Los atentados del 11 de septiembre en Nueva York abrieron una era en la que la denominada «guerra de civilizaciones» y la creación de un nuevo enemigo que la justificara, el islam, se convirtieron en el pretexto para las ocupaciones de Iraq y Afganistán y para la fiebre securitaria en la que aún cabalgan los Estados occidentales.

En el Estado español, el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que acabaría con la vida de 191 personas, convertiría la lucha contra el «terrorismo yihadista» en una prioridad. Desde entonces y de forma injusta, la población musulmana pasaría a ser sospechosa y víctima potencial de una legislación antiterrorista denunciada por todo tipo de organismos de derechos humanos. Pese a que no se ha vuelto a producir un solo atentado como éste, lo que sí que se ha multiplicado es una actividad propagandística que dibuja una imagen simplificada y belicista del islam que conecta con una islamofobia profundamente arraigada en el imaginario cultural español.

La ocupación del centro de la escena por parte del llamado terrorismo yihadista ha servido para difuminar la complejidad y heterogeneidad de las personas de origen, cultura o religión musulmana. Rastros de Dixan pretende comprender y denunciar los discursos que sirven para construir el «todos terroristas» y las prácticas estatales que violan sistemáticamente los derechos fundamentales de estas personas, al amparo de una islamofobia generalizada de la que son causa y efecto.

AA. VV.

Rastros de Dixan

Islamofobia y construcción del enemigo en la era post 11-S

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marianico_elcorto 25.09.13

Título original: Rastros de Dixan. Islamofobia y construcción del enemigo en la era post 11-S

VV. AA., 2009

Diseño de portada: Virus editorial

Editor digital: marianico_elcorto

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A Sebastià Salellas

Introducción. La letra pequeña

colectivo vírico

Para explicar las razones de este libro, empezaremos cronológicamente al revés y además no lo haremos desde el final —entre otras cosas porque ese final todavía no ha llegado—, sino un año y un día después de los acontecimientos que lo motivan: el 20 de enero de 2009. Ese día el Raval barcelonés volvía a despertar inmerso en un espectacular despliegue policial arropado por la ya habitual escolta mediática. Los guardias civiles de la Unidad Antiterrorista y las cámaras habían llegado juntos, la operación se realizó a plena luz del día en diferentes puntos de la ronda de Sant Antoni, y cualquier viandante podía ver las coreografías de comando realizadas ante las cámaras por los hombrecillos verdes recién caídos del cielo. La calle era un plato y la sentencia se estaba publicando antes de que los detenidos, las pruebas, los abogados y el propio juez Baltasar Garzón tomaran asiento: «Cae en Barcelona una célula de financiación yihadista». Así lo escribía La Vanguardia en su edición digital y lo firmaba al día siguiente Eduardo Martín de Pozuelo.

Pero no habían pasado 48 horas cuando los detenidos eran puestos en libertad y la Audiencia Nacional descartaba que los 3,5 millones de euros defraudados a la hacienda pública, el verdadero motivo de las detenciones, tuvieran nada que ver con delitos de terrorismo. Pocas semanas después, como bien explican David Fernández y Albert Martínez en uno de los capítulos de este libro, sería descubierta la errata oculta que había quebrado un proceso que, en circunstancias diferentes, probablemente se hubiera alargado durante años, con la correspondiente prisión provisional. La pertenencia al PSC de uno de los seis detenidos, ignorada seguramente por el exceso de celo a la hora de sospechar y el exceso de pereza a la hora de comprobar la sospecha, fue a buen seguro decisiva para que se descartara y se archivara cualquier diligencia por presunto yihadismo fiscal.

Lo sucedido en ese lapso de tiempo nos permite interpretar la mentalidad y la ideología que operan en la lógica antiterrorista e islamófoba que intenta comprender y desentrañar este libro.

La explicación más simple para los hechos, que un empresario defrauda impuestos esencialmente para enriquecerse, no valía en esta ocasión por una razón muy sencilla: los seis implicados eran musulmanes y pakistaníes. De alguna forma, tanto para Rubalcaba como para el último de los redactores que informaron sobre el asunto, era inconcebible que un empresario musulmán y asiático actuara sólo por lucro. Mientras para «el Pocero» o Carlos Fabra se sobreentiende el fin económico de la estafa, en este caso la procedencia y la religión —practicante o no— del delincuente aportan el valor añadido de la presunción de terrorismo.

En esa diferenciación es donde mejor puede leerse el arraigo y el poder actual de la islamofobia, como un elemento ideológico imprescindible para entender la lógica de guerra contemporánea. Los responsables de la seguridad del Estado y la propia profesión periodística respondieron a un impulso fundamentalmente «conspiranoico»: un musulmán no roba para sí, roba «para la causa», al menos hasta que se demuestre lo contrario.

La idea de que existe una yihad global, de que los musulmanes se mueven como una masa por un fin común y que las diferentes comunidades musulmanas repartidas por el mundo esconden nidos y nodos de terroristas es algo que, sin necesidad de acordarlo, determina las acciones del poder político y judicial y condiciona el relato actual de la realidad. El «choque de civilizaciones» no sólo vertebra la geopolítica internacional desde el 11 de septiembre de 2001; también la conciencia de la realidad de la mayoría de la población, y sobre todo de sus dirigentes y sus formadores de opinión. Estamos ante una forma de ver y pensar los acontecimientos en la que se entremezclan y se confunden —hasta que es imposible diferenciarlos— el miedo, la información y la propaganda.

En este sentido, uno de los objetivos de este libro no es exactamente defender la honorabilidad de los musulmanes sino su complejidad como colectivo: que un musulmán pueda ser un «delincuente común», tanto como un católico, un protestante, un judío o un adepto del budismo. Que pueda atracar un banco, estafar a Hacienda, ser un político corrupto o un ministro irresponsable sin que eso lo convierta automáticamente en un sospechoso de terrorismo islámico.

En esta lógica también se cruzan otros intereses no propiamente ideológicos pero propios también del tiempo en que vivimos. Cuando entre un reportero y su redactor jefe escogen un titular («11-S, 11-M, 19-J, 19-E» o «48 horas de terror continuado», por ejemplo), actúan mecanismos, puramente mercantiles, que nada tienen que ver con la noticia. Construir ésta es también manufacturar un producto, y, en este sentido, buscar su aspecto estremecedor es una forma de competir en el mercado de la información. Así, en algunos ámbitos informar y aterrorizar se han convertido en compañías inseparables.

En el clima posterior al 11-S y en esta sociedad hiperinformada, estar informado es, también, permanecer asustado: saber es temer. En concreto, como se muestra en el capítulo de este libro firmado por Abdennur Prado, la información sobre el terrorismo internacional, y más ampliamente sobre el islam y los musulmanes, consiste precisamente en la construcción y la reproducción permanente de supersticiones: «del “judío avaricioso” se ha pasado a la imagen del “musulmán fanático” […] Se considera que a causa de su fe religiosa [los musulmanes] no son leales a los países donde viven, y que su religión les mantiene apartados la sociedad […] Se repite el mito de “la conspiración islámica para conquistar Europa”. Esta teoría, conocida como “Eurabia”, tiene un equivalente exacto en la teoría antisemita de “la conspiración judía para conquistar Europa”».

El segundo objetivo de este libro es, precisamente, mostrar cómo todo el aparato intelectual desplegado por thinks thanks, medios de comunicación, «opiniones autorizadas», fuentes policiales… es pensamiento mágico que no se atiene a razones o a hechos comprobables, sino que sirve para mantener el imaginario adecuado para un clima de temor y alarma social.

Ese estado de miedo es el que ha propiciado la paulatina y veloz mutación de la legislación y la práctica judicial que en los últimos ocho años se ha producido en casi todas partes, hacía «la restricción de todo tipo de derechos y garantías que eran consustanciales a una Modernidad que hoy está en estado de demolición», como indica Iñaki Rivera en su capítulo. La presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, de por sí dudosas por las desigualdades económicas y las restricciones al derecho de ciudadanía, en la misma medida en que están vedadas para los ciudadanos geográfica y culturalmente de origen musulmán y cada vez más para aquellos que disienten políticamente, están dejando de ser derechos para ser privilegios que no están al alcance de todos.

Los 11 hombres detenidos a raíz del 19 de enero de 2008, y que al publicarse este libro aún continúan en prisión preventiva, seguramente serán en el futuro un caso ejemplar de la vulneración de derechos que se ha llevado a cabo bajo el paraguas de la «la lucha contra el terror». La aplicación de una justicia preventiva, que como indica Benet Salellas ha dejado de basarse en los hechos, en los actos o en las pruebas más o menos palpables, y que se sustenta en la interpretación de «las intenciones», ha dado lugar a una práctica policial y jurídica que no está sujeta a ningún tipo de control ni responsabilidad. Baste como ejemplo la Operación Tigris: «17 personas durante prácticamente dos años en situación de prisión provisional y secreto de sumario». Una situación que, en caso de ser absueltos los acusados, no dará lugar a depuración alguna de responsabilidades entre los cuerpos policiales o el propio aparato judicial. En cambio, las consecuencias sociales que han recaído sobre los cientos de acusados de terrorismo y sus familias y, por extensión, sobre la propia comunidad musulmana, convertida en ese objeto de vudú representativo del mal, sí que son irreparables. Se puede considerar tanto la ideología como la política antiterrorista actual como uno de los principales instigadores de odio, control y confrontación social, como se deduce de las entrevistas que Alberto López Bargados, José González Morandi y Sergi Dies han realizado a los afectados del 19-E. El estigma «terrorista» ha sembrado el miedo en el seno de la comunidad musulmana y ha hecho recaer la sospecha sobre ella por parte del resto de la sociedad; una islamofobia lubricada y fomentada desde el propio aparato estatal.

El último objetivo de este libro es, por tanto, una toma de partido construida casi desde la clandestinidad, no por ninguna prohibición explícita sino por el silencio tácito al que están condenados determinados sujetos y ciertos puntos de vista. Quienes participamos en el mismo nos hemos cruzado mientras caminábamos por los subterráneos, hablando con los afectados cuya opinión no tenía importancia para los titulares a cuatro columnas, buscando entre las contradicciones que no tenían ninguna importancia para los periodistas de investigación o intentando encontrar un atisbo de ese sentido común que no parece estar presente en las investigaciones policiales y judiciales.

Es un libro escrito con la letra pequeña como materia prima y con la letra pequeña como única (o) posición posible ante el ruido mediático y la arbitrariedad institucional desde los que se construye el terror de Estado propio del estado de guerra.

(Nuevamente) Sobre el concepto de enemigo. La guerra como racionalidad geopolítica constitutiva

Iñaki Rivera Beiras

La búsqueda del «enemigo» ha constituido siempre una herramienta política de dominación a través de la construcción de un consenso que se pretende obtener alarmando poblaciones enteras a fin de gobernarlas a través del miedo. Innumerables ejemplos se pueden hallar a lo largo de la historia. Desde finales del siglo XIX en adelante, entre los enemigos más combatidos por el Occidente cristiano cabe citar a los anarquistas, los comunistas, los judíos… Las luchas emprendidas contra ellos por los regímenes más totalitarios que se han conocido en la historia (particularmente desde Italia y Alemania) llevaron a la humanidad a la vivencia de los episodios más terribles nunca conocidos. La Shoa (denominación más correcta que Holocausto) los resume sin necesidad de añadir nada más. Conviene recordar que aquellos acontecimientos —que hace sólo algo más de sesenta años costaron más de sesenta millones de vidas…— no fueron fruto, únicamente, de la demencia de algunos dirigentes, sino que fueron posibles también porque la ideología racista que alimentó un discurso político criminal durante décadas promovió una suerte de corpus científico que sirvió para teorizar sobre el exterminio y aplicar técnicas penales muy refinadas para la Solución final.

Tras toda la barbarie, hacia 1945 se pretendía fundar un nuevo orden mundial.

En efecto, la creación de la ONU, la aprobación de las Constituciones italiana y alemana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros, constituyen algunos de los hitos y de los documentos que pretendieron fundar el llamado «derecho internacional de los derechos humanos», el «constitucionalismo social» y el «garantismo penal». Recordando a Kant, Adorno señaló que Auschwitz se erigía como un nuevo imperativo categórico para que «nunca más» se viviese la barbarie nazi entonces derrotada. Parecía que la guerra quedaba atrás, al fin; y que los sistemas penales se orientarían desde entonces en una pretendida clave resocializadora y respetuosa de los derechos humanos. Mas, todo ello, como es bien sabido, requeriría de apoyos, inversiones y gasto del Estado Social.

Sin embargo, tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la memoria y la razón parecen haberse extraviado seriamente en las principales potencias occidentales. Nuevos «enemigos» son construidos y combatidos hasta límites (si es que los hay) que parecerían impensables. Migrantes y terroristas, particularmente del sector oriental del planeta representan hoy las nuevas subjetividades que deben ser combatidas en aras al mantenimiento de una cultura occidental a preservar. Pero vamos paso a paso viendo cómo ha ido resurgiendo la racionalidad bélica que parecía superada.

La crisis del «modelo asistencial» en la década de los años setenta y sus repercusiones en política penal

En primer lugar, cabe recordar que la crisis (fiscal) del welfare State, anunciada por O’Connor hace más de treinta y cinco años en los Estados Unidos, marcó, en el específico campo de la intervención penal norteamericana, la caída de un sistema penal que había durado exactamente un siglo (de 1876 a 1976) y que requería, para su desarrollo, de importantes gastos estatales en materia policial, jurisdiccional, penitenciaria, en operadores sociales y penales diversos, etc., gastos que se vieron rápidamente amenazados por la crisis presupuestaria.

En efecto, el abandono definitivo de la pena indeterminada norteamericana (y, con ella, la caída del mito de la rehabilitación), que dejaba para un momento posterior a la sentencia la cuantificación de la pena a cumplir, marcan un agudo ejemplo de la relación entre crisis del modelo asistencial y sistema penal. También en los Estados Unidos, como recientemente describiera Andrew von Hirsch, el desarrollo de los «análisis económicos del Derecho» y las propuestas del modelo del «justo merecimiento», marcan el inicio de una dirección político-criminal novedosa que, cuando la misma se acabó asentando sobre la penalidad ya fija y determinada, dio paso a un tipo de actuarialismo punitivo (basado en el cálculo probabilístico) que se corporizó en las conocidas guidelines sentences y en las llamadas penas fijas y obligatorias (cuya versión más famosa es la popularmente conocida como la ley de los three strikes and you’re out [tres golpes y estás fuera]).

Faltaba dar otro paso, aún, para que el «mercado» se expandiera. La teoría de la incapacitación, tanto en su versión absoluta (teorizada por criminólogos conservadores como James Q. Wilson), cuanto en la selectiva (de Peter Greenwood), propiciaron un neoretribucionismo que se asentó en la «científica» conclusión de que mientras la gente está encerrada no delinque: populismo, sentido común y maquillaje criminológico (junto a importantes tratamientos mediáticos) propiciaron el terreno para la nueva racionalidad incapacitadora. Y, si ésta se erigía en finalidad carcelaria, las puertas de la privatización (y con ella, las del inicio del negocio e industria del control del delito) se abrieron de par en par.

Por lo que puede hoy constatarse, la empresa prosperó. Christie lo ha explicado suficientemente al señalar que en comparación con la mayoría de las industrias, la industria del control del delito se encuentra en una situación más que privilegiada. No hay escasez de materia prima: la oferta de delito parece ser infinita. También son infinitas la demanda de servicio y la voluntad de pagar por lo que se considera seguridad. Se estima que esta industria cumple con tareas de limpieza, al extraer del sistema social elementos no deseados. En la obra de referencia de Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust (1989), el autor noruego va explicando cómo fue naciendo el negocio de la gestión punitiva de la pobreza en los EEUU.

En efecto, el paulatino convencimiento de que valía la pena «invertir dinero para tener esclavos» demostró que ello sólo sería rentable si, de verdad, se apostaba por la construcción de un «gran encierro» que posibilitara la aparición de un nuevo «sector» empresarial. De este modo, EEUU recuperó dos de sus grandes tradiciones: la privatización y la esclavitud de viejo cuño, ahora remozadas para ser adaptadas a la nueva empresa. Por supuesto, es preciso recordar aún que Christie escribía estas reflexiones hace bastantes años cuando la población encarcelada en los EEUU era, aproximadamente, la mitad de la actual. La superación —actual— de la cifra de dos millones de personas privadas de libertad, debe ser la demostración de que «la industria ha prosperado». Veamos los resultados de esta prosperidad.

Wacquant es tal vez uno de los autores que en los últimos años ha descrito con notable claridad las transformaciones del sistema penal norteamericano. Como él señala, la política de expansión del sector penal no es patrimonio exclusivo de los republicanos: durante los años de gobierno de Bill Clinton, se proclamaba el orgullo por haber puesto fin a la era del Big government al tiempo que la comisión de reforma del Estado federal se esforzaba por podar programas y empleos públicos, se construían 213 cárceles nuevas, cifra que excluye los establecimientos privados que proliferaron con la apertura del lucrativo mercado del encarcelamiento privado. Al mismo tiempo la cantidad de empleados, sólo en las prisiones federales y estatales, pasaba de 264.000 a 347.000, entre ellos 221.000 vigilantes. En total, el «sector penitenciario» contaba con más de 600.000 empleados ya en 1993, lo que hacía entonces de él el tercer empleador del país, apenas por debajo de General Motors, primera empresa mundial por el volumen de sus negocios, y la cadena de supermercados internacionales Wal-Mart. De hecho, y de acuerdo con la Oficina de Censos, la formación y contratación de vigilantes es, entre todas las actividades gubernamentales, la que creció con mayor rapidez durante el decenio pasado.

Ahora bien, pensemos en otro interrogante que nos traslada de continente: la descripta «industria del control del delito» ¿pertenece, exclusivamente, al ámbito cultural-punitivo norteamericano, o se ha extendido por otras áreas geográficas? Para responder a este interrogante puede continuarse con la citada obra de Wacquant. Como indica el profesor de Berkeley, desde Nueva York, la doctrina de la «tolerancia cero» —«instrumento de legitimación de la gestión policial y judicial de la pobreza que molesta»— se propagó a través del planeta a una velocidad fulminante. En efecto, la experiencia de Rudolph Giuliani creó émulos a ambos lados del Atlántico.

La exportación de la «criminología de la intolerancia» hacia Europa

Por lo que respecta Europa, Wacquant va señalando la difusión de las políticas securitarias norteamericanas gracias al rol desempeñado por los think tanks de los EEUU e Inglaterra, primero, y su posterior asentamiento continental. Concebidas como auténticas «usinas de elaboración de pensamiento» o «fábricas de ideas», los think tanks neoconservadores más nombrados en este ámbito político-penal son el Manhattan Institute y la Heritage Foundation, lugares que se convertirán en habituales para recibir a los «forjadores de la nueva razón penal», tales como el citado Rudolph Giuliani o el ex jefe de seguridad del metro de Nueva York, William Bratton, ascendido luego a Jefe de la Policía Municipal. Por el lado británico, el Adam Smith Institute, el Centre for Policy Studies y el Institute ofEconomic Affairs son los principales think tanks que empiezan a difundir las concepciones neoliberales en materia económica y social y, posteriormente, las tesis punitivas elaboradas en Estados Unidos e introducidas por el Gobierno de John Mayor y ampliamente retomadas después por Tony Blair. Inglaterra se convierte así en avanzadilla europea de la nueva racionalidad penal norteamericana. Pronto, la penetración continental daría sus frutos, al menos en tres de los principales Estados europeos (Francia, Alemania e Italia): Jospin en Francia con la «tolerancia cero a la francesa»; la Unión Cristiano Demócrata alemana (CDU) con el inicio de la campaña de nuil toleranz en Frankfurt; Nápoles como punta de lanza en Italia al enarbolar su tolleranza zero a la pequeña y mediana delincuencia. En el caso de España, es indudable también la penetración de estas nuevas racionalidades punitivas. En la última década, en España se reformó en más de diez ocasiones la legislación penal (para aumentar de 30 a 40 años la pena de prisión, para aplicar sin trabas la prisión preventiva, para reducir las competencias de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y para poder expulsar del país a todos los extranjeros que cometan un delito), medidas que, como se aprecia, se incardinan decididamente en la dirección apuntada. Asimismo, cabe hacer aquí una mención especial a la «fiebre cívica» de 2006 y 2007 que, circunscribiéndonos exclusivamente a Barcelona (aunque hay más ejemplos), sirve de trasfondo a la famosa «Ordenanza de Civismo» que sanciona económicamente a prostitutas y sus clientes, autores de graffitis, vendedores ambulantes que se ganan de ese modo la vida, en una clara muestra de hasta dónde está llegando la nueva cultura punitiva (maquillada en derecho administrativo). Incluso más recientemente las llamadas Operario Mirall y Operario Diana, puestas en marcha por el Districte de Ciutat Vella, y que se basan en la estrecha colaboración entre Guardia Urbana y Servicios Sociales, son ejemplos de lo que se está hablando.

El escenario posterior al 11 de septiembre de 2001

Con todos los antecedentes que se han mencionado, no pueden causar demasiada extrañeza los caminos iniciados tras el ataque a los Estados Unidos ocurridos el 11 de septiembre de 2001; los cimientos ya estaban colocados. No hace falta comentar demasiado, por conocida, la respuesta norteamericana de carácter estrictamente bélico con los bombardeos en Afganistán y la guerra de Iraq, con el beneplácito de sus socios aliados. Pero es que, además, semejante opción bélica se ve acompañada de toda una serie de medidas que se relacionan con el ámbito del sistema penal. Se trata de las siguientes:

El Senado de EEUU aprobó la nueva legislación antiterrorista, aún cuando debió aceptar que las nuevas medidas «pueden provocar una erosión irrecuperable en el grado de libertades civiles de la sociedad».

Una de las medidas más controvertidas, pero sobre la que hubo acuerdo entre los dos principales partidos políticos, residió en la posibilidad de detener a un extranjero durante siete días como medida preventiva sin tener que presentar cargos contra él si existe una mínima sospecha de su vinculación terrorista.

También se permitió a las fuerzas de seguridad pinchar teléfonos o cuentas de Internet asociadas a un supuesto terrorista sin tener que lograr una orden judicial para cada uno de los números. Con ello la policía queda capacitada para interceptar comunicaciones de ciudadanos completamente inocentes.

Se prevé, asimismo, el agravamiento de penas por actividades terroristas o por lavado de dinero vinculado a estas organizaciones.

Se discutió y aceptó la necesidad de legalizar ciertas formas «atenuadas» de tortura.

Se aplicó la nueva legislación antiterrorista a todo extranjero que pisase los EEUU, a quien se le tomarán todos sus datos, huellas digitales, etc.

Repercusiones en Europa occidental

Como no podía ser de otro modo, la Unión Europea ha iniciado también su particular catálogo de medidas antiterroristas y de lucha contra la inmigración calificada de irregular. Y, claro está, el universo jurídico ha prestado su contribución al nuevo combate. Podemos preguntarnos: ¿las migraciones pueden contemplarse desde el derecho?, ¿tiene algo que decir el universo jurídico en torno a ellas?, y si lo tiene, ¿qué ha hecho el derecho en relación a esta cuestión?

Por ahora, en lo que en estas breves páginas se pueda y deba señalar, advirtamos que tras la barbarie del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, el por entonces denominado derecho internacional de los derechos humanos y el nuevo constitucionalismo social elevaron a la categoría de derecho «fundamental» el de la libre circulación y residencia (ver, entre otros, el art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 1948). Al fin, y tras tanto sufrimiento, la cuestión migratoria encontraba asiento —como derecho fundamental— en la nueva normativa protectora y garantista inaugurada a partir de 1945 en adelante. No obstante, como se ha dicho, esa protección jurídica fundamental, aquellos cimientos no tardarían en revisarse como consecuencia de crisis y emergencias que iban a planear sobre Europa en las últimas décadas.

En pocos años hemos pasado de aquella Europa receptora y solidaria a otra que no hace mucho que se conoce bajo la denominación de Fortress Europe, la fortaleza Europa, cada vez más cerrada. Y, claro está, el universo represivo del derecho penal y administrativo (sancionador en general) vendría, ahora sí, a prestar sus contribuciones para el «tratamiento» (penal y punitivo) de la cuestión migratoria. ¿Qué está pasando en Europa?

Como indica Ricardo Gascón, dos grandes fenómenos de escala y repercusión planetaria están marcando en gran medida el devenir de estos primeros años del nuevo milenio en el contexto actual de globalización neoliberal hegemónica: por un lado, estamos hablando del (intento de) control y gestión de los flujos migratorios y, por el otro, de la «guerra global contra el terrorismo» que desde el 11 de septiembre de 2001 se ha encumbrado y presentado como el principal problema y reto mundial. Ambas reacciones son muestra paradigmática del tratamiento que hace Occidente de la alteridad, ya sea entendida como el otro «extranjero» —migrante sin recursos, por supuesto— ya sea como el otro «violento». En la actualidad estamos asistiendo a la confusión, superposición y expansión de sus lógicas, discursos y prácticas, en lo que constituye una verdadera gestión penal y de excepción de esa alteridad que convierte a los migrantes llamados «ilegales» en «cuasi-personas», al no reconocérsele ciertos derechos, y a los sospechosos de terrorismo en «no-personas» a través de la aplicación de legislaciones de emergencia y el llamado «derecho penal del enemigo» de connotaciones schmittianas (cfr. Privación de libertad y derechos humanos, Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Barcelona, 2008). La intención es crear un espacio securitario y judicial común a nivel de toda la Unión Europea.

El autor citado recuerda hacia qué dirección se encamina el proceso de construcción europea —cuyo antecedente podemos encontrarlo en los Acuerdos de Trevi (1976)—. La misma fue puesta en marcha con el Acuerdo de Schengen, firmado inicialmente por Francia, Alemania y los países del Benelux en 1985. Al aplicar el Acuerdo, el Convenio de Schengen de 1990, con su entrada en vigor en 1995, se suprimieron las fronteras interiores de los Estados signatarios y se creó un «espacio Schengen» con una única frontera exterior. Esta cooperación intergubernamental se amplió a trece Estados miembros en 1997 —Italia firmó los Acuerdos el 27 de noviembre de 1990, España y Portugal, el 25 de junio de 1991, Grecia, el 6 de noviembre de 1992, Austria, el 28 de abril de 1995 y Dinamarca, Finlandia y Suecia, el 19 de diciembre de 1996— con ocasión de la firma del Tratado de Amsterdam. Gracias a este Tratado, las decisiones adoptadas desde 1985 por los miembros del espacio Schengen así como las estructuras de trabajo creadas se incorporaron al acervo de la Unión Europea a partir del 1 de mayo de 1999.

Entre las principales medidas cabe mencionar:

el uso discrecional de los controles en las fronteras comunes y la realización de estos controles en las fronteras exteriores;

la definición común de las condiciones de paso a través de las fronteras exteriores y normas y modalidades uniformes de control de estas personas en dichas fronteras;

la separación en las terminales y en los puertos entre los viajeros que circulan en el ámbito de Schengen y los procedentes del exterior de la zona;

la armonización de las condiciones de entrada y visados para las cortas estancias;

la coordinación entre Administraciones para supervisar las fronteras (funcionarios de conexión, armonización de las instrucciones y la formación impartida al personal);

la definición del papel de los transportistas en la lucha contra la inmigración clandestina;

la obligación de declaración para todo nacional de terceros países que circula de un país a otro;

la definición de normas relativas a la responsabilidad de las solicitudes de asilo (Convenio de Dublín), sustituido en 2003 por otro reglamento (Reglamento Dublín II);

la instauración de un derecho de observación y persecución transfronteriza para los agentes de policía de los Estados miembros del espacio Schengen;

el refuerzo de la cooperación judicial a través de un sistema de extradición más rápido y una mejor transmisión de la ejecución de sentencias penales;

la creación del Sistema de Información Schengen (SIS). Las autoridades nacionales policiales, aduaneras y de control fronterizo de los Estados Schengen utilizan el SIS para efectuar controles policiales y aduaneros a personas y objetos mediante un procedimiento de búsqueda automatizada (cfr. Privación de libertad…, ob. cit.).

Europa está edificando un nuevo «universo concentracionario» en un sentido más actual y moderno al empleado por David Rousset en la década de 1940, para el cual son precisas nuevas Ordenes y Directivas. En el caso particular español puede verse cómo cada Gobierno y cada ministro del Interior se jactan de ser más duros que el anterior, de tener más cuerpos de policía y de expulsar a más miles de personas consideradas «ilegales». Esto fue lo que expresamente le dijo Rodríguez Zapatero a su contrincante Rajoy en un debate electoral televisado, durante el que presumió de haber deportado más inmigrantes que en la época en que el segundo era ministro del Interior. Pero sobre todo ello consideremos en concreto dos ejemplos que afectan directamente a España y a Europa.

Desde la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en el Ministerio del Interior en España, se han elaborado las Normas de seguridad en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por vía aérea y lo marítima (de 20 de julio de 2007), destinadas a la doble finalidad de: a) «gestionar las fronteras exteriores de España, dada la complejidad y riesgos que conlleva el traslado de inmigrantes en situación irregular por vía aérea y marítima» y; b) «coordinar las expulsiones conjuntas por vía aérea desde varios Estados miembros», tal y como textualmente indica el citado conjunto normativo. Estas disposiciones prevén el uso de «medidas coercitivas», tras regular lo relativo a la preparación de los vuelos, acompañamiento de escoltas (con posibilidad de participación de «escoltas del sector privado»). Así se prevé el empleo de: «lazos de seguridad, mascarillas sanitarias adecuadas, útiles para cortar lazos, monos para vestimenta si los expulsados lo necesitan, cascos, cinturones y prendas inmovilizadoras homologadas, cinta reforzada a utilizar en forma excepcional», entre otros. También en esta sede se regulan los casos en los que puedan emplear los «elementos de contención» («lazos de seguridad, cascos, prendas inmovilizadoras homologadas, esposas o similares»). Será el jefe del Dispositivo quien dirigirá las operaciones para restablecer el orden y, en su caso, aplicar dichos «elementos». Además de las «medidas coercitivas», se indica que se podrán «inmovilizar» a los repatriados que se resistan, eso sí, en ningún caso «la aplicación de medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado». El empleo de «sedantes» también se permite bajo prescripción facultativa.

La otra medida, ésta ya de ámbito europeo, es la reciente Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 junio de 2008, la Directiva sobre normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio, más conocida como la «Directiva de la vergüenza». Como indica Sami Naïr, con esta directiva se refuerza el carácter represivo de los llamados «retornos», se permite la privación de libertad —sin la necesidad de comisión de un delito— de hasta dieciocho meses en centros de reclusión para inmigrantes, todo lo cual «tendrá consecuencias nefastas en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere» (El País, 18 de junio de 2008).

Conviene tener siempre presente el concepto de «banalización del mal» que Arendt acuñó para siempre. Insinuando una discrepancia con la expresión «mal radical» kantiana, Arendt demostró cómo el mal se aloja en realidad en los pliegues de las rutinas burocráticas de los aparatos represivos. Convendrá por tanto estar muy atentos y permanecer muy vigilantes ante los rumbos que va tomando la cada vez mayor gestión punitiva de los flujos migratorios. Europa se juega con ello no sólo el mantenimiento de un sistema democrático de derechos y libertades fundamentales (como expresamente señalan los tratados internacionales que la refundaron tras 1945). También se juega el modelo de sociedad del futuro que se está construyendo ahora mismo.

España: ejemplo europeo de recepción político-criminal de la intolerancia penal

Hace algún tiempo Manuel Revuelta publicaba en Le Monde Diplomatique un extenso artículo titulado «España: deriva hacia una derechización imparable» (núm. 25, julio de 2001, págs. 8-10). En él indicaba, a propósito de los años de gobierno de José María Aznar en España que, al contrario de lo que podría pensarse, «el Jefe del Gobierno [posee] un sólido proyecto de conquista del poder, basado en un nacional-liberalismo que se ha ido asentando desde finales de los años ochenta en torno a un equipo de jóvenes ambiciosos integrantes de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), la más importante de las seis fundaciones del PP».

Agregaba este autor más adelante que «los hombres de FAES han copiado a los think tanks británicos y estadounidenses, imprescindibles en el triunfo de Margaret Thatcher en 1979 y de Ronald Reagan en 1980, con una ideología progresivamente modernizada, que puede explicar las al parecer excelentes relaciones de Aznar con Tony Blair». Añadía, asimismo, Revuelta que esta mezcla de ideologías liberales, cristiana y de Hayek se ha erigido en pilar de un «pensamiento liberal, desregulador y privatizador». Eso sí, todo ello hace justicia y se explica por la existencia (previa) de un alto grado de postración moral que la sociedad española ha venido arrastrando desde los años ochenta con la cultura del «todo vale, del pelotazo, de los muchos casos de corrupción, de los GAL y del desmoronamiento de los valores de la izquierda, mientras se ha ido acentuando un clima de inseguridad social y el impacto terrorista de ETA».

Todo ello, añadía el citado articulista, ha generado una «obsesión securitaria» que la sociedad ha ido paulatinamente internalizando en detrimento de garantías y de libertades: «las estadísticas oficiales parecen confirmar algunos rasgos de esa deriva securitaria asumida por una ciudadanía en la que se mezclan desinformación y disgregación social, amén de una exigua ilustración: la mayoría piensa que el país va bien, el 81% de los españoles, según encuestas oficiales, cree que el problema más grave de España es el terrorismo, el 49% que somos racistas» (ibídem).

Desde luego, la «cuestión terrorista» durante la «época digamos de Aznar», fue tratada con el reduccionismo mediático que desde Madrid se utilizó, ignorando y silenciando la complejidad de situaciones políticas como por ejemplo, la vasca, reforzándose la tosquedad política y provocando identificaciones fáciles de orientaciones contestatarias sospechosas de connivencias con quienes practican la violencia política.

Las denuncias sobre «criminalización de movimientos sociales» (particularmente en Euskadi y Cataluña, señalando movimientos radicales, independentistas, okupas, anarquistas…, como consecuencia de la desarticulación de «comandos» de ETA, en una muestra más de la «caza de brujas» iniciada) o los posicionamientos de los españolistas frente a las provincias traidoras (para acallar los reclamos de las nacionalidades históricas y los incumplimientos de los Estatutos de Autonomía) conforman un cuadro que se perfila, en palabras de Revuelta, como el de una «derechización imparable».

Esta derechización puede leerse desde diferentes aspectos de la realidad. En lo que hace a la justicia, el menoscabo de la independencia de ésta y su uso partidista cada vez más descarado. En el ámbito político e ideológico, la sacralización de la monarquía y la creciente hegemonía de la derecha política sobre todo en la esfera mediática. Un cuadro que se completa a nivel social con la creciente privatización de la enseñanza o el descarado entreguismo sindical. Y a esto cabe añadir la definitiva «construcción del problema de la inmigración» que, por su resonancia, se ha convertido en una bomba «con la espoleta de efecto retardado».

Pero si todo ello dibuja en España la involución política general que se describe, conviene ahora, a los fines del presente trabajo, indicar las específicas consecuencias que todo ello ha ido provocando en el terreno más concreto de la política penal española. Veamos tan sólo algunas medidas que, aunque muchas pertenecen a los años de los gobiernos de Aznar, no olvidemos nunca que en su inmensa mayoría fueron adoptadas —votadas— conjuntamente por el Partido Socialista que luego accedería al poder y que hoy continúa en él con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Citemos algunos acontecimientos de las numerosas reformas e involuciones punitivas de los últimos ocho años, desde el 2001 hasta el presente.

El primero se vincula con las reformas del Código Penal (el «Código de la Democracia», estrenado hace poco más de diez años), con el fin de «erradicar físicamente de las calles a los más graves infractores» (tal y como anunció quien era entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, cfr. La Vanguardia de 5-7-2001), a través de drásticos agravamientos de penas en casos de multirreincidencia, imitando el debate estadounidense de la ley de los three strikes and you are out, pese a los reclamos de inconstitucionalidad en que semejantes medidas puedan incurrir. Inmediatamente veremos algunos detalles de cuanto se acaba de mencionar.

Pero, antes, se ha de hacer mención al segundo acontecimiento, el cual se vincula con la represión de las manifestaciones antiglobalización (en la ciudad de Barcelona, por poner tan sólo un ejemplo), pese a existir serias sospechas de provocaciones policiales, agentes infiltrados y disfrazados que habrían comenzado destrozos al final de una manifestación de miles de personas. La pretensión gubernamental de comparar semejantes acciones colectivas con la llamada kale borroka (lucha callejera) propia de Euskadi (vinculada a la problemática terrorista), constituye otro (burdo, pero serio) intento por criminalizar a los movimientos sociales que, aún pacíficamente, se oponen cada vez más en grandes ciudades a los dictados de los grupos económicos y financieros de la actualidad.

Después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, muchísimas han sido las medidas que se anunciaron desde el Gobierno español. En una simple muestra panorámica, pueden sintetizarse las siguientes:

Una semana después de los ataques a EEUU, España anuncia que «impulsará Leyes antiterroristas en su presidencia de la Unión Europea» (cfr. El País, 18 de septiembre de 2001). Ello ha sido anunciado con la plena aceptación del principal partido de la oposición (el Partido Socialista Obrero Español), con lo que se alcanzaría un importante consenso en esta materia.

Un día más tarde, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, Josep Piqué, tras indicar las posibles conexiones del «fundamentalismo islámico extremista» en España, indicó que era esencial estrechar la vigilancia de las fronteras en la lucha contra el terrorismo. En directa relación con ello, el presidente del Gobierno catalán, Jordi Pujol, expresó textualmente «que el refuerzo de la lucha contra la inmigración ilegal es también un refuerzo de la lucha antiterrorista» (cfr. El País, de 19 de septiembre de 2001).

A la semana siguiente, el Gobierno español anunció que «el futuro Centro Nacional de Inteligencia (CNI) podrá intervenir comunicaciones y entrar en domicilios sin permiso judicial previo, siempre que se trate de casos urgentes e investigaciones sobre terrorismo. Se trataría de un procedimiento excepcional que ya aparece recogido en el borrador del anteproyecto de ley que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, aprobó y que el Ejecutivo intentaría consensuar con los grupos parlamentarios en los próximos días. Para solicitar permisos para determinadas operaciones, el CNI contará con un juez exclusivo, que será un Magistrado del Supremo nombrado por el Consejo General del Poder Judicial» (El País, de 4 de octubre de 2001)[1].

Un poco más adelante, el Gobierno de Aznar desplegó su Plan de Lucha contra la Delincuencia que, «tanto había crecido» según el Partido Popular y también según la oposición del Partido Socialista. Dentro del enorme catálogo de medidas anunciadas a partir de aquel momento (imposibles de analizar aquí con detenimiento), cabe al menos consignar la siguiente enumeración extraída tan sólo de importantes titulares periodísticos:

«Interior pide “tolerancia cero” con el multirreincidente. El Director de la Policía achaca a la inmigración irregular la subida de la delincuencia en un 10,52%» (El País, 11 de febrero de 2002).

«Aznar anuncia que aumentará de 30 a 40 años la pena máxima de cárcel para los terroristas. El Presidente asegura que las condenas por delitos graves se cumplirán en su integridad» (El País, 30 de diciembre de 2002).

«El Gobierno decide elevar a 40 años las penas para los terroristas. La reinserción de etarras sólo será posible si colaboran en la lucha contra el terrorismo» (El País, 4 de enero de 2003).

«Se anuncia la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar la aplicación de la prisión preventiva» (El Periódico, 7 de enero de 2003).

«El Ministro del Interior anuncia la construcción de siete cárceles ante la posible avalancha de presos preventivos» (El País, 10 de enero de 2003).

«El Partido Socialista justifica el apoyo al endurecimiento de penas por responsabilidad» (El País, 11 de enero de 2003).

«El Ministerio de Justicia pretende aplicar la prisión preventiva a delitos anteriores a la reforma legal» (El País, 13 de enero de 2003).

«Aznar expulsará a los “sin papeles” delincuentes. Ofensiva del Gobierno contra la inseguridad ciudadana. Las nuevas medidas permitirán echar a inmigrantes autores de delitos menores» (El Periódico, 13 de enero de 2003).

«Cuatro faltas se castigarán como delito. Aznar anuncia una reforma del Código Penal para endurecer las condenas» (El País, 14 de enero de 2003).

«Aznar añade más policías y nuevas cárceles a su ofensiva de ley y orden. El PP dedicará a los policías municipales a seguridad y otros funcionarios regularán el tráfico» (El País, 18 de enero de 2003).

«El Gobierno castigará con cárcel la convocatoria de referéndum políticos sin autorización» (El País, 24 de noviembre de 2003).

Frente a una ofensiva semejante que, como se vio, en gran parte ha sido consensuada por el Partido Socialista (entonces en la oposición y actualmente en el Gobierno, tras las elecciones del 14 de marzo de 2004), ya se alzaban numerosas voces que denunciaban la erosión de las libertades fundamentales y el desmantelamiento de todo el esqueleto normativo que, en materia penal, procesal, penitenciaria y judicial, constituía el producto del consenso de la «transición política a la democracia». En síntesis, desde estos sectores se afirmaba el total desmantelamiento del garantismo penal propio de un Estado social y democrático de derecho.

En tal sentido se pronunciaba, por ejemplo, Muñoz Conde cuando advertía que las reformas señaladas nos aproximaban a un «nuevo Derecho penal del Enemigo»[2], propio de épocas del nacionalsocialismo y ni siquiera visto «en las épocas más duras y oscuras de la dictadura franquista». Desde Cataluña, diversos colectivos de juristas progresistas señalaban por su parte que las anunciadas reformas suponían una forma encubierta de introducir la cadena perpetua y advertían sobre la sustitución del Estado social por el Estado penal. Unos meses después, y en un sentido similar, más de cien catedráticos, jueces y fiscales denunciaban que, tras la reintroducción del «delito político» en el CP, se escondía la auténtica vocación totalitaria del Gobierno de Aznar[3].

Mientras tanto, y como fruto de las reformas legislativas emprendidas, la huella que las mismas dejan en el ámbito punitivo, constituye la prueba de la importación de los modelos político penales asumidos en España; algunos claramente ajenos a su tradición y pertenecientes a las políticas de excepcionalidad penal y cero tolerancia:

a) En el orden procesal y procesal-penitenciario:

mayores facilidades para el decreto judicial de las prisiones preventivas;

modificación procesal en aras de una justicia «rápida» que, emulando prácticas foráneas, constriñe cada vez a los ciudadanos a declararse culpables, a realizar «transacciones» judiciales y a evitar juicios, a cambio de remuneraciones punitivas;

introducción (encubierta) de la figura de los «arrepentidos» quienes podrán beneficiarse de la recompensa de rebajas penales, introduciendo así la normativa propia de la cultura de emergencia y excepcionalidad penal italiana de las últimas décadas.

b) En el orden jurisdiccional-penitenciario:

desconfianza hacia el principio judicial de independencia de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, expresada en la creación de los Juzgados Centrales en la Audiencia Nacional, con notable desprecio por los principió de inmediación, oralidad y régimen de visitas semanales a los centros penitenciarios previsto en la normativa penitenciaria ordinaria.

c) En materia estrictamente punitiva:

aumento de la cuantía de la penalidad máxima de treinta a cuarenta años.

d) En el orden universitario-penitenciario:

se constatan las dificultades crecientes para que los presos puedan matricularse en una Universidad (la del País Vasco), en clara demostración de una legislación hecha y pensada para una determinada emergencia política.

e) En lo que hace al cumplimiento de penas privativas de libertad:

mayor incremento de las restricciones para la concesión y disfrute de los permisos penitenciarios de salida;

exigencia de previo pago de las responsabilidades civiles para la obtención del tercer grado de clasificación penitenciaria y libertad condicional, lo cual introduce el serio peligro de discriminaciones por razones económicas o puede reeditar, en cierta medida, la prisión por deudas de acuerdo a capacidades patrimoniales en la determinación real, en sede ejecutiva, del umbral punitivo;

mayores dificultades para el acceso a regímenes de semilibertad (tercer grado de clasificación penitenciaria) por mandato legal, al exigirse el cumplimiento de un denominado «período de seguridad», obligatorio en penas superiores a cinco años de prisión, para la concesión del tercer grado penitenciario, emulándose así la tendencia político-criminal norteamericana de las (antes comentadas) mandatory penalties;

consagración de regímenes penitenciarios diferenciados (ordinario y excepcional), como ejemplo de una clara recepción de la cultura de la emergencia y excepcionalidad penal;

endurecimiento de las condiciones para que pueda concederse la libertad condicional a los presos enfermos terminales.

f) Interpretación y aplicación judicial de ciertas disposiciones en materia de terrorismo:

la derogación —retroactiva— de las redenciones de penas por trabajos a los presos condenados por delitos de terrorismo, a pesar de que las mismas hayan sido aprobadas por resoluciones judiciales que han adquirido firmeza (Pleno de la Audiencia Nacional de 20 de enero de 2005).

y, a todo ello, conviene no olvidarlo, se debe unir la general derogación de la institución de redención de penas por el trabajo ya decidida con ocasión de aprobarse el CP «de la Democracia» de 1995, que entró en vigor en mayo de 1996, con lo cual, a partir de dicha fecha, las penas privativas de libertad pasaron a cumplirse íntegramente.

Como se observa, el nuevo escenario que se dibuja entonces de cumplimiento de las penas privativas de libertad es cada vez más restrictivo, se ha endurecido notablemente y, para los presos, las previsiones de recuperar la libertad y/o disfrutar de beneficios penitenciarios se retrasan y alargan cada vez más. Se va logrando así, paulatinamente, con el concurso de las decisiones que se están analizando, una eficacia «incapacitadora» de la pena de prisión que la acerca cada más a las opciones preventivo-especiales negativas, propias de la reciente cultura punitiva anglonorteamericana.

Lamentablemente, los cambios políticos en España (tras las elecciones generales de 2004) no han supuesto un cambio de rumbo en el ámbito político criminal, la continuidad no puede extrañar cuando se ha demostrado el consenso entre el Partido Popular y el PSOE en los «grandes temas» penales. Ni las buenas palabras, ni el talante, ni supuestas «Alianzas de Civilizaciones» han modificado el cuadro que se está indicando.

Para ir terminando este epígrafe, y ya que escribo estas líneas desde Barcelona aún con el recuerdo de recientes campañas electorales de inmensa tensión y crispación, es importante también recordar cómo, por ejemplo, el «problema de la inmigración» ha sido tratado y manipulado en estos ciclos políticos (conviene hacerlo antes nos olvidemos). Veamos algunos pequeños pantallazos.

Desde Cataluña Convergencia i Unió (partido de centro-derecha que ocupó el Gobierno autonómico durante veintitrés años) recordó en sus carteles electorales callejeros que «la gente viene por hambre pero en Cataluña no caben todos los inmigrantes». El Partido Popular, por su parte, también ha ido desgranando sus propuestas en materia migratoria. Desde su constante recuerdo de que los delitos aumentan en gran parte como consecuencia de la inmigración descontrolada, a su promesa de establecer para quienes deseen migrar hacia España un «contrato» de inmigración, en el cual el extranjero se obligaría a respetar las costumbres y leyes españolas, y a regresar a su país si en el plazo de un año no encuentra trabajo.

Ante esto, el Partido Socialista ha respondido que las leyes deben ser cumplidas por todos «sin necesidad de contratos» y que en relación al acatamiento a las costumbres españolas propuesto por los populares, nadie define tales costumbres en una sociedad cada vez más abierta. Eso sí, recordó el actual ministro del Interior del mismo partido socialista que se siente particularmente orgulloso de haber expulsado a muchos más extranjeros en situación ilegal que en las épocas de gobierno del Partido Popular y que, también, constituye una satisfacción haber incrementado hasta el número de 135.000 los efectivos policiales que habían disminuido con el Gobierno anterior, con lo cual «la eficacia» en la lucha contra la inmigración ilegal es ahora mucho mayor.

Mientras todo ello sucede, en otra de las aristas menos conocidas y menos trabajadas de la cuestión examinada, cabe recordar que también los migrantes constituyen uno de los colectivos que más ha venido sufriendo episodios de brutalidad policial, malos tratos o torturas en España. En efecto, así lo revelan informes tan diversos en su procedencia como rigurosos en sus análisis, como pueden ser los de Amnistía Internacional (2007), la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (2007), Human Rights Watch (2006), la oficina de denuncias de Sos Racismo en España o la reciente investigación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (2008).

En el primero de los citados (titulado Sal en la herida La impunidad efectiva de agentes de Policía en casos de tortura y otros malos tratos, 2007) puede constatarse con todo detalle la sucesión de vejaciones narradas que han tenido como principales víctimas a migrantes. Las conclusiones del aludido Informe, a propósito de las vejaciones señaladas, son claras:

Amnistía Internacional considera que las persistentes denuncias de malos tratos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen su origen en los múltiples incumplimientos por parte de las autoridades españolas de sus obligaciones legales internacionales, que les exigen la adopción de diversas medidas legislativas, judiciales y administrativas para prevenir los malos tratos, poner a los responsables a disposición de la justicia y garantizar que las víctimas reciben reparación. Aunque Amnistía Internacional no considera que los malos tratos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley españoles constituyan un hecho rutinario, a partir de sus investigaciones la organización refuta la idea de que sean un hecho excepcional y que la responsabilidad de que se produzcan recaiga exclusivamente en un puñado de agentes de policía delictivos.

Asimismo, tanto en los Informes de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura[4] como de Sos Racismo se pueden leer numerosos casos de violación de los derechos fundamentales de los migrantes así como elevados casos de malos tratos y torturas. Baste reseñar, a modo ilustrativo, el suceso ocurrido en el propio interior del Centro de Internamiento de Extranjeras de Málaga. Ya en 2006 se desveló el juego burocrático entre la Delegación de Gobierno y la Policía, ya que nadie se hacía cargo de lo que estaba sucediendo en el interior del centro. Se restringieron las visitas de familiares por reformas. En una de las inspecciones programadas al centro, se constató que se estaban realizando fiestas con la participación de algunas internas y que tal vez éstas habían mantenido relaciones sexuales con algunos de los funcionarios. En relación con este caso, tres de los policías fueron acusados por abusos sexuales en el CIE e ingresaron en prisión, pero posteriormente fueron puestos en libertad; de los otros cuatro que quedaron en libertad con cargos, dos fueron imputados; y de las seis mujeres que afirmaron haber sido víctimas de abusos sexuales y que pasaron a ser testigos protegidos (paralizándose entonces su expulsión), fueron expulsadas cinco, violando cualquier garantía. Este hecho fue criticado por múltiples organizaciones, dejando claro que su expulsión perpetuaría la impunidad de los agentes de policía.

También, y como lo refleja el reciente informe del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (.Privación de libertad y derechos humanos. La tortura y otras formas de violencia institucional en el Estado español, publicado por Ed. Icaria en enero de 2008), se llama especialmente la atención sobre las nuevas disposiciones dictadas para la Policía en materia de expulsión de migrantes y traslados aéreos.

Así podríamos seguir enumerando esta «otra cara» de la situación. Pues el diseño de esa «ciudadanía excluyente» no sólo permite dibujar a los Estados una «ciudadanía a la carta» con acceso limitado a ciertos derechos para algunas categorías de individuos, sino que supone, para otros, una importante victimización y vulneración de los derechos fundamentales más básicos como el que se refiere a la prohibición de que nadie sea sometido a torturas, pero tampoco a tratos o a penas crueles, inhumanas o degradantes.

Y por esa pendiente se acaba comprendiendo la auténtica y última funcionalidad de estos sistemas duales de ciudadanía (si es que esta palabra aún sigue teniendo algún sentido en la categoría examinada de los migrantes). Porque en última instancia, y frente a una gran hipocresía social, ellos son los depositarios de todos los males. Si la sanidad pública está colapsada, rápidamente se les culpabilizará del deterioro de la protección de la salud; si la escuela pública desciende en sus niveles de calidad, ellos serán los responsables porque los niños extranjeros (se dirá) rebajan el nivel de la enseñanza; si el índice de delitos aumenta, ellos son los responsables pues delinquen más; si se pierden costumbres o lenguas de algunas comunidades autónomas, ellos son los culpables por no integrarse lo suficiente y no hablarlas; si las ciudades están sucias, ellos son los que padecen y causan esa falta de higiene.

En fin, los migrantes son los nuevos depositarios de todos los males sociales; todos menos uno: a nadie le molesta pagarles poco, a veces muy poco (y en ocasiones nada de nada) por la realización de una larga serie de trabajos y servicios (en la economía informal, en los sectores de servicios, basuras, cuidado de gente mayor, empleados domésticos, empresas con subcontratas, albañilería y sectores afines a la construcción, etc., etc.). Aquí la apropiación de las plusvalías, que supone el ahorro de los salarios, constituye una nueva forma social y empresarial de acumulación de capital. Y no sólo suponen un ahorro, además, mientras trabajan, «no se les ve por la calle» (como indica Bauman).

La guerra como racionalidad constitutiva

Para ir concluyendo, tras toda la involución examinada, precisemos que la mirada puede y debe partir de la guerra. Esta ya no es un acontecimiento, algo coyuntural sino que impregna constitutivamente el tiempo presente.

Actualmente, los niños menores de 8 o 9 años emplean a menudo esa palabra, pero no para jugar como ataño, de modo inocente. Lo hacen con miedo, piden a sus padres que apaguen las televisiones que muestran escenas dantescas, han interiorizado profundamente sus visiones y no están preparados para digerirlas. La guerra ya no es, ni mucho menos, la que se desarrolla en alguna parte concreta del mundo. El concepto, actual, de guerra global (véase a Alessandro dal Lago, por ejemplo) nos habla de una racionalidad constitutiva y fundante del orden postmoderno. Desde el corazón del Imperio hasta la ilustrada Europa, los ataques del llamado «terrorismo internacional» (pensemos en los ejemplos de Nueva York, Madrid y Londres, curiosamente los tres socios de la guerra de Iraq…) han provocado efectos hoy muy claros. Por un lado, han demostrado la vulnerabilidad del «Primer Mundo». Por otro, han sido funcionales a la creación de nuevos «enemigos» que justifican la restricción de todo tipo de derechos y garantías que eran consustanciales a una Modernidad que hoy está en estado de demolición.

Si algún «enemigo» ha sido construido también en la línea que va desde Estados Unidos a la Unión Europea, el caso de la inmigración deviene hoy paradigmático. Desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta la edificación de la «Europa Fortaleza», estos territorios aparecen hoy plagados de muros y vallas (cada vez más altas y más electrificadas) y de campos de internamiento y/o de expulsión que retrotraen la memoria a las descripciones de aquel «universo concentracionario» que David Rousset narró para siempre como ejemplo de la enajenación mental europea de la época de la barbarie nazi. Por ello en Europa ya se emplea el término «Europa carcelaria»: cárceles, campos de internamiento para migrantes, vallas y nuevas fronteras ponen en cuestión aquella Europa ilustrada de las libertades.

El problema de las migraciones dibuja, en el «Primer Mundo», un nuevo tipo de subjetividades que son tratadas muchas veces con elementos «extraordinarios» del y sistema penal, cuando no con herramientas ajenas a éste y propias de la lógica bélica. Dos ejemplos ilustran lo que acaba de decirse. Primero: en el mes de octubre de 2005, en las ciudades españolas (pero fronterizas) de Ceuta y Melilla, miles de africanos y asiáticos decidieron iniciar avalanchas humanas (el cuerpo es su arma) para saltar las vallas levantadas como impedimento para entrar al corazón europeo. Hubo heridos, muertos, denuncias de torturas y el Gobierno decidió, finalmente, el envío de tropas del ejército para «preservar la seguridad». Segundo: en el mes de noviembre de 2005, en numerosos barrios pobres de las ciudades de Francia se inició una revuelta sangrienta protagonizada por jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes que han padecido los efectos de una inexistente política social durante las últimas cuatro décadas. La respuesta no se hizo esperar: en el corazón de la Ilustración se decretó el toque de queda. ¡Del Estado de Derecho al Estado de Excepción!

Cada vez se recuerdan más los trabajos y la vida de Cari Schmitt. Y, en efecto, tal vez hoy sea más necesario que nunca recordar a los ideólogos del nacionalsocialismo y a quienes, como el citado, situaron a la política dentro de la esfera de la relación amigo-enemigo. De allí, como es sabido, surgió una peligrosísima doctrina en las ciencias penales: el derecho penal del enemigo. Hoy es preciso tenerlo presente nuevamente: al enemigo no se le tiene por qué readaptar, reintegrar, corregir ni resocializar. Las doctrinas correccionalistas, y toda su retórica, pertenecen al pasado. Al enemigo se le combate, se le aplasta, se le inocuiza, se le mata, sin más.

Pero, yo añadiría, con Salvatore Palidda, que la guerra global, la lucha militar contra los nuevos enemigos (terroristas, inmigrantes, pobres y excluidos sociales…), como toda guerra, en el fondo siempre guardó (y ésta también guarda) una funcionalidad para con los sistemas económicos; siempre contuvo una racionalidad escondida o maquillada entre la aparente irracionalidad que la caracteriza:

la guerra contra la inmigración es plenamente útil para el mantenimiento y para la reproducción de una fuerza de trabajo sin derechos;

la guerra global es útil, asimismo, para el despliegue de todo el necesario pensamiento conservador y autoritario que pretende la implantación de políticas represivas como la de «cero tolerancia», «ventanas rotas» o legislaciones antiterroristas y/o de excepción,

la guerra provoca importantes negocios, no sólo en lo que se refiere al tráfico de armas, control de pozos petrolíferos y subcontratación privada de nuevos ejércitos, sino incluso entre la inmensa red de empresas, organizaciones no gubernamentales y demás gestores de estos grandes acontecimientos.

Todo ello ha terminado por provocar la banalización, en términos de normalización y de aceptación acrítica, de los malos tratos, torturas y otras flagrantes violaciones de los derechos humanos más elementales, provocando «consenso» a través del terror y, en consecuencia, una docilidad y sumisión social plenamente funcional al mercado único y global que se pretende imponer.

En fin, el catálogo del horror es demasiado amplio, desde un punto de vista cuantitativo para realizar una enumeración exhaustiva. Pero, desde el punto de vista cualitativo, como dice Bergalli, «¿cuál es la diferencia entre el campesino de Iraq que muere víctima de un bombardeo aéreo norteamericano cuando se dirigía a cultivar su tierra y el habitante urbano de nuestras ciudades que estalla con el atentado mientras se dirigía al supermercado o al metro para acudir a su trabajo?».

Ésa es la «guerra que nos vuelve» y que atraviesa el planeta de un arco a otro. En esa guerra, como señalarán otros trabajos del presente volumen, y como se ha mencionado antes aquí, los migrantes procedentes de los territorios de Oriente adquieren un rostro difuso en ocasiones, que será blanco de los ataques «civilizatorios» de los sistemas occidentales.

La islamofobia como ideología dominante

Abdennur Prado

La islamofobia es una enfermedad psicosocial, del mismo grupo que otras enfermedades como el racismo, la xenofobia, la homofobia o la judeofobia. Este grupo de enfermedades se conoce con el nombre genérico de fascismo, y se fundamenta en el odio al otro, entendido como una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares nocivos y contagiosos, amenazadores para el «cuerpo social» (concepción biopolítica de la sociedad). La islamofobia, como las demás variantes del fascismo, prepara las condiciones para el confinamiento y la persecución del colectivo al que se demoniza.

La islamofobia ocupa un lugar destacado en la política contemporánea. Existen una serie de factores que han conducido a convertirla en un componente central de la ideología dominante. No se trata tan sólo del rechazo irracional de un sector de la población por parte de otro, sino de una fobia social inducida desde determinados centros de poder para justificar el mayor control de los individuos por parte del Estado. Se trata de la ideología marco mediante la cual se genera consentimiento respecto a actuaciones militares (a nivel global) y policiales/judiciales (a nivel local) que en una situación normal no serían aceptadas. Esta dimensión ideológica goza hoy en día de gran aceptación en círculos académicos y políticos, y se sitúa en consonancia con las políticas neoliberales de la globalización corporativa.

En el marco de la Unión Europea, la islamofobia traza las fronteras internas de la Europa fortaleza, sometiendo a los inmigrantes musulmanes a un estatus subalterno. Están en Europa para ser explotados, no se les permite manifestarse como ciudadanos. Deben ser mantenidos en constante «estado de excepción», mediante la vigilancia permanente y su transformación en «el otro» inasimilable, opuesto a los valores de la cultura dominante. La lógica inherente a la islamofobia conduce a una involución autoritaria y nacional-culturalista de los sistemas democráticos, la deriva de un modelo basado en los derechos sociales a un modelo basado en la identidad y la seguridad.

Asistimos en Europa al auge de partidos políticos y movimientos abiertamente islamófobos. El relator de Naciones Unidas Doudou Diéne habla de la «normalización y legitimación políticas del empleo de argumentos racistas y xenófobos como un medio aceptable de generar consenso político»[1]. Más allá del respaldo social a estos discursos, su incidencia mediática contribuye a la normalización de la islamofobia. Resulta alarmante la penetración de estos temas en los programas de partidos parlamentarios, con el pretexto de la lucha contra la «inmigración ilegal», la promoción de la «preferencia nacional», la «lucha contra el terrorismo» o la seguridad. El rechazo a la presencia del islam dificulta el desarrollo de la libertad religiosa y de los derechos civiles de los ciudadanos musulmanes. Las instituciones que se prestan a un normal desarrollo de sus derechos religiosos son acusadas de «colaborar con el enemigo» y de «favorecer la invasión islámica de Europa».

Esta teoría, conocida como «Eurabia», fue acuñada por Bat Ye’or, judía egipcia vinculada a Israel, popularizada por la periodista italiana Oriana Fallad y divulgado masivamente en Internet. Según esta teoría, existe un pacto euro-árabe para facilitar la incorporación del islam en Europa, a cambio de concesiones petroleras. Dicho pacto conduciría, inexorablemente, a la islamización de Europa, y pasaría por la disolución pactada del Estado de Israel. Dicha teoría pone de manifiesto la estrecha relación entre la islamofobia y el proyecto sionista, actuando la demonización del islam como ideología legitimadora de la colonización de Palestina. Israel es presentado como «la punta de lanza de Occidente en el mundo islámico», mientras la inmigración musulmana actuaría como una quinta columna del mundo islámico en Europa.

La islamofobia en España

Según un estudio del Pew Center de octubre del año 2008[2], España es el país de Europa cuyos ciudadanos tienen en mayor número una opinión negativa sobre el islam. Un sondeo del Instituto Elcano[3] tras el 11-M afirmaba que un 80% de los españoles califican a los musulmanes como «autoritarios» y un 57% como «violentos», y el 20% son partidarios de la expulsión de los marroquíes de España:

Un 80% los asocia con el adjetivo «autoritario», frente a 13% con el de «democrático».

Un 57% con el de «violentos», frente a 34% con el de «pacíficos».

Entre 1996 y 2004 se triplica el porcentaje de españoles que expulsaría a los marroquíes: del 7 al 19%.

Aumenta el de quienes no se casarían con un/a marroquí: del 39 al 52%.

Definición de islamofobia

No existe una definición jurídica establecida sobre el término. Según el informe «Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et toutes les formes de discrimination» (E/CN.4/2005/18/Add.4), elaborado por el (entonces) relator de Naciones Unidas Doudou Diéne, el término islamofobia «se refiere a la hostilidad infundada y el temor hacia el islam, y, en consecuencia al miedo y la aversión hacia todos los musulmanes o la mayoría de ellos. También se refiere a las consecuencias prácticas de esta hostilidad en términos de la discriminación, los prejuicios y el trato desigual que sufren los musulmanes (los individuos y las comunidades) y su exclusión de las esferas políticas y sociales importantes. Este término fue inventado para responder a una nueva realidad: la creciente discriminación contra los musulmanes en los últimos años».

Una publicación del Consejo de Europa definía la islamofobia como «el temor o los prejuicios hacia el islam, los musulmanes y todo lo relacionado con ellos. Ya tome la forma de manifestaciones cotidianas de racismo y discriminación u otras formas más violentas, la islamofobia constituye una violación de los derechos humanos y una amenaza contra la cohesión social»[4].

Runnymede Trust, organización para la promoción de una Gran Bretaña multicultural, estableció en su documento Islamofobia: un desafío para todos nosotros (1997) ocho rasgos de la islamofobia:

El islam es visto como un bloque monolítico, estático e incapaz de cambio.

El islam es visto como separado y «otro». No tiene valores en común con otras culturas, no es influido por ellas ni influye en ellas.

El islam es visto como inferior a Occidente. Es visto como bárbaro, irracional, primitivo y sexista.

El islam es visto como violento, agresivo, amenazante, sostenedor del terrorismo e implicado en el «choque de civilizaciones».

El islam es visto como una ideología política y es usado con intenciones políticas o militares.

Cualquier crítica del islam a Occidente es rechazable de antemano.

La hostilidad hacia el islam es usada para justificar prácticas discriminatorias hacia los musulmanes y para excluir a los musulmanes de la sociedad.

La hostilidad antimusulmana es vista como natural o normal.

En este punto, es importante distinguir entre la crítica a las religiones y la difamación de las religiones. La crítica o el rechazo de la religión es una opción lícita, garantizada por los derechos humanos, como son la libertad de expresión y de conciencia. Difamar consiste en realizar una afirmación falsa o expresamente destinada a dañar la reputación de un individuo o de un grupo. La difamación de una religión constituye un delito en cuanto tiene la intención de causar un daño indiscriminado, creando una imagen odiosa de los miembros de dicha religión, tendente a justificar la violencia hacia ellos.

Mundo académico

La aceptación e incluso respetabilidad de la islamofobia en amplios sectores del mundo intelectual y académico occidental resulta especialmente significativa, y la diferencia de otras formas de rechazo hacia otros colectivos. Resulta inimaginable hoy en día encontrar discursos racistas contra negros, judíos o gitanos entre la intelectualidad europea, y sin embargo se constata que numerosos intelectuales aceptan de forma acrítica todos los estereotipos característicos del discurso islamófobo:

Choque de civilizaciones. Construcción ideológica destinada a justificar la dominación neocolonial del mundo árabo-musulmán, basada en la idea de que existe una oposición entre el islam y Occidente. Se fomenta esta teoría al señalar la incompatibilidad del islam con algunos de los (supuestos) valores de la «modernidad occidental» (democracia, libertad religiosa e igualdad de género). En este punto, la demonización del islam actúa como apologética del sistema.

Identificación de islam y violencia. Repetición por parte de intelectuales mediáticos de la idea de que el terrorismo tiene su base en la doctrina del islam, y de que el islam (convertido en una entidad política) tiene como fin la dominación del mundo.

Manipulación de los textos sagrados del islam. El Corán es citado selectivamente, recortando versículos y tergiversando su contenido con el objetivo de mostrar el carácter violento del islam o la inferioridad de la mujer.

Se considera la religión musulmana incompatible con el desarrollo de los derechos civiles, argumentando que el sometimiento de la mujer es algo inseparable del islam.

Se considera que existe un solo islam o se reduce éste al enfrentamiento doctrinal entre chiís y sunís, que alimenta la percepción de una cultura fanática y bélica; sin tener en cuenta las diferentes tendencias e interpretaciones existentes, como por ejemplo el feminismo islámico. Esta visión unívoca, mucho más matizada cuando se habla de la confesión católica, judía o protestante, da acogida a discursos simplificados que no tienen en cuenta las diferencias geográficas, sociales, culturales, políticas o históricas en las que se ha plasmado la religión musulmana durante siglos.

Rechazo de la existencia de la islamofobia. Destacados intelectuales mediáticos se han posicionado en los últimos años en contra del uso del término islamofobia, por considerarlo una «estrategia del fundamentalismo islámico» para eludir cualquier crítica hacia el islam.

Orientalismo y neocolonialismo

La dimensión ideológica de la islamofobia la vincula con el orientalismo y con el antisemitismo clásico europeo. Es un fenómeno con una larga historia, pudiéndose trazar una continuidad desde la Edad Media hasta nuestros días.

La demonización del islam como una religión opuesta a los valores de la cristiandad occidental fue forjada en un momento en el cual los diferentes países (en el contexto de la emergencia del Estado nación) se configuraban en relación con una religión determinada. Es importante tener en cuenta esta dimensión histórica para comprender algunas de las manifestaciones más reiteradas del discurso que demoniza el islam y a los musulmanes como un todo. Asistimos a la propagación de estereotipos negativos sobre el islam y los musulmanes, según el paradigma «todos son uno»: los musulmanes constituyen un todo, y deben ser tratados únicamente a partir de este estereotipo.

Los estudios universitarios sobre el islam y Oriente Medio son deudores de la tradición orientalista, que podemos definir (siguiendo a Edward Said) como «la clasificación de los individuos, de los pueblos, religiones y culturas “orientales” en unas categorías intelectuales y esencias inmutables destinadas a facilitar su sujeción al “civilizador” europeo». En este sentido, la islamofobia puede estar estrechamente vinculada a la reproducción de estrategias políticas típicamente coloniales, con la creencia en la misión civilizadora del Occidente blanco como telón de fondo. Dicha estrategia se vertebra en dos ideas clave:

La misión «occidental» de imponer la democracia en el mundo islámico, aun considerando que es refractario a ella a causa de su religión.

La misión «occidental» de liberar a las mujeres musulmanas, consideradas «oprimidas por el islam».

Islamofobia y juedofobia

No podemos abordar la islamofobia en Occidente sin señalar su relación con la judeofobia y el antisemitismo. El rechazo del islam ocupa hoy en el imaginario europeo el mismo lugar que el rechazo del judaismo en épocas anteriores. Se trata del mismo antisemitismo, pero con un objeto de odio renovado, con los musulmanes ocupando el papel del «otro inasimilable», que se niega a abandonar su identidad para sumergirse en el rebaño. La fijación de un estereotipo del musulmán como fanático tiene por objeto ofrecer un contramodelo de la imagen del europeo medio, y se sitúa en la dirección de crear una identidad basada en el rechazo del «otro». Todos los elementos de la judeofobia clásica europea tienen una correspondencia en la islamofobia:

Los musulmanes son presentados con rasgos demoníacos.

Los musulmanes son reducidos a un estereotipo: del «judío avaricioso» se ha pasado a la imagen del «musulmán fanático».

Los musulmanes son acusados de «no integrarse». Se considera que a causa de su fe religiosa no son leales a los países donde viven, y que su religión les mantiene apartados de la sociedad.

Se les hace culpables de su propia marginación (transformación de la víctima en culpable).

Se repite el mito de «la conspiración islámica para conquistar Europa». Esta teoría, conocida como «Eurabia», tiene un equivalente exacto en la teoría antisemita de «la conspiración judía para conquistar Europa», divulgada a través de obras como Los protocolos de los sabios de Sión.

Se repite el mito de una «alianza entre la izquierda y el islam» para destruir los valores cristianos de Europa. Este mito tiene su correlato en la teoría de la «conspiración judeo-masónica-marxista», típica del catolicismo ultramontano en los siglos XIX y XX.

Se divulga masivamente literatura antiislámica, que trata de demostrar la perversidad intrínseca del islam y de los musulmanes. Una muestra es el libro Islam Unveiled, de Robert Spencer, que utiliza los mismos métodos que Entdecktes Judentum (El judaísmo desenmascarado), un clásico antijudío del siglo XVIII, obra del orientalista J. A. Eisenmenger. Ambos autores se presentan como meros eruditos, y operan manipulando pasajes de sus textos sagrados con el fin de demonizar el islam y el judaísmo. La diferencia es que la obra de Eisenmenger fue prohibida por incitar al odio hacia los judíos, mientras que Spencer recibe parabienes.

Se repite la propaganda contra las empresas dirigidas por o propiedad de musulmanes, como el Islamic Development Bank en EEUU como si (más allá de su papel usurero como entidad financiera) cumplieran el papel de siniestras y malvadas entidades dentro de una oscura conspiración internacional. De la misma manera como en los siglos XIX y XX los antisemitas criticaban las instituciones financieras judíos, como los bancos Rothschild o Bleichroeder.

Se desacredita a los intelectuales musulmanes, considerando que el hecho de ser musulmanes los hace parciales en cualquier materia, ya que de forma secreta forman parte de un complot islámico para apoderarse de Occidente.

Los lugares de culto musulmán son estigmatizados, afirmando que son utilizados para actividades conspirativas. Se repite el mito medieval de las sinagogas (ahora mezquitas) como «conciliábulos judíos».

Se repite la idea de que la presencia del islam constituye «un problema», y que por tanto requiere «una solución». Del «problema judío» hemos pasado al «problema islámico».

La agenda sobre el islam en los medios

Los medios de comunicación son uno de los instrumentos que configuran el imaginario colectivo de una sociedad. Todo lo que afecta al islam y a los musulmanes es tema recurrente. El tratamiento tiende a reforzar los estereotipos existentes. Caeríamos en un error si culpáramos de forma generalizada a la prensa por este hecho. Es indudable que existen numerosos medios de comunicación que mantienen una política islamófoba intencionada, pero también lo es que en muchos casos los profesionales de la comunicación son víctimas de un clima de opinión preexistente, y que se limitan a repetir de forma autómata (sumisa) el discurso dominante, por el hecho de que constituye su única referencia.

Existe una agenda de demonización del islam, promovida por determinados centros de poder. Esta agenda se apoya en el hecho de que solo lo negativo parece ser noticia, lo cual afecta especialmente al mundo islámico. La selección de noticias no es nada inocente. Los medios ven el aspecto comercial de la noticia, y actúan como propagadores de unos estereotipos que responden a la agenda oculta de determinados think thanks o grupos de presión. Podemos citar instituciones como el MEMRI (The Middle East Media Research Institute), un grupo con base en Washington, que trabaja exclusivamente para crear rechazo hacia el islam en Occidente. El procedimiento básico consiste en la búsqueda de noticias negativas, de discursos de clérigos reaccionarios o de situaciones de degradación de la mujer, que luego son presentados en Occidente como representativas del islam y de las opciones vitales de los musulmanes, y de este modo validar la idea del choque de civilizaciones.

Repetición selectiva de noticias que vinculan el islam y la violencia.

Presencia abusiva de clérigos o líderes reaccionarios, incluidos portavoces de grupos terroristas. Esto crea la falsa imagen de que estos líderes son representativos del islam, cuando se trata de figuras absolutamente marginales.

Repetición de estereotipos sobre la mujer musulmana. El tema del hiyab merece más atención que los problemas que sufren las mujeres musulmanas de desempleo, discriminación, xenofobia, etc.).

Se reduce la actividad de los musulmanes a su mera condición religiosa, ignorando la multitud de personas que llevan a cabo una labor política en defensa de los derechos civiles. Las actividades positivas de las comunidades son generalmente ignoradas o reciben una pobre cobertura.

Islamofobia e identidades nacionales

Los medios expresan algunas de las tensiones inherentes a la globalización, en las cuales la religión juega un papel determinante. Asistimos a la consolidación del pluralismo religioso en zonas del mundo donde tradicionalmente existía una hegemonía religiosa determinada. La creciente presencia de minorías con costumbres propias es percibida a menudo como una amenaza a la cohesión social y a las tradiciones ancestrales. Existe una resistencia por parte de determinadas élites a abandonar la ideología que vincula el territorio (la nación) a la religión mayoritaria, una resistencia identitaria que, al intensificarse, puede derivar en un fundamentalismo sin proyecto de gestión respetuoso de la diversidad.

La utilización electoralista del miedo hacia el islam constituye una grave amenaza para la democracia. Organizaciones políticas abiertamente xenófobas se han consolidado como fuerza electoral en toda Europa. En Bélgica, el Vlaams Belang (cuyo líder se ha declarado públicamente «islamófobo») obtuvo cerca del 25% de los votos en las generales de 2004. En Austria, el partido extremista FPÖ se mantiene como la tercera fuerza política del país, con un 15% de los votos. En Dinamarca el Dansk Folkeparti (Partido Popular Danés) mantiene un programa antiemigrante y antimusulmán. Sus 25 de 179 escaños (14% de los votos) lo han convertido en un partido bisagra, condicionando las políticas de la coalición liberal gobernante desde el año 2007. En Eslovaquia, el xenófobo Partido Nacionalista Eslovaco forma parte de la coalición gobernante. Su líder defiende la erradicación de los húngaros y la esterilización de los gitanos. En Inglaterra, el Partido Nacional Británico ha logrado importantes resultados en las ciudades industriales del norte, con un discurso contra los musulmanes. En Italia, la Liga Norte ha mostrado en diversas ocasiones su rechazo a la inmigración musulmana. En Polonia, la Liga de las Familias, formación ultracatólica y considerada antisemita y antimusulmana, obtuvo un 8% de los votos. En Alemania, en las elecciones regionales de Mecklemburgo, el neonazi Partido Nacional demócrata de Alemania (NPD) entró en el parlamento regional con un 7% de los votos.

En Francia existen tres partidos políticos abiertamente xenófobos: el Frente Nacional (Front National, FN), dirigido por Jean-Marie Le Pen, el Movimiento Nacional Republicano (Mouvement national républicain, MNR), dirigido por Bruno Mégret, y el Movimiento por Francia (Mouvement pour la France, MPF), dirigido por Philippe de Villiers. Temas recurrentes de esos partidos son la preferencia nacional (Francia para los «franceses de toda la vida»), y los supuestos vínculos entre la inmigración y la inseguridad, el terrorismo y la crisis económica. Aunque en las últimas elecciones alcanzó poco más de 10% de los votos, una encuesta realizada en diciembre de 2006 por Le Monde y la radio RTL indicó que alrededor del 26% de los encuestados declararon que «concordaban del todo o en gran medida» con las ideas de Le Pen[5]. En abril del 2009, el propio Le Pen fue condenado a pagar una multa de 10.000 por unas declaraciones en las cuales alertaba sobre la «islamización de Francia»[6].

Según destaca el informe de Naciones Unidas sobre «Plataformas políticas que promueven la discriminación racial o incitan a ella»:

Los partidos de extrema derecha tradicionales han adquirido más visibilidad y se han hecho oír más en los últimos años, como lo ilustra la creación, en enero de 2007, de un grupo político en el Parlamento Europeo, el Grupo Identidad, Tradición y Soberanía (LTS), integrado por parlamentarios departidos de extrema derecha de siete Estados miembros (Francia, Bélgica, Rumanía, Bulgaria, Italia, Austria y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)[7].

Todos los partidos integrantes de dicho grupo tienen en común su discurso antimusulmán y antiinmigración. En el punto extremo, hay que señalar el crecimiento de los movimientos neonazis, sin duda los más violentos, tanto por su lenguaje como por las acciones que promueven. Estos grupos son especialmente activos en la Europa del Este, donde el sentimiento anticomunista favorece la rehabilitación del nazismo. En Letonia, los veteranos de la legión letona nazi de Waffen SS realizaron el 16 marzo 2005 un desfile en las calles de Riga, acompañados por jóvenes ultranacionalistas. En Tallin, capital de Estonia, se ha erigido un monumento a los que combatieron durante la II Guerra Mundial del lado de la Alemania nazi. Los movimientos neonazis en España suelen hacer apología de la expulsión del colectivo magrebí, y se hacen eco de todo escrito difamatorio hacia el islam y los musulmanes. El Movimiento contra la Intolerancia ha denunciado la existencia de un tratamiento benévolo de este fenómeno por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que contrasta con el trato recibido por las comunidades musulmanas[8].

Para terminar este apartado, señalamos tres dimensiones asociadas a la difamación del islam, tendentes a crear una identidad nacional de la cual el islam constituiría la antítesis, el otro/opuesto frente al cual medirse/afirmarse:

Es frecuente la amalgama entre un territorio, una etnia y una religión, como elementos esencialmente unidos entre sí (España como tierra esencialmente cristiana, las raíces cristianas de Europa). Se genera una dialéctica Centro-Periferia, en la cual los musulmanes son relegados a suburbios y a ocupar la categoría de ciudadanos de segunda.

La rivalidad entre las religiones ofrece el mejor caldo de cultivo para la violencia. El odio interreligioso se basa en la denigración de la religión «del otro», considerada como una falsa religión, o contenedora de elementos que la hacen incompatible con la «propia» religión. En última instancia, el odio se origina en la idea de la superioridad de la propia religión. En el caso europeo, esta idea está asociada al eurocentrismo y a la idea de progreso: Europa como cumbre de la civilización, basada en «valores judeo-cristianos».

Se considera que el ser musulmán implica una deslealtad hacia las instituciones. A partir de esta premisa, se justifica la intolerancia hacia los musulmanes: no tolerar a los (estereotipados como) intolerantes.

España: persistencia del nacional-catolicismo

La presencia del islam en España genera resistencias entre amplios sectores de la población, que actúan como freno a la normalización del pluralismo religioso y conducen a los musulmanes a situarse en los márgenes de la sociedad. Con frecuencia, estas resistencias a aceptar la presencia del islam aparecen vinculadas a una determinada concepción de la identidad española. Asistimos a la emergencia de un revisionismo histórico «a la inversa», que pretende reafirmar los mitos fundacionales de la españolidad más arcaizante, mediante la denigración oscurantista de la investigación.

En esta clave hay que leer las obras al-Andalus contra España y La quimera de al-Andalus de Serafín Fanjul, El islam contra España de César Vidal o La Yihad en España de Gustavo de Arístegui. Obras que responden a un mandato político explícito.

Podemos citar como paradigmático la clase inaugural de José María Aznar en la Universidad de Georgetown: «Los problemas de España con Al Qaeda comenzaron en el siglo VIII, cuando fue conquistada por los moros y rehusó perder su identidad». En sus siguientes clases, el ex presidente del Gobierno ha ido desgranando su programa: «Yo apoyo a Fernando, creo que fue un gran rey (risas). Creo que estamos en tiempo de guerra, son ellos o nosotros. O nosotros acabamos con ellos o ellos acaban con nosotros. No hay término medio». Y a continuación se refiere al discurso del papa en Ratisbona del siguiente modo: «Cuando mucha gente en el mundo musulmán ha pedido al Papa que se disculpe por su conferencia, yo no he oído a ningún musulmán pedirme disculpas por ocupar España y mantenerla durante ocho siglos». Posteriormente, al recibir un doctorado honoris causa en la Universidad católica del Sacro Cuore de Milán, afirmó que las personas que emigren a Europa deberían aceptar sus «valores y principios, de raigambre judeocristiana».

En última instancia, este discurso pretende que el islam es ajeno a la identidad española, que al-Andalus es una época aparte, en la cual la identidad española fue arrancada por la fuerza de las armas, y la verdadera España arrinconada en los montes asturianos, desde donde inició una gloriosa reconquista.

Todo aquel que se oponga a esta visión nacional-católica de España es automáticamente tachado de antiespañol o de traidor a la patria. En una visita a Lorca el año 2005, el presidente del Gobierno español tuvo que suspender un acto a causa de la acción de un grupo de unos 300 manifestantes, al grito de «Zapatero, anticristo» y «España cristiana, no musulmana».

La presencia del islam en la España del siglo XXI es presentada como una reminiscencia de la «invasión musulmana» de la Hispania visigoda. Cuando se justifican la Inquisición y la expulsión de los moriscos con el argumento de que España estaba en guerra con el islam y de que aquéllos eran una «quinta columna», es inevitable trazar un paralelo con la situación actual, en la cual es habitual escuchar que estamos en «guerra contra el islam» y que los ciudadanos musulmanes son «quintacolumnistas» que ponen en peligro la identidad española. Todo esto pone en evidencia la persistencia de una mentalidad arcaica en la España del siglo XXL Cuando Aznar conecta su admiración por Fernando el Católico con la llamada «guerra contra el terrorismo», está proyectando una mitología españolista reaccionaria en la geopolítica contemporánea. Vemos así cómo el nacional-catolicismo español resucita bajo el paraguas neocon del «choque de civilizaciones».

Inmigrantes musulmanes

La vinculación entre musulmán y extranjero traza una frontera entre el islam y la cultura autóctona, de modo que los musulmanes quedarían necesariamente excluidos de la misma. En los últimos años nos encontramos con una radicalización de estos discursos, que se basan en una concepción decimonónica del concepto de ciudadanía y consideran el islam como religión refractaria a la modernidad occidental (entendida en términos únicamente positivos, con exclusión de sus patologías). Giovanni Sartori ha llegado a proponer la creación de la figura jurídica de la «ciudadanía revocable», que sería aplicada a aquellos ciudadanos que han logrado la nacionalidad pero a los que se considera «no integrados». En otras ocasiones Sartori ha declarado que considera a los musulmanes como «difícilmente integrables». Sin tener en cuenta que muchos de ellos pueden ser conversos al islam o naturales del país.

Se piensa que el islam es esencialmente contrario a los valores encarnados por la cultura dominante. De ahí se derivan patologías sociales como son la islamofobia y el comunitarismo, entendido como cierre identitario y construcción de una subcultura al margen de la cultura dominante. Se da en este contexto una dialéctica y también una práctica Centro/Periferia, en la que, por ejemplo, las mezquitas son expulsadas del centro urbano hacia polígonos industriales inaccesibles. Al mismo tiempo, se exige a los musulmanes la plena adhesión a los valores del centro urbano. No hay otro lenguaje válido que no sea el de la cultura dominante. Los extranjeros se ven obligados a aceptar unas normas de juego (un lenguaje) impuesto y pensado en términos de la cultura dominante, presentada como portadora de valores universales, el rechazo de los cuales es visto como comunitarismo.

De ahí se derivan las discriminaciones que sufren los ciudadanos musulmanes de origen inmigrante, recogidas en el informe de la OSCE (Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa) sobre la situación de los musulmanes en la UE[9]:

Con independencia de su origen étnico o su manera de enfocar la religión, muchos musulmanes europeos sufren discriminación en el empleo, la educación y la vivienda.

Esta discriminación puede atribuirse a actitudes islamófobas, así como a resentimientos racistas y xenófobos, elementos que suelen ir unidos. La hostilidad contra los musulmanes tiene que situarse en el contexto más general de la xenofobia y el racismo contra los emigrantes y las minorías.

Los musulmanes están sufriendo actos islamófobos que van desde amenazas verbales hasta agresiones físicas, a pesar de la poca información que se recaba sobre los incidentes agravados por motivos religiosos.

Los datos disponibles sobre las víctimas de la discriminación indican que los musulmanes europeos suelen estar desproporcionadamente representados en zonas con peores condiciones de vivienda, mientras que sus logros académicos están por debajo de la media y sus tasas de desempleo por encima de la media. Los musulmanes suelen ocupar puestos de trabajo que requieren una menor cualificación. Como grupo, están desproporcionadamente representados en los sectores menos remunerados de la economía.

Violencia social

La existencia de una opinión pública contraria a una determinada religión conduce, inevitablemente, a estallidos aislados de violencia. Según el informe anual para 2007 de la ODIHR (Oficina para los Derechos Humanos de la OSCE), titulado Crímenes de odio en la región de la OSCE: incidentes y respuestas.

Durante el 2007, el odio y la intolerancia hacia los musulmanes se expresó a través de violentas agresiones físicas contra personas; incendios provocados y vandalismo contra mezquitas, escuelas islámicas y cementerios; acoso verbal y amenazas, y la petición de que los musulmanes sean deportados o expulsados de Europa. Individuos identificables visualmente como musulmanes, como las mujeres musulmanas con velo y los imanes usando vestimenta religiosa, así como las mezquitas, centros islámicos y las escuelas musulmanas, fueron los principales objetivos de los ataques antimusulmanes en toda la región de la OSCE en 2007. Además, 2007 fue testigo de la aparición de organizaciones de base y de redes paneuropeas que han manifestado su rechazo de la presencia de los musulmanes y su cultura en Europa a través de diversas protestas, en particular centrándose en la construcción de mezquitas. En muchos casos, las manifestaciones violentas de odio contra los musulmanes tuvieron lugar en un clima social de intolerancia general[10].

En los últimos años han sido recogidos numerosos casos de incidentes y violencia antimusulmana en toda la Unión Europea. Sólo en Francia, durante el año 2004, fueron reportadas 182 agresiones, según el Observatorio de la Islamofobia. Existe el problema de la falta de organismos encargados de su monitorización. Tan sólo los gobiernos de los EEUU y del Reino Unido documentan sistemáticamente los casos de violencia antimusulmana. Recogemos algunos incidentes ocurridos en el periodo 2005-2007[11]:

Incidentes en aviones y aeropuertos. Durante el periodo 2006-2007 se han documentado varios casos de discriminación en aeropuertos, a causa de la apariencia musulmana de los pasajeros:

En 2005, el Open Society Institute realizó una encuesta en Reino Unido, según la cual el 32% de los musulmanes afirmaba haber sufrido discriminación religiosa en los aeropuertos.

Ataques a mezquitas:

En septiembre de 2006, frases como «Muerte al Islam» y «Arabes fuera», junto con esvásticas nazis, fueron pintadas en las paredes de la mezquita de Carcassonne (Francia), el día de inicio del mes de Ramadan.

El mismo mes fue incendiada la mezquita de Penhars, en Quimper (Francia), produciéndose daños de consideración. También aparecieron pintadas racistas en sus paredes.

En septiembre de 2006, atacantes rompieron las ventanas de una mezquita en Yaroslavl (Federación Rusa), rociando gasolina en su interior y prendiéndole fuego. El incendio tuvo lugar durante la celebración de la oración y pudo ser rápidamente sofocado.

A principios de octubre del 2006, una mezquita de Mirrabooka (Australia) recibió varios impactos de bala, mientras unas 400 personas realizaban sus oraciones en el interior.

Una mezquita de Lubbock, Texas (EEUU), fue atacada tres veces durante el mes de octubre de 2006.

Profanación de cementerios:

En julio de 2006, el recién inaugurado cementerio musulmán de Copenhague fue profanado con cruces gamadas pintadas.

En agosto de 2006, 10 tumbas fueron profanadas en el cementerio islámico de Yekaterinburg (Federación Rusa).

En agosto de 2006 fue profanado otro cementerio en la Federación Rusa, esta vez en Reamash, cerca de Moscú

En enero de 2007 fueron profanadas 6 tumbas de un cementerio musulmán en Slonim (Bielorrusia).

En abril de 2007, esvásticas nazis y eslóganes antiárabes y antimusulmanes aparecieron en la sección musulmana del cementerio de los soldados franceses muertos en la I Guerra Mundial, en Arras (Francia).

Violencia física contra individuos:

En Australia, EEUU y Europa se han documentado numerosos casos de mujeres musulmanas a las que se les ha arrancado el hiyab en las calles, habitualmente con insultos y amenazas.

El 11 de diciembre de 2005 una manifestación de unas 5.000 personas se concentró en Cronulla, un suburbio de Sidney, para protestar contra la presencia de inmigrantes musulmanes. Los eslóganes racistas contra musulmanes y libaneses degeneraron en una auténtica cacería. Numerosos ciudadanos provenientes de Oriente Medio fueron atacados y golpeados en las calles. En los días siguientes, la tensión se desplazó a diversas zonas del país, con reacciones por parte de las comunidades musulmanas, con disparos a iglesias, incendios de coches y agresiones. El primer ministro John Howard señaló al «tribalismo» de los libaneses como origen del problema.

En mayo de 2006, en Bélgica, una mujer originaria de Mali y el niño que cuidaba fueron asesinados por un fanático antiinmigración. La mujer estaba embarazada. Poco antes, el mismo hombre había herido seriamente de un disparo a una mujer de origen turco con hiyab, mientras estaba sentada leyendo en un banco.

En abril de 2006, Mohammed Bouza, un inmigrante marroquí, fue atacado por un grupo de jóvenes a la salida de un night club en Amberes (Bélgica), siendo hallado más tarde su cadáver en el río.

En junio de 2006, un hombre armado con un cuchillo encaró a un imam a la salida de la Mezquita de St. Michael (Reino Unido), increpándolo: «¿Quieres morir mártir? ¿Llevas explosivos?». La llegada de la policía impidió que el Imam resultase herido.

En julio de 2006, un joven propinó un puñetazo en la cara a un musulmán en el centro de Northhampton (Inglaterra), asegurando que era su contribución al «kill a Muslim day» (día de matar a un musulmán). Más adelante golpeó a otro joven asiático, pronunciado insultos contra los musulmanes.

En julio de 2006, cuatro hombres atacaron a un actor marroquí durante un festival contra el racismo en Olsztyn (Polonia), golpeándolo con una botella en la cabeza y pateándolo en el suelo, resultando éste gravemente herido.

En octubre de 2006, cinco adolescentes atacaron a un pakistaní en Brooklyn, Nueva York (EEUU). El hombre fue golpeado brutalmente, recibiendo patadas en el suelo y golpes con puños americanos en la cabeza, mientras le llamaban «terrorista» y otros insultos. Los cinco jóvenes fueron detenidos.

En diciembre de 2006, una mujer musulmana con hiyab fue agredida por un hombre en el autobús de la ciudad de Haulchin (Francia). El hombre trató de arrancarle el hiyab por la fuerza, y ante la resistencia de la mujer, la golpeó brutalmente.

Violencia antimusulmana en España

En el caso de España, existe el problema de la falta de organismos dedicados a la monitorización de ataques antimusulmanes. Los informes Musulmanes en la Unión Europea: Discriminación e islamofobia y Percepciones sobre discriminación e islamofobia elaborados por el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) ofrecen algunos datos. Según datos de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, entre enero de 2004 y mayo de 2005, se registraron 30 agresiones que podrían describirse como «antimusulmanas». Las ONG SOS Racismo y Movimiento contra la Intolerancia registran incidentes muy diversos contra los inmigrantes musulmanes. Citamos algunos de estos casos:

Marzo de 2004: un hombre arranca el pañuelo a una mujer musulmana en Zaragoza y, al hacerlo, le arranca algunos cabellos.

Marzo de 2004: agentes de la Guardia Civil de Cartagena detienen a tres menores sospechosos de haber dañado la casa de una familia originaria del Magreb. Los tres jóvenes fueron acusados igualmente de haber dañado el automóvil de una persona originaria de un país «árabe» pintando sobre el mismo el término «moro» y un símbolo nazi.

Abril de 2004: a lo largo de este mes se registran ataques contra marroquíes por parte de la policía, invocando los atentados terroristas de Madrid de marzo de 2004 y la nacionalidad marroquí de las víctimas.

Junio de 2004: una joven de origen marroquí es atacada por diez estudiantes en Algeciras.

Junio de 2004: un argelino es golpeado hasta perder el conocimiento por seis neonazis a la salida de una mezquita de Madrid. Es trasladado al hospital en un estado crítico.

Agosto de 2004: un conductor de automóvil dispara un arma contra un peatón marroquí y le mata tras una pelea en la cual el conductor parece haber dicho «Vuélvete a tu país, moro de mierda». El incidente tuvo lugar en Tortosa en un barrio con una alta proporción de población musulmana.

Septiembre de 2004: la mezquita de Reus fue atacada en dos ocasiones, rompiendo los cristales, cubriendo las paredes con símbolos nazis e intentando prender fuego a las alfombras.

Diciembre de 2004: la policía catalana disuelve una banda neonazi que, entre otros delitos, había atacado varias mezquitas en Gerona. La banda, integrada por siete jóvenes, operaba con las denominaciones «Frente Negro» y «Alianza Catalana Revolucionaria». La operación de la policía concluyó con la confiscación de objetos pertenecientes a la banda como bates de béisbol en los que figuraba el lema «Matamoros».

Diciembre de 2004: la Fiscalía de Barcelona solicita ocho años de prisión contra un joven skinhead que apuñaló a un marroquí en el metro de Barcelona en marzo de 2003, tras haberle tratado de «moro de mierda». En febrero de 2005, el autor de los hechos fue condenado por un tribunal de Barcelona a cinco años de prisión por tentativa de asesinato con el agravante de intención racista.

Febrero de 2005: el consejo escolar del colegio Pozo Estrecho, de Cartagena, examina el caso de varios estudiantes españoles no musulmanes que habían golpeado a una joven marroquí de 17 años. El incidente se produjo a la salida de la escuela y los testigos declararon haber visto al mismo grupo de presuntos autores a la búsqueda de inmigrantes blandiendo palos y bates de béisbol.

Febrero de 2005: la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) denuncia a la policía local de Beniajan (Murcia) por sus actos de agresión «racistas y xenófobos» contra ciudadanos marroquíes. La asociación declara que se propone denunciar ante la justicia a estos agentes. Según afirma, dos agentes de policía se habían acercado a Mohammed Yaquti y, mientras abría su automóvil y sin mediar palabra, le golpearon e hirieron mientras le insultaban.

Marzo de 2005: el local adquirido por el Centro Cultural Islámico de Valencia para utilizarlo como mezquita fue dañado por desconocidos que hicieron pintadas referentes a los atentados de marzo de 2004 en Madrid. Entre las pintadas, había una esvástica.

En agosto de 2006, en el aeropuerto de Málaga, un grupo de pasajeros exigió que dos jóvenes pakistaníes fueran apeados del avión. Los dos pasajeros —británicos de origen paquistaní— abandonaron el avión acompañados por agentes de la Guardia Civil.

En enero de 2006, en Soria, varias personas quemaron el Corán y otra literatura musulmana ante la puerta de una mezquita. Tres meses después aparecieron pintadas antimusulmanas en sus muros.

Entre diciembre de 2006 y enero de 2007, una mujer conversa al islam recibió tres ataques en Tenerife, siendo insultada, amenazada de muerte y golpeada por su condición de musulmana.

En la provincia de Almería, entre 2003 y 2006 han sido denunciados y aún no resueltos unos 50 casos de agresiones a inmigrantes marroquíes, pero son más los que callan: agredidos y testigos sin papeles que temen la expulsión y las represalias. Las continuas y silenciadas agresiones contra inmigrantes marroquíes contrastan con los siempre amplificados delitos que se les atribuyen. El modus operandi no varía. Un marroquí va o vuelve del trabajo por el laberinto de caminos que pespuntean los invernaderos, donde se ubican sus infraviviendas. Uno o varios coches se acercan con un grupo de autóctonos. A Mohamed Tourabi le dieron una paliza y perdió una pierna. A Najib Chamou le destrozaron un brazo. A Jillali Hried le abrieron la frente. A Abderraman Ziani le cortaron una oreja. A Belkacem El Mahdi, un pulgar. A Mimoun Karmani lo dejaron ciego. Larbi Chaibita recibió un impacto de bala que le dejó un balín dentro del pulmón.

Dimensión institucional

A nivel de las instituciones del Estado no se encuentra un discurso antiislámico explícito, sino una negación de la problemática y la no implicación en el desarrollo de la libertad religiosa. El rechazo a la presencia del islam condiciona el normal desarrollo de la libertad religiosa y de los derechos civiles de los ciudadanos musulmanes. Teniendo en cuenta que muchos musulmanes son inmigrantes sin derecho de voto, resulta casi lógico que algunos Gobiernos se inhiban y eludan su compromiso con los derechos religiosos de los musulmanes. En algunos casos nos encontramos con declaraciones o actuaciones abiertamente negativas. Citaremos dos ejemplos:

Las declaraciones del Defensor del Pueblo Enrique Múgica, en el año 2002, respecto a la polémica sobre la prohibición —en un colegio concertado de monjas, primero, y en un instituto público de bachillerato, después— de llevar a una niña musulmana marroquí el pañuelo en la cabeza. Enrique Múgica afirmó que estas manifestaciones culturales y religiosas «rompen los criterios igualitarios que deben imponerse en la sociedad española» y que «la multiculturalidad no es buena, lesiona los valores de la igualdad y los derechos humanos».

Las declaraciones del ministro del Interior, José Antonio Alonso (publicadas el 2 de mayo del 2004 en El País) en las que afirmó que «hay que ir a un escenario legal en el que se pueda controlar a los imanes de las pequeñas mezquitas, que es donde se produce esa articulación del fundamentalismo islámico que conduce a determinadas operaciones». Más adelante abogó por establecer un férreo control sobre las actividades de culto (incluidas las cristianas), y afirmó que el Estado tiene el derecho a exigir el contenido de las jutbas, además de conocer cada una de las actividades de culto que se lleven a cabo. Declaraciones de este tipo señalan a cientos de mezquitas como posibles focos de atentados terroristas, lo cual constituye una irresponsabilidad por parte de un ministro.

Incumplimiento de derechos

Todo lo anterior nos aboca a abordar la situación jurídica: ser musulmán en España implica ser miembro de una minoría religiosa, en un país con poco desarrollo del pluralismo religioso, en el cual la mayoría de las instituciones se desentienden de los derechos religiosos de los musulmanes. Esta islamofobia institucional se manifiesta en última instancia en el incumplimiento de los derechos religiosos de los musulmanes por parte del Estado, de gobiernos autonómicos y de ayuntamientos en general, pero también de colegios, prisiones y hospitales. Las comunidades musulmanas son sometidas a una vulneración de derechos que se extiende al derecho a ser enterrado según el rito islámico o al acceso a la alimentación halal en centros públicos, entre otros.

Un caso paradigmático son las dificultades para abrir mezquitas como símbolo visible de la presencia del islam. El caso de España es especialmente grave. Siendo el cuarto país de Europa en número de musulmanes (cerca de 1 millón), en las dos últimas décadas sólo se han levantado siete mezquitas de nueva construcción en la España peninsular (tres en Andalucía, dos en Madrid, una en Valencia y otra en Canarias… ni una sola en Cataluña, a pesar de que esta comunidad autónoma alberga un tercio de la población musulmana de España). En los últimos años se han creado plataformas de vecinos contra la apertura de salas de oración en numerosas ciudades españolas, como Santa Coloma de Gramanet, Almería, Arenys, Reus, Ávila, Sevilla o Badalona. En muchos de los casos han logrado sus propósitos, dejando a los ciudadanos musulmanes sin lugares de oración, en una situación manifiesta de vulneración de sus derechos religiosos. En otros casos, la solución ha sido la de relegar los oratorios musulmanes a polígonos industriales de la periferia.

Seguridad y política antiterrorista

Como ideología, la islamofobia impregna todas las capas de la sociedad, y los cuerpos de seguridad no están libres de ella. Debemos señalar el impacto negativo sobre las poblaciones árabo-musulmanas de legislaciones adoptadas por numerosos países con el fin de mejorar la seguridad y luchar contra el terrorismo. En algunos casos estas leyes violan convenciones internacionales y suspenden el habeas corpus, que tutela los derechos fundamentales frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona. Las nuevas leyes antiterroristas contemplan la práctica de la detención preventiva. Tanto en Europa como en Norteamérica, miles de personas han sido arrestadas tan sólo por sospechas, permaneciendo detenidas durante largos periodos (incluso años) sin formularse cargos contra ellas.

Prácticas de detención ilegal y deportación clandestina de sospechosos de terrorismo (vuelos de la CIA en Europa, con la complicidad de numerosos Estados europeos).

La existencia de miles de seres humanos retenidos de manera indefinida, con cargos no fundamentados en pruebas, práctica que se repite en toda Europa, incluida España. Existen influyentes sectores del aparato judicial partidarios de aplicar un sistema de garantías distinto para los detenidos por terrorismo islámico, y un sistema de valoración de la prueba menos riguroso.

Aceptación de técnicas violentas de interrogatorio, de la alimentación forzada y de actos de tortura contra los presos. El marzo del 2006, la Islamic Human Rights Commission realizó una declaración titulada ‘Islamofobia en las prisiones’, sobre la situación en Reino Unido.

Recientes estudios demuestran la violación reiterada por parte de los cuerpos de seguridad de los derechos de las minorías étnicas y especialmente de los musulmanes en Europa. Esta discriminación hace que estos colectivos estén expuestos a sufrir malos tratos a manos de los agentes de seguridad del Estado.

Malos tratos por parte de la policía española

Un estudio de referencia es el informe de Amnistía Internacional Spain: Crisis of identity. Race related torture and ill treatment by State agents, del año 2002, en el que se documentan los siguientes motivos de preocupación:

Un número considerable de personas, incluidos varios extranjeros, han fallecido durante el periodo de custodia. Sus muertes no siempre han sido investigadas con la debida minuciosidad, rapidez e imparcialidad.

Las mujeres inmigrantes indocumentadas están especialmente expuestas a sufrir tortura en forma de violación o agresión sexual durante los periodos de custodia.

Los casos de malos tratos y el uso inapropiado de los métodos de inmovilización durante el proceso de expulsión de España. Los inmigrantes sujetos al proceso de expulsión no son tratados con la dignidad ni la transparencia requeridas.

Se ha expulsado del territorio español a menores de edad no acompañados de adultos sin la debida protección legal ni la atención necesaria. Muchos de ellos han sido maltratados durante el proceso de expulsión, ya fuera mientras estaban detenidos o durante su traslado, y también en la frontera con Marruecos a manos de la policía marroquí.

La impunidad es quizás uno de los retos más grandes que se plantean para resolver este problema: las víctimas de malos tratos que denuncian se enfrentan a su vez a las denuncias presentadas por la policía, y muchas víctimas no pueden siquiera considerar la posibilidad de presentar una denuncia bien sea por miedo, por la falta de asistencia legal adecuada, o por la apatía y parcialidad de las autoridades judiciales.

Policías con antecedentes penales o con procedimientos disciplinarios pendientes no sólo han podido continuar en sus puestos, sino que además han gozado del apoyo rotundo de las autoridades políticas.

Policías que han intentado tomar medidas para garantizar la protección de los derechos humanos han sido castigados. Por ejemplo, se tomaron medidas disciplinarias contra tres sargentos de policía que habían denunciado irregularidades en la detención y expulsión de niños marroquíes de Ceuta.

Muchos de estos hechos han sido apoyados por las declaraciones racistas hechas por personajes públicos, políticos incluidos.

Detenciones policiales con fines electoralistas

En abril del 2004, el teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid, Pedro Martínez, acusó al delegado del Gobierno, en connivencia con el jefe superior de Policía de Madrid, de haber efectuado «operaciones policiales propagandísticas». Martínez explica:

En los últimos tiempos, y como las cifras de la delincuencia no bajaban, y las de policías disminuía, la Delegación del Gobierno se lanzó a una campaña de propaganda para aparentar una gran eficacia y derivar la responsabilidad del fracaso a otros, a los jueces y al sistema de garantías. Diseñaron operaciones espectaculares. Se trataba de montar un gran aparato, muy llamativo y con muchas detenciones y muchos policías, de cara a la prensa, a la que se invitaba. La operación más llamativa fue la que se llevó a cabo contra inmigrantes extranjeros la víspera de las elecciones a la Comunidad de Madrid. La policía detuvo a más de 120 inmigrantes, pero sólo uno quedó a disposición judicial.

Fabricación de la «amenaza yihadista»

Nos situamos ante la proliferación de informes, libros, artículos, revistas… sobre temas relacionados: la guerra contra el terrorismo, el islam radical, la amenaza yihadista. Proliferan los autoproclamados expertos, con un acceso ilimitado a los medios de comunicación. En España destacan las figuras de Fernando Reinares, Antonio Elorza o Javier Jordán, cuya misión es la de dar validez académica a la doctrina de las detenciones preventivas. Sus informes sobre «el yihadismo en España» no están sustentados en estudios de campo, sino en otros informes extranjeros similares, tampoco basados en estudios de campo. Nos encontramos con una pseudoliteratura que se alimenta a sí misma, creando una realidad artificial paralela sin ninguna referencia a la realidad social, que es utilizada como base de las políticas de seguridad.

Dentro de este apartado hay que situar las numerosas operaciones policiales realizadas por las unidades antiterroristas, como la operación del 19-E de 2008 en el Raval barcelonés, en vísperas de las elecciones generales. En líneas generales, puede decirse que estas redadas tienen finalidad propagandística (si no, ¿por qué la policía antiterrorista es acompañada en dichas operaciones por los medios de comunicación?). Se trata de la puesta en escena de una ideología. Uno de los métodos más eficaces en la propagación de la islamofobia es implicar a las estructuras religiosas en sus actuaciones: una detención de un imam o una redada en una mezquita ofrecen la imagen precisa que se quiere transmitir.

A pesar del gran número de detenciones realizadas, no se han requisado ni explosivos ni una sola arma o un simple detonador, ni el más mínimo indicio que vincule a los detenidos con el terrorismo. No existe ni una sola condena en firme por «terrorismo yihadista» en España (juicio 11-M aparte), y sin embargo las noticias al respecto son repetidas hasta la saciedad y se ofrecen imágenes inquietantes. En estas circunstancias, se sospecha que las operaciones mencionadas son meros montajes, ideados por los cuerpos de seguridad del Estado con los siguientes objetivos, todos ellos enlazados:

Generar terror: estamos bajo amenaza, los islamistas están entre nosotros.

Desmontar las acusaciones de tibieza en la lucha contra el «islam radical», provenientes de la derecha nacional-católica.

Justificar el incumplimiento de los derechos religiosos de los musulmanes. De la visión centrada en los derechos ciudadanos pasamos a centrarnos en la seguridad (el movimiento altermundista está en el punto de mira).

Generar identidad basada en la demonización de los musulmanes (especialmente de los inmigrantes) como el «otro peligroso» frente al cual «nuestra identidad» debe afirmarse.

Justificar la presencia de las tropas españolas en Afganistán y en un sentido más amplio la participación de España en el Nuevo Orden Mundial.

Este último punto nos remite a la geopolítica internacional, sin duda uno de los factores decisivos a la hora de comprender el papel de la islamofobia como ideología del imperio. Nos referimos a la inestabilidad y a la violencia como motores de la política internacional, en aumento desde los atentados del 11-S y el inicio de la llamada «guerra contra el terrorismo». La demonización colectiva de los musulmanes es parte fundamental de la geopolítica energética de Occidente, y se sitúa entre los mecanismos económicos y políticos que caracterizan el Nuevo Orden Mundial. Está en relación directa con la distribución geográfica de las reservas mundiales de gas y de petróleo. Asistimos a estrategias políticas tendentes a deshumanizar al enemigo, y de este modo justificar violaciones de los derechos humanos. El enemigo es caracterizado como el Mal, de modo que combatirlo parece justificado, incluyendo las muertes de cientos de miles de civiles. Se trata, en definitiva, de crear consentimiento y justificar la deriva de los sistemas democráticos hacia regímenes centrados en la seguridad interior y el expansionismo militar, al servicio de grandes corporaciones financieras.

Conclusiones

La islamofobia constituye un fenómeno en alza, especialmente preocupante en Europa, EEUU, Canadá y Australia, y con una fuerte presencia en España. Nos enfrentamos a la creación de una cultura de la guerra, en la cual «los musulmanes» aparecen como contrarios a los «valores de Occidente». Se niega la individualidad de cerca de 1.400 millones de personas y se las considera un enemigo ante el cual hay que defenderse. Este clima de sospecha generalizada conduce a todo tipo de discriminaciones, como son el rechazo social, las dificultades para conseguir vivienda o la discriminación laboral. En el terreno de la libertad religiosa, los musulmanes encuentran cada vez mayores dificultades para abrir lugares de culto y realizar otras prácticas inherentes a su religión. El contexto de crispación existente conduce a un aumento de las agresiones contra personas y organizaciones musulmanas.

En un primer momento podemos considerar la islamofobia como una patología social, similar a otras formas de demonización de un colectivo (judeofobia, xenofobia…). Sin embargo, un análisis más detenido nos muestra la dimensión ideológica de la islamofobia, como parte de una ideología más amplia. Se trata de un constructo cultural realizado desde determinados centros de poder (de ahí el papel de los think tanks) con una intencionalidad política precisa. Nos situamos en el plano de la construcción de un enemigo, vinculada a un proyecto político neocolonial que se manifiesta tanto en políticas exteriores militaristas como en la colonización interna de los inmigrantes musulmanes, considerados como mano de obra dispuesta para ser explotada. El discurso del odio se basa en la negación de la individualidad del «otro», reducido a ser parte de una masa anónima e inhumana: «los musulmanes», «los judíos», «los hindúes», «los cristianos». Las víctimas del odio antirreligioso no son consideradas como seres humanos por sus verdugos, sino como partes de una masa identificada con una religión, que es caricaturizada y presentada como contraria a los valores étnicos o religiosos que el «propio» grupo encarna.

Frente a esta estrategia deshumanizadora, los derechos humanos y los conceptos de ciudadanía y derechos civiles nos ofrecen el marco (a la vez ético y jurídico) que permite superar las amalgamas entre etnia, cultura, religión y nacionalidad. El derecho de los pueblos a preservar su identidad no puede justificar la vulneración de la libertad de religión y de conciencia. Una identidad que se basa en la destrucción del otro no es tal cosa, sino una enfermedad social que debe combatirse. Es necesario insistir en el respeto a las minorías, como un elemento clave de la convivencia, en un contexto mundial de creciente multiculturalismo y pluralismo religioso. El desarrollo de la libertad religiosa, conceder plenos derechos civiles a los inmigrantes musulmanes y el combate contra la islamofobia son los antídotos contra el odio. Pero éstos no serán eficaces sin una recuperación de los valores democráticos, de justicia social y distributiva, frente a la cultura de la depredación y de la guerra que domina la política contemporánea. El fin del colonialismo interior hacia las minorías musulmanas y el fin del expansionismo militar occidental son indisociables.

El Derecho contra la Justicia

Benet Salellas Vilar

En otro capítulo de este libro, el profesor Iñaki Rivera ha repasado en términos del pensamiento jurídico los peligros existentes en la creación de un derecho de emergencia y de excepción como respuesta a determinados fenómenos, en este caso el del terrorismo internacional. Comparto íntegramente sus consideraciones. De lo que tratan las líneas siguientes es, sin embargo, de repasar de forma muy sintética la aplicación práctica del derecho, a menudo derecho de excepción, que realiza la Administración de Justicia española para la persecución y castigo de este tipo de delitos a partir de la experiencia directa en una serie de casos que tienen en común tanto las acusaciones por terrorismo internacional o «islamista» como un mismo modus operandi judicial. Con ello intentaremos aproximarnos a algunas de las principales cuestiones que plantea el Sumario 26/2008 relativo a las detenciones del 19 de enero en el Raval.

La Audiencia Nacional, ¿tribunal especial o tribunal especializado?

Los delitos por terrorismo son investigados y enjuiciados en un tribunal específico dentro de la estructura judicial española, la Audiencia Nacional, cuya característica principal es ejercer su competencia en todo el territorio estatal para determinados delitos, a diferencia de la planta provincial que rige para el resto de tribunales. Por lo tanto, omite un principio básico del proceso penal como es el de juez natural vinculado al lugar donde se ha cometido el delito. Fue creada por Real Decreto Ley 1/1977 de 4 de enero, el mismo día en que se acordaba[1] la desaparición del Tribunal y Juzgados de Orden Público, motivo por el cual se ha vinculado históricamente a ambos organismos.

Desde una perspectiva jurídica formal no puede hablarse de tribunal especial ya que sus componentes son jueces de carrera y se trata de una institución prevista en la Ley, por lo que se nos dice que estamos más bien ante una jurisdicción especializada[2]. No obstante, no se explica por qué es necesario que esa jurisdicción especializada se encuentre centralizada en Madrid en un único tribunal; también los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son órganos especializados y en cambio se encuentran repartidos por todo el territorio. «Especialidad» no va necesariamente a la par con «centralidad».

Lo cierto es que en la práctica constatamos que el funcionamiento actual de la Audiencia Nacional tiene como mínimo tres consecuencias que facilitan la labor de la política criminal del Gobierno, y dificulta la tarea de las defensas, en un tema tan delicado como el terrorismo: 1) aleja el tribunal del lugar de los hechos se consigue aislarlo completamente y, por lo tanto, evita que pueda analizar el contexto del que provienen los detenidos así como el apoyo social del que puedan disponer los mismos; 2) crea un importante foco mediático que provoca un juicio paralelo al proceso oficial alimentado únicamente por la información suministrada desde la propia Fiscalía, y 3) unifica los criterios de actuación tanto de la Fiscalía como de la Judicatura, lo cual dificulta que nadie se salga del guión.

La apuesta por la intervención preventiva

El derecho penal moderno se ha construido sobre la base, entre otros, del principio de responsabilidad por el hecho, señalándose con ello que en sociedades democráticas no se juzgarán ideas ni creencias ni maneras de ser ni patrones psicológicos conflictivos ni malos pensamientos, aunque los mismos puedan contener incluso la realización de una actividad delictiva. Los pensamientos en derecho penal no delinquen, solo se juzgan las acciones.

Efectivamente el 11-M, al igual que el 11-S, fue una acción con un trágico resultado. Sin ningún lugar a dudas también la preparación de estas acciones concretas (recabar los explosivos, planificar su colocación…) es objeto del sistema penal. La Fiscalía española, no obstante, es partidaria de anticipar todavía más la intervención punitiva: «Hemos adelantado las principales barreras de protección. Actuamos sobre las fases delictivas previas: financiación, reclutamiento, proselitismo, organización, preparación y entrenamiento de las células», señalaba el fiscal general del Estado hace unos años[3]. Y aquí es donde el derecho penal se ha adentrado en un terreno especialmente resbaladizo desde una doble perspectiva: en primer lugar porque se permite la criminalización de células durmientes, esto es, grupos que no han preparado ni realizado ninguna acción violenta, pero de los que se sospecha —por parte de la investigación— que podrían estar dispuestos a ello; y en segundo lugar, porque esta incriminación, más cuando se habla de proselitismo, se sustenta normalmente en apreciaciones subjetivas basadas en la religiosidad de los sujetos investigados y en sus relaciones personales o profesionales con personas que se encuentran en terceros países.

La consecuencia de la política criminal de la fiscalía española es, por lo tanto, que la anticipación de la intervención policial, especialmente cuando se centra en el proselitismo y la preparación ideológica de las supuestas células, pone bajo sospecha a todos aquellos musulmanes que desarrollen un discurso radical a los ojos de la policía española o que expresen una cierta solidaridad o empatía con el llamado terrorismo internacional fuera de las fronteras españolas. Una consecuencia que debería encender todo tipo de alarmas. Quizá por eso, recientemente el Tribunal Supremo español tuvo que recordar en la sentencia de la Operación Nova[4], que absolvió a quince personas condenadas por la Audiencia Nacional por constituir una célula durmiente, que los desvaríos religiosos de cualquier índole no podían constituir un delito y que para castigar por terrorismo había que estar convencidos que el grupo en cuestión había decidido pasar a la acción.

Efectivamente el Tribunal Supremo español, en las sentencias dictadas en casación revisando las condenas por terrorismo internacional de la Audiencia Nacional, a menudo ha venido realizando una labor de contención de esta onda expansiva de los tipos de terrorismo y de los estándares de prueba necesarios para condenar. Así, el Tribunal Supremo ha sido contundente rechazando de plano el valor de las pruebas obtenidas en Guantánamo[5] o exigiendo para condenar a alguien como miembro de una célula terrorista más prueba que una huella en un Corán encontrado en el piso de Leganés vinculado con los autores del 11-M[6]. Sin embargo ese mismo Tribunal ha mantenido condenas muy polémicas y discutibles en estos mismos términos como la de la Operación Dátil[7], la Operación Lago[8] o el caso Brahim[9], en el que un ciudadano argelino fue condenado a ocho años de prisión por desarrollar un proyecto de divulgación por Internet de la ideología radical islámica que incluía las fatuas que legitiman y justifican la actuación de Al Qaeda.

Aunque durante los días posteriores a las detenciones de enero del 2008 en el Raval se escribió mucho sobre la inminencia del atentado terrorista que supuestamente preparaban los detenidos, señalándose entonces que la actuación policial habría abortado una acción delictiva que ya estaba en curso en una suerte de catarsis salvadora, después de las primeras investigaciones y ante la ausencia del material explosivo para desarrollar este tipo de actos, debe comprenderse también este proceso como un supuesto de intervención preventiva contra una célula durmiente, esto es, pretendidamente preparada pero que no había pasado a la acción. Ciertamente en el oficio de la Guardia Civil remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 en fecha 18 de enero del 2008 (folio 1 del sumario) se informa:

Que a través de una fuente sensible y fiable de este Servicio, se ha tenido conocimiento, en el día de la fecha, de la inminencia de un atentado terrorista en el territorio de España. Dicho atentado sería llevado a cabo por varios súbditos de origen pakistaní, los cuales se encontrarían actualmente ubicados en la provincia de Barcelona. La citada fuente habría manifestado que estos individuos se encontrarían en posesión de explosivos para cometer la acción terrorista.

Sin embargo, la inminencia de la acción terrorista fue radicalmente rechazada al no aparecer los explosivos, y por lo tanto la tesis de la investigación devino materialmente imposible. Entonces, y a pesar de que la ausencia de una cuestión de este calado debería haber provocado un cuestionamiento de la fiabilidad de esa «fuente sensible», la Fiscalía y el juzgado reformularon la imputación y situaron al grupo de detenidos en el marco de la intervención anticipada, esto es, en un grupo que aunque no preparaba ninguna acción concreta estaba en proceso de prepararse para realizar acciones terroristas, según el auto de procesamiento dictado el 3 de junio del 2008 por el magistrado Ismael Moreno, con el que concluye la fase de investigación:

[los detenidos] constituían un grupo organizado con una clara y especializada división de funciones, cohesionados ideológicamente por su adhesión a una postura extremista del Islam, ejerciéndose la dirección por los miembros con más amplios conocimientos religiosos y de marcada influencia sobre el resto, partiendo de la base ideológica del Movimiento Tabligh e Jamaa, versión rigurosa del Islam, aprovechando una estructura que había derivado hacia una forma más radical que justifica el uso indiscriminado de la violencia como herramienta lícita para lograr sus metas político-religiosas. Con este fin el grupo habría alcanzado capacidad operativa a nivel humano y se encontraría muy próximo a conseguir plena capacidad técnica a nivel de artefactos explosivos, con objeto de utilizar dichos artefactos explosivos para la comisión de atentados terroristas de carácter yihadista.

La falta de esa plena capacidad técnica —léase, la ausencia de explosivos— resitúa la imputación y, al ubicarla en una intervención anticipada, el juzgado pone énfasis en la cuestión religiosa. Como consecuencia de ello el proceso deja de ser un análisis de lo que ha pasado, para convertirse en un juego de hipótesis de lo que podría pasar en el futuro, infiriendo la mayor parte de ello del ejercicio de la actividad religiosa.

La investigación policial

Uno de los métodos clásicos de investigación de estos delitos son las intervenciones telefónicas (y hoy también de las direcciones electrónicas, aunque con más dificultad porqué los principales servidores se encuentran en EEUU y, por lo tanto, las autoridades judiciales de ese país también deben aprobar la intervención). La Constitución Española, a diferencia de otros países, exige una autorización judicial motivada y un control por parte del juez instructor de dicha intervención mediante las distintas prórrogas mensuales que va concediendo. Precisamente la insuficiencia del control judicial ha motivado a menudo la anulación del contenido de las intervenciones en la fase de juicio oral[10].

A esto hay que añadir todo tipo de dificultades e irregularidades: llamadas que no quedan bien grabadas y que son «interpretadas», llamadas en lenguas y dialectos de los que no se dispone de traductores suficientemente preparados, teléfonos intervenidos durante años… Sin embargo quizá lo más destacado de este método es la convicción policial de que muchos de los investigados utilizan «códigos» de tal manera que por ejemplo cuando hablan de «coger un taxi para ir a Francia» quieren decir «ir a Iraq a inmolarse»; o que cuando se dice «casarse» significa «inmolarse en un atentado»… Estas líneas de investigación han abierto muchos frentes judiciales y han servido como base de muchas resoluciones de prisión provisional[11]. Por el momento no existe sentencia judicial alguna que confirme la utilización de estos códigos.

Otra vía de investigación utilizada frecuentemente son los confidentes, que aparecen bajo la cobertura de testigos protegidos. Se trata de una figura especialmente controvertida que acostumbra a funcionar como fuente de prueba para introducir datos en la fase de investigación pero que naufraga normalmente en el juicio oral, desdiciéndose de todo lo dicho en la fase de instrucción y alegando haber colaborado en la investigación por coacción y amenaza de los cuerpos policiales. Así, por ejemplo, en la «Operació Queixalada» (Operación Mordisco)[12] se utilizaron dos testigos protegidos en la fase instructora, cuya información sirvió de base para determinar los domicilios a inspeccionar y las personas a detener, y ninguno de los dos compareció como testigo en el juicio oral. Las incomparecencias o las retractaciones pueden imposibilitar la valoración de las declaraciones de los testigos protegidos que normalmente no son asumidas por los tribunales como pruebas válidas de cargo; sin embargo, ello no obsta a que los Tribunales sí valoren lo que ha sido aportado al proceso a raíz de dichas declaraciones. De este modo, se produce una cierta paradoja procesal en el momento en el que se acepta la aportación indirecta en el plenario de los datos proporcionados por los testigos protegidos, por ejemplo mediante el testimonio de los funcionarios policiales que han desarrollado la investigación, y al mismo tiempo se rechaza su valoración directa como prueba.

Fruto de las dos vías anteriores aparece una tercera, la de los seguimientos y las vigilancias, la cual resulta especialmente fructífera para la identificación y comprobación de los componentes de cada una de las pretendidas células. Sin embargo, este método parte de premisas que pueden ser erróneas como son que efectivamente existen esas células, que se reúnen a menudo y que normalmente uno de sus componentes, que ejerce de líder (o emir, según la policía), tiene relación con otras personas investigadas en otras operaciones. De este modo, un grupo de personas musulmanas, sin estar perfectamente delimitado, que se reúne a menudo en una cafetería, en la puerta de una mezquita o en la casa de alguien, por el mero hecho de reunirse es sospechoso de conformar una célula terrorista y por lo tanto es susceptible de ser objeto de vigilancias y seguimientos. Todo un despropósito si atendemos a la sociabilidad y a la hospitalidad inherente al propio hecho musulmán, que nada tiene que ver con grupos y redes terroristas. No obstante, éste se ha convertido en uno de los pretextos empleados más a menudo para incluir sujetos investigados en el proceso.

Por tanto, sobre la base de las relaciones entre musulmanes que se conocen del barrio, de la mezquita, del café y de las relaciones de los mismos con otros conocidos, amigos o parientes que se encuentran en otros países, junto con las informaciones recibidas por los servicios amigos (según se refieren las propias unidades de información a los servicios policiales o de inteligencia de otros países tales como la CIA, el Mossad…), se construye un complicadísimo entramado de investigación a modo de rompecabezas gigantesco en el que son las meras relaciones con personas investigadas en otros países las que pueden servir de fundamento para la imputación policial. Así mediante las intervenciones telefónicas, los confidentes y las vigilancias se constatan e incriminan enormes mosaicos de relaciones sociales, lo cual explica el alto número de detenidos en este tipo de operaciones, habitualmente de forma simultánea en distintos puntos del territorio. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones la investigación no consigue llegar más allá de certificar ese entramado social, que si no se halla al servicio de ninguna organización terrorista es algo evidentemente irrelevante a efectos penales.

En el caso del Raval de enero del 2008, la investigación policial ha pivotado en la figura del testigo protegido F1, que es el punto de partida de la investigación, aunque ostenta una condición un tanto extraña en este proceso; y para poder valorar sus declaraciones habría que valorar primero quién es y por qué aparece en Barcelona el Sr. F1. En síntesis, este testigo ha mantenido en sus declaraciones que él formaba parte de una organización terrorista internacional, a la que pertenecerían también todos los detenidos, y que se habría desplazado desde París, donde se encontrarían otros miembros de dicha organización, a Barcelona para realizar acciones terroristas suicidas para las cuales se habría estado entrenando previamente en Afganistán y Pakistán. No obstante, a los dos días de estar en Barcelona esta persona habría tenido dudas sobre si participar en las supuestas acciones y habría acudido a relatar los hechos a la policía, volviendo luego con los investigados hasta el momento de la detención. Esta historia en sí misma no parece reunir los mínimos parámetros de credibilidad, y la actuación del Juzgado nos da parcialmente la razón. Efectivamente si este testigo confesó haber formado parte durante años de una organización terrorista y haber estado entrenándose en Afganistán, aunque puede valorarse su colaboración con la justicia bajo la figura del arrepentido (art. 579-3 CP), si se le otorga credibilidad, debería ser también procesado en este sumario y ser depuradas sus responsabilidades en juicio oral como los del resto de los detenidos. Sin embargo, al Sr. F1, a pesar de ser el único terrorista confeso, no se le ha tomado declaración como imputado en ningún momento, por lo que debemos concluir que el Juzgado nunca creyó que había sido realmente un muhaydín yihadista.

No sólo esto. Nada de lo que ha expresado este testigo y que podría haberse objetivado ha sido corroborado en la investigación. Ni su pretendido arrepentimiento y confesión policial encajan con los datos del sumario que señalan la existencia de una investigación anterior a los días referidos (y por lo tanto una colaboración previa con el CNI omitida en la declaración), ni las referencias a Francia y a Italia en sus manifestaciones concuerdan tampoco con el resultado de las informaciones recibidas por el Juzgado de INTERPOL y las comisiones rogatorias internacionales, ni, por supuesto, aparecen los explosivos del atentado que el testigo anunciaba. Si no son ciertas, como nosotros mantenemos, sus declaraciones, entonces ¿quién es el testigo F1 y por qué actúa del modo en que hasta hoy ha actuado?

Se trata de la pieza clave del proceso. Sin él, parece que las detenciones no se habrían producido. Sin él, no habría una narración fáctica con la que sustentar la acusación. No obstante, a nuestro entender no ofrece ninguna credibilidad. Entonces, ¿por qué tanto interés en este testigo protegido?

En el caso del 19 de enero hay que atender a otro aspecto esencial: las reuniones y los rezos, la falta de comprensión del fenómeno Tablik. Aunque el Código Penal de 1995 introdujo la figura del terrorismo individual, en el Estado español los delitos de terrorismo tradicionalmente han exigido siempre la concurrencia de una pluralidad de personas en una estructura permanente y jerarquizada a la que llamamos organización. En el Sumario 26/2008 al no existir ninguna conexión entre los investigados y organizaciones ya declaradas terroristas a nivel internacional, se ha buscado el elemento estructural del delito de terrorismo sosteniendo que los investigados pertenecían a una suerte de desviación del movimiento Tablik, cuestión ésta únicamente introducida por el testigo F1 porque nada hasta el momento de las detenciones había apuntado en esa dirección ni aparece declaración alguna de vecino o usuario de la mezquita en la que se diga que los investigados habían radicalizado el discurso propio del movimiento Tablik.

Sí tenemos claro, sin embargo, que sin el vínculo Tablik no habría existido el encuentro de ocho de los investigados para pasar la noche en la mezquita de la Calle Maçanet de Barcelona y que sin ese encuentro, junto con los anteriores que fueron advertidos por los seguimientos policiales, no existiría para la acusación el componente organizativo necesario para sustentar las palabras del testigo F1. Todo ello, una vez más, ilustra el efecto de la islamoignorancia existente en nuestra sociedad y la falta de comprensión de un fenómeno como el Tablik, lo cual permite que sean fácilmente criminalizables sus actividades. Cosa que no ocurriría, salvando las distancias, con los movimientos equivalentes en el cristianismo como los Testigos de Jehová. Finalmente también hay que considerar que tres de los procesados no fueron detenidos en la calle Mañanet donde se desarrollaba la reunión y han negado incluso ser partidarios del Tablik, lo cual hace tambalear nuevamente la tesis de la acusación.

La detención incomunicada

El proceso de investigación policial culmina, en su caso, con la elaboración de un atestado remitido al Juzgado Central de Instrucción correspondiente para que autorice la entrada y registro en uno o más domicilios y para proceder simultáneamente a la detención de las personas investigadas. Estas detenciones, al ejecutarse en materia de terrorismo, se realizan comúnmente en la fórmula incomunicada del artículo 520 bis y 527 LECrim que alarga hasta cinco días el plazo máximo de detención, impide la comunicación de la detención, la libre designación de abogado y elimina la entrevista entre abogado y detenido antes de pasar ante el Juez. Se trata de una suspensión de derechos profundamente criticada[13] y de la que la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional ha discutido en algunos momentos[14] su eficacia social, a la vista del alto valor simbólico y dialéctico que proporciona a los detractores de la legislación antiterrorista. Hay que decir, sin embargo, que dado el bombo y platillo mediático con el que normalmente se producen este tipo de detenciones, estos cinco días tienen una clara eficacia en términos de juicio mediático paralelo, dado que durante este largo período toda la información generada proviene únicamente del Ministerio del Interior sin que sea posible contrastarla con la opinión de los propios interesados, los cuales están precisamente incomunicados.

Estos cinco días de detención policial incomunicada, que podrán ser prorrogados ya como prisión incomunicada hasta ocho días más (art. 509.2 LECrim), son destinados a la elaboración de otro atestado que contiene normalmente una primera imputación de hechos a partir del resultado de los hallazgos encontrados en el domicilio del detenido, cuyo registro acaba de producirse, y una declaración policial de dicho individuo. Sobre este último aspecto debo hacer hincapié en la experiencia a menudo compartida entre abogados al respecto: estamos acostumbrados a ver que por norma muy general los detenidos, y especialmente aquellos que conocen un poco el funcionamiento del proceso, nunca declaran en instancias policiales, lo cual tiene sentido porque al tener que declarar ante el Juez con independencia de haberlo hecho ante la policía, es mucho más eficaz a efectos de defensa reservarse para una única declaración en dependencias judiciales. Sin embargo, en el caso de los detenidos por delitos de terrorismo, de los que cabría esperar, si es que efectivamente están organizados, una cierta conciencia de esta cuestión procesal, nos encontramos en que casi la totalidad de los mismos realizan extensísimas declaraciones policiales, lo cual resulta como mínimo sorprendente.

Las abundantes denuncias por torturas referidas al periodo de detención incomunicada, han sido ampliamente documentadas[15], y dan cuenta del trato recibido por los detenidos durante ese tiempo. Señalaré únicamente al respecto que el Estado español fue condenado el año 2004 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por infracción del mandato de prohibición de la tortura precisamente por no haber investigado las lesiones que presentaba un grupo de detenidos por terrorismo después de los cinco días de incomunicación[16]. Desafortunadamente los imputados por vinculación al terrorismo internacional no han sido ninguna excepción. Aunque ha habido operaciones en las que ninguno de los detenidos ha alegado haber sido torturado, en otras, como en el reciente juicio por la Operación Tigris, en marzo del 2009, todos los acusados alegaron ante el tribunal que sus declaraciones policiales se realizaron bajo malos tratos o tortura.

En el sistema probatorio español el atestado policial tiene mero valor de denuncia y, por lo tanto, la declaración de un agente no debería tener ningún valor probatorio si aquél no ha sido reiterado ante el juez. Pero lo cierto es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional acostumbra a citar en el juicio a los funcionarios policiales que realizaron los interrogatorios, con el fin de introducir indirectamente en la sentencia las manifestaciones en comisaría de los detenidos cuando son autoincriminatorias. Posibilidad ésta que ha sido aceptada cada vez con menos cautelas por el Tribunal Supremo[17].

La investigación judicial

Con la puesta a disposición judicial de los detenidos se abre la fase de instrucción judicial que deberá concluir bien con una acusación formal y remisión a juicio de los detenidos bien con una resolución de archivo a la que llamamos sobreseimiento. Por norma general, en los procesos por terrorismo, cuando se producen las detenciones, está acordado el secreto de sumario, lo cual significa que sólo el juez y la Fiscalía pueden conocer el resultado de las investigaciones e intervenir en las declaraciones. Eso ocurre en un momento crucial del proceso, ya que en él acostumbran a desarrollarse diligencias fundamentales como las declaraciones de los testigos protegidos y muchas otras que en ocasiones no podrán repetirse más adelante, al menos en los mismos términos.

El secreto de sumario se adopta para treinta días y puede prorrogarse indefinidamente, sin límite, con la evidente situación de indefensión que se provoca a los imputados que, encontrándose en situación de prisión provisional, no disponen de la posibilidad de combatir los argumentos con los que se ha acordado la misma porque incluso la propia ley permite omitirlos de la resolución que se le notifica (art. 506.2 LECrim). En el ámbito del terrorismo internacional, quizá uno de los casos más paradigmáticos al respecto ha sido la Operación Tigris que mantuvo a 17 personas durante prácticamente dos años en situación de prisión provisional y secreto de sumario. Lo cierto es que después de decenas de recursos de apelación con los que no se realiza control real alguno por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, cuando se levanta el secreto de sumario los abogados, atónitos, no llegamos a comprender cuál es el motivo justificaba en términos de protección de la investigación esa prolongación tan exagerada del secreto y, en definitiva, la instrucción a espaldas de las defensas de la mayor parte del procedimiento. Así y siguiendo con el ejemplo, en el sumario de la Operación Tigris, de sus 29 tomos, 26 se tramitaron en secreto, lo cual consistía nada menos que en 11.421 folios[18].

Quizás más que guardar bajo secreto los elementos fundamentales de la investigación la finalidad del secreto no es otra que apartar a las partes del conocimiento de la ausencia de fundamento de ésta.

Una de las principales metas de la instrucción judicial consiste en la comprobación y el análisis de los hallazgos realizados en las entradas y registros de los domicilios investigados. En primer lugar, hay que verificar la existencia de armas y explosivos y, si no aparecen, hay que comprobar la existencia de sustancias y componentes que pudieran servir para preparar artefactos explosivos, elaborando los preceptivos informes. Sin embargo, en esta cuestión debería distinguirse con más precisión lo que son explosivos preparados o en preparación de lo que es la mera tenencia de materiales que previamente tratados o en cantidades distintas a las halladas puedan servir para fabricarlos. A título de ejemplo, señalaba la sentencia de la Operación Lago[19]: «el alcohol puro es altamente inflamable pero la presencia de vino en una casa no conlleva posesión de materias inflamables», y esta razonabilidad en las conclusiones no siempre aparece en los informes.

En lo que se refiere al proceso de los detenidos en el Raval, el hallazgo más polémico consiste en una bolsa con polvo blanco, que resultó ser nitrocelulosa y perclorato potásico, que se encontró en el altillo del local de la calle Maçanet junto a unas pilas y temporizadores. Este contenido, debidamente analizado por el Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa de la Guardia Civil, se informa que «es apto para la construcción de un artefacto explosivo si bien sin la suficiente potencia destructiva para la comisión de un atentado con garantías de causar estragos, pudiendo ser válido para la enseñanza en la manipulación de artefactos explosivos caseros»[20]. Por más que éste no podía ser el explosivo del atentado, lo dice la propia Guardia Civil, ¿por qué estaba allí esta bolsa?, ¿de quién era? Los detenidos presentes en la calle Maçanet dicen que esa bolsa pertenecía al testigo protegido F1, lo cual aumenta la motivación espuria de dicho testigo. La Guardia Civil ha realizado exhaustivos análisis de esta bolsa y ha encontrado en la misma dos huellas dactilares que no se corresponden con las de ninguno de los detenidos (no han sido cotejadas, en cambio, con las del testigo protegido F1), tampoco hay rastros de ADN de los detenidos, ni tampoco se hallaron en los dedos de los investigados rastros ni de las sustancias de la bolsa ni de otros explosivos. La atribución, por lo tanto, del contenido de la bolsa encontrada en el altillo de la mezquita a los ocho allí detenidos no se basa en ninguna prueba de carácter objetivo, pero fundamenta la imputación a estos ocho del delito de tenencia de explosivos con finalidades terroristas del art. 573 CP.

Aparte de la búsqueda de los explosivos, en la investigación judicial, en segundo lugar, se analizan los documentos personales encontrados y las huellas que aparecen en el domicilio a efectos de corroborar ese mosaico de relaciones sociales que indicábamos antes y de establecer vinculaciones entre los moradores del piso y otros investigados en el Estado español o en terceros países. En tercer lugar, se realiza un profundo análisis de los papeles, libros, CD y vídeos que se hallan en la casa, a efectos de encontrar obras que hagan referencia a la yihad o a distintos conflictos internacionales como Chechenia, Palestina o Iraq. Sobre este último aspecto, las unidades policiales de Información elaboran un listado de «literatura prohibida» con criterios que desconocemos y que no nos parecen plenamente fundamentados, cuando por ejemplo se criminalizan cintas de casete cuyos autores han sido autorizados a realizar conferencias en el Estado español, como es el caso del egipcio Houssein Yakoub[21], o cuando el material videográfico incautado consiste en grabaciones de reportajes emitidos en las cadenas de televisión, incluso de cadenas españolas públicas de televisión[22]. No hay que dar muchas más explicaciones para ver que desde esta perspectiva se abre la puerta de entrada al proceso de todo tipo de prejuicios islamófobos, frente a los cuales ni los tribunales ni los propios abogados estamos a menudo suficientemente preparados para discutirlos y combatirlos.

Para valorar la finalidad pretendidamente terrorista de los detenidos del Raval se ha recurrido al contenido de algunos de los libros y CD encontrados en los registros, un auténtico despropósito, como si los ciudadanos tuvieran que responder penalmente por el contenido de los libros y CD que tienen en sus domicilios, porque se considere que comparten todas las opiniones vertidas en los mismos. Así, y concretamente en la resolución que confirma el procesamiento de los investigados[23], que transcribimos por su interés, se dice para motivar el procesamiento por pertenencia a organización terrorista:

… junto con el contenido objetivamente extremista-religioso de los documentos incautados, entre los que pueden reseñarse: un CD audio del Sheik Abdelhamid Kishk en el que se efectúa una exaltación de la Jihad contra EEUU y Judíos, exaltación de los llamados mártires como Sayid Qotb, Hassan AI-Banna, verificado en el domicilio de la calle Hospital; el casete Sony hf90 con inscripción «sermón sobre las dificultades de las naciones islámicas regidas por un modelo de gobierno como el de los primeros tiempos del profeta» (incautado en el domicilio de calle Riera de Barcelona), y los libros incautados en el domicilio de la calle de la Cera n.° 19, donde se encuentran dos ejemplares (indicio de su destino a la entrega para adoctrinamiento, y no para lectura, pues para la misma basta un solo ejemplar) del libro «Los méritos de los hechos. Volumen 1» de Sheik Alhandis Molvi Muhammad Zikriya, cuyo capítulo 7 está dedicado íntegramente a la exaltación de la Jihad y del martirio como mejor camino para alcanzar el paraíso, y el Libro «Preparar para la muerte antes de la muerte» de Mohamed Taqui Osmani y dos ejemplares del Corán comentado por Abu al Maududi intelectual pakistaní de pensamiento islamista extremista, creador del partido Jamaat et Islami, que defiende la idea de instaurar un estado musulmán a nivel mundial con la Sharia como ley, este último indicio, no se sustenta en la tenencia de dos ejemplares del Corán, que, per se no es indicativo de otra cosa más que de la religiosidad del propietario de la vivienda, sino en la particular edición comentada lo que permite recoger, como un elemento indiciario más, la presencia por duplicado de dicho texto comentado. Por último, en el local de la calle Maçanet se incautaron, asimismo, varios textos de carácter radical islamista, entre ellos un ejemplar de la «biografía de los discípulos del Profeta» en el que se hace un estudio de las enseñanzas del Profeta de modo tal que éstas vendrían a señalar cómo la Jihad es lo más importante que puede hacer un buen musulmán.

Estas líneas merecen algunos comentarios. Primero, no por tener un libro de Mao uno se convierte en miembro de una guerrilla maoísta, evidentemente. Segundo, hay que ser serio en el uso del concepto de yihad porque tiene múltiples acepciones en el mundo islámico y a menudo se refiere a una yihad interior, entendida como un esfuerzo personal para ser un buen musulmán. Tercero, todas las obras señaladas son de carácter totalmente general, en ninguna de ellas se analiza la situación política europea ni se exalta o se justifica el terrorismo en Europa hoy y mucho menos en Barcelona, con lo que sacar conclusiones tan duras como las del procesamiento en base estos hallazgos no tiene ningún tipo de fundamento.

Con todos estos elementos de la investigación judicial y aquellos de los que ya disponen en sus archivos, las unidades policiales de Información, a petición del Juzgado, elaboran informes de conclusiones sobre el resultado de la investigación judicial a modo de informe de inteligencia policial que servirá como base fundamental de la acusación. Estos informes se construyen a partir de dos pilares fundamentales que dificultan arduamente la labor de defensa. Por un lado, se hace referencia a todo tipo de datos sobre el terrorismo internacional y su conexión con los investigados (o con personas con las que han estado en contacto los investigados), que provienen de servicios secretos internacionales, los cuales a nosotros nos resultan imposibles de contrastar o verificar por falta de medios y de capacidad; y por el otro, se realizan complejísimas consideraciones sobre el islamismo y el terrorismo, respecto a las cuales cuando nosotros hemos intentado aportar pruebas periciales mediante expertos no policiales, esto es, profesores universitarios, éstas nunca nos son aceptadas.

La utilización indiscriminada de la prisión provisional

Aunque en nuestro sistema procesal la prisión provisional aparece como medida cautelar del proceso presidida por su carácter excepcional y pudiendo ser acordada únicamente bajo criterios y motivos muy estrictos, en la práctica cada vez más se trata de una simple medida de seguridad predelictual al uso, una cárcel sin proceso[24]. Se priva a un ciudadano de su libertad mientras se averigua si merece ser condenado a privación de libertad. En los procesos por terrorismo la Audiencia Nacional recurre a un destacado automatismo en la adopción de la prisión provisional, siempre que concurran unos mínimos indicios. Dicha medida se basa en dos conceptos jurídicos indeterminados y por lo tanto difícilmente controlables por los tribunales superiores y los ciudadanos: el riesgo de reiteración delictiva y la gravedad de la pena a imponer.

La prisión provisional puede tener una duración de hasta cuatro años (art. 504.2 LECrim). Llegados los dos primeros años debe celebrarse una vista ante el juzgado para resolver sobre la necesidad de prórroga, la cual, en la práctica, se convierte en un mero trámite administrativo para dar cumplimiento a la ley, sin que exista posibilidad real de revisión. De nuevo, el automatismo.

Además, la situación de los presos preventivos por delitos de terrorismo que permanecen en los centros penitenciarios españoles se ve agravada por dos factores: el aislamiento derivado de la situación de primer grado en la que se encuentra la mayoría de ellos y la dispersión en prisiones alejadas de los domicilios respectivos, lo cual dificulta nuevamente la visita de los abogados y el ejercicio del derecho de defensa.

Los diez detenidos encarcelados del Sumario 26/2008 se encuentran en situación de prisión provisional desde su detención en enero del 2008, un undécimo procesado fue detenido en Holanda y extraditado al Estado español en verano pasado. Después de pasar algunas semanas en cárceles de la Comunidad de Madrid, todos ellos fueron dispersados a centros repartidos por el conjunto del territorio estatal: Puerto (Cádiz), Jaén, Córdoba, León, Dueñas (Palencia), Villabona (Asturias), Picassent (Valencia), Zuera (Zaragoza). Con las dificultades que esto supone para las familias y los abogados a la hora de visitarles. En el caso del Raval de enero del 2008 además hay que añadir la circunstancia de que todos los detenidos, con su trabajo, eran la principal fuente de entrada de dinero en los hogares, con lo cual, con su detención estas familias han pasado automáticamente a una situación económica muy delicada. Y conocedores de esto, la responsabilidad se convierte en angustia para los propios presos. Por ello, teniendo familia en Cataluña y trabajo que les sirve de sustento a todos, no debería existir ningún impedimento para que, con los controles y medidas pertinentes, estas personas pudieran esperar el juicio en situación de libertad provisional.

Conclusiones

Llegados a este punto, no hay duda de que en los procesos por terrorismo y concretamente en los de terrorismo internacional, existe una cierta desaparición de los parámetros propios del derecho penal moderno y garantista y un acercamiento al modelo de derecho penal del enemigo, el cual ha sido expresamente rechazado por el Tribunal Supremo español en casos de este tipo de terrorismo y concretamente en la sentencia del primer preso de Guantánamo juzgado en el Estado español[25]. Precisamente en esa sentencia se señalan como grandes rasgos del derecho penal del enemigo en el que no hay que sucumbir: 1) un derecho penal de autor que se centra, no en lo que el acusado haya hecho, sino en lo que pueda hacer en su condición de presunto terrorista; 2) un decaimiento generalizado de las garantías procesales; y 3) penas previstas para esa actitud —que no para los actos cometidos— graves y desproporcionadas. A pesar de la contundencia de las palabras del Tribunal Supremo, lo cierto es que hoy constatamos en estos procesos:

Una disminución de las garantías procesales. Parte de ellas son especialidades procesales previstas en la propia ley para la persecución de los delitos de terrorismo, como la competencia de la Audiencia Nacional y la detención incomunicada. La otra parte, como la injustificada prolongación del secreto de sumario y de la prisión provisional, tiene su causa en la práctica judicial enquistada en la Audiencia Nacional.

Ausencia de tutela judicial. Ni los Juzgados Centrales de Instrucción ni, mediante los correspondientes recursos de queja y apelación, la Sala Penal de la Audiencia Nacional desarrollan un control efectivo de la investigación judicial ni de los plazos en los que la misma debe desarrollarse, con el resultado de un marco jurídico del que se desprende que en la lucha antiterrorista todo —secreto, prisión provisional, macroprocesos…— está justificado.

Derecho penal de autor. Con la amplitud con la que el Código Penal español regula los delitos de pertenencia y colaboración con organización terrorista se permite la incriminación como terrorista de grupos políticos y religiosos que no disponen de armas ni explosivos únicamente en base a un juicio de peligrosidad de sus creencias. Además y, en pro de la supuesta necesidad de intervención anticipada, se reproducen cada vez con más frecuencia estructuras de imputación estrictamente de derecho penal de autor y no de derecho penal del hecho.

Estándar de prueba de baja calidad. Para fundamentar las sentencias condenatorias se acude mayoritariamente al material de la fase de instrucción, a menudo no ratificado en el juicio oral y de origen discutible, y a la prueba indiciaría; lo cual no siempre supera el filtro de la casación en el Tribunal Supremo.

La solución para evitar más casos como el del Raval pasa necesariamente por una modificación profunda de los parámetros de la lucha antiterrorista en su vertiente legal y judicial. También pasa por intentar la erradicación de la islamoignorancia que permite, por desconocimiento de la mayoría de la población y de los propios operadores jurídicos, que estos procesos se basen a menudo en meras conjeturas de raíz religiosa. Hay que trabajar en esas dos direcciones. Siempre, claro está, que lo que se quiera sea evitar más procesos y con ello frenar sus consecuencias indirectas, el aumento del racismo y, con él, de la situación de explotación de los trabajadores migrados al Estado español.

Kafka, Le Carré y Corachán en el Guantánamo del Raval

Albert Martínez y David Fernandez

—No conozco esa ley —dijo K.

—Pues peor para usted —dijo el vigilante.

—Sólo existe en sus cabezas —dijo K.

—Ya sentirá sus efectos.

Franz Kafka, El Proceso (1925)

«48 horas de terror continuado». Así abría Els Matins de TV3 de Josep Cuní una mañana de enero de 2008, a propósito de la detención de 14 vecinos del Raval. El 24 de enero, Jordi Corachán, desde El Periódico, había abierto la veda del alarmismo. A toda portada titulaba con un enorme y destacado 19-E, cuya pretensión obvia era ubicar Barcelona en la estela de los dramáticos atentados del 11-S en Nueva York, del 11-M en Madrid y del 7-J en Londres. Esa portada, revisitada hoy, marcará sin duda uno de los peores episodios en los anales de la indecencia periodística en Cataluña y el Estado español.

Ese ruido inmediato, con un impacto social más que evidente, fue el único punto álgido informativo de una noticia nunca demostrada y que, a día de hoy, se revela espuria e inconsistente. Al menos si juzgamos como prueba diáfana que los policías que investigaron —hoy destituidos—, los periodistas que informaron —hoy en silencio abrumador— y el juez que instruyó la causa judicial no disponen todavía de prueba alguna que lo acredite. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucedió en determinadas redacciones en aquellos días? ¿Dónde se fraguó e infló un globo que todavía es percibido como real por la sociedad? ¿Dónde nace la implosión de una noticia de semejante gravedad y envergadura que, al instante siguiente, empezó a desvanecerse con hasta tres versiones oficiales en apenas 48 horas, antes de entrar en fase de letargo silencioso y apagón informativo?

En los cajones del olvido y de la terquedad informativa, y a pesar de la irresponsabilidad periodística de no mover un dedo para deshacer el entuerto (más todavía, si consideramos que hay vecinos del Raval todavía encarcelados), un análisis del papel de los media revela su contribución inestimable a la antología del disparate y a la instauración de un denso silencio espeso. Y por el contrario, revela también el descubrimiento paulatino, pieza a pieza, del rompecabezas, de una trama propia de una novela de Le Carré, donde triangulan la concurrencia de tres servicios de inteligencia, las directrices del propio Departamento de Estado de los EEUU y las divagaciones contradictorias de un confidente policial bautizado como F1.

Un día de alboroto y después tiempo de silencios

Un año y tres meses después, queda claro que seguimos en un estado vegetativo de desinformación pura, donde se ha invertido la carga de la prueba y son los vecinos del Raval quienes tienen que demostrar su inocencia y no la policía quién debe demostrar sus acusaciones. Del Estado de Derecho al aplastante Derecho del Estado, vía Audiencia Nacional y griterío mediático. A la vista de la evolución del caso, queda claro también que aquellos «profesionales de la información» que explotaron el filón de «Al Qaeda en Barcelona» no han cumplido con su cacareada función social. No han informado más sobre los pormenores del caso —lo cual es una perfeccionada, sutil y silenciosa forma de desinformación y control social—, contribuyendo a consolidar un nuevo episodio de impunidad informativa. A día de hoy, sale gratis afirmar, a sabiendas de que no es cierto, que el 19-E iba a ser un atentado de las dimensiones del 11-M en Madrid. Ése es el drama. Ante la gravedad de lo publicado, ¿no es lícito e imprescindible que ese ente llamado «opinión pública» tenga acceso a una información contrastada y rigurosa sobre la posibilidad de que Al Qaeda atentará en el metro de Barcelona? ¿Debemos seguir creyendo ciegamente, sin pruebas y como acto de fe, en el 19-E como amenaza? ¿Nos merecemos esa perversión bushiana de «te lo crees o no», conmigo o contra mí? ¿Qué piensan Jordi Corachán y sus fuentes «bien informadas» en la inteligencia policial y militar al respecto? ¿Cabe exigir responsabilidades por azuzar el miedo de forma tan soez?

Ese drama continúa. Porque sostener entonces que era verdad sin apenas pruebas es tan grave como negarse hoy a reconocer —con pruebas sólidas— que era mentira. En esa dualidad queremos profundizar, como miembros de un semanario de los movimientos sociales —la Directa— que, sin apenas recursos, leyó la prensa extranjera, habló con los implicados, contactó con los medios de Islamabad y, justo es reconocerlo, no hizo ningún gran reportaje de investigación.

Simplemente hizo lo que se espera de cualquier periodista: contrastar las informaciones. Profundizarlas. Contextualizarlas. Eso agrava más, si cabe, el rol de los otros medios que alimentaron el miedo y contribuyeron a la degradación de la profesión periodística. Aparentemente, no sugiere demasiado esfuerzo leer The Guardian para enterarse de que los «suicidas huidos del Raval eran hombres del presidente Musharraf» o escuchar a los responsables antiterroristas de Portugal, Bélgica o el Reino Unido —afirmando que no implementarían ninguna «alerta antiterrorista» porque se trataba de «meras especulaciones»— para poner en cuarentena, como mínimo, las informaciones que afirmaron taxativamente que el atentado era inminente.

En plena era de la información, sobra señalar, como apunte previo, que la sociedad contemporánea se define sobremanera por el alud continuo de noticias. Por unos medios que conforman —con su enorme capacidad de seducción, manufacturación y manipulación— la realidad publicada. La construcción y confusión mediática de la detenciones del Raval son, en este sentido, paradigmáticas. Los intereses políticos, la prisa por el galón informativo, la obsesión por marcarse la medalla del scoop (exclusiva) o la primacía única y acrítica de las fuentes policiales conlleva casi siempre el sacrificio de casi toda la deontología profesional: veracidad, contraste, rigor.

Entonces, de todo lo dicho a medias, publicado a pelo y gritado a ciegas, de todas las ráfagas disparadas aquellos días, ¿qué ha quedado? En primera instancia, que duda cabe, queda todavía la prisión provisional bajo los rigores de la dispersión penitenciaria antiterrorista de 10 vecinos del Raval y el sufrimiento añadido para sus familias. En segundo término, queda un periodismo cuanto menos irresponsable socialmente e incapaz de asumir y resarcir sus errores. En tercer lugar, y ahí radica el quid, se constata sin paliativos el estado de excepción encubierto que sufren determinados sectores de nuestra sociedad en la enloquecida lógica antiterrorista impulsada por Bush con la «guerra preventiva contra el terror». Ésa es la otra historia que queda: la de nuestros nuevos vecinos (algunos arraigados en Cataluña hace 30 años) que se han convertido en los nuevos homo sacer: nadies sin nada, desprovistos de derechos y susceptibles de ser erradicados de nuestra sociedad. Cavilaciones históricas y paradojas concentracionarias, en el universo nazi —como recuerda el filósofo Giorgio Agamben— ese sin rostro desprovisto de cualquier atisbo de humanidad y susceptible de ser exterminado recibía el nombre de musulmán[1].

Han quedado más cosas, por supuesto: que el sumario judicial es endeble, preventivo y carente de pruebas materiales. Que Scotland Yard no se lo cree. O que los responsables de la operación policial del Centro Nacional de Inteligencia fueron destituidos cuatro meses después de las detenciones. Incluso que el mismo delegado del Gobierno de Rodríguez Zapatero en Cataluña, Joan Rangel, reconoció en noviembre de 2008 a una delegación de senadores pakistaníes, preocupados por la suerte de sus conciudadanos, su plena convicción de la inocencia de los imputados. O que Josep Maria Fuster Fabra, el mismísimo abogado de la acusación popular (la ACVOT, Associació Catalana de Victimes del Terrorisme) afirme en privado que tiene la sensación de «que no hay nada». O que el propio ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, le reconozca a un periodista de El País, este mes de marzo y al abordar el fenómeno yihadista en Barcelona, que ha habido errores. ¿Cabría esperar más unanimidad de «los otros» para constatar el daño, repararlo y decretar la libertad de los encarcelados? En nuestra experiencia, no hemos encontrado antes tamaña acumulación de reconocimientos expresos de «los otros» de que «algo falla».

La ceremonia de la confusión: antecedentes constantes

Desgraciadamente, esta excepción —el Raval— es la norma. No es la primera vez que, en el ámbito del llamado islamismo fundamentalista, se producen esta serie de noticias infladas que decaen a la mañana siguiente, con acumuladas denuncias de abusos en la aplicación de la peor legislación excepcional en el Estado español que han derivado en encarcelamientos reiterados, los cuales, en no pocos casos, se han saldado con libertades sin cargos, exoneraciones o absoluciones. Las estadísticas en este sentido son algo más que elocuentes y preocupantes. En febrero de 2006, de los 211 detenidos, 104 estaban encarcelados. A junio de 2007 los datos habían derivado a peor: de 327 detenidos, 153 habían quedado en libertad sin cargos y sólo el 10% de 174 imputados (18 personas) tenían sentencia firme. En síntesis: el 46% de los detenidos de forma preventiva quedaban liberados tras las primeras 72 horas y únicamente el 5% del total tenía sentencia firme. ¿Error aislado o dislate continuado?

De esa dinámica, demasiado repleta de telarañas de sensacionalismos, teletipos en el umbral de la estupidez («el detenido veía Al-Jazeera» o «se ha encontrado un Corán») y construcciones semánticas que no aguantarían la mínima prueba de ser sometidas a contradicción, han quedado episodios remarcables de distorsión y estigmatización de la comunidad árabe y musulmana. Por ejemplo cuando en mayo de 2007, en TV3, Josep Cuní insistía en que «esto es Barcelona y no Casablanca», después de que sus intrépidas cámaras descubrieran en L’Hospitalet una pintada donde se leía «Ben Laden viva». Justo cuando el partido más votado en Cataluña impulsaba su campaña electoral bajo el lema «A Catalunya no hi cap tothom» (en Cataluña no cabe todo el mundo). Sin comentarios.

Para saber de qué hablamos, fijémonos en los sesgos de algunos antecedentes simbólicos:

La Operación Dixan, que sirvió como excusa interior de José María Aznar para apoyar la guerra ilegal contra Iraq. Una guerra —¿hay que recordarlo?— fraguada en una mentira reconocida públicamente: que no había armas de destrucción masiva. La detención de 23 personas se concretó finalmente en febrero de 2007 con 5 condenas por pertenencia a una organización terrorista argelina que no iba a actuar en el Estado español sino, según la sentencia, en tareas de apoyo en el Estado francés. Cabe destacar que ninguna de ellas fue condenado por tenencia de explosivos, pese a aquel «napalm casero» tan publicitado que acabó resultando jabón de lavadora.

La divulgada voladura de la Audiencia Nacional no existió. Así lo determinó en sentencia firme la misma Audiencia, respecto a la denominada Operación Nova, instruida por Baltasar Garzón. En primera instancia, 10 personas de las 30 procesadas fueron absueltas. En el siguiente paso, la Fiscalía no recurrió y la revisión de las penas impuesta por el Tribunal Supremo absolvió a 14 de las 20 personas condenadas. Finalmente sólo fueron condenados 6 de los 30 imputados, porque el alto tribunal español estimó que «se habían condenado ideas y creencias». Es la constatación judicial de que las tramas cobran vida en la prensa, los sumarios y las peticiones fiscales, pero que decaen seriamente en las sentencias.

En septiembre de 2005, la sentencia más importante contra la red de Osama Bin Laden en el Estado español también acabó muy lejos de las pretensiones fiscales y gubernamentales. 18 condenados de 24 procesados en el primer juicio contra Al Qaeda. Entre los absueltos figuraba Ghasoub Al Abrash Ghalyoun, para quien el fiscal pedía 74.334 años de prisión por la filmación que realizó en agosto de 1997 de las Torres Gemelas de Nueva York. La pena de 27 años impuesta a Abu Dada, líder de la red, queda muy lejos de los 74.337 años de cárcel que solicitaba para él el fiscal Pedro Rubira.

En esa sentencia, ya que hablamos de periodismo y terrorismo, fue condenado a 7 años el corresponsal de Al Jazeera en el Estado Tasyir Alony, que siempre insistió en su inocencia y que había conseguido entrevistar a Bin Laden. La Federación Internacional de Periodistas denunció un juicio con pruebas débiles y una condena «exagerada y desproporcionada». Reporteros sin Fronteras, desde París, también protestó. El editor de la cadena, Almad al-Skaik, calificó la jornada, tras conocer la sentencia, de «día negro para la judicatura española, que se ha desviado de toda norma de justicia internacional». A propósito de la condena, en ese clima enrarecido de límites difusos, Montserrat Domínguez escribió en La Vanguardia. «Nunca sabré si con Alony peco de ingenua o de no hacer lo suficiente para defender a un colega de una decisión judicial abusiva. Sí sé que yo también habría entrevistado Bin Laden»[2].

Para el caso que nos ocupa, en una Cataluña que ha acumulado la mayoría de detenciones, cabe destacar que idéntica situación concurrió en la primera operación de los Mossos d’Esquadra en el Raval, en la primera ola de detenciones «antiyihadistas», en septiembre de 2004. El caso merece particular mención: en apenas doce horas, las que transcurren desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde, la Oficina de Premsa de los Mossos d’Esquadra empezó informando que se había asestado un golpe a Al Qaeda (filtrando incluso que había imágenes de la torre Mapfre, el Hotel Arts o el World Trade Center filmadas desde el paseo Marítimo) para cerrar la jornada afirmando que se trataba de «simples delincuentes comunes» y que «se descarta que los detenidos formen parte de una célula de terrorismo islámico». ¿En qué quedamos?

Hay incluso ejemplos claros de criminalización y «construcción de opinión» continuada impulsados desde think tanks conservadores. En mayo de 2007, el Real Instituto Elcano español, de ascendencia militar, y la Confederación Española de Policía (CEP) situaron a Cataluña en «el centro del yihadismo en Europa». La Vanguardia no dudó en cederles toda su portada, situando a Salt (Girona) como epicentro terrorista. Lo más ridículo del informe era que se vertían afirmaciones de calado como que cada mes salían desde el Estado español cuatro o cinco musulmanes para hacerse terroristas. La pregunta es necesaria: ¿si tan acreditado lo tenían, por qué no actúan?, ¿por qué no actuaron? Apreciando, además, en su justa medida, la reflexión provocativa del director de Vilaweb, Vicent Partal: «Y una pregunta provocativa que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero no me la puedo contener: si la invasión de Iraq fue considerada ilegal por la comunidad internacional, ¿combatir una ocupación ilegal es terrorismo?».

Finalmente, una anécdota. Rara avis del periodismo, Ignacio de Orovio en La Vanguardia reconoció un detalle no banal de una de las primeras operaciones realizadas en Barcelona[3]. En la habitual mesa de decomisos figuraba una pistola. Una sola pistola que acaparó la cobertura fotográfica de la noticia. Meses después Orovio investigaba esa pistola: había desaparecido del sumario. La misma policía la había colocado. Para que luciera en la rueda de prensa.

Tras casi 400 detenciones hay, por supuesto, 400 historias. Pero pocos medios las han atendido. Aun así, abordemos dos casos que demuestran, parafraseando a Arcadi Oliveras, que «estamos pagando un precio muy alto de nuestra privacidad y de nuestra libertad a cambio de una seguridad que no aumenta nada». Dualidad antagonista seguridad-libertad que se concreta en el elevado precio que pagan las personas detenidas. No sólo por la falta de libertad, sino también y sobre todo por los efectos postraumáticos, el estigma permanente y la criminalización que les marca para siempre. Sólo dos casos de muchísimos más:

Osama Taatou Daanoun. Detenido incomunicado durante 120 días en enero de 2006 en el marco de la Operación Tigris. Fue liberado sin cargo alguno. El caso fue más sonoro porque Montserrat Tura, consejera de Interior, publicó una tribuna contra las entidades sociales que protestaban ante la Delegación del Gobierno exigiendo su libertad. Montserrat Tura, bien informada, confundió Obama —el principal implicado— con Osama y arremetió contra las concentrados sugiriendo que eran poco menos que cómplices del yihadismo. Osama Taatou, libre y sin cargos, sólo consiguió volver a Barcelona desde Madrid porque un camarero de un bar le prestó dinero. Montserrat Tura nunca se disculpó ante Osama ni ante las entidades criminalizadas.

Yagoub Guemereg. Vecino de Barcelona que había participado de los encierros en la iglesia de Sant Agustí para demandar un proceso de regularización digno fue detenido en junio de 2005, en la misma operación donde fue detenido Ridouane Elouarma, que trabajaba para la familia de Jordi Pujol y Marta Ferrusola como masover. El via crucis de Yagoub, que llegó a la cárcel con una costilla fracturada e ingresó en el módulo de aislamiento de Badajoz bajo el régimen FIES, no acabó hasta tres años después. Fue liberado recientemente tras la celebración del juicio en marzo de 2009, junto a Elouarma y siete personas más. Las 9 personas liberadas de un total de 12 procesadas en el marco de la Operación Tigris, nuevamente instruida por SuperGarzón, son un síntoma evidente de que la sentencia aún pendiente se traducirá en penas reducidas. Al respecto, cabe destacar que al inicio del proceso el fiscal ofreció un pacto de penas bajas si aceptaban los hechos. ¿Ésa es la dureza penal contra el yihadismo salafista acusado, en este caso, de ayudar a huir a los autores del 11-M? Nuevamente, ¿en qué quedamos? ¿Formaban parte de la red de huida del 11-M? Y si formaban parte del mayor atentado terrorista, ¿por qué el fiscal ofrecía penas bajas? ¿Quién miente?

Los mismos estigmas mediáticos calcados se han reproducido en las últimas operaciones de febrero de 2009; con los mismos ribetes kafkianos, aunque —eso sí— con mayor celeridad en desmentirlos y menor recorrido del ridículo. A principios de febrero, en la denominada Operación Fish, ordenada por Grande Marlaska, uno se despertaba con «la exclusiva» de la SER de una «nueva operación contra Al Qaeda en el Raval». Tres días después el desmentido era absoluto. El magistrado afirmaba que se trataba de delincuencia común, ordenaba 9 encarcelamientos por falsedad documental y cuatro libertades, tres bajo fianza. El magistrado insistía en que no eran de Al Qaeda y que el error se debía a que los detenidos cumplían «los perfiles recomendados por el Frente Islámico Mundial, que exige documentación de países de la UE o de los EEUU correspondientes a un hombre de entre 25 y 45 años y que disponga de años de validez y no tengan visados estampados». Convengamos que el perfil es amplio. Antes, el 20 de enero, Garzón también ordenaba la detención de una «nueva célula islamista en el Raval»: tres días después todos los detenidos quedaban libres con cargos por una trama de fraude fiscal del IVA. Esos vaivenes, por utilizar cínicamente sus argumentos y sus mantras, ¿no generan más inseguridad sobre la calidad de la lucha antiterrorista?

Paradojas bélicas, esa lógica persecutoria alcanzó hasta a su inventor. Es lo que pasa con las lógicas enloquecidas —y la lógica antiterrorista lo es—, que acaban por devorar a su impulsor. En la operación referida del 20 de enero de 2009, un miembro de la ejecutiva del Partit dels Socialistas de Catalunya-Ciutat Vella fue detenido por la Guardia Civil. El caso estuvo oculto mediáticamente durante 10 días, con una sorpresiva e inédita rueda de prensa de por medio. Assumpte Escarp, concejal de seguridad de Barcelona, reclamaba respeto por la presunción de inocencia y que no se criminalizase a toda la población pakistaní o musulmana. La metástasis de la teoría de la peste y los apestados había llegado hasta el propio PSC, que sólo decidió expulsarlo —el pánico mediático y la hipocresía absoluta— cuando el caso salió a la luz. Y así fue: la misma mañana en que se publicitó la detención, el PSC retiró de la web el nombre del afectado, que figuraba como secretario de su Comité Ejecutivo en el distrito de Ciutat Vella.

Y es que tanta película norteamericana ha acabado haciendo profunda mella. La desfiguración de la realidad ha alcanzado rigores de esperpento y el estigma antiárabe ha llegado a producir teletipos propios de la agencia TIA de Ibáñez o del absurdo de Ionescu. En febrero de 2009, a raíz de un atentado yihadista en Egipto, se podría leer en un cable de agencia española consultable por teletexto que se habían producido las detenciones de dos hombres que tomaban café en una terraza porque… llevaban barba.

Periodistas con porras, policías con pluma

Esa estrategia del alarmismo y el miedo impulsados desde instancias oficiales ha tenido en Cataluña otros puntos de inflexión, con la contribución inestimable del prototipo del periodista especializado en cuestiones policiales. «Profesionales» bien colocados, mejor retribuidos y altamente dependientes de sus fuentes confidenciales en el seno de la inteligencia militar y los servicios policiales, que es la mano que les da de comer y les mantiene en sus puestos. Roles donde nunca queda precisado quién utiliza a quién, pero donde queda meridianamente claro que Roma nunca paga traidores. Las terminales de la inteligencia —no es ninguna conspiración, sino la estructura jerárquica de mando de la propaganda— saben a quién y qué medios escogen para amplificar sus versiones. Es el sórdido circuito entrelazado entre gabinetes de prensa oficiales, filtraciones policiales controladas, lucha antiterrorista y peones en las redacciones de los media. Periodistas dispuestos a reproducir acríticamente la filtración de turno sin el mínimo contraste y sentados cómodamente en su mesa. Supuestos profesionales reconvertidos en correas de transmisión del discurso del Poder que merecerían un análisis aparte desde el punto de visto profesional-deontológico, crematístico y estrictamente personal, porque hay egos megalómanos que no pasan por las puertas de las redacciones. Y por supuesto, y también, hay motivaciones ideológicas y políticas en cada periodista y en cada medio de comunicación.

Porque bajo la falsa apariencia de un «periodista forjado en mil investigaciones» siempre se esconde, al final, la fragilidad de la extrema dependencia de las fuentes policiales. Scoops (exclusivas) que sólo se consiguen en base a una fidelidad servil que sólo bebe de una fuente. En los límites nada difusos que separan al mercenario del periodista, al copión amanuense de la mínima deontología exigible, a la información de la propaganda. Periodistas que si son requeridos por lo publicado sólo son capaces de decir: «es que me han dicho que…». Claro está que sin esas «dóciles figuras» sería difícil que determinados titulares trascendieran a portada de cinco columnas. Seria casi imposible; pero en una profesión cada vez más precarizada y jerarquizada esa fauna abunda. Aquí y en todo el mundo: el caso hispánico es particularmente prolijo en ejemplos.

Eso, más que plausiblemente, es lo que pasó en el Raval con la portada del 19-E de El Periódico. Como hipótesis validable, no es nada improbable que Jordi Corachán tecleteara sin contrastar lo que al otro lado del teléfono, del mail o de la mesa alguien —alguien con rango militar o policial— le soplaba como exclusiva. El solo hecho de que la fuente fuese oficial ya daba carta de veracidad y mácula de portada a lo que se filtraba. La competitividad extrema de llegar antes que los otros —que los otros medios— hizo el resto y forzó la portada. La falsa portada, por supuesto, construida en base a una sola filtración policial de una sola fuente: convengamos que el periodismo se quedó a la puerta de la redacción.

Al calor de esa «nueva amenaza» han surgido también «sesudos expertos» con amplia influencia en todos los medios del establishment. Fernando Reinares o Javier Jordán también deberían asumir su (irresponsabilidad, que persigue sólo la legitimación de la guerra ilegal emprendida por la Administración norteamericana. Es la responsabilidad de los «intelectuales» en la generación de determinados estados de opinión que derivan en estados de excepción encubiertos, que derivan asimismo en la consiguiente demagogia populista de consecuencias imprevisibles: como cuando el PP de Xavier Albiol en Badalona, con el apoyo del Sindicato Unificado de Policía, azuzaba el odio contra las mezquitas en los barrios badaloneses.

A todos —«periodistas especializados» y «sesudos expertos»— cabría decirles que, remitiéndonos a los hechos concretos, lo único que queda acreditado es que las fuerzas policiales, sus amplificadores mediáticos y sus fiscales agresivos son incapaces de aportar pruebas. ¿Cuánto más puede durar esta injusticia? En buena medida, nuevamente, ello depende del papel (pasivo o proactivo) de los media que inflaron el balón, encendieron torres de humo y corrieron cortinas de mentiras.

¿De qué estamos hablando?

En buena lógica deductiva, para implosionar la metástasis del miedo, ¿qué genera más inseguridad en la ciudadanía?, ¿que exista la amenaza?, ¿o que existiendo concretemos que la policía da palos de ciego? La cuestión, neurálgica, no es baladí. Con toda prudencia, es obvio que el fenómeno del fanatismo yihadista existe. Como existe el extremismo católico que ponía bombas en clínicas abortistas de Barcelona hace una década o existe el extremismo sionista en la KAJ israelí. No vamos a descubrir la sopa de ajo a estas alturas. Existen, también, las llamadas franquicias de Al Qaeda («la base» de combatientes en Afganistán alimentada, no lo olvidemos, por la Administración norteamericana) que han atentado en diversos lugares del planeta. Y existe el 11-M que hunde sus raíces en unas condiciones concretísimas y unas conotaciones políticas excepcionales. Esto es, una guerra ilegal que hizo añicos el derecho internacional y cuya onda expansiva retornó cebándose en dos capitales europeas —Madrid, Londres— de los dos presidentes europeos —Aznar y Blair— que se hicieron la foto en las Azores. Esto es, en el marco de un conflicto internacional determinado y de una ocupación ilegal que se ha saldado, en Iraq, con más 600.000 muertos. No banalicemos el dolor ajeno: durante 5 años Estados Unidos ha hecho estallar un 11-M cada día en territorio iraquí.

Siendo esto así, cabe señalar inmediatamante que en el Estado español, y particularmente en Cataluña, fuera de la excepcionalidad del 11-M, no ha existido ni un solo episodio de violencia yihadista. Más de 300 detenciones por una violencia de la que no se han referido acciones, ni incidentes ni disturbios y que, en la mayoría de los casos, se refiere teóricamente al envío de dinero o combatientes a Iraq y Afganistán, países ocupados por potencias militares extranjeras. ¿Qué afrontamos entonces?: ¿un éxito de la guerra preventiva?, ¿errores de diagnóstico?, ¿o pura propaganda de la gobernabilidad autoritaria —vía miedo y obsesión por la seguridad— para diseñar el nuevo enemigo interior?

El gran argumento —el gran muro, tal vez la gran excusa— aducido por los gestores de un poder omnímodo es la tesis reiterada de «la complejidad del fenómeno», que justifica todos los abusos policiales y atropellos judiciales cometidos. Esa complejidad que nos presentan en forma de células dormidas, redes complejas y hombres barbudos en las montañas rocosas de Afganistán. La credibilidad o no deviene, entonces, un acto de fe perverso. Y ahí radica la trampa que nos hace pasar de la grandiosidad de la portada alertando de atentados inminentes a la marginalidad del breve que anuncia que la mayoría de detenidos son liberados sin cargos.

Esa guerra, que todavía dura y nos afecta a todas, lleva pareja viejas técnicas bélicas de control de la opinión pública. ¿Es necesario recordar que el Departamento de Estado norteamericano reconoció públicamente que «utilizaría la mentira» en «esta guerra»? ¿Hay que recordar que el informe del Gobierno Blair sobre las armas de destrucción masiva iraquíes lo elaboró un estudiante… en 1991? ¿O que Aznar dijo en TVE «esté usted seguro de que en Iraq hay armas de destrucción masiva»? Es importante señalarlo, antes de entrar en las dinámicas de intoxicación, manipulación y desinformación informativa que han rodeado el caso del Raval, porque en esa lógica de guerra global permanente subyacen la justificación política, policial, mediática y jurídica de todos los abusos cometidos. ¿Si mintieron por una guerra ilegal a todo el mundo, que no harán con 11 vecinos del Raval? A partir de esa grieta, antes de proseguir, quisiéramos ampararnos en las lúcidas palabras de Juan José Millás a propósito de las severas diferencias que se daban en la Conferencia Euromediterránea para abordar una definición común de terrorismo en 2005:

La Cumbre Euromediterránea de Barcelona concluyó con una condena sin paliativos al terrorismo. El problema es que sus participantes no se pusieron de acuerdo sobre el significado del término. […]. El problema es cuando desciendes a los matices. ¿Es terrorismo, por ejemplo, invadir un país bajo la coartada de que representa una amenaza que luego se demuestra falsa? ¿Es terrorismo emplear armas de destrucción masiva, como el napalm o alguna de sus numerosas variantes, contra la población civil de una localidad del país indebidamente atacado? ¿Se podría calificar de terrorista, pongamos por caso, la entrada en Faluya? ¿Es terrorismo secuestrar a persones y recluirlas en limbos legales como Guantánamo?¿Es terrorismo la tortura? ¿Son terroristas las cárceles secretas denunciadas por la prensa norteamericana? ¿Es terrorismo resistirse a la invasión de una potencia extranjera?¿De qué hablamos cuando hablamos de terrorismo?

A la Cumbre Euromediterránea no fueron invitados (al menos que uno sepa) académicos, ni lingüistas ni filósofos. Estos profesionales habrían ofrecido con mucho gusto a los políticos una buena definición de terrorismo. «Pero es que nosotros necesitamos una definición a la carta, es decir, una definición que no nos incluya». Si a Al Capone le hubieran pedido una definición de gángster, habría solicitado lo mismo. Es muy humano. […] [pero] la de terrorismo, inevitablemente, incluye a todos los terrorismos. […] La definición es un arma de destrucción masiva de la mentira, del engaño. Hay una solución, y es calificar de terrorista la definición de terrorista. Todo se andará)[4]

En el mismo sentido, cabría destacar las sintéticas palabras de Santiago Alba Rico:

Así será esta guerra. La Tierra es ya mucho más pequeña que una aldea: la primera bomba la convertirá en una sola habitación. Aquéllos a los que parezca medieval, fanático y estúpido morir y matar en nombre de Dios, que sepan que van a matar y morir para que la sexta parte de la humanidad (aleatoriamente determinada) se siga quedando con todos los vídeos y todos los helados.

Durante medio siglo hemos creído poder disfrutar de nuestros automóviles y nuestros bibelots sin necesidad de democracia o de justicia; hemos creído que podíamos mantenernos con vida sin necesidad de democracia ni de justicia; y nos convenía que otros tomasen por nosotros las decisiones y abrir los ojos sólo a la ceguera de las imágenes. Si no bastaba con que fuera deshonroso e inmoral, ahora además no nos conviene. Todos estamos en peligro. Esto es lo que hay que decir: los verdaderos ellos (el Ello voraz, destructivo y siniestro), aquí y en Marruecos, en EEUU y en Argentina, son nuestros gobiernos. Dejarles decidir sería mucho más grave que un error: sería un suicidio[5].

Exceso de defectos

Finalmente, la definición más etimológica de terrorismo (dominación mediante el terror) es la que estalló en el Raval en enero de 2008. En su variante de terror de Estado. Cuando Guantánamo nos estalló en casa y la metástasis de la guerra preventiva asoló el Raval. Como en un poema alterado de Brecht, primero dijeron que los detenidos disponían de explosivos. Y nada. Después que detonadores. Y nada de nada. Finalmente se quedaron en temporizadores. Hablando en plata: despertadores. Y en medio de ese temporal, que juega con el miedo y la desinformación de desconocer qué es lo verídico, sobresalió una frase dolorosa: «Mejor por exceso que por defecto». La pronunció Joan Saura, consejero de Interior de la Generalitat y, más grave todavía, representante de la fuerza política (ICV-EUiA) teóricamente más escorada a la izquierda en el arco parlamentario y, también teóricamente, más sensible a la vulneración de los derechos humanos y civiles.

Esa frase condensa dolorosamente los hechos del Raval. Es igual si nos equivocamos, porque hay una mayoría silenciosa que está dispuesta a sacrificar las libertades en el altar de la seguridad, como hay gobiernos (del PP y del PSOE) que están dispuestos a aceptar 1.245 vuelos ilegales de la CIA en territorio estatal. Ese exceso de defectos en la investigación y el enjuiciamiento es idénticamente aplicable al campo mediático, mediante unas noticias (anti) periodísticas inefables.

Para poner los puntos sobre las íes e intentar contribuir a establecer la justa medida de las cosas, hay que establecer una mínima cartografía de los factores ocultados y de los hechos concretos —fehacientes, contrastados y demostrados—, que podrían haber revertido la situación… si en nuestro país no existiera un periodismo siempre sumiso a los intereses funcionales del Poder, que ejerce de perro guardián del status quo[6].

Cabe señalar también, antes de empezar y tal vez como síntoma, que el impacto mediático fue desigual y no unánime. El apretón gratuito de El Periódico —posteriormente hemos sabido que aquella portada se discutió en el Consejo de Redacción del diario, con opiniones dispares— fue seguido a pies juntillas por Avui. La Vanguardia no tenía fuentes propias y junto a El Mundo y El País esperaron hasta la orden judicial de Ismael Moreno para dar visos de credibilidad. Sólo El Punt puso en cuarentena las informaciones policiales, relatando la visión de la comunidad paquistaní que reside en el Raval. Y sólo Vilaweb, primer diario electrónico catalán, se ha destacado en estos trece meses como la gran excepción de un periodismo libre, honesto y contrastado, que ha dado voz a la comunidad afectada y ha profundizado en la evolución del caso.

En todo caso y a propósito de la Operación Dixan y el famoso «napalm casero» falso, Gregorio Morán ya escribió en «El Poder y la Gloria»[7]: «El hijo de puta anónimo del Ministerio del Interior que redactó la nota debería ser destituido y juzgado. Y los periodistas que lo copiaron deberían volver a la Facultad de Periodismo». Bien. Ahí nos queremos detener: en los copiones amanuenses que encendieron el ventilador de la filtración policial y que luego no han editorializado tamaño despropósito, omitiendo gravemente elementos imprescindibles para contextualizar cómo llegamos a la madrugada del 19 de enero de 2008 en el Raval. Puntualicémosles lo que obviaron y siguen obviando:

Factor Pervez Musharraf. Descontexualización manifiesta de la situación de dictadura militar en Pakistán y la visita del dictador Musharraf al Parlamento Europeo, paralela a las detenciones de enero de 2008 en Barcelona. Una visita complicada y tensa tras la muerte en atentado de Benazzir Bhuto el mes anterior. Voces autorizadas de la comunidad pakistaní han denunciado reiteradamente que los hechos del Raval serían un montaje de los servicios secretos de Musharraf (el ISI), como cortina de humo de «máxima colaboración antiterrorista», para poder aplacar las críticas a la dictadura militar.

Scotland Yard no se lo cree. Los periodistas catalanes sólo tenían que leer la edición de The Guardian —medio que tantas veces citan en sus respectivas revistas de premsa internacional— para poder leer: «“Terrorist” group who turned out to be the president’s men». Esto es, que los supuestos suicidas huidos a Londres, según el CNI, eran hombres de Musharraf. En la edición del 9 de febrero, el enviado especial en Lahore del rotativo inglés informaba que, según el Foreign Office británico, las informaciones relacionadas con la supuesta trama integrista provenientes del CNI y los servicios secretos franceses eran literalmente falsas. Cabe señalar que fue el CNI quien alertó a Scotland Yard de la llegada al aeropuerto de Gatwick de «seis suicidas huidos»[8]. La policía británica los detuvo tras descender de un avión de la compañía Easy Jet y fueron trasladados a la comisaría de Paddington Creen, donde fueron interrogados. Scotland Yard pudo comprobar que se trataba de un grave error: los detenidos eran primos y hermanos de Chaudhry Shujaat Hussain, líder político del partido de Musharraf, y todos partidarios del Pakistán Muslim League del dictador. Eso es lo que llevó a The Guardian a publicar «El grupo terrorista que resultó que eran hombres del presidente». Impagable.

Incidente diplomático. Esa falsa alarma del CNI español a Scotland Yard provocó que el secretario de Exteriores del Pakistán, Riaz Hussain Khokhar, elevara una queja al Gobierno de Gordon Brown exigiendo explicaciones y garantías de no repetición. El Foreign Office reconoció explícitamente que se había actuado sobre «la base de informaciones que posteriormente se demostraron inexactas». La diplomacia británica pidió disculpas. Incluso una vez solucionado el desaguisado de Londres, Rubalcaba siguió compareciendo sin informar de ese extremo, para no desacreditar al testigo protegido, cuyo testimonio es la única base de toda la trama.

Incongruencias temporales. Las tres versiones oficiales, confusas y contradictorias, informaron de que la operación policial se había desarrollado con celeridad porque el confidente Fl había llamado por la tarde para alertar del atentado inminente. Una inminencia que después fue cuestionada y minimizada. ¿Es plausible, entonces, que en apenas pocas horas, desde Valdemoro (Avila) llegaran —por carretera— las unidades especializadas antiterroristas de la Guardia Civil? ¿Por qué entonces Rubalcaba suspendió por la mañana sus compromisos de la tarde?

La cuestión del «inminente hallazgo» de explosivos también fue de antología de hemeroteca. Primero iban a encontrarlos en el Raval y la literatura policial anunció —sin ninguna prueba ni análisis— que una bolsa de 50 gramos contenía «triperóxido de triacetona», una sustancia cristalina altamente explosiva, que resultaron ser 20 gramos de nitrocelulosa, la base sintética de cualquier laca adquirible en cualquier droguería. Posteriormente, afirmaron categóricos que tres personas habrían huido con 100 kilos de explosivos, publicitando su búsqueda en la zona de Levante. Infructuosa búsqueda que duró cuatro meses en Castelló y Alacant y cuya última lacónica versión oficial informaba que habrían acabado en algún lugar remoto de Argelia. En todo caso: los explosivos nunca aparecieron en una operación relámpago para abortar un atentado inminente y ninguna fuente oficial sostuvo más lo contrario[9]. Además, en la fotografía facilitada por la Guardia Civil se apreciaba una bolsa con bolitas que eran tildadas de metralla: eran las piezas con las que se confeccionan los rosarios para las oraciones en la mezquita.

La experiencia agudiza la desconfianza. Pocos medios informaron de las severas discrepancias que la operación de la Guardia Civil despertó en el seno del Cuerpo Nacional de Policía. El CNP, que había investigado durante tres años la mezquita y a los tabligh a los que pertenecían la mayoría de los detenidos, llegó a la conclusión de que no había célula dispuesta a atentar. En ese sentido cabe destacar, nuevamente, que sólo Vilaweb entrevistó de inmediato a la especialista arabista Dolors Bramón —el 23 de enero, cuatro días después de la operación— para darnos a conocer qué representaban los tabligh en el mundo musulmán: «una tendencia de orígenes indios y pakistaníes, de clara solvencia religiosa, intelectual e incluso mística y de raíces absolutamente pacifistas y contrarias a la violencia, muy arraigados en los barrios migrantes de Europa». Finalmente equiparó al grupo, en el ámbito del cristianismo, con los testigos de Jehová por sus niveles de proselitismo y difusión del islam.

Operación Pantata. Ese iba a ser el nombre la operación en el Raval. En el argot policial, el uso de ese término revelaba el origen de las primeras informaciones: el Pentágono y el Departamento de Estado norteamericano[10]. Sintomáticamente, la operación del Raval es la única que no tiene ninguno de esos nombres oficiales rimbombantes (Nova, Tigris, Chacal). En la Conferencia de Política de Seguridad de la OTAN celebrada en Múnich el 9 de febrero, el secretario de Defensa de los Estados Unidos y máximo responsable del Pentágono, Robert Gates, se deslindó con un «hay que modificar la percepción de la ciudadanía sobre la amenaza terrorista, los europeos deben entender que las bases talibanes en Afganistán y Pakistán son la semilla de las futuras células que, después, atentarán en Europa, como sucedió con la célula del Raval». La OTAN tildó la percepción social catalana como tibia, según nuestra prensa. Vamos, que no tienen pruebas ¡y encima la culpa es nuestra!

Deslegitimación internacional de la operación. Ningún medio quiso reseñar tampoco la opinión del jefe de la Oficina de Coordinación de la Seguridad de Portugal, Leonel de Carvalho, que se añadió a las voces críticas, tildando las informaciones del CNI de «meras especulaciones». Tanto Portugal como Bélgica como Scotland Yard desestimaron aplicar cualquier protocolo de alerta antiterrorista en sus respectivos países.

El delegado del Gobierno en Cataluña, convencido de la inocencia. En noviembre pasado, Joan Rangel, delegado del Gobierno español en Cataluña, se reunió con los senadores pakistaníes Inwar Biag (Partit Popular de Benazir Buttho), Tareq Hazme y Niam Chatha (de la Liga Musulmana) y con un cuarto senador del partido Pashtun. En el curso de la reunión, Rangel informó de que se había extendido la convicción de la inocencia de los detenidos y que él mismo la compartía, gracias a informaciones que habría recabado en instituciones y servicios de inteligencia. Tras insistir en que el caso estaba sub iudice y la responsabilidad residía en los jueces, se comprometió a enviar una carta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía para trasladar la preocupación de los senadores.

Ni informar ni dejar informar. El colaborador Gulzar y el reportero Javed Kanwal de CEO TV (una televisión privada del Pakistán) llegaron a Barcelona para cubrir los hechos del Raval. Tras diversas grabaciones fueron abordados por policías de paisano y retenidos durante dos horas. Les requisaron las cintas, las frotaron con imanes y se las devolvieron inservibles, a pesar de identificarse como periodistas. La queja por estos hechos se ha incorporado en el informe sobre la libertad de prensa de la Intermedia Pakistan’s Media Resource Center, una institución particularmente reconocida en el país.

Un confidente convertido en testigo protegido. Sobre F1, que desencadenó la operación, las contradicciones también son flagrantes. En mayo de 2008 contradijo todo lo difundido cuatro meses antes. La primera versión hablaba de un infiltrado de los servicios secretos franceses —Rubalcaba díxit— e incluso se filtró que el Estado francés estaba molesto por haber «quemado» a un espía, de origen pakistaní, muy valioso. El 21 de mayo, en cambio, ante el juez Ismael Moreno, F1 dijo que forma parte de la célula, que se iba a inmolar y que, súbitamente, pensó en sus hijos y por eso avisó a Interior. ¿Dónde avisó si acababa de llegar? ¿Al teléfono de información del Ministerio? Cabe destacar que, a través del sumario judicial, se ha sabido que el 5 de marzo de 2008 se realizó una reunión en Madrid entre los servicios secretos holandeses, alemanes, italianos y españoles, a la que asistieron magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y el propio F1. F1 también informó de la relación existente con la asociación cultural PAK de Brescia, acusada por la fiscalía italiana de financiar la Shuada-E-Islami Fundation (que según los servicios secretos italianos y estadounidenses financia a los mártires de la Yihad). La fiscalía ordenó una investigación y las conclusiones han sido claras: no existe ningún vínculo. El confidente-infiltrado volvió a mentir.

Destitución de los mandos policiales. El broche final lo conocimos en enero de 2009, un año después de la operación. Los responsables policiales del desaguisado ya habían sido destituidos en junio de 2008. El Ministerio de Interior los había cesado por «desavenencias internas», tras la resaca de la operación en el CNI, y lo había mantenido en silencio. Se trataba del subdirector de contraterrorismo del CNI y jefe del Departamento de Terrorismo Islamista.

A pesar de todas estas evidencias, nada se informó sobre estos aspectos y sólo dos piezas más —dignas del museo del surrealismo y la antítesis del contraste informativo— intentaron mantener las brasas de aquel incendio intencionado en el Raval. Una, a cargo de Reinares, que tuvo una lucidísima respuesta de Vicent Partal en Vilaweb. La otra, un intento desesperado a cargo de El Periódico para intentar justificar su portada de 19-E:

Fernando Reinares en El País se deslindó con una reivindicación del atentado de Barcelona a cargo del Tehriki-Taliban Pakistán, que habría reconocido en un supuesto vídeo su portavoz Baitullah Mehsud, incorporado de forma extraña al sumario judicial. Le contesto Vicent Partal, en Vilaweb, puntualizando la cadena de imprecisiones e incongruencias en un artículo titulado «Lo que calla El País». Entre muchísimos detalles y requerimientos (qué video, lugar y fecha de registro, qué medio y qué periodista, en qué idioma y con qué traducción…), Partal daba tres detalles neurálgicos. Uno, que se ocultó que el vídeo provenía de la Fundación 11-S Buscando Respuestas (NEFA), una polémica organización norteamericana vinculada a las agencias de espionaje, a los tuétanos de los servicios secretos y a analistas derechistas. Dos, que la organización TTP —que nació sólo un mes antes de las detenciones del Raval— no fue declarada ilegal hasta agosto de 2008 y que la información no tuvo ningún eco en Pakistán. Y tres, no menor, que Reinares ha sido asesor del Ministerio del Interior en materia de terrorismo islámico y firmaba el artículo como director del programa de Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano, la misma entidad que informó que Cataluña era el mayor foco de yihadismo en Europa.

Con la TTP y Baitullah Mehsud como telón de fondo, y al igual que El Mundo insistiendo en la teoría de la conspiración del 11-M, El Periódico publicó el 11 de febrero un rocambolesco reportaje del enviado especial en Pakistán, Marc Marginedes, donde se informaba en portada y titulares que los talibanes reconocían estar detrás del intento de atentado en Barcelona. Sólo cabía releer detenidamente el artículo para aclarar que el contenido se había conseguido con una llamada telefónica vía satélite —con continuas interferencias— a través de un intermediario no identificado. Nunca más supimos de aquel filón informativo tan importante para la ciudad: saber si los talibanes tienen o no Barcelona como objetivo militar. ¿Es lícito jugar con eso? Pareciera que en El Periódico son incapaces de reconocer el error y están obsesionados con cerrar en falso y salir airosos de una de las portadas más indignas del periodismo catalán, después de que tras Atocha (y la pertinente llamada de José María Aznar a su entonces director, Antonio Franco) publicaran «El 11-M de ETA». ¿No han aprendido nada en el grupo Zeta? Parece que no.

Ambas noticias —la de Marg Marginedes y la del «creador de opinión» Fernando Reinares— han sido desmentidas recientemente por el propio FBI. A raíz de la muertes de 14 personas provocada por un trabajador despedido de IBM el pasado abril en Binghamton, el propio Meshed —la fuente de Reinares y Marginedes— reivindicó el tiroteo como una acción talibán. El FBI tardó poco en calificar de «fanfarrón y bocazas» a Meshud, aduciendo que sólo perseguía protagonismo y notoriedad[11]. Vale la pena destacar que la declaración de Meshed ha sido uno de los factores que han motivado que los vecinos del Raval sigan encarcelados.

El globo desinflado de la cruzada informativa

Ésa es la radiografía de lo dicho y no dicho. Del nepotismo propagandístico, neuroconectado con la impunidad informativa que nace de las terminales del Estado, en aquello que precisó un periodista latinoamericano: «cada vez nos informan de más cosas y nos enteramos de menos». Esa densa trama y los inputs del miedo institucionalmente impulsado no ha acabado. El 20 de febrero de 2009, La Vanguardia volvía a la carga para cubrir el Raval, de nuevo, con el estigma del terrorismo. En una entrevista de Eduardo Martin de Pozuelo y Xavier Mas de Xaxás, el fiscal de Eurojust, el español Juan Antonio García Jabalot, abría con titulares[12]: «Barcelona tiene un problema grave con el terrorismo islámico».

¿Cuál? Inconcretado e inencontrable en el resto de la información. De ahí en adelante, volvíamos a los hipotéticos condicionales: «El fiscal de Eurojust alerta sobre las redes que puede haber en la ciudad». A la pregunta de si «el terrorismo islámico es muy fuerte en España, sobre todo en el área metropolitana», responde: «Efectivamente, y por eso hemos escogido Barcelona para celebrar este seminario de Eurojust». Cuando motiva la respuesta que justificaría el titular afirma: «Es una ciudad grande con un gran movimiento de personas y un barrio, como el Raval, con una gran concentración de inmigrantes islámicos que, además, padecen una situación económica desfavorable. Es un buen caldo de cultivo para que las personas se radicalicen. Barcelona tiene un problema grave con el terrorismo islámico que seguimos con profunda preocupación». ¿Nada más? Porque si aplicamos a las urbes europeas ese patrón de exclusión y barrios degradados como riesgo, todas las grandes capitales tienen exactamente el mismo problema. ¿Añadía algo más? Sí… reconocía que «es muy difícil obtener pruebas directas en una causa de terrorismo islámico». Y seguía: «España es un país puntero en Europa a la hora de actuar con rapidez contra los terroristas. Todos lo reconocen. Somos los que más datos compartimos con otros países, los que más sentencias y condenas tenemos».

«¡Pues suerte que somos los más avanzados!», podrían aducir los cínicos. Los más avanzados y los que más reformas penales ad hoc exigimos, según la memoria 2008 de la Fiscalía General del Estado, que demanda todavía más medios, reformas e instrumentos para combatir el yihadismo. Parafraseando al fiscal, afirmamos que el Estado español tiene un problema grave de terrorismo. De Estado: la lógica guantanamista relatada lo acredita. Como antes lo acreditó la aplicación de esa lógica de excepción en lo penal, lo procesal o lo penitenciario contra los movimientos sociales disidentes catalanes. Por no hablar del País Vasco.

Insistamos entonces en que la trampa fundamental radica en la afirmación de que el fenómeno es complejo y de difícil abordaje. Porque esa letanía es la que enmascara todos los fracasos, abusos e injusticias. ¿Nos lo podemos permitir? Si nos amparamos en Los derechos del hombre de Thomas Paine no, de ninguna manera: «Quien quiera salvaguardar su libertad deberá proteger de la arbitrariedad hasta a sus enemigos, o se establecerá un precedente que se volverá contra él».

Al común de los vecinos no nos hace falta el CNI azuzando el miedo para reivindicar el sentido común. Vicent Partal, la voz más crítica del periodismo catalán con la operación del Raval, escribió con lucidez: «la amenaza del terrorismo de raíz yihadista es grave. Probablemente el asunto más importante, en términos de seguridad, que Europa tiene delante. Pero precisamente porque es tan importante no se pueden consentir actuaciones como las que hemos visto en el Raval hace poco». Para poder añadir, desde una acreditada conciencia ética y social: «toda agresión a los derechos civiles me afecta».

Al fin y al cabo, insistamos, la paradoja es latente y permanente: se han producido decenas de detenciones contra una violencia yihadista de la que no hay un solo caso en Cataluña. Violencia antiislámica, por el contrario, sí que hay: el concejal de la Plataforma per Catalunya en Cervera fue condenado por intentar quemar la mezquita. Retengan el severo castigo ejemplarizante: 25 euros de multa. Asistimos así a la implosión de la lógica aplastante de la ley del embudo y de las metonimias. Todo es lo mismo y todos son la misma cosa. Y ello no sería posible sin un clima islamófobo algo más que latente, concretado en infinitud de noticias que no responden al requerimiento de calado y profundidad al que interpelaba Santiago Alba Rico: «¿Ninguna noticia acerca de la exquisita, mayoritaria, casi irritante moderación de las poblaciones musulmanas de todo el mundo?»[13]. El desconocimiento —sin eufemismos: la ignorancia prepotente y atrevida— respecto al mundo árabe provoca ese auge del miedo y el pánico. Al fin y al cabo, el pequeño Guantánamo es precisamente eso. Someter a un sector de nuestra sociedad a un estado de sospecha permanente. No es ninguna exageración, desgraciadamente. Eugenio Pereiro, nada más y nada menos que el director del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista impulsado por Zapatero tras el 11-M, afirmaba el 26 de julio de 2008 en La Vanguardia:

P: ¿No hay un presunto perfil?

R: Inmigrantes de primera generación, segunda y tercera, y diferentes niveles de formación, adquisición y cultura. Un gran porcentaje pertenece a niveles bajos de integración social, pero no podemos excluir a nadie.

Sin matices: no excluyen a nadie. De facto, el establecimiento de un estado de sospecha permanente contra cualquier miembro de la comunidad árabe o musulmana. Estado de sospecha maccarthista alimentado por determinados periodistas con principios goebelianos y ese substrato nacionalcatólico de cruzada tan hispánico: principio de simplificación y enemigo único («los moros»); principio de contagio transmutando todos los adversarios en una sola categoría («los moros»); principio de vulgarización («que vienen los moros»); principio de exageración y desfiguración («los moros en el metro de Barcelona»); principio de transfusión para potenciar argumentos simples y primitivos («los moros, los musulmanes y las mezquitas»); principio de orquestación reiterativamente monótona («enésima célula de Al Qaeda desarticulada») y principio de unanimidad («la culpa es de los moros»). Cruzada informativa también con los rasgos propios de la Inquisición: actos de fe, quema de brujas y herejía de quien dude. Ésa es la trampa: jugar con el miedo de no saber qué es lo que realmente sucede. Azuzar el miedo a un nuevo vecino que tiene los mismos problemas —o más— que nosotros. Explotar la mirada eurocentrista de odio atávico contra los musulmanes. En una palabra, islamofobia. Como bien demostró recientemente un Informe semanal de infausto recuerdo que multiplicó los tópicos típicos y todos los estigmas sobre el barrio del Raval y sobre el barrio Príncipe de Ceuta. Lo peor: que sus reporteros no pueden aducir ignorancia y unilateralidad de las fuentes, porque disponían de la otra versión. No editaron ni un solo segundo con los vídeos de las otras voces. Ellos sabrán por qué.

Finalizando. Hemos puesto un título con tres nombres propios y con ellos quisiéramos acabar. Con Kafka, porque la lógica absurda e irracional del proceso la han vivido demasiados conciudadanos ya. Con Le Carré, porque las informaciones publicadas por la prensa internacional dan todos los elementos para una novela negra que discurra por los derroteros de la «guerra global permanente» decretada por los amos del mundo. Con Corachán por la portada alarmista y alarmante del «19-E» que condensó un modelo de periodismo perverso que se desacredita solo, y que trabaja desde la butaca y el teclado. Jugando con vidas ajenas e incapaz de publicar, ni siquiera asumir, que todo ha quedado en agua de borrajas. Un periodismo lesivo para los detenidos, para la sociedad y para el propio periodismo. Para todas y todos. Y un solo detalle al respecto: recientemente Jordi Corachan, 15 años después de las detenciones a los independentistas catalanes torturados antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, reconoció —15 años después, insistimos— que tenía la «convicción moral» de que los detenidos habían sido torturados. Esperamos que no haya que llegar al 2023, quince años después de las detenciones del Raval, para que reconozca su «convicción moral» de que en el Raval se consumó un despropósito y que todavía, en 2023, no se han encontrado bombas, ni relaciones con redes violentas ni comunicaciones sospechosas.

Todos somos judíos alemanes

Acabamos. El año pasado se cumplían 40 años de la revuelta del Mayo del 68 francés. Una de las manifestaciones más fraternales, sentidas y concurridas transcurrió en apoyo a Daniel Cohn Bendit. De Gaulle, en una intervención que apestaba a xenofobia, chovinismo y antisemitismo invocó el origen judío y alemán del dirigente como arma de ataque. La manifestación transcurrió, en las calles francesas, bajo el memorable lema «Todos somos judíos alemanes». Lo decimos porque la alternativa, el antídoto, sigue residiendo donde siempre. En la solidaridad. Cada vez más necesaria a medida que crecen «los enemigos». Habrá que gritar que también somos «pasteleros de la calle Hospital» o «trabajadores inmigrantes» o «nuevos vecinos con otras creencias» o lo que haga falta para revertir esta situación.

Porque hoy, como ayer, quizá también mañana, cuando veamos vecinos «chupados» por la razón de Estado, desaparecidos de las calles en secuestros legales de una perversa guerra preventiva que sabemos cómo empezó pero no cómo acabará, es y será preciso recuperar el vínculo social. Hay una lucha abierta de la ciudad contra el miedo, contra la fragmentación social y contra la inoculación de pánicos teledirigidos para controlarnos mejor. No podemos dejar a nuestros nuevos vecinos en el desamparo y el aislamiento. Y eso no es ningún cheque en blanco: es, simplemente, autodefensa colectiva. Sólo es necesario poner la mano en el fuego por los derechos civiles, los derechos humanos y la primacía de la presunción de inocencia, vulnerados por la democracia autoritaria de baja intensidad que se vive en el Estado español, con cada vez mayores espacios de impunidad y excepción.

Justamente ahí radica, hoy, el interrogante. Porque la cuestión ya no es, afortunadamente, cuándo cerrará Obama el centro de torturas de Guantánamo, sino cuando cerraremos nosotros los nuestros. Los que tenemos en casa. Al lado. Y que afectan a nuestros vecinos. Guantánamos locales que han contribuido a formar, irresponsablemente y de forma cómplice y con plena impunidad, determinados medios y determinados periodistas, con su inestimable aportación a la difusión de la cultura del odio a través del periodismo oficial. Algo que lamenta Abdennur Prado, de la Junta Islámica de Cataluña, insistentemente. Y razón no le falta. La categorización estigmática, demonizada y satanizada del «musulmán» pone todas las bases para que la islamofobia sea, en el siglo XXI, el virulento antisemitismo que recorrió Europa desde finales el siglo XIX. Y eso es, desde la más reivindicada memoria antifascista, lo que no nos podemos permitir. De ninguna de las maneras.

Narrativas del miedo: sobre la construcción de la amenaza islamista en Barcelona

Alberto López Sargados

I

Tengo un amigo en la Guardia Civil que me llamó y me dijo: «Mira, sabemos que Tariq ha tenido ese problema, y así […] Sabemos que ha tenido un problema de terrorismo». Yo le dije: «Amigo mío, mi cuñado no es un terrorista». Luego me dijo si le podía ayudar, pues él estaba al tanto de ese tipo de cosas. Entonces yo le dije que no había ningún problema, que podía venir cuando quisiera porque, le repetí, mi cuñado no era terrorista. «OK, entonces llegaremos a las 7 de la tarde, más o menos» […] Cuando vinieron, mi amigo estaba entre ellos, entre los tres que vinieron. Pertenecían a la Guardia Civil. Entraron aquí, en mi casa, y empezaron a registrarlo todo, especialmente la habitación donde dormía Tariq. Encontraron dos mochilas, que estaban llenas de ropa y se llevaron una de ellas […] Si mi cuñado hubiera tenido una lista de objetivos, o un montón de dinero, como medio millón de dólares o así, incluso yo hubiera pensado que era terrorista, pero es que no tenía nada […] Todo esto es simplemente un cuento[1].

En un proceso judicial abierto, las declaraciones más o menos encendidas de inocencia se dan casi por descontadas cuando es un pariente el que las realiza. Se presupone que su vínculo con el imputado condiciona su discernimiento hasta el punto de ser, al menos la mayoría de las veces, incapaz de inculparlo. En cierto modo, el parentesco subraya la falta de credibilidad del testimonio, pues se supone que aquél desea ante todo convencerse a sí mismo de la falta de responsabilidad de su familiar. Por ello nos resulta comprensible una afirmación como la que abre este artículo, a saber, la convicción de que la operación contra el terrorismo islámico que tuvo lugar en los barrios del Raval y la Ribera el pasado 19 de marzo de 2008 fue una fabulación, un simple montaje. Comprensivos ante la perspectiva defendida por los familiares, no tenemos sin embargo razones para sentirnos tranquilos, pues ¿acaso el problema con los terroristas no es, precisamente, que se trata de personas perfectamente normales? ¿No es cierto que un buen número de veces son sus parientes más allegados —primos, hermanos, cuñados— quienes menos sospechan de ellos? Si los afectos nos vuelven ingenuos, o si es simplemente la voluntad de protección de nuestra familia la que nos impele al perjurio, ¿no resulta lógico que perciban la acusación como un cuento, una conspiración o una pesadilla?

Si se trata de una pesadilla, es en todo caso colectiva. Por ahí comienzan las dudas. En las jornadas siguientes a la acción policial contra catorce ciudadanos de origen indio y pakistaní, todos ellos de confesión musulmana, que tuvo lugar el 19 de enero de 2008, sorprendía la unanimidad con la que los vecinos del Raval pertenecientes a la misma confesión afirmaban la inocencia de los acusados. Aunque entre algunos sectores influyentes de la comunidad pakistaní se pedía, con el consabido ritornello, máximo respeto por el trabajo de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, en general se consideraba imposible que esas personas, algunas de las cuales eran vecinos sumamente conocidos del barrio, hubieran pretendido cometer un atentado mortífero contra los transportes públicos de la ciudad de Barcelona, tal y como anunciaban los medios de comunicación tras la ceremonia de confusión inicial[2]. En ese sentido, incluso los vecinos más cautos se pronunciaban a favor de la tesis conspirativa, y desde el día 20 de enero se destacaba la inconsistencia del testimonio protegido, corrían rumores en torno a la implicación de los servicios secretos pakistaníes, y se subrayaba la coincidencia de la acción policial con la visita del general Musharraf a Europa. En el esfuerzo por arrojar sentido sobre una acción que nadie parecía comprender, buena parte de la comunidad musulmana del Raval se decantaba por la idea de que, en efecto, nos hallábamos ante la puesta en marcha de una ficción más o menos cuidada en la que el protagonismo no correspondía a tal o cual personaje concreto —el bondadoso pastelero de la calle Hospital, el honrado imam padre de cuatro niñas pequeñas, el joven y entusiasta empresario dispuesto a exportar aceite de oliva a la India, etc.—, sino a la comunidad musulmana en su conjunto. Rendidos o indignados, cabizbajos o tensos, sin apenas levantar la voz o con la vehemencia de quien se siente injustamente tratado, muchos residentes musulmanes —y no musulmanes— del Raval sentían que el único motivo que había provocado la detención de sus vecinos era su condición de musulmanes. En este sentido, algunos de ellos percibían que, de hecho, el juicio ya se había celebrado; tal y como me relató, con frustrada resignación, un joven de origen pakistaní en los días siguientes, la operación policial «se había cargado, de golpe, diez años de diálogo interreligioso en el barrio del Raval».

Puede objetarse que la convicción de enfrentarse a un proceso abierto contra los miembros de una confesión religiosa en su conjunto constituye una especie de alucinación colectiva. A las dificultades económicas que atraviesan, y la explotación laboral de que son objeto por su condición —aún mayoritaria— de emigrantes, los ciudadanos musulmanes añaden la marginación experimentada en el momento en que tratan de efectuar sus prácticas religiosas en una esfera pública secularizada. Convertidos así en minoría religiosa, la comunidad se replegaría sobre sí misma con el fin de garantizar un mínimo de seguridad y confort, recreando un escenario familiar —y forzosamente idealizado— presidido por los valores y símbolos de la religión musulmana. En esa situación potencial de esquismogénesis (Bateson), la amenaza de ser objeto de persecución se convertiría en lo que Gabriele Marranci define como un acto de identidad, esto es, proporcionaría la retórica emocional necesaria para dar estabilidad al proceso de formación de la identidad de los miembros de esa minoría religiosa[3]. En otras palabras, la victimización ofrecería un pretexto semántico para consolidar las solidaridades en el seno del grupo. La idea es, cuando menos, verosímil.

Sin embargo, esa argumentación presupone —y casi justifica piadosamente— que los afectados son poco menos que prisioneros de una subjetividad en conflicto que les sobrepasa y que nubla su juicio. Al atribuir esa manía persecutoria a las turbulencias de la psique de unos emigrantes que tratan afanosamente de dar sentido a sus vidas, ese razonamiento evita enfrentarse a la terquedad con la que los afectados relatan los hechos que justifican sus convicciones. Ahora bien, más allá de su verosimilitud lógica, la credibilidad de esas grandes argumentaciones debe, en primer lugar, acreditarse en la secuencia de los hechos que teóricamente explican. Por ello, a modo de contraste, nada más adecuado que detenerse en algunos de los relatos de los propios afectados, de los familiares directos de los detenidos a causa de la operación policial del 19 de enero, y comprobar si la victimización es un efecto óptico, un espejismo de individuos extraviados o bien el fruto amargo de la acumulación de evidencias.

II

Uno de los indicios que levantan más sospechas es la cuestión de los registros domiciliarios. En algunos casos, como el de la vivienda de Mirzah Maaruf, éstos se llevaron a cabo en las horas inmediatamente posteriores a la detención, y sin más contratiempos. Sin embargo, en el caso de Muhammad Tariq, trabajador contratado por la empresa de limpieza de Transports Metropolitans de Barcelona —y, por su particular posición, responsable del operativo que debía permitir atentar contra la red de transporte de la ciudad—, el registro se efectuó alrededor de dos semanas más tarde, según los testimonios de su hermana y cuñado, que viven con él. De hecho, la Guardia Civil, que según parece —tal y como se menciona en el relato inicial— desconocía el domicilio de Muhammad Tariq, tuvo que solicitar esa información al propio cuñado del detenido. Aun admitiendo que esa demanda de información era puramente retórica, y que la Guardia Civil sabía perfectamente dónde vivía Tariq, el hecho de desplazarse a la vivienda de uno de los miembros más significativos de la supuesta célula terrorista a las dos semanas de haber efectuado la detención supone la vulneración del más elemental código de investigación policial. Persuadidos del deber de protección que una hermana debe prestar, y para evitar que ésta pudiera eventualmente destruir toda huella que incriminase a su hermano, los investigadores deberían haber visitado ese domicilio en las horas inmediatamente posteriores, antes de que se tuviera noticia de la operación, para proceder al registro. Sirva decir aquí, de paso, que los parientes de Muhammad Tariq declaran no haber visto en ningún momento la autorización judicial de registro domiciliario en manos de los investigadores que accedieron a su casa.

Esa falta de celo, cuando no directamente incompetencia, en las labores de investigación, sólo es explicable como consecuencia de una flagrante improvisación o, peor aún, por el convencimiento policial de que no se iba a encontrar nada en dicho registro. Sin embargo, esa suerte de indolencia quedaba compensada por un exceso de diligencia en otros casos. Ante todo, en la puesta en marcha del operativo que condujo a la detención de los presuntos miembros de la célula la misma noche del 19 de enero, cuando, según se afirma a instancias de la delación incontenible del testigo protegido, se procedió al arresto de un grupo que pretendía actuar «de manera inminente» contra algún objetivo de la ciudad. Una inminencia en los preparativos que, conviene recordarlo, no queda en absoluto confirmada por el sumario, en el que se destaca entre otras cosas la imposibilidad de cometer un atentado importante con el material incautado. Pero el celo preventivo de los cuerpos de seguridad cuenta con otros ejemplos notables en este caso; uno de ellos, en particular, sucedió con ocasión de la detención provisional de dos periodistas de Geo TV, un importante canal de televisión pakistaní, que habían venido a Barcelona a cubrir la noticia de la redada contra una presunta célula terrorista formada en su mayor parte por compatriotas. Este es, en síntesis, el testimonio de uno de los miembros del equipo, que reside en Barcelona y que hizo las veces de logista:

Javed Qamal, el responsable de GEO TV para Italia, llegó aquí el 26 de enero de 2008. Fui a buscarle al aeropuerto. Estuvimos trabajando tres días, hasta el día 28 de enero, porque el día 29 Qamal debía volver a Italia. Me llamó el día 24 o 25, interesado por la historia que había sucedido en el Raval; quería venir a Barcelona, y finalmente lo hizo el día 26, casi a las 10 de la mañana. Juntos, nos fuimos a la mezquita de Tariq ibn Ziyad, y allí entrevistamos al hijo de Ayub, en la pastelería que se encuentra junto a la mezquita […] Allí, alguien nos dijo que había personas que nos vigilaban… cuando estábamos en la puerta de la mezquita de Tariq ibn Ziyad, pero no los vimos. Según parece, se trataba de policías sin ropas [esto es, de paisano]. Grabamos a uno de los jóvenes que la policía liberó a los pocos días. Como estaba libre, le hicimos algunas preguntas […] Recuerdo que nos dijo que la policía, cuando entró en la mezquita, no respetó los libros del Corán, así que nosotros fuimos a Tariq ibn Ziyad y grabamos todos los Coranes, etc. […] Estuvimos grabando durante tres días: el día 26 en casa de Ayub, el día 27 estuvimos en casa de Maaruf, con su mujer y sus niñas, y después, el último día fuimos a la mezquita Ayub Ansar i, donde se habían realizado la mayor parte de las detenciones. Cuando ya nos íbamos, el tercer día, y habíamos entrado en el metro, tres o cuatro personas entraron detrás de nosotros, y sin decir nada ni pagar billete, cogieron a Qamal y le esposaron, mientras dos de ellos se quedaban hablando conmigo, diciéndome que no podía entrar con la cámara en el metro. Yo pregunté por qué, y les dije que tenía permiso de residencia, que vivía en Badalona, y que no había ningún problema. Me mandaron callar, y cuando me di cuenta, vi que se habían llevado a mi amigo. A mí me tenían vigilado con dos perros. Es la primera vez en mi estancia en España que sentí miedo de verdad […] Toda la policía era secreta […] Yo permanecí todo el tiempo abajo, en el metro, durante casi dos horas […] Yo pensaba que España es un país buenísimo, con mucha libertad, donde no te tocan, ni te roban nada. Pero no he olvidado nada de lo que pasó el 28 de enero de 2008 […] Qamal tenía dos cintas, y yo tenía 2 más en mis bolsillos. Cogieron todas las cintas, y nos preguntaron por qué habíamos estado grabando en las dos mezquitas. Sabían perfectamente donde habíamos estado en los tres días. A mi amigo le preguntaron por qué vivía en Italia, y según me contó después él sólo repetía que no hablaba español, sino italiano […] Él estuvo todo el tiempo retenido en un coche […] Cogieron las cintas y con un imán lo borraron todo[4]

Vistas así las cosas, la combinación del entusiasmo mostrado a la hora de eliminar testimonios incómodos con una injustificada dejadez en la búsqueda de pruebas inculpatorias provoca una cierta perplejidad. Y no son en modo alguno las únicas debilidades del caso. En este mismo libro, la contribución de Benet Salellas, abogado de la causa, ofrece un buen número de ellas, por lo que no es preciso insistir en este punto. Lo que sí quiero destacar es que la acumulación de esas evidencias, que se suman al terreno trillado por las anteriores operaciones policiales organizadas contra el terrorismo islámico en Barcelona, justifican, al menos a ojos de buena parte de los miembros de la comunidad musulmana de la ciudad, la convicción de que parece existir un proceso abierto contra la religión musulmana en el que prima la amenaza y la alarma por encima de la propia consistencia de las pruebas. Esas acusaciones preventivas, que actúan como auténticas epifanías de un mal difuso y omnipresente, presentan una extraordinaria potencia inculpatoria, pero al precio de sustraerse a la contingencia de los hechos que teóricamente las avalan. Como un conjuro efectista obrado por un chamán experto, el exceso de sentido aportado por la narrativa de la acusación desborda los simples hechos hasta devorarlos.

III

Evidentemente, esas operaciones quedan de inmediato justificadas por la necesidad de aplicar políticas de prevención del delito. Lo destacan siempre quienes, de un modo u otro, tienen responsabilidades sobre dicha aplicación. A primera vista, el argumento es inapelable: se trata de proteger a la ciudadanía de las múltiples amenazas que la acechan. En efecto, entre los síntomas que parecen emerger en las últimas décadas en las sociedades del capitalismo tardío destaca la percepción, cada vez más generalizada, de que los riesgos que debemos afrontar se han multiplicado, o han aumentado su intensidad hasta extremos desconocidos. El colapso ecológico, la crisis energética, el peligro de que una pandemia se abata sobre una sociedad administrada desde la profilaxis, la excrecencia del terrorismo, etc.; aparentemente, una serie de contingencias aguardan las condiciones de madurez adecuadas para asaltar el cuerpo social, y es lógico que, en esas condiciones, el aparato del Estado despliegue sus instrumentos de vigilancia y acción inmediata para librarnos en parte de esas amenazas, marcadas por el signo de la imprevisibilidad y la incertidumbre. Como corolario de la pulsión securitaria, se cometen ciertos abusos; en ocasiones, las medidas son desproporcionadas, pero ése es, se nos trata de convencer, el precio que debemos pagar si queremos garantizar una cierta sensación de confianza.

Sin embargo, la obsesión por la seguridad parece más el producto de una representación progresivamente neurótica del orden social que la respuesta proporcional a una creciente situación de peligro. En este sentido, el diagnóstico que Ulrich Beck y otros hicieran para describir las lógicas dominantes en el capitalismo tardío me parece bastante exacto. Como consecuencia de los desarrollos industriales y de la conciencia adquirida por el hombre de que los efectos ecológicos y sanitarios de esa expansión industrial no tienen precedentes, se impone progresivamente una percepción generalizada de los riesgos que corremos —percepción que no sólo no detiene la lógica productiva, sino que le otorga un nuevo impulso por medio de la aparición de las empresas dedicadas al tratamiento de residuos y la descontaminación, el surgimiento de lo que Gold y Revill definen como paisajes de defensa[5], etc.—, y que se proyecta sobre el futuro como el modelo social anterior lo hacía sobre el pasado. Un futuro que cierne sus incógnitas sobre la propia representación de lo social, concebido en consecuencia desde el prisma de la crisis y la fractura:

En lugar del sistema axiológico de la sociedad «desigual» aparece, pues, el sistema axiológico de la sociedad insegura. Mientras que la utopía de la igualdad contiene una multitud de fines positivos de los cambios sociales, la utopía de la seguridad es peculiarmente negativa y defensiva: en el fondo, aquí ya no se trata de alcanzar algo «bueno», sino sólo de evitar lo peor. El sueño de la sociedad de clases significa que todos quieren y deben participar del pastel. El objetivo de la sociedad del riesgo es que todos han de ser protegidos del veneno[6].

Una utopía negativa que en esencia trataría de minimizar —que no eliminar— los costes de una serie de peligros cuyos efectos, más pronto o más tarde, se antojan inevitables. No obstante, una de las sorpresas más inquietantes que arroja esa representación de lo social rendida a un fracaso que se percibe inexorable es precisamente la amplificación que efectúa de las amenazas que se ciernen sobre los ciudadanos, cómo produce una serie de narrativas del miedo (una ecología del miedo, diría Mike Davis) que comportan una auténtica inflación de sentido, desproporcionada con respecto a los que podríamos definir como sus condiciones objetivas. Así, por ejemplo, las narrativas en torno a la amenaza del terrorismo yihadista, ubicuas desde el 11-S y la puesta en marcha de la «guerra contra el terror», resultan desmedidas si nos atenemos a la fría precisión de las estadísticas. Incluso el infausto año 2001, cuando las víctimas mortales atribuibles al terrorismo de corte islámico alcanzaron la cifra de 2.500 personas, simplemente las muertes imputables al SIDA en los Estados Unidos llegaron a 14.000[7]. Por lo visto, es evidente que no todas las muertes tienen el mismo peso simbólico; si efectuamos un recuento de las víctimas civiles —incluidos los «daños colaterales»— que se han producido en Iraq desde la invasión, la cifra alcanza probablemente las 100.000 personas[8]. Sin embargo, mientras la «guerra contra el terror» inflama las retóricas securitarias que nos envuelven, monopoliza seminarios y encuentros internacionales, condiciona en fin la política mundial, la otra «guerra», la guerra convencional de ocupación, no suscita representaciones tan poderosas. El caso de Cataluña es, también en este sentido, paradigmático: como señalan en este volumen Albert Martínez y David Fernández, Cataluña, que a tenor de las opiniones de un influyente think tank español como el Real Instituto Elcano se halla en «el centro del yihadismo en Europa», ha sido escenario de la mayor parte de las operaciones policiales desencadenadas contra el terrorismo yihadista en España desde 2004 sin que en ella se haya producido un solo atentado[9]. ¿Feliz coincidencia, signo de la eficacia de las políticas preventivas o, por el contrario, efecto perverso de los discursos inflamados por el miedo?

En mi opinión, ni es una coincidencia ni tampoco un signo de eficacia. Lo que pretendo señalar es que la creciente preocupación por la amenaza del llamado «terrorismo yihadista» sólo adquiere pleno sentido cuando la contextualizamos en el interior de una representación de lo social que da por descontado el fracaso de todo proyecto de reforma, y asume como condición natural de la ciudadanía lo que Peter Marcuse define como el estado de «inseguridad existencial»[10]. A diferencia de la «inseguridad ontológica», que describiría un miedo ante lo inexorable (la muerte), en ese nuevo estado de cosas nos hallaríamos ante amenazas que se perciben como evitables pero cuya imprevisibilidad e indefinición provoca una suerte de ansiedad crónica que justifica unas políticas de prevención concebidas más como instrumento de sedación de la ciudadanía que como una solución a sus problemas.

En palabras de Marcuse, afrontamos el «sentido psicológico de un peligro omnipresente»[11] e informe. Nuestra propia representación de la alteridad, del Otro, refleja ese cambio de tercio. Mientras los desviados de la modernidad aparecían como una minoría diferente (el drogadicto, el enfermo mental, el criminal), destacados con nitidez sobre el fondo mayoritario de un cuerpo social confiado en sus posibilidades de reinserción, el desviado de la modernidad tardía se reproduce, se diluye en la multitud y, sobre todo, se mimetiza, se vuelve peligrosamente anónimo. Ya no nos imaginamos a los emigrantes encerrados en un gueto, segregados de una mayoría social «normalizada», sino que creemos distinguirlos por todas partes, como una invasión que convierte en minoritaria nuestra propia normalidad[12]. Y en el interior de esa masa amenazante, los terroristas se nos antojan camuflados en su aparente banalidad, inofensivos a simple vista. Si uno lee toda una literatura apologética de los discursos preventivos que ha proliferado en los últimos años, y a la que quisiera volver más tarde, los «terroristas yihadistas» se ampararían en su «mimetismo social»[13] con los miembros de la comunidad musulmana, cuya permeabilidad a la presencia intrusiva de esos radicales violentos es, dicho sea de paso, signo de una connivencia tácita. Con todo, ciertas apariencias externas pueden interpretarse como indicios de una radicalización y militancia yihadista: el pelo de la cabeza rasurado al uno, las uñas particularmente recortadas, la pérdida de peso como consecuencia del cambio de hábitos alimenticios y, por supuesto, una larga y poblada barba. Sin embargo, los productores de esa literatura de propaganda saben que esos signos son equívocos, porque el verdadero yihadista, cuando se sabe perseguido «procura guardar las apariencias, evitando todo aquello que pueda ser relacionado con el radicalismo. En casos extremos, eso puede suponer la violación de normas islámicas, como por ejemplo beber alcohol o comer carne de cerdo»[14]. El problema con los terroristas islámicos no es, pues, que tiendan a confundirse con el resto de musulmanes; eso ya se presupone, como se presupone en el fondo una lógica conmutativa que hace que cualquier musulmán que manifieste esos signos externos sea, al menos en potencia, un terrorista. No, el problema es más grave aún: los auténticos terroristas musulmanes ni siquiera parecen musulmanes. Como un mal difuso e invisible, se encuentran entre nosotros, acechantes y desapercibidos. Irreconocibles, ellos justifican la ansiedad que nos embarga, el sentimiento de inseguridad existencial al que se refería Marcuse.

IV

Es importante recalcar en este punto que, contra esa pseudoliteratura alarmista, contra la vulgar propaganda vertida desde organismos como la Fundación Athena Intelligence (http://athenaintelligence.org), dedicados en cuerpo y alma a alimentar las narrativas del miedo, el problema del terrorismo yihadista no es únicamente un problema de contención, sino también, y muy especialmente, de concepción. Furedi señalaba hace poco tiempo que existen sociedades inspiradas por la confianza en lo que el futuro pueda deparar, como las hay que son necesariamente aprensivas ante esas expectativas. Aquello que las diferencia es, precisamente, el modo en que gestionan la incertidumbre. Por ello, si la modernidad concebía lo desconocido como una tierra de conquista cuyas fronteras debían reducirse gracias a la acumulación del conocimiento, la idea que parece atravesar el mundo contemporáneo es justamente una inversión del sueño modernista de la razón, donde un «número creciente de experiencias están condenadas a situarse más allá del conocimiento»[15]. Es lo que, en la jerga al tiempo absurda e inquietante propia del ex secretario de Estado norteamericano Donald Rumsfeld, se denominaban las «incógnitas incógnitas» (unknown unknowns): cosas que no sabemos que no sabemos, y que en su opinión constituían la principal amenaza del terrorismo global. Ante la evidencia de que nada podemos hacer por saber lo que no sabemos sobre los males que nos acechan, la única respuesta posible es el pánico generalizado.

Ahora bien, por indeterminada que resulte, esa sensación de pánico existencial necesita una proyección que canalice la ansiedad, infunda sentido y adquiera, por eso mismo, capacidad movilizadora. El objetivo de la literatura propagandística producida por los centros de expertise y difundida a través de los medios de comunicación, una literatura diseñada para influir sobre el político y el legislador, es justamente la configuración de ese cuerpo dañino, la preparación más o menos cuidada de un enemigo a la vez exterior e interior cuya relación con los individuos reales que supuestamente retrata importe menos que su capacidad para ser responsabilizado. Cristaliza así, alimentado con los tópicos del orientalismo más rancio, un objeto imaginario diseñado como contraparte negativa de las virtudes civilizatorias que nos atribuimos, una verdadera encarnación del mal, un «Islam» mediático que, como señalaba Deltombe, es menos reflejo de un hipotético «islam real» que el espejo invertido de nuestra propia sociedad, el producto de un conjunto de relaciones de fuerza que, todavía hoy, marcan sin duda el orden hegemónico de las representaciones[16]. Para subrayar algunas de las características de ese «islam imaginario» que campa por sus respetos, sustentado sobre un aparato académico y mediático imponente, podemos destacar que es evanescente (aparece y desaparece de los medios a un ritmo de vértigo), parcial (se percibe únicamente a través de los problemas que en apariencia suscita: rituales molestos, olores desagradables, opiniones retrógadas…), homogéneo (proporciona una identidad nuclear que supera las barreras étnicas, lingüísticas y nacionales), irremediablemente comunitarista (el individuo queda aplastado por el peso de un colectivo amarrado a una religiosidad compartida)[17] y, por supuesto, está indisolublemente ligado a la violencia (terrorista, en este caso).

En los relatos de familiares de los detenidos con ocasión de la operación policial del 19 de enero, teñidos de fatalidad, trasluce la constatación de que ese islam imaginario se ha impuesto en los últimos años hasta alcanzar un monopolio insólito sobre la representación de la realidad que deja, literalmente, sumidos en la impotencia a quienes se consideran víctimas de esa superchería. En el primer testimonio, se hace referencia a la Jamaat at-Tabligh, la organización pietista fundada en 1927 en Deoband (India) que cuenta con millones de adeptos a lo largo y ancho de la umma islámica[18]. Presente en Barcelona, en particular en la mezquita Tariq Ibn Ziyad de la calle Hospital, el sumario de la operación policial del 19 de enero de 2008 considera que la presunta célula terrorista se habría amparado en la estructura de dicha organización para planear su atentado, lo que de paso provocó diversas acusaciones cruzadas contra la propia Jamaat at-Tabligh y sus vínculos con el «salafismo de corte yihadista»:

Antes iba mucho a la mezquita, pero ahora voy menos, y desde que ha pasado esto [la operación policial del 19 de marzo], pues menos todavía […] Hay que saber que desde que yo llegué aquí, en 1987, ha habido da’wa [lit. «predicación», campañas de proselitismo organizadas por la Jama’at at-Tabligh destinadas al resto de la comunidad musulmana], e incluso antes de que yo llegase ya existían. Te estoy hablando de 1987, cuando ya venían jama’at [grupos de predicación] de otras mezquitas, e incluso de otros países. En una ocasión, muy poco tiempo después de que yo llegase a Barcelona, en el año 1988 o 1989 vino unajama’a desde Pakistán, me parece que de 7 u 8 personas, que vinieron andando [énfasis] […] Si llegaban por ejemplo a Inglaterra en avión, pues recorrían andando todo el país. Me acuerdo muy bien que cuando la jama’a llegó a Barcelona, en 1988 o 1989, a la mezquita de Tariq ibn Ziyad, yo también me fui con ellos andando toda la autopista C-31 en dirección a Vendrell. Hacia las 7 de la tarde hicimos un campamento junto a un descampado que hay junto al Carrefour; hicimos la comida, de todo, comimos, etc. En ese momento, apareció la Guardia Civil, porque estaban asustados. Debieron pensar, ¿qué gente son éstas? ¿De dónde vienen? En ese momento yo ya hablaba un poco de castellano […] así que les explicamos que esa gente eran de religión musulmana, y que querían ir andando por toda España. Ellos [la Guardia Civil] quedaron muy tranquilos, e incluso ofrecieron un coche para llevarnos, pero les dijimos que nuestra misión era ir andando. La Guardia Civil nos pidió disculpas, y se fueron… ¿Te imaginas que hubiera pasado ahora, con el terrorismo y todo eso?[19]

En el siguiente testimonio, se establece una clara cesura entre un pasado casi arcádico, anterior al drama experimentado por las familias de los detenidos, y algunas de las consecuencias devastadoras de la acción policial sobre la confianza entre las personas:

Desde que pasó lo del 19 de enero, a la gente le da mucho más miedo que antes reunirse con nosotros. Antes, tenía muchos amigos, y había gente que era muy buena conmigo, pero ahora cuando me cruzo por la calle con ellos, me saludan y se van. Antes, en cambio, cuando me saludaban, nos sentábamos, tomábamos algo, comíamos algo… pasaban el tiempo conmigo. Pero ahora muchos han cambiado, por ese miedo por lo que ha pasado, y también porque nosotros estamos en una situación muy mala. Cuando estábamos libres (sic), yo no tenía ningún problema con el terrorismo, pero ahora que estamos en tiempos de terrorismo…, la gente tiene miedo de que les vean conmigo y de que la policía les pregunte por qué se relacionan conmigo […] Tienen miedo de que la policía también se los lleve a ellos. Por eso la mezquita apenas se llena. Antes, la mezquita estaba siempre llena, pero después del 19 de enero apenas se llena la primera línea[20].

En «tiempos de terrorismo», en todo caso, la primera damnificada parece ser la propia práctica religiosa musulmana, ya que, dicho sea de paso, en un contexto secularizado, la propia condición de «practicantes» de muchos musulmanes es objeto de sospecha. En todo caso, el resultado de la combinación de los diversos lugares comunes que se repiten en torno a ese islam especular —y en particular su asociación consustancial a la violencia— es la expulsión de las comunidades musulmanas del ámbito de la civilización. La barbarie de una conducta que se juzga inmoral, el empecinamiento en participar en las liturgias de una religión que se considera cruel, fanática y obsoleta, y cuyo ejemplo paradigmático sería el terrorista suicida, capaz de inmolarse a fin de realizar una declaración asertiva sobre su fe, justificaría en definitiva la necesidad acuciante de someter a una constante monitorización a sus miembros. Si el «militante yihadista radical» —obsérvese la multiplicación y solapamiento de las categorías— se mimetiza en la masa amorfa de emigrantes, si se ampara en su invisibilidad práctica —cuando no, como veíamos, en su más absoluta normalidad—, es preciso controlar los movimientos del conjunto, reconocer que los terroristas no son más que casos extremos en un mar de potenciales peligros. El objetivo debe ser vigilar permanentemente a la diáspora musulmana, repleta por lo visto de aspirantes a traidores, porque, como señalan con paranoica preocupación algunos autores, «es razonable pensar que esa actitud positiva de algunos grupos de musulmanes hacia sectores radicalizados pueda generar una mayor permeabilidad emocional y cognitiva para su captación»[21].

V

Resulta revelador contrastar el imaginario del musulmán abyecto y fanatizado, cargado de odio y con una pulsión destructiva incontenible, con las biografías sucintas de algunos de los detenidos durante la operación policial del 19 de enero de 2008. Como un castillo de naipes, uno querría pensar que el precario montaje que pone en marcha ese islam imaginario debería derrumbarse ante las evidencias, pero lo cierto es que, puesto que la capacidad de difusión de ese islam imaginario es formidable, y dado que, de hecho, no guarda ninguna relación con las evidencias, resiste perfectamente todos los embates de la realidad. Con todo, veamos algunas de esas acometidas:

Dos casos parecen especialmente flagrantes, aunque no son los únicos. El primero de ellos, el de Muhammad Ayub, propietario de la pastelería de la calle Hospital y, según parece, uno de los dirigentes de la presunta célula terrorista. Entre las innumerables noticias sin contrastar que se difundieron los días siguientes a la operación policial, algunas rozaban el ridículo más espantoso. Entre ellas, que el núcleo duro del comando, al que pertenecía Ayub, se habría entrenado, para participar en la yihad global, en campos pakistaníes[22]. Al día siguiente, los periodistas ironizaban sobre el hecho de que alguien pudiese visitar mucho la mezquita «por estar jubilado»[23]. Hay que hacer notar que el mero hecho de visitar con frecuencia la mezquita levantaba sospechas a ojos de los sagaces investigadores. Ése es, tal vez, el rasgo principal de las narrativas hipocondríacas del miedo: todo, hasta el más mínimo detalle, son síntomas inequívocos del mal. En el caso de Muhammad Ayub, la particularidad de que la pastelería que regentaba con sus hijos desde el año 2001 se encontrase a escasos cinco metros de la puerta de acceso a la mezquita Tariq ibn Ziyad, y que Muhammad Ayub fuese de hecho un jubilado, por cuanto que el negocio estaba en la práctica transferido a sus hijos, debía ser por fuerza un indicio de su aviesa maldad. Y si alguien quisiera preguntarse sobre la aparente anomalía de que un hombre de sólo 63 años estuviese jubilado, podría subrayarse que Muhammad Ayub es asmático, y que el Estado español le ha reconocido desde hace años una invalidez del 55%. Situados desde el exterior del universo paranoico de las narrativas del miedo, cuesta imaginarse a un hombre de 63 años que llega a Barcelona en 1972, que consigue el reagrupamiento familiar al cabo de los años gracias a su esfuerzo, que es asmático, y que cuenta con una invalidez del 55%, arrastrándose sobre el barro de las pistas americanas de algún campo de entrenamiento en Pakistán con el fin de atentar en la ciudad que ha visto nacer a todos sus nietos, y en la que lleva viviendo más de la mitad de su vida.

El otro caso que quisiera relatar es el de Jamal Roshan, uno de los dos detenidos de origen indio. Me interesa el caso de Roshan precisamente porque es diametralmente opuesto al de Muhammad Ayub. Cuando fue detenido, Roshan llevaba escasamente tres meses en Barcelona. Se diría que la fugacidad de su estancia en la ciudad justificaría una falta de apego característica de los «terroristas yihadistas», su capacidad para deshumanizar a quienes deben ser sus víctimas. Sin embargo, el perfil personal de Roshan desafía nuevamente todo esfuerzo por complicarlo en una trama destructiva. Nacido en Mumbai y educado, pese a su condición de musulmán, en una prestigiosa universidad jesuíta, St. Javier’s College, Roshan es un joven empresario de unos 40 años que acostumbra a vestir al modo de los ejecutivos. Dedicado al comercio de la peletería en Mumbai, el hecho de que su hermana viviese en Barcelona ofreció a Jamal la ocasión para planificar un interesante negocio que consistía en exportar aceite de oliva a la India. Llegado a Barcelona, Roshan dedicó, en los escasos meses que permaneció en la ciudad hasta ser detenido, la mayor parte de su tiempo a ampliar sus conocimientos sobre la producción de aceite de oliva. Al parecer, pasaba mañanas enteras en la Biblioteca de Cataluña, leyendo la bibliografía existente sobre el tema, mientras destinaba buena parte de las tardes a asistir a cursos de lengua castellana porque, al decir de un pariente próximo, «quería aprender español muy rápido para poder hablar con sus socios comerciales españoles en su propia lengua». Para el entrevistador que tuvo la ocasión de charlar con el pariente de Roshan, resultó cándida y emotiva la declaración de intenciones que, según parece, le había realizado Jamal pocas semanas antes, cuando se cumplía aproximadamente un año de su arresto:

¿Cuando salga de la prisión? […] Jamal me dijo la última vez que le vi: «Javed, por supuesto, la policía ha cometido un error conmigo, pero lo que ha ocurrido ha ocurrido, y no tiene sentido darle vueltas, porque no va a volver a pasar. Un año en prisión es suficiente para mí y para mi familia. Cuando salga fuera, volveré a comenzar con el tema del aceite de oliva, porque deseo exportar aceite de oliva a la India… Quiero exportarlo a mi país…[24]

Por supuesto, los defensores de las lógicas preventivas más decididas proclamarían que es justamente la aparente normalidad de esas personas lo que debería agudizar nuestra vigilancia. Sin embargo, a decir verdad, para desencadenar la estructura de sentido que posibilitan esas acusaciones se precisa, no sólo una concepción neurótica y fracasada de lo social, sino el riguroso ocultamiento de los datos concretos, la impostura de una cuidada selección de los hechos que dibuje personajes arquetípicos y superficiales, planos en sus motivaciones más elementales. El guión sólo funciona al precio de convertir la realidad en un esquema que nos permita comprender que la frontera entre buenos y malos es pura y objetiva, pero que al tiempo promueva la intuición de que cada vez resulta más difícil identificar a unos y a otros en el magma sin forma en que se ha convertido nuestra sociedad. Ésa es la eficaz labor que cumple la literatura apologética de las políticas de anticipación al delito, la producción de una discursividad neurótica y falsamente científica que alimenta las narrativas del miedo.

VI

Se trata, en fin, de unos discursos perturbados de naturaleza endogámica, que continuamente se retroalimentan mediante la cita y la referencia a sí mismos. El objetivo que persiguen es el de clasificar, establecer cuidadas tipologías, simular escenarios y proponer pautas de actuación, sin detenerse un solo instante, prisioneros del vértigo de las probabilidades, a poner en duda una afirmación axiomática cuya existencia justifica todo el edificio intelectual que levantan: que existe un fenómeno discreto y objetivable llamado terrorismo, y que presenta una relación mecánica con la religión musulmana. Merece la pena que revisemos con cierta atención ése y el resto de presupuestos que conforman esa literatura a través de un breve repaso a una parte de la producción intelectual que reúnen think tanks como el Real Instituto Elcano o la Fundación Athena Intelligence:

La distinción nítida y objetiva del fenómeno del terrorismo

Como decíamos, la presunción de que el terrorismo es un fenómeno reconocible entre el conjunto de prácticas ligadas a la acción violenta constituye el eje vertebrador de esa literatura, que asume como definición básica que se trata de un «atentado esporádico y sorpresivo contra personal no combatiente»[25], o bien «la utilización de la violencia por unos que van armados contra otros que carecen de armas»[26]. Se trata, en este caso, de una derivación del conocido dictum de Clausewitz de que la guerra debe consistir en «la colisión entre dos fuerzas activas», y no en «la acción de una fuerza activa sobre una masa inerte»[27]. En este sentido, lo que diferenciaría el terrorismo de la guerra es precisamente la negativa de los terroristas a acatar las distinciones morales que imperan entre beligerantes y neutrales, combatientes y no combatientes. Esos binomios conforman el fondo de la teoría de la «guerra justa», y desactivan la ruina moral que comporta el acto bélico al establecer un ideal de conducta virtuosa en el conflicto. Sin embargo, recientemente, Talal Asad nos recordaba que el lenguaje de la guerra, la «ley de la guerra», sólo resulta accesible en términos de desigualdad, pues «los Estados victoriosos lo emplean para justificar su comportamiento y culpabilizar a sus enemigos vencidos»[28]. Si en el pasado, durante las guerras coloniales, los estados europeos consideraron innecesario aplicar esas distinciones sutiles a las poblaciones indígenas, castigando con brutalidad la resistencia anticolonial como mera «insurgencia» (y resulta significativo que esa terminología se aplique sistemáticamente en las campañas de ocupación de Iraq y Afganistán), a lo largo del siglo XX, los Estados occidentales han librado innumerables campañas cuyo objetivo era la población civil, incluyendo los bombardeos aliados en Dresde o las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, acciones que convierten el dogma de la «guerra justa» en papel mojado. Podemos, como hace Townshend, considerar que las campañas de bombardeos contra población civil nunca han sido determinantes para el desenlace de los conflictos armados[29] (sic), o bien podemos reconocer que la distinción entre guerra y terrorismo es simplemente una cuestión de medios a disposición de los contendientes, pero cuya definición «como términos opuestos posibilita hablar de una guerra contra el terror e induce a suponer que el Estado puede proceder con las manos libres contra el terrorismo precisamente porque éste no respeta la ley»[30]. Como tantas otras precisiones conceptuales, las nociones de guerra y terrorismo son, antes que nada, categorías políticas: la descripción de su campo semántico depende de quien las utilice.

No obstante, del axioma inmutable de que el terrorismo existe, es radicalmente inmoral (frente a la moralidad —relativa— de la guerra) y no obedece a más lógica que al puro apetito destructivo, se infiere otro: que puesto que existe y es un peligro tangible, no tiene sentido interrogarse por sus causas, sino únicamente por los medios para atajar su amenaza[31]. De hecho, la contextualización de los conflictos, las causas que explican su morfología, sus dinámicas históricas, son directamente marginadas en provecho de interpretaciones puramente mecánicas que aplican perspectivas nomotéticas (el análisis lógico de los elementos invariantes que se localizan en diversos hechos sociales) con el fin de describir las similitudes de un conjunto de fenómenos dispares como son el «terrorismo yihadista», el «de raíz marxista» o el de «base nacionalista»[32].

La consigna del alarmismo y la ineficacia de las políticas actuales

Una condición que sobrevuela esa literatura es la constante apelación a los riesgos que se ciernen sobre el cuerpo social, peligros que no han sido debidamente evaluados y que, por consiguiente, son gestionados con una serie de medidas que, por su propia naturaleza, son siempre insuficientes. Aquí debe tenerse en cuenta que esa producción pseudocientífica necesita ante todo justificarse a sí misma, porque los núcleos de pensamiento, academias y seminarios que albergan a esos expertos son también centros laborales que contratan a decenas de especialistas dedicados a valorar la exacta dimensión de las amenazas. Las narrativas del miedo se convierten, ellas también, en un recurso económico de primer orden para sus adalides. La necesidad de ampliar el marco institucional destinado a nuestra seguridad, la recomendación de multiplicar los instrumentos de vigilancia que nos protegen de los temores difusos, parecería legitimar el incremento de las plantillas de los cuerpos públicos y privados de seguridad, por lo que resulta hasta cierto punto lógico observar que los informes emanados desde los propios cuerpos policiales siguen a rajatabla esa consigna alarmista. Así, el EU Terrorism situation and trend report, un informe producido anualmente por la Europol que tiene por objeto «describir y analizar las manifestaciones explícitas de terrorismo», y no, como podría creerse, «analizar las causas del terrorismo ni tampoco valorar la amenaza que éste plantea», destaca, en su monográfico correspondiente al año 2008, que el terrorismo de raíz islámica en Europa «continúa pretendiendo causar víctimas masivas e indiscriminadas», y por si fuera poco, vincula de manera explícita esas manifestaciones con «grupos y redes afiliadas a Al Qaeda y con base en Pakistán»[33]. En la medida en que durante los años 2007 y 2008 no se ha producido un solo atentado de corte yihadista en suelo europeo, la declaración del informe de la Europol sorprende por su contundencia, pero nos prepara para las demandas de endurecimiento de una legislación que los expertos perciben como tibia, laxa o en exceso garantista. En nuestro país, nuestro experto en terrorismo más conspicuo, Fernando Reinares, es especialmente incisivo a la hora de situar esas demandas en la agenda política:

Quizás es hora de plantearse reformas en la tipificación de ciertas conductas preparatorias de radicalización violenta, reclutamiento y adiestramiento terrorista, que no siempre encajan como formas de colaboración con banda armada, o de financiación del terrorismo internacional como delito autónomo, así como en protección de testigos, judicialización de fuentes de inteligencia y escuchas telefónicas administrativas, por ejemplo[34].

Tanta confianza en la veracidad de esos vaticinios es, por sí misma, profundamente inquietante. En este punto conviene simplemente ceder la palabra a Didier Bigo:

Entre la ciencia y la adivinación, esta previsión del futuro en el caso de los criminales potenciales a los que hay que detener e ingresar en prisión antes de que actúen, conforma la estructura de la «hipótesis del peor de los casos». Nunca se discute porque se basa en la idea de que existen unos datos confidenciales que están en manos de los dirigentes, lo que implicaría que la toma de decisiones se efectúa con conocimiento de causa, que no existe arbitrariedad alguna, que «si el río suena, agua lleva» y que las personas detenidas están por algo […] Pero el estudio de los últimos cinco años, que apunta los errores reiterados en los razonamientos de dichos Gobiernos y de sus servicios de inteligencia, deja entrever que ese supuesto conocimiento de la incertidumbre, de los comportamientos de los enemigos y de la capacidad para localizarlos a tiempo, es, como mínimo, discutible. Es algo que parece más propio de un astrólogo en busca de determinados signos en los cuerpos y los comportamientos humanos que de una técnica científica probabilista y fundada en el análisis racional de los riesgos[35]

La anticipación a los hechos

Ésa es la aporía en que incurren los portavoces de la prevención. En la medida en que el objeto ha sido convenientemente creado, discutido y tipificado, se da por descontada su existencia, con independencia de los actos que en teoría explica el modelo. Sin un asomo de duda sobre lo que significa realizar una estimación de las intenciones de los individuos, los expertos anuncian, por ejemplo, que puede analizarse la evolución de la «violencia de corte islamista» en España a partir de los proyectos abortados por los cuerpos policiales desde marzo de 2004. Aunque señalan, por prurito metodológico, que esos planes son más una «aspiración que una acción terrorista verdaderamente en marcha», constituyen no obstante «una prueba clara de la agresividad del yihadismo en nuestro país»[36]. En definitiva, todo se justifica por la convicción de que son culpables, lo que da pábulo a una «estrategia de acción temprana», ya que «resultaría muy arriesgado limitarse a una actitud vigilante»[37]. En otras ocasiones, se analizan las «evidencias de manipulación psicológica entre terroristas islamistas» simplemente sobre las sentencias judiciales, como la n.° 6/2008 de la Audiencia Nacional, que versa sobre los atestados de las operaciones Nova I, II y III. El hecho de que ninguno de los acusados hubiera cometido un atentado no es en absoluto obstáculo para confirmar su condición de «terroristas»[38]. Si todo jurista sabe cuán fácil es naufragar cuando nos adentramos en el tormentoso mar de las «intenciones», la descarada rotundidad de los expertos provoca estupor en el mejor de los casos.

La deriva esencialista en las interpretaciones del islam

En palabras de Halliday, los esencialistas son «aquellos [investigadores] que arguyen que el mundo islámico está dominado por un conjunto de procesos y significados resistentes y constantes, que deben ser comprendidos a través de los textos del islam y del lenguaje que generaron»[39]. En este sentido, y como demuestra convincentemente Abdennur Prado en este volumen, la producción de propaganda en favor de las políticas preventivas está trufada de actitudes esencialistas, que tratan de demostrar la profunda imbricación del terrorismo en la psique del homo islamicus. Se nos informa, por ejemplo, de que la esencia doctrinal, ética y emocional de la religión musulmana se hace proclive a las explosiones de violencia fanatizada, en contraste con el cristianismo, en el que, claro está, «no latía esa tendencia»[40]. Sin ser, salvo excepciones, musulmanes, esos expertos se sienten no obstante impelidos a explicarnos cuál es la «verdad» del islam, como si su condición les autorizase a pontificar sobre debates de naturaleza puramente doctrinal. El mismo catedrático de derecho internacional público que nos recordaba hasta qué punto islam y cristianismo dirimen de forma diferente su relación con la violencia —pasando por alto las raíces cristianas de la doctrina de la «guerra justa»— nos explica por qué, pese a la extraordinaria producción jurídica islámica en torno al concepto de yihad y por tanto a su complejidad semántica, el islamismo contemporáneo defiende únicamente la acepción de dicho concepto como «guerra santa»: porque, y he ahí la sagacidad y virtud de síntesis del catedrático, existe «un fundamentalismo ético y religioso, teñido de pragmatismo en su relación con Occidente, sí, pero que constituye el alimento de ese islam profundo que llama a sus fieles a la oración y maneja, como ha escrito entre nosotros una gran conocedora del tema “una cosmovisión medievalizante y anacrónica”»[41].

De manera reincidente, esos expertos divagan en torno a los rasgos esenciales del islam sin percatarse que el nexo que establecen entre la cultura, la religión y la identidad de los individuos está lejos de ser simple o mecánico. Al decir de Mamdani, participan de una nueva moda que el antropólogo de origen ugandés define como la «retórica de la cultura» (culture talk): la pretensión de que la cultura, devenida una hipóstasis de cualidades inefables, pueda explicarlo todo, en particular una enorme gama de conflictos internacionales que se interpretan en consecuencia desde la óptica del «choque de civilizaciones». Como señala el propio Mamdani, «la retórica de la cultura asume que cada cultura tiene una esencia tangible que la define, y que entonces explica la política como consecuencia de esa esencia. La retórica de la cultura tras el 11 de septiembre, por ejemplo, calificó y explicó la práctica del “terrorismo” como “islámico”»[42]. En cualquier caso, una religión que guarda semejante relación con la violencia no puede ser, para el boceto de trazos gruesos que dibujan los expertos, más que medievalizante y anacrónica, pero a tenor de la buena disposición que los Estados occidentales muestran para practicar guerras de ocupación, cabría preguntarse si el Estado de derecho que instituye la legitimidad de la guerra y, al decir de Weber, se reserva para sí el monopolio de la violencia, es también una institución medievalizante y anacrónica.

La demonización del Otro y la teoría del contagio

Dada la perfecta homología que existe entre los «terroristas yihadistas» y las comunidades musulmanas a las que éstos pertenecen, el riesgo inherente a que el mero contacto con las ideologías «de inspiración salafista a la par que yihadí» baste para hipnotizar a la masa de ciudadanos musulmanes es un temor que atraviesa la literatura paranoide de los expertos en terrorismo. De ahí, como señalábamos con anterioridad, que se proclame la necesidad de monitorizar las comunidades musulmanas en la diáspora, ante la imposibilidad de distinguir el «buen musulmán» del «mal musulmán». Más aún, esa distinción se revela innecesaria, dada la facilidad con la que, por osmosis, se difunde el ideario violento de los terroristas, hasta confundir simplemente el musulmán piadoso con el «militante yihadista». Si, como señalan algunos expertos, las organizaciones terroristas que disfrutan de mayor respaldo social son aquellas que desencadenan mayores cotas de violencia y producen atentados más graves[43], entonces la brutalidad de ciertas acciones (11 de septiembre de 2001 en Nueva York, 11 de marzo de 2004 en Madrid, 7 de julio de 2005 en Londres, etc.) permitiría colegir por extensión un veredicto de culpabilidad para la comunidad musulmana en su globalidad, que respaldaría masivamente unos actos execrables. Ésa no es sino la consecuencia lógica y flagrante de una auténtica política de prevención: la criminalización anticipada del otro.

En ocasiones, las metáforas empleadas son las de la enfermedad: «Se trata, pues, de evaluar la temperatura de las comunidades musulmanas de ciertos distritos o zonas de la ciudad, en un intento de detectar posibles redes y grupos islamistas radicalizados, los cuales, como es bien conocido, actúan como un auténtico virus dentro del tejido social de esas comunidades»[44]. Las prisiones, espacios en los que en definitiva se aboca la criminalidad, devienen así terreno fértil para el proselitismo en opinión de los expertos, que describen las estrategias a seguir para impedir una contaminación que, en el fondo, dan por segura[45]. En otras, simplemente se nos recuerda que «el terrorismo yihadista en España dista de ser cosa de españoles» porque, en definitiva, el islam tampoco es cosa de españoles. Si hay ciudadanos españoles entre los detenidos por militancia yihadista, sin duda se debe «al número de personas originarias de Siria que adquirieron la nacionalidad española en la década de los noventa»[46]. Como señalábamos con anterioridad, la consigna es demonizar al Otro, esquematizar sus rasgos hasta volverlos arquetípicos, despojarlo de toda veleidad de ser uno de los nuestros y marcarlo a fuego con el hierro que destinamos a nuestros enemigos. De un modo u otro, lo que destila una literatura que instrumentaliza el anuncio del apocalipsis como si se tratase de la metástasis inexorable de un sistema que tiende a implosionar (y la analogía es de Jean Baudrillard) es que ningún ciudadano musulmán está a salvo de dejarse encantar por los cantos de sirena de los terroristas. En el fondo, ellos se muestran más sugestionables que otros precisamente porque la religión que profesan impide que su individualidad se desarrolle con «naturalidad». Son, pese a que traten de ocultarlo tras sus teléfonos móviles y sus canales de televisión por satélite, antimodernos. Después de todo, resulta que la amenaza ante la que nos advierten los expertos es la vieja pugna enquistada de los enemigos de la popperiana sociedad abierta. Tal vez esos expertos olvidan que la llamada «sociedad abierta» es en realidad un club privado y selecto de reglas precisas y rigurosa etiqueta.

La defensa cerrada del paradigma de la integración como asimilación

La demostración más palpable de hasta qué punto el ingreso en la sociedad abierta sólo resulta posible para quienes juegan con las cartas marcadas lo encontramos en las dudas que suscita la lealtad de la comunidad musulmana en la diáspora hacia las sociedades receptoras. Las polémicas en torno a la irrupción de las prácticas religiosas islámicas en el espacio público no son, para los expertos, sino un ejemplo de esa resistencia enconada que los musulmanes muestran a adoptar las virtudes cívicas de Occidente. Ciertos autores califican de «actitud inquietante» el hecho de que «sentirse musulmán sea más importante que sentirse de una nacionalidad»[47], como si ofreciésemos las condiciones idóneas para favorecer la integración de los colectivos de inmigrantes en el sueño nacional catalán o español. Por otra parte, en las grandes macroencuestas, los sociómetras creen necesario interrogar a los ciudadanos españoles de confesión musulmana sobre la «compatibilidad entre islam y democracia», dando por sentado que la cuestión así formulada no supone mezclar churras con merinas[48]. En otras ocasiones, en cambio, se juzga con severidad a los imames de las mezquitas, por no cumplir con rigor con el papel de promotores de la más burda asimilación que se espera de ellos:

Los resultados indican que los imanes no siempre animan a sus fieles, como sería deseable, a que adopten una actitud de integración con los miembros de la sociedad en que conviven […] No se debe olvidar que el proceso de adaptación de la comunidad musulmana implica no sólo un cambio de país y de costumbres, sino también el cambio de un valor tan preeminente en esta comunidad como lo es la religión, lo que requiere un esfuerzo consciente hacia la adaptación socio-emocional ante los valores políticos y morales de la sociedad que los acoge[49].

En resumidas cuentas, parecería que el musulmán debe dejar de sentir y practicar su religión tal y como la concibe, reducir eventualmente la importancia que ésta pueda tener en su vida, y adaptarse gozosamente a un campo religioso definido por la secularidad. Y los imanes tienen el deber de ser la correa de transmisión de ese objetivo de asimilación, cuyas bondades nadie discute. Como tampoco nadie se interroga por nuestra propia responsabilidad en la colocación de obstáculos a la integración, en la estigmatización de aquellas diferencias que no nos resultan exóticas, en la aceptación de unas condiciones laborales que condenan a los inmigrantes a la precariedad, en el silencio con el que respondemos a la larga lista de intercambios ventajistas que nuestras sociedades contraen con las que presentan mayorías musulmanas. Como un fin en sí mismo, el terrorismo parece cristalizar en esa literatura poblada de imposturas, ignorancia y afán de revancha, sin causas u objetivos, ni ideologías que lo sostengan. El mal no necesita justificación: simplemente está ahí.

Conclusiones

Mira, yo no creo que eso [el hecho de que los detenidos sean musulmanes] sea importante, porque la policía hace su trabajo, y conoce todas esas cuestiones. Por qué la policía ha detenido a inocentes, ésa es otra cuestión. Pero lo cierto es que lo han hecho, los han detenido… ¿cuál es el trasfondo de esa acción? No lo sabemos, pero pienso que hay que preguntarles a ellos, porque la policía lo conoce todo. La policía de España y de Cataluña lo sabe todo […], y ellos saben también lo que la gente va a hacer, lo que pretende hacer… La policía lo conoce todo, por lo que ahora, ya que la policía lo sabe todo, y sabe que han capturado a inocentes, tiene el problema de saber cómo liberarlos […] Creo que es así, porque han retrasado, retrasado y retrasado su libertad. No saben cómo liberarlos, porque la policía tiene una responsabilidad evidente, y si los liberan, la gente en España preguntará por qué los han capturado, sisón inocentes. Y preguntarán por qué los detuvieron durante un año, y la responsabilidad que tienen sobre lo que han pasado las familias[50].

Pienso en nuestras costumbres judiciales y penitenciarias. Estudiándolas desde afuera, uno se siente tentado a oponer dos tipos de sociedades: las que practican la antropofagia, es decir, que ven en la absorción de ciertos individuos poseedores de fuerzas temibles el único medio de neutralizarlas y aún de aprovecharlas, y las que, como las nuestra, adoptan lo que se podría llamar la antropoemia (del griego emein, «vomitar»). Ubicadas ante el mismo problema, han elegido la solución inversa que consiste en expulsar a esos seres temibles fuera del cuerpo social manteniéndolos temporal o definitivamente aislados, sin contacto con la humanidad, en establecimientos destinados a ese uso)[51].

No soy tan optimista respecto a la exigencia ciudadana de responsabilidades como puede serlo uno de los familiares de los detenidos, a quien me refiero en la primera de las citas de estas conclusiones. Nuestra sociedad antropoémica, instalada de pleno en una «neuropolítica»[52] que sólo da por descontada la amenaza terrorista para aportar bienestar psicológico a la ciudadanía, sin interrogarse por las raíces de sus miedos, busca chivos expiatorios para alimentar la sensación de unidad que aporta un enemigo común; y hoy día los musulmanes parecen satisfacer a su pesar esa demanda, como antaño lo hicieran judíos, masones o comunistas. Puesto que su asociación con el mal no es, en el fondo —sí en las formas—, objeto de discusión, los juicios a los que se les somete no tienen por finalidad dirimir su inocencia, sino exponer públicamente su culpa, mostrar su semblante maligno, enseñar impúdicamente sus estigmas.

En realidad, la sentencia se pronuncia en el momento en que su rostro y su nombre nos interpela desde los medios de comunicación; por otra parte, si son, en definitiva, declarados inocentes y absueltos de los cargos que pesan sobre ellos, nadie les pedirá disculpas, ni su voz se oirá, para exigir justicia, en los mismos medios que los difamaron. Como el joven acusado de brujería entre los zuñi de Nuevo México que aparece en otro célebre texto de Lévi-Strauss, y que trataba infructuosamente de escapar al castigo que se reservaba a los brujos reivindicando su inocencia, los terroristas musulmanes sólo pueden redimir su pecado aceptando su crimen y aportando verosimilitud a la imputación que se les aplica. Tal como relataba el antropólogo francés respecto a los jueces zuñi, y tal y como asimismo podríamos aplicarlo a los procesos de caza de brujas de Europa, América o África, «los jueces no esperan que el acusado impugne una tesis, y menos aún que refute hechos; le solicitan que corrobore un sistema del cual solamente poseen un fragmento, y cuya totalidad quieren que el acusado reconstruya de forma apropiada […] porque, antes que reprimir un crimen, los jueces buscan […] atestiguar la realidad del sistema que lo ha hecho posible»[53]. En ese sentido, se diría que la impunidad con la que se aplica la detención y la prisión preventiva a los imputados en casos de terrorismo islámico es ya una condena en toda regla, por lo que sus reclamaciones de inocencia o las de sus familiares no dejan de parecer demandas extemporáneas a una opinión pública convencida de que «algo habrán hecho».

Si finalmente los detenidos en la acción policial del 19 de enero de 2008 quedan libres de los diversos cargos que se les imputan, será un acto obligatorio poner temporalmente en suspenso las narrativas del miedo y preguntarse, como vaticinaba esperanzado uno de los familiares, por las responsabilidades de quienes los han mantenido tantos meses en la cárcel injustamente. De hecho, esa pregunta sólo nos hará sentirnos dignos si nos la formulamos con independencia del veredicto de inocencia o culpabilidad. Mientras tanto, y por difícil que resulte, podemos esforzarnos por recordar a nuestros conciudadanos que los detenidos, a lo mejor, no han hecho nada.

Reseñas biográficas

Abdennur Prado. Pensador y poeta, es presidente de la Junta Islámica Catalana, promotor del Congreso Internacional de Feminismo Islámico que se celebra cada año en Cataluña, y ha sido colaborador del ex relator especial de la ONU para la islamofobia Doudou Diéne. Ha publicado El islam en democracia (Junta Islámica, 2006), El islam anterior al islam (Oozebap, 2008) y El retorn de l’islam a Catalunya (Llibres de Píndex, 2009).

Albert Martínez. Activista de la información, ateo y miembro de los movimientos sociales en Barcelona, participó en la fundación de Contra-infos, periódico tabloide del movimiento de okupación que lleva publicándose más de una década. Actualmente es miembro de la redacción del semanario Directa.

Alberto López Bargados. Profesor de Antropología Social de la Universitat de Barcelona, es miembro del Grupo de Investigación del Islam en la Diáspora. Es autor Arenas coloniales (Bellaterra, 2003), y ha participado en los libros La revolución pendiente. El cambio político en el Africa Negra (Universitat de Lleida, 2005) y Momentos insurreccionales. Revueltas, algaradas y procesos revolucionarios (El Viejo Topo, 2006).

Benet Salellas. Abogado y penalista, su actividad como letrado está estrechamente relacionada con los movimientos sociales. Es un profundo conocedor de la legislación y la práctica judicial en materia de terrorismo, a la que ha dedicado numerosos artículos. Actualmente es defensor de los imputados en el proceso abierto tras la operación del 19 de enero de 2008, tarea de la que se hizo cargo a la muerte de su padre Sebastiá Salellas.

David Fernández. Periodista ateo y miembro del Ateneu La Torna, ha estudiado Ciencias Políticas en la UAB, y entre 1999 y 2002 trabajó como redactor en las revistas Ardi Beltza y Kale Goma, cerrada una y perseguida la otra por el juez Baltasar Garzón. Actualmente es miembro de la redacción del semanario Directa. Ha publicado en catalán y castellano Crónicas del 6y otros trapos sucios de la cloaca policial (Virus editorial, 2007 y 2009).

Iñaki Rivera Beiras. Profesor titular de Derecho Penal en la Universitat de Barcelona, es director del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona. Entre sus muchas aportaciones a cuestiones relacionadas con el derecho penal, derecho penitenciario y control social, en los últimos años ha publicado La cuestión carcelaria. Epistemología, derecho y política (Editores del Puerto, 2006) Emergencias urbanas en colaboración con Roberto Bergalli (Antrophos, 2007), y ha coordinado el libro Poder académico y educación legal (Antrophos, 2008). Fue uno de los coordinadores de la revista Panóptico (Virus editorial) en su segunda época.

José González Morandi. Estudió cine en el CECC, cursó el Master de Documental de Creación de la Universitat Pompeu Fabra y actualmente imparte clases de cine en el Centro Penitenciario de Quatre Camins en el proyecto Teatro Dentro. Ha codirigido Troll (2007), Can Tunis (2007) y Bassant (Pakistán, 2008). En 2009 está acabando el film Pantalla Dromedario realizado en Mauritania, y preparando Wami Biratu, el eterno corredor en Etiopía.

Sergi Dies. Espectador y montador de películas, ha participado en los montajes de Monos como Becky (1999), De Nens (2003), 200 Km (2003), La doble vida del faquir (2005), El Taxista Full (2005), Dies d’agost (2006) y El somni (2008).

Este libro fue impreso a finales de mayo de 2009; aproximadamente 1 año y 4 meses después de las detenciones de 9 ciudadanos pakistaníes y 2 indios, acusados de la preparación de un supuesto atentado contra el transporte público en Barcelona. Al publicarse Rastros de Dixan, la mayoría de las noticias difundidas en su momento sobre este caso han sido demostradas como falsas por la propia instrucción judicial. Ninguna de ellas ha sido desmentida ni rectificada por los medios y los periodistas responsables.

Editorial

Virus editorial es un proyecto autogestionado que, al margen de la gran industria editorial, ha publicado hasta hoy más de 170 títulos en torno a temáticas como la memoria histórica, las migraciones, las relaciones entre salud y poder, la pedagogía y la psicología crítica, las relaciones de género, la antropología, el trabajo o la destrucción ambiental. En los últimos años ha apostado por las licencias libres, editando la mayoría de sus libros en Creative Commons y permitiendo su descarga libre en la red, consciente de que en la lucha por el conocimiento y la cultura libre se juega buena parte del futuro.

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Notas

[1] Proyecto que recibió críticas de algunas asociaciones de jueces. Así, la asociación Jueces para la Democracia, señaló que «la lucha contra cualquier tipo de delito debe hacerse en el marco de la Constitución y del sistema de libertades y no sería coherente llevarse por delante principios básicos del Estado de Derecho para defender la democracia». Por su parte, la Asociación Francisco de Vitoria calificó de preocupante que se pueda producir una «quiebra de los derechos fundamentales». Finalmente, la Asociación Profesional de la Magistratura, indicó que los derechos fundamentales vienen definidos en la Constitución y merecen el respeto que el ordenamiento jurídico debe dispensarles, «aunque puedan quedar en suspenso en circunstancias excepcionales» (cfr. El País de 5 de octubre de 2001). <<

[2] El País, 15 de enero de 2003. <<

[3] El País, 29 de noviembre de 2003. <<

[4] Plataforma integrada por organizaciones sociales, ONG dedicadas a la promoción de los derechos humanos, Servicios de los Turnos de Oficio Penitenciario de los Colegios de Abogados de España y Centros e Institutos de investigación de Universidades públicas de diversas Comunidades Autónomas. Se trata de un total de cuarenta y siete organizaciones y centros y sus actividades y principales documentos pueden consultarse en http://www.prevenciontortura.org.<<

[1] http://www.choike.org/documentos/racismo_onu2007.pdf<<

[2] Unfavorable Views of Jews and Muslims on the Increase in Europe, http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=262. El Pew Center es un centro de estadísticas sobre opinión a escala mundial. Con base en los EEUU fue dirigido por la ex secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright.<<

[3] 6.° Barómetro del Real Instituto Elcano, mayo de 2004. Estudio realizado con una muestra demográfica de 1.219 personas, mayores de 18 años, encuestadas por teléfono entre el 10 y el 18 de mayo de 2002. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Barometro/Oleada+06.<<

[4] Islamophobia and its Consequences on Young People, 2005.<<

[5] http://www.islamophobie.net/art_read.php?ai=l. <<

[6] http://www.choike.org/documentos/racismo_onu2007.pdf.<<

[7] http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/denuncias2BL/ultrasNeonazis/ultrasNeonazis.asp.<<

[8] El informe ha sido parcialmente traducido al castellano por Casa Árabe: http://publicaciones.casaarabe-ieam.es/documentos_de_casa_arabe/DCA001.pdf. Ver informe completo: http://www.ihf-hr.org/viewbinary/viewdocument.php?doc_id=6237.<<

[9] Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, Musulmanes en la Unión Europea. Percepciones sobre discriminación e islamofobia, diciembre 2006. <<

[10] http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/documentos_externos/eumcinformes1.pdf.<<

[11] Para obtener más datos de más agresiones a individuos, ataques a mezquitas, etc., pueden consultarse los siguientes informes del «European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia» (EUMC): Racism and Xenophobia in the EU Member States Trends, developments and good practices, Annual Report 2005, http://fra.europa.eu/fra/material/pub/ar05/AR05_p2_EN.pdf; y EUMC (2006): The Annual Report on the Situation regarding Racism and Xenophobia in the Member States of the EU, Vienna 2006, http://fra.europa.eu/fra/material/pub/arO6/ARO6-P2-EN.pdf.<<

[1] La supresión fue mediante Real Decreto Ley 2/1977 de 4 de enero. Tras distintas reformas legales, en la actualidad la Audiencia Nacional aparece regulada como órgano de la jurisdicción penal en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, que se completa con la Disposición Transitoria de la Ley Orgánica 4/1988.<<

[2] E. Mestre Delgado, Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional, Madrid, 1987, p. 95 y ss.<<

[3] El País, 29 de julio del 2007, p. 20.<<

[4] Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre del 2008, ponente Martín Pallín.<<

[5] Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio del 2006, ponente Giménez García.<<

[6] Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio del 2008, ponente Berdugo y Gómez de la Torre.<<

[7] Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo del 2006, ponente Monterde Ferrer.<<

[8] Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre del 2007, ponente Granados Pérez.<<

[9] Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero del 2007, ponente Martínez Arrieta, con un interesante voto particular de los magistrados Martín Pallín y Andrés Ibáñez.<<

[10] La Sentencia de 28 de setiembre del 2007 de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, ponente Sánchez Martínez, en una de las derivaciones de la Operación Nova, absolvió a ocho acusados de conformar una red de apoyo a Al Qaeda después de declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas y todo lo que de las mismas se había derivado.<<

[11] Así en la Operación Tigris (Sumario 18/2007 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5), Operación Chacal (Sumario 21/2006 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5) y Operación Tala (Sumario 21/2008 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5) entre otras.<<

[12] Operación policial de Mossos d’Esquadra de septiembre de 2004 que llevó a juicio a 11 paquistaníes del Raval de Barcelona de los que finalmente solo 3 fueron condenados por colaboración con una organización terrorista del Paquistán.<<

[13] El pasado 31 de octubre del 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su examen periódico del cumplimiento por parte del Estado español del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hacía referencia a la incompatibilidad con el Pacto de dicha fórmula de detención (CCPR/C/ESP/CO/5).<<

[14] Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional correspondiente a 1985, p. 70.<<

[15] Existen multitud de informes al respecto, puede servir a modo de recopilación general la obra Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, Privación de libertad y derechos humanos. La tortura y otras formas de violencia institucional, Barcelona, 2008.<<

[16] Caso Martínez Sala y otros contra el Reino de España, STEDH, Sección 4.a, de 2 de noviembre del 2004.<<

[17] Después de varias sentencias contradictorias, el Acuerdo de Pleno del Tribunal Supremo de 28 de noviembre del 2006 ha ratificado esta polémica doctrina.<<

[18] Esta cuestión, junto con otros aspectos procesales, aparece analizada desde una perspectiva muy crítica en el informe de la ONG Human Rights Watch de enero del 2005, ¿Sentando ejemplo? Medidas antiterroristas en España.<<

[19] Sentencia de 7 de febrero del 2007, Sección Primera de la Audiencia Nacional, ponente Bayarri García.<<

[20] Auto de procesamiento de 3 de junio del 2008 dictado por el magistrado Ismael Moreno.<<

[21] Operación Tala (Sumario 21/2008 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5).<<

[22] Operación Lago (Sumario 3/2004 del Juzgado Central de Instrucción núm. 1).<<

[23] Auto de 9 de octubre del 2008, Sección Tercera de la Audiencia Nacional, ponente Bayarri García.<<

[24] L. Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, 1995, p. 549.<<

[25] Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio del 2006 (ponente Giménez García).<<

[1] Giorgio Agamben, Lo que queda de Auswitchz, Pre-Textos, Valencia, 2000.<<

[2] M. Domínguez, «Hablamos de periodistas y terroristas», La Vanguardia, 30 de septiembre de 2005.<<

[3] Ignacio de Orovio, «La justicia española ha procesado a más de 150 personas en un total de diez investigaciones», La Vanguardia, 20 de noviembre de 2004.<<

[4] Juan José Millás, El País, 2 de diciembre de 2005. <<

[5] Santiago Alba Rico, Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos, Hiru, 2006.<<

[6] Sergi Halimi, Los nuevos perros guardianes, Txalaparta, 2002.<<

[7] Gregorio Morán, «El Poder y la Gloria», La Vanguardia, 22-02-2004.<<

[8] Agnés Tortosa, «Scotland Yard va detenir i alliberar els “suïcides fugitius” de Barcelona», Directa, n.° 80, 6 de febrero de 2008.<<

[9] Agnés Tortosa, «Cap font oficial diu que els detinguts al Raval tinguessin material explosiu», Directa, n.° 78, 23 de enero de 2008.<<

[10] Agnès Tortosa, «Les informacions sobre la cél-lula del Raval provenen del Pentágon», Directa, n.° 81, 13 de febrero de 2008.<<

[11] Agnés Tortosa, «L’FBI titila de “bocamoll” el talibá que va reivindicar el suposat complot al metro», Directa, n.° 134, 15 de abril de 2009.<<

[12] Eduardo Martín Pozuelo y Xavier Más de Xaxás, «Barcelona tienes un problema grave de terrorismo islámico», La Vanguardia, 21 de febrero de 2009<<

[13] Santiago Alba Rico, «Jazmines y bombas», Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos, Hiru, 2006<<

[1] Entrevista con Muhammad Feisullah. Barcelona, 24 de enero de 2009. Éste y el resto de nombres de los entrevistados son ficticios. Todas las entrevistas, 15 en total, realizadas entre noviembre 2008 y marzo de 2009 en el marco de preparación de este libro, fueron salvo excepciones registradas en formato audio y video, con el fin de montar el documental que conforma este vídeo-libro. Las entrevistas fueron registradas en compañía de José González Morandi y Sergi Dies, autores del documental. Agradecemos a familiares y amigos de los detenidos su magnífica disposición y comprensión ante este proyecto. <<

[2] Inicialmente, se barajó la hipótesis de que los activistas pretendiesen atentar con un espacio de culto musulmán de la ciudad; sólo horas más tarde los medios de comunicación anunciaron que el objetivo que perseguían era la red de transportes públicos, y en particular el metro.<<

[3] G. Marranci, Jihad beyond Islam, Berg, Oxford, 2006, p. 47.<<

[4] Entrevista con Javed Quraysh, Barcelona, 11 de enero de 2009. <<

[5] J. R. Gold y G. Revill (eds.), Landscapes of defence, Prentice Hall, Harlow, 2000.<<

[6] U. Beck, La sociedad del riesgo, Paidós, Barcelona, 2006, p. 69. <<

[7] C. Abott, P. Rogers y J. Sloboda, Más allá del terror. Las verdaderas amenazas que acechan al mundo, Libros del Lince, Barcelona, p. 59.<<

[8] Fuente: http://www.iraqbodycount.org.<<

[9] Cfr. Albert Martínez y David Fernández, en este volumen.<<

[10] P. Marcuse, «The threat of terrorism and existential insecurity: urban policy responses», en VV. AA, Architectures offear, CCCB, Barcelona, 2008, pp. 15-41, p. 30<<

[11] Ibíd. p. 22.<<

[12] J. Young, La sociedad «excluyente». Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad tardía, Marcial Pons, Madrid, 2003, pag 57.<<

[13] H. Trujillo, C. León, D. Sevilla y J. González-Cabrera, «Estudio del riesgo de radicalización islamista en cinco mezquitas de una ciudad española», en Athena Intelligence Journal, n.° 5, 2009, pp. 1-21, p. 1.<<

[14] J. Jordán y E. M. Mañas, «Indicios externos de la radicalización y militancia yihadista», en Athena Intelligence Journal, vol. 2 (1), 2007, pp. 1-9, p. 1.<<

[15] F. Furedi, «Fear rules: the expansión of the empire of the unknown», en VV.AA, Architectures offear, CCCB, Barcelona, 2008, pp. 65-75, p. 72. Puede consultarse igualmente F. Furedi, Culture offear revisited, Continuum, Londres, 2006.<<

[16] T. Deltombe, L’Islam imaginaire. La construction médiatique de L’islamophobie en France, 1975-2005, La Découverte, París, 2005, p. 8.<<

[17] O. Roy, La läicité face à l’islam, Stock, París, 2005, p. 58.<<

[18] Respecto a la Jama’at at-Tabligh, cfr. especialmente M. K. Masud (ed.), Travellers infaith: studies of the Tablighi Jamas at as a transnational islamic movement for faith renewal, Brill, Leiden, 2000; y B. D. Metcalf, Islamic Revival in British Lndia: Deoband 1860-1900, Oxford University Press, Oxford, 2003.<<

[19] Entrevista con Nadim Ayyash, Barcelona, 15 de noviembre de 2008.<<

[20] Entrevista con Muhammad Ibran, Barcelona, 23 de noviembre de 2008.<<

[21] H. Trujillo, C. León, D. Sevilla y J. González-Cabrera, «Estudio del riesgo de radicalización islamista en cinco mezquitas de una ciudad española», en Athena Intelligence Journal, n.° 5, 2009, pp. 1-21, p. 2.<<

[22] Antonio Baquero y Jordi Corachán, «El núcleo duro del comando se entrenó en campos paquistanís», El Periódico, 20 de enero de 2008.<<

[23] «El pastelero frecuenta la mezquita “porque está jubilado”», El Periódico, 21 de enero de 2008.<<

[24] Entrevista con Faisal Hussayn, Barcelona, 30 de noviembre de 2008.<<

[25] L. de la Corte Ibáñez, «Algunas claves psicosociales para el análisis y la explicación de los fenómenos terroristas», en Athena Intelligence Journal, vol. 2 (3), 2007, pp. 47-66, p. 51.<<

[26] Ch. Townshend, Terrorismo. Una breve introducción, Alianza, Madrid, p. 21.<<

[27] Ibid., p. 19.<<

[28] T. Asad, Sobre terrorismo suicida, Laertes, Barcelona, 2008, p. 11.<<

[29] Ch. Townshend, op. cit., p. 18.<<

[30] T. Asad, ob. cit., p. 40.<<

[31] F. Reinares, «Tras el 11 de marzo: estructuras de seguridad interior y prevención del terrorismo global en España», en C. T. Powell y F. Reinares (eds.), Las democracias occidentales frente al terrorismo global, Ariel, Madrid, 2008, pp. 103-143, p. 107.<<

[32] L. de la Corte Ibáñez, «Algunas claves psicosociales para el análisis y la explicación de los fenómenos terroristas», en Athena Intelligence Journal, vol. 2 (3), 2007, pp. 47-66, p. 50.<<

[33] Fuente: http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_andTrend_Report_TESAT/TESAT2008.pdf.<<

[34] F. Reinares, «Tras el 11 de marzo: estructuras de seguridad interior y prevención del terrorismo global en España», en C. T. Powell y F. Reinares (eds.), Las democracias occidentales frente al terrorismo global, Ariel, Madrid, 2008, pp. 103-143, p. 115. Ver, en el mismo sentido, F. Reinares, Hacia una caracterización social del terrorismo yihadista en España: implicaciones en seguridad interior y acción exterior, en Documentos ARL, n.° 34, 2006, pp. 1-9.<<

[35] D. Bigo, «Prácticas iliberales de los regímenes liberales: política del terror y política de la inquietud en el régimen contraterrorista global», en C. T. Powell y F. Reinares (eds.): Las democracias occidentales frente al terrorismo global, Ariel, Madrid, pp. 351-381, pp. 368-369. <<

[36] J. Jordán, «Las redes yihadistas en España: evolución desde el 11-M», en Athena Intelligence Journal, vol. 2 (3), 2007, pp. 77-104, p. 86.<<

[37] Ibid., p. 97.<<

[38] H. Trujillo, M. Alonso, C. Jiménez-Ferrer y J. J. Ramírez, «Evidencias de manipulación psicológica coercitiva en terroristas islamistas», en Athena Intelligence Journal, n.° 4, 2009, pp. 1-15, p. 4.<<

[39] Citado en G. Marranci, Jihad beyond Islam, Berg, Oxford, 2006, p. 5.<<

[40] C. Gutiérrez Espada, «Sobre el concepto de yihad», en Athena Intelligence Journal, vol. 4 (1), 2009, pp. 189-214, p. 191.<<

[41] Ibid. y p. 213. La cursiva es mía.<<

[42] M. Mamdani, Good muslim, bad muslim. America, the Cold War, and the roots of terror, Double day, Nueva York, 2004, p. 17.<<

[43] L. de la Corte Ibáñez, «Algunas claves psicosociales para el análisis y la explicación de los fenómenos terroristas», en Athena Intelligence Journal, vol. 2 (3), 2007, pp. 47-66, p. 56.<<

[44] H. Trujillo, C. León, D. Sevilla y J. González-Cabrera, «Estudio del riesgo…», ob. cit. pp. 1-21, p. 4. La cursiva es mía.<<

[45] J. A. Gutiérrez, J. Jordán y H. Trujillo, «Prevención de la radicalización yihadista en las prisiones españolas. Situación actual, retos y disfunciones del sistema penitenciario», en Athena Intelligence Journal, vol. 3 (1), 2008, pp. 5-14.<<

[46] E Reinares, Hacia una caracterización social del terrorismo yihadista en España: implicaciones en seguridad interior y acción exterior, en Documentos ARI n.° 34, 2006, pp. 1-9, p. 5.<<

[47] H. Trujillo, C. León, D. Sevilla y J. González-Cabrera, ob. cit. pp. 1-21, p. 2.<<

[48] La comunidad musulmana en España, encuesta de Metroscopia. Madrid, noviembre de 2006, http://www.realinstitutoelcano.org/materiales/docs/comunidad_musulmana_esp_nov06.pdf.<<

[49] H. Trujillo, C. León, D. Sevilla y J. González-Cabrera, ob. cit. pp. 1-21, p. 18.<<

[50] Entrevista con Faisal Hussayn, Barcelona, 30 de noviembre de 2008.<<

[51] Cl. Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Eudeba, Buenos Aires, 1970, pp. 389-390.<<

[52] El término es de J.A. Boudreau, «Urban revolution or urban involution? Reflections on fear and political action», en VV.AA., Architectures offear, CCCB, Barcelona, pp. 91-105, p. 95.<<

[53] Cl. Lévi-Strauss, «El hechicero y su magia», en Antropología estructural, Eudeba, Buenos Aires, pp. 151-167, p. 157.<<