho mucho daño a las finanzas de los países más pobres. En exportaciones, remesas e inversiones anteriores, los países con ingresos más bajos habían sufrido una pérdida de 150.000 millones de dólares.³ Por tener una referencia comparativa, en 2019 la suma total de toda la Asistencia para el Desarrollo en el Extranjero en todo el mundo fue de 152.900 millones de dólares.⁴ Lo que necesitaban los países más vulnerables era un paquete que combinara tanto la asistencia sanitaria pública como el alivio financiero.

En noviembre de 2020, hablando simultáneamente como presidente de Sudáfrica y de la Unión Africana, Cyril Ramaphosa abogó por un esfuerzo multilateral para abordar la situación financiera de las naciones africanas más afectadas.⁵ La necesidad era aún mayor debido al hecho de que en 2020 se había interrumpido bruscamente lo que prometía ser un repunte de la suerte de África. Como subrayó Ramaphosa, si no se tomaban medidas se corría el riesgo de permitir que «la dinámica de la deuda a corto plazo haga descarrilar la marcha de África hacia un futuro verde, habilitado en lo digital y conectado a escala global».⁶ En 2020, y por primera vez desde que comenzaron los registros, en lugar de acelerarse, las economías combinadas del continente africano sufrieron una contracción.

Los países africanos no estaban solos. Como advirtió al G20 en noviembre de ese mismo año, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, los países pobres y altamente endeudados estaban «al borde del precipicio de la ruina financiera y ante una escalada inédita de la pobreza, el hambre y el sufrimiento».⁷ El presidente del Banco Mundial, David Malpass, que había sido designado por Trump y no podía ser acusado ni de sentimentalismo ni de alarmismo, insistió en el tema: «Si no se proporciona un alivio más permanente de la deuda» a los países más afectados, «se producirá un aumento de la pobreza y una repetición de los impagos indiscriminados de la década de 1980».⁸

Sin embargo, a pesar de la sensación de emergencia, de los daños y de la magnitud de la acción en las economías avanzadas, la respuesta mundial a estos llamamientos fue un fracaso. Hubo algunos esfuerzos parciales, entre los que destaca la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, lanzada por el G20. Tanto el FMI como el Banco Mundial hicieron préstamos, pero, a diferencia de la crisis de 2008, no hubo una gran iniciativa liderada por el G20. Las propuestas del FMI para ampliar la capacidad de lucha contra la crisis y embarcarse en el alivio de la deuda a gran escala acabaron encallando. Fue algo profundamente revelador sobre la forma en que se distribuyen los recursos y el poder en la economía mundial.

No cabe duda de que el hecho de que la administración Trump y el ala conservadora del Partido Republicano mantuvieran su influencia en Washington D. C. no ayudó mucho. En el verano de 2020, Trump estaba en guerra tanto contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) como contra la OMS, mientras que el FMI era tratado con guantes de seda. Lo que sí ayudó fue que las relaciones con el Fondo fueran administradas por el secretario del Departamento del Tesoro, Steve Mnuchin, que era el menos «trumpista» de los leales a Trump. Sin embargo, una cosa era la continuidad y otra muy distinta las grandes medidas para hacer frente a la crisis.

La coalición de líderes europeos y africanos que se reunió en abril para pedir una acción a gran escala por parte del FMI fue impresionante.⁹ La idea de emitir una gran asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) contaba con la aprobación de un amplio sector de expertos.¹⁰ El antecedente más claro era la iniciativa lanzada en Londres once años antes, cuando el G20 decidió triplicar la capacidad de préstamo regular del FMI hasta los 750.000 millones de dólares y ampliar la liquidez mundial en 250.000 millones de dólares mediante una asignación general de DEG.¹¹ Once años después, el Fondo seguía recurriendo a las capacidades crediticias creadas en 2009. Para la administración Trump, sin embargo, hablar de DEG era un tabú que hacía saltar las alarmas. Aunque la propuesta afroeuropea contaba con el apoyo de los dirigentes del FMI y de una amplia coalición de accionistas, se estrelló contra el muro del veto estadounidense. Estados Unidos protege celosamente su veto sobre la junta de gobernadores del Fondo precisamente para casos como este.¹²

La justificación que se ofrecía era de carácter práctico: el Tesoro estadounidense insistía en que ya había más que suficientes DEG en circulación. Si los europeos deseaban realmente hacer algo constructivo, podían asegurarse de que los derechos de emisión existentes se pusieran a disposición de quienes más los necesitaban.¹³ Había una parte de verdad en esta alegación, pero no era motivo suficiente para no responder a la emergencia con una asignación adicional. En Washington no era ningún secreto que el verdadero motivo del veto de Mnuchin era la oposición de los miembros más conservadores del Partido Republicano.

En 2020, Ted Cruz ganaría notoriedad como uno de los más vehementes defensores de Trump en el Senado. Cruz también formaba parte del sector más conservador en todo lo relacionado con Rusia y China. En 2013 ya había dejado su huella como senador júnior recién elegido en Texas, haciendo todo lo posible para sabotear un elemento clave de la política del FMI del G20: el cambio de cuota a favor de los mercados emergentes, liderados por China. Esta había sido una parte clave del acuerdo alcanzado en la cumbre del G20 en Londres para ampliar los recursos del FMI. Cruz se propuso bloquear la ratificación del acuerdo firmado por la administración Obama.¹⁴ En un momento dado, y como directora gerente del Fondo, Christine Lagarde se ofreció a hacer una danza del vientre si conseguía la aprobación de Cruz.¹⁵ Siete años después, en 2020, Cruz seguía liderando la acusación contra China y Rusia. En abril de 2020, en plena crisis del coronavirus, ningún miembro del equipo del Departamento del Tesoro que dirigía Mnuchin quería incitar a Cruz a dirigir su fuego una vez más contra el FMI.

Una vez celebradas las elecciones estadounidenses, Ramaphosa y sus homólogos africanos se vieron libres para renovar su llamamiento a la emisión de DEG.¹⁶ Todo dependía ahora de la nueva administración presidida por Biden y de las elecciones al Senado en Georgia. Si el Partido Republicano mantenía el control, lo que muchos consideraron la posibilidad más probable hasta casi el final del año, la única ruta posible era que el gobierno de Biden encontrara la forma de eludir al Senado. Si el incremento no era mayor que la asignación ya existente de DEG, la aprobación del Senado no era necesaria. Eso permitiría una nueva emisión de unos 650.000 millones de dólares al tipo de cambio existente el 1 de mayo de 2020,¹⁷ lo cual, si se combinaba con una reasignación de los DEG entre los miembros del FMI, podría proporcionar una considerable aportación para los países de bajos ingresos más presionados. Aun así, no se alcanzaría el billón de dólares de financiación necesario para impulsar el crecimiento de los países de bajos ingresos y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El veto ejercido sobre los asuntos globales por el ala conservadora estadounidense era exasperante y profundamente dañino para la legitimidad de instituciones internacionales como el FMI, pero el estancamiento de la asistencia financiera para los países en desarrollo no puede atribuirse solo a esto. Para ver la gama más amplia de fuerzas condicionantes, solo hay que examinar la única medida de alivio de la deuda que la comunidad internacional aprobó en 2020: la Iniciativa de Suspensión del Servicio de Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés).

La DSSI se puso en marcha en abril con un informe que era estrecho de miras desde el principio.¹⁸ Cubría solo a los países africanos y asiáticos más empobrecidos y más pequeños, y excluía a los países de ingresos medios-bajos, ya que se basaba en el principio de que debía ser neutral en relación con el Valor Actual Neto. En otras palabras, aunque el reembolso se suspendía a corto plazo, los prestamistas no sufrirían pérdidas durante toda la duración del préstamo. Como compensación por los pagos diferidos en 2020, recibirían un reembolso acelerado entre 2022 y 2024. Cualquier deudor que desease inscribirse en la DSSI tenía que sopesar cuidadosamente el riesgo de tener dificultades de pago durante unos años. Además, los únicos pagos del servicio de la deuda cubiertos por la iniciativa eran los adeudados a los acreedores bilaterales oficiales, que eran los préstamos sobre los que los gobiernos del G20 tenían un control inmediato. Sin embargo, en la nueva era de la deuda mundial en desarrollo, estos eran una parte cada vez menor del problema general.

En 2020, el panorama de la deuda era el reflejo de las rondas anteriores de alivio de la deuda. La última ronda había sido iniciada en 1996 por la iniciativa Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y la campaña de jubileo de la deuda encabezada por celebridades como Bono y Bob Geldof, y alcanzó su culminación en la cumbre del G8 celebrada en 2005 en la localidad escocesa de Gleneagles.¹⁹ Con todo ello se logró reducir la proporción deuda/PIB de los 35 países de ingresos más bajos.²⁰ En los años posteriores, los préstamos de los gobiernos de los países ricos, organizados en el Club de París, se movieron cada vez más a un segundo plano.²¹ En lugar de préstamos, proporcionaban asistencia financiera en forma de subvenciones. Así, aunque Estados Unidos continuó siendo la mayor fuente única de ayuda (por un monto de 35.000 millones de dólares), su aportación como prestamista concesional bilateral se había reducido a la insignificancia. En 2020, la India y Brasil, países de ingresos medios, tenían más préstamos concedidos pendientes a los países más pobres que Estados Unidos.

Figura 10. China es el mayor prestamista oficial de países en desarrollo. (Con permiso de Horn, Reinhart y Trebesch, 2019.)

El gran nuevo prestamista bilateral en el ámbito de las finanzas de desarrollo no era un miembro establecido del Club de París. Era China. El volumen y el alcance exacto de los préstamos chinos bajo el programa de infraestructuras One Belt, One Road (conocido como Iniciativa de la Franja y la Ruta) no estaban muy claros, pero eran claramente enormes. Entre 2008 y 2019, según una recopilación especialmente meticulosa, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China prestaron 462.000 millones de dólares a clientes de todo el mundo,²² muy cerca de los 467.000 millones de dólares prestados por el Banco Mundial en el mismo período. Y los bancos chinos tenían, además, una mayor capacidad de «crecimiento». En su punto álgido, en 2016, los préstamos de los bancos políticos chinos no solo superaron a los del Banco Mundial, sino que igualaron a los de todos los bancos de desarrollo multilateral juntos: el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y el Banco Africano de Desarrollo.²³ Más del 40 % de los 30.500 millones de dólares de los pagos de devolución de deuda con vencimiento en 2021 (a reembolsar por países africanos elegibles por la DSSI) se debían a los acreedores oficiales chinos o a los bancos de desarrollo de China.²⁴ Los 46 países deudores que se habían inscrito para participar en la DSSI debían a China 5.760 millones de dólares en reembolsos, en comparación con los 1.990 millones de dólares debidos a los miembros del Club de París. El mayor acreedor era Francia, con 559 millones de dólares en pagos, seguida de Japón, con 481 millones de dólares. Estados Unidos solo debía recuperar 155 millones de dólares, la treintaisieteava parte de lo que se debía a China.²⁵

Desde 2013, China comenzó a agrupar sus préstamos para el desarrollo extranjero bajo el lema «One Belt, One Road», un epígrafe que sin duda tenía la intención de transmitir una visión y un propósito, pero que también atrajo sospechas internacionales y acusaciones de imperialismo a través de la deuda.²⁶ Circularon rumores de exorbitantes exigencias chinas, como que los prestatarios debían renunciar a la inmunidad soberana y ofrecer activos nacionales vitales como garantía.²⁷ El ejemplo del malogrado complejo portuario de Hambantota, en Sri Lanka, fue ampliamente citado como un claro ejemplo de un país que acaba cayendo en una «trampa de deuda».²⁸ Cuando Sri Lanka se vio incapaz de pagar, perdió una instalación portuaria estratégicamente vital que había puesto como garantía, o al menos eso es lo que dicen los rumores. Se debatió acaloradamente de si se trataba o no de una política deliberada por parte de China, aunque nadie conocía las circunstancias exactas de la transacción de Hambantota.²⁹ En cualquier caso, era innegable que en 2020 varios de los clientes de China estaban en graves problemas financieros. Incluso antes de la aparición del coronavirus, Venezuela, Pakistán, Angola y otros nueve países africanos corrían el riesgo de quedarse atrás en sus pagos a China, pero Pekín no mostró signos de aprovecharse de la crisis de la COVID para ganar más influencia. El designado por Trump como presidente del Banco Mundial, David Malpass, culpó a China por el hecho de que el Banco de Desarrollo de China no fuese incluido en la DSSI.³⁰ Pekín insistió en que era un banco privado, y que por lo tanto no estaba cubierto por los términos de la iniciativa del G20. En sus préstamos oficiales reconocidos, Pekín hacía concesiones a sus deudores tan grandes como las ofrecidas por todos los demás prestamistas juntos.

Sin duda, la exención del Banco de Desarrollo de China era una jugada dudosa y poco ortodoxa, pero esto tenía menos que ver con cualquier gran estrategia china que con las lagunas creadas por la exención de los acreedores privados estipulada en los términos de la DSSI. De los 35.000 millones de dólares en servicios de deuda adeudados por los países elegibles para la DSSI en 2020 —aparte de la enorme porción debida a los chinos—, 13.500 millones se debían a prestamistas privados,³¹ aproximadamente la mitad se debía a bancos de diversa índole, y el resto a propietarios de bonos. El tamaño de esta carga de deuda reflejaba el grado en que, desde 2005, los préstamos privados habían ido desplazando a los préstamos concesionales destinados a países de bajos ingresos.

En su llamamiento a la acción del mes de abril, los gobiernos de la UE y África habían solicitado la participación de todos los prestamistas a países de bajos ingresos, incluidos los privados, llamamiento que fue aprobado por el G20. El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), que actúa como grupo de presión en el ámbito de las finanzas globales, extendió una invitación a sus miembros a participar de forma voluntaria, pero para el verano ninguno lo había hecho todavía. En su defensa, el IIF añadió la reveladora observación de que ningún deudor había solicitado siquiera concesión alguna a sus miembros. Lo que preocupaba a los países deudores era el posible impacto en sus calificaciones crediticias. Por mucho que necesitasen un alivio de la deuda, poner en peligro su acceso futuro a los mercados de capitales era un precio demasiado elevado.³²

La experiencia del fuertemente endeudado Camerún a manos de la agencia Moody’s fue una advertencia clarísima. La elegibilidad de Camerún para la DSSI del G20 se confirmó el 19 de mayo de 2020, liberando 276 millones de dólares en servicio de deuda. Ocho días después, Moody’s puso a Camerún en revisión para rebajar su calificación. A modo de explicación, Moody’s señaló que el G20 había vinculado la participación en la DSSI a la solicitud de concesiones similares a acreedores privados. La mera solicitud bastaba. Hasta el mes de agosto no quedó claro que no solo no se había avanzado en la inscripción de propietarios de bonos privados en la DSSI, sino que correspondería a los gobiernos prestatarios hacer una solicitud a sus acreedores privados, y que Camerún no tenía intención de hacerlo, por lo que Moody’s levantó su amenaza de degradación.³³

Estaba claro que las agencias de calificación fustigaban a cualquier prestatario con niveles elevados de deuda privada. Y sorprendentemente, su influencia se extendía también a los prestamistas multilaterales, como el Banco Mundial.

Para ser nombrados «elegibles» y entrar en el plan de la DSSI, los países tenían que solicitar primero un programa del FMI y someterse a la supervisión del Fondo. Sin embargo, a pesar del llamamiento de los gobiernos africanos y de la UE, 12.000 millones de dólares en pagos del servicio de la deuda adeudados al FMI, el Banco Mundial y otros prestamistas multilaterales quedaron exentos de la DSSI. Cuando fue presionado para que explicara esta situación anómala, David Malpass, como presidente del Banco Mundial, señaló a las agencias de calificación.

Desde 1959, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la parte de la organización del Banco Mundial que realiza préstamos a países de ingresos bajos y medios, había gozado de la máxima calificación crediticia, la Triple A Plus. El 15 de abril de 2020, día del acuerdo del G20 sobre la DSSI, el BIRF estaba en el mercado recaudando 8.000 millones de dólares en bonos a 5 años, con un rendimiento del 0,704 %. Fueron los ejercicios de recaudación de fondos más grandes y baratos jamás realizados por una institución financiera internacional.³⁴ La razón por la que el Banco Mundial no apoyaba la iniciativa de suspensión de la devolución de la deuda era que, al hacer concesiones a sus prestatarios asumiendo una pérdida en su balance, por pequeña que fuera, podría poner en tela de juicio la calificación de Triple A Plus del BIRF, poniendo a su vez en peligro su capacidad para hacer préstamos de bajo coste a los países más pobres.³⁵ La respuesta del Banco Mundial a la crisis no fue suspender o aplazar la deuda existente, sino ofrecer 160.000 millones de dólares en nueva capacidad de préstamo hasta el verano de 2021.

Viniendo del Banco Mundial, aquello era una abdicación extraordinaria. Su balance era lo bastante fuerte como para absorber la reprogramación de los pagos de deuda permitidos en el marco de la DSSI. Después de todo, era neutral en relación al Valor Añadido Neto, y los accionistas podrían haber compensado cualquier pérdida. Además, y de forma alternativa, los fondos podrían haberse recaudado mediante la eliminación de una pequeña fracción de las reservas de oro del FMI o mediante la emisión de DEG.³⁶ Ninguna de estas opciones, sin embargo, fue seriamente considerada en 2020. Más allá del bloqueo de la administración Trump sobre los DEG, se produjo un fracaso general en la invocación de la voluntad política y los recursos que habrían sido necesarios para ofrecer una asistencia financiera sustancial. La DSSI continuó siendo una pálida sombra de lo que debería haber sido, y sus principales beneficiarios eran solo Angola y Pakistán.³⁷ A finales de año, el Banco Mundial atribuyó 5.000 millones de dólares en ayudas a la iniciativa.³⁸ Como solución general al problema de la deuda de los países de bajos ingresos, fue poco menos que una burla.

Durante el verano, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (la UNCTAD, por sus siglas en inglés), uno de los organismos más radicales de la ONU, criticó «los esfuerzos entrecortados de la comunidad internacional» a la hora de proporcionar alivio de la deuda. Como dijo la UNCTAD, la inacción colectiva «llamó claramente la atención sobre la fragmentación paralizante y la complejidad de los procedimientos existentes» para abordar los problemas relativos a la deuda soberana internacional.³⁹ Para restablecer el orden y permitir un ajuste rápido y equitativo de las reclamaciones, la UNCTAD propuso crear una «autoridad mundial de deuda soberana, independiente de los intereses (institucionales o privados) de los acreedores o deudores», que pudiera presidir de manera imparcial y transparente las reestructuraciones.

La idea contaba con el apoyo entusiasta de los grupos de defensa de la deuda. Aun así, ¿qué coalición tenía el poder de crear un organismo supranacional de este tipo contra los arraigados intereses de los acreedores? El FMI, el Banco Mundial, el G30 y el G20 difícilmente podrían negar que los acuerdos actuales eran insuficientes, pero no tenían ningún interés en crear una nueva autoridad mundial de deuda soberana. En vez de eso, preferían la persuasión moral y los llamamientos sinceros para agrupar a todos los acreedores, incluidos los privados. La implicación del sector privado era esencial para garantizar que la reestructuración proporcionara realmente un alivio sustancial a los deudores, eliminara cualquier discusión sobre quién estaba y quién no estaba involucrado, y además legitimara el procedimiento de los que debían hacer concesiones. Como señaló un informe pericial para el G30, elaborado por un influyente grupo de exfuncionarios de bancos centrales y del Departamento del Tesoro, «un enfoque sobre la resolución de crisis de deuda en el que algunos acreedores financian efectivamente el pago a otros es políticamente insostenible, y es probable que fracase. [...] Si no se garantiza la participación de todos los acreedores [...], acabará socavándose el apoyo político a una respuesta global concertada a la crisis, y el apetito por la cofinanciación oficial disminuirá».⁴⁰ Si únicamente los acreedores financiados con dinero de los contribuyentes ofrecían concesiones, en la práctica estaban subsidiando a los acreedores privados.

El atractivo de esta agenda de reformas estaba claro. Desde finales de la década de 1990, se habían realizado esfuerzos para crear un régimen sistemático de impago soberano que hiciera que el proceso fuera justo y transparente.⁴¹ Obligar a los acreedores privados a compartir la carga de la reducción de la deuda podía ser un proceso realmente arduo que además podría conducir a una exclusión temporal de los países deudores de los mercados de bonos, pero, como insistieron en señalar los expertos del G30 en su momento, no era posible escapar de la «realidad económica». Un país con una carga de deuda más ligera comenzaría con un registro más limpio, y estaría en una mejor posición para embarcarse en nuevas inversiones y nuevos préstamos. El miedo a ser excluido de los mercados de bonos podía ser infundado, ya que si algo habían demostrado los morosos en serie, como Argentina, es que los prestamistas siempre regresan.

Con el fin de dar a los deudores el poder que necesitaban para obligar a los acreedores a sentarse en la mesa de negociaciones, en el otoño de 2020 el FMI y el Banco Mundial unieron sus fuerzas y pidieron la introducción universal de cláusulas de acción colectiva.⁴² Si se llevase a cabo una reestructuración, podrían superar en votos a los acreedores que se negasen a colaborar. Por si el estrés del mercado crediticio se intensificaba hasta convertirse en una crisis global de deuda soberana, el FMI presentó propuestas aún más radicales. Por un lado, el Fondo podría ofrecer mejoras en efectivo o crédito a prestamistas privados reacios. Por otro, los acreedores reticentes podrían verse amenazados con intervenciones legislativas específicas por parte de prestatarios de bajos ingresos en dificultades.⁴³ Bélgica había mostrado el camino en 2015 con la llamada «legislación anti fondos buitre», y si decisiones como esta se extendieran a Inglaterra y a la jurisdicción de Nueva York —donde se elaboran la mayoría de los contratos de bonos—, el equilibrio de poder a favor de los deudores cambiaría drásticamente.⁴⁴ Eso era más de lo que el G20 probablemente podría estar dispuesto a tolerar, pero en noviembre de 2020 el G20 firmó un marco común para los tratamientos de la deuda más allá de la DSSI.⁴⁵ Faltaban aún los detalles específicos, pero al menos establecía claramente que cualquier alivio de la deuda concedido por los prestamistas públicos debía ser igualado por concesiones de acreedores privados. La cuestión era cómo hacerlo cumplir. Dado el papel clave desempeñado por los bancos, los fondos de inversión y los tribunales estadounidenses en el mercado global de bonos, este era un tema en el que el liderazgo de Estados Unidos era esencial, pero, como dijo tímidamente un informe, a mediados de noviembre no estaba claro que el alivio de la deuda para los países más pobres del mundo apareciese en el «radar» del presidente Trump.⁴⁶

Con la esperanza de forzar el tema en la agenda ya pasadas las elecciones estadounidenses, el 30 de noviembre Ramaphosa renovó su apelación para una nueva emisión de DEG, una extensión de la DSSI, una inscripción de acreedores privados y nuevas medidas para frenar la influencia de las agencias de calificación.⁴⁷ Sin duda esperaba una audiencia más atenta por parte del nuevo equipo formado en torno a Janet Yellen, principal candidata a suceder a Steven Mnuchin al frente del Departamento del Tesoro, pero también había otras circunscripciones a las que necesitaban convencer. La voz que se oponía con más fuerza a las propuestas de reestructuración de la deuda, algo sorprendente, era la de Vera Songwe, subsecretaria general de la ONU y jefa de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África. Como informó el Financial Times, en su opinión, «lo último que necesitan los países en desarrollo es una participación forzada del sector privado en el alivio de la deuda». Para Songwe, un «marco común de deuda que fusione innecesariamente el endeudamiento concesional público con el acceso a los mercados comerciales socavaría la recuperación de África».⁴⁸ El equilibrio entre contribuyentes y propietarios de bonos podía ser una prioridad para las economías, pero ¿por qué debían los países en desarrollo aceptar sin más un día de reuniones forzosas con todos sus acreedores a la vez? Lo importante era que, en 2020, la deuda pagada por los gobiernos de los países en desarrollo a sus acreedores superaba en volumen a los nuevos préstamos en un total de 167.000 millones de dólares.⁴⁹ La reducción del servicio de la deuda podía ser de ayuda, pero, para que África se recuperase y acelerase su desarrollo, lo que realmente hacía falta era más inversión financiada por más préstamos.

Estaban en juego dos visiones diferentes de las finanzas y el desarrollo. Los defensores de una reestructuración integral de la deuda partían de una idea clara sobre qué tipo de deuda era sostenible, y solicitaban que se hiciera borrón y cuenta nueva. La Comisión Económica para África (UNECA) no negó la necesidad de reestructuración en casos difíciles ni la necesidad de inscribir a los acreedores privados. A pesar de las críticas de Songwe, los documentos oficiales de la UNECA incorporaron el «Marco Común» del G20. La diferencia era que el objetivo de la UNECA era generar más crédito, no menos.⁵⁰ Su modelo era el llamado «régimen de financiación mixta», que se basaba en una estrecha asociación entre los organismos públicos y los mercados privados. Esto confería más poder a los prestamistas privados y a las agencias de calificación, pero, como señaló la UNECA, a pesar de todas las amenazas ninguna agencia de calificación había bajado la calificación crediticia de un país que participase en la DSSI. La necesidad primordial era multiplicar el crédito a través de todos los canales disponibles: una nueva emisión de DEG por parte del FMI, préstamos ampliados por bancos multilaterales de desarrollo, y creación de servicios de liquidez para recomprar bonos soberanos africanos, convirtiéndolos, al igual que los bonos soberanos de los países ricos, en garantías para préstamos futuros. En la redacción de estas propuestas, la UNECA se apoyó en el asesoramiento técnico de PIMCO, uno de los mayores gestores de bonos privados. Lo que solicitaban la UNECA y PIMCO era la ampliación a África del modelo de apoyo público al crédito privado que prevalecía en las economías avanzadas.⁵¹ Parte de esto podía ser llevado a cabo por las autoridades financieras locales. Es cierto que, en última instancia, tendría que ser apoyado por los balances de los bancos centrales de las economías más avanzadas, o mediante la emisión de DEG, si fuese necesario. Era sin duda una construcción precaria, pero si se echaba un vistazo al resto del mundo no era algo tan inusual. Si Italia, con una deuda del 155 % del PIB, todavía podía acceder a los mercados para obtener bonos a cinco años al 0,2 % por cortesía del BCE, ¿por qué deberían los prestatarios africanos con ratios de deuda/PIB mucho mejores enfrentarse a tipos de interés prohibitivos? Era solo cuestión de respaldo político y de ingeniería financiera.

Los defensores de una reestructuración rigurosa e integral de la deuda hablaban el lenguaje de la «realidad económica» y la «sostenibilidad de la deuda», pero, como demostraba la experiencia de las propias economías avanzadas, si alguien pedía prestado en una divisa que podía controlar, esos eran parámetros negociables, en última instancia, por los bancos centrales. Para los defensores de una nueva África, como Songwe, el imperativo rector era la magnitud del potencial de su continente y la inmensidad de los desafíos a los que se enfrentaba. La realidad económica que dominaba la visión de la UNECA era el drama del crecimiento de la población africana y su urgente necesidad de infraestructura. Para 2040, según predijo la UNECA, África tendría la fuerza laboral más grande del mundo, pues representaría el 40 % de los jóvenes trabajadores a escala global.⁵² Según la ONU, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el continente necesitaba gastar 1,3 billones de dólares anuales.⁵³ No en vano, el lema del Banco Mundial de 2015 era «De miles de millones a billones».⁵⁴ Para llegar a ese punto, lo que hacía falta era más crédito, por cualquier medio y de cualquier fuente.

Lo que daba a China tal atractivo como prestamista era la pura urgencia del imperativo de inversión. En la lucha por dar el salto a escalas gigantescas, China llenaba un vacío. El programa One Belt, One Road era su trampolín. En mayo de 2017, Xi Jinping reunió en Pekín a 30 jefes de Estado y delegados de más de 130 países para proclamar «un proyecto del siglo». La magnitud de la visión china podía parecer exagerada y ostentosa, pero cuando se hablaba de billones de dólares en inversiones no era una hipérbole, sino una estimación realista de la magnitud de sus intenciones.

El flujo de dinero de China permitía pagar una infraestructura impresionantemente moderna, y venía acompañado de una visión de desarrollo económico organizada en torno a las exportaciones de generación de energía, transporte y materias primas, con la promesa de que tarde o temprano se extendería a las cadenas de suministro manufactureras y al desarrollo de alta tecnología. Para muchos países en desarrollo, la cuestión más inquietante de 2020 no era si habían pedido prestado demasiado a China, sino si China tenía intención de echarse atrás.⁵⁵ Tras el enorme aumento de los préstamos en 2016, China estaba pisando el freno. Pekín parecía preocupada por la fuga de capitales oculta tras la iniciativa One Belt, One Road, y también quería mejorar la calidad de los proyectos de inversión y gestionar las consecuencias geopolíticas. Los préstamos a África y América Latina habían sido cancelados,⁵⁶ y algunos de los proyectos que iban a implementarse en Pakistán también se estaban desacelerando.⁵⁷ A finales de 2020, los préstamos chinos a países integrados en la iniciativa One Belt, One Road se redujeron un 54 %, hasta los 47.000 millones de dólares.⁵⁸

Si China se retiraba, ¿habría alguien que pudiera llenar el vacío? ¿Podría Occidente ofrecer una respuesta estratégica a las enormes necesidades de inversión del mundo en desarrollo? Lo más novedoso de los años inmediatamente anteriores a 2020 era que, de hecho, esta cuestión se estaba planteando de verdad.

En enero de 2017, al asumir la presidencia del G20, Alemania propuso la idea de un «Plan Marshall con África» —«con», y no «para»—, que se centraría en el desarrollo de la inversión privada.⁵⁹ En el mismo año, Canadá creó el Instituto Canadiense de Finanzas para el Desarrollo (DFIC, por sus siglas en inglés), también conocido como FinDev. Según el típico cliché del sector, el FinDev fue descrito como «una institución financiera que apoya el crecimiento inclusivo del sector privado y la sostenibilidad en los mercados en desarrollo».⁶⁰ En 2018, después de proponer por primera vez la cancelación total de la financiación para el desarrollo de Estados Unidos, la administración Trump se centró en la Ley de Mejor Utilización de la Inversión para al Desarrollo (o Ley BUILD), un proyecto de ley bipartidista que estableció la Corporación de Finanzas Internacionales de Desarrollo de Estados Unidos (IDFC).⁶¹ En ella se incluía a la Corporación para las Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés), ya existente de Estados Unidos, pero la nueva IDFC elevó la cantidad que podría ponerse en riesgo en apoyo de los préstamos para el desarrollo de 29.000 millones de dólares a 60.000 millones de dólares, y amplió los términos en los que Estados Unidos podría proporcionar apoyo para incluir capital riesgo.⁶² En el verano de 2018, Estados Unidos, Japón y Australia anunciaron planes para apoyar conjuntamente la infraestructura en la región Indo-Pacífico.⁶³ Para respaldarla, Australia lanzó en 2019 su Mecanismo de Financiación de Infraestructura para el Pacífico con un capital de 2.000 millones de dólares.⁶⁴ Juntos, Estados Unidos, Japón y Australia apoyaron la llamada Blue Dot Network, con el fin de certificar proyectos de infraestructura. El objetivo era transformar los aproximadamente 94 billones de dólares destinados a inversiones en infraestructuras globales necesitadas con urgencia en el mundo en desarrollo en «una clase de activos sustentada por contratos estándar», al estilo de los proyectos inmobiliarios comerciales en el mundo desarrollado.⁶⁵

El propósito estratégico de estas arriesgadas acciones estaba claro. En palabras del ministro alemán de Desarrollo, Gerd Müller: «No podemos dejar a África en manos de los chinos, los rusos y los turcos».⁶⁶ No obstante, lo que también tenían en común era la modestia de los recursos públicos comprometidos. Los fondos europeos en los que debía basarse el «Plan Marshall con África» apenas ascendían a un total de 6.500 millones de euros. Si tenían que ser significativos, todos estos nuevos servicios dependían de la magia del apalancamiento y la ingeniería financiera para convertir miles de millones en, si no billones, al menos en cientos de miles de millones. En el espíritu de las propuestas de la UNECA se trataba de asociaciones público-privadas. Las instituciones públicas absorberían el riesgo —de los países, de los proyectos o de los tipos de cambio—, a fin de multiplicar los flujos de capital privado de los países ricos hacia los pobres.

Aun así, a pesar de la tan novedosa ambición occidental de competir con China y de la embriagadora visión de una abundancia interminable impulsada por el mercado, las cantidades totales de dinero que fluían hacia los prestatarios de bajos ingresos continuaban siendo inadecuadas. La abrumadora mayoría de los fondos privados condicionados por los llamados esquemas de «finanzas mixtas» estaban dirigidos a países de ingresos medios, no bajos.⁶⁷ Incluso con el apoyo de la «reducción del riesgo» ofrecido por los bancos de desarrollo, preferían ir a lugares que ya habían demostrado la capacidad de generar un crecimiento sostenido y rentable. Por definición, tales economías eran de al menos ingresos medios. Y esa es también la razón por la que los países que habían sido incluidos en la insuficiente DSSI estaban tan abajo en la agenda política mundial.

Puede que 670 millones de personas viviesen en países de bajos ingresos, pero representaban menos del 1 % del PIB global. Su difícil situación era una cuestión humanitaria, pero no representaba un riesgo sistémico para los centros de poder económico y político del Norte global, a menos, claro está, que su miseria se extendiese a través de la migración masiva. Como dijo sin rodeos el ministro alemán Müller: «El destino de África es un desafío y una oportunidad para Europa. Si no colaboramos a la hora de resolver sus problemas, tarde o temprano acabarán viniendo a nosotros».⁶⁸ Sin embargo, ese era un miedo relegado a un futuro lejano. A corto plazo, las dificultades financieras de Zambia o Ghana solo eran una amenaza para una pequeña parte de las carteras de sus acreedores. Y lo mismo sucedía con los impagos de Ecuador y otros deudores de ingresos medios, como Argentina y Líbano. Su peso en la economía mundial era simplemente demasiado leve, sus problemas demasiado descartables como idiosincráticos. En realidad, para forzar un cambio institucional a gran escala se requería una crisis de deuda mucho más completa que la que surgió en 2020; una crisis que afectase a economías mucho más grandes. Algo en la línea, tal vez, de la ola de crisis de los mercados emergentes que se produjo entre 1997 y 2001.

En 2020 hubo mucha presión sobre las transacciones financieras de los mercados emergentes, pero no llegó a producirse una crisis general, lo cual fue una impresionante demostración de resiliencia, pero ¿fue algo engañoso? ¿Acaso el año 2020 dio una falsa sensación de seguridad?

A finales de la década de 1990, Brasil era mucho más grande y más importante desde un punto de vista sistémico de lo que lo había sido cualquiera de las economías asiáticas.⁶⁹ En 2021, terminaba el año con una deuda pública equivalente al 90 % del PIB, muy elevada para un mercado emergente. La demanda de bonos brasileños a corto plazo seguía siendo fuerte, pero los intereses de la deuda a largo plazo eran cada vez más exorbitantes. En los primeros cuatro meses de 2021, el Departamento del Tesoro de Brasil tuvo que transferir más de 112.000 millones de dólares en deuda.⁷⁰ Era una cantidad enorme, pero teniendo en cuenta que gran parte de ella estaba denominada en reales brasileños, y que el balance comercial de Brasil era fuerte, su tipo de cambio flexible y su banco central gestionado de manera activa y eficaz, no parecía existir la amenaza de una crisis inminente. Aun así, el miedo estaba aumentando. El gobierno de Bolsonaro era oportunista, su consejo de ministros era tan caótico como siempre, y las elecciones de 2022 no estaban ya tan lejos. Los mercados aún no estaban en «modo pánico», pero el real brasileño no dejaba de caer. En abril de 2021, volvía a los niveles más bajos que había alcanzado durante la primera ola de la crisis. A finales de marzo, António Guterres, secretario general de la ONU, lanzaba advertencias sobre el vencimiento cada vez más cercano de los préstamos brasileños. Y por si fuera poco, la epidemia en Brasil volvía a estar fuera de control. Una variante nueva y altamente infecciosa del virus estaba causando estragos, y las vacunas llegaban con demasiada lentitud. En abril de 2021, las muertes diarias por COVID aumentaron a 4.000, y la cifra total superó las 400.000. Como insistía Guterres, en una crisis todo podía llegar a vincularse: sanidad, pobreza y finanzas.⁷¹

Si una crisis financiera global era inminente, Sudáfrica era mucho más vulnerable que Brasil: su crecimiento era más lento, incluso antes de la crisis de 2020 el desempleo rozaba el 30 %, y su potencial exportador era menos dinámico que el de sus homólogos latinoamericanos. Tal como admitió el Banco de Reservas Sudafricano, la cantidad de deuda pública interna en poder de los bancos y fondos de pensiones de Sudáfrica creaba un peligroso vínculo entre los balances públicos y privados.⁷² Una rebaja de la deuda soberana golpearía con dureza los balances de bancos y fondos de pensiones. Y la misma lógica funcionaba en sentido inverso. El gobierno de Sudáfrica había sostenido los bonos de su arruinada empresa eléctrica, Eskom.⁷³ Si esas garantías se llegaran a hacer efectivas, la deuda pública de Sudáfrica se elevaría de golpe de 2,62 billones a cerca de 3 billones de rands. Sin embargo, Sudáfrica también había aprendido a utilizar el nuevo kit de herramientas de los mercados emergentes. Aunque las deudas públicas eran significativas, todavía no estaban a un nivel preocupante. El tipo de cambio había caído a principios de 2020, pero desde entonces había vuelto a repuntar. A finales de año, las reservas de divisas de Sudáfrica eran más grandes de lo que habían sido a principios de año. Dada la deprimida situación de la economía, el Banco de Reservas Sudafricano mantuvo su línea de acción: no subiría los tipos hasta que fuese absolutamente necesario.

En 2020, la prueba más dramática de la resiliencia de los mercados emergentes fue Turquía. En noviembre, el presidente Recep Tayyip Erdogan se inclinaba ante la presión de los mercados, forzando la renuncia de su yerno al frente de la política económica del país y realizando un giro de 180 grados en lo referente a los tipos de interés.⁷⁴ Fue una rendición en toda regla. ¿Qué había ocurrido para que Turquía llegara a este punto? Durante años, Erdogan había despreciado y amenazado a los mercados financieros globales. Había intimidado y despedido a dos directivos de su banco central. Había llevado a cabo una política exterior extraordinariamente agresiva enemistándose con todos los países vecinos, incluido su principal socio comercial, la UE.⁷⁵ Y además, bajo el liderazgo del poco cualificado yerno del presidente, Turquía había violado una de las reglas básicas del nuevo kit de herramientas de los mercados emergentes: cuando la lira turca se vio muy presionada en 2019, en lugar de optar por medidas paliativas, las autoridades turcas se mantuvieron firmes y quemaron más de 140.000 millones de dólares de sus reservas, en un vano esfuerzo por evitar la devaluación de la lira. Y por si eso fuera poco, en septiembre de 2020 —con la inflación en aumento, la lira en caída libre y las cifras de desempleo descontroladas—, Erdogan involucró a Turquía en el bando de Azerbaiyán en su guerra contra Armenia. En ese momento, según las mejores estimaciones de los banqueros extranjeros, las reservas de divisas de Turquía habían desaparecido y el endeudamiento a corto plazo superaba los activos que aún poseía, de modo que el balance turco de reservas era negativo.⁷⁶ Por otro lado, bloqueando cualquier recurso a la ayuda externa, Erdogan se expuso a sanciones estadounidenses tras aceptar la entrega de misiles antiaéreos rusos. El presidente turco se negaba en redondo a considerar siquiera un programa del FMI, ya que eso supondría un retroceso a la última gran crisis financiera de Turquía en 2001, la crisis que había puesto en marcha la carrera de Erdogan.⁷⁷ La mera sugerencia de aceptar condiciones del FMI era inaceptable a sus ojos, y la única fuente de apoyo externo que le quedaba a Ankara eran los qataríes, que aportaron una línea de crédito de 15.000 millones de dólares, aunque el propio Qatar estaba bajo el bloqueo de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.⁷⁸ La victoria de Biden del 3 de noviembre tampoco ayudó, ya que Trump era uno de los últimos amigos de Erdogan en Washington, de modo que, durante el fin de semana del 7 al 8 de noviembre, haciendo frente a presiones dentro de su propio partido en el gobierno, el presidente turco aplicó medidas de emergencia y designó a un equipo conservador en el banco central y en el Ministerio de Economía.

La autonomía de la que gozaban los grandes mercados emergentes no era absoluta. El riesgo de llegar al borde del precipicio era muy real. La economía turca pagaría el precio de la arriesgada política de Erdogan exponiéndose a elevados tipos de interés durante los próximos años.⁷⁹ Sin duda, fue humillante que Ankara cambiara su tono hacia los inversores extranjeros, pero Erdogan no era una víctima, sino un apostador empedernido. Había puesto a prueba la paciencia de los mercados hasta el límite, y luego se había retirado en el último minuto. Los inversores fueron sorprendentemente indulgentes. El pánico creó la oportunidad de obtener ganancias en el rebote, y, en cuanto que emplazamiento de bajo coste a las puertas de Europa, el potencial de Turquía era enorme. Tan pronto como se elevaron los tipos de interés, el capital volvió a entrar y la lira se fortaleció.⁸⁰ Parecía que la paz había llegado, pero había que contar con el volátil presidente turco. Sin previo aviso, el sábado 20 de marzo de 2021, Erdogan destituyó al presidente del banco central, y seguidamente al vicepresidente. Parecía que Ankara estaba dispuesta a todo para provocar una crisis. Entre bambalinas, para frenar la sangría de fondos nacionales y extranjeros, el banco central recurría a controles encubiertos de capital, limitando la capacidad de los inversores para cancelar sus posiciones en liras turcas.⁸¹

La jerarquía de la economía mundial tiene muchos niveles, y en todos ellos se producían competiciones de fuerza. Con el fin de tranquilizar a los propietarios de bonos y estabilizar el crecimiento de su deuda por debajo del 100 % del PIB, Sudáfrica se estaba preparando para emprender dolorosos esfuerzos de consolidación presupuestaria.⁸² En 2021, Brasil tenía que enfrentarse a la decisión de continuar o no con el subsidio a los hogares de bajos ingresos que había tenido un importante impacto positivo durante la primera ola de la crisis del coronavirus, pero en comparación con las opciones a las que se enfrentaban Zambia o Ecuador tras sus impagos, sus problemas no eran tan malos. La brecha entre los países de bajos ingresos inscritos en la DSSI y países como Brasil o Turquía era enorme, y dar ese salto era precisamente a lo que aspiraban las ambiciosas élites de países como Tanzania o Etiopía.⁸³ A pesar de todo el daño causado por la crisis del coronavirus, ese sueño seguía muy vivo y, a finales de 2020, para las élites de los mercados emergentes y los países en desarrollo de todo el mundo, los mercados financieros globales aún parecían ofrecer la mejor escalera para ascender.

Si 2020 comenzó con la retirada de fondos extranjeros de los mercados emergentes, el año terminó con una afluencia récord. A finales de noviembre, semanas después de que Perú lanzara su bono centenario, Costa de Marfil emitió 1.000 millones de euros en eurobonos a 12 años, y a pesar de ofrecer un rendimiento muy reducido (tan solo del 5 %) tuvieron una demanda cinco veces mayor de lo que se ofrecía. Ya en 2021, la agencia de calificación Fitch predijo que Namibia, Nigeria y Sudáfrica reinvertirían deuda antigua. Costa de Marfil, Ghana y Kenia podrían embarcarse en nuevas emisiones. Benín, que en 2019 había ocupado el puesto 158 de 189 en el Índice de Desarrollo Humano, estaba en la lista de los que se esperaba que regresaran al mercado.⁸⁴ Los países en cuestión necesitaban urgentemente el dinero y estaban dispuestos a pagar, pero lo que estaba transfiriendo dinero incluso a los rincones más empobrecidos de la economía mundial era la enorme abundancia de liquidez en dólares. La postura de la Reserva Federal estadounidense era precisamente lo que le daba al sistema crediticio global la extraordinaria elasticidad que exhibió ante la crisis del coronavirus. La abundancia de dólares aseguraba el sistema de crédito global basado en el mercado y aplazaba el tipo de crisis que podría forzar una acción general. Solo un endurecimiento de la política monetaria estadounidense expondría las verdaderas restricciones a los prestatarios de bajos ingresos. Y algo así no se decidiría en Costa de Marfil o en Kenia, sino en Estados Unidos, entre Wall Street y Washington D. C.

Capítulo 14

ECONOMÍAS AVANZADAS: ABRIENDO LOS GRIFOS

Imaginar futuras crisis en Argentina, Turquía o Brasil era relativamente fácil, dado que, en los años precedentes, estos países ya habían pasado por profundas turbulencias financieras y cambios de régimen. Esto era, precisamente, lo que los definía como mercados «emergentes». A las economías avanzadas se les atribuía más estabilidad y unas instituciones más sólidamente establecidas, lo cual hizo aún más extraordinario que, durante los últimos días de 2020, el lugar en el que había más debates sobre golpes de Estado no fuera un país de América Latina, ni de África, ni de Oriente Medio, ni de Asia. Ese país era Estados Unidos.

A los populistas les suele encantar el dramatismo, hasta tal punto que, en ocasiones, a los líderes y a los liderados les puede resultar difícil distinguir lo que es real de lo que no lo es, y tienden a difuminar la delgada línea existente entre la retórica y la realización de cambios políticos reales.¹ Su indignación puede tentar a sus oponentes a ofrecer respuestas al mismo nivel, lo que incrementa el riesgo de que también pierdan el sentido de la realidad. La mejor manera de responder puede ser simplemente ignorar los comportamientos histriónicos. Ese fue el camino elegido por el equipo de transición de Joe Biden: ignorar los intentos cada vez más exaltados de Trump y su séquito de negar su derrota. El resultado en los últimos meses de 2020 fue que el sistema político estadounidense se vio atrapado en un estado de disonancia cognitiva aguda. El presidente electo Biden y su equipo siguieron adelante con la transición: prepararon respuestas al coronavirus, políticas climáticas y planes de estímulo. Mientras tanto, una parte sustancial del Partido Republicano continuaba adulando y consintiendo al derrotado presidente en funciones, validando así su realidad alternativa.

La situación alcanzó su punto más grotesco el 6 de enero, cuando el Capitolio de Washington D. C. se vio invadido por una multitud incitada por el presidente, su entorno cercano y varios miembros republicanos del Congreso. En la ola de indignación colectiva que siguió, el debate sobre golpes de Estado y fascismo alcanzaría su apogeo.² Este debate fue una exageración, al menos si se considera el fascismo no como una actitud, sino como una articulación de las fuerzas sociales. El ejército estadounidense se negó a tener nada que ver con los «trumpistas», y no existía un antagonismo socioeconómico real que motivara su movimiento. Para hacerse una idea de la gravedad de esa situación, imagine el lector el nivel de tensión que se hubiera alcanzado en Estados Unidos el 6 de enero de 2021 si la victoria cuestionada por el Partido Republicano hubiera sido la de Bernie Sanders. Habría sido una verdadera prueba de fidelidad constitucional para los poderes establecidos. Entre Donald Trump y Joe Biden, por el contrario, ni siquiera era una elección difícil. En las semanas previas al 6 de enero, a pesar de todo el furor por la transición, la clase política estadounidense ya había llegado a un compromiso básico para evitar la amenaza real del momento: el inminente colapso del frágil sistema de bienestar del país.

Los efectos colaterales de las paralizaciones habían sido contenidos gracias a la generosidad de la Ley CARES. Sin embargo, a principios de diciembre, el tiempo y el dinero se estaba agotando. El suplemento general de 600 dólares aplicado al seguro de desempleo había expirado en julio, y tanto los planes suplementarios para cubrir a los trabajadores por cuenta propia como los fondos estatales de apoyo iban a terminar en cuestión de semanas. Según estimaciones de la Fundación Century, a menos que el Congreso actuara con rapidez, 13,5 millones de estadounidenses desempleados perderían todos sus subsidios el día después de Navidad.³ Para empeorar las cosas, la moratoria de desahucio declarada por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades también iba a expirar a finales de año. Millones de personas se enfrentaban al desahucio en medio de una pandemia tenaz.⁴ Incluso si conservaban sus viviendas, en enero de 2021, según Moody’s Analytics, 10 millones de inquilinos ya deberían más de 57.000 millones de dólares en atrasos de alquiler.⁵

A pesar de la urgencia de esta crisis inminente, las conversaciones sobre estímulos se estancaron en las semanas posteriores a las elecciones. En lo que se refería a la ayuda a los estados y a la protección de responsabilidad patronal, las dos partes eran irreconciliables. Desesperados por salir del punto muerto, un grupo de centristas formado por miembros de ambos partidos llegó a un acuerdo por valor de 900.000 millones de dólares que excluía los temas más polémicos de ambas partes. El trato no era del agrado de los demócratas de la Cámara de Representantes, que habían votado a favor de un estímulo mucho mayor, pero al menos evitaría el desastre que se avecinaba. El equipo de transición decidió apoyar la propuesta. La pesadilla de Biden era tomar posesión como presidente con una economía en caída libre.⁶

Llegados a este punto, la decisión dependía de Mitch McConnell y de los senadores del Partido Republicano. A lo largo del mes de noviembre, McConnell había apoyado al presidente, pero el 14 de diciembre, cuando las votaciones del colegio electoral confirmaron la victoria de Biden, McConnell realizó un cambio de rumbo que resultaría decisivo para el curso posterior de los acontecimientos: reconoció la victoria de Biden y se puso del lado de quienes se preparaban para la transición. Para McConnell, por supuesto, eso no significaba prepararse para la cooperación, sino para obstruir a la nueva administración Biden. Mantener los escaños republicanos en Georgia aseguraría su control en el Senado y daría al Partido Republicano un poder de veto sobre cualquier movimiento legislativo de la administración Biden. Para tener alguna oportunidad en Georgia, el Partido Republicano necesitaba no aparecer como el principal obstáculo a los estímulos contra la crisis del coronavirus, y por ello McConnell retiró sus objeciones al proyecto de ley de 900.000 millones de dólares.

Sin embargo, ni siquiera eso logró sellar el acuerdo. Tan pronto como un compromiso comenzaba a parecer posible, se movilizaban otros intereses en torno al estímulo. Bernie Sanders a la izquierda y Josh Hawley a la derecha unieron fuerzas para exigir pagos de estímulo mucho mayores que los cheques de 600 dólares que habían surgido de las primeras semanas de negociaciones. Llegado ese momento, el senador conservador Patrick Toomey planteó un tema más importante: la Reserva Federal.

Desde finales del verano, Toomey había estado llevando a cabo una campaña para restringir la extraordinaria expansión del activismo de la Fed.⁷ Y esta campaña adquirió una potencia aún mayor a medida que se intensificaba el combate sobre el paquete de estímulos. En caso de que los republicanos mantuvieran el control del Senado, el equipo de Biden tenía otra opción, que consistía en utilizar los fondos restantes de las asignaciones a la Fed de la Ley CARES para lanzar programas de préstamos más arriesgados.⁸ En las semanas posteriores a las elecciones, Mnuchin, el secretario del Tesoro, se esforzó para bloquear esta opción.⁹ Para ello, conminó a la Fed a «devolver» al Tesoro las sumas no utilizadas que habían sido asignadas en el paquete de estímulos de marzo. Era un ejercicio puramente contable, no era más que dinero que se movía de una cuenta del gobierno a otra, pero era un ejercicio contable con afilados dientes políticos. El objetivo era garantizar que la mayoría republicana en el Senado pudiera mantener el control sobre la política económica. Dadas las arraigadas posturas existentes en el Congreso, las consecuencias de la intervención de Mnuchin fueron tan graves que desencadenaron algo excepcional: la disidencia abierta por parte de Jerome Powell. Pero Mnuchin siguió adelante a pesar de todo, y este no fue el capítulo final de la historia. Aprovechando su oportunidad en las delicadamente equilibradas negociaciones de estímulo en diciembre, Toomey se abalanzó sobre el asunto. En una enmienda de última hora, pidió que se prohibiera cualquier otro programa de préstamos de la Fed que utilizara los recursos ya asignados o, en el futuro, cualquier programa similar a los aprobados durante el período de pánico de marzo de 2020.¹⁰ Este ataque a la autonomía de la Reserva Federal bastó para sacar a Ben Bernanke, su exdirector, de la jubilación.¹¹ En una atmósfera partidista extremadamente tensa, el hecho de que uno de los últimos órganos funcionales del gobierno estadounidense pudiera sufrir un jaque mate era una perspectiva alarmante. Toomey solo se mostró dispuesto a dar marcha atrás tras prolongadas negociaciones con Chuck Schumer. Con un lenguaje anodino que afirmaba el compromiso de no clonar los programas de marzo, el paquete fue finalmente aprobado.

Después de la Ley CARES, era el segundo mayor estímulo jamás implantado, e incluso para los estándares de la legislación estadounidense moderna era un proyecto de ley gigantesco. Horneado junto con el proyecto de ley de apropiación anual, tenía unas 5.600 páginas. Entregado de forma apresurada por la Oficina Editorial del Gobierno, fue transportado por aire a Florida para la firma de Trump. Uno de los salones de banquetes del complejo presidencial de Mar-a-Lago fue engalanado para la ocasión. El calendario era apresurado: si el presidente no firmaba antes del 26 de diciembre, las prestaciones expirarían, y los estadounidenses más perjudicados perderían miles de millones en cheques de subsidios. Si se demoraba hasta el 3 de enero, el 116.° Congreso llegaría a su fin estatutario, y el compromiso que tanto había costado elaborar se desvanecería en el aire.¹² En cada etapa de las negociaciones, Mnuchin, el secretario del Tesoro, había insistido en que Trump apoyaba las medidas, pero, de manera súbita, el presidente decidió hacer todo lo contrario. El 23 de diciembre denunció el proyecto de ley como una «vergüenza» y exigió que se entregasen cheques de estímulo por valor de 2.000 dólares, presumiblemente con su nombre.

Ese fue el último acto de poder real de Trump. Mientras el presidente jugaba al golf, desaparecían los subsidios de los que dependían millones de estadounidenses, el gasto en defensa estaba en el limbo y el frágil compromiso sobre los estímulos comenzaba a desintegrarse. Retomando la agenda más ambiciosa del bando demócrata de la Cámara de Representantes, Pelosi secundó la idea de aquellos que solicitaban la entrega de cheques de mayor valor. Mientras tanto, el sumo sacerdote del centrismo de la era Clinton, Larry Summers, declaraba en la radio que los cheques de estímulo de 2.000 dólares probablemente harían que la economía se sobrecalentase.¹³ Según él, cualquier cosa en la que Trump, Sanders y Hawley pudieran estar de acuerdo estaba destinada a ser una mala idea. Posteriormente, el 27 de diciembre, tras haber dejado su marca final, Trump firmó el proyecto de ley original.

Era un acuerdo temporal, ya que los subsidios expirarían de nuevo en marzo. Tal como estaban las cosas el 27 de diciembre, con los escaños del Senado de Georgia todavía en juego, los demócratas se enfrentaban a la perspectiva de nuevas negociaciones a cara de perro con una mayoría hostil en el Senado, pero al menos se había evitado la crisis social inmediata y se había preservado el margen de acción de la Fed. Mientras que el bando republicano de la Cámara de Representantes continuaba en su estado de negación, su cúpula en el Senado, donde tenían la responsabilidad de mantener la mayoría, se adaptó a la realidad de la transición. La lucha por retener esa mayoría implicaba reconocer que la preocupación por la economía era algo que todos los estadounidenses tenían en común. El mismo sistema de gobierno que apenas podía ponerse de acuerdo sobre prácticamente nada más logró, finalmente, ponerse de acuerdo sobre el hecho de que la gente necesitaba dinero.¹⁴

El acuerdo sobre estímulos de diciembre de 2020 reafirmaba el papel clave de la política presupuestaria en la respuesta de Estados Unidos a la crisis. El principal agente impulsor era la política interna, lo cual era necesario por un inadecuado sistema de bienestar que dejaba a millones de personas en grave riesgo de pobreza. El acuerdo creaba un terreno comercial entre los campos políticos enfrentados en Washington, y el resultado era que, desde 2020 y de cara al futuro, Estados Unidos se comprometía a gestionar el mayor estímulo fiscal del mundo, lo cual tenía consecuencias mucho más allá de Estados Unidos.

Estados Unidos no era el único en beneficiarse de esta situación, ya que, con sus generosos déficits presupuestarios, también impulsaba la demanda en la economía mundial. El efecto general contrastaba fuertemente con el de 2008-2009, ya que por entonces también el déficit presupuestario público había explotado. Pero, bajo el impacto de la crisis financiera, tanto los hogares como las empresas se habían apretado el cinturón. La tasa de ahorro privado se disparó y ello compensó sustancialmente el déficit público. El déficit por cuenta corriente estadounidense se había reducido a la mitad, lo que había provocado una reacción opuesta en los mercados globales. De manera muy similar, en 2020 se produjo un enorme incremento del ahorro doméstico, pero solo gracias a las políticas de estabilización de marzo. El balance sectorial corporativo se mantuvo estable, y el déficit del gobierno federal transmitía un enorme impulso positivo. Al mismo tiempo, en un momento en el que el comercio global estaba implosionando, el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos se mantenía estable.

Figura 11: Estados Unidos como motor de la demanda mundial. (Fuente: IIF.)

A pesar del ruido y la furia de las guerras comerciales de Trump, las importaciones netas de Estados Unidos procedentes de China aumentaron en 2020. Durante el otoño, los fabricantes chinos apenas podían mantenerse al día con la demanda de exportaciones.¹⁵ Las fábricas se peleaban por los trabajadores. En el puerto de Shanghái, las tarifas de flete de contenedores se dispararon.¹⁶

A finales de 2020, lo que daba más vértigo de la política económica de Estados Unidos, igual que para tantos otros aspectos de la vida pública estadounidense, era lo frágiles que eran sus fundamentos políticos. Después de la rápida aprobación de la Ley CARES en primavera, habían sido necesarios varios meses de intensa negociación para lograr el segundo acuerdo de estímulo en diciembre de 2020, y luego todo pasó a depender de la firma de Trump. En el lado demócrata, la razón principal para creer que el segundo acuerdo de estímulos se produciría más pronto que tarde era la expectativa de que, en cuanto Biden fuera confirmado en su puesto, el Partido Republicano cambiaría de rumbo. El partido que, con Trump como líder, había votado con alegría a favor de enormes déficits redescubriría la rectitud fiscal e insistiría en el equilibrio presupuestario. Aun así, sabían que intentaría sabotear a Biden igual que lo había hecho con Obama. Si los republicanos mantenían la mayoría en el Senado, la política fiscal quedaría paralizada y toda la responsabilidad de la política económica recaería en la Reserva Federal.

Los instrumentos de la Reserva Federal eran poderosos, pero estaban poco afilados. El efecto más contundente de la expansión cuantitativa se producía a través de los mercados de activos. Las grandes intervenciones de política monetaria inflaron el mercado de valores, lo que benefició a la pequeña minoría con importantes participaciones de capital. Si en 2021 la política monetaria se quedaba sin apoyo debido a una política fiscal redistributiva, con toda seguridad aumentaría progresivamente la desigualdad. A comienzos de 2021, con los precios de las acciones aumentando sin parar, los mercados bursátiles parecían estar entrando en un verdadero escenario de burbujas. Los expertos advirtieron de una perniciosa espiral en la que la ampliación de las diferencias sociales avivaría el resentimiento y encendería aún más la reacción populista contra las élites.¹⁷

Una dependencia desequilibrada de la Fed también tendría consecuencias para el mundo en general. Mientras que la política fiscal estadounidense tendía a estimular la demanda de importaciones, beneficiando a países como Alemania o China, una Reserva Federal con el acelerador pisado a fondo tendría un efecto bastante diferente: debilitaría el dólar y aliviaría la política monetaria en toda la economía mundial, presionando a la baja los tipos de interés. Las pruebas econométricas realizadas desde el advenimiento de la era de la expansión cuantitativa mostraban que esto tenía un efecto neto colateral muy positivo.¹⁸ Entre otras cosas, facilitaba el crédito y reducía el precio en la moneda local de las numerosas materias primas que se negociaban en dólares.¹⁹ Sin embargo, el efecto no era igual de positivo en todas las economías del mundo. Mientras que las exportaciones de materias primas de Brasil tendían a ser valoradas en dólares, y por tanto se beneficiaban de una devaluación, en el caso de las exportaciones de manufacturas asiáticas y europeas ocurría todo lo contrario. Si los países deseaban resistirse a la apreciación de sus divisas frente al dólar, como hicieron varios competidores de mercados emergentes, se veían forzados a adoptar contramedidas. Podían, por ejemplo, comprar dólares y acumular reservas de divisas extranjeras.²⁰ El riesgo era que ello podía desencadenar una reacción hostil por parte de Estados Unidos. A finales de 2020, la extraña pareja que formaban Suiza y Vietnam sería señalada desde Washington como «manipuladores de divisas».²¹

Dos escenarios muy diferentes tanto para Estados Unidos como para la economía mundial dependían del equilibrio de poder en el Congreso, que finalmente se decidió el 6 de enero con el anuncio del resultado de las elecciones al Senado de Georgia, unas elecciones que acabaron siendo una de las contiendas más caras de la historia. En total, los dos bandos gastarían unos impresionantes 937 millones de dólares en la campaña.²² Al final, el resultado dependió de las payasadas de Trump, de una sostenida movilización electoral de activistas del Partido Demócrata liderados por Stacey Abrams, y de unos cientos de miles de votos de los suburbios de Atlanta. Con la victoria del Partido Demócrata en los dos escaños que confirmaban la mayoría, y con el Partido Republicano profundamente desgarrado por el escandaloso comportamiento de Trump, por fin quedaba establecido el equilibrio de poder, y con él la dirección de la política económica.

Esta fue la causa principal de la discordante yuxtaposición del 6 de enero, cuando, a pesar de que la turba hacía cabriolas ante las cámaras del Capitolio, el S&P 500 crecía de manera significativa. Como comentó Rana Foroohar, del Financial Times: «Normalmente, cuando un mercado financiero sube en medio de un golpe de Estado o de una inestabilidad política extrema, es porque la izquierda ha sido derrotada y ello ha dado paso a la liberación de los espíritus animales de los negocios».²³ Lo que impulsó los mercados el 6 de enero fue el convencimiento de que, incluso si Nancy Pelosi y sus colegas tenían que refugiarse tras la guardia armada, una cosa estaba clara: los grifos fiscales se mantendrían abiertos.

Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, Estados Unidos vivió una profunda crisis política nacional, y solo otro país occidental experimentó algo similar: el Reino Unido. El Brexit y la presidencia de Trump nacieron juntos en 2016, y se produjo una dolorosa simetría cuando también terminaron juntos.

Al igual que en todo el psicodrama del Brexit, las negociaciones con la UE fueron llevadas al límite. El acuerdo se firmó en Nochebuena.²⁴ Lo que surgió de las conversaciones fue un Brexit muy «duro», mucho más duro de lo que la mayoría había votado o creído votar. Los británicos habían imaginado que, para conseguir un acuerdo ventajoso, había que dividir a los europeos por sectores económicos, enfrentando a los exportadores de automóviles alemanes contra los franceses, pero eso resultó ser un error. La preservación de la integridad del mercado único, el motor fundamental de la UE, que en la década de 1980 precisamente el gobierno de Margaret Thatcher se había esforzado más que cualquier otro país miembro por poner en marcha, resultó ser el interés primordial de la UE. Al final resultó que era el Reino Unido, y no la UE, quien más necesitaba el acuerdo, y cuando la pandemia volvió a intensificarse el Reino Unido lo necesitaba de manera cada vez más imperiosa.

La conmoción sufrida por la economía del Reino Unido en 2020 fue espectacular. El exceso de celo de los estadísticos británicos puede exagerar un poco el impacto de la recesión al describir la disminución de la contribución al PIB de los servicios públicos en términos particularmente sombríos.²⁵ Sin embargo, la caída del consumo de los hogares era real, y las perspectivas para 2021 eran muy poco halagüeñas. Según el Banco de Inglaterra, se avecinaba la peor recesión en trescientos años.²⁶

El Brexit creó una ciénaga de demoras y trámites burocráticos, lo cual resultó obvio de inmediato: a principios de 2021, el comercio con la UE, especialmente con Alemania, cayó en picado. Las implicaciones a largo plazo para la inversión eran imprevisibles, pero lo más probable era que fueran malas, y por ello el impacto del coronavirus fue mucho mayor. A medida que la nueva cepa del virus corría desenfrenada por Londres, gran parte del Reino Unido quedó paralizada, en algunos casos por tercera vez. Al igual que en otros países, la respuesta política esencial para evitar una catástrofe social y económica inmediata fue un nuevo impulso fiscal.

En su incesante afán por el Brexit, los conservadores británicos (también llamados «tories») habían dejado de lado su tradicional afiliación con los negocios del Reino Unido, igual que lo habían hecho los republicanos en Estados Unidos. La City de Londres se había visto marginada durante los debates del Brexit, y varios temas simbólicos, como los derechos de pesca, habían acaparado casi toda la atención. Parecía que el gobierno no respondía a otros intereses que a los relacionados con sus redes de favoritismo y nepotismo.²⁷ A diferencia de los republicanos, sin embargo, los tories sí podían jactarse de imponer disciplina fiscal bajo sus propios mandatos. La austeridad había sido la política emblemática del gobierno de David Cameron entre 2010 y 2016. Sin embargo, tras el sorprendente resultado del referéndum del Brexit, se había producido un cambio. Theresa May se había referido a un nuevo estado de bienestar nacional.²⁸ Se habló mucho sobre los avances de los tories entre la clase trabajadora de las circunscripciones del norte en 2019. Y para hacer frente a la crisis en marzo, las medidas integrales sobre despidos adoptadas por el gobierno tenían un sabor incongruentemente «europeo».²⁹ Al principio estas medidas fueron declaradas temporales, pero, a medida que se acercaba el precipicio de octubre, el gobierno realizó un giro de 180 grados y extendió el plan hasta 2021.

En realidad, en medio del caos de 2020 era difícil distinguir cualquier patrón claro. Johnson y su equipo parecían oportunistas llevados por el pánico, un equipo de campaña en lugar de un gobierno. Sin embargo, sobre el equilibrio presupuestario existía muy poca ambigüedad. Para el año presupuestario 2020-2021, en lugar de los 55.000 millones de libras en préstamos esperados en marzo de 2020, la cifra total alcanzó los 355.000 millones de libras, algo sin precedentes en tiempo de paz. A comienzos de 2021, en Westminster se hablaba de la necesidad de «reestablecer el orden» en las finanzas públicas y regresar a los principios fiscales conservadores.³⁰ En un esfuerzo por economizar, los salarios del sector público, incluyendo los de las enfermeras, se vieron congelados, y el presupuesto de ayuda al extranjero del Reino Unido se redujo notablemente. La increíble mala fe de estas medidas reavivó los recuerdos del giro hacia la austeridad de 2010, con su combinación de recortes de gasto público y regalos a las empresas. Sin embargo, cuando en marzo de 2021 se anunció el presupuesto en el Parlamento, resultó ser todo lo contrario. Aunque no había nuevos estímulos, los pilares clave de la respuesta a la crisis de la COVID continuaban en pie, al menos hasta septiembre. Con la campaña de vacunación en marcha y la reapertura del verano ya a la vista, el Departamento del Tesoro estimaba que el gasto total de la crisis del Reino Unido sería un enorme 16 % del PIB.³¹ Cuando los impuestos aumentasen, las grandes empresas serían las primeras en recibir el impacto, y también las que recibirían el golpe más duro. Y había otro elemento clave ausente en 2020 de la temida política de austeridad: la existencia de pánico en el mercado de bonos. En 2010, con el telón de fondo de la crisis griega, había sido fácil invocar el fantasma de los justicieros del mercado de bonos. En 2020, se podría haber pensado que los sobredimensionados déficits y los duros debates sobre el Brexit asustarían a los mercados financieros, pero no fue así. La clara tendencia a pedir prestado iba acompañada de una generosa política monetaria, cortesía del Banco de Inglaterra. El banco rechazó categóricamente que su estrategia de compra de bonos tuviera nada que ver con la política fiscal: los ojos de los banqueros centrales, insistía, estaban centrados en garantizar que el Reino Unido no cayese en la deflación. Si estaban comprando bonos, era únicamente para mantener controlados los tipos de interés. A nadie en los mercados le importaba. El banco estaba apuntalando la emisión de deuda, y ninguno de los principales jugadores del mercado de bonos del Tesoro veía nada malo en ello.³² En enero de 2021, con el mundo inundado de liquidez, el Tesoro del Reino Unido estaba vendiendo bonos públicos a rendimientos negativos.

La crisis del coronavirus confirmó lo que ya había quedado claro cuatro años antes durante el referéndum de 2016. Una de las ironías del beligerante eslogan de los partidarios del Brexit, «Recuperemos el control», fue que surgió en un momento en el que, debido a la enorme liquidez de los mercados de capitales y de dinero, las economías avanzadas como el Reino Unido estaban bajo menos restricciones financieras externas que en cualquier momento anterior de la historia moderna. El reto no era, como sugería el eslogan, librarse de los grilletes externos, sino aprovechar al máximo las amplias opciones disponibles.

De los muchos errores de cálculo cometidos por los partidarios del Brexit en sus relaciones con Bruselas, el más básico fue dar por sentado que el Reino Unido era la preocupación número uno, ya fuese de Bruselas o de Berlín. En realidad, ni lo había sido en 2016, cuando la UE se estaba recuperando de su «policrisis» relacionada con Ucrania, Grecia y el aumento de refugiados de Siria, ni lo era en diciembre de 2020, cuando llegó el momento de la verdad del Brexit. A finales de 2020, las principales preocupaciones de la UE eran la pandemia, los asuntos pendientes del compromiso de julio y la incertidumbre que rodeaba las relaciones con China y Estados Unidos.

La inversión política de la UE en el paquete fiscal «UE Nueva Generación», de julio de 2020, fue enorme. El compromiso, aunque solo fuera sobre el papel, había transformado el relato político y calmado los mercados. Antes de que pudiera aplicarse, debía ser ratificado por un Parlamento Europeo cada vez más firme en su postura. En el Parlamento, una coalición de fuerzas —que iban desde el centroderecha hasta la izquierda— se alarmó al pensar en las decenas de miles de millones de euros destinados a los gobiernos de Polonia y Hungría, que habían socavado la independencia de su poder judicial, desafiado la libertad de expresión, atacado los derechos civiles de las minorías, recortado los derechos reproductivos y negado el Acuerdo Verde. Además de eso, el régimen de Viktor Orbán en Hungría se estaba convirtiendo en una clara cleptocracia, y, a modo de protección, el Parlamento Europeo insistía en añadir disposiciones sobre el Estado de derecho al compromiso de julio.³³ No es de extrañar que los nacionalistas de Varsovia y Budapest mostrasen no poco resentimiento.³⁴ Se envolvieron en la bandera de la resistencia, acusando a sus oponentes de socavar los valores occidentales tradicionales y de utilizar la UE para hacer leyes contra gobiernos nacionales legítimamente elegidos. Polonia y Hungría se habían unido a la UE para escapar de su amarga historia de dominación extranjera. Ahora volverían a enarbolar la bandera de la resistencia nacional.

Las negociaciones duraron meses, pero no dieron sus frutos. El tan aclamado paquete «Nueva Generación» de la UE seguía en suspenso. A principios de diciembre, la UE empezaba a parecerse a Estados Unidos, y no solo en las cifras del virus. A ambos lados del Atlántico, el populismo nacionalista paralizaba la respuesta de la política económica a la crisis. Afortunadamente para la UE, los análogos de Trump en Europa estaban en una posición más débil. Hungría y Polonia necesitaban el dinero de la UE, y en el Consejo Europeo ambos países estaban aislados y superados en armamento. En la decisiva reunión de los jefes de gobierno del 10 de diciembre, Angela Merkel les ofreció un acuerdo que no podían rechazar.³⁵ Las disposiciones del Estado de derecho del Parlamento entrarían en vigor, pero solo después de que sus oponentes hubieran tenido la oportunidad de impugnarlas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europa, un acuerdo muy conveniente que además salvaba su imagen.³⁶ El punto crucial era que, para Orbán, las disposiciones solo se harían efectivas tras las siguientes elecciones generales de Hungría. Mientras tanto, el dinero europeo seguiría fluyendo.³⁷

Una reunión menos ambiciosa podría haber terminado en ese momento, a primera hora de la noche del 10 de diciembre, pero la presidencia alemana tenía otros puntos en su orden del día. Tras el audaz anuncio de Pekín sobre el cambio climático, la UE necesitaba mejorar sus compromisos sobre las emisiones de carbono para 2030, y una vez más se topó con la oposición de Europa del Este. Nadie estaba más casado con el carbón que los polacos, y más allá de su valor como combustible, los nacionalistas lo habían convertido en un fetiche patriótico.³⁸ Una vez más, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se atrincheró en su postura, advirtiendo a sus homólogos europeos que, si se veía obligado a volver a su país habiendo renunciado tanto a sus premisas sobre el Estado de derecho como al carbón, su gobierno sería derrocado por sus socios de coalición, aún más derechistas que él. A las dos y media de la madrugada, un diplomático de la UE envió al servicio de noticias Politico un texto que consistía en un solo emoji: el de la cabeza que explota.³⁹ Tal como recordó Merkel a los asistentes a la reunión, si la UE no elevaba sus compromisos de París, sería un «desastre».⁴⁰ Finalmente, a primera hora de la mañana del 11 de diciembre, Polonia consiguió lo que quería: más dinero para poder cerrar el sector del carbón. Los detalles tendrían que esperar a nuevas conversaciones, pero se logró un acuerdo que abarcaba los tres frentes: finanzas, Estado de derecho y clima.

Los propios funcionarios de la UE estaban sorprendidos. «Es algo totalmente distinto a lo de hace 10 años», comentó un funcionario de la Comisión, «y no creo que se deba a que seamos mejores como políticos, sino a que el mundo ha cambiado por completo».⁴¹ Los avances de la ciencia, una generación de protestas juveniles, la cambiante economía y el coronavirus habían cambiado la ventana de Overton. Como reflexionó la directora de negociación sobre el cambio climático del gobierno de España, la ministra Teresa Ribera: «El coronavirus, al llegar en este punto de inflexión, ha obligado al mundo a enfrentarse a las “contradicciones” de su economía». O, como lo resumió un alto funcionario, en el característico inglés gramaticalmente defectuoso de la UE: «Francamente, sin la pandemia, no sé si lo habíamos resuelto [sic]».⁴²

Puede que, desde un punto de vista político, el acuerdo presupuestario de la UE fuese impresionante, pero como intervención macroeconómica no lo fue tanto. El esfuerzo fiscal europeo todavía estaba muy lejos de los estímulos del gobierno estadounidense, y se notaba.

Cuando la OCDE examinó la evolución del crecimiento de 2020, los resultados supusieron un baño de realidad: en 2020, el PIB de la eurozona cayó un 7,6 %, una contracción mucho peor de la que había sufrido Europa en 2008-2009 o en los peores años de la crisis de la eurozona. También fue peor que la sufrida en Estados Unidos, donde el PIB se contrajo un 3,5 %. La formación bruta de capital fijo en la eurozona cayó más de un 10 %, frente a una caída de solo el 1,7 % en Estados Unidos. En cifras redondas, la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones estimaron que el déficit de inversión privada llegaría a los 831.000 millones de euros en 2020 y 2021, más que todo el paquete de recuperación.⁴³ Lo más preocupante era que el impacto estaba siendo peor en el sur de Europa, que había estado sufriendo una inversión crónicamente baja desde 2010.

En 2021, seguirían siendo los presupuestos nacionales los que cargarían con el peso principal de la lucha contra la crisis en Europa.⁴⁴ El problema del desempleo, que los europeos habían gestionado con éxito a través de planes de trabajo de jornada reducida, volvía a agravarse, y las perspectivas de crecimiento eran pésimas. En la situación fiscal del momento, las perspectivas para la economía europea eran poco menos que deprimentes. A finales de 2021, según la OCDE, el PIB de la eurozona seguiría estando un 3 % por debajo del nivel alcanzado a finales de 2019. En cambio, para finales de 2021 se esperaba que Estados Unidos se hubiera recuperado por completo, y China estaría incluso un 10 % por delante de donde estaba a finales de 2019.⁴⁵ No se esperaba que la eurozona en su conjunto recuperara su nivel de 2019 hasta 2022. Según los cálculos del FMI, el tan cacareado programa de la UE elevaría la senda de crecimiento en como mucho un 1,5 % del PIB, y todo parecía indicar que la mitad de esa recuperación sería preocupantemente desigual.⁴⁶ La OCDE esperaba que Alemania, la líder de Europa, se situase en 2022 un 1,5 % por delante de donde estaba a finales de 2019, pero también vaticinaba que el PIB español caería un 3 % respecto a su nivel anterior a la crisis, incluso en 2022.

A partir de una comparación con la situación del año 2000, se hacía evidente una marcada división: hasta 2008, Estados Unidos y la eurozona habían crecido en paralelo. Sin embargo, a partir de ese año, sus trayectorias se habían vuelto divergentes. Europa nunca había recuperado las pérdidas de la doble caída por la recesión de 2008. La profunda recesión de 2020 y la modesta respuesta fiscal de la eurozona a la crisis del coronavirus agravaron la creciente división.

Figura 12. Divergencia en tendencias de crecimiento entre Estados Unidos y la eurozona antes y después de la Gran Crisis Financiera (PIB 2008 = 100). (Fuente: IIF.)

Lo que permitió mantener la pátina de complacencia europea fue la calma en los mercados de bonos. A lo largo del otoño, el BCE había vigilado de cerca los planes de gasto de los gobiernos nacionales. El 10 de diciembre, día del enfrentamiento con Polonia y Hungría en el Consejo Europeo, el BCE anunció que se disponía a incrementar su programa de compra de deuda de emergencia en un 37 %, hasta alcanzar 1,85 billones de euros. Incluso, aunque la emisión de bonos de la UE en 2021 llegara a 1,25 billones de euros, como predijeron algunos economistas, el BCE tendría capacidad de compra de sobra. A finales de 2020, el BCE estaba en camino de ser el propietario del 40 % o más de la deuda alemana e italiana, lo cual bastó para fijar los tipos de interés alemanes de referencia a 10 años de forma segura y en territorio negativo, y para crear condiciones de financiación sin precedentes fácilmente accesibles para el resto de Europa. La UE emitiría 225.000 millones de euros en bonos verdes, la mayor cantidad jamás vendida, pero no se corría el riesgo de que esto inundara el mercado. El gobierno holandés era famoso por su rácano enfoque sobre las finanzas europeas, pero, como dijo Elvira Eurlings, directora de la Agencia Estatal del Tesoro holandesa: «El apetito por activos financieros con categoría AAA es enorme, y la oferta está muy por debajo de la demanda».⁴⁷

A principios de 2021, Estados Unidos, el Reino Unido y los gobiernos de la UE tuvieron enormes déficits, lo que puso en peligro sus economías. La situación política era tensa, sobre todo en el caso de Estados Unidos y el Reino Unido. Se trataba de política democrática y diplomacia intergubernamental en su versión más cruda. Era una constelación que en teoría debería haber iluminado los mercados de divisas o bonos, pero las luces apenas parpadeaban débilmente. Observando tan solo el sector financiero no era posible discernir que estuviese ocurriendo nada fuera de lo normal; de hecho, apenas había turbulencias financieras que reflejaran las batallas políticas de diciembre y enero.

Aun así, eso no significaba que la política democrática estuviera libre del poder del dinero. Y no dejaba de ser curioso que en ninguno de los tres casos hubiera ninguna opción de izquierdas sobre la mesa. La batalla se producía entre populistas de derechas y centristas, y los centristas tenían las mejores armas. Resultó de lo más desconcertante oír al senador Josh Hawley hablar de una conspiración de la élite corporativa para robar las elecciones, y, desde luego, ningún primer ministro británico —de ningún partido, y mucho menos un conservador— habría dicho nunca a las empresas británicas que se fueran «a la mierda».⁴⁸ Sin embargo, por desagradable que pudiera ser el populismo de derechas, no era lo mismo que enfrentarse a un combativo Bernie Sanders empeñado en traer la socialdemocracia a Estados Unidos, o a un gobierno laborista radical decidido a convertir el Brexit en un «Lexit».

Incluso teniendo en cuenta la derrota de la izquierda, lo que estaba en juego era enorme, y la situación económica y financiera era mala. Pero, aun así, los mercados financieros seguían tranquilos. Las grandes inyecciones de liquidez global lideradas por la Reserva Federal, combinadas con la evidente disposición de todos los bancos centrales a estabilizar los mercados de bonos si se volvían inestables, sencillamente hicieron desaparecer la restricción de la presión del mercado de bonos. A principios del nuevo año, con el primer aniversario de la pandemia ya muy cerca, el problema no era el dinero. El problema era cómo gastarlo.

El mayor receptor del fondo de recuperación Nueva Generación de la UE fue Italia, como no podía ser de otra forma, ya que el país había sido duramente golpeado por el virus y contaba con un alto nivel de deuda que se había visto impulsado a niveles aún más preocupantes. La economía de Italia llevaba más de una década en proceso de degradación, y el año 2020 supuso un golpe realmente duro. Tal como estaban las cosas a finales de 2020, el PIB italiano se encontraba un 10 % por debajo de su nivel a principios de 2008.⁴⁹ Para hacer frente a este prolongado malestar, la UE había asignado 200.000 millones de euros en financiación a Italia —el 10 % del PIB italiano a cinco años—, de los cuales 80.000 millones eran subvenciones.⁵⁰ Era una oportunidad histórica en potencia para reactivar la inversión. Con el objetivo de desbloquear la financiación, Roma tuvo que redactar un Plan Nacional de Recuperación para su presentación ante la Comisión Europea y ante los recelosos gobiernos del norte de Europa en el Consejo.⁵¹ Para la clase política italiana era un desafío espectacular y muy complicado de cumplir. En diciembre, mientras Berlín y Bruselas lidiaban con Hungría y Polonia, la coalición que sustentaba el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte se vino abajo. Liderados por el ex primer ministro Matteo Renzi, los críticos presionaron al gobierno por no centrar el gasto directamente en educación y sanidad.⁵² Confindustria, el poderoso grupo de presión empresarial italiano, exigió «reformas», que debían empezar por el sistema de pensiones. Con la esperanza de aclarar los frentes y capitalizar su popularidad personal, el primer ministro Conte presentó su dimisión, pero no surgió una nueva mayoría.⁵³ Las nuevas elecciones serían una pesadilla no solo por la pandemia, sino por el aumento del apoyo a los partidos de derecha, no al de Silvio Berlusconi, o incluso a la conservadora Liga Norte de Matteo Salvini, sino al partido abiertamente posfascista Fratelli d’Italia. El 3 de febrero de 2021, el presidente italiano, Sergio Mattarella, se puso en las manos más fiables de Italia: las del señor «Lo que sea necesario», Mario Draghi, exmiembro del Departamento del Tesoro italiano, de Goldman Sachs, de Banca d’Italia y del BCE. Fue, por un lado, una confirmación del papel emblemático de los banqueros centrales como los tecnócratas de la era moderna y, por otro, una prueba de choque para ese modelo. Ni la política ni la economía italiana responderían a las duras palabras de Draghi como lo habían hecho en su día los mercados de bonos. Bajo el atento escrutinio de los escépticos países del norte de Europa, fue una seria prueba no solo para Italia, sino para todo el proyecto de la UE. Si Italia fracasaba en el programa Nueva Generación, los argumentos a favor de profundizar en la unión fiscal se debilitarían, tal vez de manera irrevocable.⁵⁴ Y, a comienzos de 2021, Italia ni siquiera era el problema más urgente al que se enfrentaba Europa.

La pregunta que más preocupaba a los gobiernos de todo el mundo rico no era cómo gastar cientos de miles de millones, o cómo planificar la economía durante las próximas décadas, sino cómo poner tantas vacunas, cada una de las cuales era tan barata como una comida de menú, en tantos brazos vulnerables lo más rápido posible. Las vacunas estaban saliendo de los laboratorios, pero el virus estaba mutando, y era fundamental inmunizar a miles de millones de personas lo antes posible. Los países ricos habían monopolizado la gran mayoría de la oferta. A principios de 2021, la pregunta era: ¿podrían hacer uso de ella?

En el Reino Unido y Estados Unidos, la distribución comenzó en diciembre. Hubo un aumento gradual, pero a finales de enero ambos estaban logrando un ritmo acelerado de vacunación. Por el contrario, en Europa las vacunas no llegaban. La UE había sido ambiciosa. La rivalidad nacional habría sido un desastre para la Unión. Al igual que en el desarrollo del paquete de recuperación UE Nueva Generación, se había puesto mucho énfasis en preservar la unidad. La UE era la única parte del mundo en la que el dinero no dictaba los ritmos nacionales de inmunización, ya que tanto Alemania como Bulgaria recibieron sus dosis. Esto era un logro notable, pero no fue secundado por una energía similar en la solicitud de pedidos o en la entrega. La aprobación de las vacunas también fue lenta. Por razones de costes, las compras de la UE habían favorecido a AstraZeneca, que acabaría teniendo dificultades tanto en las pruebas como en la producción. Bruselas no forzó el ritmo, pero tampoco lo hicieron los gobiernos nacionales. Ursula von der Leyen y el resto de la Comisión intentaron reconducir su discurso. Como señalaron, a diferencia de Estados Unidos o del Reino Unido, la UE era un gran exportador neto de vacunas. Una de las primeras acciones de Mario Draghi fue detener los envíos hacia Australia de la vacuna fabricada en Italia, ya que en Australia el virus estaba prácticamente controlado. A pesar de un comienzo lento, el programa europeo estaba acelerando. Cuando llegara el verano, la población vulnerable ya estaría totalmente inmunizada. Sin embargo, con la nueva paralización de todas las ciudades importantes del continente, y con las familias nuevamente enfrentadas al estrés de cierres de colegios y confinamientos, todo esto tenía poco alcance. En el primer aniversario del desastre de salud pública de 2020, la maquinaria gubernamental europea volvió a fallar en la prueba del coronavirus. A la luz de estos desbarajustes, la emancipadora máxima de John Maynard Keynes, que sostiene que podemos permitirnos cualquier cosa que realmente podamos hacer, comenzó a adquirir un creciente regusto amargo.

CONCLUSIÓN

En las democracias, la transferencia del poder es un asunto delicado. En muchos países se lleva a cabo de manera directa y práctica: un apretón de manos en la cámara del Parlamento, una ronda de aplausos, un camión de mudanzas para trasladar los efectos personales… En Estados Unidos, sin embargo, la transición se prolonga de forma agónica, y culmina con la pompa y la ceremonia de lo que equivale a una coronación democrática. Siempre es un espectáculo, pero ninguna investidura se ha esperado más ansiosamente que la del 20 de enero de 2021, cuando Joseph Biden se convirtió en el 46.° presidente de los Estados Unidos de América.

En su primer discurso como presidente, Biden presentó su ascenso al poder como resultado de la perenne batalla entre el «ideal estadounidense de que todos somos iguales» y la «dura y fea realidad en la que el racismo, el nacionalismo, el chovinismo, el miedo y la demonización nos han destrozado durante mucho tiempo».¹ Su victoria, afirmó, confirmaba el hecho de que «la historia, la fe y la razón nos muestran el camino». Citó a Abraham Lincoln con motivo de la Proclamación de Emancipación el día de Año Nuevo de 1863. Evocó a las sufragistas de 1919 y a Martin Luther King. También parafraseó, sin indicar la procedencia de la cita, el llamamiento de Bill Clinton a la administración de Barack Obama: Estados Unidos debería liderar «no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo».²

Sin embargo, ¿qué ejemplo podía realmente ofrecer Estados Unidos?³ Biden pronunció aquel discurso ante una audiencia que procuraba mantener la distancia social, y tuvo que hacerlo protegido por alambres de púas y por 25.000 soldados debido a las violentas amenazas de unos estadounidenses contra otros estadounidenses. ¿Y qué Estados Unidos representaba Joe Biden exactamente? Nacido en 1942, Biden era uno de los adolescentes que oyeron declarar a John F. Kennedy en 1961 que la «antorcha» había pasado a una «nueva generación». La primera vez que Biden se presentó como candidato a la presidencia fue en 1988. En su investidura en 2021, la diferencia de edad entre Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, era tan grande que era difícil no pensar en la pareja como un grupo familiar: padre ya anciano e hija de mediana edad. Una imagen reconfortante para todos los estadounidenses que votaron por ellos, pero también atávica, un eco de los clanes Trump, Clinton y Bush.

La cuestión de cómo reaccionaría su administración ante los desafíos inmediatos a los que se enfrentaba Estados Unidos apenas apareció entre paréntesis en el discurso inaugural de Biden. La respuesta llegó en la bien preparada lluvia de órdenes ejecutivas dictadas por la Casa Blanca en los días posteriores: sobre la pandemia, el clima, la vivienda, el medio ambiente y la inmigración.⁴ Durante la campaña electoral, Biden había evocado repetidamente cuatro crisis convergentes o superpuestas —su versión de la policrisis—: la pandemia, la economía, el llamamiento a la justicia racial y el clima.⁵ En su discurso de investidura añadió «la posición de Estados Unidos en el mundo». Aunque los rituales de la religión cívica de Estados Unidos continuaban practicándose, la magia se estaba desgastando. El modelo de globalización liderado por Estados Unidos que Biden y sus predecesores habían moldeado estaba en serios apuros, y no era algo reciente, sino que ya hacía tiempo que ocurría.

Durante el primer mandato de Biden como vicepresidente entre 2008 y 2012, una crisis financiera existencial coincidió en el tiempo con una fragmentación de las normas convencionales de la política democrática a ambos lados del Atlántico. Simultáneamente, se producía un repentino aumento de la tensión geopolítica con Rusia. Tras cuatro años dedicados a apagar fuegos de manera frenética a ambos lados del Atlántico, hubo un breve período de estabilización entre 2012 y 2014, definido por el famoso «Lo que sea necesario» de Mario Draghi, la reelección de Obama y el período previo a los acuerdos climáticos de París. Sin embargo, esta estabilización resultó efímera: entre 2014 y 2016, el statu quo se vio sacudido por la crisis de Ucrania, el desplome de los precios de las materias primas, la crisis de refugiados sirios, la cuasi suspensión de pagos de Grecia, la cuasi crisis financiera de China, el desafío inesperadamente fuerte de Bernie Sanders a Hillary Clinton, el Brexit, la victoria de Trump y el estallido de los «chalecos amarillos» en Francia. Dado el extraordinario alivio que habían supuesto la llegada de las vacunas y el fin de la presidencia de Trump, era tentador definir el enero de 2021 como un momento de culminación. Sin embargo, el equipo de Biden no se llamaba a engaño: no solo habían heredado un tren en malas condiciones, sino que justo ahora estaban en medio de un descarrilamiento.

Las prioridades inmediatas de la administración Biden eran controlar la pandemia y hacer frente a la crisis económica. Biden heredó de Trump tanto una epidemia fuera de control como un programa de vacunación que estaba a punto de despegar. Es preciso reconocer que, dada la situación, el equipo de Biden lo hizo lo mejor posible, reforzando el distanciamiento social e impulsando al máximo la distribución rápida de las vacunas. Además, también se esforzó por hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Defensa de la Producción, que garantizaba que los pedidos de vacunas de Estados Unidos eran los primeros en cubrirse. En abril de 2021, hasta que las vacunas estuvieron disponibles gratuitamente para todos los estadounidenses, Estados Unidos no exportó prácticamente ninguna dosis al resto del mundo. Moderna y Pfizer apoyaron esta política porque deseaban evitar responsabilidades ante cualquier problema de seguridad que pudiera surgir con las novedosas vacunas de ARN mensajero fuera del país. Era una política de «Estados Unidos primero» que hubiera hecho que Donald Trump se sintiera orgulloso, y resultó aún más efectiva porque la administración Biden evitó la bravuconería nacionalista. En vez de eso, la administración se autoproclamó «arsenal de vacunas global», aunque esto solo sucedería cuando las propias necesidades de Estados Unidos hubiesen quedado cubiertas.

En lo que respecta a la economía, el equipo de Biden mostró claros signos de estar decidido a no repetir los errores de 2009. Habían leído las autopsias sobre la administración Obama, y harían las cosas a lo grande. No albergarían esperanzas de lograr una cooperación con los republicanos. Comenzarían con el Plan de Rescate Estadounidense de 1,9 billones de dólares, y continuarían con un programa de infraestructuras de 2,3 billones de dólares, así como un Plan Familiar Estadounidense valorado en 1,8 billones de dólares. Además del estímulo de 3,6 billones aplicado en 2020, este nivel de gasto público carecía de precedentes en tiempo de paz. A diferencia de la Ley CARES promulgada en marzo de 2020, el Plan de Rescate de 1,9 billones estaba totalmente centrado en los estadounidenses de clase media y baja, así como en las pequeñas empresas, y en cambio ofrecía ayudas mínimas a las grandes empresas y a los ricos. Los expertos mostraban opiniones contrapuestas, pero ya solo el estímulo del Plan de Rescate de 1,9 billones de dólares sobrepasaba el exceso de oferta, la llamada brecha de producción, en un margen considerable.⁶ Todo ello implicaba mantener caliente la economía de manera deliberada y artificial. Como era de esperar, este audaz enfoque de la política fiscal tuvo sus críticas. Los republicanos obligaron a los demócratas a esquivarlos en el Senado, y el plan también fue atacado desde el centro por voces como Larry Summers y economistas de reputación internacional como Olivier Blanchard.⁷ Todos ellos lo consideraron excesivo y mal dirigido, pues no estaba centrado en la inversión. Era, según criticó Summers, la política fiscal más irresponsable de los últimos cuarenta años, un producto de la perversa interacción entre la intransigencia del Partido Republicano y el poder de veto del ala izquierda del Partido Demócrata. De manera significativa, Wall Street fue uno de los pocos organismos que apenas opuso resistencia.⁸ El grupo de presión empresarial solo planteó una exigencia: olvidarse de la subida del salario mínimo hasta los 15 dólares por hora. Una vez eliminado ese punto, los directores generales de la nación cesaron de inmediato las hostilidades, y lo mismo hizo la Reserva Federal.

Era difícil de creer, pero parecía que, por fin, después de décadas de inactividad en el mercado laboral, la Fed estaba empezando a reconocer las consecuencias de la histórica derrota de las organizaciones laborales en la década de 1980 y el comienzo de una nueva era de globalización. Esto implicaba que podía permitirse mantener caliente la economía sin miedo a provocar una espiral descontrolada de salarios y precios. Por supuesto, si la economía adquiría impulso, también lo harían los precios, pero eso no era motivo de preocupación. El 27 de enero de 2021, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa si consideraba la inflación un riesgo, la respuesta de Jerome Powell fue llamativa: «Francamente, daríamos la bienvenida a una inflación ligeramente más alta. [...] El tipo de inflación preocupante con la que crecimos las personas como yo parece lejana e improbable, tanto en el contexto interno como en el global en el que hemos vivido durante algún tiempo».⁹ Por supuesto, los inversores podían vender bonos, ajustando sus carteras a un crecimiento más rápido durante los próximos años. La emisión de deuda del Departamento del Tesoro era imponente, teniendo en cuenta, especialmente, que necesitaría prestar atención al mercado a largo plazo, cosa que en 2020 se había evitado en su mayor parte. Pero como todo el mundo sabía perfectamente, la Fed podría, si fuera necesario, aumentar sus propias compras de activos. Podía producirse un tira y afloja, pero la consecuencia de la modificación de los objetivos de la Fed de agosto de 2020 era que ahora se había comprometido a tolerar una inflación por encima del 2 %, al menos durante un tiempo. Era hora de que los mercados se adaptasen a esta situación.

El resultado de ese tira y afloja no solo sería fundamental para Estados Unidos, ya que el equilibrio de la economía mundial suele depender del cuadrilátero que vincula el mercado laboral estadounidense, el mercado de bonos estadounidense, la política fiscal y las intervenciones de la Fed. Si la economía estadounidense se descontrolara y los tipos de interés de Estados Unidos aumentaran de forma súbita, ello incrementaría la presión que los prestatarios extranjeros de dólares habían temido durante mucho tiempo. Sería una verdadera prueba del kit de herramientas para gestionar los riesgos de la financierización global.

En los mercados emergentes aún se conservaba un recuerdo muy vivo del «berrinche de reducción» de 2013, cuando el anuncio de Ben Bernanke de que la Reserva Federal podría poner fin a su flexibilización había desencadenado un período sostenido de presión. Aunque Bernanke se retractaría después, para muchos mercados emergentes aquel «berrinche» marcó el final de los buenos tiempos. Por entonces, era el primer año que Jay Powell había pasado a ser miembro de la Junta de la Reserva Federal; Bernanke era el presidente, y Janet Yellen la vicepresidenta. La cuestión de cómo incrementar los tipos de forma segura estuvo muy presente en ambos períodos del mandato de Bernanke. En septiembre de 2015, le tocó a Yellen dar marcha atrás sobre las restricciones cuando China parecía estar al borde de la crisis. El rumor de que la Fed y el Banco Popular de China habían alcanzado un «Acuerdo de Shanghái» secreto la acompañaría durante años.¹⁰ Cuando la Reserva Federal finalmente subió los tipos en diciembre de 2015, la economía ya se estaba desacelerando más rápido de lo esperado, y Yellen fue blanco de feroces críticas por parte de Bernie Sanders. Desde 2017, Jerome Powell intentó continuar la «normalización» de los tipos de interés, pero pronto se encontró al borde de una guerra total con la Casa Blanca de Trump. En 2019, en lugar de subir los tipos, la Fed los recortó tres veces, y el año 2020 eliminó la posibilidad de cualquier posible normalización en el futuro previsible. Como gerentes del sistema mundial del dólar, los banqueros centrales de Estados Unidos caminaban por una cuerda floja y, por lo visto, esta cuerda floja no tenía fin.

El dilema de la Fed concentraba de forma destilada la situación a la que se enfrentan los gobiernos en general a raíz de 2020. Ninguna de las fuerzas que se habían unido para hacer de 2020 un momento de crisis mundial se había agotado aún, ni mucho menos.

Los historiadores ambientales hablan de la «gran aceleración», un fenómeno que ha estado impulsando la transformación radical en la relación de la humanidad con nuestro hábitat natural.¹¹ Sitúan el momento del despegue en 1945, con una nueva aceleración en la década de 1970. A pesar de las señales de un regreso a algo similar a la normalidad en 2021, la gran aceleración es el marco histórico en el que se debe situar lo ocurrido en 2020: una crisis excepcional y transitoria, sin duda, pero también una estación de paso en una curva ascendente de cambio radical.¹²

El hecho de basarse en la historia del medio ambiente resulta especialmente apropiado, porque lo que dominó los acontecimientos de 2020 fue precisamente una conmoción biológica. Aunque su aparición se había predicho desde hacía mucho tiempo, el coronavirus expuso cruelmente la profunda incapacidad de la mayoría de las sociedades modernas a la hora de hacer frente al tipo de desafío que la era del Antropoceno planteará en el futuro con cada vez mayor fuerza. Como demostraron los torpes esfuerzos para contener la segunda ola del virus, esto era igual de cierto en Europa que en Estados Unidos o en América Latina. En la primavera de 2021, la epidemia se estaba acelerando de manera alarmante en Brasil y en la India. El enorme volumen de casos detectado en ambos países elevó el temor ante la posibilidad de nuevas y peligrosas mutaciones que comprometerían la estabilización lograda en el resto del mundo. Dada la limitación de nuestras capacidades sociales, culturales y políticas a la hora de hacer frente a estos desafíos, en última instancia dependemos de las soluciones tecnocientíficas. Generar tales soluciones depende de nuestra voluntad y capacidad para movilizar de manera efectiva los recursos científicos y técnicos a nuestra disposición. En este sentido, lo sorprendente de la experiencia de 2020 no es solo el éxito en el desarrollo de la vacuna, sino la desproporción entre la magnitud de la crisis y la magnitud de los medios utilizados para resolverla: decenas de billones de daños, y solo decenas de miles de millones destinados a las vacunas. Y aún menos para garantizar su distribución eficiente.

El reto de cara al futuro que nos ha planteado el año 2020 parece claro. O bien encontramos la manera de convertir en billones los miles de millones invertidos en investigación, desarrollo y tecnologías futurista, nos tomamos en serio la necesidad de construir economías y sociedades más sostenibles y duraderas, y nos equipamos con las capacidades necesarias para hacer frente a crisis impredecibles y de movimiento rápido, o nos veremos desbordados por el retroceso de la calidad de nuestro entorno natural. Esas son las típicas exigencias que se suelen descartar con facilidad por parecer poco realistas, pero, tras la conmoción de 2020, ¿qué más pruebas necesitamos? Lo que es preciso ajustar es nuestra comprensión común de la realidad en la que nos encontramos. Aquellos que durante décadas nos han venido advirtiendo de los grandes riesgos sistémicos han sido reivindicados de una forma aplastante. Nos guste o no, nos encontramos en lo que, ya en la década de 1980, Ulrich Beck llamaba «segunda modernidad», un mundo totalmente convulso y transformado por nuestras propias actividades.¹³ Para hacer frente a los desafíos ambientales que tenemos por delante, debemos aprovechar el potencial innovador de la ciencia y la tecnología que hemos descubierto durante los primeros siglos de modernización, y desbloquearlo y movilizarlo plenamente a escala global. De lo contrario, hay muchas razones para pensar que 2020 será solo el inicio de una serie cada vez más inmanejable de desastres globales. De cualquier manera, para bien o para mal, no hay escapatoria al hecho de que van a suceder «grandes cosas». La única opción no disponible es el mantenimiento del statu quo.

La importancia de los bancos centrales como un sector de los gobiernos modernos es que conforman el escenario en el que las autoridades se han visto forzadas a comprender la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos. El nivel de respuesta política que se produjo en 2020 deja pequeño incluso el que tuvo lugar en 2008. Sin embargo, en otros sentidos, también es una advertencia. Lo que impulsó a todas esas grandes intervenciones fue la frágil dinámica del crecimiento económico alimentado por la deuda. Lo que convirtió a los bancos centrales en el parangón de la moderna lucha contra las crisis es el vacío creado por el destripamiento del trabajo organizado, la ausencia de presión inflacionaria y, en términos más generales, la falta de desafíos antisistémicos. Las intervenciones pueden ser tan grandes como lo son porque, aunque tienen enormes consecuencias materiales, y aunque el propio mercado de bonos tiene una presencia en el mundo real en forma de operadores, computadoras y documentos legales, las compras de activos de los bancos centrales son el equivalente a agitar una varita digital. El alivio monetario emitido en 2020 fue tan drástico como lo fue porque la crisis puso en riesgo el mercado más importante de todos, el mercado de activos seguros del Tesoro. La amenaza era una avalancha aún mayor que la provocada por la quiebra de Lehman Brothers. Resultó que, en el mundo de las finanzas basadas en el mercado, ningún activo es verdaderamente seguro a menos que se le proporcione un respaldo definitivo.

La magnitud de las intervenciones de los gobiernos fue tan grande en 2020 que provocó comparaciones con los modelos de financiación en tiempo de guerra. La compra de bonos por parte de los bancos centrales fue el gemelo funcional de la política fiscal, pero, por tentadora que sea la idea, no podemos viajar en el tiempo de vuelta a los días del keynesianismo posterior a la segunda guerra mundial, y desde luego esa no es la ambición de los banqueros centrales del siglo XXI, que están lejos de ser revolucionarios, pues su forma de pensar es idéntica a la de los conservadores partidarios de Bismarck de la segunda mitad del siglo XIX: «Todo debe cambiar para que todo pueda seguir igual».¹⁴ En 2020, al menos en lo que respecta al sistema financiero, el «gerencialismo» volvió a triunfar, pero fue menos un ejercicio de manipulación tecnocrática todopoderosa que un esfuerzo desesperado por preservar un peligroso statu quo. El hecho de ser «demasiado grande para quebrar» se ha convertido en un imperativo sistémico total. El efecto consiste en suscribir sucesivas rondas de especulación y crecimiento impulsados por la deuda. ¿Puede esto seguir así indefinidamente? No existe ningún límite macroeconómico fundamental a la vista. La cuestión es si la gobernanza tecnocrática es capaz de mantenerse al día, y si la sociedad y la política pueden enfrentarse a la situación. ¿Se puede democratizar? Y si no es así, ¿puede al menos ser legitimada? ¿Y es posible encontrar maneras de absorber o compensar las desigualdades que produce este modelo de crecimiento? El verdadero alcance de esas preguntas fue reconocido por primera vez tras la crisis de 2008, y en 2020 todavía esperaban una respuesta.

Gracias a la supremacía del dólar como moneda global de facto, la expansión del crédito acostumbra a tener un alcance global. Los dólares inyectados en la economía mundial en 2020 permitieron una notable muestra de autonomía por parte de los mercados emergentes mejor situados. Esto confirma una de las tendencias que ya era evidente en 2008: la aparición de los mercados emergentes como núcleos clave en el sistema global de financiación del dólar. Actualmente, la economía mundial se estabiliza en muchos puntos, y se va descentralizando de Occidente cada vez más, lo cual produce un problema de perspectiva. Lo que para observadores occidentales puede parecer un bloqueo fundamental para una futura globalización, como, por ejemplo, la creciente dificultad para negociar acuerdos comerciales, puede no tener más que una importancia localizada. En los nodos de crecimiento más importantes, el comercio y la inversión continúan creciendo a un fuerte ritmo. Si este reequilibrio no era ya evidente antes de 2020, la enorme disparidad este-oeste a la hora de hacer frente a la crisis del coronavirus lo dejó bien patente. En 2020, debido en gran medida a la recuperación en Asia, el comercio global se contrajo mucho menos de lo que había predicho la OMC en sus primeros pronósticos apocalípticos. Durante el año en su conjunto, el volumen de transacción de mercancías solo cayó un 5,3 %. Sin embargo, esta nueva y multipolar economía mundial continúa atada al viejo mundo en al menos un aspecto fundamental: sigue siendo un sistema basado en el dólar. Un severo endurecimiento de la política monetaria estadounidense, o incluso un berrinche de reducción en toda regla, pondría a prueba la resiliencia global, como también lo haría una violenta escalada de la tensión geopolítica en alguna de las principales regiones de la economía mundial.

La nueva era de la globalización está generando una multipolaridad centrífuga. Grandes potencias regionales proliferan, se alían y entran en conflicto entre sí, y luego prosperan o se desvanecen. En 2008, la principal causa de conflicto fue el resurgimiento de la Rusia de Vladímir Putin y su choque contra el poder de la OTAN. En 2020, el más violento de estos campos de fuerza se encontraba en Oriente Medio en el sentido más amplio del término: el uso del enfrentamiento de Arabia Saudí contra Irán por parte de los Emiratos Árabes Unidos, por un lado, y Qatar y Turquía, por otro. Las guerras directas y las guerras subsidiarias, surgidas de los escombros de las políticas estadounidense y europea en la región, han traído miseria a decenas de millones de personas en Libia, Siria, Irak y Yemen, todo debido a los depósitos clave de combustibles fósiles. En 2020, sin embargo, las consecuencias mundiales de ese conflicto regional multicéntrico seguían contenidas. Los oligarcas regionales sentían la presión del colapso del precio del petróleo. Europa y Estados Unidos se mostraban inquietos. China (aún) no se había comido mucho terreno. Enfrentado al riesgo muy real de una crisis financiera, Erdogan jugaba al gato y al ratón con los mercados.

Con diferencia, el cambio más significativo provocado por este proceso combinado y desigual de crecimiento económico mundial es el ascenso de China, cuyo crecimiento ha sido de una magnitud nunca antes vista. Al igual que otras economías de mercados emergentes, el desarrollo económico de China ha tenido lugar dentro de un campo monetario global establecido por Estados Unidos, pero las propias capacidades de Pekín de luchar contra la crisis son únicas. La agresividad de sus intervenciones regulatorias nacionales supera con creces a las de Europa o Estados Unidos, y la escala de China es tal que pone en tela de juicio la supremacía de Estados Unidos. Esta perspectiva ya había sido prevista por los planificadores estadounidenses en la década de 1990. Después de dejar la presidencia, Bill Clinton comentó con perspicacia que la tarea clave para la política estadounidense consistía en «crear un mundo en el que nos gustaría vivir cuando ya no seamos la única superpotencia del mundo».¹⁵ La unipolaridad ya era cosa del pasado. Incluso en el apogeo de su poder, la idea de que Estados Unidos podía remodelar el mundo a su gusto siempre fue un ejercicio de arrogancia. En 2020, el mundo en el que Estados Unidos se encontró viviendo parecía no ser en absoluto del agrado de los estrategas estadounidenses. Durante el último año de Trump, la inquietud por el ascenso de China provocó lo que equivalía a una declaración de guerra económica. En sus etapas iniciales, la administración Biden muestra todos los signos de que se propone continuar esta campaña. En su primera rueda de prensa como presidente, el 25 de marzo de 2021, Biden declaró rotundamente: «China tiene un objetivo general, y no se lo critico, pero tiene el objetivo de convertirse en el país líder del mundo, en el país más rico del mundo y en el país más poderoso del mundo. Eso no va a ocurrir durante mi mandato, porque Estados Unidos va a continuar creciendo y expandiéndose».¹⁶

Biden no solo declaró su negativa a aceptar las posibles consecuencias del crecimiento económico compuesto, sino que se apoyó en una visión de la política nacional con reminiscencias de la era de la conmoción del Sputnik y la carrera espacial. El programa de infraestructuras de Biden, con un nuevo gasto en puentes, carreteras, energías renovables y cuidado de ancianos, evocaba los «grandes proyectos del pasado» de Estados Unidos. Igual que aquellos proyectos, el Plan Laboral Estadounidense puesto en práctica el 31 de marzo de 2021 fue diseñado con el objetivo de «unificar y movilizar al país para enfrentarse a los grandes retos de nuestro tiempo: la crisis climática y las ambiciones de una China autocrática».¹⁷

¿Seguiría el resto del mundo a Estados Unidos de regreso al futuro? En 2019, ante la escalada de tensión de la administración Trump contra China, la UE había emprendido otro camino. En el plan estratégico de marzo de 2019 sobre las relaciones entre la UE y China, la UE había designado por primera vez a China como un rival sistémico, pero al mismo tiempo también había reconocido a China como un competidor económico convencional, un socio con el que negociar y cooperar.¹⁸ De manera muy sensata, la UE se había abstenido de plantear la cuestión de la supremacía, y más aún de anunciar una lucha abierta para conservar el predominio occidental frente al ascenso de Asia. Ajustándose a su estrategia multilateral, Bruselas y Pekín acabaron el año 2020 anunciando, el 30 de diciembre, un Acuerdo Integral sobre Inversión (CAI, por sus siglas en inglés) entre la UE y China, cuyo principal objetivo era fomentar la inversión extranjera directa a una escala más apropiada al tamaño de los dos bloques económicos.¹⁹ Para Pekín, tras la firma de la RCEP con sus vecinos asiáticos, el CAI fue un golpe maestro. En Washington, tal acuerdo fue considerado como una afrenta. El anuncio se produjo el mismo día en que el Reino Unido —uno de los nuevos aliados más entusiastas de Estados Unidos en la confrontación con China— dio por concluida su salida de la UE.²⁰ Defensores estadounidenses de una línea antitotalitaria evocaron fantasías oscuras de una Europa neutralizada y amoral, a la deriva entre los bloques.²¹ Otros desestimaron el acuerdo chinoeuropeo como el último estertor de una era de apaciguamiento de China que, como Angela Merkel, ya estaba abandonando el escenario.²² El equipo de transición de Biden hizo saber que no estaban muy contentos, y, a decir verdad, el CAI tampoco era muy del agrado de la opinión pública en Europa, pero para Berlín, París y Bruselas, lo que tenía mayor prioridad era establecer los términos de un modus vivendi mutuamente ventajoso.²³ La integración económica con China ya era demasiado acentuada como para revertirse, y probablemente se haría aún más profunda. China constituía un elemento fundamental para las nuevas tecnologías de la transición energética verde. Lejos de marcar un momento de desvinculación, gracias a la caída de Occidente y al continuo crecimiento de China, 2020 fue el primer año en el que China superó a todos sus rivales para convertirse en el destino mundial favorito de la inversión extranjera directa.²⁴

La lógica de la estrategia multilateral de la UE era de doble filo. Por claro que pudiera ser el imperativo de un acuerdo ventajoso como el CAI, no era menos obvio que era necesario equilibrarlo con otras consideraciones. Sí, China era un socio comercial con el que se podía negociar, pero también era un régimen profundamente distinto y adverso. La cuestión más inmediata no era si la administración Biden podría igualar la política de equilibrio de la UE, sino si Pekín podría hacer lo propio.

El CAI tendría que ser ratificado por el Parlamento Europeo, donde existía una muy justificada indignación sobre la continua represión en Xinjiang y sobre la creciente presión de China sobre Hong Kong. Cuando los gobiernos europeos, en una acción coordinada con Estados Unidos, impusieron sanciones a unos cuantos funcionarios chinos relativamente jóvenes responsables del represivo régimen de Xinjiang, Pekín podría haberlo considerado como una trivialidad de nula importancia estratégica. En vez de eso, China respondió imponiendo sanciones a algunos de sus principales críticos del Parlamento Europeo, así como al Instituto Alemán Mercator de Estudios en China y a una ONG danesa. El resultado fue que las relaciones entre la UE y China se congelaron por completo, el CAI quedó en suspenso y Europa se volvió hacia Estados Unidos. Mientras tanto, los analistas occidentales se preguntaban qué estaba provocando la escalada de Pekín. ¿Era el liderazgo de China así de imprudente e ingenuo, o estaba atrapado en su propio relato de propaganda nacionalista? ¿O acaso la reacción de Pekín apuntaba a algo más siniestro? ¿Estaba Pekín convencido de que el declive de Estados Unidos y Europa estaba entrando en su fase terminal? Tras el fiasco de la respuesta occidental a la COVID, ¿había llegado el momento de que Pekín aprovechase su ventaja y exigiese aceptación y respeto para su régimen despiadadamente eficiente?²⁵

En el verano de 2021, el Partido Comunista Chino iba a celebrar su centésimo aniversario, y lo haría con estilo. El 24 de noviembre de 2020, los últimos condados restantes habían sido eliminados de la lista de regiones pobres de China.²⁶ El 4 de diciembre de ese mismo año, Xi Jinping anunció que el Partido había logrado su objetivo de poner fin a la pobreza «absoluta y regional» en China.²⁷ En una campaña de ocho años que había contado con la movilización de 2,9 millones de funcionarios del partido y con una inversión de 1,5 billones de yuanes, 99 millones de chinos rurales hasta entonces extremadamente pobres habían logrado salir del umbral básico de pobreza.²⁸ Los críticos occidentales señalaron que el estándar de pobreza de China situaba el listón demasiado bajo.²⁹ El objetivo de cubrir las necesidades básicas del mundo rural era poco más que una distracción frente al inabordable problema de integrar el vasto ejército de trabajadores migrantes urbanos en una red moderna de seguridad social.³⁰ Pekín no permitió que tales acusaciones enturbiasen su mensaje. En un año en el que, según el Banco Mundial, en torno a 100 millones de personas en todo el mundo habían sido arrojadas de nuevo a la pobreza más absoluta, ningún otro Estado podía presumir de un logro similar.

Como dijo Xi en una reunión con el Comité Permanente del Politburó al completo en enero de 2021, «el tiempo y la inercia» estaban del lado de China.³¹ Cualquier idea de convergencia con las normas liberales hasta entonces pregonada por la teoría de la modernización occidental era claramente obsoleta. Los defensores de la trampa de los ingresos medios —una versión negativa de la teoría de la modernización que pone de relieve las grandes dificultades a las que se enfrentan los países de ingresos medios para dar el salto a la situación de economía avanzada— podían aferrarse a su doxa.³² No obstante, como les gusta señalar a los propios chinos, si las ciencias sociales son una cuestión de datos, la modernización de China ha generado, dado su descomunal tamaño, más datos que cualquier episodio anterior de crecimiento económico. Es el mayor experimento social de todos los tiempos, un experimento que conforma la base materialista de lo que Pekín denomina «marxismo del siglo XXI».³³ El punto clave no es que la teoría de la modernización sea errónea, sino que, mientras no incorpore la transformación de China, no estará realmente completa. Esto no significa que la gestión del desarrollo de China carezca de riesgos. Lo que el año 2020 demostró fueron tanto las tensiones generadas por el asombroso crecimiento de China como los defectos en el aparato de poder chino, así como su resiliencia, potencia y ambición.³⁴ Pekín continúa caminando, haciendo equilibrios sobre una cuerda floja que no parece tener fin.³⁵

En cualquier caso, no fue en China donde el año 2020 creó una situación de profunda crisis nacional, sino en Estados Unidos. De hecho, resulta tentador afirmar que es en Estados Unidos donde las simples visiones liberales de la modernización han experimentado el duelo de manera más concluyente. En un mundo de desigualdad, es precisamente Estados Unidos donde la falta de armonía entre la política y el desarrollo económico y social está en su punto más extremo y relevante.³⁶

En el siglo XXI, Estados Unidos es un país donde el poder político se reparte entre dos partidos, y uno de ellos, el Partido Republicano, ha estado durante décadas firmemente dispuesto a bloquear la construcción de un aparato estatal adaptado a una sociedad avanzada, así como a desmantelarlo allí donde ya existe. Además, como se demostró en el año 2008 y se confirmó en 2020, en momentos de crisis nacional el Republicano ya no es un partido con visión de gobierno, ni a largo ni a corto plazo. En dos momentos de profunda crisis nacional se ha revelado como un vehículo para la búsqueda indisciplinada de los intereses particulares, así como del efectismo, en lugar de ser un vehículo de verdadera política nacional.

Por supuesto, aún existen fuerzas poderosas y modernizadoras que siguen operando en Estados Unidos, y, para bien y para mal, estas fuerzas cada vez están más alineadas inequívocamente con el Partido Demócrata. Como han demostrado una y otra vez en las sucesivas elecciones presidenciales, los demócratas constituyen una clara mayoría, pero gracias a la arcaica Constitución de Estados Unidos, que data del siglo XVIII, y a la acción oculta del Partido Republicano a la hora de manipular en su favor las circunscripciones electorales (lo que se conoce con el término «gerrymandering») y de dificultar o suprimir la capacidad de voto de los votantes que no les son favorables, el control del poder de esta coalición modernizadora es frustrantemente débil. Los programas de gasto de la administración Biden durante sus primeros cien días sugieren un esfuerzo consciente para superar este callejón sin salida, y dejan entrever el contorno de un plan para consolidar una coalición nacional en torno a un modesto reequilibrio social general, intervenciones calculadas para hacer frente a la urgente demanda de justicia social, modernización ecológica y competencia sistémica con China. Esto no es el Nuevo Acuerdo Verde, o la visión socialdemócrata ofrecida por Bernie Sanders. La eliminación del salario mínimo del Plan de Rescate de Estados Unidos fue muy significativa. En cuanto a los planes de Biden sobre infraestructura y familia, su retórica es radical, y las principales cifras de gasto son impresionantes, pero a diferencia de la Ley CARES de 2020 o Plan de Rescate de marzo de ese año, que desembolsaron billones de dólares en cuestión de meses, estos son programas a largo plazo que se extienden hacia un horizonte de ocho o diez años. Antes de que empezase su negociación en el Congreso, ascendían, aproximadamente, al 2 % del PIB anual, una cifra que, teniendo en cuenta que los planes abarcaban desde el cuidado infantil hasta la transición energética, era demasiado reducida para provocar una transformación de la sociedad estadounidense, o para poner a Estados Unidos en el camino de la estabilización climática. Especialmente en lo que respecta a la transición energética, parecían basarse en supuestos optimistas sobre la inversión privada, que sería activada con modestos estímulos públicos combinados con cambios en la regulación. Y en cuanto a la política a largo plazo, las medidas de Biden (conocidas como «Bidenomics») eran una continuación de las finanzas mixtas público-privadas, la típica política de Frankenstein que había caracterizado la lucha contra la crisis en 2020.

¿Por qué no eran más grandes los programas de gasto? La limitación principal era el apoyo del Congreso. Con la esperanza de lograr el apoyo de los centristas del Partido Demócrata, los planes sobre infraestructuras y familias dependían de «favores». Para contentar al ala izquierda del partido, los programas estaban centrados en impuestos corporativos y en las ganancias de capital obtenidas por los más ricos, lo cual se ajustaba al doble objetivo de estabilización fiscal y justicia social, pero el efecto general fue que el programa se encontraría con más dificultades de las previstas.

La prioridad absoluta era mantener el ímpetu político. La pesadilla de la administración Biden es que se repitan los duros reveses sufridos en la mitad de sus respectivos mandatos por Obama en 2010 y por Clinton en 1994. Incluso sin mayoría, se puede contar con que los republicanos quieran desplegar todo el arsenal de controles y equilibrios establecidos en la Constitución de Estados Unidos. Como resulta cada vez más obvio, su futuro político depende de la resistencia a la lógica del gobierno de la mayoría por todos los medios a su alcance. Dada su incapacidad para formular una visión política que englobe a la mayoría del electorado estadounidense, su mejor apuesta es consolidar la clase de acuerdo institucional manipulado que comúnmente se asocia con el siglo XIX.

No obstante, las estructuras políticas heredadas de la Constitución estadounidense también tienen otro efecto. El gobierno de Estados Unidos se basa en la división y, cuando está bajo presión, puede seguir funcionando de manera dividida. Esto es lo que se pudo ver en 2020: unos Estados Unidos funcionando como un Estado desarticulado. El circo de la política de Trump y la lucha de Mitch McConnell por mantener su control sobre el Senado se complementaron con compromisos fiscales improvisados, y fueron respaldados por la Reserva Federal, que compró la propia deuda de Estados Unidos a gran escala. En 2020, al igual que en 2008, el Tesoro y la Reserva Federal colaboraron con los demócratas en el Congreso para mantener activos los engranajes, pasando por encima de gran parte del Partido Republicano del Congreso e incluso, a veces, de la Casa Blanca. Mientras tanto, el entorno de Trump emitía erráticas declaraciones de política exterior, mientras los militares estadounidenses hacían todo lo posible por ignorar a su comandante en jefe.³⁷

La primera línea de acción de la administración Biden fue intentar restablecer la coherencia, lo cual —dada la falta de protecciones, el precario equilibrio de la política partidista y el incierto futuro del Partido Republicano— era una apuesta arriesgada. Con Trump como presidente, el pluralismo y la incoherencia eran una gracia salvadora. En vista de lo ocurrido en 2020, no está muy claro si Estados Unidos y el mundo tienen más que temer de un gobierno estadounidense unificado sujeto al riesgo de captura por parte de la derecha nacionalista, o de un régimen estadounidense más incoherente en el que las palancas clave del poder siguen siendo el ámbito de las élites funcionales, los intereses globalizados y la modernización de coaliciones en centros clave como Nueva York y Silicon Valley. La forma correcta y respetuosa de enmarcar todo esto, por ejemplo cuando la conversación se dirige al último punto muerto de la política climática estadounidense, es argumentar que el futuro progresista de Estados Unidos depende del dinamismo de los «actores subnacionales».³⁸ A pesar del entusiasmo de los primeros meses de la administración Biden, la cuestión más inquietante continúa siendo la siguiente: ¿es Estados Unidos una nación Estado capaz de responder de manera coherente y a largo plazo a los desafíos de la gran aceleración?

Cualquiera de estos vectores del cambio global —ambiental, económico, político, geopolítico— podría sugerir por sí solo que, lejos de ser una culminación, el año 2020 fue simplemente un momento concreto en un proceso de escalada. Y considerados en su conjunto, forman un paralelogramo que hace que la desescalada sea difícil de imaginar, si no directamente imposible. La gran aceleración continúa.

En un período anterior de la historia, este tipo de diagnóstico podría haberse combinado con el pronóstico de una revolución, pero, si hay algo que no es realista hoy en día, sin duda es ese pronóstico. De hecho, hablar de reforma radical es algo exagerado. El año 2020 no fue un momento de victoria para la izquierda. Por lo tanto, la principal fuerza para contrarrestar la escalada de la tensión mundial en el ámbito político, económico y ecológico es la gestión de crisis a una escala cada vez mayor, impulsada por la propia crisis y hecha a medida. Es posible que esto carezca de la grandeza o de la ambición de la política transformadora, pero no está exento de conciencia histórica ni de trascendencia. Es una elección entre la tercera y la cuarta mejor opción, y como tal es realmente importante.

El ámbito en el que se ha explicado y se ha podido ver con más claridad y menos inhibiciones esta nueva era de improvisación y adaptación es en el relativo al kit de herramientas de política económica desarrollado por los Mercados Emergentes. Y una autoridad tan relevante como el FMI ha puesto su sello en este desarrollo publicando en 2020 lo que se denominó un «marco de política integrado». Abandonando cualquier compromiso doctrinario con la libertad de circulación de capitales o con tipos de cambio libremente flotantes, el FMI esbozó una visión táctica de la política que reconocía la necesidad de intervención pragmática. El reto era trazar y racionalizar un camino que discurriese entre «una sola talla para todos» y el «todo vale».³⁹

Lo que posibilitó la libertad de maniobra de la que gozaron los mercados emergentes en 2020 fue el gigantesco diluvio de dinero desatado por las economías avanzadas, y eso también fue el resultado de un aprendizaje. El recuerdo de la década de 1930 eclipsó la respuesta a la crisis de las autoridades estadounidenses en 2008, y el recuerdo de la administración Obama ensombreció al gobierno entrante de Biden en 2021. Aún más espectacular fue el efecto del aprendizaje en la UE. El fracaso de Europa durante los años posteriores a 2010 fue de dimensiones históricas, y en 2020 podría perfectamente haber ocurrido lo mismo, pero no fue así. Decidida de forma consciente a evitar una repetición que hubiera resultado desastrosa, la clase política europea definió la crisis de 2020 como algo nuevo. Lo menos que se puede decir de ellos es que lograron encontrar nuevas maneras de fracasar. Asumieron la tarea de una política común respecto a las vacunas y convirtieron su lanzamiento en una crisis de legitimación. Construyeron una nueva capacidad fiscal que estaba infradimensionada para el trabajo. Otra intervención del Tribunal Constitucional alemán, esta vez sobre la legalidad de la financiación conjunta del fondo UE Nueva Generación, llamó la atención sobre el hecho de que la base legal de las instituciones federales europeas seguía siendo inestable. Mientras tanto, no solo Estados Unidos estaba aplicando un programa de vacunación efectivo, sino que el Plan de Rescate de Biden prometía catapultar su crecimiento económico a un destacado primer puesto. Europa se enfrentaba a la perspectiva de tener que relanzar su relanzamiento.

Es una labor digna de Sísifo. Cada ronda de cambios y correcciones prepara el punto de partida para la siguiente. La lucha contra las crisis es una actividad implacable y agotadora, impulsada por la urgencia de la situación inmediata. Está atrapada en una enmarañada red de intereses, y se ve obligada a inventar sus herramientas a medida que avanza. Sin embargo, no carece de dirección. Si bien el progreso es un término demasiado tajante, el historial acumulativo de lucha con los problemas del gobierno moderno es innegable. Escribir historia es parte de ese proceso. Sea cual sea la forma en que se encarne —periodismo, beca académica, dramatización popular, o los «relatos populares» de la maquinaria del gobierno—, la historia contemporánea es parte integral del aprendizaje colectivo. La escritura sobre la historia es parte integral de la creación de la Historia.

El relato expuesto en estas páginas aspira a mostrar una visión general y en perspectiva. La intención es la de ofrecer una crítica objetiva, pero sería una tontería negar que está íntimamente entrelazada con el tema en cuestión, y, de hecho, es cómplice de dicho tema: los esfuerzos de las élites de todo el mundo para dominar la crisis. Es un asunto de política personal, de biografía, de apego institucional y de identidad social. Ningún escritor consciente de sí mismo debe negar la fuerza de esos factores. En una pandemia, este entrelazamiento adquiere una presencia más material. Los acontecimientos y decisiones descritos en este libro tuvieron un impacto directo en la forma en la que cada uno de nosotros afrontó la crisis. De te fabula narratur: es a ti a quien se refiere el cuento. Mis familiares más próximos y yo mismo fuimos de los primeros beneficiarios de la Operación Warp Speed del presidente Trump, así como de los esfuerzos de funcionarios estadounidenses de todos los niveles para implementar la inmunización masiva lo más rápido posible. Para nosotros, los afortunados, el miedo a la pandemia se disipó a principios de 2021.

Más allá de este condicionamiento material básico, una narrativa histórica de este tipo se entrelaza de una manera más específica con el ejercicio del poder. Esto se debe a que, en la modernidad, el poder y el conocimiento se construyen juntos. Ninguna de las perturbaciones de 2020 —la propia pandemia, la agitación del mercado de recompras que amenazaba la estabilidad del mercado del Tesoro, las crisis de la UE, las limitaciones de la DSSI del G20 o las posibilidades de la diplomacia climática entre China y la UE— serían comprensibles sin recurrir a los conocimientos técnicos generados desde el aparato del poder y el dinero. Este conocimiento interno debe ser tratado de manera crítica. Es, por definición, muy específico, y no ofrece una visión de la crisis en su conjunto, pero ese conocimiento es indispensable, y la primera tarea de una historia crítica es aceptarlo. Debemos encontrar una manera de penetrar en la espesura del análisis y en los datos producidos día a día desde dentro del aparato del poder y el dinero mientras sus protagonistas luchan para hacer frente a las situaciones radicales que sus sistemas están produciendo.⁴⁰

La frontera de este conocimiento técnico no es solo desalentadoramente compleja, sino que está en constante evolución. Es histórica en sí misma. De hecho, su influencia en la configuración de nuestra comprensión del mundo, seamos o no conscientes de ello, está tan generalizada que define gran parte de lo que entendemos como un cambio histórico. Mantenerse al día implica correr para quedarse quieto. Nos guste o no, estamos in medias res, a mitad de las cosas.⁴¹ Podemos, hasta cierto punto, elegir cómo nos relacionamos con esta realidad. Hay muchos marcos diferentes dentro de los cuales podemos situar nuestra experiencia inmediata y nuestra inmersión en los campos técnicos del poder. Podemos estar cerca de la acción diaria y de sus protagonistas, podemos imaginarnos en una atalaya separada y superior desde la que observamos el profundo desarrollo de la sociedad, podemos hacernos pasar por cartógrafos y esbozar los grandes contornos de la historia como si fueran formaciones geológicas, podemos imaginar una palanca de Arquímedes y un agente histórico para moverla, pero todos estos posicionamientos intelectuales deben ser considerados como los gestos estilizados que son, pues todos ellos están condicionados por nuestra situación en el aquí y ahora, por nuestra historia en los «tiempos anteriores», por nuestra expectativa del futuro por venir. Todo esto también se aplica a este libro, y a los conceptos y marcos narrativos que emplea, cuando, por ejemplo, evoca la idea de la gran aceleración o la época del neoliberalismo. Cada movimiento de este tipo implica una historia y una política que debe presuponerse en cierta medida —tenemos que empezar por algún sitio—, pero que, de la misma manera, debe estar abierta a la crítica y al debate. Si el año 2020 nos ha enseñado algo, es que debemos estar bien preparados para revisar nuestra visión del mundo. La visión básica del Nuevo Acuerdo Verde era brillantemente acertada, pero imaginaba el clima como la amenaza más urgente del Antropoceno, y también esta visión se vio arrastrada por la pandemia. Tales revisiones no implican una falta de principios intelectuales o políticos: son la apertura que exigen los tiempos que vivimos.

Así pues, este es el objetivo de El apagón, igual que lo fue de mis anteriores libros: la lucha con el poder y el conocimiento en el tiempo. Descubrir la experiencia arcana, situarla e interpretarla, desentrañar conceptos y reorganizar los relatos en los que el poder gira incesantemente sobre sí mismo, reconociendo y convirtiendo en propósitos críticos las innovaciones que produce el conocimiento del poder.

Este libro, como los demás, se convierte así en un «gran relato». Espero hacer justicia a la trascendencia y complejidad de los choques y transformaciones que estamos viviendo. Por todo ello, cada imagen histórica, cada disposición de las piezas, es provisional, heurística, experimental. Si no estamos más allá del final de la historia, eso es lo que implica escribir historia. No es un pronunciamiento definitivo, sino escribir para que alguien en el futuro escriba sobre tus líneas.

Me gradué en la universidad en 1989. En aquel año ya se podía sentir cómo temblaba el telón de acero. Fue el verano de Fukuyama y de las protestas de Tiananmen. Mi primera investigación histórica —sobre economistas y estadísticos alemanes en medio de la violenta agitación de la República de Weimar y el Tercer Reich— se llevó a cabo en la recientemente extinta RDA, en un archivo ubicado en un destartalado cuartel de la ciudad de Potsdam, entonces semiocupada por el Ejército Rojo. Me enfrenté a ese archivo, como generaciones de aprendices de historiadores antes que yo, con lápiz, bolígrafo y tarjetas de presentación. Más de treinta años después, en una Manhattan castigada por el confinamiento y el toque de queda, pero con la libertad para deambular por el mundo a través del ordenador portátil que siempre llevo conmigo, me topé con el análisis de los «seis efectos» de uno de los asesores más cercanos de Xi Jinping. Este libro comienza haciendo referencia a los pronunciamientos de Chen Yixin, no solo por su interés inherente, sino para sustentar una opinión más elaborada y de mayor alcance. El hecho de que el mapa de crisis convergentes de Chen fuera tan apropiado, que fuera más esclarecedor que el modelo de policrisis de la UE o que la preocupación solipsista de Estados Unidos por su narrativa nacional, debería hacernos reflexionar. Los intelectuales del régimen chino son leales al proyecto político de su partido. Están trabajando en su propia versión de la historia, una historia en la que, nos guste o no, todos estamos inmersos. Y en ese sentido, como dejó muy claro la crisis de la COVID, también estamos empezando.

Si nuestra primera reacción a lo ocurrido en 2020 fue de incredulidad, nuestra consigna para afrontar el futuro debería ser: «Todavía no hemos visto nada».

NOTAS

1. IMF, World Economic Outlook Update, junio de 2020; https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020.

2. O. D. Westad, «The sources of Chinese conduct: Are Washington and Beijing fighting a new Cold War», Foreign Aff. 98 (2019): 86.

3. IMF, World Economic Outlook, enero de 2020; https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020.

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5. P. Commins, «Uncertainty remains as long as Trump tweets», Financial Review, 14 de octubre de 2019.

6. «Veranstaltungsbericht “Westlessness” – Die Münchner Sicherheitskonferenz 2020»; https://securityconference.org/news/meldung/westlessness-diemuenchner-sicherheitskonferenz-2020/.

7. A. Fotiadis, «Greece’s refugee plan is inhumane and doomed to fail. The EU must step in», Guardian, 16 de febrero de 2020.

8. International Monetary Fund. Strategy, Policy, & Review Department, World Bank, «The Evolution of Public Debt Vulnerabilities In Lower Income Economies», FMI, 10 de febrero de 2020.

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12. T. Blair, «Tony Blair’s conference speech 2005», The Guardian, 27 de septiembre de 2005.

13. A. Tooze, Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World, Viking, 2018 [hay trad. cast.: Crash, Ariel, 2018].

14. Véase, por ejemplo, Janet Yelleen en febrero de 2020: S. Lane, «Yellen pins rise of populism, trade skepticism on economic inequality», The Hill, 4 de febrero de 2020.

15. B. Latour, Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime, Polity, 2018.

16. M. Wucker, The Gray Rhino: HOw to Recognize and Act on Obvious Dangers We Ignore, St. Martin’s Press, 2016.

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19. ILO, «COVID-19 and the World of Work» (5.ª ed.), OIT, 30 de junio de 2020.

20. V. Strauss, «1.5 billion children around globe affected by school closure. What countries are doing to keep kids learning during the pandemic», Washington Post, 27 de marzo de 2020.

21. «COVID-19 Could Lead to Permanent Loss in Learning and Trillions of Dollars in Lost Earnings», Banco Mundial, 18 de junio de 2020.

22. H. Else, «How a torrent of COVID science changed research publishing – in seven charts», Nature, 16 de diciembre de 2020.

23. Para un excelente ejemplo, véase G. Packer, «We Are Living in a Failed State», Atlantic, junio de 2020.

24. J. Konyndyk, «Exceptionalism Is Killing Americans», Asuntos Exteriores, 8 de junio de 2020.

25. E. Morin, Homeland EARTH: A Manifesto for the New Millennium (Advances in Systems Theory, Complexity and the Human Sciences), Hampton Press, 1999.

26. J.-C. Juncker, «Speech at the Annual General Meeting of the Hellenic Federation of Enterprises», 21 de junio de 2016; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_16_2293.

27. Para un análisis clásico que disecciona de forma brillante las primeras fases de una crisis, véase S. Hall, C. Critcher, T. Jefferson, J. Clarke y B. Roberts, Policing the crisis: Mugging, the state and law and order, Macmillan International Higher Education, 2013.

28. W. Wo-Lap Lam, «Xi Jinping Warns Against the “Black Swans” and “Gray Rhinos” of a Possible Color Revolution», Jamestown Foundation, 20 de febrero de 2019.

29. M. Hart y J. Link «Chinese President Xi Jinping’s Philosophy on Risk Management», Center for American Progress, 20 de febrero de 2020.

30. J. Cai, «Beijing pins hopes on “guy with the emperor’s sword” to restore order in coronavirus– hit Hubei», South China Morning Post, 12 de febrero de 2020.

31. M. Hart y J. Link, «Chinese President Xi Jinping’s Philosophy on Risk Management», Center for American Progress, 20 de febrero de 2020.

32. Para un mapa completo, véase https://www.creosotemaps.com/blm2020/.

33. M. Wolf, «What the world can learn from the COVID-19 pandemic», Financial Times, 24 de noviembre de 2020.

34. M. Stott y G. Long, «“This is a real world war”: Ecuador’s president on the virus», Financial Times, 15 de junio de 2020.

35. «The Vocabularist: Where did the word “crisis” come from?», BBC News, 15 de septiembre de 2020. Reinhart Koselleck y Michaela W. Richter, «Crisis», Journal of the History of Ideas 67, n.° 2 (2006): 357-400. JSTOR: www.jstor.org/stable/30141882 (consultado el 28 de enero de 2021).

36. G. George, «COVID-19 and the tussle between coercion and compliance», Daily Maverick, 4 de mayo de 2020.

37. B. G. Rivas, «The OAS must condemn repressive measures taken to combat the pandemic», Amnesty, 7 de septiembre de 2020.

38. U. Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, SAGE Publications Ltd, 1992.

39. Sobre el Agnotoceno, véase «Agnotology», C. Bonneuil and J.-B. Fernbach, The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us, Verso Books, 2016.

40. A. Tooze, «The Sociologist Who Could Save Us From Coronavirus», Foreign Policy, 1 de agosto de 2020.

41. L. Lenel, «Geschichte ohne Libretto», H-Soz-Kult, 12 de mayo de 2020. L. Lenel, «Public and Scientific Uncertainty in the Time of COVID-19», History of Knowledge, 13 de mayo de 2020.

42. A. Roberts, The Logic of Discipline: Global Capitalism and the Architecture of Government, Oxford University Press, 2011.

43. Como paradigma, G. R. Krippner, Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance, Harvard University Press, 2011.

44. A. Kapczynski y G. Gonsalves, «Alone Against the Virus», Boston Review, 13 de marzo de 2020.

45. FT Series, The New Social Contract: https://www.ft.com/content/774f3aef-aded-47f9-8abb-a523191f1c19.

46. A. Pettifor, The Case for the Green New Deal, Verso Books, 2020. K. Aronoff, A. Battistoni, D. A. Cohen y T. Riofrancos, A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal, Verso Books, 2019.

47. Popularizado en 2020 por S. Kelton, Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy, PublicAffairs, 2020.

48. J. M. Keynes, Obras completas, vol. XXVII, BBC Address, 1942.

49. Informe Económico Anual del BPI, 30 de junio de 2019; https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e2.htm.

50. S. Hannan, K. Honjo y M. Raissi, Mexico Needs a Fiscal Twist: Response to COVID-19 and Beyond, IMF Working Papers, 2020.

51. A. Doherty, «Has the coronavirus crisis killed neoliberalism? Don’t bet on it», Guardian, 16 de mayo de 2020. C. Crouch, The Strange Non-Death of Neoliberalism, Cambritge, Polity Press, 2011. P. Mason, «Day One of UK’s suppression strategy», The Waves, 17 de marzo de 2020.

52. D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, 2007.

53. Así lo explica de manera ejemplar D. Gabor, «Three Myths About EU’s Economic Response to the COVID-19 Pandemic», Critical Finance, 15 de junio de 2020.

54. D. Gabor, «The Wall Street Consensus», SocArXiv, 2 de julio de 2020.

55. D. Gabor, «Revolution Without Revolutionaries: Interrogating the Return of Monetary Financing», Transformative Responses to the Crisis, 2020.

56. Siguiendo una lógica brillantemente esbozada por D. Gabor, «Critical macro-finance: A theoretical lens», Finance and Society 6, n.° 1 (2020): 45-55.

57. Agradezco las observaciones de Barnaby Raine, que me aclararon este punto.

58. Rudi Dornbusch, Essays, 1998/2001; http://web.mit.edu/15.018/attach/Dornbusch,%20R.%20Essays%201998-2001.pdf.

59. Louis Gave, «First and Last Line of Defense», 15 de enero de 2021; https://research.gavekal.com/article/first-and-last-line-defense/.

60. J. Henley, «European elections: triumphant Greens demand more radical climate action», Guardian, 21 de mayo de 2019.

61. Associated Press, «Japan adopts green growth plan to go carbon free by 2050», Politico, 25 de diciembre de 2020. Para la campaña de Biden, véase https://joebiden.com/build-back-better/https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal.

62. Y. Yang y C. Shepherd, «WHO investigators probe Wuhan virology lab», Financial Times, 3 de febrero de 2021.

63. G. G. Chang, «China Deliberately Spread The Coronavirus: What Are The Strategic Consequences?», Hoover Institution, 9 de diciembre de 2020.

64. Javier C. Hernández y James Gorman «On W.H.O. Trip, China Refused to Hand Over Important Data», New York Times, 12 de febrero de 2021.

65. La Casa Blanca, «FACT SHEET: Advancing the Rebalance to Asia and the Pacific», Office of the Press Secretary, 16 de noviembre de 2015; https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/11/16/fact-sheet-advancing-rebalance-asia-and-pacific. Observaciones de B. Obama, «Remarks by President Obama to the Australian Parliament», Office of the Press Secretary, 17 de noviembre de 2011.

66. Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, 17 de diciembre de 2020; https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.

67. «EU-China – A strategic outlook», European Commission, 12 de marzo de 2019; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-china-astrategic-outlook.pdf.

68. Francia: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/asia-andoceania/the-indo-pacific-region-a-priority-for-france/. Alemania: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2380514/f9784f7e3b3fa1bd7c5446d274a4169e/200901-indo-pazifik-leitlinien--1--data.pdf. Para una comparación, véase M. Duchâtel y G. Mohan, «Franco-German Divergences in the Indo-Pacific: The Risk of Strategic Dilution», Insitut Montaigne, 30 de octubre de 2020.

69. Sobre el giro de la City de Londres hacia China: J. Green, «The City’s pivot to China in a post-Brexit world: a uniquely vulnerable policy», London School of Economics, 15 de junio de 2018. Sobre el giro de la planificación de defensa del Reino Unido contra China en 2020, véase H. Warrell, «Britain’s armed forces pivot east to face growing China threat», Financial Times, 3 de julio de 2020.

70. G. Yu, «Beijing Observation: Xi Jinping the Man», China Change, 26 de enero de 2013. T. Greer, «Xi Jinping in Translation: China’s Guiding Ideology», Palladium, 31 de mayo de 2019.

71. USTR, «Investigation: Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation»; https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301-china/investigation.

72. K. Mattson, “What the Heck Are You Up To, Mr. President?”: Jimmy Carter, America’s “Malaise” and the Speech That Should Have Changed the Country, Bloomsbury Publishing USA, 2010.

73. D. Kurtzleben, «Rep. Alexandria Ocasio-Cortez Releases Green New Deal Outline», All Things Considered, NPR, 7 de febrero de 2019.

74. R. O. Paxton, «I’ve Hesitated to Call Donald Trump a Fascist, Until Now», Newsweek, 11 de enero de 2021.

75. J. A. Russell, «America’s forever wars have finally come home», Responsible Statecraft, 4 de junio de 2020.

76. J. Iadarola, «What if Bernie has already won this thing?», The Hill, 23 de febrero de 2020. S. Hamid, «The Coronavirus Killed the Revolution», The Atlantic, 25 de marzo de 2020.

77. G. Ip, «Businesses Fret Over Potential Bernie Sanders Presidency», Wall Street Journal, 1 de marzo de 2020. B. Schwartz, «Mike Bloomberg prepares media onslaught against Democratic front-runner Bernie Sanders», CNBC, 24 de febrero de 2020.

78. A. Tooze, «We are living through the first economic crisis of the Anthropocene», Guardian, 7 de mayo de 2020.

79. La mejor introducción resumida es C. Bonneuil y J.-B. Fernbach, The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us, Verso Books, 2016.

80. B. Croce, History: Its Theory and Practice, Russell & Russell, 1960.

* Algo así como «Ausencia de Occidente», queriendo reflejar la preocupación creciente por el futuro del mundo occidental. (N. del t.)

* Sangre fría. En francés en el original. (N. del t.)

* En Estados Unidos, el Congreso (Congress) está formado por dos organismos legislativos: la Cámara de Representantes (House of Representatives), cuyo equivalente en España es el Congreso de los Diputados, y el Senado (Senate). Para evitar confusiones, cada vez que a lo largo del libro aparezca el término «Congreso», como en este caso, debe entenderse que se refiere a ambos organismos en su conjunto. Cuando se hable de uno solo de ellos, se emplearán los términos «Cámara de Representantes» o «Senado». (N. del t.)

1. Institute for Health Metrics and Evaluation, Financing Global Health 2019: Tracking Health Spending in a Time of Crisis, IHME, 2020; http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/FGH/2020/FGH_2019_Interior_Final_Online_2020.09.18.pdf.

2. «Soziale Unterschiede in Deutschland: Mortalität und Lebenserwartung», Robert Koch Institute; https://www.rki.de/DE/Content/Service/Presse/Pressemitteilungen/2019/03_2019.html.

3. A. Lövenich, «Lebenserwartung PKV- GKV versichert», 6 de agosto de 2018; https://www.hcconsultingag.de/lebenserwartung-pkv-gkvversichert/.

4. A. Wilper et al., «Health insurance and mortality in US adults», American Journal of Public Health 99, n.° 12 (2009): 2289-2295.

5. J. L. Hadler, K. Yousey-Hindes, A. Pérez et al., «Influenza – Related Hospitalizations and Poverty Levels – United States, 2010-2012», Morbidity and Mortality Report 65, n.° 5 (2016):101-105.

6. «Relative Share of Deaths in the United States, 1999 to 2016», Our World in Data; https://ourworldindata.org/grapher/relative-share-of-deathsin-usa.

7. R. W. Fogel, The Escape From Hunger and Premature Death, 1700-2100: Europe, America, and the Third World, Cambridge University Press, 2004.

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17. Mike Davis, The Monster at Our Door: The Global Threat of Avian Flu, Macmillan, 2006.

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20. S. Gebrekidan, K. Bennhold, M. Apuzzo y D. D. Kirkpatrick, «Ski, Party, Seed a Pandemic: The Travel Rules That Let COVID-19 Take Flight», New York Times, 30 de septiembre de 2020.

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* Algo así como «berrinche de reducción». Así es como bautizó la prensa estadounidense la reacción desmesurada de los mercados ante la teórica reducción repentina y sin previo aviso de las políticas de expansión de la Reserva Federal. (N. del t.)

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40. Tres analistas ejemplares que trabajan de esta forma son Daniela Gabor, Nathan Tankus y Carolyn Sissoko, todos entrevistados por D. Beckworth, «Daniela Gabor on Financial Globalization, Capital Controls, and the Critical Macrofinance Framework», Mercatus Original Podcast, Mercatus, 22 de junio de 2020. D. Beckworth, «Nathan Tankus on Public Finance in the COVID-19 Crisis: A Consolidated Budget Balance View and its Implications for Policy», Macro Musings with David Beckworth, podcast, 11 de mayo de 2020. D. Beckworth, «Carolyn Sissoko on the Collateral Supply Effect and Other Concerns in the Money Market», Macro Musings with David Beckworth, podcast, 21 de septiembre de 2020.

41. P. Anderson, «Situationalism à l’envers?» New Left Review 119, septiembre/octubre 2019.

El apagón. Cómo el coronavirus sacudió la economía mundial

Adam Tooze

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

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Título original: Shutdown. How Covid Shook the World’s Economy

© Adam Tooze, 2021

© de la traducción, Iván Barbeitos, 2021

© del diseño de la cubierta, Planeta Arte & Diseño

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Primera edición en libro electrónico (epub): septiembre de 2021

ISBN: 978-84-9199-347-6 (epub)

Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S. L. L.

www.newcomlab.com